Sentencia Penal 32/2025 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 19/2022 de 24 de junio del 2025

PRIMERO.-Con fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, por la Audiencia Provincial, Sección Segunda de Cáceres, se dictó sentencia núm. 8/2022 en la que se declararon probados los siguientes HECHOS:

En el verano de 2020, el menor Virgilio, de nacionalidad holandesa, nacido el NUM000 de 2011, entabló amistad con el acusado, Desiderio, sin antecedentes penales, al que ya conocía con anterioridad, pues había coincidido con él en el río, en el DIRECCION000 de DIRECCION001 cuando había ido con su madre, comenzando a relacionarse de forma habitual y hablando también de fútbol y aficiones comunes. En base a esta amistad, en fechas indeterminadas del referido verano de 2020, y durante al menos cinco días, se alojó en el domicilio del acusado, sito en la DIRECCION002 de la localidad de DIRECCION003 (Cáceres), a la que también acudió otro menor, amigo suyo, llamado Ezequias, cuyos familiares eran vecinos de Desiderio, viendo la retransmisión de algún partido de fútbol. Durante esos días en que Virgilio convivió con el acusado, disfrutó de un ambiente en el que se prescindía de las reglas de conducta habituales de su casa respecto a los horarios de acostarse, uso de móviles, visión de películas, alimentación, etc., gozando de una permisibilidad que hacía atractiva dicha convivencia. En este contexto, Desiderio le mostró películas de carácter pornográfico, en las que aparecían escenas y comportamientos sexuales explícitos tanto heterosexuales como homosexuales, al tiempo que pedía al niño, como si de un juego se tratase, que se masturbara en su presencia, llegando a hacerlo el menor, tocándose el pene con las manos, e igualmente, también le pidió que le tocase a él, lo que hizo el niño, por cuanto aquel le prometía que le iba a comprar diversos juguetes muy deseados por él, como unos "sets de LEGO".Estos hechos tuvieron lugar durante la estancia del menor en el domicilio, realizando el acusado los tocamientos con las manos y también con la boca, sin que haya quedado acreditado que tales conductas se produjeran igualmente con el otro menor, Ezequias. El acusado pidió a Virgilio que no contara nada de lo sucedido en su domicilio, habiendo tenido conocimiento de ello su madre al descubrirle realizando actos de carácter sexual (masturbándose) y por el cambio del comportamiento y actitud del menor.

SEGUNDO. -En la expresada Sentencia, en base a los fundamentos de derecho que se estimaron oportunos se pronunció el siguiente fallo:

DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOSal acusado Desiderio, como responsable en concepto de autor, conforme a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del Código Penal, de un delito de abuso sexual sobre menor de dieciséis años, ya definido, a las penas siguientes: DOS AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO A LA PERSONA Y DOMICILIO de Virgilio en una distancia no inferior de 300 metros, ASÍ COMO LA DE COMUNICAR CON ÉL durante el tiempo de TRES AÑOS. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el art. 192.3 del Código Penal, la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CUALQUIER PROFESIÓN U OFICIO, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de SIETE AÑOS, y conforme establece el art. 192.1 del mismo cuerpo legal, se le impondrá la MEDIDA DE SEGURIDAD DE LIBERTAD VIGILADA, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por tiempo de CINCO AÑOS, con el contenido que se determine.

DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOSal acusado Desiderio, del segundo de los delitos de abuso sexual sobre menor de dieciséis años por el que venía siendo acusado.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a Virgilio en la suma de CINCO MIL EUROS (5.000 €), que devengará, desde la fecha de la presente sentencia, los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Conforme a lo dispuesto en el art. 123 del Código Penal, se imponen al acusado la mitad de las costas causadas, declarándose de oficio las restantes.

Se prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a la identidad del menor, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓNante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por medio de escrito firmado por abogado y procurador, dentro de los diez días siguientes a la notificación.

Si n perjuicio del recurso, se informa igualmente de la posibilidad de solicitar aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno. Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución, todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución.

Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

TERCERO.-Notific ada la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, Sección Segunda, de Cáceres a las partes, por la Procuradora Sra. Calvo López en representación de Desiderio se interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación conta la misa por: Infracción de precepto constitucional , vulneración a la presunción de inocencia del condenado, con afectación de la tutela judicial efectiva.( art. 24 de la CE) , e inaplicación alternativamente del principio in dubio pro reo, solicitando la estimación del mismo y la absolución del de su representado del delito de abuso sexual por el que ha sido condenado.

Por la Procuradora Sra. Mateos Hernández, en representación de Benito, evacuando el traslado conferido se solicita la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, en base a las alegaciones formuladas en su escrito de fecha 25 de mayo de 2022.

Por el Ministerio Fiscal en base a las alegaciones formuladas en su escrito de fecha 26 de mayo de 2022 ,se impugnó el recurso interpuesto por la representación del condenado, interesando la confirmación de la Sentencia Núm. 8/2022.

CUARTO.-Remitidas las actuaciones a este Tribunal, se formó el correspondiente rollo, en virtud del recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal de procesal de Desiderio, nombrándose Ponente a la Excma. Sra. Magistrada Doña María Félix Tena, señalándose para Deliberación Votación y Fallo el día 27 de junio de 2022.

En fecha 29 de junio de 2022 por esta Sala se dictó Sentencia núm. 19/2022, en la que se declararon probados los siguientes HECHOS:

No se aceptan los de la sentencia de instancia y en su lugar se recogen los siguientes:

En el verano de 2020, el menor Virgilio, de nacionalidad holandesa, nacido el NUM000 de 2011, entabló amistad con el acusado, Desiderio, sin antecedentes penales, al que ya conocía con anterioridad, pues había coincidido con él en el río, en el DIRECCION000 de DIRECCION001 cuando había ido con su madre, comenzando a relacionarse de forma habitual y hablando también de fútbol y aficiones comunes. En base a esta amistad, en fechas indeterminadas del referido verano de 2020, y durante al menos cinco días, se alojó en el domicilio del acusado, sito en la DIRECCION002 de la localidad de DIRECCION003 (Cáceres), a la que también acudió otro menor, amigo suyo, llamado Ezequias, cuyos familiares eran vecinos de Desiderio, viendo la retransmisión de algún partido de fútbol.

El 17 de diciembre de 2020 Benito, madre del menor Virgilio, interpone ante el Puesto de la Guardia Civil de DIRECCION001 una denuncia relatando que su hijo habría sido víctima de actos sexuales durante esos días que pasó en casa de Desiderio, hechos que no han quedado acreditados.

QUINTO.-En la expresada sentencia, con base a los fundamentos de derecho que se estimaron oportunos, se pronunció el siguiente FALLO:

Que ESTIMANDOel recurso de apelación interpuesto por Desiderio contra la sentencia dictada por la sección segunda de la AP de Cáceres de fecha 18 de enero de 2022, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOScitada resolución, ABSOLVIENDOlibremente, y con todos los pronunciamientos favorables inherentes a ello, al apelante, declarando de oficio las costas causadas en ambas instancias.

Déjense sin efecto las posibles medidas cautelares personales o patrimoniales que con respecto al acusado hubieran podido ser acordadas.

Se prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de las presuntas víctimas, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que puede ser preparado, dentro del plazo de cinco días, contados desde la última notificación de la sentencia, solicitando testimonio de la misma, manifestando la clase de recurso que trate de utilizar, por medio de escrito autorizado por Abogado y Procurador. Dedúzcase testimonio de esta resolución y, una vez firme remítase, en unión de los autos originales, al Tribunal de procedencia.

Si n perjuicio del recurso, se informa igualmente de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este tribunal, dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la presente resolución ( art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución.

Co nforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J, practíquense las notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet, e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente registrados en el sistema de gestión procesal a las que se unirán las cédulas de notificación que genere automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.

As í por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Firmados.- María Félix Tena Aragón, Jesús Plata García y Manuela Eslava Rodríguez. Rubricados.

SEXTO. -Notificada la Sentencia a las partes, por la representación procesal de Benito se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional, teniéndose por anunciado y remitiéndose las actuaciones en fecha 27 de julio de 2022 a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, junto con las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución.

SÉPTIMO. -En fecha 4 de junio de 2025 se recibe en esta Sala certificación de la Sentencia núm. 491/2025 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el recurso de Casación núm. 5227/2022, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le

confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1.- ESTIMARel recurso de casación interpuesto por Benito

contra Sentencia de Apelación dictada por la Sala de lo Civil y Penal del

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 29 de junio de 2022,

dejando sin efecto tal sentencia.

2.- Devolver las actuaciones al Tribunal de procedenciapara que proceda a resolver con libertad de criterio, salvo en lo afectado por esta Sentencia, sobre el recurso de apelación entablado contra la Sentencia dictada

por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres.

Comuníquese esta resolución a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres y al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a los efectos procesales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Julián Sánchez Melgar Antonio del Moral García

Carmen Lamela Díaz Leopoldo Puente Segura

Javier Hernández García

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO SR. MAGISTRADO

D. JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA A LA SENTENCIA Nº 491/2025 DE

Lamento sinceramente no poder suscribir la sentencia que en este caso

se ha dictado. Desde mi mayor consideración y respeto a la opinión mayoritaria considero que el recurso interpuesto por la acusación particular,al que se adhiere el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de 29 de junio de2022 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura debería haber sido desestimado.

1. Sin duda, nos enfrentábamos a un caso difícil y no oculto que el desenlace final del proceso que defiendo mediante este voto revela un significativo conflicto que debería haberse evitado si se hubieran interpretado y aplicado en la primera instancia las normas que regulan la actividad probatoria en términos constitucionalmente orientados.

La cuestión que abordó el Tribunal Superior y que se suscita con el recurso tiene un enorme caladoconstitucional. Disiento, por ello, que pueda afirmarse, como se hace en la sentencia mayoritaria, que los fundamentos decisionales del Tribunal Superior responden a una «visión microliteralque obliga elevarse para hallar la solución correcta por encima de la pura y chata literalidad de algunos pasajes extraídos de sentencias o de la legalidady enfocar el problema desde una perspectiva principialista». No comparto el punto de fugatrazado en la sentencia mayoritaria porque, precisamente, es esta la que, en mi opinión, huye de dicha perspectiva, reduciendo el contenido epistémico y axiológico de algunos principios fundacionales del proceso penal para llegar, así, a una solución marcadamente funcional. Solución que permite el acceso, por la puerta de atrás,al cuadro probatorio de una información que, producida en fase previa con dicha vocación, sin embargo, no reúne las condiciones para ello reclamadas por la ley.

2. No creo que pueda cuestionarse que el proceso penal es un genuino y muy singular itinerario cognoscitivo, una suerte de railconstruido con materiales constitucionales por el que debe transitar, necesariamente, toda la actividad de búsqueda, adquisición y valoración de las pruebas. Cualquier desviación o giro brusco,por tanto, puede provocar el descarrilamiento de la acción penal.El tribunal no puede fundar su decisión más que en la prueba adquirida en el acto del juicio oral conforme a las reglas que disciplinan dicho mecanismo. Pues solo de esta manera es posible asegurar que la verdad que pueda obtenerse resulte cognoscitiva y axiológicamente valiosa y, en esa medida, pueda servir para fundar una decisión de condena.

3. Nuestro modelo de proceso se basa en un fuerte compromiso con los

principios de legalidad procesal y de orden público constitucional-procesal.Y

cuya nítida presencia se traduce en reducir, al mínimo, posibilidades de composición negociada entre las partes sobre cómo debe desenvolverse el

juicio. No existen márgenes de negociación -a salvo los mecanismos previstos de conformidad con el contenido pretensional de la acusación- para eludir formas constitutivas de producción de los distintos actos procesales o para renunciar a reglas que se consideran indispensables para alcanzar las cotas necesarias de justicia y equidad.

4. Y entre estas adquieren particular importancia las que disciplinan la adquisición de los medios de prueba en el acto del juicio oral. Momento y forma de adquisición que debe permitir al tribunal y a todas las partes controlar, primero, que los medios reúnen condiciones para acceder al cuadro de prueba y, segundo, su propio contenido pues solo de este el tribunal debe decantar los resultados probatorios. Momento adquisitivo de la pruebaque da inicio, también, al momento valorativoque ha de nutrirse del marco de contradicción dialéctica que rige todo el desarrollo del proceso probatorio. En efecto, en un modelo procesal basado en la idea de contradicción, como instrumento epistémico irrenunciable, el tribunal, a la hora de valorar la prueba producida y adquirida en su presencia, ha de tomar en consideración las razones esgrimidas por las partes en orden a atribuir o negar valor a los elementos probatorios resultantes. El proceso contradictorio se extiende, de la mano de los principios de audiencia y defensa, al derecho de las partes a contribuir a la formación del convencimiento judicial. Razones que, obviamente, el tribunal puede desatender, pero no ignorar.

5. Pero, además, el momento adquisitivo plenario, en particular cuando el medio de prueba incorpora una información con un particular potencial reconstructivo del hecho justiciable acusatorio, adquiere una importancia trasversal para el desarrollo justo y equitativo del propio juicio. Y ello porque de la información protagónica adquirida pueden depender los objetivos indagatorios de las partes sobre el resto de testigos o peritos que comparezcan al juicio. Y, en esa medida, también, las condiciones para que el tribunal calibre, de manera rigurosa y teleológicamente orientada, la admisión o el rechazo de las preguntas que se formulen, la posibilidad de realizar preguntas aclaratorias y el acceso a todos los datos para una adecuada evaluación de los resultados probatorios.

Los distintos momentos adquisitivos permiten el acceso de las diversas informaciones probatorias al cuadro de prueba donde todas ellas interaccionan durante el desarrollo del juicio.

Marco de producción contradictoria de la prueba que culmina, primero, con los informes finales, donde las partes evalúan los rendimientos acreditativos, y, finalmente, con el derecho a la última palabra de la persona acusada que la faculta a expresar su opinión para influir, también, en el convencimiento del tribunal sobre los elementos de prueba producidos.

6. Parece obvio que este modelo constitucional de aproximación a la verdad en el proceso penal se derrumba estrepitosamentesi el momento de adquisición probatoria se difiere a un espacio ignoto y posterioral juicio oral en el que las partes ni pueden controlar de manera directa la calidad y la cantidad de la información sobre la que decidirá el tribunal ni influir dialécticamente en el proceso valorativo. Las partes, reitero, no pueden «pactar» un momento adquisitivo del medio de prueba fuera del juicio oral porque, al hacerlo, se diluyen, nada más ni nada menos, las garantías y las condiciones epistémicas que deben concurrir para que una información pueda ser calificada de probatoria.

7. Y no otra cosa aconteció, en mi opinión, en el caso que nos ocupa. De manera insólita, las partes «pactaron», a iniciativa de la propia defensa, lo que hace que todo resulte más inexplicable, trasladar el momento adquisitivo de la prueba preconstituida -y potencialmente basilar para el sustento de la acción penal- al momento, parece, deliberativo. Pactoque fue admitido por el tribunal bajo la no menos insólita invocación a las partes a que confiaran(sic) en que la videograbación del testimonio de la afirmada víctima sería visualizada por sus miembros. El juicio, por tanto, se desarrolló sin que el tribunal tuviera acceso a la prueba más importante.

Este mecanismo de transferencia del momento de adquisición de la prueba a un espaciono confrontativo y ajeno al propio juicio oral comprometió, a mi entender, grave e injustificadamente la propia estructura dialécticamente contradictoria del juicio.

8. Creo que no puede obviarse -y la sentencia de la que discrepo lo hace- la fuerte apuesta legislativa de 2021 por establecer condiciones estrictas de adquisición probatoria del incidente preconstitutivo que determinan, en lógica consecuencia, su propia valoración. El artículo 449 bis LECrim previene que para la valoración de la prueba preconstituida se estará a los dispuesto en el artículo 730.2 LECrim donde se contempla que, a instancia de cualquiera de las partes, se podrá reproducir la grabación audiovisual de la declaración de la víctima o testigo practicada como tal prueba preconstituida.Fórmula que, a mi parecer, no puede interpretarse como una suerte de mecanismo simbólico de aportación y adquisición de tal modo que basta que la parte interesada solicite la reproducción para que se entienda, sin más, adquirido el medio de prueba.

Para que dicho efecto adquisitivose produzca es necesaria la efectiva reproducción, como con toda claridad se previene en los artículos 777.3,

inciso segundo, y 703 bis, ambos, LECrim. Hasta el punto de que, si dicha

reproducción no es posible porque la prueba preconstituida no reúna condiciones técnicas o materiales y cause indefensión a alguna de las partes, la norma habilita un incidente en el que, a instancia de parte, el tribunal podrá decidir la presencia en el juicio del testigo cuyo testimonio se preconstituyó.

9. La reiterada exigencia normativa de que se reproduzca en el juicio la videograbación como mecanismo de adquisición -y, no lo olvidemos, presupuesto de valoración de la información que contenga- ocluyeel recurso al artículo 726 LECrim sobre el que se hace bascular, en buena medida, la solución mayoritaria de la que disiento. La regla de adquisición del artículo 726 LECrim no puede utilizarse como una «puerta de atrás»para suplir déficits de aportación de las partes e incumplimientos de las explicitas reglas de producción de la prueba plenaria ni, desde luego, para «reducir» la prueba preconstituida a la categoría general de documento, entendido este como plasmación, en un soporte reproducible, de datos que tienen relación con los hechos objeto del proceso. No comparto en absoluto el protagonismo en el modelo probatorio que la sentencia mayoritaria atribuye al artículo 726 LECrim, entre otras razones porque el «acceso judicial a los documentos» no puede sobreponerse o desplazar las condiciones legales de aportación y adquisición probatoria a instancia de parte -a salvo la excepción del artículo 729.2º LECrim-.

10. La decidida apuesta en la reforma de 2021 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por reducir los efectos de victimización que sobre lasafirmadas víctimas vulnerables de delitos graves puede suponer compareceren el acto del juicio oral, vino compensado con la introducción de mecanismos procesales para garantizar, de la mejor manera posible, lascondiciones de equivalenciade la prueba preconstituida con la prueba plenaria. Equivalencia que es la que, a la postre, permite su valoración.

La reproducción de la prueba preconstituida en el juicio, a instancia de la parte que quiera valerse de dicha información obtenida sin la intervención del juez que debe decidir, garantiza que su contenido se someta a la dialéctica contradictoria del juicio, que las partes puedan controlar defensivamente tanto la información recibida por el tribunal -su integridad y autenticidad, sus condiciones de audición y de calidad de imagen- como, ulteriormente, la correspondencia con la que se utilice en la sentencia para fijar el hecho probado. Pero no solo. Como destacaba con anterioridad, la adecuada adquisición de la prueba permite que el juicio se desarrolle de manera equilibrada, enriqueciendo los objetivos indagatorios con relación a las otras pruebas plenarias y facilitando que las partes puedan aportar

razones valorativas al tribunal sobre el conjunto de las informaciones probatorias producidas bajo su control e inmediación en el plenario. Objetivos de imposible realización cuando el tribunal desconoce la información probatoria protagónica sobre la que gira el juicio.

11. El juicio celebrado en la instancia se vació injustificadamente de un contenido esencial -me atrevería a calificarlo de constitutivo- como lo es el de adquirir e introducir la prueba. Y ello, en mi opinión, alteró gravemente las condiciones epistémicas y axiológicas que deben garantizarse para alcanzar

una verdad valiosa que permita fundar una condena.

12. Alteración que, insisto, no puede convalidarse porque viniera propiciada por un acuerdo de las partes a iniciativa de la defensa. Esta insólita, insisto, iniciativa defensiva no puede interpretarse como una renuncia admisible a las garantías estructurales del proceso justo y equitativo.

Las reglas procesales constitutivas no son negociables ni derrotables - vid. STJUE de 22 de junio de 2023, c-660-21, asunto Procureur de la République c. KB y RF,sobre condiciones de renuncia al derecho a la asistencia letrada que garantiza la Directiva 343/2016-.

Ni tampoco, como bien precisa el Tribunal Superior, la «oferta defensiva» puede interpretarse como una suerte de liberación de la inexcusable carga probatoria de aportación que le incumbía a las acusaciones.

13. Como tuve oportunidad de exponer en la deliberación, la sentencia de la que discrepo introduce un riesgo cierto y significativo de que se expandan fórmulas de «negociación» por las más variadas causas sobre los presupuestos y formas de adquisición de los distintos medios de prueba que vacíen de contenido -y de sentido- al acto del juicio oral.

14. Reitero, y concluyo: la sentencia del Tribunal Superior no es un ejercicio de microlectura normativacomo se califica, a mi parecer, desacertadamente en la sentencia mayoritaria. La solución -difícil- a la que llegó el Tribunal Superior no puede ser tachada, en modo alguno, de formalista.

La sentencia detectó un grave problema de producción de la prueba -y por el juego de los gravámenes apelativos de muy difícil solución- pues de manera injustificada se eludieron las condiciones legales de práctica de la prueba más relevante en el espacio genuino y exclusivo para ello: el juicio oral.

La muy grave infracción del régimen legal de adquisición impedía el acceso a la información protoprobatoria, lo que obligaba a dictar sentencia absolutoria. Resultado que también acontece en otros escenarios de graves irregularidades cuando, por ejemplo, la prueba de la que intenta hacerse valer la acusación se obtuvo con vulneración de derechos fundamentales y no sea posible romper el vínculo de antijuricidad con los otros medios de prueba derivados.

Este es mi voto que firmo y se unirá a la sentencia.

Fdo.: Javier Hernández García.

OCTAVO.En fecha 4 de junio de 2025 por esta Sala se dicta resolución, teniendo por recibida la sentencia núm. 491/2025, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a la vista de su contenido se señala para Deliberación, Votación y Fallo el día 23 de junio de 2025.

NOVENO. -En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto siendo Ponente la Excma. Sra. Magistrada DOÑA MARÍA FÉLIX TENA ARAGÓN.