Sentencia Penal 28/2026 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 17/2026 de 26 de marzo del 2026

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se oponen a los de la presente resolución.

PRIMERO. -La sentencia apelada condena al acusado recurrente como autor de dos delitos de asesinato cometidos con alevosía sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a dos penas de diecinueve años de prisión con las accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Le condena así mismo al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular y a indemnizar a Diana en la cantidad de 111.193, 60 €; a su hijo menor de edad en la cantidad de 111.193,60 €; a Luisa en la cantidad de 20.000 €; a Leticia en la cantidad de 120.000 € y a Gines en la cantidad de 20.000 €, más los intereses legales del art. 576 LEC.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la representación del acusado en solicitud de que se le absuelva de los delitos de asesinato imputados, o de manera subsidiaria se le aplique la atenuante prevista en el artículo 21.2 CP. , o, en todo caso se le rebaje la pena impuesta, condenándole a la pena de prisión de quince años. El recurso se articula en tres motivos: El primero es la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, que entiende conculcado respecto de ambos delitos de asesinato por los que ha sido condenado. En segundo lugar, la infracción del art. 20. 1 del Código Penal (CP) por la inaplicación de la atenuante de drogadicción; y en último termino, el error en la determinación de la pena, al estimar que los actos que han determinado la apreciación de la alevosía, que ha sido tomada en consideración al calificar el delito como asesinato, han vuelto a tenerse en cuenta para elevar la pena desde su grado mínimo, estimando por ello que la pena debe reducirse a 15 años de prisión, por cada delito.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercitada en estos autos por el Procurador D. Fernando Gregorio Corbinos, en nombre y representación de Dª. Diana, impugnaron el recurso solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO. - Vulneración de la presunción de inocencia.

En los dos primeros motivos del recurso, articulados al amparo del 846 bis c) de la LECrim, se denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado porque entiende la parte recurrente que, atendida la prueba practicada en el acto del juicio oral, carece de toda base razonable la condena impuesta, pues no existen elementos que permitan determinar sin ningún género de duda que el acusado causara la muerte de los dos fallecidos. Así, respeto del fallecimiento de Ángel Jesús, entiende que no existe prueba para estimar como probados los hechos A.2, A.6, A.8, A.11 y A.12, en tanto que con relación al fallecimiento de Dª. Fidela, estima que falta prueba para considerar acreditados los hechos A.25.-, A.26.-, A.27.-, A.28.-, A.32.-, A.34 y A-35.- del objeto de veredicto.

En último término alega la existencia de dudas que justificarían la aplicación del principio "<>.

Con relación a la muerte de Ángel Jesús, la parte recurrente cuestiona la existencia de prueba respecto de los siguientes hechos del objeto del veredicto que el jurado declara como probados:

A.2.- Leoncio accedía al edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza, durante el mes de marzo y primeros de mayo de 2025, utilizándolo para residir, pernoctar y consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, teniendo en la planta NUM000 dos colchones para su uso personal.

El jurado estimó este hecho probado por unanimidad con base en la declaración del acusado y de los testigos Hugo y Alonso.

El recurrente estima que, por el contrario, los testigos incurrieron en numerosas contradicciones, al margen de que existen otros datos que apuntarían a que el acusado no tenía el inmueble de la DIRECCION001 como residencia habitual.

A.6.- "Sobre las 22 horas del día 11 de marzo de 2024, Leoncio invitó a acceder al edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza a Hugo, Alonso, Ángel Jesús, conocido como " Millonario" y Fidela, con la finalidad de consumir alcohol y drogas, permaneciendo en la planta NUM000 del edificio."

El jurado estima este hecho probado por unanimidad porque en el edificio estaban presentes Leoncio, los testigos Hugo, Alonso, y el finado Ángel Jesús, a excepción de Fidela, cuya descripción no coincide con la dada por los dos testigos anteriormente nombrados (no se ve cicatriz en el lado derecho del labio en las fotografías de la autopsia, en contradicción de lo que afirman los testigos). Así pues, este hecho lo estima acreditado el jurado a través de la declaración de los testigos presenciales Hugo y Alonso.

La parte recurrente, por el contrario, estima que el jurado no menciona ninguna prueba en la que se han basado para considerar probado este hecho.

A.8.- "Entre las 10 y las 11 horas del día 13 de marzo de 2024, se encontraban en el patio del edificio de la DIRECCION000 Leoncio y Ángel Jesús, cuando Leoncio se acercó por la espalda a Ángel Jesús, y, con ánimo de atentar contra su vida, le pasó el brazo por detrás, le sujetó el hombro derecho con la mano izquierda y le agarró la mandíbula izquierda y la boca con la mano derecha y le giró de forma brusca el cuello hacia el lado derecho, provocando la fractura vertebral con lesión medular, fractura y lesión medular que le provocaron la muerte a los pocos minutos. La muerte se causó por un mecanismo de rotación forzada del cuello, en el que el tórax y el hombro izquierdo quedan anclados. Para dicha rotación del cuello es preciso agarrar la cara desde la mandíbula y boca para de esta forma girar el cuello hacia el lado derecho, provocando la fractura vertebral con lesión medular que causó definitivamente la muerte. (HECHO DESFAVORABLE)."

El jurado estima probado este hecho por siete votos frente a dos. La mayoría estima probado el hecho por las siguientes razones:

-Solo el acusado tenía acceso al edificio.

-Las antenas lo localizan a esas horas en la DIRECCION001

-Se descarta la caída accidental que el acusado comento a los testigos Hugo y Alonso, que se había producido el doce de marzo, como causa de la muerte. Según los forenses, dicha fractura es incompatible con la vida más de 24/48 horas, afirmando los forenses que con ese tipo fractura una persona no puede vivir más de dos o tres minutos, y que no se presentaban lesiones compatibles con una caída desde una altura de un segundo piso de 7-8 metros, tal y como afirman los testigos Alonso y Hugo.

El recurrente destaca, en primer lugar, que la decisión sobre este hecho no fue unánime. A continuación, desarrolla un extenso argumento para cuestionar las conclusiones obtenidas por el jurado de la prueba practicada y criticar lo que entiende por falta de investigación sobre la realidad de los hechos en la fase de instrucción, para terminar subrayando la buena relación existente entre el fallecido y el acusado.

A-11.- El ataque de Leoncio a Ángel Jesús fue sorpresivo, súbito e inesperado, que impidió la posibilidad de huida o defensa por parte de Ángel Jesús.

El jurado estima probado este hecho por unanimidad, y en su justificación razona que el acusado ataca a Ángel Jesús por la espalda y a traición produciéndole lesiones con la muerte. Y añade que el acusado es el único que tiene llaves del edificio y las lesiones mortales <>.

El recurso sostiene que es incierto que el acusado fuera el único que disponía de llaves del inmueble, y que, respecto de las lesiones, carece de la fuerza necesaria para realizar la maniobra mortal que se le imputa y además padece una hernia discal.

A-12.- Leoncio colocó un anorak a Ángel Jesús, metiendo la cabeza de Ángel Jesús por el hueco de la manga y colocándole un cinturón, con el fin de poder arrastrar el cuerpo tirando del chaleco y cinturón.

El jurado estima probado este hecho por unanimidad, con fundamento en la declaración de los testigos Leovigildo y Hugo, que declaran <>.

El recurso sostiene que el hecho que el jurado declara probado resulta contradictorio, <>. Por tanto, entiende que no hay ninguna prueba concreta con respecto a quien colocó el anorak y el cinturón.

Con relación al fallecimiento de Fidela la parte recurrente entiende, de igual modo, que, en contra de lo que sostiene la sentencia apelada, no existe prueba que avale los hechos A.25, A.26, A.27, A-29, A-32 y A-34:

A- 25.- Entre las 14,30 y las 15,30 horas del día 3 de mayo de 2024, Leoncio se encontraba junto a Fidela en la segunda planta del edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza, cuando Leoncio le dio un fuerte golpe en la cara que le provocó fractura y hundimiento a nivel de hueso maxilar izquierdo, reborde orbitario inferior y suelo de la órbita izquierda y fractura de hueso nasal izquierdo."

El Jurado considera por unanimidad probado este hecho con fundamento en que, según la autopsia dela fallecida, está acreditado que tenía el pómulo hundido y la nariz rota debido a un fuerte golpe recibido, así como se evidencia que no hay señales de defensa de la fallecida.

A-26.- (Contestar sólo si se ha declarado probado el hecho A.25) El golpe propinado por Leoncio a Fidela fue sorpresivo, súbito e inesperado.

El Jurado considera probado este hecho por unanimidad porque la víctima no tenía signos de defensa ni de forcejeo.

"HECHO A.27.- Con la finalidad de causar la muerte a Fidela, Leoncio le agarró con fuerza con su mano derecha del brazo izquierdo de Fidela y la tiró desde la segunda planta del edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza hacia el patio de luces o comunitario del edificio de la planta NUM001, existiendo una altura de unos siete u ocho metros, cayendo y golpeándose con el suelo. (HECHO DESFAVORABLE)."

El jurado considera probado el hecho por unanimidad porque, según los informes policiales, la fallecida cayó desde la segunda planta del edificio, pues la red naranja se encuentra rota a esa misma altura. Así mismo, según el informe forense y de ADN, se encuentran huellas (hematomas de agarre con fuerza) en el brazo de la fallecida, compatibles con agarre para tirar con fuerza suficiente desde la segunda planta. Se encuentran también manchas de sangre de la fallecida en el patio terroso donde cae el cuerpo, coincidentes con la caída por precipitación acelerada.

A-28.- Leoncio se aprovechó de la conmoción que sufría Fidela por el golpe recibido, para arrojar a Fidela al patio de la planta NUM001, que le impidió y anuló su defensa.

El jurado considera este hecho probado por unanimidad porque, de acuerdo con los informes de la Policía y del forense y ADN hallado en la fallecida, ésta no presenta signo alguno de defensa,

A-32.- Leoncio arrastró, usando un tablón de madera, el cuerpo de Fidela desde el patio de luces hacia una estancia interior de la planta NUM001 con el fin de evitar que el cuerpo pudiera verse desde la calle por los huecos que existen en la puerta de acceso.

El jurado considera probado este hecho por unanimidad, conforme al informe de la policía, que señala dos marcas de arrastre claramente diferentes (línea curva para ocultación y otra recta para extracción del cuerpo a la calle), una desde el patio hacia la estancia interior del edificio, y otra desde la estancia interior a la calle

A-34.- Leoncio colocó una sudadera o chaqueta sobre el torso de Fidela y, pasando las mangas de la prenda por debajo de las axilas, las anudó a la espalda, con el fin de servir de agarre para arrastrar el cuerpo.

El Jurado considera este hecho probado por unanimidad porque, según el informe de ADN, la sangre del tablón corresponde a la fallecida.

La representación del acusado recurrente impugna la totalidad de las conclusiones alcanzadas por el jurado en su veredicto sobre los hechos referidos, porque estima que no se ha practicado ninguna prueba en el procedimiento que sitúe al acusado y a la fallecida en el edificio en el momento de suceder los hechos y que, por tanto, fuere éste quien ejecutó los actos que se le imputan, dado que no hay ningún testigo directo de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la Sra. Fidela, ni tampoco se ha podido determinar sin ningún género de dudas la ubicación del acusado,

Por otra parte, estima que hay una prueba que sitúa a una tercera persona en el lugar de los hechos. Así el propio jurado declaró probado que se encontró sangre de una tercera persona no identificada en el lugar de los hechos; sin embargo, el Magistrado Presidente restó importancia a este hecho, cuando debía haber determinado la absolución del acusado por aplicación del principio "in dubio pro reo".

Finalmente, el apelante se refiere al hecho A-35 del objeto del veredicto, en el que el jurado declara probado que Sobre las 23,20 del día 3 de mayo de 2024, Leoncio arrastró el cuerpo sin vida de Fidela, desde el inmueble de la DIRECCION000 de Zaragoza hasta la calle, dejando el cuerpo apoyado en la pared a la altura del número NUM002 de la DIRECCION001, que el jurado estima probado porque entiende que el acusado es el único que tiene llaves del edificio, estaba geolocalizado en las antenas de la zona, y su sangre fue hallada en las ropas de la víctima, impugnando el mismo con los mismos argumentos referidos al impugnar el hecho A-8 del objeto del veredicto.

TERCERO. -La parte recurrente articula las alegaciones anteriores a través del cauce revisto en el art. 846 bis c) apartado e), denunciando vulneración de la presunción de inocencia, porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.

La Jurisprudencia ( SSTS 277/2013 de 13 de febrero, 936/2006 de 10 de octubre, 346/2009 de 2 de abril y 1218/2004 de 2 de noviembre hace una clara distinción de las fases perfectamente diferenciables que tienen lugar dentro del proceso de análisis de las diligencias probatorias en el proceso penal:

1º Una primera de carácter objetivo que podría calificarse de constatación de existencia o no de verdaderas pruebas, fase en la que a su vez habría que diferenciar dos operaciones distintas:

a) precisar si en la realización de las diligencias probatorias se han adoptado y observado las garantías procesales básicas

b) precisar si, además, tales diligencias probatorias suponen o aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo.

2º Una segunda fase de carácter predominante subjetiva, para la que habría que reservar "estrictu sensu", la denominación usual de <>, ponderando en conciencia los diversos elementos probatorios, en base a los cuales se forma libremente la conciencia del Tribunal.

El principio de presunción de inocencia operaría en la primera de las fases, y comporta la exigencia de que un pronunciamiento de condena se asiente sobre la existencia de una prueba que pueda ser entendida de cargo, obtenida u aportada legalmente al proceso y valorada motivadamente por parte del tribunal.

Así, en palabras de la STC 189/1998, de 28 de septiembre, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya habido prueba de cargo válida, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando no sea razonable el iterdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado por ser ilógico o insuficiente.

Pues bien, la impugnación del veredicto del jurado que sustenta la condena que se recurre no cuestiona la existencia de pruebas de cargo, ni su legalidad, sino la valoración de las mismas que efectúa el jurado para obtener la conclusión obtenida en el veredicto, y esta es una labor para el que el jurado resulta soberano y que no puede ser enmendada por el tribunal de apelación, salvo que las conclusiones obtenidas sean arbitrarias, irracionales o absurdas; lo que en este caso no ocurre. Así lo expresa la reciente sentencia del TS del 11 de febrero de 2026 (ROJ: STS 460/2026): << (...) es sabido que, en nuestro sistema procesal, rige el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, y que, en el caso del juicio por el Tribunal del Jurado, que ha presenciado todo el juicio, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, que lleve a la determinación de los mismos, labor para la que no se precisan especiales conocimientos jurídicos, de ahí que la regla a utilizar no debe ser distinta a la que se utilice en cualquier otro aspecto de la vida, en particular, el sentido común, las reglas de la lógica, la razón, la sensatez en el proceso de deliberación, y rechazo de lo que sea arbitrario, irracional, absurdo, que, en definitiva, es lo mismo que se exige al juez profesional en igual misión, pero con un añadido más, como es que, en el caso del Jurado, la opinión la forma un tribunal conformado por nueve miembros, con lo que se incrementan las garantías de mayor solidez en su discurso valorativo, aunque sea más breve, circunstancias que ha tenido en cuenta el legislador, como resulta de la reflexión que encontramos en el apdo. II de la Exposición de Motivos de la LOTJ, que dice: «la Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresión plena de los principios básicos procesales de inmediación, prueba formada con fundamento en la libre convicción, exclusión de pruebas ilegales, publicidad y oralidad», idea que se traslada al art. 61.1 d), relativo al acta de votación, el cual, en su apartado cuarto, indica que se iniciará de la siguiente forma: «Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: [...]. Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados»; y lo precisaba el TS en su Sentencia 279/2003, de 12 de marzo de 2003 , de la siguiente manera: «siendo así, lo que la ley quiere es que el Jurado diga qué información considera de valor probatorio y por qué. O lo que es lo mismo -y como puede verse en tantos veredictos- que exprese qué cosas de las escuchadas (y de quién), le sirven como "elemento de convicción" o de juicio, y por qué. Pues, dado que lo exigible es un discurso racional, el qué debe tener como respaldo un porqué»>>.Y reitera:<< (...) hemos de volver a recordar, que, rigiendo en nuestro sistema procesal el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, en el caso del Juicio por el Tribunal del Jurado, que lo ha presenciado en su integridad, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, de quien no hay razón para dudar de su criterio, por más que pueda ser más escueto en su sucinta motivación, cuando ello cabe complementarlo con la que lleve a cabo el Magistrado Presidente, en virtud de lo dispuesto en el art, 70.2 LOTJ >>.

En consecuencia, no puede pretenderse de este Tribunal, que, prescindiendo de la inmediación, realice una nueva valoración de la prueba que se ajuste a las pretensiones de la parte recurrente, para sustituir a la que el jurado realizó en su veredicto, aunque se invoque para ello una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que en modo alguno ha sido conculcado.

Por último, respecto de la invocación del principio "in dubio pro reo" ya dijimos en la sentencia, de 1 de marzo de 2023 ( ROJ: STSJ AR 165/2023), en armonía con la STS 666/2010, de 14 de julio, que el principio " in dubio pro reo" nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, y sí, como ocurre en este caso, el jurado expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( STS 709/97, de 21-5 ; 1667/2002, de 16-10 1060/2003, de 25-6 ) (...) no cabe invocarlo para exigir al tribunal que dude, ni pueda pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda( STS 1186/95, de 1-12; 1037/95, de 27-12)".

CUARTO. - Infracción de los arts. 20. 1 y 21. 2 del Código Penal

En este motivo se impugna que la sentencia apelada no haya acogido la atenuante de drogadicción, porque entiende que existen pruebas documentales y periciales que avalan que las acciones imputadas al acusado estarían impulsadas por la adicción al consumo de sustancias tóxicas, que habría mermado su capacidad volitiva, al menos de manera ligera, no siendo consciente de lo sucedido, por lo que, de forma subsidiaria a la absolución interesa que se aplique la atenuante prevista en el artículo 21.2 CP y se acuerde condenar al acusado a la pena de quince años de prisión.

Este Tribunal se ha referido a la atenuante de drogadicción, entre otras, en las Sentencias del 24 de enero y 18 de diciembre de 2024, reproduciendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Auto del 8 de noviembre de 2023. ROJ: ATS 15228/2023), en los términos siguientes:

"Esta Sala ha recordado en numerosas ocasiones que la aplicación de una circunstancia modificativa de la responsabilidad, ya sea, agravante, atenuante o eximente, requiere la plena acreditación de la base fáctica que la justifica (por todas, SSTS 139/2012, de 2 de marzo y 720/2016, de 27 de septiembre ), y la apreciación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, determinada por la ingesta de sustancias que afectan a las capacidades del individuo, en cualquiera de sus grados, requiere la efectiva acreditación no sólo de esa ingesta, sino también de la correlativa disminución de las facultades propias de la imputabilidad del sujeto (por todas, SSTS de 16 de abril de 2011 y de 1 de diciembre de 2008 ). En STS 286/2023, de 24 de abril , hemos recordado que, para poder apreciarse la drogadicción, sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como a la intensidad de la dependencia y a la singularizada alteración que sufriera en el momento de los hechos, con la influencia que por ello tuviera en las facultades intelectivas.

El jurado estimó como no probado el hecho B-49 del objeto del veredicto: <> y lo justifico con el argumento de que el informe toxicológico no acredita altas dosis de consumo que fueran compatibles.

En consecuencia, la sentencia apelada rechaza la aplicación de la atenuante con el siguiente argumento: <>.

El motivo de impugnación debe ser por ello rechazado porque, para la aplicación de la atenuante no basta con que esté acreditada la drogadicción, sino que resulta preciso igualmente que ésta haya actuado causalmente sobre el acusado en la ejecución del hecho, extremo este que el jurado no ha estimado como acreditado.

QUINTO. - Error en la determinación de la pena.

El argumento de este motivo de impugnación es que las circunstancias que la sentencia apelada tuvo en cuenta para calificar las muertes imputadas al acusado como alevosas, han sido tomadas en consideración otra vez a la hora de establecer la pena por encima del mínimo legal.

Sobre la individualización de la pena, en nuestra sentencia del 26 de junio de 2025 ( ROJ: STSJ AR 1083/2025) citábamos la doctrinal del TS, sentada en la sentencia del 25 de abril de 2022 (ROJ: STS 1639/2022):

" (...) la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico- constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda".

La sentencia apelada argumenta la imposición de las penas con el argumento siguiente:

<

En relación al asesinato de Fidela, se ha de valorar la ejecución de la acción que causó la muerte. Según los hechos probados, primero atacó de forma súbita e inesperada, propinando un fuerte golpe en el rostro, para posteriormente, aprovechándose de la situación de conmoción, agarró fuertemente del brazo y la arrojó desde una segunda planta a la planta NUM001. La muerte se causó por fractura craneal por estallido, causando lesiones en el resto del cuerpo. Dicha acción, además de ser susceptible de causar la muerte, evitando la defensa de la víctima, denota, además de la frialdad en la ejecución, la brutalidad y crueldad desarrollada por el acusado, que procedió a lanzar al vacío a la víctima, debiendo provocar antes de fallecer instantes de pánico y desasosiego en la agredida ante la previsión del resultado letal. La violencia ejercida, junto a la citada brutalidad y crueldad narrada, nos lleva a considerar que la pena adecuada estará en la parte alta de la mitad inferior de la horquilla penológica que el precepto determina. En atención a dichos parámetros considero adecuada a la acción objeto de condena, la pena de 19 de años y seis meses de prisión para Leoncio por el asesinato de Fidela>>.

Pues bien, estimamos que con este razonamiento el Magistrado Presidente da cumplimiento cabal a su obligación de motivar la pena concreta impuesta al acusado por cada uno de los delitos por los que se le condena, individualizando la pena en base a circunstancias distintas a las que configuran la propia calificación del delito (alevosía), como son, en el caso asesinato de Ángel Jesús, el uso de un procedimiento específico para acabar con su vida propio de sicarios profesionales, que denota, como señala la sentencia recurrida no sólo frialdad de ánimo en la ejecución, sino también peligrosidad en su conducta; y en el caso de Fidela la brutalidad y crueldad con la que actuó el acusado, que, después de golpearla, la lanzó al vacío por el hueco de la escalera lo que debió provocar, antes de fallecer, instantes de pánico y desasosiego en la agredida, ante la previsión del resultado letal, tal y como acertadamente recoge la sentencia apelada.

Consecuentemente, la pena está debidamente motivada y la impugnación debe ser por ello rechazada.

SEXTO. - Costas

Por las razones expuestas procede desestimar íntegramente el recurso planteado por el acusado, con declaración de oficio las costas de esta apelación, conforme a los arts. 239 y 40 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y los demás de aplicación,

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se oponen a los de la presente resolución.

PRIMERO. -La sentencia apelada condena al acusado recurrente como autor de dos delitos de asesinato cometidos con alevosía sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a dos penas de diecinueve años de prisión con las accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Le condena así mismo al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular y a indemnizar a Diana en la cantidad de 111.193, 60 €; a su hijo menor de edad en la cantidad de 111.193,60 €; a Luisa en la cantidad de 20.000 €; a Leticia en la cantidad de 120.000 € y a Gines en la cantidad de 20.000 €, más los intereses legales del art. 576 LEC.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la representación del acusado en solicitud de que se le absuelva de los delitos de asesinato imputados, o de manera subsidiaria se le aplique la atenuante prevista en el artículo 21.2 CP. , o, en todo caso se le rebaje la pena impuesta, condenándole a la pena de prisión de quince años. El recurso se articula en tres motivos: El primero es la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, que entiende conculcado respecto de ambos delitos de asesinato por los que ha sido condenado. En segundo lugar, la infracción del art. 20. 1 del Código Penal (CP) por la inaplicación de la atenuante de drogadicción; y en último termino, el error en la determinación de la pena, al estimar que los actos que han determinado la apreciación de la alevosía, que ha sido tomada en consideración al calificar el delito como asesinato, han vuelto a tenerse en cuenta para elevar la pena desde su grado mínimo, estimando por ello que la pena debe reducirse a 15 años de prisión, por cada delito.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercitada en estos autos por el Procurador D. Fernando Gregorio Corbinos, en nombre y representación de Dª. Diana, impugnaron el recurso solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO. - Vulneración de la presunción de inocencia.

En los dos primeros motivos del recurso, articulados al amparo del 846 bis c) de la LECrim, se denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado porque entiende la parte recurrente que, atendida la prueba practicada en el acto del juicio oral, carece de toda base razonable la condena impuesta, pues no existen elementos que permitan determinar sin ningún género de duda que el acusado causara la muerte de los dos fallecidos. Así, respeto del fallecimiento de Ángel Jesús, entiende que no existe prueba para estimar como probados los hechos A.2, A.6, A.8, A.11 y A.12, en tanto que con relación al fallecimiento de Dª. Fidela, estima que falta prueba para considerar acreditados los hechos A.25.-, A.26.-, A.27.-, A.28.-, A.32.-, A.34 y A-35.- del objeto de veredicto.

En último término alega la existencia de dudas que justificarían la aplicación del principio "<>.

Con relación a la muerte de Ángel Jesús, la parte recurrente cuestiona la existencia de prueba respecto de los siguientes hechos del objeto del veredicto que el jurado declara como probados:

A.2.- Leoncio accedía al edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza, durante el mes de marzo y primeros de mayo de 2025, utilizándolo para residir, pernoctar y consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, teniendo en la planta NUM000 dos colchones para su uso personal.

El jurado estimó este hecho probado por unanimidad con base en la declaración del acusado y de los testigos Hugo y Alonso.

El recurrente estima que, por el contrario, los testigos incurrieron en numerosas contradicciones, al margen de que existen otros datos que apuntarían a que el acusado no tenía el inmueble de la DIRECCION001 como residencia habitual.

A.6.- "Sobre las 22 horas del día 11 de marzo de 2024, Leoncio invitó a acceder al edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza a Hugo, Alonso, Ángel Jesús, conocido como " Millonario" y Fidela, con la finalidad de consumir alcohol y drogas, permaneciendo en la planta NUM000 del edificio."

El jurado estima este hecho probado por unanimidad porque en el edificio estaban presentes Leoncio, los testigos Hugo, Alonso, y el finado Ángel Jesús, a excepción de Fidela, cuya descripción no coincide con la dada por los dos testigos anteriormente nombrados (no se ve cicatriz en el lado derecho del labio en las fotografías de la autopsia, en contradicción de lo que afirman los testigos). Así pues, este hecho lo estima acreditado el jurado a través de la declaración de los testigos presenciales Hugo y Alonso.

La parte recurrente, por el contrario, estima que el jurado no menciona ninguna prueba en la que se han basado para considerar probado este hecho.

A.8.- "Entre las 10 y las 11 horas del día 13 de marzo de 2024, se encontraban en el patio del edificio de la DIRECCION000 Leoncio y Ángel Jesús, cuando Leoncio se acercó por la espalda a Ángel Jesús, y, con ánimo de atentar contra su vida, le pasó el brazo por detrás, le sujetó el hombro derecho con la mano izquierda y le agarró la mandíbula izquierda y la boca con la mano derecha y le giró de forma brusca el cuello hacia el lado derecho, provocando la fractura vertebral con lesión medular, fractura y lesión medular que le provocaron la muerte a los pocos minutos. La muerte se causó por un mecanismo de rotación forzada del cuello, en el que el tórax y el hombro izquierdo quedan anclados. Para dicha rotación del cuello es preciso agarrar la cara desde la mandíbula y boca para de esta forma girar el cuello hacia el lado derecho, provocando la fractura vertebral con lesión medular que causó definitivamente la muerte. (HECHO DESFAVORABLE)."

El jurado estima probado este hecho por siete votos frente a dos. La mayoría estima probado el hecho por las siguientes razones:

-Solo el acusado tenía acceso al edificio.

-Las antenas lo localizan a esas horas en la DIRECCION001

-Se descarta la caída accidental que el acusado comento a los testigos Hugo y Alonso, que se había producido el doce de marzo, como causa de la muerte. Según los forenses, dicha fractura es incompatible con la vida más de 24/48 horas, afirmando los forenses que con ese tipo fractura una persona no puede vivir más de dos o tres minutos, y que no se presentaban lesiones compatibles con una caída desde una altura de un segundo piso de 7-8 metros, tal y como afirman los testigos Alonso y Hugo.

El recurrente destaca, en primer lugar, que la decisión sobre este hecho no fue unánime. A continuación, desarrolla un extenso argumento para cuestionar las conclusiones obtenidas por el jurado de la prueba practicada y criticar lo que entiende por falta de investigación sobre la realidad de los hechos en la fase de instrucción, para terminar subrayando la buena relación existente entre el fallecido y el acusado.

A-11.- El ataque de Leoncio a Ángel Jesús fue sorpresivo, súbito e inesperado, que impidió la posibilidad de huida o defensa por parte de Ángel Jesús.

El jurado estima probado este hecho por unanimidad, y en su justificación razona que el acusado ataca a Ángel Jesús por la espalda y a traición produciéndole lesiones con la muerte. Y añade que el acusado es el único que tiene llaves del edificio y las lesiones mortales <>.

El recurso sostiene que es incierto que el acusado fuera el único que disponía de llaves del inmueble, y que, respecto de las lesiones, carece de la fuerza necesaria para realizar la maniobra mortal que se le imputa y además padece una hernia discal.

A-12.- Leoncio colocó un anorak a Ángel Jesús, metiendo la cabeza de Ángel Jesús por el hueco de la manga y colocándole un cinturón, con el fin de poder arrastrar el cuerpo tirando del chaleco y cinturón.

El jurado estima probado este hecho por unanimidad, con fundamento en la declaración de los testigos Leovigildo y Hugo, que declaran <>.

El recurso sostiene que el hecho que el jurado declara probado resulta contradictorio, <>. Por tanto, entiende que no hay ninguna prueba concreta con respecto a quien colocó el anorak y el cinturón.

Con relación al fallecimiento de Fidela la parte recurrente entiende, de igual modo, que, en contra de lo que sostiene la sentencia apelada, no existe prueba que avale los hechos A.25, A.26, A.27, A-29, A-32 y A-34:

A- 25.- Entre las 14,30 y las 15,30 horas del día 3 de mayo de 2024, Leoncio se encontraba junto a Fidela en la segunda planta del edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza, cuando Leoncio le dio un fuerte golpe en la cara que le provocó fractura y hundimiento a nivel de hueso maxilar izquierdo, reborde orbitario inferior y suelo de la órbita izquierda y fractura de hueso nasal izquierdo."

El Jurado considera por unanimidad probado este hecho con fundamento en que, según la autopsia dela fallecida, está acreditado que tenía el pómulo hundido y la nariz rota debido a un fuerte golpe recibido, así como se evidencia que no hay señales de defensa de la fallecida.

A-26.- (Contestar sólo si se ha declarado probado el hecho A.25) El golpe propinado por Leoncio a Fidela fue sorpresivo, súbito e inesperado.

El Jurado considera probado este hecho por unanimidad porque la víctima no tenía signos de defensa ni de forcejeo.

"HECHO A.27.- Con la finalidad de causar la muerte a Fidela, Leoncio le agarró con fuerza con su mano derecha del brazo izquierdo de Fidela y la tiró desde la segunda planta del edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza hacia el patio de luces o comunitario del edificio de la planta NUM001, existiendo una altura de unos siete u ocho metros, cayendo y golpeándose con el suelo. (HECHO DESFAVORABLE)."

El jurado considera probado el hecho por unanimidad porque, según los informes policiales, la fallecida cayó desde la segunda planta del edificio, pues la red naranja se encuentra rota a esa misma altura. Así mismo, según el informe forense y de ADN, se encuentran huellas (hematomas de agarre con fuerza) en el brazo de la fallecida, compatibles con agarre para tirar con fuerza suficiente desde la segunda planta. Se encuentran también manchas de sangre de la fallecida en el patio terroso donde cae el cuerpo, coincidentes con la caída por precipitación acelerada.

A-28.- Leoncio se aprovechó de la conmoción que sufría Fidela por el golpe recibido, para arrojar a Fidela al patio de la planta NUM001, que le impidió y anuló su defensa.

El jurado considera este hecho probado por unanimidad porque, de acuerdo con los informes de la Policía y del forense y ADN hallado en la fallecida, ésta no presenta signo alguno de defensa,

A-32.- Leoncio arrastró, usando un tablón de madera, el cuerpo de Fidela desde el patio de luces hacia una estancia interior de la planta NUM001 con el fin de evitar que el cuerpo pudiera verse desde la calle por los huecos que existen en la puerta de acceso.

El jurado considera probado este hecho por unanimidad, conforme al informe de la policía, que señala dos marcas de arrastre claramente diferentes (línea curva para ocultación y otra recta para extracción del cuerpo a la calle), una desde el patio hacia la estancia interior del edificio, y otra desde la estancia interior a la calle

A-34.- Leoncio colocó una sudadera o chaqueta sobre el torso de Fidela y, pasando las mangas de la prenda por debajo de las axilas, las anudó a la espalda, con el fin de servir de agarre para arrastrar el cuerpo.

El Jurado considera este hecho probado por unanimidad porque, según el informe de ADN, la sangre del tablón corresponde a la fallecida.

La representación del acusado recurrente impugna la totalidad de las conclusiones alcanzadas por el jurado en su veredicto sobre los hechos referidos, porque estima que no se ha practicado ninguna prueba en el procedimiento que sitúe al acusado y a la fallecida en el edificio en el momento de suceder los hechos y que, por tanto, fuere éste quien ejecutó los actos que se le imputan, dado que no hay ningún testigo directo de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la Sra. Fidela, ni tampoco se ha podido determinar sin ningún género de dudas la ubicación del acusado,

Por otra parte, estima que hay una prueba que sitúa a una tercera persona en el lugar de los hechos. Así el propio jurado declaró probado que se encontró sangre de una tercera persona no identificada en el lugar de los hechos; sin embargo, el Magistrado Presidente restó importancia a este hecho, cuando debía haber determinado la absolución del acusado por aplicación del principio "in dubio pro reo".

Finalmente, el apelante se refiere al hecho A-35 del objeto del veredicto, en el que el jurado declara probado que Sobre las 23,20 del día 3 de mayo de 2024, Leoncio arrastró el cuerpo sin vida de Fidela, desde el inmueble de la DIRECCION000 de Zaragoza hasta la calle, dejando el cuerpo apoyado en la pared a la altura del número NUM002 de la DIRECCION001, que el jurado estima probado porque entiende que el acusado es el único que tiene llaves del edificio, estaba geolocalizado en las antenas de la zona, y su sangre fue hallada en las ropas de la víctima, impugnando el mismo con los mismos argumentos referidos al impugnar el hecho A-8 del objeto del veredicto.

TERCERO. -La parte recurrente articula las alegaciones anteriores a través del cauce revisto en el art. 846 bis c) apartado e), denunciando vulneración de la presunción de inocencia, porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.

La Jurisprudencia ( SSTS 277/2013 de 13 de febrero, 936/2006 de 10 de octubre, 346/2009 de 2 de abril y 1218/2004 de 2 de noviembre hace una clara distinción de las fases perfectamente diferenciables que tienen lugar dentro del proceso de análisis de las diligencias probatorias en el proceso penal:

1º Una primera de carácter objetivo que podría calificarse de constatación de existencia o no de verdaderas pruebas, fase en la que a su vez habría que diferenciar dos operaciones distintas:

a) precisar si en la realización de las diligencias probatorias se han adoptado y observado las garantías procesales básicas

b) precisar si, además, tales diligencias probatorias suponen o aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo.

2º Una segunda fase de carácter predominante subjetiva, para la que habría que reservar "estrictu sensu", la denominación usual de <>, ponderando en conciencia los diversos elementos probatorios, en base a los cuales se forma libremente la conciencia del Tribunal.

El principio de presunción de inocencia operaría en la primera de las fases, y comporta la exigencia de que un pronunciamiento de condena se asiente sobre la existencia de una prueba que pueda ser entendida de cargo, obtenida u aportada legalmente al proceso y valorada motivadamente por parte del tribunal.

Así, en palabras de la STC 189/1998, de 28 de septiembre, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya habido prueba de cargo válida, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando no sea razonable el iterdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado por ser ilógico o insuficiente.

Pues bien, la impugnación del veredicto del jurado que sustenta la condena que se recurre no cuestiona la existencia de pruebas de cargo, ni su legalidad, sino la valoración de las mismas que efectúa el jurado para obtener la conclusión obtenida en el veredicto, y esta es una labor para el que el jurado resulta soberano y que no puede ser enmendada por el tribunal de apelación, salvo que las conclusiones obtenidas sean arbitrarias, irracionales o absurdas; lo que en este caso no ocurre. Así lo expresa la reciente sentencia del TS del 11 de febrero de 2026 (ROJ: STS 460/2026): << (...) es sabido que, en nuestro sistema procesal, rige el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, y que, en el caso del juicio por el Tribunal del Jurado, que ha presenciado todo el juicio, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, que lleve a la determinación de los mismos, labor para la que no se precisan especiales conocimientos jurídicos, de ahí que la regla a utilizar no debe ser distinta a la que se utilice en cualquier otro aspecto de la vida, en particular, el sentido común, las reglas de la lógica, la razón, la sensatez en el proceso de deliberación, y rechazo de lo que sea arbitrario, irracional, absurdo, que, en definitiva, es lo mismo que se exige al juez profesional en igual misión, pero con un añadido más, como es que, en el caso del Jurado, la opinión la forma un tribunal conformado por nueve miembros, con lo que se incrementan las garantías de mayor solidez en su discurso valorativo, aunque sea más breve, circunstancias que ha tenido en cuenta el legislador, como resulta de la reflexión que encontramos en el apdo. II de la Exposición de Motivos de la LOTJ, que dice: «la Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresión plena de los principios básicos procesales de inmediación, prueba formada con fundamento en la libre convicción, exclusión de pruebas ilegales, publicidad y oralidad», idea que se traslada al art. 61.1 d), relativo al acta de votación, el cual, en su apartado cuarto, indica que se iniciará de la siguiente forma: «Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: [...]. Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados»; y lo precisaba el TS en su Sentencia 279/2003, de 12 de marzo de 2003 , de la siguiente manera: «siendo así, lo que la ley quiere es que el Jurado diga qué información considera de valor probatorio y por qué. O lo que es lo mismo -y como puede verse en tantos veredictos- que exprese qué cosas de las escuchadas (y de quién), le sirven como "elemento de convicción" o de juicio, y por qué. Pues, dado que lo exigible es un discurso racional, el qué debe tener como respaldo un porqué»>>.Y reitera:<< (...) hemos de volver a recordar, que, rigiendo en nuestro sistema procesal el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, en el caso del Juicio por el Tribunal del Jurado, que lo ha presenciado en su integridad, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, de quien no hay razón para dudar de su criterio, por más que pueda ser más escueto en su sucinta motivación, cuando ello cabe complementarlo con la que lleve a cabo el Magistrado Presidente, en virtud de lo dispuesto en el art, 70.2 LOTJ >>.

En consecuencia, no puede pretenderse de este Tribunal, que, prescindiendo de la inmediación, realice una nueva valoración de la prueba que se ajuste a las pretensiones de la parte recurrente, para sustituir a la que el jurado realizó en su veredicto, aunque se invoque para ello una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que en modo alguno ha sido conculcado.

Por último, respecto de la invocación del principio "in dubio pro reo" ya dijimos en la sentencia, de 1 de marzo de 2023 ( ROJ: STSJ AR 165/2023), en armonía con la STS 666/2010, de 14 de julio, que el principio " in dubio pro reo" nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, y sí, como ocurre en este caso, el jurado expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( STS 709/97, de 21-5 ; 1667/2002, de 16-10 1060/2003, de 25-6 ) (...) no cabe invocarlo para exigir al tribunal que dude, ni pueda pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda( STS 1186/95, de 1-12; 1037/95, de 27-12)".

CUARTO. - Infracción de los arts. 20. 1 y 21. 2 del Código Penal

En este motivo se impugna que la sentencia apelada no haya acogido la atenuante de drogadicción, porque entiende que existen pruebas documentales y periciales que avalan que las acciones imputadas al acusado estarían impulsadas por la adicción al consumo de sustancias tóxicas, que habría mermado su capacidad volitiva, al menos de manera ligera, no siendo consciente de lo sucedido, por lo que, de forma subsidiaria a la absolución interesa que se aplique la atenuante prevista en el artículo 21.2 CP y se acuerde condenar al acusado a la pena de quince años de prisión.

Este Tribunal se ha referido a la atenuante de drogadicción, entre otras, en las Sentencias del 24 de enero y 18 de diciembre de 2024, reproduciendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Auto del 8 de noviembre de 2023. ROJ: ATS 15228/2023), en los términos siguientes:

"Esta Sala ha recordado en numerosas ocasiones que la aplicación de una circunstancia modificativa de la responsabilidad, ya sea, agravante, atenuante o eximente, requiere la plena acreditación de la base fáctica que la justifica (por todas, SSTS 139/2012, de 2 de marzo y 720/2016, de 27 de septiembre ), y la apreciación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, determinada por la ingesta de sustancias que afectan a las capacidades del individuo, en cualquiera de sus grados, requiere la efectiva acreditación no sólo de esa ingesta, sino también de la correlativa disminución de las facultades propias de la imputabilidad del sujeto (por todas, SSTS de 16 de abril de 2011 y de 1 de diciembre de 2008 ). En STS 286/2023, de 24 de abril , hemos recordado que, para poder apreciarse la drogadicción, sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como a la intensidad de la dependencia y a la singularizada alteración que sufriera en el momento de los hechos, con la influencia que por ello tuviera en las facultades intelectivas.

El jurado estimó como no probado el hecho B-49 del objeto del veredicto: <> y lo justifico con el argumento de que el informe toxicológico no acredita altas dosis de consumo que fueran compatibles.

En consecuencia, la sentencia apelada rechaza la aplicación de la atenuante con el siguiente argumento: <>.

El motivo de impugnación debe ser por ello rechazado porque, para la aplicación de la atenuante no basta con que esté acreditada la drogadicción, sino que resulta preciso igualmente que ésta haya actuado causalmente sobre el acusado en la ejecución del hecho, extremo este que el jurado no ha estimado como acreditado.

QUINTO. - Error en la determinación de la pena.

El argumento de este motivo de impugnación es que las circunstancias que la sentencia apelada tuvo en cuenta para calificar las muertes imputadas al acusado como alevosas, han sido tomadas en consideración otra vez a la hora de establecer la pena por encima del mínimo legal.

Sobre la individualización de la pena, en nuestra sentencia del 26 de junio de 2025 ( ROJ: STSJ AR 1083/2025) citábamos la doctrinal del TS, sentada en la sentencia del 25 de abril de 2022 (ROJ: STS 1639/2022):

" (...) la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico- constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda".

La sentencia apelada argumenta la imposición de las penas con el argumento siguiente:

<

En relación al asesinato de Fidela, se ha de valorar la ejecución de la acción que causó la muerte. Según los hechos probados, primero atacó de forma súbita e inesperada, propinando un fuerte golpe en el rostro, para posteriormente, aprovechándose de la situación de conmoción, agarró fuertemente del brazo y la arrojó desde una segunda planta a la planta NUM001. La muerte se causó por fractura craneal por estallido, causando lesiones en el resto del cuerpo. Dicha acción, además de ser susceptible de causar la muerte, evitando la defensa de la víctima, denota, además de la frialdad en la ejecución, la brutalidad y crueldad desarrollada por el acusado, que procedió a lanzar al vacío a la víctima, debiendo provocar antes de fallecer instantes de pánico y desasosiego en la agredida ante la previsión del resultado letal. La violencia ejercida, junto a la citada brutalidad y crueldad narrada, nos lleva a considerar que la pena adecuada estará en la parte alta de la mitad inferior de la horquilla penológica que el precepto determina. En atención a dichos parámetros considero adecuada a la acción objeto de condena, la pena de 19 de años y seis meses de prisión para Leoncio por el asesinato de Fidela>>.

Pues bien, estimamos que con este razonamiento el Magistrado Presidente da cumplimiento cabal a su obligación de motivar la pena concreta impuesta al acusado por cada uno de los delitos por los que se le condena, individualizando la pena en base a circunstancias distintas a las que configuran la propia calificación del delito (alevosía), como son, en el caso asesinato de Ángel Jesús, el uso de un procedimiento específico para acabar con su vida propio de sicarios profesionales, que denota, como señala la sentencia recurrida no sólo frialdad de ánimo en la ejecución, sino también peligrosidad en su conducta; y en el caso de Fidela la brutalidad y crueldad con la que actuó el acusado, que, después de golpearla, la lanzó al vacío por el hueco de la escalera lo que debió provocar, antes de fallecer, instantes de pánico y desasosiego en la agredida, ante la previsión del resultado letal, tal y como acertadamente recoge la sentencia apelada.

Consecuentemente, la pena está debidamente motivada y la impugnación debe ser por ello rechazada.

SEXTO. - Costas

Por las razones expuestas procede desestimar íntegramente el recurso planteado por el acusado, con declaración de oficio las costas de esta apelación, conforme a los arts. 239 y 40 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y los demás de aplicación,

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se oponen a los de la presente resolución.

PRIMERO. -La sentencia apelada condena al acusado recurrente como autor de dos delitos de asesinato cometidos con alevosía sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a dos penas de diecinueve años de prisión con las accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Le condena así mismo al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular y a indemnizar a Diana en la cantidad de 111.193, 60 €; a su hijo menor de edad en la cantidad de 111.193,60 €; a Luisa en la cantidad de 20.000 €; a Leticia en la cantidad de 120.000 € y a Gines en la cantidad de 20.000 €, más los intereses legales del art. 576 LEC.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la representación del acusado en solicitud de que se le absuelva de los delitos de asesinato imputados, o de manera subsidiaria se le aplique la atenuante prevista en el artículo 21.2 CP. , o, en todo caso se le rebaje la pena impuesta, condenándole a la pena de prisión de quince años. El recurso se articula en tres motivos: El primero es la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, que entiende conculcado respecto de ambos delitos de asesinato por los que ha sido condenado. En segundo lugar, la infracción del art. 20. 1 del Código Penal ( CP) por la inaplicación de la atenuante de drogadicción; y en último termino, el error en la determinación de la pena, al estimar que los actos que han determinado la apreciación de la alevosía, que ha sido tomada en consideración al calificar el delito como asesinato, han vuelto a tenerse en cuenta para elevar la pena desde su grado mínimo, estimando por ello que la pena debe reducirse a 15 años de prisión, por cada delito.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercitada en estos autos por el Procurador D. Fernando Gregorio Corbinos, en nombre y representación de Dª. Diana, impugnaron el recurso solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO. - Vulneración de la presunción de inocencia.

En los dos primeros motivos del recurso, articulados al amparo del 846 bis c) de la LECrim, se denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado porque entiende la parte recurrente que, atendida la prueba practicada en el acto del juicio oral, carece de toda base razonable la condena impuesta, pues no existen elementos que permitan determinar sin ningún género de duda que el acusado causara la muerte de los dos fallecidos. Así, respeto del fallecimiento de Ángel Jesús, entiende que no existe prueba para estimar como probados los hechos A.2, A.6, A.8, A.11 y A.12, en tanto que con relación al fallecimiento de Dª. Fidela, estima que falta prueba para considerar acreditados los hechos A.25.-, A.26.-, A.27.-, A.28.-, A.32.-, A.34 y A-35.- del objeto de veredicto.

En último término alega la existencia de dudas que justificarían la aplicación del principio "<>.

Con relación a la muerte de Ángel Jesús, la parte recurrente cuestiona la existencia de prueba respecto de los siguientes hechos del objeto del veredicto que el jurado declara como probados:

A.2.- Leoncio accedía al edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza, durante el mes de marzo y primeros de mayo de 2025, utilizándolo para residir, pernoctar y consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, teniendo en la planta NUM000 dos colchones para su uso personal.

El jurado estimó este hecho probado por unanimidad con base en la declaración del acusado y de los testigos Hugo y Alonso.

El recurrente estima que, por el contrario, los testigos incurrieron en numerosas contradicciones, al margen de que existen otros datos que apuntarían a que el acusado no tenía el inmueble de la DIRECCION001 como residencia habitual.

A.6.- "Sobre las 22 horas del día 11 de marzo de 2024, Leoncio invitó a acceder al edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza a Hugo, Alonso, Ángel Jesús, conocido como " Millonario" y Fidela, con la finalidad de consumir alcohol y drogas, permaneciendo en la planta NUM000 del edificio."

El jurado estima este hecho probado por unanimidad porque en el edificio estaban presentes Leoncio, los testigos Hugo, Alonso, y el finado Ángel Jesús, a excepción de Fidela, cuya descripción no coincide con la dada por los dos testigos anteriormente nombrados (no se ve cicatriz en el lado derecho del labio en las fotografías de la autopsia, en contradicción de lo que afirman los testigos). Así pues, este hecho lo estima acreditado el jurado a través de la declaración de los testigos presenciales Hugo y Alonso.

La parte recurrente, por el contrario, estima que el jurado no menciona ninguna prueba en la que se han basado para considerar probado este hecho.

A.8.- "Entre las 10 y las 11 horas del día 13 de marzo de 2024, se encontraban en el patio del edificio de la DIRECCION000 Leoncio y Ángel Jesús, cuando Leoncio se acercó por la espalda a Ángel Jesús, y, con ánimo de atentar contra su vida, le pasó el brazo por detrás, le sujetó el hombro derecho con la mano izquierda y le agarró la mandíbula izquierda y la boca con la mano derecha y le giró de forma brusca el cuello hacia el lado derecho, provocando la fractura vertebral con lesión medular, fractura y lesión medular que le provocaron la muerte a los pocos minutos. La muerte se causó por un mecanismo de rotación forzada del cuello, en el que el tórax y el hombro izquierdo quedan anclados. Para dicha rotación del cuello es preciso agarrar la cara desde la mandíbula y boca para de esta forma girar el cuello hacia el lado derecho, provocando la fractura vertebral con lesión medular que causó definitivamente la muerte. (HECHO DESFAVORABLE)."

El jurado estima probado este hecho por siete votos frente a dos. La mayoría estima probado el hecho por las siguientes razones:

-Solo el acusado tenía acceso al edificio.

-Las antenas lo localizan a esas horas en la DIRECCION001

-Se descarta la caída accidental que el acusado comento a los testigos Hugo y Alonso, que se había producido el doce de marzo, como causa de la muerte. Según los forenses, dicha fractura es incompatible con la vida más de 24/48 horas, afirmando los forenses que con ese tipo fractura una persona no puede vivir más de dos o tres minutos, y que no se presentaban lesiones compatibles con una caída desde una altura de un segundo piso de 7-8 metros, tal y como afirman los testigos Alonso y Hugo.

El recurrente destaca, en primer lugar, que la decisión sobre este hecho no fue unánime. A continuación, desarrolla un extenso argumento para cuestionar las conclusiones obtenidas por el jurado de la prueba practicada y criticar lo que entiende por falta de investigación sobre la realidad de los hechos en la fase de instrucción, para terminar subrayando la buena relación existente entre el fallecido y el acusado.

A-11.- El ataque de Leoncio a Ángel Jesús fue sorpresivo, súbito e inesperado, que impidió la posibilidad de huida o defensa por parte de Ángel Jesús.

El jurado estima probado este hecho por unanimidad, y en su justificación razona que el acusado ataca a Ángel Jesús por la espalda y a traición produciéndole lesiones con la muerte. Y añade que el acusado es el único que tiene llaves del edificio y las lesiones mortales <>.

El recurso sostiene que es incierto que el acusado fuera el único que disponía de llaves del inmueble, y que, respecto de las lesiones, carece de la fuerza necesaria para realizar la maniobra mortal que se le imputa y además padece una hernia discal.

A-12.- Leoncio colocó un anorak a Ángel Jesús, metiendo la cabeza de Ángel Jesús por el hueco de la manga y colocándole un cinturón, con el fin de poder arrastrar el cuerpo tirando del chaleco y cinturón.

El jurado estima probado este hecho por unanimidad, con fundamento en la declaración de los testigos Leovigildo y Hugo, que declaran <>.

El recurso sostiene que el hecho que el jurado declara probado resulta contradictorio, <>. Por tanto, entiende que no hay ninguna prueba concreta con respecto a quien colocó el anorak y el cinturón.

Con relación al fallecimiento de Fidela la parte recurrente entiende, de igual modo, que, en contra de lo que sostiene la sentencia apelada, no existe prueba que avale los hechos A.25, A.26, A.27, A-29, A-32 y A-34:

A- 25.- Entre las 14,30 y las 15,30 horas del día 3 de mayo de 2024, Leoncio se encontraba junto a Fidela en la segunda planta del edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza, cuando Leoncio le dio un fuerte golpe en la cara que le provocó fractura y hundimiento a nivel de hueso maxilar izquierdo, reborde orbitario inferior y suelo de la órbita izquierda y fractura de hueso nasal izquierdo."

El Jurado considera por unanimidad probado este hecho con fundamento en que, según la autopsia dela fallecida, está acreditado que tenía el pómulo hundido y la nariz rota debido a un fuerte golpe recibido, así como se evidencia que no hay señales de defensa de la fallecida.

A-26.- (Contestar sólo si se ha declarado probado el hecho A.25) El golpe propinado por Leoncio a Fidela fue sorpresivo, súbito e inesperado.

El Jurado considera probado este hecho por unanimidad porque la víctima no tenía signos de defensa ni de forcejeo.

"HECHO A.27.- Con la finalidad de causar la muerte a Fidela, Leoncio le agarró con fuerza con su mano derecha del brazo izquierdo de Fidela y la tiró desde la segunda planta del edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza hacia el patio de luces o comunitario del edificio de la planta NUM001, existiendo una altura de unos siete u ocho metros, cayendo y golpeándose con el suelo. (HECHO DESFAVORABLE)."

El jurado considera probado el hecho por unanimidad porque, según los informes policiales, la fallecida cayó desde la segunda planta del edificio, pues la red naranja se encuentra rota a esa misma altura. Así mismo, según el informe forense y de ADN, se encuentran huellas (hematomas de agarre con fuerza) en el brazo de la fallecida, compatibles con agarre para tirar con fuerza suficiente desde la segunda planta. Se encuentran también manchas de sangre de la fallecida en el patio terroso donde cae el cuerpo, coincidentes con la caída por precipitación acelerada.

A-28.- Leoncio se aprovechó de la conmoción que sufría Fidela por el golpe recibido, para arrojar a Fidela al patio de la planta NUM001, que le impidió y anuló su defensa.

El jurado considera este hecho probado por unanimidad porque, de acuerdo con los informes de la Policía y del forense y ADN hallado en la fallecida, ésta no presenta signo alguno de defensa,

A-32.- Leoncio arrastró, usando un tablón de madera, el cuerpo de Fidela desde el patio de luces hacia una estancia interior de la planta NUM001 con el fin de evitar que el cuerpo pudiera verse desde la calle por los huecos que existen en la puerta de acceso.

El jurado considera probado este hecho por unanimidad, conforme al informe de la policía, que señala dos marcas de arrastre claramente diferentes (línea curva para ocultación y otra recta para extracción del cuerpo a la calle), una desde el patio hacia la estancia interior del edificio, y otra desde la estancia interior a la calle

A-34.- Leoncio colocó una sudadera o chaqueta sobre el torso de Fidela y, pasando las mangas de la prenda por debajo de las axilas, las anudó a la espalda, con el fin de servir de agarre para arrastrar el cuerpo.

El Jurado considera este hecho probado por unanimidad porque, según el informe de ADN, la sangre del tablón corresponde a la fallecida.

La representación del acusado recurrente impugna la totalidad de las conclusiones alcanzadas por el jurado en su veredicto sobre los hechos referidos, porque estima que no se ha practicado ninguna prueba en el procedimiento que sitúe al acusado y a la fallecida en el edificio en el momento de suceder los hechos y que, por tanto, fuere éste quien ejecutó los actos que se le imputan, dado que no hay ningún testigo directo de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la Sra. Fidela, ni tampoco se ha podido determinar sin ningún género de dudas la ubicación del acusado,

Por otra parte, estima que hay una prueba que sitúa a una tercera persona en el lugar de los hechos. Así el propio jurado declaró probado que se encontró sangre de una tercera persona no identificada en el lugar de los hechos; sin embargo, el Magistrado Presidente restó importancia a este hecho, cuando debía haber determinado la absolución del acusado por aplicación del principio "in dubio pro reo".

Finalmente, el apelante se refiere al hecho A-35 del objeto del veredicto, en el que el jurado declara probado que Sobre las 23,20 del día 3 de mayo de 2024, Leoncio arrastró el cuerpo sin vida de Fidela, desde el inmueble de la DIRECCION000 de Zaragoza hasta la calle, dejando el cuerpo apoyado en la pared a la altura del número NUM002 de la DIRECCION001, que el jurado estima probado porque entiende que el acusado es el único que tiene llaves del edificio, estaba geolocalizado en las antenas de la zona, y su sangre fue hallada en las ropas de la víctima, impugnando el mismo con los mismos argumentos referidos al impugnar el hecho A-8 del objeto del veredicto.

TERCERO. -La parte recurrente articula las alegaciones anteriores a través del cauce revisto en el art. 846 bis c) apartado e), denunciando vulneración de la presunción de inocencia, porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.

La Jurisprudencia ( SSTS 277/2013 de 13 de febrero, 936/2006 de 10 de octubre, 346/2009 de 2 de abril y 1218/2004 de 2 de noviembre hace una clara distinción de las fases perfectamente diferenciables que tienen lugar dentro del proceso de análisis de las diligencias probatorias en el proceso penal:

1º Una primera de carácter objetivo que podría calificarse de constatación de existencia o no de verdaderas pruebas, fase en la que a su vez habría que diferenciar dos operaciones distintas:

a) precisar si en la realización de las diligencias probatorias se han adoptado y observado las garantías procesales básicas

b) precisar si, además, tales diligencias probatorias suponen o aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo.

2º Una segunda fase de carácter predominante subjetiva, para la que habría que reservar "estrictu sensu", la denominación usual de <>, ponderando en conciencia los diversos elementos probatorios, en base a los cuales se forma libremente la conciencia del Tribunal.

El principio de presunción de inocencia operaría en la primera de las fases, y comporta la exigencia de que un pronunciamiento de condena se asiente sobre la existencia de una prueba que pueda ser entendida de cargo, obtenida u aportada legalmente al proceso y valorada motivadamente por parte del tribunal.

Así, en palabras de la STC 189/1998, de 28 de septiembre, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya habido prueba de cargo válida, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando no sea razonable el iterdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado por ser ilógico o insuficiente.

Pues bien, la impugnación del veredicto del jurado que sustenta la condena que se recurre no cuestiona la existencia de pruebas de cargo, ni su legalidad, sino la valoración de las mismas que efectúa el jurado para obtener la conclusión obtenida en el veredicto, y esta es una labor para el que el jurado resulta soberano y que no puede ser enmendada por el tribunal de apelación, salvo que las conclusiones obtenidas sean arbitrarias, irracionales o absurdas; lo que en este caso no ocurre. Así lo expresa la reciente sentencia del TS del 11 de febrero de 2026 (ROJ: STS 460/2026): << (...) es sabido que, en nuestro sistema procesal, rige el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, y que, en el caso del juicio por el Tribunal del Jurado, que ha presenciado todo el juicio, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, que lleve a la determinación de los mismos, labor para la que no se precisan especiales conocimientos jurídicos, de ahí que la regla a utilizar no debe ser distinta a la que se utilice en cualquier otro aspecto de la vida, en particular, el sentido común, las reglas de la lógica, la razón, la sensatez en el proceso de deliberación, y rechazo de lo que sea arbitrario, irracional, absurdo, que, en definitiva, es lo mismo que se exige al juez profesional en igual misión, pero con un añadido más, como es que, en el caso del Jurado, la opinión la forma un tribunal conformado por nueve miembros, con lo que se incrementan las garantías de mayor solidez en su discurso valorativo, aunque sea más breve, circunstancias que ha tenido en cuenta el legislador, como resulta de la reflexión que encontramos en el apdo. II de la Exposición de Motivos de la LOTJ, que dice: «la Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresión plena de los principios básicos procesales de inmediación, prueba formada con fundamento en la libre convicción, exclusión de pruebas ilegales, publicidad y oralidad», idea que se traslada al art. 61.1 d), relativo al acta de votación, el cual, en su apartado cuarto, indica que se iniciará de la siguiente forma: «Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: [...]. Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados»; y lo precisaba el TS en su Sentencia 279/2003, de 12 de marzo de 2003 , de la siguiente manera: «siendo así, lo que la ley quiere es que el Jurado diga qué información considera de valor probatorio y por qué. O lo que es lo mismo -y como puede verse en tantos veredictos- que exprese qué cosas de las escuchadas (y de quién), le sirven como "elemento de convicción" o de juicio, y por qué. Pues, dado que lo exigible es un discurso racional, el qué debe tener como respaldo un porqué»>>.Y reitera:<< (...) hemos de volver a recordar, que, rigiendo en nuestro sistema procesal el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, en el caso del Juicio por el Tribunal del Jurado, que lo ha presenciado en su integridad, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, de quien no hay razón para dudar de su criterio, por más que pueda ser más escueto en su sucinta motivación, cuando ello cabe complementarlo con la que lleve a cabo el Magistrado Presidente, en virtud de lo dispuesto en el art, 70.2 LOTJ >>.

En consecuencia, no puede pretenderse de este Tribunal, que, prescindiendo de la inmediación, realice una nueva valoración de la prueba que se ajuste a las pretensiones de la parte recurrente, para sustituir a la que el jurado realizó en su veredicto, aunque se invoque para ello una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que en modo alguno ha sido conculcado.

Por último, respecto de la invocación del principio "in dubio pro reo" ya dijimos en la sentencia, de 1 de marzo de 2023 ( ROJ: STSJ AR 165/2023), en armonía con la STS 666/2010, de 14 de julio, que el principio " in dubio pro reo" nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, y sí, como ocurre en este caso, el jurado expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( STS 709/97, de 21-5 ; 1667/2002, de 16-10 1060/2003, de 25-6 ) (...) no cabe invocarlo para exigir al tribunal que dude, ni pueda pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda( STS 1186/95, de 1-12; 1037/95, de 27-12)".

CUARTO. - Infracción de los arts. 20. 1 y 21. 2 del Código Penal

En este motivo se impugna que la sentencia apelada no haya acogido la atenuante de drogadicción, porque entiende que existen pruebas documentales y periciales que avalan que las acciones imputadas al acusado estarían impulsadas por la adicción al consumo de sustancias tóxicas, que habría mermado su capacidad volitiva, al menos de manera ligera, no siendo consciente de lo sucedido, por lo que, de forma subsidiaria a la absolución interesa que se aplique la atenuante prevista en el artículo 21.2 CP y se acuerde condenar al acusado a la pena de quince años de prisión.

Este Tribunal se ha referido a la atenuante de drogadicción, entre otras, en las Sentencias del 24 de enero y 18 de diciembre de 2024, reproduciendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Auto del 8 de noviembre de 2023. ROJ: ATS 15228/2023), en los términos siguientes:

"Esta Sala ha recordado en numerosas ocasiones que la aplicación de una circunstancia modificativa de la responsabilidad, ya sea, agravante, atenuante o eximente, requiere la plena acreditación de la base fáctica que la justifica (por todas, SSTS 139/2012, de 2 de marzo y 720/2016, de 27 de septiembre ), y la apreciación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, determinada por la ingesta de sustancias que afectan a las capacidades del individuo, en cualquiera de sus grados, requiere la efectiva acreditación no sólo de esa ingesta, sino también de la correlativa disminución de las facultades propias de la imputabilidad del sujeto (por todas, SSTS de 16 de abril de 2011 y de 1 de diciembre de 2008 ). En STS 286/2023, de 24 de abril , hemos recordado que, para poder apreciarse la drogadicción, sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como a la intensidad de la dependencia y a la singularizada alteración que sufriera en el momento de los hechos, con la influencia que por ello tuviera en las facultades intelectivas.

El jurado estimó como no probado el hecho B-49 del objeto del veredicto: <> y lo justifico con el argumento de que el informe toxicológico no acredita altas dosis de consumo que fueran compatibles.

En consecuencia, la sentencia apelada rechaza la aplicación de la atenuante con el siguiente argumento: <>.

El motivo de impugnación debe ser por ello rechazado porque, para la aplicación de la atenuante no basta con que esté acreditada la drogadicción, sino que resulta preciso igualmente que ésta haya actuado causalmente sobre el acusado en la ejecución del hecho, extremo este que el jurado no ha estimado como acreditado.

QUINTO. - Error en la determinación de la pena.

El argumento de este motivo de impugnación es que las circunstancias que la sentencia apelada tuvo en cuenta para calificar las muertes imputadas al acusado como alevosas, han sido tomadas en consideración otra vez a la hora de establecer la pena por encima del mínimo legal.

Sobre la individualización de la pena, en nuestra sentencia del 26 de junio de 2025 ( ROJ: STSJ AR 1083/2025) citábamos la doctrinal del TS, sentada en la sentencia del 25 de abril de 2022 (ROJ: STS 1639/2022):

" (...) la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico- constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda".

La sentencia apelada argumenta la imposición de las penas con el argumento siguiente:

<

En relación al asesinato de Fidela, se ha de valorar la ejecución de la acción que causó la muerte. Según los hechos probados, primero atacó de forma súbita e inesperada, propinando un fuerte golpe en el rostro, para posteriormente, aprovechándose de la situación de conmoción, agarró fuertemente del brazo y la arrojó desde una segunda planta a la planta NUM001. La muerte se causó por fractura craneal por estallido, causando lesiones en el resto del cuerpo. Dicha acción, además de ser susceptible de causar la muerte, evitando la defensa de la víctima, denota, además de la frialdad en la ejecución, la brutalidad y crueldad desarrollada por el acusado, que procedió a lanzar al vacío a la víctima, debiendo provocar antes de fallecer instantes de pánico y desasosiego en la agredida ante la previsión del resultado letal. La violencia ejercida, junto a la citada brutalidad y crueldad narrada, nos lleva a considerar que la pena adecuada estará en la parte alta de la mitad inferior de la horquilla penológica que el precepto determina. En atención a dichos parámetros considero adecuada a la acción objeto de condena, la pena de 19 de años y seis meses de prisión para Leoncio por el asesinato de Fidela>>.

Pues bien, estimamos que con este razonamiento el Magistrado Presidente da cumplimiento cabal a su obligación de motivar la pena concreta impuesta al acusado por cada uno de los delitos por los que se le condena, individualizando la pena en base a circunstancias distintas a las que configuran la propia calificación del delito (alevosía), como son, en el caso asesinato de Ángel Jesús, el uso de un procedimiento específico para acabar con su vida propio de sicarios profesionales, que denota, como señala la sentencia recurrida no sólo frialdad de ánimo en la ejecución, sino también peligrosidad en su conducta; y en el caso de Fidela la brutalidad y crueldad con la que actuó el acusado, que, después de golpearla, la lanzó al vacío por el hueco de la escalera lo que debió provocar, antes de fallecer, instantes de pánico y desasosiego en la agredida, ante la previsión del resultado letal, tal y como acertadamente recoge la sentencia apelada.

Consecuentemente, la pena está debidamente motivada y la impugnación debe ser por ello rechazada.

SEXTO. - Costas

Por las razones expuestas procede desestimar íntegramente el recurso planteado por el acusado, con declaración de oficio las costas de esta apelación, conforme a los arts. 239 y 40 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y los demás de aplicación,

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se oponen a los de la presente resolución.

PRIMERO. -La sentencia apelada condena al acusado recurrente como autor de dos delitos de asesinato cometidos con alevosía sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a dos penas de diecinueve años de prisión con las accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Le condena así mismo al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular y a indemnizar a Diana en la cantidad de 111.193, 60 €; a su hijo menor de edad en la cantidad de 111.193,60 €; a Luisa en la cantidad de 20.000 €; a Leticia en la cantidad de 120.000 € y a Gines en la cantidad de 20.000 €, más los intereses legales del art. 576 LEC.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la representación del acusado en solicitud de que se le absuelva de los delitos de asesinato imputados, o de manera subsidiaria se le aplique la atenuante prevista en el artículo 21.2 CP. , o, en todo caso se le rebaje la pena impuesta, condenándole a la pena de prisión de quince años. El recurso se articula en tres motivos: El primero es la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, que entiende conculcado respecto de ambos delitos de asesinato por los que ha sido condenado. En segundo lugar, la infracción del art. 20. 1 del Código Penal ( CP) por la inaplicación de la atenuante de drogadicción; y en último termino, el error en la determinación de la pena, al estimar que los actos que han determinado la apreciación de la alevosía, que ha sido tomada en consideración al calificar el delito como asesinato, han vuelto a tenerse en cuenta para elevar la pena desde su grado mínimo, estimando por ello que la pena debe reducirse a 15 años de prisión, por cada delito.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercitada en estos autos por el Procurador D. Fernando Gregorio Corbinos, en nombre y representación de Dª. Diana, impugnaron el recurso solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO. - Vulneración de la presunción de inocencia.

En los dos primeros motivos del recurso, articulados al amparo del 846 bis c) de la LECrim, se denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado porque entiende la parte recurrente que, atendida la prueba practicada en el acto del juicio oral, carece de toda base razonable la condena impuesta, pues no existen elementos que permitan determinar sin ningún género de duda que el acusado causara la muerte de los dos fallecidos. Así, respeto del fallecimiento de Ángel Jesús, entiende que no existe prueba para estimar como probados los hechos A.2, A.6, A.8, A.11 y A.12, en tanto que con relación al fallecimiento de Dª. Fidela, estima que falta prueba para considerar acreditados los hechos A.25.-, A.26.-, A.27.-, A.28.-, A.32.-, A.34 y A-35.- del objeto de veredicto.

En último término alega la existencia de dudas que justificarían la aplicación del principio "<>.

Con relación a la muerte de Ángel Jesús, la parte recurrente cuestiona la existencia de prueba respecto de los siguientes hechos del objeto del veredicto que el jurado declara como probados:

A.2.- Leoncio accedía al edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza, durante el mes de marzo y primeros de mayo de 2025, utilizándolo para residir, pernoctar y consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, teniendo en la planta NUM000 dos colchones para su uso personal.

El jurado estimó este hecho probado por unanimidad con base en la declaración del acusado y de los testigos Hugo y Alonso.

El recurrente estima que, por el contrario, los testigos incurrieron en numerosas contradicciones, al margen de que existen otros datos que apuntarían a que el acusado no tenía el inmueble de la DIRECCION001 como residencia habitual.

A.6.- "Sobre las 22 horas del día 11 de marzo de 2024, Leoncio invitó a acceder al edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza a Hugo, Alonso, Ángel Jesús, conocido como " Millonario" y Fidela, con la finalidad de consumir alcohol y drogas, permaneciendo en la planta NUM000 del edificio."

El jurado estima este hecho probado por unanimidad porque en el edificio estaban presentes Leoncio, los testigos Hugo, Alonso, y el finado Ángel Jesús, a excepción de Fidela, cuya descripción no coincide con la dada por los dos testigos anteriormente nombrados (no se ve cicatriz en el lado derecho del labio en las fotografías de la autopsia, en contradicción de lo que afirman los testigos). Así pues, este hecho lo estima acreditado el jurado a través de la declaración de los testigos presenciales Hugo y Alonso.

La parte recurrente, por el contrario, estima que el jurado no menciona ninguna prueba en la que se han basado para considerar probado este hecho.

A.8.- "Entre las 10 y las 11 horas del día 13 de marzo de 2024, se encontraban en el patio del edificio de la DIRECCION000 Leoncio y Ángel Jesús, cuando Leoncio se acercó por la espalda a Ángel Jesús, y, con ánimo de atentar contra su vida, le pasó el brazo por detrás, le sujetó el hombro derecho con la mano izquierda y le agarró la mandíbula izquierda y la boca con la mano derecha y le giró de forma brusca el cuello hacia el lado derecho, provocando la fractura vertebral con lesión medular, fractura y lesión medular que le provocaron la muerte a los pocos minutos. La muerte se causó por un mecanismo de rotación forzada del cuello, en el que el tórax y el hombro izquierdo quedan anclados. Para dicha rotación del cuello es preciso agarrar la cara desde la mandíbula y boca para de esta forma girar el cuello hacia el lado derecho, provocando la fractura vertebral con lesión medular que causó definitivamente la muerte. (HECHO DESFAVORABLE)."

El jurado estima probado este hecho por siete votos frente a dos. La mayoría estima probado el hecho por las siguientes razones:

-Solo el acusado tenía acceso al edificio.

-Las antenas lo localizan a esas horas en la DIRECCION001

-Se descarta la caída accidental que el acusado comento a los testigos Hugo y Alonso, que se había producido el doce de marzo, como causa de la muerte. Según los forenses, dicha fractura es incompatible con la vida más de 24/48 horas, afirmando los forenses que con ese tipo fractura una persona no puede vivir más de dos o tres minutos, y que no se presentaban lesiones compatibles con una caída desde una altura de un segundo piso de 7-8 metros, tal y como afirman los testigos Alonso y Hugo.

El recurrente destaca, en primer lugar, que la decisión sobre este hecho no fue unánime. A continuación, desarrolla un extenso argumento para cuestionar las conclusiones obtenidas por el jurado de la prueba practicada y criticar lo que entiende por falta de investigación sobre la realidad de los hechos en la fase de instrucción, para terminar subrayando la buena relación existente entre el fallecido y el acusado.

A-11.- El ataque de Leoncio a Ángel Jesús fue sorpresivo, súbito e inesperado, que impidió la posibilidad de huida o defensa por parte de Ángel Jesús.

El jurado estima probado este hecho por unanimidad, y en su justificación razona que el acusado ataca a Ángel Jesús por la espalda y a traición produciéndole lesiones con la muerte. Y añade que el acusado es el único que tiene llaves del edificio y las lesiones mortales <>.

El recurso sostiene que es incierto que el acusado fuera el único que disponía de llaves del inmueble, y que, respecto de las lesiones, carece de la fuerza necesaria para realizar la maniobra mortal que se le imputa y además padece una hernia discal.

A-12.- Leoncio colocó un anorak a Ángel Jesús, metiendo la cabeza de Ángel Jesús por el hueco de la manga y colocándole un cinturón, con el fin de poder arrastrar el cuerpo tirando del chaleco y cinturón.

El jurado estima probado este hecho por unanimidad, con fundamento en la declaración de los testigos Leovigildo y Hugo, que declaran <>.

El recurso sostiene que el hecho que el jurado declara probado resulta contradictorio, <>. Por tanto, entiende que no hay ninguna prueba concreta con respecto a quien colocó el anorak y el cinturón.

Con relación al fallecimiento de Fidela la parte recurrente entiende, de igual modo, que, en contra de lo que sostiene la sentencia apelada, no existe prueba que avale los hechos A.25, A.26, A.27, A-29, A-32 y A-34:

A- 25.- Entre las 14,30 y las 15,30 horas del día 3 de mayo de 2024, Leoncio se encontraba junto a Fidela en la segunda planta del edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza, cuando Leoncio le dio un fuerte golpe en la cara que le provocó fractura y hundimiento a nivel de hueso maxilar izquierdo, reborde orbitario inferior y suelo de la órbita izquierda y fractura de hueso nasal izquierdo."

El Jurado considera por unanimidad probado este hecho con fundamento en que, según la autopsia dela fallecida, está acreditado que tenía el pómulo hundido y la nariz rota debido a un fuerte golpe recibido, así como se evidencia que no hay señales de defensa de la fallecida.

A-26.- (Contestar sólo si se ha declarado probado el hecho A.25) El golpe propinado por Leoncio a Fidela fue sorpresivo, súbito e inesperado.

El Jurado considera probado este hecho por unanimidad porque la víctima no tenía signos de defensa ni de forcejeo.

"HECHO A.27.- Con la finalidad de causar la muerte a Fidela, Leoncio le agarró con fuerza con su mano derecha del brazo izquierdo de Fidela y la tiró desde la segunda planta del edificio de la DIRECCION000 de Zaragoza hacia el patio de luces o comunitario del edificio de la planta NUM001, existiendo una altura de unos siete u ocho metros, cayendo y golpeándose con el suelo. (HECHO DESFAVORABLE)."

El jurado considera probado el hecho por unanimidad porque, según los informes policiales, la fallecida cayó desde la segunda planta del edificio, pues la red naranja se encuentra rota a esa misma altura. Así mismo, según el informe forense y de ADN, se encuentran huellas (hematomas de agarre con fuerza) en el brazo de la fallecida, compatibles con agarre para tirar con fuerza suficiente desde la segunda planta. Se encuentran también manchas de sangre de la fallecida en el patio terroso donde cae el cuerpo, coincidentes con la caída por precipitación acelerada.

A-28.- Leoncio se aprovechó de la conmoción que sufría Fidela por el golpe recibido, para arrojar a Fidela al patio de la planta NUM001, que le impidió y anuló su defensa.

El jurado considera este hecho probado por unanimidad porque, de acuerdo con los informes de la Policía y del forense y ADN hallado en la fallecida, ésta no presenta signo alguno de defensa,

A-32.- Leoncio arrastró, usando un tablón de madera, el cuerpo de Fidela desde el patio de luces hacia una estancia interior de la planta NUM001 con el fin de evitar que el cuerpo pudiera verse desde la calle por los huecos que existen en la puerta de acceso.

El jurado considera probado este hecho por unanimidad, conforme al informe de la policía, que señala dos marcas de arrastre claramente diferentes (línea curva para ocultación y otra recta para extracción del cuerpo a la calle), una desde el patio hacia la estancia interior del edificio, y otra desde la estancia interior a la calle

A-34.- Leoncio colocó una sudadera o chaqueta sobre el torso de Fidela y, pasando las mangas de la prenda por debajo de las axilas, las anudó a la espalda, con el fin de servir de agarre para arrastrar el cuerpo.

El Jurado considera este hecho probado por unanimidad porque, según el informe de ADN, la sangre del tablón corresponde a la fallecida.

La representación del acusado recurrente impugna la totalidad de las conclusiones alcanzadas por el jurado en su veredicto sobre los hechos referidos, porque estima que no se ha practicado ninguna prueba en el procedimiento que sitúe al acusado y a la fallecida en el edificio en el momento de suceder los hechos y que, por tanto, fuere éste quien ejecutó los actos que se le imputan, dado que no hay ningún testigo directo de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la Sra. Fidela, ni tampoco se ha podido determinar sin ningún género de dudas la ubicación del acusado,

Por otra parte, estima que hay una prueba que sitúa a una tercera persona en el lugar de los hechos. Así el propio jurado declaró probado que se encontró sangre de una tercera persona no identificada en el lugar de los hechos; sin embargo, el Magistrado Presidente restó importancia a este hecho, cuando debía haber determinado la absolución del acusado por aplicación del principio "in dubio pro reo".

Finalmente, el apelante se refiere al hecho A-35 del objeto del veredicto, en el que el jurado declara probado que Sobre las 23,20 del día 3 de mayo de 2024, Leoncio arrastró el cuerpo sin vida de Fidela, desde el inmueble de la DIRECCION000 de Zaragoza hasta la calle, dejando el cuerpo apoyado en la pared a la altura del número NUM002 de la DIRECCION001, que el jurado estima probado porque entiende que el acusado es el único que tiene llaves del edificio, estaba geolocalizado en las antenas de la zona, y su sangre fue hallada en las ropas de la víctima, impugnando el mismo con los mismos argumentos referidos al impugnar el hecho A-8 del objeto del veredicto.

TERCERO. -La parte recurrente articula las alegaciones anteriores a través del cauce revisto en el art. 846 bis c) apartado e), denunciando vulneración de la presunción de inocencia, porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.

La Jurisprudencia ( SSTS 277/2013 de 13 de febrero, 936/2006 de 10 de octubre, 346/2009 de 2 de abril y 1218/2004 de 2 de noviembre hace una clara distinción de las fases perfectamente diferenciables que tienen lugar dentro del proceso de análisis de las diligencias probatorias en el proceso penal:

1º Una primera de carácter objetivo que podría calificarse de constatación de existencia o no de verdaderas pruebas, fase en la que a su vez habría que diferenciar dos operaciones distintas:

a) precisar si en la realización de las diligencias probatorias se han adoptado y observado las garantías procesales básicas

b) precisar si, además, tales diligencias probatorias suponen o aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo.

2º Una segunda fase de carácter predominante subjetiva, para la que habría que reservar "estrictu sensu", la denominación usual de <>, ponderando en conciencia los diversos elementos probatorios, en base a los cuales se forma libremente la conciencia del Tribunal.

El principio de presunción de inocencia operaría en la primera de las fases, y comporta la exigencia de que un pronunciamiento de condena se asiente sobre la existencia de una prueba que pueda ser entendida de cargo, obtenida u aportada legalmente al proceso y valorada motivadamente por parte del tribunal.

Así, en palabras de la STC 189/1998, de 28 de septiembre, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya habido prueba de cargo válida, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando no sea razonable el iterdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado por ser ilógico o insuficiente.

Pues bien, la impugnación del veredicto del jurado que sustenta la condena que se recurre no cuestiona la existencia de pruebas de cargo, ni su legalidad, sino la valoración de las mismas que efectúa el jurado para obtener la conclusión obtenida en el veredicto, y esta es una labor para el que el jurado resulta soberano y que no puede ser enmendada por el tribunal de apelación, salvo que las conclusiones obtenidas sean arbitrarias, irracionales o absurdas; lo que en este caso no ocurre. Así lo expresa la reciente sentencia del TS del 11 de febrero de 2026 (ROJ: STS 460/2026): << (...) es sabido que, en nuestro sistema procesal, rige el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, y que, en el caso del juicio por el Tribunal del Jurado, que ha presenciado todo el juicio, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, que lleve a la determinación de los mismos, labor para la que no se precisan especiales conocimientos jurídicos, de ahí que la regla a utilizar no debe ser distinta a la que se utilice en cualquier otro aspecto de la vida, en particular, el sentido común, las reglas de la lógica, la razón, la sensatez en el proceso de deliberación, y rechazo de lo que sea arbitrario, irracional, absurdo, que, en definitiva, es lo mismo que se exige al juez profesional en igual misión, pero con un añadido más, como es que, en el caso del Jurado, la opinión la forma un tribunal conformado por nueve miembros, con lo que se incrementan las garantías de mayor solidez en su discurso valorativo, aunque sea más breve, circunstancias que ha tenido en cuenta el legislador, como resulta de la reflexión que encontramos en el apdo. II de la Exposición de Motivos de la LOTJ, que dice: «la Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresión plena de los principios básicos procesales de inmediación, prueba formada con fundamento en la libre convicción, exclusión de pruebas ilegales, publicidad y oralidad», idea que se traslada al art. 61.1 d), relativo al acta de votación, el cual, en su apartado cuarto, indica que se iniciará de la siguiente forma: «Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: [...]. Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados»; y lo precisaba el TS en su Sentencia 279/2003, de 12 de marzo de 2003 , de la siguiente manera: «siendo así, lo que la ley quiere es que el Jurado diga qué información considera de valor probatorio y por qué. O lo que es lo mismo -y como puede verse en tantos veredictos- que exprese qué cosas de las escuchadas (y de quién), le sirven como "elemento de convicción" o de juicio, y por qué. Pues, dado que lo exigible es un discurso racional, el qué debe tener como respaldo un porqué»>>.Y reitera:<< (...) hemos de volver a recordar, que, rigiendo en nuestro sistema procesal el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, en el caso del Juicio por el Tribunal del Jurado, que lo ha presenciado en su integridad, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, de quien no hay razón para dudar de su criterio, por más que pueda ser más escueto en su sucinta motivación, cuando ello cabe complementarlo con la que lleve a cabo el Magistrado Presidente, en virtud de lo dispuesto en el art, 70.2 LOTJ >>.

En consecuencia, no puede pretenderse de este Tribunal, que, prescindiendo de la inmediación, realice una nueva valoración de la prueba que se ajuste a las pretensiones de la parte recurrente, para sustituir a la que el jurado realizó en su veredicto, aunque se invoque para ello una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que en modo alguno ha sido conculcado.

Por último, respecto de la invocación del principio "in dubio pro reo" ya dijimos en la sentencia, de 1 de marzo de 2023 ( ROJ: STSJ AR 165/2023), en armonía con la STS 666/2010, de 14 de julio, que el principio " in dubio pro reo" nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, y sí, como ocurre en este caso, el jurado expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( STS 709/97, de 21-5 ; 1667/2002, de 16-10 1060/2003, de 25-6 ) (...) no cabe invocarlo para exigir al tribunal que dude, ni pueda pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda( STS 1186/95, de 1-12; 1037/95, de 27-12)".

CUARTO. - Infracción de los arts. 20. 1 y 21. 2 del Código Penal

En este motivo se impugna que la sentencia apelada no haya acogido la atenuante de drogadicción, porque entiende que existen pruebas documentales y periciales que avalan que las acciones imputadas al acusado estarían impulsadas por la adicción al consumo de sustancias tóxicas, que habría mermado su capacidad volitiva, al menos de manera ligera, no siendo consciente de lo sucedido, por lo que, de forma subsidiaria a la absolución interesa que se aplique la atenuante prevista en el artículo 21.2 CP y se acuerde condenar al acusado a la pena de quince años de prisión.

Este Tribunal se ha referido a la atenuante de drogadicción, entre otras, en las Sentencias del 24 de enero y 18 de diciembre de 2024, reproduciendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Auto del 8 de noviembre de 2023. ROJ: ATS 15228/2023), en los términos siguientes:

"Esta Sala ha recordado en numerosas ocasiones que la aplicación de una circunstancia modificativa de la responsabilidad, ya sea, agravante, atenuante o eximente, requiere la plena acreditación de la base fáctica que la justifica (por todas, SSTS 139/2012, de 2 de marzo y 720/2016, de 27 de septiembre ), y la apreciación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, determinada por la ingesta de sustancias que afectan a las capacidades del individuo, en cualquiera de sus grados, requiere la efectiva acreditación no sólo de esa ingesta, sino también de la correlativa disminución de las facultades propias de la imputabilidad del sujeto (por todas, SSTS de 16 de abril de 2011 y de 1 de diciembre de 2008 ). En STS 286/2023, de 24 de abril , hemos recordado que, para poder apreciarse la drogadicción, sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como a la intensidad de la dependencia y a la singularizada alteración que sufriera en el momento de los hechos, con la influencia que por ello tuviera en las facultades intelectivas.

El jurado estimó como no probado el hecho B-49 del objeto del veredicto: <> y lo justifico con el argumento de que el informe toxicológico no acredita altas dosis de consumo que fueran compatibles.

En consecuencia, la sentencia apelada rechaza la aplicación de la atenuante con el siguiente argumento: <>.

El motivo de impugnación debe ser por ello rechazado porque, para la aplicación de la atenuante no basta con que esté acreditada la drogadicción, sino que resulta preciso igualmente que ésta haya actuado causalmente sobre el acusado en la ejecución del hecho, extremo este que el jurado no ha estimado como acreditado.

QUINTO. - Error en la determinación de la pena.

El argumento de este motivo de impugnación es que las circunstancias que la sentencia apelada tuvo en cuenta para calificar las muertes imputadas al acusado como alevosas, han sido tomadas en consideración otra vez a la hora de establecer la pena por encima del mínimo legal.

Sobre la individualización de la pena, en nuestra sentencia del 26 de junio de 2025 ( ROJ: STSJ AR 1083/2025) citábamos la doctrinal del TS, sentada en la sentencia del 25 de abril de 2022 (ROJ: STS 1639/2022):

" (...) la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico- constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda".

La sentencia apelada argumenta la imposición de las penas con el argumento siguiente:

<

En relación al asesinato de Fidela, se ha de valorar la ejecución de la acción que causó la muerte. Según los hechos probados, primero atacó de forma súbita e inesperada, propinando un fuerte golpe en el rostro, para posteriormente, aprovechándose de la situación de conmoción, agarró fuertemente del brazo y la arrojó desde una segunda planta a la planta NUM001. La muerte se causó por fractura craneal por estallido, causando lesiones en el resto del cuerpo. Dicha acción, además de ser susceptible de causar la muerte, evitando la defensa de la víctima, denota, además de la frialdad en la ejecución, la brutalidad y crueldad desarrollada por el acusado, que procedió a lanzar al vacío a la víctima, debiendo provocar antes de fallecer instantes de pánico y desasosiego en la agredida ante la previsión del resultado letal. La violencia ejercida, junto a la citada brutalidad y crueldad narrada, nos lleva a considerar que la pena adecuada estará en la parte alta de la mitad inferior de la horquilla penológica que el precepto determina. En atención a dichos parámetros considero adecuada a la acción objeto de condena, la pena de 19 de años y seis meses de prisión para Leoncio por el asesinato de Fidela>>.

Pues bien, estimamos que con este razonamiento el Magistrado Presidente da cumplimiento cabal a su obligación de motivar la pena concreta impuesta al acusado por cada uno de los delitos por los que se le condena, individualizando la pena en base a circunstancias distintas a las que configuran la propia calificación del delito (alevosía), como son, en el caso asesinato de Ángel Jesús, el uso de un procedimiento específico para acabar con su vida propio de sicarios profesionales, que denota, como señala la sentencia recurrida no sólo frialdad de ánimo en la ejecución, sino también peligrosidad en su conducta; y en el caso de Fidela la brutalidad y crueldad con la que actuó el acusado, que, después de golpearla, la lanzó al vacío por el hueco de la escalera lo que debió provocar, antes de fallecer, instantes de pánico y desasosiego en la agredida, ante la previsión del resultado letal, tal y como acertadamente recoge la sentencia apelada.

Consecuentemente, la pena está debidamente motivada y la impugnación debe ser por ello rechazada.

SEXTO. - Costas

Por las razones expuestas procede desestimar íntegramente el recurso planteado por el acusado, con declaración de oficio las costas de esta apelación, conforme a los arts. 239 y 40 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y los demás de aplicación,