Sentencia Penal 57/2026 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 13/2026 de 27 de abril del 2026

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1.-Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 22 de octubre de 2025, por la Audiencia Provincial de León (Sección 3ª), en la que se condena a D. Darío, por un lado, como autor de un delito leve de maltrato de obra del art. 147.3 CP -causado a Pedro Francisco- concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de cuarenta días de multa (40 días) con cuota diaria de seis euros (6 euros) con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y, por otro, como autor de un delito continuado de estafa del art. 248 en relación con el art. 250 1 6º CP, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de tres años y ocho meses (3 años y 8 meses) de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de nueve meses y un día (9 meses y 1 día) con cuota diaria de dos euros (2 euros) con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. En concepto de responsabilidad civil el acusado, D. Darío, deberá indemnizar a D. Sergio en catorce mil trescientos treinta y un euro (14.331 euros) más el interés legal del art. 576 LEC. Las costas se imponen al condenado -que incluyen las de la acusación particular si bien solo por los delitos objeto de condena-.

Interpone, contra dicho pronunciamiento, recurso de apelación el condenado, que alega, cuatro motivos de impugnación. En primer lugar, quebrantamiento de normas y garantías procesales, con denuncia de vulneración de los arts. 741 y ss. LEcrim. en relación con las reglas de valoración de la prueba y del principio de presunción de inocencia del art. 24 CE; en segundo lugar, error en la valoración de la prueba y quebrantamiento de normas y garantías procesales, así como error en la aplicación del art. 248 en relación con el art. 250.1. 6º CP; en tercer lugar, error en la apreciación de la prueba, arts. 109 y ss. CP, a la hora de determinar la responsabilidad civil impuesta en la sentencia; y, finalmente, error en la valoración de la prueba e infracción del art. 147.3 CP, en cuanto a la condena por un delito de maltrato de obra sobre la persona de D. Pedro Francisco.

SEGUNDO: ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, E INFRACCIÓN DE NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1) El recurso de apelación se articula,en síntesis, sobre la base de la existencia de un error en la valoración de la prueba, con vulneración de las normas que rigen su apreciación y del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, al entender la parte recurrente que los hechos declarados probados en la sentencia, en lo relativo a la participación del acusado en las disposiciones de dinero efectuadas en las cuentas del perjudicado y en la gestión del préstamo bancario, carecen de suficiente soporte probatorio, habiéndose construido la condena sobre meros indicios sin la necesaria individualización de la conducta atribuible a cada uno de los inicialmente acusados, lo que impide determinar con certeza la autoría o grado de participación de aquel, debiendo en todo caso resolverse la duda mediante la aplicación del principio in dubio pro reo.

Asimismo, se denuncia la indebida aplicación de los artículos 248 y 250 del Código Penal, al sostenerse que los hechos no son constitutivos de un delito de estafa, sino que responden, en su caso, a una relación de naturaleza civil derivada de un acuerdo de convivencia y cuidados con contraprestación económica, sin que concurra el elemento del engaño previo o concurrente exigido por el tipo penal, sino, a lo sumo, un eventual incumplimiento posterior carente de relevancia penal, en atención al principio de intervención mínima del Derecho penal.

Igualmente, se impugna el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil, interesando su revocación como consecuencia de la pretendida absolución y, subsidiariamente, cuestionando la cuantía fijada por considerarla errónea o insuficientemente justificada, al apreciarse una posible duplicidad en el cómputo de determinadas cantidades derivadas del préstamo y de las disposiciones efectuadas con cargo al mismo.

Por último, se combate la condena por delito leve de maltrato de obra, al estimarse que la misma se sustenta exclusivamente en la declaración de la supuesta víctima sin la necesaria corroboración periférica, destacándose la ausencia de práctica de pruebas relevantes y suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, lo que, a juicio de la parte recurrente, determina igualmente la procedencia de su absolución por este extremo.

2) En cuanto a la impugnación formulada por la acusación particular,se interesa la íntegra desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación del acusado y la confirmación de la sentencia recurrida, al considerar que la misma es plenamente ajustada a Derecho. A tal efecto, se rechaza la alegación relativa a la vulneración de las normas sobre valoración de la prueba y del derecho a la presunción de inocencia, sosteniendo que la resolución de instancia contiene una valoración probatoria suficiente, racional y debidamente motivada, sin que el recurrente haya acreditado la existencia de falta de lógica o arbitrariedad alguna, limitándose a oponer una interpretación subjetiva de la prueba frente a la efectuada por el órgano sentenciador, a quien corresponde en exclusiva la apreciación de la prueba practicada con inmediación. En este sentido, se defiende la existencia de prueba de cargo bastante para acreditar la participación del acusado en los hechos, destacando tanto la declaración de la víctima, que describe una situación de control, coacción y aprovechamiento de su vulnerabilidad, como la propia declaración del acusado y los múltiples indicios concurrentes, de los que resulta la existencia de un acuerdo entre éste y su pareja para llevar a cabo las disposiciones patrimoniales, configurando un supuesto de coautoría con dominio funcional del hecho.

Asimismo, se rechaza la alegación relativa a la indebida calificación jurídica de los hechos, sosteniendo que concurre el delito continuado de estafa, al existir un engaño bastante basado en el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, persona de avanzada edad y con deterioro cognitivo, así como en la realización de maniobras como la apertura de cuentas, la obtención de firma digital y la contratación de un préstamo sin su conocimiento real, lo que determina un desplazamiento patrimonial viciado en su consentimiento. Igualmente, se considera correcta la aplicación del subtipo agravado por abuso de relaciones personales, dada la relación de proximidad y confianza existente entre el acusado y la víctima.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, se admite parcialmente la alegación del recurrente en cuanto a la improcedencia de computar conjuntamente el capital del préstamo y las cantidades posteriormente extraídas de la cuenta en la que aquél se ingresó, si bien se sostiene que deben incluirse los perjuicios derivados de los intereses generados por dicho préstamo, fijando así una cuantía total inferior a la establecida en sentencia, pero superior a la postulada por la defensa.

Finalmente, se interesa la confirmación de la condena por el delito leve de maltrato de obra, al considerar que la declaración de la víctima resulta suficiente y verosímil, no apreciándose error en la valoración probatoria ni insuficiencia de prueba de cargo.

3) Por su parte, el Ministerio Fiscal impugna igualmente el recursode apelación interesando su desestimación, al considerar que la sentencia recurrida se encuentra debidamente fundada en Derecho. En relación con la alegada vulneración de la presunción de inocencia, sostiene que la resolución contiene una detallada y razonada valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral, con respeto a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, existiendo prueba de cargo suficiente, válida y de signo inequívocamente incriminatorio, tanto de carácter personal como documental. En particular, destaca la declaración de la víctima, corroborada por otros testimonios y por la documentación bancaria obrante en autos, así como por las propias manifestaciones iniciales del acusado, de las que se desprende su participación en los hechos enjuiciados.

Asimismo, el Ministerio Fiscal considera correctamente fijada la responsabilidad civil en la sentencia, remitiéndose a la fundamentación contenida en la misma, y concluye interesando la íntegra desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución recurrida en todos sus extremos.

4)Como se observa, los motivos presentan una evidente conexión, ya que todos se proyectan sobre la corrección del juicio fáctico efectuado por el tribunal de instancia. Por tal razón van a ser objeto de examen en este Fundamento de Derecho referido al error en la valoración de la prueba y al principio de presunción de inocencia, sin perjuicio de que, dentro de este análisis, se aborden separadamente las concretas objeciones, sobre todo las referidas a la subsunción de los hechos en los arts. 248 en relación con 250.1 6º y en el art. 147.2 CP.

5)Conviene recordar que el derecho a la presunción de inocencia,recogido en el artículo 24 de la Constitución Española y en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada y proclamada por la 183ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948), 6.2 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley.

Este derecho fundamental se vulnerará cuando se dicte sentencia condenatoria con ausencia de prueba, pero no en aquellos casos en que se haya reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales. De dicha presunción de inocencia deriva el principio in dubio pro reo,que se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de la prueba.

El derecho constitucional a la presunción de inocencia -ya desde la STC 113/1981- determina que en el proceso penal la carga de la prueba pese sobre la acusación, no pudiendo ser nadie condenado mientras no se aporten al mismo pruebas suficientes de su culpabilidad, desenvolviendo su eficacia cuando existe esa falta absoluta de acervo probatorio o cuando las pruebas practicadas no reúnen las más mínimas garantías procesales ( STC 133/1994, de 9 de mayo).

Y es que, tal y como sostiene una pacífica Jurisprudencia, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iterdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado ( SSTC 133/1994, de 9 de mayo; 189/1998, de 28 de septiembre; 135/2003, de 30 de junio; 137/2005, de 23 de mayo; y 229/2003, de 18 de diciembre).

Esto es, de acuerdo con la dicción empleada por la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, no es sino una garantía por la que se viene a presumir la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

6)En lo que respecta al posible error en la valoración de la prueba,la jurisprudencia ha reiterado que el tribunal de apelación no debe limitarse a revalorar la prueba ya examinada por el órgano de instancia, sino revisar críticamente su valoración, corrigiéndola cuando aprecie error, pero siempre respetando aquellos aspectos vinculados a la inmediación y motivando adecuadamente cualquier cambio. Así lo establece, entre otras, la STC 17/2000, de 31 de enero, y la STS de 4 de noviembre de 2021.

Solo cuando exista arbitrariedad o irracionalidad en la valoración probatoria del tribunal de instancia puede la Sala de apelación sustituir dicha valoración, sin convertir el recurso en una nueva instancia de enjuiciamiento.

No obstante, la doctrina más reciente reconoce que, gracias a los nuevos medios de documentación de las actuaciones, la inmediación es ahora en buena parte accesible también al tribunal ad quem.La STS 136/2022, de 17 de febrero, lo confirma expresamente, declarando que en recursos contra sentencias condenatorias el tribunal de apelación tiene plenas facultades revisoras, tanto fácticas como jurídicas, debiendo verificar si la prueba practicada permite enervar la presunción de inocencia. Subraya que este es el verdadero sentido de la doble instancia penal, como garantía del derecho al recurso y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) .

En esta línea, se critica el uso indebido de criterios restrictivos basados en la STC 167/2002, recordando la STC 184/2013 que todo condenado tiene derecho a que un tribunal superior revise tanto la culpabilidad como la pena impuesta. La no inmediación no puede invocarse como límite, ya que esta es solo una vía de acceso a la prueba, no un blindaje que impida el control de la sentencia por parte del tribunal superior. Esto cobra especial relevancia en donde la prueba clave fue una grabación, accesible en igualdad de condiciones por ambas instancias. En este sentido, cabe destacar también nuestra reciente STSJCyL 47/2025, de 20 de mayo.

7) Sobre el alegado error en la aplicación del delito de estafa:

El error en la apreciación del delito de estafa lo desglosa el recurrente en tres objeciones principales: de un lado, la falta de acreditación suficiente de la concreta participación del acusado y de su pareja (fallecida) en los hechos, por la insuficiente individualización de su conducta; de otro, indebida aplicación de los arts. 248 y 250. 1. 6º CP, al sostener que los hechos responderían a una relación de naturaleza civil y no a un delito de estafa; y, por último, sobre la impugnación del pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, cuya revocación interesa por derivar de la pretendida absolución o por la incorrecta cuantificación del perjuicio.

La resolución del motivo exige, por tanto, abordar en primer término si los hechos son o no constitutivos de delito de estafa; en segundo lugar, el grado de participación atribuible a D. Darío; y, finalmente, la responsabilidad civil derivada de los hechos.

7.1) Sobre la naturaleza penal o civil de los hechos

Lo primero que procede es rechazar la tesis defensiva de que los hechos carecen de relevancia penal y se reducen a una mera controversia de naturaleza civil. De los hechos declarados probados se desprende, por el contrario, la concurrencia de los elementos típicos del delito de estafa, en la medida en que el acusado y su pareja (fallecida) aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad de la víctima (persona muy primaria, dependiente, polimedicado y con deterioro cognitivo) idearon un plan dirigido a obtener un desplazamiento patrimonial en su favor mediante la simulación de una relación de cuidado y asistencia.

Además, tampoco ha quedado acreditada, en modo alguno, la existencia de esa supuesta relación de convivencia o de ayuda consentida que pretende invocarse en defensa de la licitud civil de los hechos. Antes al contrario, la víctima ya convivía con su hermano y con la esposa de este, siendo precisamente el cuñado de aquel, es decir, el hermano de su esposa, quien lo sacó de ese domicilio y se lo llevó al suyo. Por tanto, no puede afirmarse una relación asistencial libremente aceptada que desnaturalice la conducta enjuiciada.

La actuación desplegada se materializó en diversas disposiciones de dinero con cargo a las cuentas bancarias de la víctima y en la concertación de un préstamo cuyo importe tampoco fue reintegrado. No se trata, por tanto, de un simple incumplimiento de obligaciones derivadas de una relación de convivencia o ayuda, sino de una actuación precedida de un engaño bastante, para provocar error en la víctima y determinar la realización de un acto de disposición patrimonial, con el consiguiente prejuicio económico. La circunstancia de que algunas retiradas dinero en efectivo fueran realizadas por la propia víctima a petición del acusado no desvirtúa la naturaleza penal de la conducta, pues, según el relato fáctico, tales actos se llevaron a cabo precisamente como consecuencia del aprovechamiento fraudulento de su delicada situación personal y mental.

El propio acusado manifestó en el acto del Juicio oral, al ser preguntado por la Fiscal si es posible que hubiera dicho a la policía que cogió el dinero de la cuenta porque en otro caso lo iba a coger otra persona, que no lo recordaba porque fue hace cuatro años, pero que «puede ser».(18:38). Efectivamente, consta en el atestado de la guardia civil (acontecimiento número 35, folio 8 DPA 228/2020)) en su declaración ante la guardia civil que manifestó que: «cogió el dinero de la cuenta porque sino lo iba a coger otra persona».

En suma, los hechos no pueden quedar reconducidos al ámbito civil, al apreciarse una actuación dolosa y planificada para la obtención de un lucro, plenamente incardinarle en el delito de estafa.

A juicio de esta Sala, la resolución recurrida razona correctamente, en su fundamento de derecho quinto, la subsunción de los hechos en la modalidad agravada del delito de estafa, y en el fundamento de derecho cuarto se efectúa la valoración de la prueba, que damos aquí por reproducida en aras de la brevedad.

7.2) Sobre el grado de participación en los hechos de D. Darío

En cuanto a la alegada falta de individualización de la participación de cada uno de los acusados, tampoco puede prosperar dicho motivo. No nos hallamos ante actuaciones autónomas y desconectadas entre sí, sino ante una conducta conjunta desarrolla en ejecución de un plan previamente concebido y asumido por ambos, por D. Darío y su pareja fallecida, dirigido a aprovechar la situación de vulnerabilidad de la víctima para obtener un beneficio patrimonial ilícito. En este contexto, la exigencia de una minuciosa separación de cada una de las aportaciones carece de sentido cuando la sentencia declara correctamente probada una actuación coordinada, con reparto funcional de papeles, orientada a la consecución de un mismo resultado delictivo.

Así, consta y ha sido expuesto de forma clara en la resolución que se recurre y se ha podido constatar por esta Sala con el visionado del acto del juicio oral y del expediente digital, que fue D. Darío quien se desplazó al domicilio donde residía la víctima con su hermano y la esposa de este para llevarla a su propio domicilio, desde donde se desarrollaron después las disposiciones patrimoniales y la gestión del préstamo. Asimismo, la sentencia razona que las extracciones de dinero efectuadas por la víctima lo fueron, en todo caso, a instancia del acusado, quien se aprovechó de su estado personal y mental en concierto con la fallecida. La versión exculpatoria del acusado, que pretende desvincularse de los hechos atribuyéndoselos a su pareja fallecida ha quedado desmentida por la prueba practicada. Además de las sumas de dinero extraídas, nos encontramos con la petición de un préstamo firmado electrónicamente por D. Sergio, quien no tenía ni ordenador ni móvil. Se trata de un préstamo de una cuantía de 6630 euros que no ha sido devuelto y que el propio acusado reconoció que se había solicitado con el fin de que se destinara a que D. Sergio comiera (a partir del minuto 19:11). Dicho préstamo consta que fue solicitado on liney no directamente en el banco como señaló D. Darío. Al respecto D. Sergio dijo no saber nada del mismo, afirmando que lo pidieron ellos, que lo quisieron ellos (acto juicio oral a partir 1:01:36) señalando también, respecto del dinero, que iba con ellos a sacar dinero al banco, que eran ellos los que le decían lo que había que sacar (1:03:09); aludiendo claramente con «ellos» tanto a la fallecida como a D. Darío. Señaló también D. Sergio que nunca ha pedido nada a través de ordenador (1:02:34) y que iba al banco obligado (1:07:00). No resulta creíble, en fin, que dicha suma se destinara simplemente a comer, no solo por la entidad del importe, sino también poque el préstamo no fue devuelto ni existe una justificación razonable de su empleo, lo que evidencia un claro ánimo defraudatorio en el que intervino D. Darío.

Por tanto, la falta de una descripción pormenorizada y aislada de cada aportación no excluye la responsabilidad penal, pues la prueba practicada permite afirmar la existencia de una coautoría, entendida como la actuación conjunta y consciente en ejecución de un plan delictivo. Insistimos en que fue D. Darío el que acudió al domicilio en el que residía la víctima, la llevó a su casa y participó en la operativa destinada a obtener el beneficio patrimonial. Su conducta no fue periférica ni meramente auxiliar sino integrante del núcleo del plan defraudatorio, con aportación objetiva y causal suficiente para afirmar el dominio del hecho y, por tanto, la coautoría.

No cabe, en consecuencia, acoger la invocación genérica del principio de presunción de inocencia ni del principio in dubio pro reo,cuando la sentencia de instancia ofrece una base fáctica suficiente, razonada y no arbitraria para tribuir una intervención conjunta de los hechos.

7.3) Sobre el error en la apreciación de la prueba a la hora de determinar la responsabilidad civil impuesta en sentencia

En cuanto al pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, procede estimar parcialmente la impugnación formulada, en el sentido de depurar el cálculo indemnizatorio para evitar duplicidades, tal y como ha manifestado no solo la parte recurrente sino también la propia Acusación particular.

En efecto, no puede sumarse el importe del préstamo a las cantidades retiradas en efectivo (acontecimientos número 209, 219 y 223 DPA 228/2020), toda vez que dichas disposiciones ya integran el capital del préstamo concertado por importe de 6630 euros, por lo que su inclusión separada supondría una duplicidad resarcitoria respecto del mismo perjuicio. En este caso, el capital del préstamo se ingresó en la cuenta bancaria de la que se extrajeron las cantidades defraudadas (BANCO SANTANDER, IBAN NUM005, excepto la cantidad de 1300 euros que se extrajo de una cuenta del Banco Popular).

Ahora bien, sí debe incluirse el menoscabo adicional derivado de la contratación fraudulenta del préstamo, esto es, la carga financiera asumida por la víctima, representada por la diferencia entre el capital dispuesto y la cantidad total a reintegrar, que asciende a 1674,73 euros (contrato de préstamo, acontecimiento número 195, folio 9 y ss., anexo II., DPA 228/2020).

En consecuencia, la responsabilidad civil debe fijarse sobre las cantidades efectivamente detraídas que no queden absorbidas por el capital del préstamo, añadiendo, además, el perjuicio económico ocasionado por dicho préstamo en cuanto a su coste financiero total, todo ello sin duplicar conceptos.

Así, partiendo de unas cantidades defraudadas por importe de 9641 euros, a las que debe añadirse la carga financiera del préstamo, es decir, 1674,73, la responsabilidad civil asciende a 11315,73 euros, de la que, siguiendo el criterio de la sentencia de instancia, hemos de descontar el gasto propio de D. Sergio cuando vivió con el acusado, es decir, 1940 euros (fundamento de derecho noveno), siendo el resultado de la responsabilidad civil que debe ser abonada 9375,73 euros (más el interés legal del art. 576 CP) .

8) Sobre el error en la aplicación del art. 147.3 CP sobre la persona de D. Pedro Francisco:

El apelante impugna la condena por un delito leve de maltrato de obra. Sostiene que la misma se sustenta exclusivamente en la declaración de la supuesta víctima, sin la necesaria corroboración periférica, destacando la ausencia de práctica de pruebas relevantes y suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sin embargo, esta Sala considera que la valoración realizada por el tribunal sentenciador no puede ser tildada de arbitraria o irracional. En realidad, lo que el recurrente pretende es una nueva valoración de la prueba, interesando que se otorgue prevalencia a la declaración del acusado, quien negó haber empujado a D. Pedro Francisco, afirmando que «no hubo discusión ninguna» y que no le empujó en ningún momento (acto juicio oral a partir del minuto 14:20).

No obstante, conforme a lo expuesto por el tribunal de instancia en el fundamento de Derecho cuarto, la declaración de la víctima ha sido persistente y verosímil y se considera creíble, sin que se hayan podido apreciar móviles de resentimiento o venganza o falsedad para la imputación del hecho al acusado.

La alegación del recurrente relativa a que no se llamó a declarar a la esposa de la víctima, quien seguramente estaba presente, no pasa de ser una mera conjetura que no altera el relato de hechos probados. Del mismo modo, el hecho de que D. Sergio no recordara el enfrentamiento entre su hermano y D. Darío tampoco desvirtúa la prueba practicada, pues, como se ha comprobado a través del visionado del acto del juico oral, dicho testigo tampoco recuerda otros extremos que han resultado acreditados, tales como la visita de los trabajadores sociales a su domicilio o su estancia hospitalaria por lesiones en un oído.

En el acto del juicio oral afirmó (a partir del minuto 43:14) que él no quería que Sergio se fuera, que Darío llegó y se llevó a Sergio y lo empujó a él, echándole para atrás, para lograr su objetivo.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la jurisprudencia a la que ya se ha hecho referencia sobre la suficiencia de la declaración de la víctima, cumpliéndose los requisitos necesarios, esta Sala considera correcta la valoración probatoria efectuada por el tribunal sentenciador.

El motivo, por tanto, debe ser desestimado.

TERCERO: COSTAS

La estimación parcial del recurso determina que no se haga especial mención de las costas causadas en ninguna de las dos instancias.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1.-Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 22 de octubre de 2025, por la Audiencia Provincial de León (Sección 3ª), en la que se condena a D. Darío, por un lado, como autor de un delito leve de maltrato de obra del art. 147.3 CP -causado a Pedro Francisco- concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de cuarenta días de multa (40 días) con cuota diaria de seis euros (6 euros) con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y, por otro, como autor de un delito continuado de estafa del art. 248 en relación con el art. 250 1 6º CP, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de tres años y ocho meses (3 años y 8 meses) de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de nueve meses y un día (9 meses y 1 día) con cuota diaria de dos euros (2 euros) con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. En concepto de responsabilidad civil el acusado, D. Darío, deberá indemnizar a D. Sergio en catorce mil trescientos treinta y un euro (14.331 euros) más el interés legal del art. 576 LEC. Las costas se imponen al condenado -que incluyen las de la acusación particular si bien solo por los delitos objeto de condena-.

Interpone, contra dicho pronunciamiento, recurso de apelación el condenado, que alega, cuatro motivos de impugnación. En primer lugar, quebrantamiento de normas y garantías procesales, con denuncia de vulneración de los arts. 741 y ss. LEcrim. en relación con las reglas de valoración de la prueba y del principio de presunción de inocencia del art. 24 CE; en segundo lugar, error en la valoración de la prueba y quebrantamiento de normas y garantías procesales, así como error en la aplicación del art. 248 en relación con el art. 250.1. 6º CP; en tercer lugar, error en la apreciación de la prueba, arts. 109 y ss. CP, a la hora de determinar la responsabilidad civil impuesta en la sentencia; y, finalmente, error en la valoración de la prueba e infracción del art. 147.3 CP, en cuanto a la condena por un delito de maltrato de obra sobre la persona de D. Pedro Francisco.

SEGUNDO: ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, E INFRACCIÓN DE NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1) El recurso de apelación se articula,en síntesis, sobre la base de la existencia de un error en la valoración de la prueba, con vulneración de las normas que rigen su apreciación y del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, al entender la parte recurrente que los hechos declarados probados en la sentencia, en lo relativo a la participación del acusado en las disposiciones de dinero efectuadas en las cuentas del perjudicado y en la gestión del préstamo bancario, carecen de suficiente soporte probatorio, habiéndose construido la condena sobre meros indicios sin la necesaria individualización de la conducta atribuible a cada uno de los inicialmente acusados, lo que impide determinar con certeza la autoría o grado de participación de aquel, debiendo en todo caso resolverse la duda mediante la aplicación del principio in dubio pro reo.

Asimismo, se denuncia la indebida aplicación de los artículos 248 y 250 del Código Penal, al sostenerse que los hechos no son constitutivos de un delito de estafa, sino que responden, en su caso, a una relación de naturaleza civil derivada de un acuerdo de convivencia y cuidados con contraprestación económica, sin que concurra el elemento del engaño previo o concurrente exigido por el tipo penal, sino, a lo sumo, un eventual incumplimiento posterior carente de relevancia penal, en atención al principio de intervención mínima del Derecho penal.

Igualmente, se impugna el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil, interesando su revocación como consecuencia de la pretendida absolución y, subsidiariamente, cuestionando la cuantía fijada por considerarla errónea o insuficientemente justificada, al apreciarse una posible duplicidad en el cómputo de determinadas cantidades derivadas del préstamo y de las disposiciones efectuadas con cargo al mismo.

Por último, se combate la condena por delito leve de maltrato de obra, al estimarse que la misma se sustenta exclusivamente en la declaración de la supuesta víctima sin la necesaria corroboración periférica, destacándose la ausencia de práctica de pruebas relevantes y suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, lo que, a juicio de la parte recurrente, determina igualmente la procedencia de su absolución por este extremo.

2) En cuanto a la impugnación formulada por la acusación particular,se interesa la íntegra desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación del acusado y la confirmación de la sentencia recurrida, al considerar que la misma es plenamente ajustada a Derecho. A tal efecto, se rechaza la alegación relativa a la vulneración de las normas sobre valoración de la prueba y del derecho a la presunción de inocencia, sosteniendo que la resolución de instancia contiene una valoración probatoria suficiente, racional y debidamente motivada, sin que el recurrente haya acreditado la existencia de falta de lógica o arbitrariedad alguna, limitándose a oponer una interpretación subjetiva de la prueba frente a la efectuada por el órgano sentenciador, a quien corresponde en exclusiva la apreciación de la prueba practicada con inmediación. En este sentido, se defiende la existencia de prueba de cargo bastante para acreditar la participación del acusado en los hechos, destacando tanto la declaración de la víctima, que describe una situación de control, coacción y aprovechamiento de su vulnerabilidad, como la propia declaración del acusado y los múltiples indicios concurrentes, de los que resulta la existencia de un acuerdo entre éste y su pareja para llevar a cabo las disposiciones patrimoniales, configurando un supuesto de coautoría con dominio funcional del hecho.

Asimismo, se rechaza la alegación relativa a la indebida calificación jurídica de los hechos, sosteniendo que concurre el delito continuado de estafa, al existir un engaño bastante basado en el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, persona de avanzada edad y con deterioro cognitivo, así como en la realización de maniobras como la apertura de cuentas, la obtención de firma digital y la contratación de un préstamo sin su conocimiento real, lo que determina un desplazamiento patrimonial viciado en su consentimiento. Igualmente, se considera correcta la aplicación del subtipo agravado por abuso de relaciones personales, dada la relación de proximidad y confianza existente entre el acusado y la víctima.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, se admite parcialmente la alegación del recurrente en cuanto a la improcedencia de computar conjuntamente el capital del préstamo y las cantidades posteriormente extraídas de la cuenta en la que aquél se ingresó, si bien se sostiene que deben incluirse los perjuicios derivados de los intereses generados por dicho préstamo, fijando así una cuantía total inferior a la establecida en sentencia, pero superior a la postulada por la defensa.

Finalmente, se interesa la confirmación de la condena por el delito leve de maltrato de obra, al considerar que la declaración de la víctima resulta suficiente y verosímil, no apreciándose error en la valoración probatoria ni insuficiencia de prueba de cargo.

3) Por su parte, el Ministerio Fiscal impugna igualmente el recursode apelación interesando su desestimación, al considerar que la sentencia recurrida se encuentra debidamente fundada en Derecho. En relación con la alegada vulneración de la presunción de inocencia, sostiene que la resolución contiene una detallada y razonada valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral, con respeto a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, existiendo prueba de cargo suficiente, válida y de signo inequívocamente incriminatorio, tanto de carácter personal como documental. En particular, destaca la declaración de la víctima, corroborada por otros testimonios y por la documentación bancaria obrante en autos, así como por las propias manifestaciones iniciales del acusado, de las que se desprende su participación en los hechos enjuiciados.

Asimismo, el Ministerio Fiscal considera correctamente fijada la responsabilidad civil en la sentencia, remitiéndose a la fundamentación contenida en la misma, y concluye interesando la íntegra desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución recurrida en todos sus extremos.

4)Como se observa, los motivos presentan una evidente conexión, ya que todos se proyectan sobre la corrección del juicio fáctico efectuado por el tribunal de instancia. Por tal razón van a ser objeto de examen en este Fundamento de Derecho referido al error en la valoración de la prueba y al principio de presunción de inocencia, sin perjuicio de que, dentro de este análisis, se aborden separadamente las concretas objeciones, sobre todo las referidas a la subsunción de los hechos en los arts. 248 en relación con 250.1 6º y en el art. 147.2 CP.

5)Conviene recordar que el derecho a la presunción de inocencia,recogido en el artículo 24 de la Constitución Española y en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada y proclamada por la 183ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948), 6.2 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley.

Este derecho fundamental se vulnerará cuando se dicte sentencia condenatoria con ausencia de prueba, pero no en aquellos casos en que se haya reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales. De dicha presunción de inocencia deriva el principio in dubio pro reo,que se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de la prueba.

El derecho constitucional a la presunción de inocencia -ya desde la STC 113/1981- determina que en el proceso penal la carga de la prueba pese sobre la acusación, no pudiendo ser nadie condenado mientras no se aporten al mismo pruebas suficientes de su culpabilidad, desenvolviendo su eficacia cuando existe esa falta absoluta de acervo probatorio o cuando las pruebas practicadas no reúnen las más mínimas garantías procesales ( STC 133/1994, de 9 de mayo).

Y es que, tal y como sostiene una pacífica Jurisprudencia, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iterdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado ( SSTC 133/1994, de 9 de mayo; 189/1998, de 28 de septiembre; 135/2003, de 30 de junio; 137/2005, de 23 de mayo; y 229/2003, de 18 de diciembre).

Esto es, de acuerdo con la dicción empleada por la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, no es sino una garantía por la que se viene a presumir la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

6)En lo que respecta al posible error en la valoración de la prueba,la jurisprudencia ha reiterado que el tribunal de apelación no debe limitarse a revalorar la prueba ya examinada por el órgano de instancia, sino revisar críticamente su valoración, corrigiéndola cuando aprecie error, pero siempre respetando aquellos aspectos vinculados a la inmediación y motivando adecuadamente cualquier cambio. Así lo establece, entre otras, la STC 17/2000, de 31 de enero, y la STS de 4 de noviembre de 2021.

Solo cuando exista arbitrariedad o irracionalidad en la valoración probatoria del tribunal de instancia puede la Sala de apelación sustituir dicha valoración, sin convertir el recurso en una nueva instancia de enjuiciamiento.

No obstante, la doctrina más reciente reconoce que, gracias a los nuevos medios de documentación de las actuaciones, la inmediación es ahora en buena parte accesible también al tribunal ad quem.La STS 136/2022, de 17 de febrero, lo confirma expresamente, declarando que en recursos contra sentencias condenatorias el tribunal de apelación tiene plenas facultades revisoras, tanto fácticas como jurídicas, debiendo verificar si la prueba practicada permite enervar la presunción de inocencia. Subraya que este es el verdadero sentido de la doble instancia penal, como garantía del derecho al recurso y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) .

En esta línea, se critica el uso indebido de criterios restrictivos basados en la STC 167/2002, recordando la STC 184/2013 que todo condenado tiene derecho a que un tribunal superior revise tanto la culpabilidad como la pena impuesta. La no inmediación no puede invocarse como límite, ya que esta es solo una vía de acceso a la prueba, no un blindaje que impida el control de la sentencia por parte del tribunal superior. Esto cobra especial relevancia en donde la prueba clave fue una grabación, accesible en igualdad de condiciones por ambas instancias. En este sentido, cabe destacar también nuestra reciente STSJCyL 47/2025, de 20 de mayo.

7) Sobre el alegado error en la aplicación del delito de estafa:

El error en la apreciación del delito de estafa lo desglosa el recurrente en tres objeciones principales: de un lado, la falta de acreditación suficiente de la concreta participación del acusado y de su pareja (fallecida) en los hechos, por la insuficiente individualización de su conducta; de otro, indebida aplicación de los arts. 248 y 250. 1. 6º CP, al sostener que los hechos responderían a una relación de naturaleza civil y no a un delito de estafa; y, por último, sobre la impugnación del pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, cuya revocación interesa por derivar de la pretendida absolución o por la incorrecta cuantificación del perjuicio.

La resolución del motivo exige, por tanto, abordar en primer término si los hechos son o no constitutivos de delito de estafa; en segundo lugar, el grado de participación atribuible a D. Darío; y, finalmente, la responsabilidad civil derivada de los hechos.

7.1) Sobre la naturaleza penal o civil de los hechos

Lo primero que procede es rechazar la tesis defensiva de que los hechos carecen de relevancia penal y se reducen a una mera controversia de naturaleza civil. De los hechos declarados probados se desprende, por el contrario, la concurrencia de los elementos típicos del delito de estafa, en la medida en que el acusado y su pareja (fallecida) aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad de la víctima (persona muy primaria, dependiente, polimedicado y con deterioro cognitivo) idearon un plan dirigido a obtener un desplazamiento patrimonial en su favor mediante la simulación de una relación de cuidado y asistencia.

Además, tampoco ha quedado acreditada, en modo alguno, la existencia de esa supuesta relación de convivencia o de ayuda consentida que pretende invocarse en defensa de la licitud civil de los hechos. Antes al contrario, la víctima ya convivía con su hermano y con la esposa de este, siendo precisamente el cuñado de aquel, es decir, el hermano de su esposa, quien lo sacó de ese domicilio y se lo llevó al suyo. Por tanto, no puede afirmarse una relación asistencial libremente aceptada que desnaturalice la conducta enjuiciada.

La actuación desplegada se materializó en diversas disposiciones de dinero con cargo a las cuentas bancarias de la víctima y en la concertación de un préstamo cuyo importe tampoco fue reintegrado. No se trata, por tanto, de un simple incumplimiento de obligaciones derivadas de una relación de convivencia o ayuda, sino de una actuación precedida de un engaño bastante, para provocar error en la víctima y determinar la realización de un acto de disposición patrimonial, con el consiguiente prejuicio económico. La circunstancia de que algunas retiradas dinero en efectivo fueran realizadas por la propia víctima a petición del acusado no desvirtúa la naturaleza penal de la conducta, pues, según el relato fáctico, tales actos se llevaron a cabo precisamente como consecuencia del aprovechamiento fraudulento de su delicada situación personal y mental.

El propio acusado manifestó en el acto del Juicio oral, al ser preguntado por la Fiscal si es posible que hubiera dicho a la policía que cogió el dinero de la cuenta porque en otro caso lo iba a coger otra persona, que no lo recordaba porque fue hace cuatro años, pero que «puede ser».(18:38). Efectivamente, consta en el atestado de la guardia civil (acontecimiento número 35, folio 8 DPA 228/2020)) en su declaración ante la guardia civil que manifestó que: «cogió el dinero de la cuenta porque sino lo iba a coger otra persona».

En suma, los hechos no pueden quedar reconducidos al ámbito civil, al apreciarse una actuación dolosa y planificada para la obtención de un lucro, plenamente incardinarle en el delito de estafa.

A juicio de esta Sala, la resolución recurrida razona correctamente, en su fundamento de derecho quinto, la subsunción de los hechos en la modalidad agravada del delito de estafa, y en el fundamento de derecho cuarto se efectúa la valoración de la prueba, que damos aquí por reproducida en aras de la brevedad.

7.2) Sobre el grado de participación en los hechos de D. Darío

En cuanto a la alegada falta de individualización de la participación de cada uno de los acusados, tampoco puede prosperar dicho motivo. No nos hallamos ante actuaciones autónomas y desconectadas entre sí, sino ante una conducta conjunta desarrolla en ejecución de un plan previamente concebido y asumido por ambos, por D. Darío y su pareja fallecida, dirigido a aprovechar la situación de vulnerabilidad de la víctima para obtener un beneficio patrimonial ilícito. En este contexto, la exigencia de una minuciosa separación de cada una de las aportaciones carece de sentido cuando la sentencia declara correctamente probada una actuación coordinada, con reparto funcional de papeles, orientada a la consecución de un mismo resultado delictivo.

Así, consta y ha sido expuesto de forma clara en la resolución que se recurre y se ha podido constatar por esta Sala con el visionado del acto del juicio oral y del expediente digital, que fue D. Darío quien se desplazó al domicilio donde residía la víctima con su hermano y la esposa de este para llevarla a su propio domicilio, desde donde se desarrollaron después las disposiciones patrimoniales y la gestión del préstamo. Asimismo, la sentencia razona que las extracciones de dinero efectuadas por la víctima lo fueron, en todo caso, a instancia del acusado, quien se aprovechó de su estado personal y mental en concierto con la fallecida. La versión exculpatoria del acusado, que pretende desvincularse de los hechos atribuyéndoselos a su pareja fallecida ha quedado desmentida por la prueba practicada. Además de las sumas de dinero extraídas, nos encontramos con la petición de un préstamo firmado electrónicamente por D. Sergio, quien no tenía ni ordenador ni móvil. Se trata de un préstamo de una cuantía de 6630 euros que no ha sido devuelto y que el propio acusado reconoció que se había solicitado con el fin de que se destinara a que D. Sergio comiera (a partir del minuto 19:11). Dicho préstamo consta que fue solicitado on liney no directamente en el banco como señaló D. Darío. Al respecto D. Sergio dijo no saber nada del mismo, afirmando que lo pidieron ellos, que lo quisieron ellos (acto juicio oral a partir 1:01:36) señalando también, respecto del dinero, que iba con ellos a sacar dinero al banco, que eran ellos los que le decían lo que había que sacar (1:03:09); aludiendo claramente con «ellos» tanto a la fallecida como a D. Darío. Señaló también D. Sergio que nunca ha pedido nada a través de ordenador (1:02:34) y que iba al banco obligado (1:07:00). No resulta creíble, en fin, que dicha suma se destinara simplemente a comer, no solo por la entidad del importe, sino también poque el préstamo no fue devuelto ni existe una justificación razonable de su empleo, lo que evidencia un claro ánimo defraudatorio en el que intervino D. Darío.

Por tanto, la falta de una descripción pormenorizada y aislada de cada aportación no excluye la responsabilidad penal, pues la prueba practicada permite afirmar la existencia de una coautoría, entendida como la actuación conjunta y consciente en ejecución de un plan delictivo. Insistimos en que fue D. Darío el que acudió al domicilio en el que residía la víctima, la llevó a su casa y participó en la operativa destinada a obtener el beneficio patrimonial. Su conducta no fue periférica ni meramente auxiliar sino integrante del núcleo del plan defraudatorio, con aportación objetiva y causal suficiente para afirmar el dominio del hecho y, por tanto, la coautoría.

No cabe, en consecuencia, acoger la invocación genérica del principio de presunción de inocencia ni del principio in dubio pro reo,cuando la sentencia de instancia ofrece una base fáctica suficiente, razonada y no arbitraria para tribuir una intervención conjunta de los hechos.

7.3) Sobre el error en la apreciación de la prueba a la hora de determinar la responsabilidad civil impuesta en sentencia

En cuanto al pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, procede estimar parcialmente la impugnación formulada, en el sentido de depurar el cálculo indemnizatorio para evitar duplicidades, tal y como ha manifestado no solo la parte recurrente sino también la propia Acusación particular.

En efecto, no puede sumarse el importe del préstamo a las cantidades retiradas en efectivo (acontecimientos número 209, 219 y 223 DPA 228/2020), toda vez que dichas disposiciones ya integran el capital del préstamo concertado por importe de 6630 euros, por lo que su inclusión separada supondría una duplicidad resarcitoria respecto del mismo perjuicio. En este caso, el capital del préstamo se ingresó en la cuenta bancaria de la que se extrajeron las cantidades defraudadas (BANCO SANTANDER, IBAN NUM005, excepto la cantidad de 1300 euros que se extrajo de una cuenta del Banco Popular).

Ahora bien, sí debe incluirse el menoscabo adicional derivado de la contratación fraudulenta del préstamo, esto es, la carga financiera asumida por la víctima, representada por la diferencia entre el capital dispuesto y la cantidad total a reintegrar, que asciende a 1674,73 euros (contrato de préstamo, acontecimiento número 195, folio 9 y ss., anexo II., DPA 228/2020).

En consecuencia, la responsabilidad civil debe fijarse sobre las cantidades efectivamente detraídas que no queden absorbidas por el capital del préstamo, añadiendo, además, el perjuicio económico ocasionado por dicho préstamo en cuanto a su coste financiero total, todo ello sin duplicar conceptos.

Así, partiendo de unas cantidades defraudadas por importe de 9641 euros, a las que debe añadirse la carga financiera del préstamo, es decir, 1674,73, la responsabilidad civil asciende a 11315,73 euros, de la que, siguiendo el criterio de la sentencia de instancia, hemos de descontar el gasto propio de D. Sergio cuando vivió con el acusado, es decir, 1940 euros (fundamento de derecho noveno), siendo el resultado de la responsabilidad civil que debe ser abonada 9375,73 euros (más el interés legal del art. 576 CP) .

8) Sobre el error en la aplicación del art. 147.3 CP sobre la persona de D. Pedro Francisco:

El apelante impugna la condena por un delito leve de maltrato de obra. Sostiene que la misma se sustenta exclusivamente en la declaración de la supuesta víctima, sin la necesaria corroboración periférica, destacando la ausencia de práctica de pruebas relevantes y suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sin embargo, esta Sala considera que la valoración realizada por el tribunal sentenciador no puede ser tildada de arbitraria o irracional. En realidad, lo que el recurrente pretende es una nueva valoración de la prueba, interesando que se otorgue prevalencia a la declaración del acusado, quien negó haber empujado a D. Pedro Francisco, afirmando que «no hubo discusión ninguna» y que no le empujó en ningún momento (acto juicio oral a partir del minuto 14:20).

No obstante, conforme a lo expuesto por el tribunal de instancia en el fundamento de Derecho cuarto, la declaración de la víctima ha sido persistente y verosímil y se considera creíble, sin que se hayan podido apreciar móviles de resentimiento o venganza o falsedad para la imputación del hecho al acusado.

La alegación del recurrente relativa a que no se llamó a declarar a la esposa de la víctima, quien seguramente estaba presente, no pasa de ser una mera conjetura que no altera el relato de hechos probados. Del mismo modo, el hecho de que D. Sergio no recordara el enfrentamiento entre su hermano y D. Darío tampoco desvirtúa la prueba practicada, pues, como se ha comprobado a través del visionado del acto del juico oral, dicho testigo tampoco recuerda otros extremos que han resultado acreditados, tales como la visita de los trabajadores sociales a su domicilio o su estancia hospitalaria por lesiones en un oído.

En el acto del juicio oral afirmó (a partir del minuto 43:14) que él no quería que Sergio se fuera, que Darío llegó y se llevó a Sergio y lo empujó a él, echándole para atrás, para lograr su objetivo.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la jurisprudencia a la que ya se ha hecho referencia sobre la suficiencia de la declaración de la víctima, cumpliéndose los requisitos necesarios, esta Sala considera correcta la valoración probatoria efectuada por el tribunal sentenciador.

El motivo, por tanto, debe ser desestimado.

TERCERO: COSTAS

La estimación parcial del recurso determina que no se haga especial mención de las costas causadas en ninguna de las dos instancias.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1.-Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 22 de octubre de 2025, por la Audiencia Provincial de León (Sección 3ª), en la que se condena a D. Darío, por un lado, como autor de un delito leve de maltrato de obra del art. 147.3 CP -causado a Pedro Francisco- concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de cuarenta días de multa (40 días) con cuota diaria de seis euros (6 euros) con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y, por otro, como autor de un delito continuado de estafa del art. 248 en relación con el art. 250 1 6º CP, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de tres años y ocho meses (3 años y 8 meses) de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de nueve meses y un día (9 meses y 1 día) con cuota diaria de dos euros (2 euros) con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. En concepto de responsabilidad civil el acusado, D. Darío, deberá indemnizar a D. Sergio en catorce mil trescientos treinta y un euro (14.331 euros) más el interés legal del art. 576 LEC. Las costas se imponen al condenado -que incluyen las de la acusación particular si bien solo por los delitos objeto de condena-.

Interpone, contra dicho pronunciamiento, recurso de apelación el condenado, que alega, cuatro motivos de impugnación. En primer lugar, quebrantamiento de normas y garantías procesales, con denuncia de vulneración de los arts. 741 y ss. LEcrim. en relación con las reglas de valoración de la prueba y del principio de presunción de inocencia del art. 24 CE; en segundo lugar, error en la valoración de la prueba y quebrantamiento de normas y garantías procesales, así como error en la aplicación del art. 248 en relación con el art. 250.1. 6º CP; en tercer lugar, error en la apreciación de la prueba, arts. 109 y ss. CP, a la hora de determinar la responsabilidad civil impuesta en la sentencia; y, finalmente, error en la valoración de la prueba e infracción del art. 147.3 CP, en cuanto a la condena por un delito de maltrato de obra sobre la persona de D. Pedro Francisco.

SEGUNDO: ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, E INFRACCIÓN DE NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1) El recurso de apelación se articula,en síntesis, sobre la base de la existencia de un error en la valoración de la prueba, con vulneración de las normas que rigen su apreciación y del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, al entender la parte recurrente que los hechos declarados probados en la sentencia, en lo relativo a la participación del acusado en las disposiciones de dinero efectuadas en las cuentas del perjudicado y en la gestión del préstamo bancario, carecen de suficiente soporte probatorio, habiéndose construido la condena sobre meros indicios sin la necesaria individualización de la conducta atribuible a cada uno de los inicialmente acusados, lo que impide determinar con certeza la autoría o grado de participación de aquel, debiendo en todo caso resolverse la duda mediante la aplicación del principio in dubio pro reo.

Asimismo, se denuncia la indebida aplicación de los artículos 248 y 250 del Código Penal, al sostenerse que los hechos no son constitutivos de un delito de estafa, sino que responden, en su caso, a una relación de naturaleza civil derivada de un acuerdo de convivencia y cuidados con contraprestación económica, sin que concurra el elemento del engaño previo o concurrente exigido por el tipo penal, sino, a lo sumo, un eventual incumplimiento posterior carente de relevancia penal, en atención al principio de intervención mínima del Derecho penal.

Igualmente, se impugna el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil, interesando su revocación como consecuencia de la pretendida absolución y, subsidiariamente, cuestionando la cuantía fijada por considerarla errónea o insuficientemente justificada, al apreciarse una posible duplicidad en el cómputo de determinadas cantidades derivadas del préstamo y de las disposiciones efectuadas con cargo al mismo.

Por último, se combate la condena por delito leve de maltrato de obra, al estimarse que la misma se sustenta exclusivamente en la declaración de la supuesta víctima sin la necesaria corroboración periférica, destacándose la ausencia de práctica de pruebas relevantes y suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, lo que, a juicio de la parte recurrente, determina igualmente la procedencia de su absolución por este extremo.

2) En cuanto a la impugnación formulada por la acusación particular,se interesa la íntegra desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación del acusado y la confirmación de la sentencia recurrida, al considerar que la misma es plenamente ajustada a Derecho. A tal efecto, se rechaza la alegación relativa a la vulneración de las normas sobre valoración de la prueba y del derecho a la presunción de inocencia, sosteniendo que la resolución de instancia contiene una valoración probatoria suficiente, racional y debidamente motivada, sin que el recurrente haya acreditado la existencia de falta de lógica o arbitrariedad alguna, limitándose a oponer una interpretación subjetiva de la prueba frente a la efectuada por el órgano sentenciador, a quien corresponde en exclusiva la apreciación de la prueba practicada con inmediación. En este sentido, se defiende la existencia de prueba de cargo bastante para acreditar la participación del acusado en los hechos, destacando tanto la declaración de la víctima, que describe una situación de control, coacción y aprovechamiento de su vulnerabilidad, como la propia declaración del acusado y los múltiples indicios concurrentes, de los que resulta la existencia de un acuerdo entre éste y su pareja para llevar a cabo las disposiciones patrimoniales, configurando un supuesto de coautoría con dominio funcional del hecho.

Asimismo, se rechaza la alegación relativa a la indebida calificación jurídica de los hechos, sosteniendo que concurre el delito continuado de estafa, al existir un engaño bastante basado en el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, persona de avanzada edad y con deterioro cognitivo, así como en la realización de maniobras como la apertura de cuentas, la obtención de firma digital y la contratación de un préstamo sin su conocimiento real, lo que determina un desplazamiento patrimonial viciado en su consentimiento. Igualmente, se considera correcta la aplicación del subtipo agravado por abuso de relaciones personales, dada la relación de proximidad y confianza existente entre el acusado y la víctima.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, se admite parcialmente la alegación del recurrente en cuanto a la improcedencia de computar conjuntamente el capital del préstamo y las cantidades posteriormente extraídas de la cuenta en la que aquél se ingresó, si bien se sostiene que deben incluirse los perjuicios derivados de los intereses generados por dicho préstamo, fijando así una cuantía total inferior a la establecida en sentencia, pero superior a la postulada por la defensa.

Finalmente, se interesa la confirmación de la condena por el delito leve de maltrato de obra, al considerar que la declaración de la víctima resulta suficiente y verosímil, no apreciándose error en la valoración probatoria ni insuficiencia de prueba de cargo.

3) Por su parte, el Ministerio Fiscal impugna igualmente el recursode apelación interesando su desestimación, al considerar que la sentencia recurrida se encuentra debidamente fundada en Derecho. En relación con la alegada vulneración de la presunción de inocencia, sostiene que la resolución contiene una detallada y razonada valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral, con respeto a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, existiendo prueba de cargo suficiente, válida y de signo inequívocamente incriminatorio, tanto de carácter personal como documental. En particular, destaca la declaración de la víctima, corroborada por otros testimonios y por la documentación bancaria obrante en autos, así como por las propias manifestaciones iniciales del acusado, de las que se desprende su participación en los hechos enjuiciados.

Asimismo, el Ministerio Fiscal considera correctamente fijada la responsabilidad civil en la sentencia, remitiéndose a la fundamentación contenida en la misma, y concluye interesando la íntegra desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución recurrida en todos sus extremos.

4)Como se observa, los motivos presentan una evidente conexión, ya que todos se proyectan sobre la corrección del juicio fáctico efectuado por el tribunal de instancia. Por tal razón van a ser objeto de examen en este Fundamento de Derecho referido al error en la valoración de la prueba y al principio de presunción de inocencia, sin perjuicio de que, dentro de este análisis, se aborden separadamente las concretas objeciones, sobre todo las referidas a la subsunción de los hechos en los arts. 248 en relación con 250.1 6º y en el art. 147.2 CP.

5)Conviene recordar que el derecho a la presunción de inocencia,recogido en el artículo 24 de la Constitución Española y en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada y proclamada por la 183ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948), 6.2 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley.

Este derecho fundamental se vulnerará cuando se dicte sentencia condenatoria con ausencia de prueba, pero no en aquellos casos en que se haya reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales. De dicha presunción de inocencia deriva el principio in dubio pro reo,que se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de la prueba.

El derecho constitucional a la presunción de inocencia -ya desde la STC 113/1981- determina que en el proceso penal la carga de la prueba pese sobre la acusación, no pudiendo ser nadie condenado mientras no se aporten al mismo pruebas suficientes de su culpabilidad, desenvolviendo su eficacia cuando existe esa falta absoluta de acervo probatorio o cuando las pruebas practicadas no reúnen las más mínimas garantías procesales ( STC 133/1994, de 9 de mayo).

Y es que, tal y como sostiene una pacífica Jurisprudencia, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iterdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado ( SSTC 133/1994, de 9 de mayo; 189/1998, de 28 de septiembre; 135/2003, de 30 de junio; 137/2005, de 23 de mayo; y 229/2003, de 18 de diciembre).

Esto es, de acuerdo con la dicción empleada por la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, no es sino una garantía por la que se viene a presumir la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

6)En lo que respecta al posible error en la valoración de la prueba,la jurisprudencia ha reiterado que el tribunal de apelación no debe limitarse a revalorar la prueba ya examinada por el órgano de instancia, sino revisar críticamente su valoración, corrigiéndola cuando aprecie error, pero siempre respetando aquellos aspectos vinculados a la inmediación y motivando adecuadamente cualquier cambio. Así lo establece, entre otras, la STC 17/2000, de 31 de enero, y la STS de 4 de noviembre de 2021.

Solo cuando exista arbitrariedad o irracionalidad en la valoración probatoria del tribunal de instancia puede la Sala de apelación sustituir dicha valoración, sin convertir el recurso en una nueva instancia de enjuiciamiento.

No obstante, la doctrina más reciente reconoce que, gracias a los nuevos medios de documentación de las actuaciones, la inmediación es ahora en buena parte accesible también al tribunal ad quem.La STS 136/2022, de 17 de febrero, lo confirma expresamente, declarando que en recursos contra sentencias condenatorias el tribunal de apelación tiene plenas facultades revisoras, tanto fácticas como jurídicas, debiendo verificar si la prueba practicada permite enervar la presunción de inocencia. Subraya que este es el verdadero sentido de la doble instancia penal, como garantía del derecho al recurso y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) .

En esta línea, se critica el uso indebido de criterios restrictivos basados en la STC 167/2002, recordando la STC 184/2013 que todo condenado tiene derecho a que un tribunal superior revise tanto la culpabilidad como la pena impuesta. La no inmediación no puede invocarse como límite, ya que esta es solo una vía de acceso a la prueba, no un blindaje que impida el control de la sentencia por parte del tribunal superior. Esto cobra especial relevancia en donde la prueba clave fue una grabación, accesible en igualdad de condiciones por ambas instancias. En este sentido, cabe destacar también nuestra reciente STSJCyL 47/2025, de 20 de mayo.

7) Sobre el alegado error en la aplicación del delito de estafa:

El error en la apreciación del delito de estafa lo desglosa el recurrente en tres objeciones principales: de un lado, la falta de acreditación suficiente de la concreta participación del acusado y de su pareja (fallecida) en los hechos, por la insuficiente individualización de su conducta; de otro, indebida aplicación de los arts. 248 y 250. 1. 6º CP, al sostener que los hechos responderían a una relación de naturaleza civil y no a un delito de estafa; y, por último, sobre la impugnación del pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, cuya revocación interesa por derivar de la pretendida absolución o por la incorrecta cuantificación del perjuicio.

La resolución del motivo exige, por tanto, abordar en primer término si los hechos son o no constitutivos de delito de estafa; en segundo lugar, el grado de participación atribuible a D. Darío; y, finalmente, la responsabilidad civil derivada de los hechos.

7.1) Sobre la naturaleza penal o civil de los hechos

Lo primero que procede es rechazar la tesis defensiva de que los hechos carecen de relevancia penal y se reducen a una mera controversia de naturaleza civil. De los hechos declarados probados se desprende, por el contrario, la concurrencia de los elementos típicos del delito de estafa, en la medida en que el acusado y su pareja (fallecida) aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad de la víctima (persona muy primaria, dependiente, polimedicado y con deterioro cognitivo) idearon un plan dirigido a obtener un desplazamiento patrimonial en su favor mediante la simulación de una relación de cuidado y asistencia.

Además, tampoco ha quedado acreditada, en modo alguno, la existencia de esa supuesta relación de convivencia o de ayuda consentida que pretende invocarse en defensa de la licitud civil de los hechos. Antes al contrario, la víctima ya convivía con su hermano y con la esposa de este, siendo precisamente el cuñado de aquel, es decir, el hermano de su esposa, quien lo sacó de ese domicilio y se lo llevó al suyo. Por tanto, no puede afirmarse una relación asistencial libremente aceptada que desnaturalice la conducta enjuiciada.

La actuación desplegada se materializó en diversas disposiciones de dinero con cargo a las cuentas bancarias de la víctima y en la concertación de un préstamo cuyo importe tampoco fue reintegrado. No se trata, por tanto, de un simple incumplimiento de obligaciones derivadas de una relación de convivencia o ayuda, sino de una actuación precedida de un engaño bastante, para provocar error en la víctima y determinar la realización de un acto de disposición patrimonial, con el consiguiente prejuicio económico. La circunstancia de que algunas retiradas dinero en efectivo fueran realizadas por la propia víctima a petición del acusado no desvirtúa la naturaleza penal de la conducta, pues, según el relato fáctico, tales actos se llevaron a cabo precisamente como consecuencia del aprovechamiento fraudulento de su delicada situación personal y mental.

El propio acusado manifestó en el acto del Juicio oral, al ser preguntado por la Fiscal si es posible que hubiera dicho a la policía que cogió el dinero de la cuenta porque en otro caso lo iba a coger otra persona, que no lo recordaba porque fue hace cuatro años, pero que «puede ser».(18:38). Efectivamente, consta en el atestado de la guardia civil (acontecimiento número 35, folio 8 DPA 228/2020)) en su declaración ante la guardia civil que manifestó que: «cogió el dinero de la cuenta porque sino lo iba a coger otra persona».

En suma, los hechos no pueden quedar reconducidos al ámbito civil, al apreciarse una actuación dolosa y planificada para la obtención de un lucro, plenamente incardinarle en el delito de estafa.

A juicio de esta Sala, la resolución recurrida razona correctamente, en su fundamento de derecho quinto, la subsunción de los hechos en la modalidad agravada del delito de estafa, y en el fundamento de derecho cuarto se efectúa la valoración de la prueba, que damos aquí por reproducida en aras de la brevedad.

7.2) Sobre el grado de participación en los hechos de D. Darío

En cuanto a la alegada falta de individualización de la participación de cada uno de los acusados, tampoco puede prosperar dicho motivo. No nos hallamos ante actuaciones autónomas y desconectadas entre sí, sino ante una conducta conjunta desarrolla en ejecución de un plan previamente concebido y asumido por ambos, por D. Darío y su pareja fallecida, dirigido a aprovechar la situación de vulnerabilidad de la víctima para obtener un beneficio patrimonial ilícito. En este contexto, la exigencia de una minuciosa separación de cada una de las aportaciones carece de sentido cuando la sentencia declara correctamente probada una actuación coordinada, con reparto funcional de papeles, orientada a la consecución de un mismo resultado delictivo.

Así, consta y ha sido expuesto de forma clara en la resolución que se recurre y se ha podido constatar por esta Sala con el visionado del acto del juicio oral y del expediente digital, que fue D. Darío quien se desplazó al domicilio donde residía la víctima con su hermano y la esposa de este para llevarla a su propio domicilio, desde donde se desarrollaron después las disposiciones patrimoniales y la gestión del préstamo. Asimismo, la sentencia razona que las extracciones de dinero efectuadas por la víctima lo fueron, en todo caso, a instancia del acusado, quien se aprovechó de su estado personal y mental en concierto con la fallecida. La versión exculpatoria del acusado, que pretende desvincularse de los hechos atribuyéndoselos a su pareja fallecida ha quedado desmentida por la prueba practicada. Además de las sumas de dinero extraídas, nos encontramos con la petición de un préstamo firmado electrónicamente por D. Sergio, quien no tenía ni ordenador ni móvil. Se trata de un préstamo de una cuantía de 6630 euros que no ha sido devuelto y que el propio acusado reconoció que se había solicitado con el fin de que se destinara a que D. Sergio comiera (a partir del minuto 19:11). Dicho préstamo consta que fue solicitado on liney no directamente en el banco como señaló D. Darío. Al respecto D. Sergio dijo no saber nada del mismo, afirmando que lo pidieron ellos, que lo quisieron ellos (acto juicio oral a partir 1:01:36) señalando también, respecto del dinero, que iba con ellos a sacar dinero al banco, que eran ellos los que le decían lo que había que sacar (1:03:09); aludiendo claramente con «ellos» tanto a la fallecida como a D. Darío. Señaló también D. Sergio que nunca ha pedido nada a través de ordenador (1:02:34) y que iba al banco obligado (1:07:00). No resulta creíble, en fin, que dicha suma se destinara simplemente a comer, no solo por la entidad del importe, sino también poque el préstamo no fue devuelto ni existe una justificación razonable de su empleo, lo que evidencia un claro ánimo defraudatorio en el que intervino D. Darío.

Por tanto, la falta de una descripción pormenorizada y aislada de cada aportación no excluye la responsabilidad penal, pues la prueba practicada permite afirmar la existencia de una coautoría, entendida como la actuación conjunta y consciente en ejecución de un plan delictivo. Insistimos en que fue D. Darío el que acudió al domicilio en el que residía la víctima, la llevó a su casa y participó en la operativa destinada a obtener el beneficio patrimonial. Su conducta no fue periférica ni meramente auxiliar sino integrante del núcleo del plan defraudatorio, con aportación objetiva y causal suficiente para afirmar el dominio del hecho y, por tanto, la coautoría.

No cabe, en consecuencia, acoger la invocación genérica del principio de presunción de inocencia ni del principio in dubio pro reo,cuando la sentencia de instancia ofrece una base fáctica suficiente, razonada y no arbitraria para tribuir una intervención conjunta de los hechos.

7.3) Sobre el error en la apreciación de la prueba a la hora de determinar la responsabilidad civil impuesta en sentencia

En cuanto al pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, procede estimar parcialmente la impugnación formulada, en el sentido de depurar el cálculo indemnizatorio para evitar duplicidades, tal y como ha manifestado no solo la parte recurrente sino también la propia Acusación particular.

En efecto, no puede sumarse el importe del préstamo a las cantidades retiradas en efectivo (acontecimientos número 209, 219 y 223 DPA 228/2020), toda vez que dichas disposiciones ya integran el capital del préstamo concertado por importe de 6630 euros, por lo que su inclusión separada supondría una duplicidad resarcitoria respecto del mismo perjuicio. En este caso, el capital del préstamo se ingresó en la cuenta bancaria de la que se extrajeron las cantidades defraudadas (BANCO SANTANDER, IBAN NUM005, excepto la cantidad de 1300 euros que se extrajo de una cuenta del Banco Popular).

Ahora bien, sí debe incluirse el menoscabo adicional derivado de la contratación fraudulenta del préstamo, esto es, la carga financiera asumida por la víctima, representada por la diferencia entre el capital dispuesto y la cantidad total a reintegrar, que asciende a 1674,73 euros (contrato de préstamo, acontecimiento número 195, folio 9 y ss., anexo II., DPA 228/2020).

En consecuencia, la responsabilidad civil debe fijarse sobre las cantidades efectivamente detraídas que no queden absorbidas por el capital del préstamo, añadiendo, además, el perjuicio económico ocasionado por dicho préstamo en cuanto a su coste financiero total, todo ello sin duplicar conceptos.

Así, partiendo de unas cantidades defraudadas por importe de 9641 euros, a las que debe añadirse la carga financiera del préstamo, es decir, 1674,73, la responsabilidad civil asciende a 11315,73 euros, de la que, siguiendo el criterio de la sentencia de instancia, hemos de descontar el gasto propio de D. Sergio cuando vivió con el acusado, es decir, 1940 euros (fundamento de derecho noveno), siendo el resultado de la responsabilidad civil que debe ser abonada 9375,73 euros (más el interés legal del art. 576 CP) .

8) Sobre el error en la aplicación del art. 147.3 CP sobre la persona de D. Pedro Francisco:

El apelante impugna la condena por un delito leve de maltrato de obra. Sostiene que la misma se sustenta exclusivamente en la declaración de la supuesta víctima, sin la necesaria corroboración periférica, destacando la ausencia de práctica de pruebas relevantes y suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sin embargo, esta Sala considera que la valoración realizada por el tribunal sentenciador no puede ser tildada de arbitraria o irracional. En realidad, lo que el recurrente pretende es una nueva valoración de la prueba, interesando que se otorgue prevalencia a la declaración del acusado, quien negó haber empujado a D. Pedro Francisco, afirmando que «no hubo discusión ninguna» y que no le empujó en ningún momento (acto juicio oral a partir del minuto 14:20).

No obstante, conforme a lo expuesto por el tribunal de instancia en el fundamento de Derecho cuarto, la declaración de la víctima ha sido persistente y verosímil y se considera creíble, sin que se hayan podido apreciar móviles de resentimiento o venganza o falsedad para la imputación del hecho al acusado.

La alegación del recurrente relativa a que no se llamó a declarar a la esposa de la víctima, quien seguramente estaba presente, no pasa de ser una mera conjetura que no altera el relato de hechos probados. Del mismo modo, el hecho de que D. Sergio no recordara el enfrentamiento entre su hermano y D. Darío tampoco desvirtúa la prueba practicada, pues, como se ha comprobado a través del visionado del acto del juico oral, dicho testigo tampoco recuerda otros extremos que han resultado acreditados, tales como la visita de los trabajadores sociales a su domicilio o su estancia hospitalaria por lesiones en un oído.

En el acto del juicio oral afirmó (a partir del minuto 43:14) que él no quería que Sergio se fuera, que Darío llegó y se llevó a Sergio y lo empujó a él, echándole para atrás, para lograr su objetivo.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la jurisprudencia a la que ya se ha hecho referencia sobre la suficiencia de la declaración de la víctima, cumpliéndose los requisitos necesarios, esta Sala considera correcta la valoración probatoria efectuada por el tribunal sentenciador.

El motivo, por tanto, debe ser desestimado.

TERCERO: COSTAS

La estimación parcial del recurso determina que no se haga especial mención de las costas causadas en ninguna de las dos instancias.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,