Sentencia Penal 196/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 207/2025 de 04 de junio del 2025

PRIMERO.-El objeto de la impugnación del recurso de apelación de Julio es la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Segunda, referida en los antecedentes.

La sentencia condena al hoy apelante como autor de un delito de agresión sexual, de dos delitos de lesiones en materia de género, de un delito leve de amenazas en materia de género, y de dos delitos leves de daños. De lo cual resultó la imposición de múltiples penas y medidas y la obligación de indemnizar a su víctima, así como la de pagar una porción de las costas.

SEGUNDO.-La representación de la parte apelante entiende que no concurren los elementos de prueba suficientes que permitan desvirtuar su presunción de inocencia.

Analizando las exigencias de persistencia de la incriminación para la credibilidad de los testimonios de la víctima, señala quien apela lo que considera "contradicciones, ampliaciones relevantes no espontáneas, omisiones significativas y cambios sustanciales en su relato" entre lo manifestado en sede policial y en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Por ejemplo, en cuanto al episodio del día 8-3-2022, en sede judicial añade que el apelante le empujó contra la encimera o que la agarró; también añade que hubo eyaculación, al tiempo que se advierten omisiones relevantes, pues en sede policial no mencionó haber remitido una fotografía con lesiones ni haberla ocultado en un pen drive.En sede judicial la testigo alude un añadido episodio grave de octubre de 2021 en el pub "Leos".

La testigo principal "se presenta como persona económicamente independiente y autónoma [...], lo que contradice el perfil típico de una víctima sometida y sin capacidad de reacción [...], afirma haber continuado conviviendo con el denunciado hasta el día de los hechos, a pesar de las reiteradas amenazas".

Es en sede judicial cuando se introduce por primera vez el episodio de febrero de 2022; y la supuesta agresión de agosto o septiembre de 2021 (bofetadas delante de la hija) aparece solo en la declaración judicial.

La parte apelante, con relación al episodio de 8-3-2022, señala "omisión de denuncias previas y antecedentes personales", "inconsistencias económicas y en los daños materiales (existen diferencias en la valoración de los objetos dañados); "diferencias en la identificación de testigos y momentos de presencia de su hija"; "nada se parecía el relato de la víctima en el plenario con la denuncia previa"; "ninguna de sus manifestaciones fue objeto de corroboración periférica relevante". La denunciante no acudió a un centro médico, ha pretendido documentar su dolencia con una única fotografía de un ojo supuestamente morado, lo que no aporta certeza de su autenticidad o del origen. Reconoció haber concertado con su abogado la posibilidad de interponer denuncia antes de que tuvieran lugar los hechos más graves, por lo que adoptó una actitud racional (sic)y premeditada. "La denunciante ya contaba con experiencia previa en procedimientos por violencia de género al haber denunciado anteriormente a su exmarido".

En cuanto a la testigo Graciela -hija de la víctima-, se detectan contradicciones relevantes entre lo manifestado en sede policial y en sede judicial, además de una "progresiva carga emocional"; "su testimonio no responde a una percepción directa e inmediata de los hechos más graves, sino a relatos indirectos trasladados por su madre". En esa línea, ante la Guardia Civil declara que el apelante golpeó a su madre a "modo de bofetada", mientras que en el Juzgado habla de bofetada, rotura de dos móviles, agarre de cuello, golpes con una pesa y destrozos de objetos. En lo tocante a las amenazas, en la segunda declaración incorpora el "yo si quiero os mato". Primero manifestó que tenía miedo y que marchó a casa de los padres de su novio; luego cuenta que se queda una semana completa en casa de su madre para protegerla.

Centrándose la parte apelante en los informes médicos aportados, alega que del informe de 8-3-2022 no se desprende la constatación de lesiones físicas ni menciona una agresión o un contacto sexuales. No existen antecedentes médicos previos por maltrato físico ni psicológico. En cuanto al informe de 9-3-2022 (centro de salud de Almassora), no refleja lesiones funcionales relevantes, sino rasgos inespecíficos y compatibles con múltiples causas no delictivas. No hubo exploración ginecológica en la denunciante, no se detectaron lesiones genitales. En el dictamen médico-forense de 10-3-2022, las lesiones tienen carácter leve, compatibles con el forcejeo o discusión de pareja, "pero no con una agresión sexual".

A continuación la parte apelante pondera la declaración de la testigo Marisol, quien -según alega- se limitó a relatar un episodio puntual acaecido en la tienda de fotocopias refiriendo una situación de tensión, pero sin actos lesivos, amenazas o coacciones. Se trata, por lo tanto, de una interacción aislada, sin contexto (sic),en un ámbito público sin conexión directa con los hechos denunciados, la testigo no pudo escuchar la conversación.

Sostiene la parte apelante que en la testigo principal concurre un motivo de incredibilidad subjetiva, "un posible móvil espurio de resentimiento o venganza": el día 8 de marzo acordó con su abogado cierta planificación previa. Mintió a su propia hija, ocultó la fotografía con la lesión, hizo cálculo o manipulación probatoria. Hace vagas referencias a advertencias de terceros.

Según la parte apelante, la sentencia hace una "indebida inaplicación del art. 178" por "ausencia de violencia o intimidación". Tampoco analizó la posibilidad de aplicar el apartado 4 del precepto.

TERCERO.-La parte apelante entremezcla una formularia y no desarrollada invocación del principio de presunción de inocencia con cuestiones concretas centradas la valoración de determinados medios probatorios. Todo ello prescindiendo de una consideración general de las pruebas practicadas y de la pertinente crítica de la valoración judicial contenida en la sentencia a quo.

Daremos respuesta a las cuestiones planteadas por la parte apelante, no a otras, pues, como debería saberse, a esta Sala de apelación no corresponde la valoración de las pruebas practicadas, ni una valoración general ni la particular, como tampoco debemos una consideración de todas las implicaciones probatorias que suscita la cuestión litigiosa; sino, más limitadamente, escrutar si concurrió una prueba de cargo, lícita y bastante para concluir con la culpabilidad del condenado ("juicio de suficiencia") y si la conclusión de culpabilidad viene respaldada por una valoración probatoria motivada y racional ("juicio de razonabilidad").

No se olvide que el recurso de apelación se configura legalmente, no como una reiteración de determinados episodios de la vista oral, sino como un medio o un remedio frente a la decisión judicial sobre la cuestión penal. Sin que resulte exagerado afirmar que la revisión a concluir en la apelación penal no viene identificada tanto por las actuaciones de la vista oral cuanto por la sentencia de primera instancia; por consiguiente, la impugnación de ésta tiene que venir apoyada con su pertinente crítica y no plantearse como una mera reiteración de los argumentos esgrimidos durante el juicio. De modo que a la parte apelante no le basta con sostener determinado resultado de las diligencias de prueba, antes bien, su impugnación debe identificar y explicar en qué medida la valoración judicial resulta arbitraria, manifiestamente irrazonable o incursa en un patente error de hecho.

Lo anterior resulta especialmente predicable aquí puesto que el escrito de apelación no pasa de un remedo del informe oral sobre las pruebas practicadas en el juicio, ignorándose de forma absoluta los razonamientos probatorios que llevaron al tribunal sentenciador a imponer la condena a quien apela.

Como la invocación de la presunción de inocencia que se hace aquí no pasa de formularia, basta con decir que la condena del hoy apelante y la convicción de culpabilidad del tribunal sentenciador resultó de una actividad probatoria suficiente, revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo legalmente obtenida, y con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, ponderándose expresamente en la sentencia la exculpación ofrecida por el acusado.

Puesto que el grueso de las alegaciones de la parte apelante se dirige contra la imputación del delito de agresión sexual, anotamos que la condena judicial por dicho delito se apoya en un complejo probatorio sólido y suficiente, cuya columna viene dada por las reiteradas declaraciones de la víctima cuya incriminación se corroboró por la documentación médica relativa a lesiones y también por los testimonios de referencia de su hija o de una cliente de la tienda. Todo lo cual ilustró sobradamente acerca de variados episodios de agresividad e intimidación en los que el hoy apelante sometía y humillaba a su pareja.

Recuérdese que en los delitos de agresión o abuso sexual lo habitual es que el autor procure o aproveche situaciones de clandestinidad o reservadas a la intimidad familiar para facilitarse la ejecución y la impunidad; lo que no supone que para enervar la presunción de inocencia el testimonio de la víctima tenga que apuntalarse necesariamente con el de otro testigo presencial; bastando a estos efectos que concurran determinadas notas que corroboren su credibilidad y que se expliquen judicialmente mediando una argumentación razonable. Que es lo que aquí ha ocurrido como se comprobará en los siguientes fundamentos.

Por lo demás, en la sentencia a quose ponderó expresamente la exculpación planteada por el hoy apelante.

Así que descartamos que la condena judicial del apelante haya vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

CUARTO.-Lo que en realidad denuncia la parte apelante es un supuesto error en la valoración judicial de la prueba, ello contraponiendo su propia valoración probatoria. Lo cual, sin poder tacharse de absolutamente impropio, no basta para el éxito del motivo de apelación que requiere asimismo de la carga de argumentar por qué el razonamiento probatorio judicial, tanto en concreto como en su conjunto, debe tacharse de absurdo, ilógico o patentemente equivocado.

Como ya se ha dicho, el tribunal sentenciador apoyó su conclusión inculpatoria sobre todo en el testimonio de la víctima, prueba personal cuya valoración corresponde a dicho tribunal que es el que la hubo percibido de forma directa con vigencia de los principios que rigen la realización del juicio oral, gozando en definitiva de la inmediación que es esencial para llevar a cabo esa tarea. Por ello valorar la credibilidad de la víctima es un apartado difícil en esta segunda instancia, pues no hemos presenciado la prueba, por lo que nuestra función revisora se ha de limitar a valorar la suficiencia de la misma y el sentido de cargo que tiene, así como la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal de instancia ( STS núm. 64/2022, de 27 de enero; con cita STS núm. 625/2010, de 6 de julio).

La sentencia revisada aquí transitó por las pautas tradicionales de valoración del testimonio de la víctima como prueba de cargo principal en los procesos de agresión sexual o abuso sexual; pautas que, como es sobradamente sabido, atienden a la 1º) la persistencia y firmeza del testimonio; 2º) su verosimilitud resultante de la coherencia interna del discurso y de su corroboración con datos periféricos objetivos; y 3º) la ausencia de incredibilidad subjetiva que descarte todo móvil de resentimiento, enfrentamiento o venganza. Sin que deba olvidarse que tales pautas suponen "meros criterios" y "no exhaustivas reglas de valoración" ( STS núm. 288/2016, de 7 de abril, con cita de muchas otras).

Al hilo de las respuestas ofrecidas por la sentencia examinaremos las concretas alegaciones de la parte apelante, como la de que en las declaraciones de la testigo principal se detectan "contradicciones, ampliaciones relevantes no espontáneas, omisiones significativas y cambios sustanciales en su relato". La ponderación de la alegación habrá de tener en cuenta el criterio doctrinal según el cual, a estos efectos de credibilidad del testimonio, la persistencia de la incriminación no impone una mimética y repetitiva reiteración de las declaraciones de víctima. Como es sabido, lo importante es que a lo largo del proceso no se detecten incoherencias esenciales del relato incriminatorio; admitiéndose la virtualidad del testimonio aun cuando en declaraciones posteriores se aprecien aspectos novedosos secundarios, incluso aparentemente contradictorios, siempre que puedan explicarse en atención a posibles limitaciones de la concreta toma de declaración o a rectificaciones razonablemente fundadas. Igualmente tenemos en cuenta que la presunción de inocencia no puede ser invocada con éxito "para cubrir cada episodio, vicisitud, hecho o elemento debatido en el proceso penal, o parcialmente integrante de la resolución final" ( STS 324/2025, de 7 de abril).

Pues bien; si se compara la declaración que en su momento prestó la testigo en sede policial y la que consta ante el Juzgado de Instrucción, propiamente no se dan las contradicciones aducidas; sino, más bien, por un lado, la concreción o explicación en sede judicial de determinados episodios inicialmente denunciados, y, por otro lado, el relato de nuevos hechos de indudable relevancia; sin que ello suponga que la testigo ofreciera versiones antitéticas o incoherentes, sino una progresiva información sobre extremos penalmente relevantes una vez liberada del sometimiento de su agresor y cuando frente a éste se sintió amparada por los poderes públicos.

Lo determinante es que la testigo principal, cuando el juicio oral, reiteró el relato incriminatorio prestado ante el Juzgado de Instrucción; por lo que aquí puede darse por cumplida la pauta de persistencia en la incriminación del testimonio de la víctima, resultando ajustado el razonamiento de la sentencia según el cual la declaración ante el Juzgado instructor "fue muy detallada y descriptiva de los hechos (ff. 94 a 100) a juicio de esta Sala la denunciante no se ha contradicho, sino que ha mantenido siempre esa coherencia de que era el procesado quien la vejaba, amenazaba y le causaba lesiones llegando a agredirla sexualmente".

En el capítulo de las corroboraciones objetivas del relato incriminatorio, las mismas vinieron dadas, primero, por la documentación médica sobre las lesiones leves de la víctima; lesiones que, ciertamente no se detectaron en la zona genital o paragenital; mas sin que el dato acarree una coartada o una duda favorable para el apelante; sino lo contrario, pues las lesiones no son explicables con una razonable versión alternativa a la de que fue el hoy apelante quien las infligió.

Asimismo resulta una corroboración periférica el testimonio de la hija de la víctima aunque no presenciara directamente la agresión sexual o las físicas; pues sí que percibió las amenazas del hoy apelante, o las lesiones, o la desazón de su madre. Recoge la sentencia que la hija "vio actos de violencia hacia su madre; veía como Julio le controlaba el móvil y que se le ha enfrentado tanto a ella como a su madre. Ha escuchado gritos, no sólo en la vivienda, también en la calle le ha montado espectáculos a su madre y ella acudía porque su madre le llamaba para socorrerla. Julio tenía muchos celos. Un día escuchó como una bofetada. Ella se encontraba en la planta superior de la casa y bajó corriendo a la parte baja de la casa. Vio que su madre tenía la cara roja. No lo vio, pero sí lo escuchó. Tenía el ojo morado y su madre le dijo que había sido con una pesa". [...] Después le contó la verdad y había sido por un golpe proporcionado por Julio".

No vemos las contradicciones en el testimonio de la hija que se denuncian en el escrito de apelación, tampoco las concreta la parte apelante; como recoge la sentencia, durante el juicio oral dijo lo mismo que en el Juzgado de Instrucción. Lo cierto es que la testigo relató lo que vio u oyó, nada más (y nada menos), lo cual no supone una contradicción o una incoherencia. Como enseña la STS 126/2023, de 23 de febrero, "la ausencia de otras pruebas posibles no es por sí sola razón para la absolución; ni permite a un Tribunal abstenerse de valorar las que se han puesto a su disposición para constatar si tienen aptitud para desmontar la presunción constitucional de inocencia". Siendo más que razonable que el testimonio de referencia de la hija se ponderara por el tribunal en sentido desfavorable para el apelante y que tampoco le favoreciera el testimonio de la cliente Marisol, quien presenció un incidente entre el apelante y su pareja en la tienda de fotocopias.

Que la víctima dejara pasar un tiempo entre la agresión sexual y la denuncia correspondiente, que después de la agresión mantuviera la convivencia con su agresor e incluso relaciones sexuales con él, en nada afecta a la credibilidad del relato incriminatorio. Sobradamente sabido es que a las víctimas de violencia física o sexual continuada les es dificultoso asirse a instrumentos emocionales y materiales para superar su situación de postración.

En el apartado de posibles causas de incredibilidad subjetiva o de motivaciones espurias en la testigo principal, no lo supone la muy particular opinión de la representación del apelante según la cual la denunciante, por disfrutar de recursos económicos propios, no responde al perfil típico de mujer sometida a malos tratos en el ámbito familiar. Menos supone un motivo de incredibilidad que la testigo, ante la agresión física de su pareja, conservara por los medios que consideró oportunos una imagen suya de las huellas físicas de la agresión; o que asesorada por letrado decidiera una estrategia ante posibles agresiones futuras; o que en un primer momento ocultara a su hija las agresiones sufridas. No hay rastro ni se especifican o explican los supuestos móviles de resentimiento y venganza a que alude la parte apelante en su escrito.

Las circunstancias concomitantes a la agresión sexual (un previo puñetazo en la cara por parte del agresor; un empujón hacia un armario; blandir y acercar una maquinilla de cortar el pelo; la amenaza de "te voy a dejar calva para que nadie te mire y rociaré con ácido"; golpes con un cinturón en piernas y costado; golpes con un zapato) son lo suficientemente expresivas de violencia e intimidación mediales y excluyentes de consentimiento sexual válido. Al tiempo que descartan la postulada aplicación de la figura típica atenuada del apartado 3 del art. 178, redacción LO 10/2022, de 6 de septiembre

En definitiva, rechazamos las alegaciones que la parte apelante plantea en este apartado.

QUINTO.-Centrándose en los otros delitos por los que fue acusado, hacemos reseña de determinadas alegaciones que la parte apelante plantea.

1º) Con respecto al supuesto maltrato habitual del art. 173.2 del CP, alega que "la existencia de uno o varios episodios aislados no permite subsumir los hechos en el tipo penal".

2º) En lo tocante al delito de lesiones por bofetadas del art. 153.1 del CP, según la parte apelante el episodio carece prueba objetiva y la agresión no fue denunciada en su momento.

3º) Del delito leve de daños por lanzar el teléfono ( art. 263.2 CP) no existen testigos, su imputación se basa únicamente en la palabra de la denunciante.

4º) Del delito de lesiones con arma ( art. 153 CP) señala la parte apelante que el relato "presenta inconsistencias" y que "no hay rastro del cuchillo intervenido".

Pues bien; en el escrito de apelación se deducen alegaciones con relación a un delito por el cual el apelante no fue condenado en la sentencia a quo;así ocurre con el reseñado en el apartado 1º), delito de maltrato habitual en el ámbito de género.

Por lo demás, de las lesiones infligidas el día 2-2-2022 sí que existe una prueba de cargo suficiente y razonablemente valorada en la sentencia, siendo lícito que el tribunal sentenciador tuviera como corroboración las fotografías que la propia víctima se hizo de las huellas de la agresión en el ojo. Como igualmente su testimonio es suficiente como prueba cargo sobre los daños leves en el teléfono móvil o por el delito de lesiones del art. 153, ello por las razones que expusimos en los fundamentos segundo y tercero, aun cuando no se localizara el concreto cuchillo que blandió el agresor.

Recapitulando; desestimamos el recurso de apelación de Julio.

SEXTO.-Así pues, confirmamos la sentencia impugnada e imponemos, de existir, el pago de las costas correspondientes a esta alzada a la parte apelante, incluidas las de la acusación particular ( art. 901 LECrim) .