Sentencia Penal 61/2026 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 35/2026 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión.-

A)La Audiencia provincial de Soria entendió en el relato fáctico de la resolución que ahora se recurre que el acusado, sobre las 00:30 horas del día 11 de junio de 2023, entró en el establecimiento "Mesón Castellano", sito en el número 2 de la Plaza Mayor de Soria, donde se encontraba el alcalde de la Ciudad, D. Bernardino y dirigiéndose a él le espetó: "prevaricador", "hijo de puta" y abalanzándose sobre él le propinó un puñetazo en la zona maxilar izquierda y otro que no llegó a impactarle.

Como consecuencia del golpe el agredido sufrió lesiones consistentes en traumatismo superficial, no acudiendo al médico por estos hechos, que tardaron en curar seis días de perjuicio básico según informe forense.

Concluye el relato diciendo que en el momento de los hechos el acusado estaba levemente afectado por el consumo de alcohol.

B)La Audiencia condenó al ahora recurrente como autor de un delito de atentado del artículo 550.1 y 3 del Código Penal a la pena de un año y tres meses de prisión y multa de siete meses con una cuota diaria de quince euros; y como autor de un delito leve de lesiones del artículo 147.2 a la pena de un mes de multa con cuota diaria de quince euros; absolviéndole del delito de injurias por el que venía acusado.

Y en concepto de responsabilidad civil, le condenó a indemnizar al perjudicado en la suma de doscientos cuarenta euros.

Contra dicha sentencia se ha alzado la defensa del acusado esgrimiendo un cúmulo de motivos -hasta trece-, en los que, uniendo argumentos procesales y sustantivos, concluye interesando que se declare la nulidad de lo actuado por haber determinado la competencia objetiva sin audiencia de las partes y por habérsele privado de utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y, subsidiariamente, que se dicte sentencia por la que se absuelva al recurrente de todos los hechos por los que viene acusado o de condena en los términos que expone en su escrito.

SEGUNDO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por determinación de la competencia objetiva sin audiencia de las partes y con infracción del artículo 759 de la LECrim .-

A)En el primero de los motivos se denuncia que, tras haberse dictado por el Juzgado de Instrucción Auto de Apertura del Juicio Oral ante el Juzgado de lo Penal, se modificó la determinación competencial mediante actuaciones que no siguieron los cauces previstos en la legislación procesal y sin audiencia de las partes, con la consiguiente indefensión que ello conlleva, al habérsele privado efectuar alegaciones sobre la perpetuatio iurisdictionis, la extemporaneidad del planteamiento de la competencia, la procedencia del cauce procesal utilizado y la eventual pertinencia de devolver las actuaciones al instructor para subsanar defectos procesales.

B)Es cierto que el Juzgado de Instrucción nº 3 de los de Soria remitió, una vez abierto juicio oral, las actuaciones al Juzgado de lo Penal y que dicho Órgano judicial, corrigiendo dicho error material, lo reenvió a la Audiencia provincial. Pero querer buscar en lo que no fue más que un descuido una declaración de nulidad con la consiguiente retroacción de las actuaciones a dicho momento procesal va en contra de los más elementales principios rectores del proceso penal, entre los que se encuentra el de la economía procesal.

No estamos, pese a lo que entienda el recurrente, ante una cuestión de competencia de las reguladas en el artículo 759 LECrim, que se dice infringido. El Juzgado de lo Penal no rehusó el conocimiento de la causa que se le enviaba. Entendió con buen criterio que la competencia le correspondía a la Audiencia provincial, que es el Órgano para ante el que las propias partes habían presentado sus conclusiones provisionales. Y lo que hizo, por entender que se había incurrido en un simple error material, fue remitir a aquélla el asunto. Además, otra cosa no le era dable hacer por prohibirle el ordinal 2º de dicho precepto promover cuestiones de competencia a la Audiencia respectiva. A lo sumo, debería de haber elevado una exposición razonada, oído el Ministerio Fiscal, exponiendo los argumentos que tuviera para creer que le correspondía el conocimiento del asunto.

Pero de esta omisión no cabe deducir la pretendida nulidad, máxime cuando al final fue remitido el asunto, tal y como querían las propias partes, a quien, en definitiva, le correspondía enjuiciar el asunto.

TERCERO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.-

En el segundo motivo se denuncia la vulneración del derecho a utilizar medios de prueba pertinentes para la defensa debido a la inadmisión al inicio del juicio oral de un documento consistente en una multa de tráfico por alcoholemia impuesta a la pareja del acusado en fecha y hora próximas a los hechos enjuiciados, que demostraría que a las 23:45 horas del día en el que tuvieron lugar aquéllos, el acusado se encontraba en un lugar incompatible con su presencia en el Mesón Castellano de la ciudad de Soria y que padecía una intoxicación etílica con directa incidencia en la posible apreciación de la eximente completa o atenuante muy cualificada de embriaguez.

El motivo debe rechazarse.

La Audiencia inadmitió el documento aduciendo que la cuestión ya había sido resuelta en la audiencia preliminar, que la multa databa de dos años y medio antes del día del juicio y que desde que se dictara Auto con fecha 19 de enero de 2026 -el juicio había sido fijado para el 13 de febrero-, la defensa no había solicitado aclaración alguna de dicha resolución.

Pero esta Sala, para una mayor satisfacción en derecho y para evitar todo atisbo de posible indefensión admitió, con carácter previo a la deliberación del recurso, la prueba documental interesada, por lo que el motivo ha perdido interés.

CUARTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por ausencia del preceptivo Auto de admisión de pruebas.-

En el tercer motivo se denuncia la vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y vulneración del derecho de defensa como consecuencia de la celebración del juicio oral sin que el Tribunal hubiera dictado el preceptivo Auto de admisión o inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes en sus escritos de conclusiones provisionales, tal como impone el artículo 785.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

El motivo debe ser rechazado.

La Audiencia, ya lo dice la sentencia apelada, dictó Auto con fecha 19 de enero resolviendo las cuestiones previas y admitiendo la documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 785.3 LECrim.

QUINTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por la nulidad de las grabaciones por ilicitud probatoria ( art. 11.1 LOPJ ).-

A)El siguiente motivo denuncia la nulidad radical de la totalidad de las grabaciones videográficas incorporadas a las actuaciones, en particular de la grabación correspondiente a la cámara 2 del Mesón Castellano -Visor 53, almacén/salida trasera-, por haber sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, en especial, de los derechos a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos de carácter personal, reconocidos en los artículos 18.1, 18.3 y 18.4 de la Constitución Española.

Aduce el recurrente que la grabación correspondiente a la cámara del almacén/salida trasera del Mesón Castellano -Visor 53- incorpora sonido, registrando conversaciones mantenidas en ese espacio y que dicha circunstancia constituye una injerencia en el secreto de las comunicaciones sin control judicial previo.

Añade que la incorporación de grabaciones de videovigilancia a un proceso penal presupone el cumplimiento de todos los requisitos legales atinentes a la protección de datos y que no consta que el sistema de videovigilancia cumpliese los requisitos del artículo 22 LOPDGDD y del RGPD; que la cesión a las fuerzas de seguridad se ajustase a los cauces de la LO 7/2021; ni que se respetasen las garantías de limitación de finalidad y seguridad de los datos.

Por último, crítica la quiebra de la cadena de custodia desde que se recogieron los vestigios hasta que se concretaron como pruebas en el juicio, por cuanto el atestado policial no recoge actas de recepción individualizadas, verificación de integridad o descripción detallada de cada soporte.

Y anuda, como corolario de todo lo anterior, el efecto reflejo que se desprende de la doctrina del fruto del árbol envenenado, determinante de la nulidad no ya de la prueba originaria, sino de las pruebas posteriores que solamente se han podido obtener gracias a aquélla.

B)El artículo 18. 1 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la intimidad, esto es, el secreto sobre la propia esfera de vida personal, cuyo contenido objetivo es un espacio propio y reservado del que dispone toda persona frente a la acción y el conocimiento de los demás. Ahora bien, como todos los derechos fundamentales -a salvo el derecho a la integridad física- el derecho a la intimidad puede ser limitado cuando se identifiquen necesidades prevalentes de protección de otros derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, y siempre, además, que la limitación esté prevista en la ley y su práctica responda a presupuestos de proporcionalidad y razonabilidad.

Así, en relación con la primera de las protestas que expone el motivo, constituye doctrina pacífica la que afirma que no hay infracción por la mera captación de imágenes en espacios públicos. Dicha diligencia de investigación, por afectar también al círculo más externo del derecho a la vida privada que incluye el derecho a la propia imagen, no reclama como presupuesto habilitante la previa autorización judicial, en los términos precisados en el artículo 588 quinquies a) LECrim ( SSTS 711/2025, de 10 de septiembre y 434/2021, de 20 de mayo).

Y es que, como recuerda la STS 649/2019, de 20 de diciembre, "la doctrina jurisprudencial entiende, con carácter general, que las grabaciones videográficas de imágenes captadas en espacios públicos, a condición de que sean auténticas y de que no estén manipuladas, constituyen un medio de prueba legítimo y válido en el proceso penal -previsto ahora expresamente en el art. 382 Lec y aplicable de forma supletoria conforme a lo dispuesto en el art. 4 Lec , sin que se requiera para su captación la previa autorización judicial. En efecto, nos encontramos con la posibilidad del uso de la prueba documental tecnológica del proceso civil aplicable al proceso penal, como en estos casos se realiza cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recaban del comercio la observación de las imágenes en uso de las facultades investigadoras que se les confiere."( STS 909/2021 de 24 de noviembre de 2021).

C)En relación con la segunda de las denuncias, la STS 457/2025, de 21 de mayo, que analiza un supuesto idéntico al que ahora se somete a nuestra consideración -y en cuyo caso también se había denunciado el incumplimiento de las exigencias impuestas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento General de Protección de datos de la Unión Europea-, sostiene que no se identifica ni inadecuada interpretación ni indebida aplicación de las garantías constitucionales que condicionan, como no podía ser de otra manera, el aprovechamiento de evidencias en el proceso penal y la activación de la regla de exclusión probatoria.

Dicha regla -que como dice la sentencia habita en el proceso- solo puede ponerse en funcionamiento cuando la violación compromete el fin, constitucionalmente significativo, que le presta fundamento. Y este es evitar que, mediante la lesión de derechos fundamentales en la obtención de medios o fuentes de prueba, se busque obtener ventajas injustas, ya sea en el proceso en curso o en el que pueda iniciarse, aprovechándose, precisamente, de dicha lesión.

Y recuerda la doctrina constitucional que afirma que "el específico fin de la regla de exclusión es proteger a los ciudadanos de la violación instrumental de sus derechos fundamentales que ha sido verificada, justamente, para obtener pruebas. Con ello, se protege la integridad del sistema de justicia, la igualdad de las partes y se disuade a los órganos públicos, en particular, a la policía, pero también a los propios particulares, de realizar actos contrarios a los derechos fundamentales con fines de obtener una ventaja probatoria en el proceso"- SSTC 81/1998, 41/1999, 222/2003, 97/2019-.

La no activación de la regla de exclusión probatoria frente a la vulneración de derechos fundamentales por particulares que no pretendían aprovecharse procesalmente de las evidencias o ventajas obtenidas ha sido, también, sostenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contemplando solo, como excepción, un supuesto en el que se aportó como prueba a un proceso por delitos de criminalidad organizada una grabación en la que un acusado, bajo torturas infligidas por integrantes de la organización, reconocía su participación en determinados hechos delictivos - STEDH, caso Cwik c. Polonia, de 5 de febrero de 2021-.

En definitiva y por emplear palabras del Tribunal Constitucional en su STC 97/2019 "cuando no existe una conexión o ligamen entre el acto determinante de la injerencia en el derecho fundamental sustantivo y la obtención de fuentes de prueba, las necesidades de tutela de dicho derecho son ajenas al ámbito procesal y pueden sustanciarse en los procesos penales o civiles directamente tendentes a sancionar, restablecer o resarcir los efectos de la vulneración verificada en aquel".

En el supuesto enjuiciado, el componente preventivo y de seguridad que presta justificación objetiva a la colocación de cámaras en zonas comunes de espacios cerrados al público es suficiente para considerar que el potencial aprovechamiento probatorio de las imágenes así obtenidas pueda comprometer la integridad del proceso.

Hoy día, la utilización de cámaras de seguridad en espacios públicos constituye una moneda de uso común, bien sean éstos calles, jardines, parques o en el interior de establecimientos de ocio y esparcimiento, y el ciudadano es consciente de su existencia y de que esa realidad presta un impagable servicio a la seguridad pública y constituye un valioso mecanismo de prevención del delito y, aún, de investigación del mismo; por lo que efectuado el examen de ponderación con los derechos fundamentales que puede llegar a lesionar, debe entenderse prevalente frente a estos últimos.

Además de ello, y sin perjuicio de que la injerencia denunciada no cabe reputarla grave, el conocimiento que debía tener el recurrente de que en dicho establecimiento público existirían cámaras como las que plasmaron su actuación y que pudieron servir para identificarle, priva al conflicto de cualquier argumento en favor de las tesis de aquél.

D)El último submotivo censura la quiebra de la cadena de custodia desde que se recogieron los vestigios hasta que se concretaron como pruebas en el juicio, por cuanto el atestado policial no recoge actas de recepción individualizadas, verificación de integridad o descripción detallada de cada soporte.

El problema que plantea la cadena de custodia es garantizar que desde que se recogen los vestigios relacionados con el delito, hasta que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio del Tribunal, es lo mismo. Es a través de la cadena de custodia como se satisface la "mismidad" de la prueba.

Y para poder examinar si se ha producido una ruptura relevante de la cadena de custodia -en este caso de las grabaciones videográficas con las que se identificó al agresor- no es suficiente, tal y como sostiene la STS 711/2025, de 10 de septiembre, con el planteamiento de dudas de carácter genérico es necesario que la parte que la cuestione precise en qué momentos, a causa de qué actuaciones y en qué medida se ha producido tal interrupción.

Y lo que hace el recurrente es un cuestionamiento genérico que no desciende al detalle de lo acontecido, por cuanto habla de "ausencia de trazabilidad, integridad y preservación",denunciando que el atestado no recoge actas de recepción individualizadas, no verifica la integridad de las cintas, ni efectúa una descripción detallada del contenido de cada soporte.

El atestado menciona la solicitud de imágenes al Mesón Castellano y a otros establecimientos en una única diligencia, pero el hecho de que no conste un oficio policial individualizado dirigido a cada uno de ellos, ni un acta de recepción individualizada, ni siquiera identifique al entregar al Juzgado los CDs las grabaciones que se contienen en cada uno de ellos, no puede privar de validez a las mismas.

Sólo si las deficiencias formales despiertan serias dudas racionales- STS 129/2015, de 4 de marzo- debería prescindirse de esta fuente de prueba, no por el incumplimiento de algún trámite o diligencia establecida en el protocolo de recepción de muestras y su custodia, sino por quedar cuestionada su autenticidad.

No basta, por tanto, la mera sospecha de la ruptura de la cadena de custodia para declarar la infracción y poder declarar, consiguientemente, la nulidad de la prueba, sino que se requiere la evidencia de dicha ruptura, es decir, que se exige prueba de la existencia de su manipulación efectiva y no la simple posibilidad de ella- STS 709/2013, de 10 de octubre-.

El motivo se desestima.

SEXTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por la nulidad de las diligencias policiales y de investigación practicadas para la identificación del autor.-

A)Se denuncia que el proceso de identificación del autor estuvo viciado desde el inicio por haberse sustentado en grabaciones ilícitas; y que las gestiones indagatorias practicadas y las entrevistas mantenidas con potenciales testigos de los hechos permitieron a los agentes conocer que el autor de los hechos respondería al nombre de " Patricio", ignorando más datos de su identidad, razón por la que se solicitó al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Soria mandamiento dirigido al INE para obtener datos de personas censadas en la provincia de Soria con dicho nombre y nacidas entre los años 1975 y 2005; y que la versión de los testigos sobre el origen del nombre varió de forma significativa.

El motivo se construye sobre la eventual nulidad de las grabaciones videográficas registradas en el establecimiento en el que tuvo lugar la agresión, grabaciones que, según lo razonado anteriormente, gozan de plena validez.

Y no entendemos el ahínco con el que se combate la validez de las grabaciones, por cuanto el visionado de las imágenes proporcionadas por el establecimiento en el que tuvieron lugar los hechos poca luz arroja en orden a conseguir identificar al autor de la agresión padecida por el denunciante, que solamente aparece en una ocasión, ya cuando abandona los baños del restaurante y es conducido a través de una especie de almacén por el camarero del mismo que resultó ser Borja y que le acompaña a la puerta trasera del mismo para evitar males mayores. Y el agresor aparece vestido con una camiseta azul y unos pantalones que pudieran parecer vaqueros, pero siempre aparece de espaldas, no viéndosele en ningún momento la cara.

La cuestión capital que tenemos que dilucidar es, por tanto, si, bien a través de dicha prueba, bien mediante la testifical o cualquier otro mecanismo probatorio, puede quedar acreditado que el que aparece en las imágenes es el ahora acusado. Esto es, si bien mediante algún testigo, bien por aparecer con nitidez en dichas grabaciones, queda probado más allá de toda duda razonable que el acusado se encontraba al tiempo en el que tuvieron lugar los hechos en el Mesón Castellano de la ciudad de Soria y fue, por tanto, el que intervino en la agresión que se le atribuye.

B)El acusado ha declarado a lo largo de todo el proceso que ese día, que tenía lugar la fiesta de Lavalenguas en la ciudad de Soria, fue a la localidad de Valonsadero a primera hora de la mañana permaneciendo durante todo el día en compañía de su novia Camila -en cuyo coche habían viajado- y de dos amigos Arcadio y Armando, y que permanecieron allí hasta las 11 ó 11:30 de la noche, hora en la que cogieron el vehículo para regresar a la capital. Versión que han corroborado tanto Arcadio como Armando en la respectiva testifical que prestaron en el acto del juicio.

Y ha quedado probado que, salvo Arcadio, bebieron todos ellos una gran cantidad de alcohol. Así lo testificaron los acompañantes del acusado, quién declaró en el plenario que al día siguiente tuvo la resaca más grande de su vida y que tuvo que posponer su regreso a Logroño, ciudad en la que reside, hasta dos días después.

También ha quedado probado que en el camino de regreso, a las 23: 45 horas, fue interceptado el vehículo en el que viajaban por una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba efectuando un control de alcoholemia, al que sometieron a la conductora, Camila, que arrojó resultado positivo, tal y como acredita la documental consistente en la denuncia interpuesta por la referida patrulla, control al que no quisieron someterse ni el acusado ni Armando por entender que tampoco sería negativo el resultado y que solamente superó con éxito el citado Arcadio, quien condujo a partir de ese instante el vehículo en el que regresaron a Soria.

Si presumimos, de acuerdo con las reglas del criterio humano, que en dicho trance transcurrirían no menos de quince minutos, que desde Valonsadero a la ciudad de Soria hay alrededor de 15 kilómetros y que al llegar al centro de una ciudad en fiestas resulta complicado aparcar el coche y llegar hasta la Plaza Mayor, que es donde se encuentra el Mesón Castellano, parece poco probable que a las 00:30 horas que es cuando sucedieron los hechos denunciados, al acusado le hubiera dado tiempo para llegar al lugar en el que ocurrieron.

C)Pero es que la prueba testifical tampoco acredita, sin ningún género de dudas, que la persona que cometió la agresión denunciada fuera el acusado.

El DENUNCIANTE ha declarado a lo largo de todo el proceso que ni conocía al denunciado, ni quiere conocerlo; que no había tenido nunca un problema con él; y preguntado en el plenario para que manifieste si le reconoce, contesta que no puede identificarlo.

Si dice, y en eso coinciden todos los testigos, que la persona que le agrede es la que a continuación se encierra en el baño y que, dentro del baño, siguió profiriendo improperios.

Cierto es que existe alguna contradicción en su testimonio que ha sido puesta de manifiesto por la defensa -ni en su denuncia ni en su declaración en instrucción dijo que le había insultado y ahora afirma rotundamente que le dijo "Alcalde, prevaricador, hijo de puta" y que habló de un puñetazo y ahora habla de dos-, pero son discrepancias insignificantes, producto de los lógicos nervios del momento.

D)El testigo Constantino, que no presenció el incidente, y al que le invita la Policía a visionar los vídeos por si podía identificar a una persona a la que él saluda y que podría ser el agresor, se muestra inseguro en su testimonio. Dice que "en el primer vídeo, en el que se supone que saludo a alguien a la otra persona no se le ve; en el otro se ve de perfil y la Policía dice que solo saben que se llama Patricio y él dice que se parece a la persona que dice pero que no está seguro al cien por cien"; añadiendo que hoy tampoco está seguro de la identidad de esa persona.

Añade en el plenario que él no dijo que era Patricio -al que conoce porque es amigo de su primo-, sino que se parecía a Patricio, pero que no estaba seguro si era él. Y que de hecho no se acuerda si saludó a Patricio porque cuando le llamó la Policía habían pasado cuatro meses.

E)El testigo que se encontraba junto con el denunciante al tiempo de ser agredido, Sabino, ha declarado en el acto del juicio que "estaba con el Alcalde, que es su amigo; que estaban solo los dos cuando llegó el agresor y tras insultar a Bernardino le agredió"; que a partir de ese momento ya no vio nada; y que no bajó hacia la zona del baño".

Preguntado para que manifieste si reconoce al acusado como el autor de esos hechos, contestó afirmativamente, aunque dijo que "aquel día no llevaba gafas" -como luce en el plenario- y que tenía algo más de barba".

Sin embargo, en su declaración previa ante el Juzgado de Instrucción declaró que no podría reconocer la cara del agresor y que no fue llamado por la Policía para identificarle en las pesquisas policiales.

Y cuando se le hace ver la contradicción en la que incurre, se mostró nervioso y no supo explicarlo, por lo que no podemos tener su testimonio como definitivo, máxime si tenemos en cuenta su declarada amistad con el denunciante.

F)Las dos personas que vieron con más continuidad al agresor -y que por tanto pueden tener una idea más cercana de su identidad- son Belarmino, que dijo ser el novio de la dueña del Mesón Castellano, y el camarero de dicho establecimiento, Borja, que fue quien sacó a aquél del establecimiento por la puerta de atrás para evitar males mayores.

Belarmino declaró que cuando Lorenza, su novia, le dijo lo que había pasado, bajó al baño y una chica que se encontraba en la puerta trató de impedirle que entrara. Que le dijo al agresor que había pegado al Alcalde y que éste le respondió que sí, que había pegado al Alcalde y que podría pegarle a él.

Cuando se le requiere para que identifique al acusado y acredite que fue, en efecto, el agresor, dice que "quiere creer que es el acusado, aunque afirma que ha cambiado mucho" y añade que era una persona mucho más alta que él. Invitado el acusado para que se ponga en pie, resulta ser de una estatura idéntica a la del testigo.

El testigo añadió que siempre usa gafas pero que aquél día no las llevaba; y que no conocía al agresor ni a la chica que le acompañaba.

Preguntado por la hora en la que sucedió el hecho responde que "serían las 11:30 o así", "que bajaba la gente de Valonsadero".

Dice que no recuerda cómo vestía el agresor, que llevaba una sudadera y unos vaqueros y que no recuerda el color de aquélla, que podía ser roja.

Si reparamos en que en su declaración de instrucción dijo que se trataba de un jersey gris y que las únicas imágenes que se ven del agresor muestran a un joven con una camiseta azul, deduciremos que la idea que tiene el testigo de estos detalles es, más bien, remota.

Por su parte, Borja, camarero de dicho establecimiento, declaró que cuando subía del restaurante vio al Alcalde que estaba hablando de un modo raro con el chico y que, al preguntarle el denunciante le dijo que le había agredido por lo que decidió llevarse al chico por la puerta de atrás para que no hubiera más problemas. En esto contradice la versión del denunciante que dijo que tras agredirle comenzó a correr escaleras abajo hasta refugiarse en los servicios.

Borja declaró que "no vio la agresión ni oyó los insultos; que el chico estaba solo y que luego lo vio con una chica; y que estuvo hablando con él un rato para que se tranquilizara. Que se encerró en el baño de caballeros con la chica; que bajó la pareja de su jefa y le dijo que saliera; que discutieron, pero no se acuerda. Es cuando decidió evacuarlo por la puerta de atrás. No oyó decir que había pegado al Alcalde".

Añadió en su declaración que cuando le llamó la Policía le enseñaron unas fotos y reconoció al agresor, pero que hoy no se acuerda de quien era; y concluyó diciendo que no sabe quién es el agresor y que no identifica como tal al acusado.

También dijo que desde que ve al agresor con el Alcalde hasta que le acompaña por la puerta de atrás fuera del establecimiento, no lo pierde de vista en ningún momento; lo que contradice la versión de Belarmino que dijo que cuando pasó eso en el baño no estaba con él Borja el camarero; estaba en el almacén (que está al lado del baño); y con la versión que dio el propio Alcalde que dijo que el agresor salió corriendo escaleras abajo tras agredirle.

G)Los funcionarios policiales instructores del atestado, con carnet profesional NUM000 y NUM001, respectivamente, que testificaron conjuntamente, y que no presenciaron el suceso, dijeron en el juicio que recabaron las imágenes, los testimonios; que solicitaron el acceso al Instituto Nacional de Estadística para acceder a los datos "de las personas que les pudieran encajar en los datos que tenían", que respondieran al nombre de Patricio, nacidos entre 1975 y 2005 y que se obtuvo la identidad de un testigo de referencia que estaba en el lugar cuando sucedieron los hechos y que saludó al presunto agresor a su entrada, en clara referencia al testigo Constantino, que ya ha dicho que no recuerda si saludo al acusado.

La declaración de la Policía resulta sumamente asombrosa, por no decir sorprendente.

Atribuyen el suceso al acusado porque alguien en el establecimiento dice que le llaman Patricio -recordemos que sus amigos han declarado llamarle todos por el apellido- y porque se dirige hacia determinadas calles de Soria al alejarse del establecimiento. Deducen que el acusado es soriano porque el Alcalde no es muy conocido fuera de la ciudad y solamente un soriano podría tener motivos para insultarle y agredirle y al averiguar que reside en Logroño -donde trabaja como farmacéutico en un hospital- e ir a esa ciudad a realizar la identificación, afirman que le reconocen sin ningún género de dudas porque "han visto muchas veces el vídeo y por la forma de andar".

Si visionamos el vídeo en el que aparece el acusado, observamos que la imagen nos muestra al agresor saliendo a través del almacén del Mesón Castellano, seguido por el camarero durante dos metros a lo sumo y en esas imágenes no parece evidenciarse una forma de andar tan peculiar y determinante como sostiene la Policía.

H)Por último, el acusado, a quien los testigos atribuyen un carácter pacífico -"es una persona nada conflictiva; me extrañaría que actuara violentamente", dijo Armando; "es una persona pacífica, lo conozco desde la adolescencia; me cuesta creer que hiciera eso; nunca se metió en ningún problema", dijo Arcadio-, y cuyo testimonio nos merece credibilidad declaró, en lo que aquí importa, que aunque es soriano lleva fuera de Soria desde los dieciocho años,porque fue a estudiar Farmacia a Alcalá de Henares y que en la actualidad es farmacéutico hospitalario en Logroño; que no conocía al denunciante ni sabía que era el Alcalde de Soria;y añadió que tiene un nulo interés por la política; que no sabía quién era el Alcalde de Alcalá cuando estudiaba allí; que no sabía antes de iniciarse este proceso quién era el Alcalde de Soria y que no sabe quién es el Alcalde de Logroño, ciudad en la que reside.

Que del día en el que sucedieron los hechos solo tiene lagunas y que se levantó al día siguiente "con la peor resaca de su vida"; que no pudo conducir al día siguiente para irse a Logroño; tuvo que irse al otro día a las 7 de la mañana.

Que, desde luego, no recuerda haber agredido a nadie, ni haber estado involucrado en ninguna trifulca; ni haber estado en el Mesón Castellano. Y que "nunca ha tenido ningún problema con la Justicia, salvo una multa de tráfico que le pusieron por saltarse un stop cuando tenía dieciocho años".

I)En definitiva, analizada toda la prueba practicada en el juicio oral, advirtiéndose las contradicciones que se han descrito, así como la falta de concreción, no de los hechos objeto de la denuncia, que tenemos por ciertos, sino de la identidad de quien aparece como acusado en el presente proceso, se está en el caso de aplicar el principio in dubio pro reoy, con estimación del recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada por la Audiencia y absolver al acusado de los delitos de los que venía acusado.

En definitiva, no es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener al acusado por autor de los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra en el escrito rector del proceso.

Y ello, como decimos, debe llevar a absolver al acusado, por cuanto sufre más la conciencia de la sociedad con la condena de un inocente que con la absolución de un culpable.

Lo anterior hace inútil el estudio de los restantes motivos del recurso.

SÉPTIMO.- Las costas procesales.-

La estimación del recurso determina que no se haga imposición de las costas procesales en ninguna de las dos instancias.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás aplicables al caso,

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión.-

A)La Audiencia provincial de Soria entendió en el relato fáctico de la resolución que ahora se recurre que el acusado, sobre las 00:30 horas del día 11 de junio de 2023, entró en el establecimiento "Mesón Castellano", sito en el número 2 de la Plaza Mayor de Soria, donde se encontraba el alcalde de la Ciudad, D. Bernardino y dirigiéndose a él le espetó: "prevaricador", "hijo de puta" y abalanzándose sobre él le propinó un puñetazo en la zona maxilar izquierda y otro que no llegó a impactarle.

Como consecuencia del golpe el agredido sufrió lesiones consistentes en traumatismo superficial, no acudiendo al médico por estos hechos, que tardaron en curar seis días de perjuicio básico según informe forense.

Concluye el relato diciendo que en el momento de los hechos el acusado estaba levemente afectado por el consumo de alcohol.

B)La Audiencia condenó al ahora recurrente como autor de un delito de atentado del artículo 550.1 y 3 del Código Penal a la pena de un año y tres meses de prisión y multa de siete meses con una cuota diaria de quince euros; y como autor de un delito leve de lesiones del artículo 147.2 a la pena de un mes de multa con cuota diaria de quince euros; absolviéndole del delito de injurias por el que venía acusado.

Y en concepto de responsabilidad civil, le condenó a indemnizar al perjudicado en la suma de doscientos cuarenta euros.

Contra dicha sentencia se ha alzado la defensa del acusado esgrimiendo un cúmulo de motivos -hasta trece-, en los que, uniendo argumentos procesales y sustantivos, concluye interesando que se declare la nulidad de lo actuado por haber determinado la competencia objetiva sin audiencia de las partes y por habérsele privado de utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y, subsidiariamente, que se dicte sentencia por la que se absuelva al recurrente de todos los hechos por los que viene acusado o de condena en los términos que expone en su escrito.

SEGUNDO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por determinación de la competencia objetiva sin audiencia de las partes y con infracción del artículo 759 de la LECrim .-

A)En el primero de los motivos se denuncia que, tras haberse dictado por el Juzgado de Instrucción Auto de Apertura del Juicio Oral ante el Juzgado de lo Penal, se modificó la determinación competencial mediante actuaciones que no siguieron los cauces previstos en la legislación procesal y sin audiencia de las partes, con la consiguiente indefensión que ello conlleva, al habérsele privado efectuar alegaciones sobre la perpetuatio iurisdictionis, la extemporaneidad del planteamiento de la competencia, la procedencia del cauce procesal utilizado y la eventual pertinencia de devolver las actuaciones al instructor para subsanar defectos procesales.

B)Es cierto que el Juzgado de Instrucción nº 3 de los de Soria remitió, una vez abierto juicio oral, las actuaciones al Juzgado de lo Penal y que dicho Órgano judicial, corrigiendo dicho error material, lo reenvió a la Audiencia provincial. Pero querer buscar en lo que no fue más que un descuido una declaración de nulidad con la consiguiente retroacción de las actuaciones a dicho momento procesal va en contra de los más elementales principios rectores del proceso penal, entre los que se encuentra el de la economía procesal.

No estamos, pese a lo que entienda el recurrente, ante una cuestión de competencia de las reguladas en el artículo 759 LECrim, que se dice infringido. El Juzgado de lo Penal no rehusó el conocimiento de la causa que se le enviaba. Entendió con buen criterio que la competencia le correspondía a la Audiencia provincial, que es el Órgano para ante el que las propias partes habían presentado sus conclusiones provisionales. Y lo que hizo, por entender que se había incurrido en un simple error material, fue remitir a aquélla el asunto. Además, otra cosa no le era dable hacer por prohibirle el ordinal 2º de dicho precepto promover cuestiones de competencia a la Audiencia respectiva. A lo sumo, debería de haber elevado una exposición razonada, oído el Ministerio Fiscal, exponiendo los argumentos que tuviera para creer que le correspondía el conocimiento del asunto.

Pero de esta omisión no cabe deducir la pretendida nulidad, máxime cuando al final fue remitido el asunto, tal y como querían las propias partes, a quien, en definitiva, le correspondía enjuiciar el asunto.

TERCERO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.-

En el segundo motivo se denuncia la vulneración del derecho a utilizar medios de prueba pertinentes para la defensa debido a la inadmisión al inicio del juicio oral de un documento consistente en una multa de tráfico por alcoholemia impuesta a la pareja del acusado en fecha y hora próximas a los hechos enjuiciados, que demostraría que a las 23:45 horas del día en el que tuvieron lugar aquéllos, el acusado se encontraba en un lugar incompatible con su presencia en el Mesón Castellano de la ciudad de Soria y que padecía una intoxicación etílica con directa incidencia en la posible apreciación de la eximente completa o atenuante muy cualificada de embriaguez.

El motivo debe rechazarse.

La Audiencia inadmitió el documento aduciendo que la cuestión ya había sido resuelta en la audiencia preliminar, que la multa databa de dos años y medio antes del día del juicio y que desde que se dictara Auto con fecha 19 de enero de 2026 -el juicio había sido fijado para el 13 de febrero-, la defensa no había solicitado aclaración alguna de dicha resolución.

Pero esta Sala, para una mayor satisfacción en derecho y para evitar todo atisbo de posible indefensión admitió, con carácter previo a la deliberación del recurso, la prueba documental interesada, por lo que el motivo ha perdido interés.

CUARTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por ausencia del preceptivo Auto de admisión de pruebas.-

En el tercer motivo se denuncia la vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y vulneración del derecho de defensa como consecuencia de la celebración del juicio oral sin que el Tribunal hubiera dictado el preceptivo Auto de admisión o inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes en sus escritos de conclusiones provisionales, tal como impone el artículo 785.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

El motivo debe ser rechazado.

La Audiencia, ya lo dice la sentencia apelada, dictó Auto con fecha 19 de enero resolviendo las cuestiones previas y admitiendo la documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 785.3 LECrim.

QUINTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por la nulidad de las grabaciones por ilicitud probatoria ( art. 11.1 LOPJ ).-

A)El siguiente motivo denuncia la nulidad radical de la totalidad de las grabaciones videográficas incorporadas a las actuaciones, en particular de la grabación correspondiente a la cámara 2 del Mesón Castellano -Visor 53, almacén/salida trasera-, por haber sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, en especial, de los derechos a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos de carácter personal, reconocidos en los artículos 18.1, 18.3 y 18.4 de la Constitución Española.

Aduce el recurrente que la grabación correspondiente a la cámara del almacén/salida trasera del Mesón Castellano -Visor 53- incorpora sonido, registrando conversaciones mantenidas en ese espacio y que dicha circunstancia constituye una injerencia en el secreto de las comunicaciones sin control judicial previo.

Añade que la incorporación de grabaciones de videovigilancia a un proceso penal presupone el cumplimiento de todos los requisitos legales atinentes a la protección de datos y que no consta que el sistema de videovigilancia cumpliese los requisitos del artículo 22 LOPDGDD y del RGPD; que la cesión a las fuerzas de seguridad se ajustase a los cauces de la LO 7/2021; ni que se respetasen las garantías de limitación de finalidad y seguridad de los datos.

Por último, crítica la quiebra de la cadena de custodia desde que se recogieron los vestigios hasta que se concretaron como pruebas en el juicio, por cuanto el atestado policial no recoge actas de recepción individualizadas, verificación de integridad o descripción detallada de cada soporte.

Y anuda, como corolario de todo lo anterior, el efecto reflejo que se desprende de la doctrina del fruto del árbol envenenado, determinante de la nulidad no ya de la prueba originaria, sino de las pruebas posteriores que solamente se han podido obtener gracias a aquélla.

B)El artículo 18. 1 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la intimidad, esto es, el secreto sobre la propia esfera de vida personal, cuyo contenido objetivo es un espacio propio y reservado del que dispone toda persona frente a la acción y el conocimiento de los demás. Ahora bien, como todos los derechos fundamentales -a salvo el derecho a la integridad física- el derecho a la intimidad puede ser limitado cuando se identifiquen necesidades prevalentes de protección de otros derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, y siempre, además, que la limitación esté prevista en la ley y su práctica responda a presupuestos de proporcionalidad y razonabilidad.

Así, en relación con la primera de las protestas que expone el motivo, constituye doctrina pacífica la que afirma que no hay infracción por la mera captación de imágenes en espacios públicos. Dicha diligencia de investigación, por afectar también al círculo más externo del derecho a la vida privada que incluye el derecho a la propia imagen, no reclama como presupuesto habilitante la previa autorización judicial, en los términos precisados en el artículo 588 quinquies a) LECrim ( SSTS 711/2025, de 10 de septiembre y 434/2021, de 20 de mayo).

Y es que, como recuerda la STS 649/2019, de 20 de diciembre, "la doctrina jurisprudencial entiende, con carácter general, que las grabaciones videográficas de imágenes captadas en espacios públicos, a condición de que sean auténticas y de que no estén manipuladas, constituyen un medio de prueba legítimo y válido en el proceso penal -previsto ahora expresamente en el art. 382 Lec y aplicable de forma supletoria conforme a lo dispuesto en el art. 4 Lec , sin que se requiera para su captación la previa autorización judicial. En efecto, nos encontramos con la posibilidad del uso de la prueba documental tecnológica del proceso civil aplicable al proceso penal, como en estos casos se realiza cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recaban del comercio la observación de las imágenes en uso de las facultades investigadoras que se les confiere."( STS 909/2021 de 24 de noviembre de 2021).

C)En relación con la segunda de las denuncias, la STS 457/2025, de 21 de mayo, que analiza un supuesto idéntico al que ahora se somete a nuestra consideración -y en cuyo caso también se había denunciado el incumplimiento de las exigencias impuestas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento General de Protección de datos de la Unión Europea-, sostiene que no se identifica ni inadecuada interpretación ni indebida aplicación de las garantías constitucionales que condicionan, como no podía ser de otra manera, el aprovechamiento de evidencias en el proceso penal y la activación de la regla de exclusión probatoria.

Dicha regla -que como dice la sentencia habita en el proceso- solo puede ponerse en funcionamiento cuando la violación compromete el fin, constitucionalmente significativo, que le presta fundamento. Y este es evitar que, mediante la lesión de derechos fundamentales en la obtención de medios o fuentes de prueba, se busque obtener ventajas injustas, ya sea en el proceso en curso o en el que pueda iniciarse, aprovechándose, precisamente, de dicha lesión.

Y recuerda la doctrina constitucional que afirma que "el específico fin de la regla de exclusión es proteger a los ciudadanos de la violación instrumental de sus derechos fundamentales que ha sido verificada, justamente, para obtener pruebas. Con ello, se protege la integridad del sistema de justicia, la igualdad de las partes y se disuade a los órganos públicos, en particular, a la policía, pero también a los propios particulares, de realizar actos contrarios a los derechos fundamentales con fines de obtener una ventaja probatoria en el proceso"- SSTC 81/1998, 41/1999, 222/2003, 97/2019-.

La no activación de la regla de exclusión probatoria frente a la vulneración de derechos fundamentales por particulares que no pretendían aprovecharse procesalmente de las evidencias o ventajas obtenidas ha sido, también, sostenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contemplando solo, como excepción, un supuesto en el que se aportó como prueba a un proceso por delitos de criminalidad organizada una grabación en la que un acusado, bajo torturas infligidas por integrantes de la organización, reconocía su participación en determinados hechos delictivos - STEDH, caso Cwik c. Polonia, de 5 de febrero de 2021-.

En definitiva y por emplear palabras del Tribunal Constitucional en su STC 97/2019 "cuando no existe una conexión o ligamen entre el acto determinante de la injerencia en el derecho fundamental sustantivo y la obtención de fuentes de prueba, las necesidades de tutela de dicho derecho son ajenas al ámbito procesal y pueden sustanciarse en los procesos penales o civiles directamente tendentes a sancionar, restablecer o resarcir los efectos de la vulneración verificada en aquel".

En el supuesto enjuiciado, el componente preventivo y de seguridad que presta justificación objetiva a la colocación de cámaras en zonas comunes de espacios cerrados al público es suficiente para considerar que el potencial aprovechamiento probatorio de las imágenes así obtenidas pueda comprometer la integridad del proceso.

Hoy día, la utilización de cámaras de seguridad en espacios públicos constituye una moneda de uso común, bien sean éstos calles, jardines, parques o en el interior de establecimientos de ocio y esparcimiento, y el ciudadano es consciente de su existencia y de que esa realidad presta un impagable servicio a la seguridad pública y constituye un valioso mecanismo de prevención del delito y, aún, de investigación del mismo; por lo que efectuado el examen de ponderación con los derechos fundamentales que puede llegar a lesionar, debe entenderse prevalente frente a estos últimos.

Además de ello, y sin perjuicio de que la injerencia denunciada no cabe reputarla grave, el conocimiento que debía tener el recurrente de que en dicho establecimiento público existirían cámaras como las que plasmaron su actuación y que pudieron servir para identificarle, priva al conflicto de cualquier argumento en favor de las tesis de aquél.

D)El último submotivo censura la quiebra de la cadena de custodia desde que se recogieron los vestigios hasta que se concretaron como pruebas en el juicio, por cuanto el atestado policial no recoge actas de recepción individualizadas, verificación de integridad o descripción detallada de cada soporte.

El problema que plantea la cadena de custodia es garantizar que desde que se recogen los vestigios relacionados con el delito, hasta que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio del Tribunal, es lo mismo. Es a través de la cadena de custodia como se satisface la "mismidad" de la prueba.

Y para poder examinar si se ha producido una ruptura relevante de la cadena de custodia -en este caso de las grabaciones videográficas con las que se identificó al agresor- no es suficiente, tal y como sostiene la STS 711/2025, de 10 de septiembre, con el planteamiento de dudas de carácter genérico es necesario que la parte que la cuestione precise en qué momentos, a causa de qué actuaciones y en qué medida se ha producido tal interrupción.

Y lo que hace el recurrente es un cuestionamiento genérico que no desciende al detalle de lo acontecido, por cuanto habla de "ausencia de trazabilidad, integridad y preservación",denunciando que el atestado no recoge actas de recepción individualizadas, no verifica la integridad de las cintas, ni efectúa una descripción detallada del contenido de cada soporte.

El atestado menciona la solicitud de imágenes al Mesón Castellano y a otros establecimientos en una única diligencia, pero el hecho de que no conste un oficio policial individualizado dirigido a cada uno de ellos, ni un acta de recepción individualizada, ni siquiera identifique al entregar al Juzgado los CDs las grabaciones que se contienen en cada uno de ellos, no puede privar de validez a las mismas.

Sólo si las deficiencias formales despiertan serias dudas racionales- STS 129/2015, de 4 de marzo- debería prescindirse de esta fuente de prueba, no por el incumplimiento de algún trámite o diligencia establecida en el protocolo de recepción de muestras y su custodia, sino por quedar cuestionada su autenticidad.

No basta, por tanto, la mera sospecha de la ruptura de la cadena de custodia para declarar la infracción y poder declarar, consiguientemente, la nulidad de la prueba, sino que se requiere la evidencia de dicha ruptura, es decir, que se exige prueba de la existencia de su manipulación efectiva y no la simple posibilidad de ella- STS 709/2013, de 10 de octubre-.

El motivo se desestima.

SEXTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por la nulidad de las diligencias policiales y de investigación practicadas para la identificación del autor.-

A)Se denuncia que el proceso de identificación del autor estuvo viciado desde el inicio por haberse sustentado en grabaciones ilícitas; y que las gestiones indagatorias practicadas y las entrevistas mantenidas con potenciales testigos de los hechos permitieron a los agentes conocer que el autor de los hechos respondería al nombre de " Patricio", ignorando más datos de su identidad, razón por la que se solicitó al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Soria mandamiento dirigido al INE para obtener datos de personas censadas en la provincia de Soria con dicho nombre y nacidas entre los años 1975 y 2005; y que la versión de los testigos sobre el origen del nombre varió de forma significativa.

El motivo se construye sobre la eventual nulidad de las grabaciones videográficas registradas en el establecimiento en el que tuvo lugar la agresión, grabaciones que, según lo razonado anteriormente, gozan de plena validez.

Y no entendemos el ahínco con el que se combate la validez de las grabaciones, por cuanto el visionado de las imágenes proporcionadas por el establecimiento en el que tuvieron lugar los hechos poca luz arroja en orden a conseguir identificar al autor de la agresión padecida por el denunciante, que solamente aparece en una ocasión, ya cuando abandona los baños del restaurante y es conducido a través de una especie de almacén por el camarero del mismo que resultó ser Borja y que le acompaña a la puerta trasera del mismo para evitar males mayores. Y el agresor aparece vestido con una camiseta azul y unos pantalones que pudieran parecer vaqueros, pero siempre aparece de espaldas, no viéndosele en ningún momento la cara.

La cuestión capital que tenemos que dilucidar es, por tanto, si, bien a través de dicha prueba, bien mediante la testifical o cualquier otro mecanismo probatorio, puede quedar acreditado que el que aparece en las imágenes es el ahora acusado. Esto es, si bien mediante algún testigo, bien por aparecer con nitidez en dichas grabaciones, queda probado más allá de toda duda razonable que el acusado se encontraba al tiempo en el que tuvieron lugar los hechos en el Mesón Castellano de la ciudad de Soria y fue, por tanto, el que intervino en la agresión que se le atribuye.

B)El acusado ha declarado a lo largo de todo el proceso que ese día, que tenía lugar la fiesta de Lavalenguas en la ciudad de Soria, fue a la localidad de Valonsadero a primera hora de la mañana permaneciendo durante todo el día en compañía de su novia Camila -en cuyo coche habían viajado- y de dos amigos Arcadio y Armando, y que permanecieron allí hasta las 11 ó 11:30 de la noche, hora en la que cogieron el vehículo para regresar a la capital. Versión que han corroborado tanto Arcadio como Armando en la respectiva testifical que prestaron en el acto del juicio.

Y ha quedado probado que, salvo Arcadio, bebieron todos ellos una gran cantidad de alcohol. Así lo testificaron los acompañantes del acusado, quién declaró en el plenario que al día siguiente tuvo la resaca más grande de su vida y que tuvo que posponer su regreso a Logroño, ciudad en la que reside, hasta dos días después.

También ha quedado probado que en el camino de regreso, a las 23: 45 horas, fue interceptado el vehículo en el que viajaban por una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba efectuando un control de alcoholemia, al que sometieron a la conductora, Camila, que arrojó resultado positivo, tal y como acredita la documental consistente en la denuncia interpuesta por la referida patrulla, control al que no quisieron someterse ni el acusado ni Armando por entender que tampoco sería negativo el resultado y que solamente superó con éxito el citado Arcadio, quien condujo a partir de ese instante el vehículo en el que regresaron a Soria.

Si presumimos, de acuerdo con las reglas del criterio humano, que en dicho trance transcurrirían no menos de quince minutos, que desde Valonsadero a la ciudad de Soria hay alrededor de 15 kilómetros y que al llegar al centro de una ciudad en fiestas resulta complicado aparcar el coche y llegar hasta la Plaza Mayor, que es donde se encuentra el Mesón Castellano, parece poco probable que a las 00:30 horas que es cuando sucedieron los hechos denunciados, al acusado le hubiera dado tiempo para llegar al lugar en el que ocurrieron.

C)Pero es que la prueba testifical tampoco acredita, sin ningún género de dudas, que la persona que cometió la agresión denunciada fuera el acusado.

El DENUNCIANTE ha declarado a lo largo de todo el proceso que ni conocía al denunciado, ni quiere conocerlo; que no había tenido nunca un problema con él; y preguntado en el plenario para que manifieste si le reconoce, contesta que no puede identificarlo.

Si dice, y en eso coinciden todos los testigos, que la persona que le agrede es la que a continuación se encierra en el baño y que, dentro del baño, siguió profiriendo improperios.

Cierto es que existe alguna contradicción en su testimonio que ha sido puesta de manifiesto por la defensa -ni en su denuncia ni en su declaración en instrucción dijo que le había insultado y ahora afirma rotundamente que le dijo "Alcalde, prevaricador, hijo de puta" y que habló de un puñetazo y ahora habla de dos-, pero son discrepancias insignificantes, producto de los lógicos nervios del momento.

D)El testigo Constantino, que no presenció el incidente, y al que le invita la Policía a visionar los vídeos por si podía identificar a una persona a la que él saluda y que podría ser el agresor, se muestra inseguro en su testimonio. Dice que "en el primer vídeo, en el que se supone que saludo a alguien a la otra persona no se le ve; en el otro se ve de perfil y la Policía dice que solo saben que se llama Patricio y él dice que se parece a la persona que dice pero que no está seguro al cien por cien"; añadiendo que hoy tampoco está seguro de la identidad de esa persona.

Añade en el plenario que él no dijo que era Patricio -al que conoce porque es amigo de su primo-, sino que se parecía a Patricio, pero que no estaba seguro si era él. Y que de hecho no se acuerda si saludó a Patricio porque cuando le llamó la Policía habían pasado cuatro meses.

E)El testigo que se encontraba junto con el denunciante al tiempo de ser agredido, Sabino, ha declarado en el acto del juicio que "estaba con el Alcalde, que es su amigo; que estaban solo los dos cuando llegó el agresor y tras insultar a Bernardino le agredió"; que a partir de ese momento ya no vio nada; y que no bajó hacia la zona del baño".

Preguntado para que manifieste si reconoce al acusado como el autor de esos hechos, contestó afirmativamente, aunque dijo que "aquel día no llevaba gafas" -como luce en el plenario- y que tenía algo más de barba".

Sin embargo, en su declaración previa ante el Juzgado de Instrucción declaró que no podría reconocer la cara del agresor y que no fue llamado por la Policía para identificarle en las pesquisas policiales.

Y cuando se le hace ver la contradicción en la que incurre, se mostró nervioso y no supo explicarlo, por lo que no podemos tener su testimonio como definitivo, máxime si tenemos en cuenta su declarada amistad con el denunciante.

F)Las dos personas que vieron con más continuidad al agresor -y que por tanto pueden tener una idea más cercana de su identidad- son Belarmino, que dijo ser el novio de la dueña del Mesón Castellano, y el camarero de dicho establecimiento, Borja, que fue quien sacó a aquél del establecimiento por la puerta de atrás para evitar males mayores.

Belarmino declaró que cuando Lorenza, su novia, le dijo lo que había pasado, bajó al baño y una chica que se encontraba en la puerta trató de impedirle que entrara. Que le dijo al agresor que había pegado al Alcalde y que éste le respondió que sí, que había pegado al Alcalde y que podría pegarle a él.

Cuando se le requiere para que identifique al acusado y acredite que fue, en efecto, el agresor, dice que "quiere creer que es el acusado, aunque afirma que ha cambiado mucho" y añade que era una persona mucho más alta que él. Invitado el acusado para que se ponga en pie, resulta ser de una estatura idéntica a la del testigo.

El testigo añadió que siempre usa gafas pero que aquél día no las llevaba; y que no conocía al agresor ni a la chica que le acompañaba.

Preguntado por la hora en la que sucedió el hecho responde que "serían las 11:30 o así", "que bajaba la gente de Valonsadero".

Dice que no recuerda cómo vestía el agresor, que llevaba una sudadera y unos vaqueros y que no recuerda el color de aquélla, que podía ser roja.

Si reparamos en que en su declaración de instrucción dijo que se trataba de un jersey gris y que las únicas imágenes que se ven del agresor muestran a un joven con una camiseta azul, deduciremos que la idea que tiene el testigo de estos detalles es, más bien, remota.

Por su parte, Borja, camarero de dicho establecimiento, declaró que cuando subía del restaurante vio al Alcalde que estaba hablando de un modo raro con el chico y que, al preguntarle el denunciante le dijo que le había agredido por lo que decidió llevarse al chico por la puerta de atrás para que no hubiera más problemas. En esto contradice la versión del denunciante que dijo que tras agredirle comenzó a correr escaleras abajo hasta refugiarse en los servicios.

Borja declaró que "no vio la agresión ni oyó los insultos; que el chico estaba solo y que luego lo vio con una chica; y que estuvo hablando con él un rato para que se tranquilizara. Que se encerró en el baño de caballeros con la chica; que bajó la pareja de su jefa y le dijo que saliera; que discutieron, pero no se acuerda. Es cuando decidió evacuarlo por la puerta de atrás. No oyó decir que había pegado al Alcalde".

Añadió en su declaración que cuando le llamó la Policía le enseñaron unas fotos y reconoció al agresor, pero que hoy no se acuerda de quien era; y concluyó diciendo que no sabe quién es el agresor y que no identifica como tal al acusado.

También dijo que desde que ve al agresor con el Alcalde hasta que le acompaña por la puerta de atrás fuera del establecimiento, no lo pierde de vista en ningún momento; lo que contradice la versión de Belarmino que dijo que cuando pasó eso en el baño no estaba con él Borja el camarero; estaba en el almacén (que está al lado del baño); y con la versión que dio el propio Alcalde que dijo que el agresor salió corriendo escaleras abajo tras agredirle.

G)Los funcionarios policiales instructores del atestado, con carnet profesional NUM000 y NUM001, respectivamente, que testificaron conjuntamente, y que no presenciaron el suceso, dijeron en el juicio que recabaron las imágenes, los testimonios; que solicitaron el acceso al Instituto Nacional de Estadística para acceder a los datos "de las personas que les pudieran encajar en los datos que tenían", que respondieran al nombre de Patricio, nacidos entre 1975 y 2005 y que se obtuvo la identidad de un testigo de referencia que estaba en el lugar cuando sucedieron los hechos y que saludó al presunto agresor a su entrada, en clara referencia al testigo Constantino, que ya ha dicho que no recuerda si saludo al acusado.

La declaración de la Policía resulta sumamente asombrosa, por no decir sorprendente.

Atribuyen el suceso al acusado porque alguien en el establecimiento dice que le llaman Patricio -recordemos que sus amigos han declarado llamarle todos por el apellido- y porque se dirige hacia determinadas calles de Soria al alejarse del establecimiento. Deducen que el acusado es soriano porque el Alcalde no es muy conocido fuera de la ciudad y solamente un soriano podría tener motivos para insultarle y agredirle y al averiguar que reside en Logroño -donde trabaja como farmacéutico en un hospital- e ir a esa ciudad a realizar la identificación, afirman que le reconocen sin ningún género de dudas porque "han visto muchas veces el vídeo y por la forma de andar".

Si visionamos el vídeo en el que aparece el acusado, observamos que la imagen nos muestra al agresor saliendo a través del almacén del Mesón Castellano, seguido por el camarero durante dos metros a lo sumo y en esas imágenes no parece evidenciarse una forma de andar tan peculiar y determinante como sostiene la Policía.

H)Por último, el acusado, a quien los testigos atribuyen un carácter pacífico -"es una persona nada conflictiva; me extrañaría que actuara violentamente", dijo Armando; "es una persona pacífica, lo conozco desde la adolescencia; me cuesta creer que hiciera eso; nunca se metió en ningún problema", dijo Arcadio-, y cuyo testimonio nos merece credibilidad declaró, en lo que aquí importa, que aunque es soriano lleva fuera de Soria desde los dieciocho años,porque fue a estudiar Farmacia a Alcalá de Henares y que en la actualidad es farmacéutico hospitalario en Logroño; que no conocía al denunciante ni sabía que era el Alcalde de Soria;y añadió que tiene un nulo interés por la política; que no sabía quién era el Alcalde de Alcalá cuando estudiaba allí; que no sabía antes de iniciarse este proceso quién era el Alcalde de Soria y que no sabe quién es el Alcalde de Logroño, ciudad en la que reside.

Que del día en el que sucedieron los hechos solo tiene lagunas y que se levantó al día siguiente "con la peor resaca de su vida"; que no pudo conducir al día siguiente para irse a Logroño; tuvo que irse al otro día a las 7 de la mañana.

Que, desde luego, no recuerda haber agredido a nadie, ni haber estado involucrado en ninguna trifulca; ni haber estado en el Mesón Castellano. Y que "nunca ha tenido ningún problema con la Justicia, salvo una multa de tráfico que le pusieron por saltarse un stop cuando tenía dieciocho años".

I)En definitiva, analizada toda la prueba practicada en el juicio oral, advirtiéndose las contradicciones que se han descrito, así como la falta de concreción, no de los hechos objeto de la denuncia, que tenemos por ciertos, sino de la identidad de quien aparece como acusado en el presente proceso, se está en el caso de aplicar el principio in dubio pro reoy, con estimación del recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada por la Audiencia y absolver al acusado de los delitos de los que venía acusado.

En definitiva, no es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener al acusado por autor de los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra en el escrito rector del proceso.

Y ello, como decimos, debe llevar a absolver al acusado, por cuanto sufre más la conciencia de la sociedad con la condena de un inocente que con la absolución de un culpable.

Lo anterior hace inútil el estudio de los restantes motivos del recurso.

SÉPTIMO.- Las costas procesales.-

La estimación del recurso determina que no se haga imposición de las costas procesales en ninguna de las dos instancias.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás aplicables al caso,

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión.-

A)La Audiencia provincial de Soria entendió en el relato fáctico de la resolución que ahora se recurre que el acusado, sobre las 00:30 horas del día 11 de junio de 2023, entró en el establecimiento "Mesón Castellano", sito en el número 2 de la Plaza Mayor de Soria, donde se encontraba el alcalde de la Ciudad, D. Bernardino y dirigiéndose a él le espetó: "prevaricador", "hijo de puta" y abalanzándose sobre él le propinó un puñetazo en la zona maxilar izquierda y otro que no llegó a impactarle.

Como consecuencia del golpe el agredido sufrió lesiones consistentes en traumatismo superficial, no acudiendo al médico por estos hechos, que tardaron en curar seis días de perjuicio básico según informe forense.

Concluye el relato diciendo que en el momento de los hechos el acusado estaba levemente afectado por el consumo de alcohol.

B)La Audiencia condenó al ahora recurrente como autor de un delito de atentado del artículo 550.1 y 3 del Código Penal a la pena de un año y tres meses de prisión y multa de siete meses con una cuota diaria de quince euros; y como autor de un delito leve de lesiones del artículo 147.2 a la pena de un mes de multa con cuota diaria de quince euros; absolviéndole del delito de injurias por el que venía acusado.

Y en concepto de responsabilidad civil, le condenó a indemnizar al perjudicado en la suma de doscientos cuarenta euros.

Contra dicha sentencia se ha alzado la defensa del acusado esgrimiendo un cúmulo de motivos -hasta trece-, en los que, uniendo argumentos procesales y sustantivos, concluye interesando que se declare la nulidad de lo actuado por haber determinado la competencia objetiva sin audiencia de las partes y por habérsele privado de utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y, subsidiariamente, que se dicte sentencia por la que se absuelva al recurrente de todos los hechos por los que viene acusado o de condena en los términos que expone en su escrito.

SEGUNDO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por determinación de la competencia objetiva sin audiencia de las partes y con infracción del artículo 759 de la LECrim .-

A)En el primero de los motivos se denuncia que, tras haberse dictado por el Juzgado de Instrucción Auto de Apertura del Juicio Oral ante el Juzgado de lo Penal, se modificó la determinación competencial mediante actuaciones que no siguieron los cauces previstos en la legislación procesal y sin audiencia de las partes, con la consiguiente indefensión que ello conlleva, al habérsele privado efectuar alegaciones sobre la perpetuatio iurisdictionis, la extemporaneidad del planteamiento de la competencia, la procedencia del cauce procesal utilizado y la eventual pertinencia de devolver las actuaciones al instructor para subsanar defectos procesales.

B)Es cierto que el Juzgado de Instrucción nº 3 de los de Soria remitió, una vez abierto juicio oral, las actuaciones al Juzgado de lo Penal y que dicho Órgano judicial, corrigiendo dicho error material, lo reenvió a la Audiencia provincial. Pero querer buscar en lo que no fue más que un descuido una declaración de nulidad con la consiguiente retroacción de las actuaciones a dicho momento procesal va en contra de los más elementales principios rectores del proceso penal, entre los que se encuentra el de la economía procesal.

No estamos, pese a lo que entienda el recurrente, ante una cuestión de competencia de las reguladas en el artículo 759 LECrim, que se dice infringido. El Juzgado de lo Penal no rehusó el conocimiento de la causa que se le enviaba. Entendió con buen criterio que la competencia le correspondía a la Audiencia provincial, que es el Órgano para ante el que las propias partes habían presentado sus conclusiones provisionales. Y lo que hizo, por entender que se había incurrido en un simple error material, fue remitir a aquélla el asunto. Además, otra cosa no le era dable hacer por prohibirle el ordinal 2º de dicho precepto promover cuestiones de competencia a la Audiencia respectiva. A lo sumo, debería de haber elevado una exposición razonada, oído el Ministerio Fiscal, exponiendo los argumentos que tuviera para creer que le correspondía el conocimiento del asunto.

Pero de esta omisión no cabe deducir la pretendida nulidad, máxime cuando al final fue remitido el asunto, tal y como querían las propias partes, a quien, en definitiva, le correspondía enjuiciar el asunto.

TERCERO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.-

En el segundo motivo se denuncia la vulneración del derecho a utilizar medios de prueba pertinentes para la defensa debido a la inadmisión al inicio del juicio oral de un documento consistente en una multa de tráfico por alcoholemia impuesta a la pareja del acusado en fecha y hora próximas a los hechos enjuiciados, que demostraría que a las 23:45 horas del día en el que tuvieron lugar aquéllos, el acusado se encontraba en un lugar incompatible con su presencia en el Mesón Castellano de la ciudad de Soria y que padecía una intoxicación etílica con directa incidencia en la posible apreciación de la eximente completa o atenuante muy cualificada de embriaguez.

El motivo debe rechazarse.

La Audiencia inadmitió el documento aduciendo que la cuestión ya había sido resuelta en la audiencia preliminar, que la multa databa de dos años y medio antes del día del juicio y que desde que se dictara Auto con fecha 19 de enero de 2026 -el juicio había sido fijado para el 13 de febrero-, la defensa no había solicitado aclaración alguna de dicha resolución.

Pero esta Sala, para una mayor satisfacción en derecho y para evitar todo atisbo de posible indefensión admitió, con carácter previo a la deliberación del recurso, la prueba documental interesada, por lo que el motivo ha perdido interés.

CUARTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por ausencia del preceptivo Auto de admisión de pruebas.-

En el tercer motivo se denuncia la vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y vulneración del derecho de defensa como consecuencia de la celebración del juicio oral sin que el Tribunal hubiera dictado el preceptivo Auto de admisión o inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes en sus escritos de conclusiones provisionales, tal como impone el artículo 785.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

El motivo debe ser rechazado.

La Audiencia, ya lo dice la sentencia apelada, dictó Auto con fecha 19 de enero resolviendo las cuestiones previas y admitiendo la documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 785.3 LECrim.

QUINTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por la nulidad de las grabaciones por ilicitud probatoria ( art. 11.1 LOPJ ).-

A)El siguiente motivo denuncia la nulidad radical de la totalidad de las grabaciones videográficas incorporadas a las actuaciones, en particular de la grabación correspondiente a la cámara 2 del Mesón Castellano -Visor 53, almacén/salida trasera-, por haber sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, en especial, de los derechos a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos de carácter personal, reconocidos en los artículos 18.1, 18.3 y 18.4 de la Constitución Española.

Aduce el recurrente que la grabación correspondiente a la cámara del almacén/salida trasera del Mesón Castellano -Visor 53- incorpora sonido, registrando conversaciones mantenidas en ese espacio y que dicha circunstancia constituye una injerencia en el secreto de las comunicaciones sin control judicial previo.

Añade que la incorporación de grabaciones de videovigilancia a un proceso penal presupone el cumplimiento de todos los requisitos legales atinentes a la protección de datos y que no consta que el sistema de videovigilancia cumpliese los requisitos del artículo 22 LOPDGDD y del RGPD; que la cesión a las fuerzas de seguridad se ajustase a los cauces de la LO 7/2021; ni que se respetasen las garantías de limitación de finalidad y seguridad de los datos.

Por último, crítica la quiebra de la cadena de custodia desde que se recogieron los vestigios hasta que se concretaron como pruebas en el juicio, por cuanto el atestado policial no recoge actas de recepción individualizadas, verificación de integridad o descripción detallada de cada soporte.

Y anuda, como corolario de todo lo anterior, el efecto reflejo que se desprende de la doctrina del fruto del árbol envenenado, determinante de la nulidad no ya de la prueba originaria, sino de las pruebas posteriores que solamente se han podido obtener gracias a aquélla.

B)El artículo 18. 1 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la intimidad, esto es, el secreto sobre la propia esfera de vida personal, cuyo contenido objetivo es un espacio propio y reservado del que dispone toda persona frente a la acción y el conocimiento de los demás. Ahora bien, como todos los derechos fundamentales -a salvo el derecho a la integridad física- el derecho a la intimidad puede ser limitado cuando se identifiquen necesidades prevalentes de protección de otros derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, y siempre, además, que la limitación esté prevista en la ley y su práctica responda a presupuestos de proporcionalidad y razonabilidad.

Así, en relación con la primera de las protestas que expone el motivo, constituye doctrina pacífica la que afirma que no hay infracción por la mera captación de imágenes en espacios públicos. Dicha diligencia de investigación, por afectar también al círculo más externo del derecho a la vida privada que incluye el derecho a la propia imagen, no reclama como presupuesto habilitante la previa autorización judicial, en los términos precisados en el artículo 588 quinquies a) LECrim ( SSTS 711/2025, de 10 de septiembre y 434/2021, de 20 de mayo).

Y es que, como recuerda la STS 649/2019, de 20 de diciembre, "la doctrina jurisprudencial entiende, con carácter general, que las grabaciones videográficas de imágenes captadas en espacios públicos, a condición de que sean auténticas y de que no estén manipuladas, constituyen un medio de prueba legítimo y válido en el proceso penal -previsto ahora expresamente en el art. 382 Lec y aplicable de forma supletoria conforme a lo dispuesto en el art. 4 Lec , sin que se requiera para su captación la previa autorización judicial. En efecto, nos encontramos con la posibilidad del uso de la prueba documental tecnológica del proceso civil aplicable al proceso penal, como en estos casos se realiza cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recaban del comercio la observación de las imágenes en uso de las facultades investigadoras que se les confiere."( STS 909/2021 de 24 de noviembre de 2021).

C)En relación con la segunda de las denuncias, la STS 457/2025, de 21 de mayo, que analiza un supuesto idéntico al que ahora se somete a nuestra consideración -y en cuyo caso también se había denunciado el incumplimiento de las exigencias impuestas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento General de Protección de datos de la Unión Europea-, sostiene que no se identifica ni inadecuada interpretación ni indebida aplicación de las garantías constitucionales que condicionan, como no podía ser de otra manera, el aprovechamiento de evidencias en el proceso penal y la activación de la regla de exclusión probatoria.

Dicha regla -que como dice la sentencia habita en el proceso- solo puede ponerse en funcionamiento cuando la violación compromete el fin, constitucionalmente significativo, que le presta fundamento. Y este es evitar que, mediante la lesión de derechos fundamentales en la obtención de medios o fuentes de prueba, se busque obtener ventajas injustas, ya sea en el proceso en curso o en el que pueda iniciarse, aprovechándose, precisamente, de dicha lesión.

Y recuerda la doctrina constitucional que afirma que "el específico fin de la regla de exclusión es proteger a los ciudadanos de la violación instrumental de sus derechos fundamentales que ha sido verificada, justamente, para obtener pruebas. Con ello, se protege la integridad del sistema de justicia, la igualdad de las partes y se disuade a los órganos públicos, en particular, a la policía, pero también a los propios particulares, de realizar actos contrarios a los derechos fundamentales con fines de obtener una ventaja probatoria en el proceso"- SSTC 81/1998, 41/1999, 222/2003, 97/2019-.

La no activación de la regla de exclusión probatoria frente a la vulneración de derechos fundamentales por particulares que no pretendían aprovecharse procesalmente de las evidencias o ventajas obtenidas ha sido, también, sostenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contemplando solo, como excepción, un supuesto en el que se aportó como prueba a un proceso por delitos de criminalidad organizada una grabación en la que un acusado, bajo torturas infligidas por integrantes de la organización, reconocía su participación en determinados hechos delictivos - STEDH, caso Cwik c. Polonia, de 5 de febrero de 2021-.

En definitiva y por emplear palabras del Tribunal Constitucional en su STC 97/2019 "cuando no existe una conexión o ligamen entre el acto determinante de la injerencia en el derecho fundamental sustantivo y la obtención de fuentes de prueba, las necesidades de tutela de dicho derecho son ajenas al ámbito procesal y pueden sustanciarse en los procesos penales o civiles directamente tendentes a sancionar, restablecer o resarcir los efectos de la vulneración verificada en aquel".

En el supuesto enjuiciado, el componente preventivo y de seguridad que presta justificación objetiva a la colocación de cámaras en zonas comunes de espacios cerrados al público es suficiente para considerar que el potencial aprovechamiento probatorio de las imágenes así obtenidas pueda comprometer la integridad del proceso.

Hoy día, la utilización de cámaras de seguridad en espacios públicos constituye una moneda de uso común, bien sean éstos calles, jardines, parques o en el interior de establecimientos de ocio y esparcimiento, y el ciudadano es consciente de su existencia y de que esa realidad presta un impagable servicio a la seguridad pública y constituye un valioso mecanismo de prevención del delito y, aún, de investigación del mismo; por lo que efectuado el examen de ponderación con los derechos fundamentales que puede llegar a lesionar, debe entenderse prevalente frente a estos últimos.

Además de ello, y sin perjuicio de que la injerencia denunciada no cabe reputarla grave, el conocimiento que debía tener el recurrente de que en dicho establecimiento público existirían cámaras como las que plasmaron su actuación y que pudieron servir para identificarle, priva al conflicto de cualquier argumento en favor de las tesis de aquél.

D)El último submotivo censura la quiebra de la cadena de custodia desde que se recogieron los vestigios hasta que se concretaron como pruebas en el juicio, por cuanto el atestado policial no recoge actas de recepción individualizadas, verificación de integridad o descripción detallada de cada soporte.

El problema que plantea la cadena de custodia es garantizar que desde que se recogen los vestigios relacionados con el delito, hasta que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio del Tribunal, es lo mismo. Es a través de la cadena de custodia como se satisface la "mismidad" de la prueba.

Y para poder examinar si se ha producido una ruptura relevante de la cadena de custodia -en este caso de las grabaciones videográficas con las que se identificó al agresor- no es suficiente, tal y como sostiene la STS 711/2025, de 10 de septiembre, con el planteamiento de dudas de carácter genérico es necesario que la parte que la cuestione precise en qué momentos, a causa de qué actuaciones y en qué medida se ha producido tal interrupción.

Y lo que hace el recurrente es un cuestionamiento genérico que no desciende al detalle de lo acontecido, por cuanto habla de "ausencia de trazabilidad, integridad y preservación",denunciando que el atestado no recoge actas de recepción individualizadas, no verifica la integridad de las cintas, ni efectúa una descripción detallada del contenido de cada soporte.

El atestado menciona la solicitud de imágenes al Mesón Castellano y a otros establecimientos en una única diligencia, pero el hecho de que no conste un oficio policial individualizado dirigido a cada uno de ellos, ni un acta de recepción individualizada, ni siquiera identifique al entregar al Juzgado los CDs las grabaciones que se contienen en cada uno de ellos, no puede privar de validez a las mismas.

Sólo si las deficiencias formales despiertan serias dudas racionales- STS 129/2015, de 4 de marzo- debería prescindirse de esta fuente de prueba, no por el incumplimiento de algún trámite o diligencia establecida en el protocolo de recepción de muestras y su custodia, sino por quedar cuestionada su autenticidad.

No basta, por tanto, la mera sospecha de la ruptura de la cadena de custodia para declarar la infracción y poder declarar, consiguientemente, la nulidad de la prueba, sino que se requiere la evidencia de dicha ruptura, es decir, que se exige prueba de la existencia de su manipulación efectiva y no la simple posibilidad de ella- STS 709/2013, de 10 de octubre-.

El motivo se desestima.

SEXTO.- Motivo consistente en el quebrantamiento de las garantías procesales por la nulidad de las diligencias policiales y de investigación practicadas para la identificación del autor.-

A)Se denuncia que el proceso de identificación del autor estuvo viciado desde el inicio por haberse sustentado en grabaciones ilícitas; y que las gestiones indagatorias practicadas y las entrevistas mantenidas con potenciales testigos de los hechos permitieron a los agentes conocer que el autor de los hechos respondería al nombre de " Patricio", ignorando más datos de su identidad, razón por la que se solicitó al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Soria mandamiento dirigido al INE para obtener datos de personas censadas en la provincia de Soria con dicho nombre y nacidas entre los años 1975 y 2005; y que la versión de los testigos sobre el origen del nombre varió de forma significativa.

El motivo se construye sobre la eventual nulidad de las grabaciones videográficas registradas en el establecimiento en el que tuvo lugar la agresión, grabaciones que, según lo razonado anteriormente, gozan de plena validez.

Y no entendemos el ahínco con el que se combate la validez de las grabaciones, por cuanto el visionado de las imágenes proporcionadas por el establecimiento en el que tuvieron lugar los hechos poca luz arroja en orden a conseguir identificar al autor de la agresión padecida por el denunciante, que solamente aparece en una ocasión, ya cuando abandona los baños del restaurante y es conducido a través de una especie de almacén por el camarero del mismo que resultó ser Borja y que le acompaña a la puerta trasera del mismo para evitar males mayores. Y el agresor aparece vestido con una camiseta azul y unos pantalones que pudieran parecer vaqueros, pero siempre aparece de espaldas, no viéndosele en ningún momento la cara.

La cuestión capital que tenemos que dilucidar es, por tanto, si, bien a través de dicha prueba, bien mediante la testifical o cualquier otro mecanismo probatorio, puede quedar acreditado que el que aparece en las imágenes es el ahora acusado. Esto es, si bien mediante algún testigo, bien por aparecer con nitidez en dichas grabaciones, queda probado más allá de toda duda razonable que el acusado se encontraba al tiempo en el que tuvieron lugar los hechos en el Mesón Castellano de la ciudad de Soria y fue, por tanto, el que intervino en la agresión que se le atribuye.

B)El acusado ha declarado a lo largo de todo el proceso que ese día, que tenía lugar la fiesta de Lavalenguas en la ciudad de Soria, fue a la localidad de Valonsadero a primera hora de la mañana permaneciendo durante todo el día en compañía de su novia Camila -en cuyo coche habían viajado- y de dos amigos Arcadio y Armando, y que permanecieron allí hasta las 11 ó 11:30 de la noche, hora en la que cogieron el vehículo para regresar a la capital. Versión que han corroborado tanto Arcadio como Armando en la respectiva testifical que prestaron en el acto del juicio.

Y ha quedado probado que, salvo Arcadio, bebieron todos ellos una gran cantidad de alcohol. Así lo testificaron los acompañantes del acusado, quién declaró en el plenario que al día siguiente tuvo la resaca más grande de su vida y que tuvo que posponer su regreso a Logroño, ciudad en la que reside, hasta dos días después.

También ha quedado probado que en el camino de regreso, a las 23: 45 horas, fue interceptado el vehículo en el que viajaban por una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba efectuando un control de alcoholemia, al que sometieron a la conductora, Camila, que arrojó resultado positivo, tal y como acredita la documental consistente en la denuncia interpuesta por la referida patrulla, control al que no quisieron someterse ni el acusado ni Armando por entender que tampoco sería negativo el resultado y que solamente superó con éxito el citado Arcadio, quien condujo a partir de ese instante el vehículo en el que regresaron a Soria.

Si presumimos, de acuerdo con las reglas del criterio humano, que en dicho trance transcurrirían no menos de quince minutos, que desde Valonsadero a la ciudad de Soria hay alrededor de 15 kilómetros y que al llegar al centro de una ciudad en fiestas resulta complicado aparcar el coche y llegar hasta la Plaza Mayor, que es donde se encuentra el Mesón Castellano, parece poco probable que a las 00:30 horas que es cuando sucedieron los hechos denunciados, al acusado le hubiera dado tiempo para llegar al lugar en el que ocurrieron.

C)Pero es que la prueba testifical tampoco acredita, sin ningún género de dudas, que la persona que cometió la agresión denunciada fuera el acusado.

El DENUNCIANTE ha declarado a lo largo de todo el proceso que ni conocía al denunciado, ni quiere conocerlo; que no había tenido nunca un problema con él; y preguntado en el plenario para que manifieste si le reconoce, contesta que no puede identificarlo.

Si dice, y en eso coinciden todos los testigos, que la persona que le agrede es la que a continuación se encierra en el baño y que, dentro del baño, siguió profiriendo improperios.

Cierto es que existe alguna contradicción en su testimonio que ha sido puesta de manifiesto por la defensa -ni en su denuncia ni en su declaración en instrucción dijo que le había insultado y ahora afirma rotundamente que le dijo "Alcalde, prevaricador, hijo de puta" y que habló de un puñetazo y ahora habla de dos-, pero son discrepancias insignificantes, producto de los lógicos nervios del momento.

D)El testigo Constantino, que no presenció el incidente, y al que le invita la Policía a visionar los vídeos por si podía identificar a una persona a la que él saluda y que podría ser el agresor, se muestra inseguro en su testimonio. Dice que "en el primer vídeo, en el que se supone que saludo a alguien a la otra persona no se le ve; en el otro se ve de perfil y la Policía dice que solo saben que se llama Patricio y él dice que se parece a la persona que dice pero que no está seguro al cien por cien"; añadiendo que hoy tampoco está seguro de la identidad de esa persona.

Añade en el plenario que él no dijo que era Patricio -al que conoce porque es amigo de su primo-, sino que se parecía a Patricio, pero que no estaba seguro si era él. Y que de hecho no se acuerda si saludó a Patricio porque cuando le llamó la Policía habían pasado cuatro meses.

E)El testigo que se encontraba junto con el denunciante al tiempo de ser agredido, Sabino, ha declarado en el acto del juicio que "estaba con el Alcalde, que es su amigo; que estaban solo los dos cuando llegó el agresor y tras insultar a Bernardino le agredió"; que a partir de ese momento ya no vio nada; y que no bajó hacia la zona del baño".

Preguntado para que manifieste si reconoce al acusado como el autor de esos hechos, contestó afirmativamente, aunque dijo que "aquel día no llevaba gafas" -como luce en el plenario- y que tenía algo más de barba".

Sin embargo, en su declaración previa ante el Juzgado de Instrucción declaró que no podría reconocer la cara del agresor y que no fue llamado por la Policía para identificarle en las pesquisas policiales.

Y cuando se le hace ver la contradicción en la que incurre, se mostró nervioso y no supo explicarlo, por lo que no podemos tener su testimonio como definitivo, máxime si tenemos en cuenta su declarada amistad con el denunciante.

F)Las dos personas que vieron con más continuidad al agresor -y que por tanto pueden tener una idea más cercana de su identidad- son Belarmino, que dijo ser el novio de la dueña del Mesón Castellano, y el camarero de dicho establecimiento, Borja, que fue quien sacó a aquél del establecimiento por la puerta de atrás para evitar males mayores.

Belarmino declaró que cuando Lorenza, su novia, le dijo lo que había pasado, bajó al baño y una chica que se encontraba en la puerta trató de impedirle que entrara. Que le dijo al agresor que había pegado al Alcalde y que éste le respondió que sí, que había pegado al Alcalde y que podría pegarle a él.

Cuando se le requiere para que identifique al acusado y acredite que fue, en efecto, el agresor, dice que "quiere creer que es el acusado, aunque afirma que ha cambiado mucho" y añade que era una persona mucho más alta que él. Invitado el acusado para que se ponga en pie, resulta ser de una estatura idéntica a la del testigo.

El testigo añadió que siempre usa gafas pero que aquél día no las llevaba; y que no conocía al agresor ni a la chica que le acompañaba.

Preguntado por la hora en la que sucedió el hecho responde que "serían las 11:30 o así", "que bajaba la gente de Valonsadero".

Dice que no recuerda cómo vestía el agresor, que llevaba una sudadera y unos vaqueros y que no recuerda el color de aquélla, que podía ser roja.

Si reparamos en que en su declaración de instrucción dijo que se trataba de un jersey gris y que las únicas imágenes que se ven del agresor muestran a un joven con una camiseta azul, deduciremos que la idea que tiene el testigo de estos detalles es, más bien, remota.

Por su parte, Borja, camarero de dicho establecimiento, declaró que cuando subía del restaurante vio al Alcalde que estaba hablando de un modo raro con el chico y que, al preguntarle el denunciante le dijo que le había agredido por lo que decidió llevarse al chico por la puerta de atrás para que no hubiera más problemas. En esto contradice la versión del denunciante que dijo que tras agredirle comenzó a correr escaleras abajo hasta refugiarse en los servicios.

Borja declaró que "no vio la agresión ni oyó los insultos; que el chico estaba solo y que luego lo vio con una chica; y que estuvo hablando con él un rato para que se tranquilizara. Que se encerró en el baño de caballeros con la chica; que bajó la pareja de su jefa y le dijo que saliera; que discutieron, pero no se acuerda. Es cuando decidió evacuarlo por la puerta de atrás. No oyó decir que había pegado al Alcalde".

Añadió en su declaración que cuando le llamó la Policía le enseñaron unas fotos y reconoció al agresor, pero que hoy no se acuerda de quien era; y concluyó diciendo que no sabe quién es el agresor y que no identifica como tal al acusado.

También dijo que desde que ve al agresor con el Alcalde hasta que le acompaña por la puerta de atrás fuera del establecimiento, no lo pierde de vista en ningún momento; lo que contradice la versión de Belarmino que dijo que cuando pasó eso en el baño no estaba con él Borja el camarero; estaba en el almacén (que está al lado del baño); y con la versión que dio el propio Alcalde que dijo que el agresor salió corriendo escaleras abajo tras agredirle.

G)Los funcionarios policiales instructores del atestado, con carnet profesional NUM000 y NUM001, respectivamente, que testificaron conjuntamente, y que no presenciaron el suceso, dijeron en el juicio que recabaron las imágenes, los testimonios; que solicitaron el acceso al Instituto Nacional de Estadística para acceder a los datos "de las personas que les pudieran encajar en los datos que tenían", que respondieran al nombre de Patricio, nacidos entre 1975 y 2005 y que se obtuvo la identidad de un testigo de referencia que estaba en el lugar cuando sucedieron los hechos y que saludó al presunto agresor a su entrada, en clara referencia al testigo Constantino, que ya ha dicho que no recuerda si saludo al acusado.

La declaración de la Policía resulta sumamente asombrosa, por no decir sorprendente.

Atribuyen el suceso al acusado porque alguien en el establecimiento dice que le llaman Patricio -recordemos que sus amigos han declarado llamarle todos por el apellido- y porque se dirige hacia determinadas calles de Soria al alejarse del establecimiento. Deducen que el acusado es soriano porque el Alcalde no es muy conocido fuera de la ciudad y solamente un soriano podría tener motivos para insultarle y agredirle y al averiguar que reside en Logroño -donde trabaja como farmacéutico en un hospital- e ir a esa ciudad a realizar la identificación, afirman que le reconocen sin ningún género de dudas porque "han visto muchas veces el vídeo y por la forma de andar".

Si visionamos el vídeo en el que aparece el acusado, observamos que la imagen nos muestra al agresor saliendo a través del almacén del Mesón Castellano, seguido por el camarero durante dos metros a lo sumo y en esas imágenes no parece evidenciarse una forma de andar tan peculiar y determinante como sostiene la Policía.

H)Por último, el acusado, a quien los testigos atribuyen un carácter pacífico -"es una persona nada conflictiva; me extrañaría que actuara violentamente", dijo Armando; "es una persona pacífica, lo conozco desde la adolescencia; me cuesta creer que hiciera eso; nunca se metió en ningún problema", dijo Arcadio-, y cuyo testimonio nos merece credibilidad declaró, en lo que aquí importa, que aunque es soriano lleva fuera de Soria desde los dieciocho años,porque fue a estudiar Farmacia a Alcalá de Henares y que en la actualidad es farmacéutico hospitalario en Logroño; que no conocía al denunciante ni sabía que era el Alcalde de Soria;y añadió que tiene un nulo interés por la política; que no sabía quién era el Alcalde de Alcalá cuando estudiaba allí; que no sabía antes de iniciarse este proceso quién era el Alcalde de Soria y que no sabe quién es el Alcalde de Logroño, ciudad en la que reside.

Que del día en el que sucedieron los hechos solo tiene lagunas y que se levantó al día siguiente "con la peor resaca de su vida"; que no pudo conducir al día siguiente para irse a Logroño; tuvo que irse al otro día a las 7 de la mañana.

Que, desde luego, no recuerda haber agredido a nadie, ni haber estado involucrado en ninguna trifulca; ni haber estado en el Mesón Castellano. Y que "nunca ha tenido ningún problema con la Justicia, salvo una multa de tráfico que le pusieron por saltarse un stop cuando tenía dieciocho años".

I)En definitiva, analizada toda la prueba practicada en el juicio oral, advirtiéndose las contradicciones que se han descrito, así como la falta de concreción, no de los hechos objeto de la denuncia, que tenemos por ciertos, sino de la identidad de quien aparece como acusado en el presente proceso, se está en el caso de aplicar el principio in dubio pro reoy, con estimación del recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada por la Audiencia y absolver al acusado de los delitos de los que venía acusado.

En definitiva, no es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener al acusado por autor de los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra en el escrito rector del proceso.

Y ello, como decimos, debe llevar a absolver al acusado, por cuanto sufre más la conciencia de la sociedad con la condena de un inocente que con la absolución de un culpable.

Lo anterior hace inútil el estudio de los restantes motivos del recurso.

SÉPTIMO.- Las costas procesales.-

La estimación del recurso determina que no se haga imposición de las costas procesales en ninguna de las dos instancias.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás aplicables al caso,