Sentencia Penal 31/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 28/2025 de 07 de mayo del 2025

Se aceptan e incorporan a la presente resolución los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en cuanto que no se oponen a los contenidos en la presente resolución.

PRIMERO.-La sentencia apelada condena al acusado recurrente, como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, con las penas accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de 6 años; inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de 12 años; prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, por un periodo de 10 años y la medida de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad con una duración de 10 años. Se le condena igualmente al pago de las costas del juicio, incluidas las de la acusación, y a indemnizar a la víctima en la suma de 8.000 euros.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la representación del acusado que articula su recurso de apelación esencialmente en cinco motivos:

-La nulidad de la declaración de la menor como prueba preconstituida, por vulneración del 24.2 de la Constitución Española (CE), en relación con los artículos 416.1, 418 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Alecrín).

-La vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado.

-El error en la valoración de la prueba

-La infracción de los artículos 183.1 y 4 d) del Código Penal, 74.1 y 3; 192 y 57 del Código Penal

-La falta de proporcionalidad en la imposición de la pena.

El Ministerio Fiscal y el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, que ejerció como acusación particular, solicitaron la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO. - Infracción de los arts. 416.1, 418 y 707 de la LECcrím.

El motivo propugna la nulidad de la prueba preconstituida. por vulneración del Derecho a la dispensa, a no declarar sobre los hechos presuntamente delictivos por razón de parentesco, ya que, previamente a su declaración, no se le hizo tal ofrecimiento

Esta cuestión ya fue propuesta en el juicio oral y rechazada en la sentencia recurrida:

"En primer lugar, debemos hacer referencia a las manifestaciones del letrado de la defensa, en fase de informe, tras la práctica de las pruebas, en las que solicitó la nulidad de la prueba preconstituida, al no habérsele informado a la menor de la dispensa de la obligación de declarar contra el acusado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416 LEcrim . Tal solicitud se formuló al final del acto de juico, sin posibilidad de contradicción y sin que con anterioridad la defensa hubiera planteado la posible nulidad de la prueba, habiendo solicitado en su escrito de defensa la reproducción de la misma ex artículo 730 Lecrim , adhiriéndose a la petición que en tal sentido efectuó el Ministerio Fiscal.

Sobre esta cuestión señala la STS 342/2021, de 24 de abril : < artículo 730 de la Alecrín. Y si bien es cierto que el artículo 11 de la LOPJ dispone que "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos fundamentales" también lo es que ese mismo precepto proclama que "en todo procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe". En aplicación de esta regla general resulta inasumible que quien propone la incorporación al juicio como documental de una prueba cuya nulidad no denuncia no puede, una vez dictada sentencia, afirmar la nulidad de esa prueba porque no le conviene la valoración que se ha hecho de la misma. Como regla general la nulidad de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales precisa que se inste la nulidad nada más conocerse su existencia a través de los recursos ordinarios o que se invoque en el juicio ( STS 446/2010, de 30 de abril y artículos 238 y siguientes de la LOPJ ) y presupone también que esas pruebas no han sido introducidas en el proceso por quien va a instar su nulidad. Es un contrasentido que se solicite la práctica de una prueba y que, una vez practicada, se postule su nulidad por vía de recurso. El motivo, en consecuencia, se desestima."

La parte recurrente reproduce en esta instancia el motivo de impugnación, afirmando que el trámite de conclusiones era hábil para ello, y que quien intereso su reproducción en el Juicio Oral fue el Ministerio Fiscal y no la defensa del acusado. Estas alegaciones carecen de virtualidad. La exploración de la menor se llevó a efecto con presencia del letrado de la defensa, que no puso objeción alguna. En su escrito de calificación, la defensa se adhirió a las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal entre las que se encontraba la reproducción en la vista de la exploración grabada de la menor, en los términos establecidos en el art 703 bis de la Lecrim. Tampoco al inicio del juicio planteó la defensa, como cuestión previa, la posible nulidad de la prueba, y tan solo, en el trámite de conclusiones alega la nulidad de la misma. Debemos recordar que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, la vulneración de un derecho fundamental requiere, para que pueda ser acogida, la denuncia formal de las vulneraciones alegadas en el proceso judicial previo tan pronto como hubiera lugar para elloy el agotamiento de todos los medios de impugnación previstos por las leyes, lo que la parte recurrente no ha hecho (STC. sentencia 21/2021, de 15 de febrero de 2021).

TERCERO. - Vulneración de la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba.

Aunque se alegan la vulneración de la presunción de inocencia y el error en la valoración de la prueba como motivos distintos, entiende el Tribunal que debe procederse a un examen conjunto de ambos pues están íntimamente interrelacionados, ya que, en supuestos como el presente, donde la única prueba de cargo con la que se cuenta es la declaración de la propia víctima, la vulneración de la presunción de inocencia vendrá determinada generalmente por una errónea valoración de la prueba, pues se trata, en definitiva, de comprobar si aquella declaración reúne los requisitos necesarios para erigirse como prueba de cargo con eficacia suficiente para enervar la presunción de inocencia.

El principio de presunción de inocencia comporta la exigencia de que un pronunciamiento de condena se asiente sobre la existencia de una prueba que pueda ser entendida de cargo, obtenida u aportada legalmente al proceso y valorada motivadamente por parte del tribunal.

Así, en palabras de la STC 189/1998, de 28 de septiembre, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya habido prueba de cargo válida, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando no sea razonable el iterdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado por ser ilógico o insuficiente

Ciertamente, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la declaración de la víctima puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que es frecuente que suceda, como ocurre en este caso, en los delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada ( SSTC. 229/1991, de 28 de noviembre; 64/1994, de 28 de febrero y 195/2002, de 28 de octubre, así como SSTS 553/2014, de 30 de junio o 355/2015, de 28 de mayo, entre muchas otras).

Por tanto, la declaración de la víctima, aun siendo prueba única, como ocurre en el presente caso, puede tener aptitud para destruir la presunción de inocencia, si ha sido correctamente valorada con arreglo a unos parámetros, definidos por la jurisprudencia.

En este sentido, la STS del 24 de enero de 2024 ( ROJ: STS 628/2024) establece la siguiente doctrina:

"(...) la credibilidad del testimonio de la víctima corresponde evaluarla al órgano de enjuiciamiento, mientras que al Tribunal de apelación le compete el control de la valoración realizada por el Tribunal de instancia, en lo que concierne a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia.

Y para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la declaración testifical de la víctima, esta Sala tiene establecidos unos parámetros que, sin ser cada uno de ellos una exigencia axiomática para la validez del testimonio, sí facilitan que la verosimilitud responda a criterios lógicos y racionales, con elusión de posicionamientos internos o intuitivos del juez.

Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación.

La credibilidad subjetiva se refleja por una aptitud física del testigo para percibir lo que relata, cuando entra en confluencia con el plano psíquico, en el sentido de carecer el testigo de móviles espurios que debiliten la credibilidad de su versión.

La credibilidad objetiva o verosimilitud de su testimonio, según pautas jurisprudenciales ya muy reiteradas, debe estar basada en la lógica de la declaración (coherencia interna), con el suplementario y relevante apoyo de datos objetivos que corroboren periféricamente la versión sustentada en el relato (coherencia externa).

Por último, la persistencia en la incriminación presta su eficacia analítica desde la evidencia de que los hechos vividos son únicos e inmutables, de modo que su descripción en sucesivas declaraciones, no solo debe estar despojada de modificaciones esenciales, sino que debe ser concreta; eludir las vaguedades o generalidades; estar ausente de contradicciones; y ofrecer una conexión lógica con las versiones ofrecidas con anterioridad".

Sobre el error en la valoración de la prueba la impugnación de la defensa del acusado se concreta esencialmente en la declaración de la menor, a la que tacha de insegura, vacilante e incoherente, aduciendo que su declaración ante la Guardia Civil no la hizo la menor sino su hermana; y en el informe pericial psicológico cuestionando, por una parte, que las alteraciones psicológicas presuntamente padecidas por la menor se deban a los hechos, y por otra parte, el dictamen sobre su credibilidad, porque entiende que se basa únicamente en la visualización de la exploración de la menor.

La menor ha prestado dos declaraciones en el sumario: una ante la Guardia Civil en el momento de la presentación de la denuncia, y una segunda declaración prestada en la forma prevista en el art. 449 ter de la Lecrím., sometida a la contradicción de las partes, y en ambas se mantiene un relato inculpatorio sustancialmente idéntico, prestado esencialmente de forma espontánea, sin vacilaciones, dudas o contradicciones.

No es cierto que la declaración ante la Guardia Civil la prestase la hermana de la presunta víctima. Según consta en el atestado obrante en el sumario del Juzgado de Instrucción de Calamocha (Folio 4. Doc. 1 del SGP Avantius) la denuncia se formula por la hermana mayor de la víctima Zaira, pero la exploración se lleva a efecto en la persona de su hermana Apolonia.

Tampoco es cierto que informe pericial psicológico elaborado por el equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), se practicase únicamente con base exclusivamente en la visualización de la declaración de la menor. El propio informe específica a su inicio que sus conclusiones se extraen de:

-La visualización de la prueba preconstituida (15/3/2023)

-La entrevista abierta con Dña. Zaira (hermana y tutora de Apolonia).

-La entrevista semiestructurada con la menor Apolonia ( NUM001/2023)

-La valoración de la credibilidad de testimonio mediante procedimiento CBCA y SVA.

-La evaluación psicométrica con prueba PAI-A: Inventario de Evaluación de Personalidad en Adolescentes.

-La revisión de la documentación aportada.

Ciertamente el informe pericial no es prueba objetiva de la realidad de los hechos, pero no es menos cierto que en sus conclusiones pone de manifiesto dos elementos que sirven para dotar de credibilidad a la declaración de la víctima:

En primer lugar, que el discurso de la menor sobre los supuestos abusos sexuales reúne consistencia en el relato de los hechos fundamentales (acciones abusivas) y puede ser calificado como "muy probablemente creíble", aplicando los criterios estandarizados para medir de la credibilidad de las declaraciones de los menores sometidos a abuso (CBCA y SVA).

Que el análisis del estado psicológico de la menor aprecia una situación sintomatológica afectada de DIRECCION003 y rasgos propios de DIRECCION004 junto a dificultades relacionadas con DIRECCION005 y vivencia personal traumática, acompañado de una alarmante presencia de ideaciones suicidas, que precisarán de asistencia profesional para un mejor ajuste a su situación.

Debemos recordar en este punto que la jurisprudencia ( STS 714/2020, 18 de diciembre) estima que la prueba pericial psicológica se revela como una fuente probatoria de indiscutible valor para apreciar el testimonio de un menor, víctima de un delito de naturaleza sexual, siempre que se encuentre practicada con todas las garantías (entre ellas, la imparcialidad y la fiabilidad derivada de sus conocimientos), y se rinda el informe ante el Tribunal, tal y como ha ocurrido en este caso.

En definitiva, es forzoso concluir que el proceso argumentativo de valoración de la prueba por parte de la Audiencia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente, que es lo que el Tribunal Superior de Justicia viene obligado a comprobar en el recurso de apelación penal en causas graves ( STS 413/2021, de 13 de mayo).

CUARTO. - Infracción de los artículos 183.1 y 4 d) del Código Penal , 74.1 y 3 ; 192 y 57 del Código Penal

Estima la parte recurrente que se han infringido los preceptos legales citados "puesto que los supuestos hechos que da por probados la Sentencia, entiende esta parte que no han sido probados".

En definitiva, pese a su enunciado, el motivo se fundamenta en una errónea valoración de la prueba, lo que conduce necesariamente a su desestimación pues es doctrina consolidada que el motivo de recurso por vulneración del ordenamiento jurídico exige el pleno respeto a los hechos declarados probados, que han sido mantenidos por este Tribunal al desestimar los motivos de apelación que preceden al que ahora estudiamos.

QUINTO. - Falta de proporcionalidad en la imposición de la pena

Entiende la parte recurrente que existe una falta de proporcionalidad en la pena de siete años y seis meses de prisión impuesta, y por ello la sentencia apelada infringe el principio de proporcionalidad de las penas.

La sentencia apelada motiva la imposición de la pena con el siguiente argumento:

"En definitiva, calificándose los hechos como constitutivos de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años del artículo 183.1 y 4 d) C.P ., al concurrir todos los elementos del tipo delictivo, concretamente la realización de actos de carácter sexual, de muy diversa índole, consistentes en utilización de la mano de la menor para masajear su cuerpo y masturbar su pene, tocamientos de los pechos y genitales de la menor, con la mano o el pene, prevaliéndose de la relación de parentesco que tenía con la víctima, pues era su padre, procede imponer a Enrique la pena de siete años y seis meses de prisión, que corresponde con la mitad inferior de la superior en grado a la prevista en el artículo 183.1 y 4 d) C.P ., atendiendo a las concretas circunstancias de los hechos, en especial, como hemos dicho a la extensión temporal de los delitos cometidos y al elevado número de actos abusivos cometidos, que si bien no ha podido ser concretado, debido a la duración de los mismos entre los 6 y los 14 años de la víctima, con una periodicidad mínima de una vez al mes, pero en otras ocasiones, varias veces a la semana, debe estimarse elevado; así como la corta edad de la menor y su situación de vulnerabilidad al haber quedado huérfana de madre, siendo el padre la única figura de autoridad; circunstancias todas ellas que implican un mayor reproche penal que se concreta en la individualización de la pena, justificando la imposición de la pena en su límite máximo de la horquilla penológica prevista, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, del artículo 56 C.P ."

La parte recurrente se limita a enunciar el motivo, pero no aporta razonamiento alguno para combatir la argumentación de la Audiencia.

El motivo de impugnación debe ser, por ello, desestimado de plano, sin necesidad de mayor discurso.

SEXTO: COSTAS. -Por las razones expuestas procede la desestimación del recurso planteado por el acusado, declarando de oficio las costas de esta apelación, conforme a los arts. 239 y 40 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,