Sentencia Penal 590/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5792/2021 de 12 de julio del 2023

Recurso de Elias.

PRIMERO.- La sentencia objeto de la presente censura casacional es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que desestima el recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Sección 3 ª de la Audiencia Provincial de Badajoz, sede en Mérida, que condena a los dos recurrentes como autores de un delito de estafa. En síntesis el relato fáctico refiere que los dos acusados "de común y previo acuerdo y con la intención de obtener y repartir las ganancias que pudieran obtener" pusieron en práctica las conductas que detalla el relato fáctico. Ambos eran socios de una cooperativa agraria y el acusado Pedro, además, era "desde 1989, la persona encargada de las labores administrativas de la cooperativa, la llevanza de cuentas, confección de facturas, control de saldos bancarios y, en definitiva, presentaba para su aprobación las liquidaciones a practicar a los socios", hasta que a raíz de una auditoría se dio de baja que solicitó por incapacidad. A continuación, el relato fáctico refiere las distintas conductas referidas ene el hecho que determinaron unos ingresos indebidos de los dos acusados.

Formalizó un recurso de apelación, que ha sido desestimado en la sentencia objeto de la presente casación, y en el recurso que ahora plantea vuelve a reiterar el contenido de la apelación desestimada y, sustancialmente, dedica su impugnación a cuestionar la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia afirmando su condición de mero empleado de la cooperativa sin desarrollo argumental respecto a lo que se declara probado, oponiendo al relato fáctico el pronunciamiento de la jurisdicción laboral sobre la relación laboral.

Como dijimos en la STS 203/2023, de 22 de marzo, la sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia en el recurso de apelación ha confirmado la dictada por la Audiencia Provincial, y que es condenatoria del delito de estafa. Son por lo tanto dos instancias las que se han pronunciado sobre el hecho, la primera ejercitando las funciones propias del enjuiciamiento, en tanto que la del Tribunal Superior de Justicia ha revisado el pronunciamiento jurisdiccional, particularmente referido a la presunción de inocencia.

Ahora, en casación, formaliza una oposición en la que reitera el contenido de su impugnación en apelación y, fundamentalmente, la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia, reiterando lo que el recurrente manifestó en el juicio oral y reiteró en la apelación.

El motivo se desestima. La sentencia objeto de la casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, en apelación de la dictada por la Audiencia Provincial que ha conocido del objeto del proceso penal en el que, en la primera instancia, han enjuiciado los hechos, y en la segunda se ha procedido a la revisión del pronunciamiento condenatorio dictado en la primera instancia. Por lo tanto, dijimos en la STS 442/2022, de 5 de mayo, cuando se plantea la casación ya se han pronunciado dos instancias jurisdiccionales sobre la conformación de los hechos y se ha satisfecho el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria conforme a las exigencias de los Tratados Internacionales. Como hemos reiterado, por todas STS 20/2019, de 8 de enero, la casación que surge de la reforma operada por la Ley 41/2015, ha de tener un contenido distinto al hasta ahora dispensado por el Tribunal Supremo, más respetuosa con sus orígenes, ser un remedio democrático para asegurar la sujeción de los jueces al principio de legalidad, y asegurar, al tiempo, la unidad en la interpretación del derecho, en cada supuesto concreto sometido a la jurisdicción penal y, de manera general, declarar el sentido de la norma. La ley como mandato general requiere ser interpretada no sólo para conocer su inteligencia y alcance, también en su aplicación al caso concreto sometido a la jurisdicción. Se hace preciso, para asegurar la igualdad y la seguridad jurídica, una unificación de la interpretación de la ley a desarrollar por el Tribunal Supremo, Sala II, que es el órgano jurisdiccional superior del orden penal, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales ( art. 123 CE). En consecuencia y de conformidad con las anteriores premisas, la Sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte.

Desde esta perspectiva, recordamos en la STS 414/2022 de 28 de abril, que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia -en línea con la que veníamos declarando de forma reiterada a raíz de la LO 5/1995, 22 de mayo, que instauró el procedimiento por Jurado-, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009; 21 de abril 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio y 302/2020, 12 de junio).

De acuerdo a lo expuesto constatamos que la queja casacional pretende que realicemos una nueva, sería la tercera, valoración de la prueba y desde el examen que propone, sin haber presenciado la prueba, rechacemos el carácter de prueba de cargo de unas testificales oídas por el tribunal de la primera instancia.

La lectura de la sentencia de la apelación nos permite comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa y suficiente, actividad probatoria. Sobre el hecho de la conducta de este recurrente, el tribunal dispuso de las testificales de los compañeros de trabajo en la cooperativa, que declaran sobre la efectiva realización de las funciones encomendadas al recurrente. Además, las propias declaraciones del recurrente admitiendo que era él quien realizaba las liquidaciones. Las periciales junto a la amplia documental, analizados de forma racional en las dos sentencias recaídas sobre el hecho, permite declarar, en esta sede, la correcta enervación del derecho que invoca en el recurso.

La Sala, en la función que le compete, constata la existencia de la precisa actividad probatoria sobre los hechos declarados probados, no detecta que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia haya desbordado los límites que le incumben en su tarea de fiscalización. Tampoco advierte que el razonamiento sobre la suficiencia de las pruebas de cargo sea irracional o ilógico. No hemos practicado prueba, no hemos oído a los testigos y no podemos variar una convicción sobre una valoración de una prueba que no hemos presenciado, si bien sí que podemos constatar que el órgano de enjuiciamiento, ante el que se desarrollaron las pruebas, y el órgano de apelación, que ha avalado el desenlace proclamado en la instancia han realizado la función jurisdiccional que les compete respetando el contenido del derecho a la presunción de inocencia.

En parecidos términos la Sentencia 986/2022, de 21 de diciembre, que argumenta que debemos recordar -vid. SSTS 552/2021, de 23 de junio; 580/2021, de 1 de julio; 642/2021, de 15 de julio; 805/2021, de 20 de octubre- que si la falta de desarrollo de la segunda instancia había implicado un ensanchamiento de los límites impugnativos del recurso de casación para hacer realidad en nuestro sistema el derecho a la doble instancia, art. 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instaurando el previo recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales por Ley 41/2015, es evidente que cuando el objeto del recurso no está ya constituido por una sentencia dictada en primera o única instancia, sino por una sentencia de segundo grado, que ya ha fiscalizado la apreciación probatoria hecha en la instancia, los límites valorativos no pueden ser los mismos, y por ello son muchas las sentencias que refieren la nueva posición de la Sala de casación. En consecuencia y de conformidad con las anteriores premisas, la Sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.

Las alegaciones del recurrente en las que reitera lo que ya expresó en anteriores instancias sobre la falta de protección de los equipos informáticos, en los que cualquier persona podía incorporar los datos que la pericial señala como duplicados, o las actuaciones de sus compañeros de trabajo que bien pudieron realizar las alteraciones que documental y pericial han detectado o, incluso, la resolución de la jurisdicción laboral declarando la falta de acreditación de los motivos que determinaron el cese de la relación laboral, son reiteraciones de cuanto ya se manifestó en anteriores instancias y respecto a la que los dos tribunales, el del enjuiciamiento y el de la revisión, han analizado para conformar su convicción y señalar la conducta del recurrente en la ejecución del hecho declarado probado. Particular relevancia presenta las alegaciones de este recurrente cuando cuestiona la prueba pericial practicada en el enjuiciamiento y destaca que la aportada por la acusación no es una prueba pericial y tampoco una auditoría, sino un informe económico "sesgado porque no ha analizado a todos los socios de la cooperativa ni todos los ejercicios económicos", y frente a lo que opone el presentado a su instancia, claro y preciso, instando una revaloración de la pericial y del contenido de la prueba desarrollada en el juicio.

La desestimación es procedente. El primer motivo formalizado al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pretende una revalorización de la actividad probatoria de acuerdo a los documentos que obran en la causa y respecto a los cuales pretende una convicción distinta a la obtenida por el Tribunal de instancia. La vía casacional deducida en el motivo exige que el recurrente designe un documento que por sí mismo, y sin necesidad de otro acreditamiento de la materia, refleje un hecho con relevancia penal o un error de hecho en la valoración de la prueba de manera que resulta acreditado un error en el hecho probado contenido en la sentencia. No puede consistir este documento acreditativo del error el reexamen de toda la actividad probatoria tratando de alcanzar una convicción distinta a la expresada por el Tribunal de instancia en la sentencia.

Consecuentemente el motivo se desestima.

SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia un error de derecho por la indebida aplicación de los artículos que tipifican el delito de estafa, artículos 248, 249 y 250 del Código Penal. En el desarrollo argumental del motivo señala que los hechos no pueden incardinarse en un delito de estafa debido a que en su conducta no existe engaño, ni existe abuso de confianza, ni puede ser calificado de bastante, ya que era un trabajador más en la cooperativa que se limitaba a desarrollar su jornada laboral y a dedicarse a otras actividades como en su trabajo agrícola y alcalde de la localidad.

La vía impugnatoria elegida exige absoluto respeto al hecho declarado probado y este, contrariamente a lo argumentado por el recurrente, refiere el aprovechamiento de su condición de socio y de encargado de la administración y contabilidad de la cooperativa para el aprovechamiento en su beneficio, y el del otro acusado, en la forma que se describe el hecho probado para incorporar a su patrimonio las partidas que el hecho probado declara. Los requisitos de la tipicidad, engaño precedente o concurrente, calificado de bastante, que produce un error esencial en el sujeto pasivo, que se ve compelido, fruto de ese engaño, a la realización de actos de disposición patrimonial que supone un prejuicio para quien dispone en virtud dice engaño, todo ello precedido del ánimo de lucro, unido por los correspondientes nexos de causalidad entre los distintos elementos acabado de exponer, hacen que la calificación en el delito de estafa sea correcta y ningún error proceda declarar.

TERCERO.- El tercer motivo denuncia la indebida aplicación al hecho probado desde artículos 123 y 124 del Código Penal al ser condenado el recurrente a las costas procesales correspondientes al enjuiciamiento, concretamente las correspondientes a la acción particular. Sostiene el recurrente que no es procedente esa condena cuando la acusación particular sostuvo la acción penal por un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida, y ha sido finalmente condenado por un delito de estafa, acción penal que sostuvo el Ministerio Fiscal en la causa.

El motivo debe ser desestimado. La sentencia dictada en apelación, que es la que es objeto de casación, sostiene que únicamente procede excluir de la condena en costas correspondientes al ejercicio de la acción penal por la acusación particular cuando esta sea notoriamente inútil o superflua o cuando hayan formulado peticiones absolutamente heterogéneas. O, como dice la sentencia de 19 de noviembre del 2020, podrá excluirse de la condena en costas correspondientes a las de la acusación particular cuando la acción penal ejercitada por éste sea absolutamente desproporcionada, errónea o heterogénea. Como señala la sentencia de la primera instancia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, la relación fáctica de la sentencia es la que propuso la acusación particular y la calificación de los esos hechos el delito de estafa no es desproporcionada respecto a la mantenida por el Ministerio Fiscal y sostenida en la sentencia impugnada.

Recurso de Cosme

CUARTO.- El primer motivo de su escrito de impugnación denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que comporta la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia. En cuanto al primer apartado, centra el motivo de su impugnación en el hecho de que el Tribunal de instancia no ha valorado el documento aportado por la defensa del otro condenado, obrante al folio 1656, en el que el otro condenado "exculpa sin lugar a dudas a mi representado de cualquier actuación que él pudiera haber llevado a cabo como trabajador de la Sociedad Cooperativa".

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tiene, de acuerdo a una reiterada jurisprudencia de esta Sala, un contenido poliédrico que se concreta en el deber de motivación de la convicción judicial, una actuación de la función jurisdiccional de acuerdo al proceso debido, y la observancia de las reglas señaladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Constitución para el ejercicio de la función jurisdiccional. La sentencia objeto del presente recurso es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia y en la misma se refiere al documento suscrito por el otro acusado respecto al cual dice el recurrente que hace prueba plena y en que el otro condenado asume su responsabilidad y excluye la de este recurrente. Respecto a este apartado hay un pronunciamiento expreso de la sentencia objeto del recurso, la del Tribunal de apelación, en la que afirma que no constituye prueba plena y que ha de ser valorado junto al resto de la actividad probatoria, sin que pueda ser tenido por una confesión toda vez que no ha sido practicado en sede judicial, ni sometida a la contradicción debida para conformar una actividad probatoria que deba ser valorado en la sentencia. El tribunal de instancia y el Tribunal de la apelación los tuvieron en cuenta y conformaron su convicción sobre los hechos de manera razonada y razonable, y entre ellas el documento respecto al cual insta un pronunciamiento expreso que el Tribunal de apelación han señalado en la sentencia objeto del presente recurso de casación.

Consecuentemente, el motivo se desestima.

QUINTO.- El segundo motivo de su impugnación denuncia el error de derecho que formaliza el amparo del número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal argumentando el error porque "teniendo en cuenta que mi representado no ha tenido ninguna participación ni el delito por el que ha sido condenado ni en los que temerariamente con mala fe y se le imputaron por la acusación particular de los que ha sido absuelto en su totalidad".

Como señalábamos al examinar el recurso del anterior recurrente, la vía impugnatoria elegida parte, o debe hacerlo, del respeto al hecho probado en su integridad y este declara que ambos acusados, de forma conjunta, realizaron los hechos que declara probados, con la intención de obtener y repartir entre sí las ganancias que fraudulentamente persiguieron y obtuvieron de la cooperativa de la que ambos formaban parte. Así, el hecho probado declara las cantidades que este recurrente obtuvo como ingresos indebidos que le fueron suministrados por el otro recurrente, además de la obtención indebida de fondos de la cooperativa al cobrar doblemente cosechas que eran entregadas a otros almacenes ajenos a la cooperativa. A esos hechos probados la calificación adecuada es la de estafa como afirma la sentencia impugnada al declarar el hecho probado la acción conjunta referida al desapoderamiento de bienes de la cooperativa de la que formaban parte.

SEXTO.- En el quinto de los motivos de su oposición denuncia el error de hecho en la valoración de la prueba. Sin designar ningún documento pretende que declaremos el error a partir de la consideración sobre el papel desarrollado por el órgano rector de la cooperativa denunciando que a la misma no se la menciona en el hecho probado, siendo este el órgano que debe aprobar y proponer a la Asamblea General de aprobación de las cuentas.

El motivo carece de contenido ocasional y debe ser desestimado. La vía de impugnación elegida por este recurrente exige designar un documento que acredite el error en la valoración de la prueba sin que él mismo pueda resultar de una apreciación conjunta como las que propone el recurrente máxime cuando afirma que no se ha determinado el papel del órgano rector de la cooperativa que en el hecho probado afirma fue el engañado por la actitud de engaño desarrollada por ambos acusados.

Consecuentemente el motivo se desestima

SÉPTIMO.- En el motivo tercero y cuarto denuncia el error de derecho por la indebida aplicación de los artículos 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referido a la condena en costas de la acusación particular correspondientes al delito de estafa por el que han sido condenados. El motivo es coincidente con el formalizado por el anterior recurrente y al que hemos dado respuesta en el tercer fundamento de esta sentencia al que nos remitimos para la desestimación del motivo. Como allí dijimos no se trata de una calificación desproporcionada y ajena al contenido de la condena en la sentencia, y los hechos de la acusación son coincidentes con los reflejados en la sentencia y la similitud con el delito objeto de la condena es palmaria.

Consecuentemente procede la desestimación.