Sentencia Penal 458/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10526/2022 de 14 de junio del 2023

PRELIMINAR.- 1.- Formalmente, el recurso se articula sobre la base de dos motivos de impugnación. Ambos pretenden canalizarse por el cauce que ofrece el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es claro, sin embargo, que se trata de un planteamiento técnicamente defectuoso. Aunque es verdad que la parte refiere en el motivo segundo de su recurso, como elementos de contraste, el contenido de ciertos documentos (atestado policial de fecha 7-IX-2020, los Informes Forenses de Valoración Integral y el Informe del Equipo Psicosocial, ambos respecto de Doña Elsa), no lo es menos que ninguno de ellos colma las exigencias que jurisprudencialmente se han venido señalando para que dicha protesta pueda progresar planteada de este modo.

Así, resulta obligado recordar que la muy frecuente invocación del canal impugnativo que ofrece el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo en singularísimos supuestos se ve coronada por el éxito. Basta para comprobarlo ojear cualquier repertorio de jurisprudencia. Esta falta de correspondencia resulta de sencilla explicación. La simple lectura del precepto referido, enriquecida por la invariable y constante doctrina de este Tribunal al respecto, sirve para comprender que el motivo de queja, también invocado aquí, se orienta a corregir palmarios errores en materia de valoración probatoria, con sujeción a determinadas y específicas condiciones de las que, por algún motivo, gusta prescindirse en el foro.

El error en la valoración de la prueba que así se denuncia, tiene que aparecer evidenciado por algún documento (error, dice el precepto, "basado en documentos que obren en autos"). De este modo, el documento o documentos, que ineludiblemente deberán ser citados en los pormenores que contradigan lo proclamado en el relato de hechos probados de la sentencia impugnada, deberá resultar, por sí mismo, sin necesidad de valoraciones o argumentaciones más o menos complejas (con literosuficiencia), demostrativo del error que se denuncia, en el sentido de resultar incompatible con lo que el factum proclama, ya sea por incluir éste algún hecho que el documento por sí mismo desmiente, ya sea porque ponga de relieve algún extremo relevante y omitido en aquél.

Y aún con lo anterior no es suficiente. Resulta preciso también que la valoración probatoria efectuada en la sentencia que se impugna acerca del extremo controvertido no resulte razonable consecuencia del resultado de otros medios probatorios. Por descontado, el precepto que aquí se comenta no otorga a la prueba documental un particular vigor, resistencia o superioridad frente a lo que los demás medios probatorios pudieran haber puesto de manifiesto, ni viene a establecer, entre nosotros, una suerte de regla de prueba tasada (frente al sistema de libre valoración de la prueba que preside nuestro enjuiciamiento criminal). "Sin resultar contradichos, --dice la norma--, por otros elementos probatorios".

Hemos tenido también ocasión de explicar repetidamente que la prueba pericial, de naturaleza personal, no es un documento, por más que el dictamen rendido por los expertos haya sido plasmado, como es lo más frecuente, en forma escrita y defendido después en el acto del juicio por su emisor, sometiéndose a las preguntas que las partes pudieran formularle en ese acto. Ello no obstante y por excepción, este Tribunal ha observado también que la prueba pericial podrá ser reputada hábil en lo que ahora importa, siempre y cuando no existan pericias contradictorias sobre un mismo extremo (en cuyo caso, el Tribunal no podría valorar la prueba y determinar lo que ha de tenerse por acreditado, sin apartarse, al menos, de lo defendido en una de las pericias); y siempre que la única o unánime conclusión pericial aparezca ignorada por el Tribunal, apartándose de ella sin fundamento justificativo alguno (al cabo, es al órgano jurisdiccional y no al perito al que se encomienda la trascendente función de determinar qué es lo que ha de tenerse o no tenerse por probado). Las pericias no vinculan en su labor al órgano jurisdiccional, pero sí determinan, como particularizada consecuencia del deber de motivación de las resoluciones judiciales, la necesidad de justificar sus decisiones valorativas cuando resuelvan separarse de lo informado por el o los expertos/as.

Solo entre las más recientes y en este mismo sentido pueden citarse nuestras sentencias números 212/2023, de 23 de marzo; 131/2023 y 136/2023, ambas de 1 de marzo; 121/2023 y 125/2023, ambas de 23 de febrero; 113/2023, de 23 de febrero; 83/2023, de 9 de febrero; 56/2023, de 3 de febrero; 54/2023, de 2 de febrero; 31/2023, de 25 de enero; 1011/2022, de 12 de enero de 2023; 974/2022, de 19 de diciembre; 950/2022, de 14 de diciembre; 946/2022, de 13 de diciembre, y otras muchas.

2.- Es evidente, en cualquier caso, --así llega la parte a explicitarlo en el encabezamiento de su primer motivo de casación--, que las quejas del recurrente se concretan en considerar que, a su parecer, la sentencia impugnada habría vulnerado el derecho fundamental del acusado a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 de la Constitución española). Debió invocar, en buena técnica casacional, las previsiones contenidas en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que concreta, para la jurisdicción penal, lo proclamado ya en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ello habremos de centrar nuestra atención sobreponiéndonos a la formalmente errónea presentación del motivo.

Argumenta, en síntesis, quien ahora recurre que la condena "no resulta aquí consecuencia de una actividad probatoria, mínima y suficiente razonablemente de cargo y revestida de todas las garantías constitucionales y procesales que la legitimen, apta para enervar el Derecho Fundamental a la Presunción de Inocencia de mi mandante", para añadir después que, al contrario, las conclusiones que impugna obedecen a las que califica como "meras especulaciones, suposiciones o conjeturas".

Por otro lado, apartándose de su anuncio inicial, --relativo a que "Esta defensa no tiene intención de utilizar este trámite casacional para entrar a valorar la prueba, puesto que es sabedora de que cualquier juicio valorativo de esta índole es competencia exclusiva del Tribunal "a quo"--, observa también que, a su parecer, existen numerosas contradicciones en el testimonio rendido por quien aquí se presenta como víctima, sin que llegue a identificar, o lo haga de manera errática, el momento en que el delito (contra la libertad sexual) habría tenido lugar, expresándose de manera dubitativa e inconstante acerca de la fecha en que se produjo. Reprocha también que la sentencia impugnada omita considerar, de forma que el recurrente considera como "ciertamente sorpresiva", que la testigo aseguró que los hechos se cometieron en un parque público, en pleno verano y "cuando estaba anocheciendo" (sic). Y destaca que, sin embargo, no existió ningún testigo de los mismos, añadiendo: "algo que resulta inverosímil con lo manifestado por la perjudicada (sic) , que unido a las numerosas contradicciones relatadas en su declaración, hacen que desde el punto de vista de esta defensa, no puedan ser tenidas en cuenta como única prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia de mi representado".

Concluye el recurrente que, en el caso que nos ocupa, no se colmarían las exigencias jurisprudenciales relativas a los "requisitos" (sic) para que el testimonio único, --en particular cuando procede de quien se presenta como víctima y aun ejercita en el procedimiento la acusación particular--, pueda reputarse apto para enervar la presunción interina de inocencia. Así, observa quien aquí recurre que en ninguno de los informes periciales obrantes en las actuaciones resulta que la denunciante presentara ninguna clase de secuela, física o psíquica, consistente con la realidad de los hechos que describe. Por eso, en el segundo de los motivos de su recurso, tras invocar el resultado de los informes Forenses de Valoración Integral y del emitido por el Equipo Psicosocial, observa, llegado el momento de desarrollar esa queja: "Se renuncia al presente motivo dado que ha sido desarrollado con anterioridad".

3.- Una última consideración inicial: aunque a lo largo de su recurso se refiere la parte de forma genérica, meramente enunciativa, a la totalidad de los delitos por los que el acusado resultó condenado en la primera instancia, el desarrollo de sus quejas concierne, en exclusiva, al delito de abusos sexuales. No podía ser de otro modo en la medida en que, como certeramente observa la sentencia impugnada, aquellos otros pronunciamientos, no recurridos en apelación, han ganado firmeza. Es claro, en consecuencia, que ninguna protesta relativa a los mismos podría ser ahora recuperada "per saltum".

PRIMERO.- 1.- Reconducidas así las quejas del recurrente a la eventual vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, con relación al delito de abuso sexual por el que resultó condenado, importa perfilar nuestro cometido de la mano de la doctrina que, por todas, recuerda nuestra reciente sentencia número 196/2023, de 21 de marzo: <<[L]a misión de esta Sala casacional frente a las sentencias de los TTSSJ que resuelven recursos de apelación, es verificar un control que se limita a la corrección de la motivación utilizada en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia para rechazar la vulneración de la presunción de inocencia denunciada en la segunda instancia y que se reproduce en esta sede casacional. En nuestro caso, cuando se trata del recurso de casación, la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia Provincial ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación. En consecuencia, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior. De otro lado, la Sentencia contra la que se interpone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no ha presenciado la práctica de la prueba y, por lo tanto, no ha dispuesto de la inmediación que sí ha tenido el Tribunal de instancia. Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas.

En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos.

Nuestra jurisprudencia considera que el control del respeto al derecho a la presunción de inocencia autoriza a comprobar, de una parte, la existencia de prueba de cargo -lo que incluye su licitud- y, de otra, su suficiencia.

Está también fuera de duda que el control de la racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el nuestro; el juicio de inferencia sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia ( STS 70/2011, de 9 de febrero)>>.

2.- En el caso, ya la resolución dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial deja sentado que la declaración testifical de quien se presenta aquí como víctima resulta, con relación al delito contra la libertad sexual que se atribuye al acusado, la única prueba directa de cargo, habida cuenta de que los hechos tuvieron lugar, --con independencia de que sucedieran en un parque público y fuera una u otra la hora en la que acaecieron--, en ausencia de terceras personas que pudieran haberlos presenciado. Explica, sin embargo, las razones por las que considera dicha prueba, --válidamente obtenida y regularmente practicada--, suficiente para enervar la verdad interina de inocencia. Y recuerda que, conforme reiteradamente ha proclamado este Tribunal Supremo, el testimonio único, incluso cuando procede de quien se pretende víctima del delito, de quien también lo ha denunciado, e incluso de quien ejercita además en el procedimiento la acusación particular, resulta potencialmente apto para ese fin.

Es verdad que este Tribunal Supremo reiteradamente ha insistido en la necesidad de que a ese efecto se proceda a tomar en consideración una serie de elementos, que conforman ya el conocido en la práctica como "triple test", que ayudarán a determinar la eficacia o rendimiento probatorio de dicho testimonio, a acertar en el juicio. Pero también hemos repetido que dichos aspectos o elementos no pueden ser entendidos como "requisitos", como condiciones de posibilidad, de modo tal que solo colmados en su totalidad sea posible considerarlos aptos para justificar el dictado de una sentencia de signo condenatorio y necesariamente insuficientes en caso contrario. Así lo recuerda, nuevamente con pleno acierto, la sentencia que es ahora objeto de este recurso. En efecto, por todas, nuestra sentencia número 569/2022, de 8 de junio, destaca, con cita de otras anteriores y por lo que ahora importa: <

Ni lo uno ni lo otro.

Es posible que no se confiera capacidad convictiva de forma razonada a la declaración de una víctima (porque se duda del acierto de su reconocimiento, v.gr), pese a que ha sido persistente, cuenta con elementos periféricos que parecerían apuntalarla y no se ha identificado ningún motivo espurio que ponga en entredicho su fiabilidad; y, según los casos, también es perfectamente imaginable que una sentencia condenatoria tome como prueba esencial la única declaración de la víctima ayuna de elementos corroboradores de cierta calidad, que ha sido fluctuante por ocultar inicialmente datos o por cambios o alteraciones en las diferentes declaraciones; y pese a detectarse una animadversión dilatada en el tiempo entre víctima y acusado, siempre que el Tribunal analice cada uno de esos datos y justifique por qué, pese a ellos, no pueden albergarse dudas sobre la realidad de los hechos y su autoría (aunque no es lo más frecuente, tampoco es insólito encontrar en los repertorios supuestos de este tenor)">>.

3.- La resolución impugnada se ocupa, de un modo pormenorizado, además con elegante prosa y particular sensibilidad hacia la situación social y personal en la que se hallaba Elsa, de todas y cada una de las objeciones, entonces articuladas a través del recurso de apelación, que se reproducen ahora ante nosotros por la defensa del acusado. Fiscaliza y enriquece las consideraciones ya tomadas en cuenta en la resolución recaída en la primera instancia. Y así, primeramente, comienza por afirmarse que los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia han tenido oportunidad de observar el desarrollo del juicio oral, a través del soporte audiovisual en el que se dejó debida constancia del mismo. Compartiendo, tras ello, "plenamente las consideraciones sobre la suficiencia y racionalidad de la valoración fáctica realizada por la Audiencia Provincial, sobre la fiabilidad del testimonio y en último término sobre su credibilidad".

Observa al respecto la resolución ahora impugnada que no se advierte motivo alguno para vislumbrar la existencia de cualquier clase de propósito espurio que pudiera estar animando la declaración testifical de Elsa. Antes al contrario, la misma no procedió a denunciar siquiera de manera espontánea ninguno de los hechos después objeto de juicio, tampoco, desde luego, el abuso sexual del que fue víctima. Es la intervención de terceros, trasmitiendo el correspondiente aviso a la policía, la que determinó en sucesivos episodios la intervención de los agentes, y es en ese contexto que Elsa reveló haber sido víctima, unos días antes de la primera intervención policial, del abuso sexual sobre el que ahora se discurre. "Una manifestación espontánea, --explica el Tribunal Superior de Justicia--, que refirió a los agentes de policía que intervinieron a consecuencia de estos hechos y que reflejaron en el atestado y luego motivaron el interrogatorio posterior en la Comisaría de Policía. Según los agentes la víctima refirió que el acusado la había forzado sexualmente. Pero no quería denunciar ni recibir asistencia sanitaria". Mal puede atribuirse razonablemente la intención de perjudicar de manera injusta al acusado a quien no solo no quiso en su momento denunciar los hechos, sino que rehusó también hacerlo con posterioridad y recibir, por ese y por otros hechos, asistencia médica. Además, pondera la sentencia impugnada que Elsa reconoció paladinamente haber mantenido en otras oportunidades relaciones sexuales voluntarias (consentidas) con el acusado, expresándose así con naturalidad acerca de cuantos aspectos, lo mismo favorables que desfavorables para aquél, fueron objeto de su interrogatorio.

En otro orden de consideraciones, se valora también en la resolución recurrida que el testimonio de Elsa resultó coherente, sostenido y consistente con una experiencia realmente vivida. Tomamos, de nuevo, la literalidad de las reflexiones efectuadas al respecto: "No hay más que escuchar a la víctima en su manifestación en el juicio oral para percatarnos de que dicho relato, expresado de forma que permite interiorizar un rechazo a una relación no deseada y la repugnancia expresada por ese sentimiento de íntima vulneración de su dignidad como mujer frente a la imposición de la voluntad del varón. Le dijo que no tenía ganas por lo que "había pasado por la mañana", en referencia al hecho de que le había pegado. Rechazó en tres diferentes ocasiones la petición insistente del procesado de tener relaciones sexuales. Primero cuando le dijo lo que quería, luego cuando le empezó a besar y a tocar, le pidió que se quitara, y también cuando la tumba en el suelo y se coloca sobre ella. Por último al finalizar el acceso carnal por vía vaginal cuando le reprochó que "no quería".

Discurre la resolución impugnada acerca de que, efectivamente, Elsa se expresó en el acto del juicio oral, puestas sus declaraciones en relación con otras igualmente prestadas por ella a lo largo del procedimiento, de manera vacilante respecto a la fecha exacta en la que los referidos abusos tuvieron lugar. Se pone el acento, sin embargo, en que, más allá de lo anterior, los hechos que la testigo describe aparecen debidamente contextualizados en términos espaciales (en cuanto al lugar en el que se produjeron) y conforman un relato suficientemente rico en detalles, con relación a todos los cuales las diferentes declaraciones ofrecidas por Elsa resultan contestes. Así, se explica: "La declaración incriminatoria de la víctima es absolutamente persistente. Desde un primer momento afirmó que había sido "forzada" sexualmente por el procesado, y tanto en su declaración ante la Policía como luego posteriormente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y finalmente en el juicio los extremos nucleares del hecho, del desarrollo del episodio de relación sexual impuesta o no consentida han sido uniformes, persistentes y reiterados.

El lugar del escenario: el parque que existe en las inmediaciones de la Comisaría de Policía Nacional, de noche, o anochecido, en el lugar donde pernoctaban, en la soledad.

La forma de desarrollarse la misma en todas las ocasiones: el procesado pese a la intención de ella de marcharse a otro sitio le pide que se quede con él. Ella ya sospechaba algo malo.

Él le solicita y manifiesta su deseo de mantener relaciones sexuales y ella -molesta por el hecho de que en la mañana el procesado la había pegado- le manifiesta que no quiere, pese a lo cual insiste acercándose a ella y tratando de besarla, cosa que ella rechaza, insistiendo en su deseo el procesado pese a la rotunda negativa de la mujer, a la que procede a tumbar en el suelo, y colocándose sobre ella le quita los pantalones y la ropa interior pese a las insistentes negativas de ella, y procede a penetrarla vaginalmente hasta alcanzar la eyaculación. Tras finalizar él ella le vuelve a insistir que no quería y él le manifiesta que "le da igual">>.

Con buenas razones, considera el Tribunal Superior de Justicia que las dudas o vacilaciones expresadas por la testigo acerca de la exacta fecha en la que dichos abusos se produjeron, no resta en absoluto crédito alguno a su relato. Las severas circunstancias sociales y personales de Elsa (pernoctando en la calle, en situación de extrema indigencia, siendo objeto de repetidas agresiones y habitual consumidora de sustancias tóxicas) permiten comprender sin dificultad que, entre las sucesivas tragedias que le venían impuestas, perdiera toda capacidad o interés por "agendarlas". En cualquier caso, lo cierto es que habiéndose producido la primera intervención policial el día 7 de septiembre de 2020, la misma expresó a los agentes que el ataque contra su libertad sexual había tenido lugar unos días antes. Y así es como, razonablemente, se declara probado en la sentencia recaída en la primera instancia. Por otro lado, es claro que si, distintamente, el propósito de Elsa hubiera sido el de faltar a la verdad de forma deliberada en su narración, sin particular dificultad se habría limitado a reproducir una fecha cualquiera de manera invariable. Sus vacilaciones acerca de la fecha concreta en la que se produjo el abuso, más impresionan como las propias de un relato realmente vivido.

Finalmente, la resolución impugnada no elude ponderar que, en el caso, las corroboraciones objetivas que pudieran consolidar el relato de la testigo, resultan escasas. Elsa no acudió a ningún centro sanitario, ni recibió asistencia médica como consecuencia de ninguna de las agresiones de las que fue víctima. Por otro lado, el contenido de los informes periciales rendidos en el procedimiento (por los forenses y por el equipo psicosocial adscrito a los Juzgados) resultan, es verdad, inconcluyentes. Aunque en ellos no se contemple la efectiva existencia de "daños psíquicos o alteraciones clínicas" específicamente derivadas de una situación de violencia vivida en la pareja, sí se consigna un "deterioro social, personal y funcional consecuencia del consumo de drogas y marginalidad en la que vive". Nuevamente con toda razón, el Tribunal Superior de Justicia concluye: "Por lo tanto se trata de informes que no confirman la credibilidad del testimonio pero tampoco la excluyen. Es más en todo caso sí aconsejan medidas de protección a la víctima y una situación de riesgo para la pareja cuya entidad y gravedad puede valorarse más que por los informes expresados, por los propios actos y conducta del procesado en episodios evidenciadores de su personalidad agresiva y violenta y del patente riesgo al menos para la integridad física de la víctima, en cuanto acreditan los malos tratos, vejaciones y amenazas a que sometió a la mujer en el breve período de tiempo que duró la relación sentimental entre ambos, al menos después del día 7, y que constituyen hechos probados acreditados no solo por la declaración de la víctima sino por prueba directa y personal de terceros, de alguno de los testigos y de los agentes de policía que tuvieron que intervenir a raíz de las llamadas y denuncias en Comisaría de Policía de terceras personas, alguna de las cuales -singularmente el taxista que presenció los malos tratos- declaró en el juicio y por tanto es testigo directo del episodio del día 7 o bien de referencia como los agentes de policía que participaron en las actuaciones; o el desprecio del procesado por las medidas cautelares de protección -alejamiento- adoptadas judicialmente, justificando ello claramente la necesidad de la adopción de la medida cautelar de prisión provisional".

Y es que, ciertamente, el relato de Elsa, sí aparece confirmado, en cuanto a la totalidad de los demás ilícitos penales a los que se refería, por estos otros medios probatorios que la sentencia impugnada invoca, sin que exista motivo alguno para considerar que, únicamente con relación a este, --el abuso sexual--, y por alguna razón que ni siquiera se barrunta, pudieran apartarse de lo verdaderamente sucedido. Incluso, la sentencia impugnada se entretiene en señalar que el carácter violento del acusado, en particular con respecto a Elsa, y el modo grosero en el que despreciaba su voluntad y la sojuzgaba (muy consistente con la reiterada manifestación de Elsa relativa a que después de utilizarla sexualmente, y tras ratificar ella que no quería, él respondiere un tan lacónico como expresivo: "me da igual"), se revela no solo de sus antecedentes y de las distintas agresiones de las que la hizo objeto sino, incluso, de la conducta que "exhibió durante el juicio interrumpiendo de forma continua la declaración de la víctima, visiblemente amedrentada por aquél, y llevando a cabo continuas manifestaciones de desacato a las órdenes del Tribunal, hasta el extremo de pronunciar expresiones del tenor de que "a él no le mandaba callar ni su madre" cuando le llamaba al orden la Presidenta del Tribunal".

En definitiva, consideramos que las razones expresadas en la sentencia dictada en primera instancia, debidamente revisadas por el Tribunal Superior de Justicia, vienen a poner de manifiesto la existencia de prueba de cargo válidamente obtenida, practicada de forma regular, y suficiente para que pueda reputarse desvirtuado el derecho fundamental del acusado a la presunción de inocencia.

El recurso se desestima.

SEGUNDO.- Tras la entrada en vigor de la ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, se dio traslado a las partes al efecto de que expresaran lo que considerasen procedente, respecto a la eventual incidencia de la misma en las penas que aquí resultaron impuestas. Nada observó al respecto la defensa del acusado, considerando la acusación particular que la nueva legislación prevé unas sanciones más graves y, en consecuencia, no resulta de aplicación.

El Ministerio Público, en informe más detallado cuyas consideraciones hacemos nuestras, observa con toda razón que los hechos, tras la entrada en vigor de dicha modificación legal, deberían calificarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 179 del Código Penal (agresión sexual), previendo una pena abstracta de entre cuatro y doce años de prisión, que debiera ser aplicada en su mitad superior, conforme a lo que determina el artículo 66.1.3ª del mismo texto legal, al concurrir en el acusado, con relación al delito contra la libertad sexual, la agravante prevista en el número 4 del artículo 22 de dicho texto legal (mitad superior que se extiende entre los ocho y los doce años de prisión), superior, en todo caso, a la impuesta en la sentencia recurrida con aplicación de las normas vigentes a la fecha de los hechos. No estamos, pues, ante una regulación legal posterior más favorable.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal corresponde imponer las costas de este recurso a la parte que lo interpuso.