Sentencia Penal 454/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10256/2023 de 14 de junio del 2023

PRIMERO.- Se interpone recurso de casación contra el Auto dictado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid que acuerda la revisión de la sentencia dictada contra Alejo como autor de un delito de violación en grado de tentativa, como consecuencia del advenimiento de una legislación más favorable. Se reduce la pena privativa de libertad de tres años a dos años, manteniéndose el resto de los pronunciamientos.

La acusación pública ataca tal decisión en un recurso de motivo único pero que contiene diversas peticiones escalonadas.

SEGUNDO.- Con plena lealtad procesal, lo que es característica señalada siempre en la actuación del Ministerio Fiscal, como cabe esperar de su posición institucional y misiones constitucionales, da cuenta a esta Sala, al hilo de su recurso, de tres circunstancias colaterales que, no incidiendo en el fondo de sus argumentos, pudieran determinar la inadmisiblidad y/o falta de practicidad: la posición en la instancia del Fiscal, el momento en que fue preparado el recurso y la disolución penitenciaria de la penalidad en una refundición con otras penas.

Ciertamente la posición del Fiscal en la instancia (favorable a la revisión de la condena, aunque sin concretar sus términos) podría comportar algún problema de ausencia de gravamen que, de cualquier forma, no se extendería a todo el contenido del recurso. Su postura procesal quedó fijada en la necesidad de proceder a la revisión, aunque sin concretar sus términos.

Es verdad que no es predicable del Ministerio Fiscal la doctrina sobre la vinculación a los propios actos, principio que plasmaba en alguna disposición del viejo Reglamento, en vigor hasta hace pocas fechas, que refrendaba la posibilidad -no infrecuente- de que el Fiscal mantenga posiciones en vía de recurso no coincidentes con las sostenidas en la instancia (lo que es explicable por muchas razones y, entre ellas, su vinculación al principio de legalidad).

Pero en materia de recursos no se trata solo de un problema de asimetría, sino de concurrencia o no de gravamen. No puede recurrir una parte frente a la resolución que le otorgó lo que pedía. Por tanto, no sería admisible el recurso en lo relativo a la revisabilidad de la sentencia por aplicación de una legislación más favorable con independencia del acierto mayor o menor de las razones aducidas. Sí lo es en lo atinente a la concreta reindividualización y a la omisión de alguna penalidad accesoria.

En todo caso, no es ese el principal óbice para la admisibilidad.

TERCERO.- No es sorteable la objeción referida a la extemporaneidad del recurso pese a la ingeniosa y hábil argumentación hecha valer por el Fiscal para que el recurso se tuviese por preparado cuando el anuncio se hizo varios meses después de la notificación. El auto fue notificado al Fiscal el 24 de octubre de 2022. El escrito de preparación se presentó el 18 de enero de 2023.

El Fiscal en la instancia acudió a la dicción de los arts. 212 y 792.5 LECrim para entender que, en tanto la sentencia no fuese notificada a la víctima no personada, no empezaba a correr el plazo para la interposición del recurso.

Si aceptamos eso, ese plazo incluso estaría, al parecer, todavía abierto, en tanto prosigan las diligencias de localización de la víctima iniciadas.

Si fuese correcta esa interpretación, cuya formulación en una primera aproximación puede resultar atractiva y sugerente, concluiríamos que en nuestros centros penitenciarios se encuentran muchos internos cumpliendo condenas que todavía no son firmes por no estar cerrado el plazo para interponer recurso ( art. 141 LECrim). Eso hace ya saltar una alarma que invita a cuestionar la bondad de esa exégesis, a tenor de la cual en tanto no se notifica a todas las víctimas, ofendidos o perjudicados, una sentencia carece de firmeza.

CUARTO.- Son más exactas y específicas las referencias al art. 742, párrafo final (nos movemos en el ámbito del procedimiento ordinario y no abreviado) y al art. 856 LECrim (más específico) que aparecerán en el escrito de formalización de la casación. En cualquier caso los términos de la cuestión no se alteran.

Se trata de determinar:

a) Si los plazos para recurrir transcurren en paralelo para cada parte desde su notificación individual o hay que esperar a la última comunicación para que se inicie un plazo que, de esa forma, será común, sin que ninguna parte pueda obtener ventaja o perjuicio derivados de la disparidad cronológica en el acto de notificación.

b) Si, establecido que es la última notificación la que marca el dies a quo para todas las partes, precisar si se piensa también en las comunicaciones que la Ley obliga en determinados casos a efectuar a terceros que no son parte procesal (no solo víctimas y perjudicados; en ocasiones es notificación es obligada a otras instituciones o personas).

Lo primero no es discutible en el procedimiento ordinario por la clara dicción de la Ley. Ha sido objeto de debate en el procedimiento abreviado. No es momento de entrar en ello. Nunca en el Procedimiento Ordinario. Pero lo segundo sí que aparece como no asumible.

QUINTO.- No tiene sentido y será tremendamente disfuncional que el plazo para recurrir quede abierto en tanto no se notifica la sentencia a todos los perjudicados, víctimas o interesados, aunque no estén personados. La disposición se entiende cuando está abierta la posibilidad de impugnación, es decir cuando penden notificaciones a partes legitimadas para recurrir. Por eso puede tener sentido cuando no se le ha comunicado aún la resolución a quien no está personado pero goza de legitimación para recurrir y se establece la necesidad de notificarle. Pero no puede admitirse en otros casos (vid ATS 3213/2023, de 22 de marzo).

Así ha tenido ocasión de proclamarlo esta Sala con ocasión de algunos recursos de queja, por cierto, siempre con el aval y refrendo del dictamen evacuado por el Ministerio Fiscal.

La lectura atenta de los arts. 211 y 212 LECrim alienta esa exégesis que ha de considerarse extensible a todas las situaciones similares (plazos para recurrir). El art. 211 habla de la notificación a los que sean parte en el juicio. Y el art. 212, al regular los plazos, se refiere a la última notificación hecha a los que expresa el artículo anterior, es decir a quienes sean parte en el juicio. No puede pensarse que el apartamiento, de puro estilo, de esa fórmula en el párrafo siguiente, suponga la voluntad de fijar un régimen distinto para la casación.

SEXTO.- Traigamos a colación algunos Autos de esta Sala que han establecido esa doctrina.

"La queja del recurrente -se lee en el ATS 20786/2022, de 15 de diciembre- se refiere a que, a su juicio, debe computarse el plazo para recurrir desde la notificación de la sentencia a la víctima aun cuando esta no se halle personada en las actuaciones.

Conforme señala el Ministerio Fiscal, esta cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala en el auto núm. 20689/2022, de 10 de noviembre (recurso de queja núm. 20717/2022), en el que considerábamos plenamente ajustado a derecho el razonamiento de Tribunal sentenciador, en que, siguiendo doctrina de esta Sala, denegaba tener por preparado el recurso de casación, por haber transcurrido el plazo para su interposición, en concreto los cinco días que marcan artículos como el 212 o el 856 LECrim, desde la última notificación a las representaciones procesales de quienes se encuentren personados en autos. Al respecto, indicábamos que "No podernos compartir el argumento que se hace en el recurso, que, sin distinción de casos, viene a entender que, al no hacer mención los referidos artículos a los términos de tal notificación, el plazo se debería contar desde la que se hiciera a quien ni siquiera se encuentra personado en autos, lo que es ir más allá de las previsiones que, en relación con las notificaciones personales, ha contemplado el legislador, de manera que solo cuando exija una doble notificación habrá que estar a ello, por ello que, cuando el legislador ha entendido que la notificación de la sentencia ha de realizarse personalmente, así lo ha dicho, como en el caso de las sentencias definitivas ( art. 160.1 LECrim.) y no otras, como pueden ser las firmes por ministerio de la ley. La regla general es, pues, la única notificación al representante legal y la excepción la doble,' esto es, además de al profesional, al propio interesado. (...)

El ATS 20689/2022, -citado en el anterior- de 10 de noviembre sienta igual doctrina:

"Al ser esto así, es plenamente ajustado a derecho el razonamiento del tribunal sentenciador, en que, siguiendo doctrina de esta Sala, deniega tener por preparado el recurso de casación, por haber transcurrido el plazo para su interposición, en concreto los cinco días que marcan artículos como el 212 o el 856 LECrim. desde la última notificación a las representaciones procesales de quienes se encuentren personados en autos.

No podemos compartir el argumento que se hace en el recurso, que, sin distinción de casos, viene a entender que, al no hacer mención los referidos artículos a los términos de tal notificación, el plazo se debería contar desde la que se hiciera a quien ni siquiera se encuentra personado en autos, lo que es ir más allá de las previsiones que, en relación con las notificaciones personales, ha contemplado el legislador, de manera que solo cuando exija una doble notificación habrá que estar a ello, por ello que, cuando el legislador ha entendido que la notificación de la sentencia ha de realizarse personalmente, así lo ha dicho, como en el caso de las sentencias definitivas ( art. 160.1 LECrim.) y no otras, como pueden ser las firmes por ministerio de la ley. La regla general es, pues, la única notificación al representante legal y la excepción la doble, esto es, además de al profesional, al propio interesado".

También el ATS 20439/2022, de 15 de junio, aunque con algún matiz diferencial: "Es cierto, no obstante, que el legislador en sucesivas reformas ha establecido deberes de notificación a las afirmadas víctimas o a los perjudicados, aunque no se hayan mostrado parte en la causa, como garantía especifica del derecho a la información -vid. artículos 789.4, 795.2, 973.2, todos ellos, LECrim-. Pero ello no supone -a salvo en el procedimiento por delitos leves en el que, como excepción a la regla general, sí cabe interponer recurso por quien no fue parte- que se modifique la condición subjetiva de la eficacia comunicativa de la notificación para que la resolución o actuación judicial notificada despliegue los efectos que le son propios y, en su caso, se computen los plazos de interposición de los recursos.

Insistimos, de esa ampliación de la actividad de notificación no puede hacerse depender los efectos procesales que se derivan de la comunicación procesal de la resolución o actuación jurisdiccional. En estos casos, los efectos nacen de la notificación efectuada en forma a la persona designada en la Ley como destinataria "única" o "preferente" del acto comunicativo".

SÉPTIMO.- La constatación de una causa de inadmisibilidad encontrándonos ya en fase de decisión se convierte en razón para la desestimación del recurso sin entrar en el fondo.

OCTAVO.- Debe declararse de oficio las costas procesales. ( art. 901 LECrim), al se recurrente el Ministerio Fiscal cuya posición institucional ha conducido al legislador a excluirle de toda condena en costas.