Sentencia Penal 953/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7157/2021 de 21 de diciembre del 2023

PRIMERO .- La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, con fecha 21 de octubre de 2021, en el Rollo de Apelación núm. 1332/2021, procedente del Juzgado de lo Penal n° 1 de Gandía, confirmó la Sentencia mediante la cual se condenaba a Miriam y Eliseo como autores criminalmente responsables, en concepto de autores, de un delito de hurto, previsto y penado en el artículo 234 del Código Penal, a la pena de 10 meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y que, en concepto de responsabilidad civil indemnicen conjunta y solidaria a Esmeralda con la cantidad de 2.340 euros, que se corresponde con la tasación no impugnada del valor de los objetos sustraídos, cantidad que devengará los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Frente a cuya resolución judicial ambos recurrentes han interpuesto este recurso de casación, por interés casacional, que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO .- Han formalizado un único motivo de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, que tiene como consecuencia, en tesis de la parte recurrente, la indebida aplicación del art. 234 del Código Penal, e inaplicación del art. 253.1.

Los recurrentes alegan que "[e]n el caso que aquí nos ocupa, es obvio que el Ministerio Público, única acusación ejercida, no acusó nunca -ni en sus conclusiones provisionales ni en la Vista Oral, donde las elevó a definitivas- por otra cosa que por delito de hurto, por lo que siendo la calificación jurídica correcta y adecuada la de delito de apropiación indebida, sólo cabía la absolución, y condenar por delito de hurto supone una infracción del principio acusatorio, pues el Juez no puede condenar por apropiación -pues no se acusaba por ello- ni siquiera aludiendo a la posible homogeneidad entre delitos, que tampoco cabe en este caso".

TERCERO .- En los hechos probados de la sentencia recurrida, se declara que Miriam y Eliseo, el día 22 de enero de 2018 celebraron contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la CALLE000 n° NUM002 de Gandía con la propietaria Esmeralda, el cual incluía el mobiliario relacionado al final del contrato, y actuando con la intención de apoderarse definitivamente de objetos de valor ajenos, en fechas anteriores al lanzamiento por desahucio de la vivienda arrendada que se produjo el 1 de marzo de 2019, se apoderaron del mobiliario propiedad de la arrendadora consistente en un sofá y dos sillones de cuero, una mesa, dos espejos, seis cortinas, un mueble de salón, cinco sillas de cocina, tres colchones, cuatro cojines, tres colchas, una cama de matrimonio, un cabezal, un mueble de dormitorio, un microondas y un calentador, que han sido tasados pericialmente en la cantidad de 2.340 euros que la perjudicada reclama.

El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de hurto y la Juez de lo Penal condenó por la comisión de un delito de hurto. La sentencia dictada en apelación ha estimado que los acusados habían cometido un delito de hurto porque se llevaron parte de los enseres cuando ya se había dictado decreto dando por resuelto el contrato y antes del lanzamiento, por lo que ya habían perdido el título habilitante para el uso de los enseres.

Desde este punto de vista, es claro que el principio acusatorio no se ha conculcado, pues se ha condenado por el mismo delito por el que acusaba el Ministerio Fiscal.

CUARTO .- Por ello, y aunque la parte recurrente parece polarizar su queja por infracción del principio acusatorio, y desde este punto de vista, podría considerarse que esta censura casacional es de imposible impugnación en el formato de recurso que sustenta el art. 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por interés casacional, según resulta de nuestra STS 88/2022, de 3 de febrero, que tratando del principio acusatorio impide la estimación de un motivo por vulneración constitucional en un formato como el seguido en esta causa para el recurso de casación por interés casacional (así lo hemos vuelto a declarar en STS 639/2023, de 24 de julio), no podemos dejar de considerar que también se aloja en tal queja casacional una infracción legal sustantiva, en tanto no deja de mantener la parte recurrente que los hechos debieron ser considerados como constitutivos de un delito de apropiación indebida, y no calificados como de hurto.

Esta queja fue también puesta de manifiesto en la instancia precedente. Al punto que, la Audiencia "a quo" dijo que, por cuestión de método, "y porque de ser acogida la cuestión del error en la imputación típica sería innecesario el estudio del primer motivo, debemos entrar a estudiar el segundo de los motivos en el que se sostiene que no procede nunca la condena por delito de hurto dado que, en el peor de los casos para los acusados, lo que hicieron, cuando al final de un contrato de arrendamiento de vivienda con muebles, no devolvieron ciertos enseres locados como anejos a la vivienda, se dice que no sería hurto y sí apropiación indebida, de lo que no han sido acusados nunca". Y la entonces parte apelante, ya sostuvo que no se planteó siquiera como una cuestión alternativa por la acusación pública.

Ciertamente, el delito de apropiación indebida es un delito de apoderamiento que aparece caracterizado por un elemento específico, la infracción de un deber de fidelidad deducible de una situación específica derivada de alguno de los contratos o títulos consignados en el art. 252 (hoy 253) y la actuación en perjuicio del patrimonio ajeno, producido por la infidelidad. En consecuencia, es un tipo penal de infidelidad en la custodia de lo ajeno. Este tipo aparece caracterizado por las siguientes ideas básicas: a) Tiene por finalidad proteger las relaciones internas que se traban entre el titular del patrimonio y el que asume su gestión; y b) la disposición de la cosa sin razón que lo justifiquen, lo que consuma el delito.

En este caso esta constatado que los arrendatarios de la vivienda no devolvieron, a la resolución del contrato y el propio lanzamiento de los acusados, los enseres que se reflejan en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida, no dando razón de su paradero, con lo que se consuma el delito de apropiación indebida, por incorporación a su disponibilidad y patrimonio.

Por todo ello, se cumplen los requisitos que hemos declarado muy reiteradamente sobre la concurrencia del delito de apropiación indebida, que cristalizan en los siguientes: a) Que el sujeto activo reciba uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble. En este elemento se requiere que el sujeto activo tenga el objeto del delito en virtud de una legítima posesión por haberlo recibido de otro; b) Que el objeto haya sido entregado al autor por uno de los títulos que genera la obligación de entregarlos o devolverlos, definición que incluye a los títulos que incorporen una obligación condicionada a entregarlos o devolverlos, excluyendo aquéllos que suponen la entrega de la propiedad. En este sentido la jurisprudencia de esta Sala ha declarado el carácter de numerus apertus del precepto en el que caben, dado el carácter abierto de la fórmula aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo y atípico que no encajan en ninguna de las categorías concretadas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido por la norma penal, esto es, que se origine una obligación de entregar o devolver; c) Que el sujeto activo realice una de las conductas típicas de apropiación o distracción del objeto típico, que se producirá bien cuando el sujeto activo hace suya la cosa que debiera entregar o devolver, con ánimo de incorporarla a su patrimonio.

En nuestro caso, como igualmente declara la Audiencia, son hechos probados inmutables que se arrendó a los acusados una vivienda con una serie de enseres anejos que no han sido devueltos a la arrendadora.

Sin embargo, el delito de hurto es un delito de apoderamiento, en el que se alcanza la tenencia de la cosa de modo ilícito y que se consuma por la mera posibilidad de disposición. Por el contrario, en el delito de apropiación indebida el sujeto posee la cosa de modo plenamente lícito, integrando el delito la posterior disposición de la cosa como si fuera propia. En el delito de hurto hay un apoderamiento traslativo de la cosa, que pasa ilegítimamente de un ámbito de control material a otro. En el de apropiación indebida el sujeto tiene legítimamente la cosa, no hay, pues, un apoderamiento traslativo ilícito.

Consideramos igualmente correcto el razonamiento de la Audiencia cuando señala que, en el delito de apropiación de bienes recibidos a título de arrendamiento, en la generalidad de los casos, es un caso supuesto de claro de apropiación indebida, en la que el sujeto recibe la cosa legítimamente, en virtud de un título, el arrendamiento, que comporta la obligación de devolverla, y la incorpora a su patrimonio, transformando ilícitamente la posesión legítima en una suerte de propiedad ilegítima.

Sin embargo, no podemos compartir lo que, a continuación, justifican los jueces "a quibus" en el sentido de mantener que "en este caso resulta que el día 21 de diciembre 2018 se dictó decreto dando por resuelto el contrato y acordando del lanzamiento para el día de 1 de marzo de 2019. En este espacio de tiempo los recurrentes hicieron propios, parte de los enseres ajenos, llevándoselos, antes del lanzamiento, habiendo perdido el título habilitante y, por ende, consumando el delito por el que vienen interinamente condenados, debiendo ser desestimado el motivo pues ninguna infracción del principio acusatorio se ha cometido en este caso".

En este apartado, hemos de dar la razón a la parte recurrente en tanto afirma que el título por el que poseía los bienes era el de arrendamiento, título que no cambia al dictarse el decreto de lanzamiento, pues la situación permanece idéntica, y su posesión sigue manteniéndose, sin que se identifique algún acto separado de apoderamiento del que pueda predicarse que ha dado comienzo, ni consumado, con individualización propia, un delito de hurto (por el que fueron condenados en la instancia), razón por la cual ha de concluirse que lo cometido no es un delito de hurto sino de apropiación indebida de los enseres cuya posesión se ha modificado desde la posesión de un título legítimo derivada del arrendamiento, a su posesión ilícita derivada de la rotura de tal nexo jurídico en beneficio del infractor, por lo que la calificación jurídica concedida en la instancia no puede ser mantenida en esta sede casacional, en tanto que nuestra misión supone un control de legalidad que se asienta en nuestra función nomofiláctica y de proclamación de la estructura y límites del ordenamiento jurídico penal, tal y como se remarca en el apartado 6 del art. 1º del Código Civil.

Es evidente que la infracción de nuestra jurisprudencia permite que se cobije en este recurso un indudable interés casacional, fruto de nuestro Acuerdo Plenario de 9 de junio de 2016, de manera que, también desde esta óptica, la admisibilidad de esta censura casacional es evidente.

Por lo que, siendo los hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida, y no habiendo concurrido acusación a sostener esta variante delictiva, es por lo que debemos estimar el motivo, y absolver a los acusados Miriam y Eliseo del delito de hurto por el que fueron indebidamente condenados en la instancia.

En suma, no pueden seguirse criterios de subsanación traídos al proceso exclusivamente mediante la aportación del Tribunal enjuiciador, o de cualquiera de sus instancias, sin que, sobre tal aspecto, las partes no haya tenido oportunidad de realizar alegaciones como consecuencia de su posición pasiva en el procedimiento, al ser objeto de una imputación formal por las acusaciones.

QUINTO .- Procediendo la estimación del recurso, se está en el caso de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).