Sentencia Penal 865/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10115/2023 de 22 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Contra la sentencia que confirmó en apelación la dictada por el Magistrado Presidente del Tribunal Jurado condenando a Mateo como autor de un delito de asesinato alevoso, concurriendo las agravantes de discriminación por razón de género y parentesco, interpone aquel recurso de casación por infracción de ley y vulneración de precepto constitucional.

Se plantea un primer motivo que denuncia, conjuntamente, infracción por aplicación indebida del artículo 849.1 LECRIM, y, con invocación de los artículos 852 y 5.4 LOPJ, infracción de la garantía de tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia.

1. Comenzaremos dando respuesta a este segundo aspecto. Entiende el recurrente vulnerada la presunción de inocencia porque sostiene que los hechos no se produjeron tal y como el Jurado los declaró probados. En su lugar considera que no ha quedado acreditado que cuando comenzó el ataque la víctima estuviera dormida, que por ello pudo defenderse de la agresión y que de hecho lo hizo, como resulta de las lesiones que presentaba el acusado. También alega que la víctima contó con la defensa que pudo ejercer su abuela que llegó a esgrimir un cuchillo con el que trató de hacer frente al agresor. Y por último sostiene que antes del ataque que produjo la muerte de Begoña hubo una discusión que pudo alertarla de la agresión mortal lo que excluye el factor sorpresa que la sentencia utiliza para apreciar la alevosía. Tampoco existió una desvinculación entre los distintos ataques sufridos por la víctima de forma que no puede hablarse de una alevosía sobrevenida, criterio que sostiene introdujo el Tribunal de apelación ex novo.

2. Hemos dicho de manera reiterada que la verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él de suficiente contenido incriminatorio. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y, en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.

Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el Jurado y concretada por quien lo presidió en la sentencia, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. En consecuencia, en estos aspectos ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior.

De otro lado, la sentencia contra la que se interpone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no ha presenciado la práctica de la prueba y, por lo tanto, no ha dispuesto de la inmediación que sí ha tenido el Tribunal del Jurado.

Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos ( SSTS 847/2013 de 11 de noviembre o las más reciente 163/2017, de 14 de marzo; 24/2022, de 13 de enero; o 728/2023, de 4 de octubre.)

Y en este caso, como a continuación expondremos, podemos afirmar que el Tribunal de apelación actuó con arreglo a esas pautas y abordó en profundidad y con lógica las cuestiones que se sometieron a su consideración. Por todo ello, y desde el análisis que en este momento nos incumbe, hemos de concluir que la intervención que en los hechos probados se atribuye al acusado y la consecuente declaración de culpabilidad que en ellos se asienta, se ha sustentado en prueba legalmente obtenida y practicada, de contenido incriminatorio bastante y suficiente y racionalmente valorada, por lo que no puede entenderse vulnerada la presunción de inocencia que a aquél ampara.

3. El Tribunal de apelación, en lo que ahora nos incumbe, refrendó el proceso de valoración probatoria desarrollado por el Tribunal Jurado, a partir de prueba de calidad incriminatoria inobjetable, sobre la que se sustentaron inferencias cuya lógica igualmente lo es. Del mismo modo que avaló la razonabilidad del juicio de inferencia vertido por el Magistrado Presidente en los fundamentos jurídicos de la sentencia de instancia en justificación razonada y razonable de la convicción que alcanzaron los Jurados.

Sostiene el recurso que el Tribunal de apelación se excedió en el ámbito de su revisión al completar la concurrencia de la alevosía con elementos no recogidos por el Jurado, como son aquellos que sucedieron al inicial ataque, alegación que hemos de rechazar.

3.1. La lectura de la sentencia del Magistrado presidente corrobora tal rechazo. La apreciación de la alevosía se basa fundamentalmente en el siguiente fragmento que el Jurado declaró probado "El encausado Mateo ataco de forma sorpresiva a Begoña mientras le misma se encontraba en el domicilio en el que ambas residían, segura y confiada por esa situación y sin sospecha alguna del inminente ataque. Haciéndolo además cuando Begoña se encontraba durmiendo en su habitación y utilizando de forma continua y sostenida diferentes armas blancas, todo lo cual limitó enormemente la posible reacción defensiva de la misma y evitaba cualquier peligro para el encausado". Y fue el Jurado el que justificó su decisión en distintas testificales, periciales, que analiza ampliamente. Por su parte, el Magistrado Presidente desarrolló su argumentación a partir de los datos incorporados al acta del veredicto como elementos de convicción, abarcando la secuencia final que se produce en una habitación distinta de donde se materializó el inicial acometimiento. Tal extremo no es sino explicación de esa utilización "de forma continua y sostenida diferentes armas blancas" que se afirma en el factum, por lo que ninguna extralimitación se produjo respecto del relato de hechos probados, ni por parte del Magistrado presidente, ni por la del Tribunal de apelación.

3.2. Desde la perspectiva de análisis que ahora nos ocupa, la sentencia del Tribunal de apelación validó la suficiencia probatoria de la sentencia del Tribunal Jurado, así como la lógica y razonabilidad de la inferencia extraída de la misma con un análisis lo suficientemente explicito respecto al estándar de motivación exigible para dar satisfacción a la tutela judicial efectiva del recurrente, y acotado a los términos en los que el debate quedó planteado en la instancia.

En concreto, en lo que a la concurrencia de los presupuestos sobre los que se asienta la estimación de la alevosía, tomó en consideración la hora en que ocurrieron los hechos, el que los mismos se desarrollaran en el domicilio que agresor y víctima compartían; la superioridad física de él, y lo angosto del lugar. Descartó que la presencia en el mismo inmueble de la abuela de la víctima, a la que el acusado desarmó sin dificultad dado su estado físico y avanzada edad, hubieran supuesto un obstáculo efectivo a sus designios homicidas; o que las lesiones que presentaba Begoña implicaran que la misma contó con la posibilidad de desarrollar una defensa eficaz.

Para ello el Tribunal de apelación se basó en los elementos que el Jurado tomó en consideración y que la sentencia del Magistrado presidente desarrolló. Las declaraciones del propio acusado y las distintas testificales, entre ellas la del vecino que esa misma noche, al regresar del trabajo sobre las cuatro menos veinte de la madrugada, vio el encausado solo y caminado de un lado a otro de la calle, lo que desvirtúa su versión de descargo, o la de los agentes que lo sorprendieron cuando aún estaba sobre la víctima. También en el acta de inspección ocular que trasladó al Jurado las características del lugar y los distintos hallazgos que tuvieron lugar en el mismo, tanto de las armas como de restos biológicos. Los datos que tal acta suministra, unidos a lo relatado por los testigos, aportaron al Jurado los elementos que le permitieron tener por probado que el ataque se inició en el dormitorio donde ella dormía, y se desarrolló de manera sostenida en el tiempo. El hecho de que la joven pudiera salir de tal habitación para resguardarse en otra cuando su abuela, ante sus gritos de auxilio, acudió en su ayuda, no le reportó mayores posibilidades defensa, pues fue de inmediato acorralada por el encausado en una pequeña habitación en la que se había refugiado. Allí continuó este su agresión mortal armado con el cuchillo que le arrebató a la anciana, colocándose sobre Begoña, que estaba tendida en el suelo, posición en la que le sorprendieron los agentes de la Policía Local cuando entraron al cuarto forzando la puerta.

Por su parte el informe de autopsia, ratificado en el plenario por sus autores, dio cuenta de las múltiples lesiones que el acusado causó a Begoña ocasionadas con el cúter, las tijeras y el cuchillo, armas ocupadas en el lugar de los hechos, a la vez que identificó como causa principal de la muerte, las heridas de arma blanca en el cuello que le provocaron una hemorragia masiva subsiguiente. Los forenses que ratificaron el mismo también aclararon que las heridas que presentaba le víctima en sus manos eran las típicas heridas de defensa, que en todo caso fue mínima dado el carácter leve de las lesiones.

4. En atención a lo expuesto, la vulneración de las garantías de tutela judicial efectiva y presunción de inocencia quedan descartadas, lo que nos da paso al análisis del motivo desde la perspectiva de infracción de ley que denuncia la indebida aplicación de la alevosía que se ha sustentado en un doble pilar: un ataque sorpresivo por las circunstancias de hora y estado de la víctima cuando se inicia la agresión; y por la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive, lo que se viene denominando alevosía convivencial.

De la alevosía que cualifica el homicidio en asesinato del artículo 139.1 CP nos dice el artículo 22.1 CP, que concurre "cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido".

A partir de esa definición legal, la jurisprudencia de esta Sala ha exigido para apreciar la alevosía, en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, como requisito objetivo, que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, en el ámbito subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa de la persona ofendida, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para quien agrede una eventual reacción defensiva de aquella. Y en cuarto lugar, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades ( SSTS 271/2018 de 6 de junio; 636/2019 de 19 de diciembre, y las que en ellas se citan; 25/2009, de 22 de enero; 37/2009, de 22 de enero; 172/2009, de 24 de febrero; 371/2009, de 18 de marzo; 854/2009, de 9 de julio; 1180/2010, de 22 de diciembre; 998/2012, de 10 de diciembre; 1035/2012, de 20 de diciembre; 838/2014, de 12 de diciembre; 110/2015, de 14 de abril; 253/2016 de 32 de marzo; 658/2021, de 3 de septiembre; 23/2022, de 13 de enero o 320/2023, de 8 de mayo).

Recordábamos en la STS 23/2022, de 13 de enero, rememorando a su vez la STS 253/2016, de 31 de marzo, que en lo que concierne a las modalidades, instrumentos o situaciones de que se vale el agente para asegurar el resultado excluyendo toda defensa y el consiguiente riesgo para su persona, esta Sala ha distinguido tres supuestos de asesinato alevoso: la llamada alevosía proditoria o traicionera, si se ejecuta el homicidio mediante trampa, emboscada o a traición de quien aguarda y acecha. La alevosía sorpresiva, caracterizada por el ataque súbito, inesperado, repentino e imprevisto. Y la alevosía por desvalimiento, en la que el agente se aprovecha de una especial situación y desamparo de la víctima que impide cualquier reacción defensiva, como cuando se ataca a un niño o a una persona inconsciente.

En este caso el Tribunal se decanta por considerar el ataque sorpresivo, si bien podría haber encajado en la modalidad de desvalimiento, dado que según se afirma en el relato fáctico que nos vincula, cuando se inició el ataque Begoña estaba dormida. En cualquier caso, no cabe duda el acometimiento a quien se encuentra dormido en la tranquilidad del hogar, o aunque aún no hubiera alcanzado el sueño, en estado de reposo acostada en su cama o refugiada en su habitación, por la sorpresa que entraña, debilita al máximo las posibilidades de defensa, cuando además se desarrolla con la utilización de armas de elevada potencialidad lesiva, en este caso dos tijeras con de considerables dimensiones, y un cúter.

La decisiva superioridad inicialmente buscada en el factor sorpresa y el empleo del arma de elevada potencialidad lesiva, base de la alevosía, condicionó toda la secuencia agresora. Esa ventaja inicial, marcó una irrecuperable pérdida de capacidad de reacción de la víctima y consolidó la asimetría que eliminó cualquier posibilidad de actuación defensiva mínimamente eficaz. Realidad que la intervención de la abuela de Begoña, dada su avanzada edad, no consiguió neutralizar. Al contrarió proporcionó al agresor la posibilidad de hacerse con el cuchillo que finalmente utilizó para seccionarle el cuello. No tuvo Begoña posibilidades de huida, solo de resguardarse en una pequeña habitación, donde el acusado le asestó el golpe final, aprovechando esa indefensión presente desde el inicio del ataque y en todo su desarrollo.

No contradice lo afirmado el que la víctima presentara unas leves heridas en las manos, propias de un inútil intento defensivo, como también lo fue el salir de la habitación para resguardarse en otra de pequeñas dimensiones en la que los muebles que alojaba dejaban escaso margen de movilidad.

No cualquier supuesto en que se produce una reacción defensiva -ya inútil- de la víctima, porque se percata del ataque, quiebra la alevosía. Hemos dicho de manera reiterada (entre otras SSTS 626/2015 de 18 de octubre; 51/2016 de 3 de febrero; 118/2017, de 23 de febrero; 16/2018, de 16 de enero; 604/2019, de 5 de diciembre; o 682/2020, de 11 de diciembre), que la eliminación de toda posibilidad de defensa que la alevosía exige ha de ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia, y es compatible con intentos defensivos nacidos del propio instinto de conservación, pero sin capacidad verdadera de surtir efecto contra el agresor y su acción.

La decisiva superioridad inicialmente buscada, base de la alevosía, perduró durante toda la secuencia agresora que concluyó con el fallecimiento de la mujer, sin dejar resquicio que permitiera un cambio de escenario que propiciara un reequilibrio de fuerzas capaz de quebrar aquella.

Todo ello sin obviar que la relajación de quien se encuentra al resguardo en el sosiego del que es su domicilio, acompañada de una persona con la que ha mantenido una relación afectiva, y en la confianza de que también se encuentran en el domicilio una anciana vulnerable, nos conecta con lo que, en terminología acuñada por algunas resoluciones de esta Sala, se ha llamado alevosía convivencial o doméstica, para nominar la que deriva del quebranto de la atmósfera de confianza que rige en el propio hogar. Una modalidad de alevosía sorpresiva en la que la relajación de los recursos defensivos viene impulsada por la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive día a día ( STS 299/2018, de 19 de junio), o se ha convivido, y en razón de ese vínculo se le flanquea el acceso a ese espacio de intimidad.

Se trata de una modalidad en la que la indefensión de la víctima se asienta en el clima de confianza inherente al propio hogar, con la consiguiente despreocupación sobre eventuales ataques provenientes de aquellos a los que se permite voluntariamente acceso a tal espacio íntimo, y la consiguiente desactivación de los mecanismos de alerta. Aspecto este último que refuerza aun en mayor medida el carácter alevoso del ataque enjuiciado.

5. Por último, sostiene el recurso que el Tribunal de apelación desborda los márgenes que le son propios para justificar en este caso una alevosía sobrevenida, no apreciada por el Jurado, lo que no es así. Tanto el Tribunal Jurado como el de apelación basaron la alevosía en la asimetría de fuerzas que por el factor sorpresa y la superioridad física e instrumental del agresor caracterizó el ataque, propio de las que se conocen como alevosía sorpresiva y convivencial. La referencia que la sentencia recurrida contiene en su desarrollo argumental a la alevosía sobrevenido, no pasa de una mera cita jurisprudencial, al hilo de sus consideraciones acerca de la compatibilidad de la alevosía con una cierta reacción defensiva de la víctima, sin que ello implique novación de lo resuelto en la instancia.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- El segundo motivo de recurso se enuncia "infracción de ley y doctrina legal e infracción de precepto constitucional por inaplicación de la atenuante analógica de confesión tardía del art. 21.4 y 21.7 del Código Penal".

Alega el recurrente que el acusado desde su primera declaración en sede policial, y en contra del consejo de su abogado, proporcionó la versión íntegra sobre los elementos esenciales de los hechos acaecidos y frente a lo declarado por el Jurado al rechazar la circunstancia de atenuación, se ha de valorar el ánimo colaborador del encausado y no tanto si el resultado de la confesión fue útil para la investigación. Sin duda, alega el recurrente, la colaboración del acusado permitió agilizar las investigaciones, fijar los hechos enjuiciables y construir el relato fáctico de la sentencia. Destaca como especialmente relevante que el acusado hubiera facilitado a los investigadores las claves de acceso a su teléfono móvil. Cumplió así, en su opinión, con los parámetros exigidos jurisprudencialmente para apreciar la concurrencia y aplicabilidad de la atenuante analógica de colaboración.

Sostiene, por último, que el Jurado, al no valorar las pruebas de descargo, vulneró el derecho a la presunción de inocencia del acusado por falta de racionalidad y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas con respecto a la aplicación de esta circunstancia atenuante.

1. Tiene razón el Fiscal al impugnar el recurso cuando señala que la pretensión, formulada a través del n° 1 del art. 849 de la LECRIM, no puede ser acogida porque no existe base probatoria alguna para la apreciación de la atenuante que se postula y esta vía obliga a un escrupuloso respecto del juicio histórico y sólo a partir de él se puede analizar si el juicio de subsunción normativa de la sentencia impugnada es o no correcto. Y en lo que a este caso concierne, los hechos probados no aportan una base fáctica para la apreciación de la atenuante de confesión, razón por la que el motivo no puede ser acogido. Máxime cuando en este caso el Jurado expresamente consideró no probado por unanimidad, que el encausado confesara los hechos al prestar declaración tanto en sede policial como en sede judicial, que aportase datos de cómo sucedieron que no pudieran haber sido conocidos de otra manera o que colaborase de forma activa durante la tramitación de la causa.

Como dijimos en la STS 68/2022, de 27 de enero, la jurisprudencia de este Tribunal (SSTS 683/2007 de 17 de julio; 755/2008 de 26 de diciembre; 508/2009 de 13 de mayo; 1104/2010 de 29 de noviembre; 318/2014 de 11 de abril; 541/2015 de 18 de septiembre; 643/2016 de 14 de julio; 165/2017 de 14 de marzo; 240/2017 de 5 de abril; STS 203/18 de 25 de abril; 723/2018 de 23 de enero de 2019; 454/2019 de 8 de octubre; o 187/2020, de 20 de mayo, entre otras) exige como requisitos de la atenuante del artículo 21.4 CP, que el sujeto confiese a las autoridades la comisión de un hecho delictivo o su participación en el mismo; que la confesión sea veraz, con exclusión de los supuestos en que se sostenga una versión interesada de carácter exculpatorio que después se revela totalmente falsa; y que la confesión se produzca antes de conocer que el procedimiento, entendiendo por tal también las diligencias policiales de investigación, se dirige contra él, lo que ha de relacionarse con la utilidad de la confesión. Quedan al margen aquellos supuestos en los que la aparente confesión se produzca cuando ya no exista posibilidad de ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento por la autoridad.

Recordaba la STS 427/2017, de 14 de junio, con cita de otros precedentes, que esta atenuante encuentra su justificación en razones de política criminal. Al Estado le interesa que la investigación de los delitos se vea facilitada por la confesión -siempre voluntaria y espontánea- del autor del hecho. Con ello se simplifica el restablecimiento del orden jurídico por aquel que lo ha perturbado, se refuerza el respaldo probatorio de la pretensión acusatoria e incluso se agiliza el ejercicio del ius puniendi.

La atenuante de confesión, superada ya su antigua configuración que la vinculaba al arrepentimiento del culpable, encuentra hoy su fundamento en razones de política criminal, en la medida que ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción de la causa. Además del elemento cronológico, se exige de ella que sea sustancialmente veraz, aunque no una coincidencia total con el hecho probado. El requisito de la veracidad parte de su propio fundamento como atenuante. La confesión (resaltan entre otras SSTS 832/2010 de 5 de octubre; 240/2012, de 26 de marzo; 764/2016 de 14 de octubre; 118/2017 de 23 de febrero; 750/2017 de 22 de noviembre) supone un reconocimiento de la vigencia de la norma y un aquietamiento a las previsiones de penalidad previstas en el ordenamiento para su conducta. Si lo que pretende el confesante no es posibilitar la actuación instructora sino la defensa ante un hecho delictivo, no se cumple con esa finalidad que fundamenta la atenuación. Ahora bien, eso no implica que, puesta sobre la mesa la veracidad de los hechos, no pueda el confesante poner también de relieve aquellos elementos de donde deducir cualquier género de comportamiento atenuatorio de su responsabilidad penal.

La atenuante de confesión se ha apreciado como analógica en los casos en los que, aun no respetándose el requisito temporal, sin embargo el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración relevante para la justicia, realizando así un acto contrario a su acción delictiva que de alguna forma contribuye a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado. Hemos señalado respecto a la circunstancia analógica al artículo 21.7 CP, que en todo caso debe exigirse que la confesión facilite de modo relevante y eficaz el enjuiciamiento (entre otras SSTS 569/2014 de 14 de julio; 725/2014 de 3 de noviembre; 220/2018 de 9 de mayo; o 454/2019 de 8 de octubre).

Efectivamente el reconocimiento de los hechos aún en el acto de plenario aligera la carga de las acusaciones y la del enjuiciamiento, en lo que a los medios de prueba se refiere. Ahora bien, ello no es suficiente para sustentar la atenuación. Recordaba la STS 105/2014 de 19 de febrero, que "si con solo la aceptación de hechos en el plenario bastara para estimar la atenuante analógica, todas las conformidades deberían ser tributarias de tal beneficio atenuatorio formal, más allá del favorable o lenitivo arbitrio judicial como precio a la confesión. Téngase presente que en los casos del art. 655 (procedimiento ordinario) y 787 (abreviado) ambos de la Ley Penal de Ritos, ningún beneficio penológico expreso se establece en la ley, fuera del arbitrio judicial. Solamente la conformidad en el procedimiento rápido ( art. 801.2) L.E.Cr .) en supuestos de penas de menos de tres años y concurriendo otras circunstancias, la conformidad ante el juzgado de guardia obliga a reducir la pena solicitada en un 30%". Argumento que no puede obviar las peculiaridades de este último procedimiento.

Y concluyó la mencionada resolución explicando que "la confesión tardía puede operar como atenuante analógica de la de confesión si el testimonio del que pretende beneficiarse, exteriorizado después de que el proceso se siga contra él y eventualmente contra otros, es determinante, relevante, decisivo y eficaz, para el esclarecimiento de los hechos y la realización de la justicia".

2. En este caso, la sentencia recurrida confirma la decisión del Tribunal Jurado sobre la base de dos elementos. De un lado, la declaración del acusado sobre los hechos introdujo su particular versión respecto a lo ocurrido, que dista esencialmente de aquella que se consideró como probada sobre la base de las informaciones emanadas de otras fuentes de prueba. De otro, porque sus aportaciones resultaron irrelevantes, toda vez que fue sorprendido cuando todavía se encontraba culminando su agresión en el lugar de los hechos, donde pudieron recogerse las armas y vestigios. Al hilo de ello, el Jurado dispuso de otros elementos de convicción ajenos por completo a la declaración del acusado, tanto en relación a los hechos, como en lo que se refiere a las circunstancias de agravación apreciadas.

En particular en lo que afecta a las claves que permitieron el acceso a su dispositivo móvil, no contribuyeron al esclarecimiento del núcleo esencial de los hechos, además, localizado el acusado como lo fue, la información que su aportación fáctica reportó, pudo ser incorporada al proceso por otros medios.

En definitiva el criterio plasmado en la sentencia no solo se acomoda a la doctrina de esta sala ya expuesta, sino que se sustenta en un racionamiento lógico de los datos en los que fundamenta su decisión.

En palabras que tomamos de la STS 338/2020, de 19 de junio "la asunción de responsabilidad cuando el sujeto activo ha sido descubierto está carente de la significación esencial de la confesión, pues por más que la confesión ya no necesite estar alentada por el arrepentimiento, no quiere decir que no debe ir dotada del elemento de la voluntariedad. Una confesión en cuya génesis solo se encuentra la resignación ante lo que se percibe ya como irremediable, no puede dar vida a una atenuación, por no existir fundamento para un menor reproche penal ( STS 1619/2000 de 19 de octubre o 420/13, de 23 de mayo), salvo en aquellos supuestos en los que suponga -en el ámbito propio del proceso- una facilitación importante de la acción de la Justicia y, por tanto, una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva; supuestos en los que la confesión -denominada tardía- puede operar como atenuante analógica del artículo 21.7 de nuestro CP ( STS 1109/05, 28 de septiembre o 1063/09, de 29 de octubre)".

El motivo se desestima.

TERCERO.- El tercer motivo de recurso se formaliza por de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM y se enuncia como "infracción de ley y doctrina legal e infracción de precepto constitucional por inaplicación de la semieximente de anulación de las facultades mentales por anomalía psíquica de los arts. 20.1 y 21.1 del Código Penal", alegándose también en este caso infracción de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva y presunción de inocencia.

El recurrente denuncia la errónea valoración de la prueba practicada en el acto del plenario, pues entiende que, pese a estar diagnosticado el acusado de padecer un trastorno de la personalidad paranoide y de celos patológicos, el Jurado, de manera que se califica de arbitraria e injustificada, negó que sufriera dicho trastorno, llegando a afirmar que solo era él quien afirmaba padecerlo. Añade que el Tribunal Jurado realiza un análisis generalista e inflexible de los trastornos de la personalidad y de las eximentes completas sin entrar a analizar los pormenores del caso en concreto.

Tras exponer su particular valoración del material probatorio acumulado, concluye el error del Tribunal del Jurado y del Tribunal Superior de Justicia al no apreciar la grave afectación de la capacidad de autocontrol de los impulsos padecida por el acusado, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al haber ignorado el Jurado a la hora de emitir su veredicto la existencia de prueba de descargo válida y suficiente que acreditaría la concurrencia de los elementos esenciales para la aplicación de la atenuante analógica de anulación de las facultades mentales por anomalía psíquica. Ello evidencia, a criterio del recurrente, la falta de racionalidad y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas con respecto a la aplicación de esta circunstancia atenuatoria.

1. Ya hemos expuesto el alcance de nuestra revisión en casación en lo concerniente a aspectos probatorios, en las causas precedidas de un recurso de apelación. Lo que proyectado sobre el caso que no ocupa se traduce en una revisión del juicio de razonabilidad emitido al revisar el proceso de valoración probatoria desarrollado en la instancia.

No es exacto lo que dice el recurrente cuando afirma que el Jurado negó la realidad del trastorno de la personalidad paranoide y celos patológicos. Lo que afirmó el Jurado y así lo que recoge la sentencia, es que no quedó probado que tal diagnóstico le hubiera provocado una merma en su capacidad cognitiva y volitiva. Es precisamente este extremo el que determina el rechazo la circunstancia eximente incompleta o atenuante solicitadas por la defensa del ahora recurrente. Lo explica con amplitud la sentencia recurrida, concluyendo, tras un exhaustivo análisis de la argumentación desarrollada en la sentencia del Tribunal Jurado, que respalda "... en el caso de autos, la sentencia recurrida descarta acertadamente la aplicación de la atenuante analógica solicitada con fundamento en el Veredicto y la Motivación del Jurado, recogiendo que a pesar del diagnóstico de trastorno de personalidad paranoide y la comorbilidad de celopática el mismo no ha provocado merma de su capacidad cognitiva y volitiva, todo ello conforme a las conclusiones, claras e incuestionables del informe del Médico Forense Sr Serafin de 27 de Noviembre de 2019 y del informe (psicológico) forense de los especialistas Sr. Vicente y Sra. Mariola de 15 de Marzo de 2021. debidamente ratificados en el juicio por los peritos informantes, señalando finalmente que no queda acreditado que el acusado hubiese actuado como consecuencia de una combinación del trastorno de personalidad paranoide que afirmaba padecer y de la comorbilidad de celotipia, celos patológicos, que le pudiesen haber provocado una pérdida transitoria de sus capacidades intelectivas y volitivas". Se trata de un criterio ajustado a las máximas de experiencia y conocimientos científicos propios de la medicina y la psicología.

2. En palabras que tomamos de la STS 383/2017, de 25 de mayo "los trastornos de personalidad no han sido considerados en línea de principio por la Jurisprudencia como enfermedades mentales que afecten de modo relevante a la capacidad de culpabilidad del autor del delito. En la STS 879/2005, de 4 de julio, se dice que dentro de la expresión utilizada de "cualquier anomalía o alteración psíquica" se abarcan no sólo las enfermedades mentales en sentido estricto, como venía entendiendo la jurisprudencia al interpretar el concepto "enajenación", sino también otras alteraciones o trastornos de la personalidad. Sin embargo, en los casos en que dichos trastornos influyen en la responsabilidad criminal, se ha aplicado en general la atenuante analógica, reservando la eximente incompleta para cuando el trastorno es de una especial y profunda gravedad o está acompañado de otras anomalías relevantes como el alcoholismo crónico o agudo, la oligofrenia en sus grados iniciales, la histeria, la toxicomanía, etc. ( SSTS 696/2004, de 27-5; 540/07, de 20-6; 515/09, de 6-5; 468/09, de 30-4; 680/2011, de 22-6; y 225/2014, de 5-3)".

No se trata en este caso de negar efecto atenuatorio anudado a un trastorno de personalidad como el descrito, sino simplemente de constatar que en el caso concreto no ha quedado acreditada una afectación de las bases de la imputabilidad, a partir de un proceso de revisión de la valoración probatoria del Jurado, que el Tribunal de apelación avala como razonable, de acuerdo con los pareceres técnicos emitidos por los especialistas dotados de una especial preparación para ello, sobre datos analizados a partir de sus propios conocimientos empíricos y el auxilio de las técnicas propias de su disciplina.

Y precisamente la falta de esa base científica es la que justifica el rechazo de las tesis defensivas que parten de que el diagnostico de un trastorno paranoide de la personalidad, que además concursa con la celotipia, necesariamente deben afectar al sujeto en cuanta a su comprensión de la realidad y por ende en su interacción con el entorno, sobre todo en el marco de una relación afectiva. Lo que no pasan de ser, tal y como las califica la sentencia recurrida, meras máximas de experiencia retóricas incapaces de fisurar las conclusiones médicas alcanzadas por peritos especialistas que como tales intervinieron en el plenario ratificando sus conclusiones.

Por tanto, desde la óptica de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por motivación arbitraria, como sostiene el recurrente, la decisión del Tribunal de apelación se adecua perfectamente a los informes periciales obrantes en la causa sin que se pueda apreciar incoherencia entre la valoración del Tribunal y las conclusiones que se derivan de tales dictámenes.

3. Desde el punto de vista de un motivo de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM el planteamiento del motivo es erróneo en cuanto que, sin ajustarse a la realidad fáctica el recurrente busca precisamente su modificación. No está de más recordar que la discrepancia que habilita el artículo 849.1 LECRIM nada tiene que ver con el significado y la suficiencia incriminatoria de la prueba sobre la que se asientan los hechos, sino con la calificación jurídica de éstos. Solo cabe cuestionar el juicio de tipicidad, esto es, la subsunción proclamada por el Tribunal de instancia, a partir de la secuencia histórica que la Sala sentenciadora ha declarado probada.

Y precisamente en este caso el Jurado excluyó como probada cualquier afectación mínimamente relevante de las facultades del acusado, lo que el Tribunal de apelación avaló, por lo que también por esta vía el motivo carece de posibilidades de éxito.

La jurisprudencia de este Tribunal (SSTS 1170/2006 de 24 de noviembre; 455/2007 de 19 de mayo; 258/2007 de 19 de julio; 939/2008 de 26 de diciembre; 90/2009, de 3 de febrero; 983/2009 de 21 de septiembre; 914/2009 de 24 de septiembre; 29/2012 de 18 de enero; 473/2017, de 26 de junio; o 271/2018, de 6 de junio, entre otras) tiene reiteradamente declarado, en relación a la apreciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad por afectaciones mentales con reflejo en la capacidad de culpabilidad, que ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que el sistema del Código Penal vigente exige no sólo un diagnóstico que aprecie una anomalía o alteración psíquica como elemento biológico o biopatológico, sino que a él debe añadirse la comprobación de que tal déficit impide al sujeto, o le dificulta en mayor o menor medida, la comprensión de la ilicitud de la conducta o bien la actuación conforme a esa comprensión (elemento psicológico- normativo). La jurisprudencia anterior al vigente Código ya había declarado que no era suficiente con un diagnóstico clínico, pues era precisa una relación entre la enfermedad y la conducta delictiva, "ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo" ( STS 51/2003 de 20 de enero y STS 251/2004, de 26 de febrero).

En la práctica se analiza y examina el material probatorio atinente al elemento biopatológico, se establece el grado y la intensidad del padecimiento psíquico, y después se extrae operando con tal base biopatológica la conclusión pertinente sobre si el autor de la conducta delictiva actuó en el caso concreto comprendiendo la ilicitud del hecho y con posibilidad de actuar conforme a esa comprensión, o, en su caso, con una comprensión o una capacidad de actuación limitadas o excluidas ( SSTS 914/2009, de 24 de septiembre; 983/2009 de 21 de septiembre; 90/2009 de 3 de febrero; 649/2005 de 23 de mayo; 314/2005 de 9 de marzo; 1144/2004 de 11 de octubre; 1041/2004 de 17 de septiembre; y 1599/2003 de 24 de noviembre, entre otras muchas).

De ahí que la proyección de cualquier trastorno o anomalía que el acusado pueda padecer no puede ser ponderada prescindiendo de la secuencia fáctica sobre la que está llamada a operar.

El motivo se desestima, y con él la totalidad del recurso.

CUARTO.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 901 LECRIM, el recurrente soportará las costas de esta instancia.