Sentencia Penal 492/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4217/2021 de 22 de junio del 2023

PRIMERO.- La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia núm. 303/2021, de 8 de junio, en el Rollo de Sala núm. 676/2021, por la que desestimaba el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Pablo, contra la sentencia dictada en el procedimiento abreviado núm. 163/2019 seguido en el Juzgado de lo Penal núm. 14 de Madrid, por la que había sido condenado como autor de un delito de apropiación indebida, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Igualmente, en concepto de responsabilidad civil fue condenado a indemnizar a FORTRESS & PARTNERS en la suma de 9.862,75 euros, más los interés de demora del art 576 LEC, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de HATHOR ESTUDIOS SL.

SEGUNDO.- Como se ha expresado en el fundamento anterior, la sentencia objeto del presente recurso resolvió el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 14 de Madrid.

Conforme señala el art. 847.1.b) LECrim, procede recurso de casación: "Por infracción de ley del motivo previsto en el núm. 1º del art. 849 contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional". Y según dispone el art. 884.3º, el recurso será inadmisible: "Cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados o se hagan alegaciones jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquéllos, salvo lo dispuesto en el número 2º del artículo 849".

Esta Sala, en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 9 de junio de 2016, interpretando el art. 847.1, letra b) LECrim, estableció el ámbito de este recurso en los siguientes términos:

a) El art. 847 1º letra b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849. 2°, 850, 851 y 852.

b) Los recursos articulados por el artículo 849 1° deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

c) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículo 884 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés ( artículo 889 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

e) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( artículo 892 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

TERCERO.- 1.- El primer motivo del recurso se deduce por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva contemplado en el art. 24 CE. Igualmente se invoca inexistencia de prueba de cargo y contravención del principio in dubio pro reo.

Expone el recurrente que los hechos por los que ha sido condenado constituyen un defectuoso incumplimiento de contrato frente a D. Sabino, representante legal de la mercantil Fortress & Partners SL, lo cual debe dirimirse en la jurisdicción civil. Sostiene que fue contratado para la ejecución de unas obras que no llegó a terminar por un desacuerdo con el contratista, D. Sabino. El dinero recibido lo destinó al pago de otras obras que había realizado en la AVENIDA000 y en Usera, habiendo abandonado la obra de la CALLE000 porque se le exigía que empleara unos materiales de costes muy superiores a los presupuestados, y sabía que el Sr. Sabino había dejado de pagar a otras personas que trabajaban para él.

El segundo motivo se deduce por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, e indebida aplicación de los arts. 253 y 249 CP.

Después de exponer los elementos que integran el delito de apropiación indebida, insiste en que recibió el dinero como pago a unos trabajos sin ninguna obligación de devolverlo. Señala que D. Sabino no tuvo un perjuicio patrimonial, pues el dinero que le dio era para el pago de unos trabajos previos, y aunque hubiera sido para la obra de la CALLE000, el perjuicio patrimonial lo tuvieron terceros, en este caso, D.ª Piedad y D. Pedro Antonio.

Expresa también que, como persona física o como administrador de Hathor Estudios SL, no ha podido aportar las facturas que le adeudaba D. Sabino como persona física y como administrador de Fortress & Patners, tampoco ha podido acreditar las que supuestamente le había abonado. Por ello entiende que las operaciones para llevar a cabo la liquidación de cuentas deben desplazarse a la jurisdicción civil pues, atendiendo al principio de presunción de inocencia y al de intervención mínima, no cabe derivar a la jurisdicción penal, bajo el delito de apropiación indebida, la resolución de un conflicto de naturaleza negocial.

2.- Conforme a lo expresado en el anterior fundamento de derecho, el recurso no debería haber sido admitido. En ambos motivos el recurrente se aparta y discute los hechos declarados probados partiendo en su argumentación de un relato de hechos propio.

Ya hemos visto cómo el art. 847.1.b) LECrim sólo permite estos recursos por infracción de ley del art. 849.1º LECrim y por interés casacional.

Pues bien, la pretensión deducida por el recurrente a través del primer motivo respondería al motivo previsto en el art. 852 LECrim, por infracción de precepto constitucional.

En el segundo motivo, junto a la denuncia que se hace por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, formalmente se alega también infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim. Sin embargo, en su desarrollo lo que expresa el recurrente es, al igual que en el primer motivo, su discrepancia con la suficiencia y valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal de instancia y con la que se ha considerado que la presunción de inocencia no ha sido enervada.

La pretensión deducida a través del motivo previsto en el art. 849.1 LECrim está condicionada a aceptar y asumir los hechos declarados probados en todo su contenido, orden y significación ( art. 884.3 LECrim). Sin embargo, el recurrente efectúa alegaciones en notoria contradicción con los hechos probados.

Tampoco se expresa en el recurso, ni se deduce de su contenido circunstancia alguna que permita apreciar la existencia de interés casacional.

Por ello es evidente que el presente recurso debió ser inadmitido, deviniendo en este momento tal causa de inadmisión en motivo de desestimación.

CUARTO.- La desestimación del recurso formulado por D. Pablo, conlleva la imposición al mismo de las costas de su recurso, de conformidad con las previsiones del art. 901 LECrim.