Sentencia Penal 875/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7437/2021 de 24 de noviembre del 2023

PRIMERO.- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, en su Procedimiento Abreviado n.º 2/2021, dictó sentencia el 13 de mayo de 2021 en la que condenó a Matías como autor criminalmente responsable de un delito de estafa agravada de los artículos 248 y 250.1.5 del Código Penal, imponiéndole las penas de 3 años de prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y multa de 8 meses en cuota diaria de diez euros.

Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que fue desestimado en su sentencia n.º 304/2021, de 5 de noviembre; la cual es ahora objeto del presente recurso de casación estructurado alrededor de seis motivos.

1.1. El primer motivo se formaliza por cauce del número 1.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 5.4.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio y 24 de la Constitución Española, al entender conculcado los derechos al Juez ordinario predeterminado por ley; a un proceso con todas las garantías; a la tutela judicial efectiva en relación con dilaciones indebidas y la presunción de inocencia; así como con quebranto del artículo 120.3 de la Constitución Española, por falta de motivación de la sentencia.

Pese a la confusa formulación del motivo, lo que el recurrente cuestiona en su alegato es que se haya aportado prueba de cargo bastante para enervar su derecho a la presunción de inocencia y fundar la responsabilidad declarada en la instancia; más allá de que la pretensión de haberse quebrantado su derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, es objeto de pleno desarrollo en el motivo sexto de su recurso y será entonces analizada por este Tribunal.

En concreto, el acusado niega que obtuviera el dinero con engaño. Rechaza que pueda extraerse esa conclusión por el simple hecho de que dispusiera del dinero que el perjudicado le transfirió a su cuenta bancaria o porque la sociedad de inversión que dijo representar no estuviera inscrita en el Registro Mercantil o en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Argumenta que pidió al inversor que trasfiriera 100.000 euros a una cuenta bancaria personal, porque la sociedad gestora a la que representaba, Societe Generale D'Patrimoine, SA, carecía de CIF y no podía aperturar una cuenta a su propio nombre. En todo caso, afirma que el dinero destinado a la inversión se transfirió después a la cuenta que la sociedad tenía en la entidad Banca March y, desde esta, a una cuenta perteneciente a la sociedad Big Closers & Partners

1.2. La jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a) de la LECRIM, el control casacional de las sentencias que les pongan término, no sólo comporta realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación, sino que también puede ajustarse a revisar los juicios de inferencia que se hayan alcanzado en la instancia, a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado el Tribunal de apelación en el caso de que el argumento hubiera sustentado el previo recurso devolutivo ante él, de suerte que, en definitiva, el ámbito del control casacional se refiere a la ponderación y argumentación que sobre la cuestión haya exteriorizado el Tribunal de apelación en respuesta a las alegaciones del apelante.

Se ha explicitado también en numerosas resoluciones de esta Sala (SSTS 1126/2006, de 15 de diciembre; 742/2007, de 26 de septiembre o 52/2008, de 5 de febrero), que la labor que corresponde al Tribunal de apelación en la encomienda de supervisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia, cuando se alega ante él la infracción del derecho a la presunción de inocencia, no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador a quo, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, sino verificar que, efectivamente, el Tribunal de instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio. Una verificación que entraña que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

Es cierto, como se ha dicho, que la inserción del elemento de la razonabilidad dentro del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia genera un espacio común en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial efectiva. En todo caso, el control por parte del Tribunal de apelación de la coherencia del juicio probatorio del Tribunal a quo, particularmente cuando lo que se invoca es un quebranto del derecho a la presunción de inocencia, no pasa por exigir un juicio valorativo en el que se detallen todas las pruebas que se han tenido en cuenta, sino que el Tribunal de instancia fije con claridad cuáles son las razones que ha contemplado el Tribunal para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos -muy especialmente cuando hayan sido controvertidos-, tanto porque permite al justiciable, y a la sociedad en general, conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, o la corrección técnica de la decisión dada por el Tribunal, cuanto porque facilita el examen de la lógica y racionalidad de sus conclusiones fácticas.

De este modo, por más que no sea necesario razonar lo que resulta obvio, ni sea tampoco exigible un discurso exhaustivo sobre hechos aceptados por el acusado, en lo que se refiere a los hechos negados, no reconocidos por éste o de cualquier forma cuestionados o discutidos, las pruebas a considerar al verificar la racionalidad del proceso valorativo no son sólo aquellas que lógicamente conduzcan a la conclusión obtenida por el Tribunal, sino todas aquellas que hayan sido traídas por las partes y que puedan destruir o debilitar la convicción hasta conducirla al campo de lo incierto, lo remoto o lo especulativo.

Por último, debe recordarse, conforme la doctrina constitucional, que el control de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como desde la suficiencia o calidad concluyente (no siendo, pues, razonable, cuando la inferencia sea excesivamente abierta, débil o imprecisa). En todo caso, es pacífica la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala que proclama que el control en este último supuesto ha de ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales de instancia quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías, del acervo probatorio; de modo que sólo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable ( SSTC 300/2005, de 21 de noviembre o 123/2006, de 24 de abril, entre otras).

1.3. Desde esta consideración de la función casacional como evaluadora de que la supervisión que ha hecho el Tribunal de apelación respete las reglas anteriormente expuestas de valoración del juicio probatorio del Tribunal de instancia, debe rechazarse la pretensión que sustenta el motivo. El recurrente hace su propia valoración probatoria, si bien la conclusión de la sentencia, como se expresa en la resolución de apelación impugnada, responde a las reglas de la sana crítica. La conclusión de que el acusado captó los capitales para su personal enriquecimiento y no para destinarlos a las inversiones financieras prometidas al perjudicado, no sólo descansa en que reclamó que el dinero se ingresara en una cuenta bancaria de su titularidad personal, sino en que dispuso de parte de ese dinero a favor de su pareja y que el resto de capital salió en escaso periodo de tiempo de las cuentas titularidad del acusado o de las de la entidad supuestamente gestora Societe Generale D'Patrimoine, SA, sin que se haya aportado ninguna justificación de que se destinara a algún tipo de inversión o su resultado; más aun considerando que la única explicación ofrecida resulta incompatible con la obtención de los fondos defraudados. El acusado aduce que los fondos se remitieron a la entidad Big Closers & Partners, pero la justificación de transferencia que se aporta, además de no reflejar probado su objeto, es anterior a que el perjudicado abordara su inversión y está evidentemente desconectada de los hechos enjuiciados.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- El segundo motivo se formula por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851.1.º de la LECRIM al haberse omitido en la redacción de los hechos probados datos que son esenciales para la calificación jurídica de los hechos, provocando indefensión y predeterminación del fallo, y manifiesta contradicción entre los hechos que se declaran probados.

En su desarrollo, de manera escueta, reitera que en la redacción de los hechos probados se han omitido datos que son esenciales para la calificación jurídica de los hechos, provocando indefensión y predeterminación del fallo, y manifiesta contradicción entre los hechos que se declaran probados.

No expresa el recurrente los elementos fácticos que considera ausentes en el relato de hechos probados de la sentencia, incumpliendo así la exigencia del artículo 874.1 de la LECRIM e imposibilitando cualquier tipo de análisis por la Sala. En todo caso, la ausencia de hechos que puedan ser relevantes para la calificación de los hechos, no puede tener otra justificación que la insuficiente acreditación de tales extremos, lo que debe pretender corregirse por los cauces procesales que hacen referencia a la valoración probatoria y no a vicios que imposibiliten la comprensión del pronunciamiento.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. El tercer motivo del recurso, formulado por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM, argumenta error de hecho en la apreciación de la prueba, materializado en diversos documentos obrantes en autos que muestran la equivocación del juzgador.

Además de hacerse una indebida referencia a elementos probatorios de naturaleza personal debidamente documentados, como la declaración del acusado o el acta levantada con ocasión de la celebración del juicio oral, el recurrente invoca los documentos aportados con el escrito de defensa, argumentando que son plenamente justificativos de haberse efectuado las inversiones a las que se comprometió. En concreto, relata que los documentos aportados con el escrito de defensa bajo la numeración 2 y 4, demuestran la transferencia realizada desde la Banca March por la Societé Generale D'Patrimoine y la cancelación de la cuenta por orden de Banca March cuando en la misma existía un saldo en cuenta corriente de 90.000 euros, ingresados en el Banco Espírito Santo para realizar la inversión en Nordic Financial Trust (documentos 3, 7 y 8 del escrito de defensa), a través del despacho de abogados de Londres IFRC Holdings Inc, por importe de 130.000 euros. Se acredita que se ha realizado la inversión, que luego trata de recuperarse a través del legal representante de Pitmans en España S. Nadal (documentos 10 y 11 del escrito de defensa).

3.2. Ha señalado esta Sala en numerosas sentencias que la vía del error en la apreciación de la prueba prevista en el artículo 849.2 de la LECRIM, exige los siguientes requisitos: a) en primer lugar, ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; b) en segundo lugar, que el documento sea literosuficiente, es decir, que por su propio contenido evidencie el error perpetrado por el juzgador al consignar u omitir algún elemento fáctico o material en la sentencia, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; c) en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba que incidan en la evaluación de lo realmente acontecido, pues en ese caso se trataría de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y finalmente d) que el dato o elemento acreditado por el documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo ( STS 36/2014, de 29 de enero).

3.3. Lo expuesto determina la desestimación del motivo. Los documentos señalados muestran un flujo dinerario entre cuentas bancarias y entre empresas cuya actividad y composición se desconoce. Las conclusiones del recurrente sobre la realidad de haberse hecho las inversiones por cuenta del perjudicado no se plasman en el redactado de esos documentos, por demás redactados en francés o inglés y no traducidos al español.

El motivo se desestima.

CUARTO.- 4.1. Su cuarto motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicado el artículo 248.1 del Código Penal, en concreto por condenar al recurrente como autor de un delito de estafa sin que concurra el elemento típico del engaño bastante, pues la víctima tenía experiencia suficiente en negocios y usos mercantiles para evitar riesgos innecesarios.

4.2. El cauce procesal que aquí se emplea sólo tiene por objeto analizar el juicio de subsunción de la sentencia a partir de los hechos proclamados por el Tribunal; esto es, el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que el recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto, incluyendo todos los que conducen a supervisar la corrección de los hechos probados.

Desde esta consideración procesal, debe resaltarse que la doctrina de esta Sala (SSTS de 17 de noviembre de 1999; 634/2000, de 26 de junio; 564/2007, de 25 de junio; o 162/2012, de 15 de marzo, entre muchas otras), considera engaño "bastante", a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquel que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener suficiente entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto ( STS 344/2013, de 30 de abril).

Se ha dicho también que la suficiencia del engaño no supone que no exista posibilidad alguna de desvelarlo. Antes al contrario, será este bastante si es capaz de inducir a confusión a quien preste una atención o diligencia que pueda ser considerada normal o razonable en el concreto ámbito en que la actividad se desarrolle ( STS 948/2002, de 8 de julio), esto es, si resulta tan convincente que pueda romper la barrera de desconfianza que el sujeto pasivo pueda tener frente a un extraño y realizar por ello un acto de disposición patrimonial ( STS 659/2005, de 8 de abril).

4.3. Estos elementos son predicables de los hechos sometidos a análisis. Contrariamente a lo que el recurso sugiere, los actos de disposición patrimonial no derivaron de una simple petición, sino que se desplegó toda una farsa tendente a ganarse la confianza del perjudicado y hacerle creer que el dinero que entregara sería invertido y podría obtener importantes beneficios que se repartirían entre el gestor y el defraudado. Y así se describe también en el relato fáctico de la sentencia, que plasma que el acusado, representando a una sociedad de gestión de inversiones y aparentando ser persona que conocía de activos financieros, se ganó la confianza de Romulo, como representante del grupo inversor Gregal Inversions Financeres SA y firmó un "contrato de prestación de servicios, intermediación financiera y administración delegada de SOCIETE GENERALE D'PATRIMOINE S.A. (f- 11) por el que dicha mercantil, como entidad gestora, se comprometía a gestionar una póliza de crédito u otros activos, con el reparto de beneficios, a razón del 70 por ciento para el grupo inversor y del 30 por ciento para la sociedad gestora, con obligación de remitir copia de los registros y de facilitar información de la cuantía y abono de los beneficios devengados por las inversiones efectuadas". Fue esta actuación la que determinó a Romulo a transferirle 100.000 euros a la cuenta personal que el acusado indicó, apropiándose este de las cantidades sin hacer ninguna inversión.

El motivo se desestima.

QUINTO.- Su quinto motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicado el artículo 248.1 en relación con el artículo 250.1.6 del Código Penal, relativo a la estafa agravada.

El recurrente hace referencia al artículo 250.1.6 del Código Penal, cuando la agravación por razón de la cuantía se recoge en el artículo 250.1.5 desde la reforma operada por la LO 5/2010 y que resulta de indudable aplicación al caso de autos. En todo caso, declarándose probado que la cantidad defraudada fue de 100.000 euros, puesto que la agravación del artículo 250.1.5 del Código Penal está prevista para estafas que superen la cuantía de 50.000 euros, la única objeción a que se haya condenado por estafa agravada es la que se recoge en el inciso último del alegato, esto es, que "desde el momento que se entiende que no concurre engaño bastante, no procede recoger la valoración de estafa agravada".

Consecuentemente, el motivo decae por las mismas razones que se han expresado en el fundamento anterior.

El motivo se desestima.

SEXTO.- 6.1. El último motivo se formaliza por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicada, como muy cualificada, la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal.

La pretensión, adelantada en el motivo primero del recurso, se pretende justificar, exclusivamente, en que la sentencia se pronunció en mayo de 2021 y los hechos acaecieron en el año 2013.

6.2. Aunque el recurrente no puede plantear esta objeción a la sentencia de apelación impugnada, puesto que en la alzada nunca pretendió la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, debe recordarse que el artículo 21.6 del Código Penal recoge como circunstancia atenuatoria de la responsabilidad, "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".

Conforme con tal literalidad, el legislador exige para su apreciación de la concurrencia de una serie de elementos constitutivos, concretamente: a) que tenga lugar una dilación indebida en el sentido de no justificada; b) que sea extraordinaria, en el sentido de relevante; c) que ocurra durante la tramitación del procedimiento, lo que suscita la duda de la valorabilidad o no de los retrasos en el dictado de la sentencia y, sobre todo, en fase de recurso; d) que esa demora o retraso no sea atribuible al imputado; y e) que la dilación no guarde proporción con la complejidad del litigio, lo que constituye en último término una especificación concreta de un requisito anterior: que sean indebidas.

A la hora de evaluar lo indebido del tiempo empleado en la tramitación, el Tribunal Supremo ha destacado que son dos los aspectos que han de tenerse en cuenta. De un lado, la existencia de un "plazo razonable", referido en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable" y, por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concreto que ofrece nuestra Constitución en su artículo 24.2. La Jurisprudencia ha destacado que siendo dos conceptos confluyentes en el propósito de que cualquier persona sometida a proceso pueda obtener un pronunciamiento definitivo de manera rápida, difieren sin embargo en sus parámetros interpretativos, pues las "dilaciones indebidas" son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, en función de la existencia de lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales, mientras que el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales respecto de otras causas de semejante naturaleza, así como los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 81/2010, de 15 de febrero o 416/2013, de 26 de abril). En todo caso, ambas lesionan el derecho fundamental del acusado -cuando no hayan sido provocadas por él mismo- a que su causa sea conocida y resuelta en un tiempo prudencial ( STS 1589/2005, de 20 de diciembre), tanto considerando que las circunstancias personales, familiares y sociales del acusado cambian durante procesos temporales singularmente dilatados, por lo que la pena no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y rehabilitación como lo harían en el momento en que la acción evidenció la necesidad de resocialización ( STS 1515/2002, de 16 de septiembre), como por infringir la demora un padecimiento natural al acusado que debe computarse en la pena estatal que se imponga, para lograr mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la sanción impuesta y el mal causado por su acción ( STS 932/2008, de 10 de diciembre).

En todo caso y entrando ya en el supuesto que analizamos, por más que los hechos acaecieran en el año 2013, no se denunciaron e inició la investigación hasta bien iniciado el año 2016. Y contrariamente a lo que sostiene el recurso, es el momento de la imputación el que permite evaluar el perjuicio que puede derivarse para la persona sometida a proceso por la demora injustificada respecto de lo que sería un funcionamiento normal de la Justicia. Decíamos en nuestra Sentencia 867/2015, de 10 de diciembre, que "Es la imputación y no el inicio de la causa judicial la que marca el dies a quo para el cómputo de unas dilaciones injustificadas (dado que el fundamento de la atenuante enlaza con la doctrina de la pena natural: compensar por los perjuicios sufridos por verse sometido a un proceso, perjuicios que solo aparecerán con la imputación). Esa idea está presente en el art. 21.6 de manera explícita (al hablarse del tiempo de tramitación de la causa) o implícita (fundamento de la atenuante). El momento de referencia para medir las dilaciones hay que situarlo en el comienzo del proceso ( STEDH de 15 de julio de 1982 (TEDH 1982, 4) o STEDH de 28 de octubre de 2003 (TEDH 2003, 60) caso López Sole y Martín de Vargas c. España). Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. Tampoco desde el inicio de la investigación hasta que el interesado se ve directamente afectado. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso...) y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante. El derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede degenerar en un exótico derecho de todo delincuente a ser descubierto con prontitud" [ STS 1054/2009 de 30 de septiembre (RJ 2009, 7447)].

Y con este modo de computar adecuadamente el tiempo transcurrido para llevar a término la investigación, la preparación del juicio y su realización, debe desestimarse la pretensión del recurrente. De un lado, no se indica en el recurso que hayan existido periodos de paralización en la tramitación de la causa, ni se identifican tampoco retrasos que pudieran derivarse de la supuesta demora en someter el proceso a las reglas rectoras del Procedimiento. Debe destacarse además que, a falta de ofrecerse documentación que pueda ilustrar la inconcreta queja de demora que se formula, no se observa que el tiempo empleado en la tramitación completa del procedimiento resulte desajustado con la naturaleza del mismo y la experiencia forense; más aún cuando una parte importante del retraso está vinculada a no haberse puesto en conocimiento del órgano judicial actuante los cambios de domicilio del acusado y cuando el enjuiciamiento estuvo también condicionado por las restricciones derivadas de la pandemia por la Covid.

El motivo se desestima.

SÉPTIMO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.