Sentencia Penal 649/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1386/2021 de 05 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Segunda, de fecha 24 de julio de 2020, que condenó a como autores de un delito de estafa impropia en la modalidad de simulación de delito del artículo 251.3 CP a Bernabe, a Aureliano, a Juan Luis y a Antonio, presentan recurso los cuatro condenados.

Por razones de orden sistemático ligadas a la proyección que lo resuelto puede producir sobre el resto de los recursos, comenzamos con el interpuesto por Juan Luis, y dentro de éste, por el segundo de los motivos, pues su estimación, que ya adelantamos, hará innecesario entrar a conocer sobre el resto de los formalizados.

SEGUNDO.- Por el cauce que trazan los artículos 852 LECRIM y 5.4 LOPJ se denuncia vulneración del artículo 24.1 y 2 de la CE, al haberse generado indefensión al Sr. Juan Luis por infracción del derecho de defensa y asistencia letrada.

1. Explica el recurso que unos días antes de la fecha fijada para el inicio de las sesiones del juicio oral, el Sr. Juan Luis presentó escrito renunciando a su abogado. La razón fue la existencia de un conflicto de intereses entre su defensa y la del administrador de la mercantil "Alcazaga Levante S.L." ejercidas ambas por el Letrado D. Francisco Zaragoza. Iniciada la vista señalada para el día 1 de abril 2019, el Letrado Sr. Zaragoza comunicó dicha circunstancia al Tribunal, que no decidió hasta el final de la sesión, una vez que todas las partes tuvieron ocasión de exponer cuestiones previas y proponer pruebas, lo que fue vedado al recurrente. Al final de la sesión el Tribunal concedió un plazo de tres días al acusado para que nombrara abogado o caso contrario se le designaría de oficio. Añade que el visionado de la grabación permitirá a la Sala comprobar la indefensión ocasionada al recurrente, quien hubo de permanecer en el juicio sin una defensa efectiva.

Posteriormente, prosigue el recurso, mediante diligencia de 6 de mayo de 2019, (folio 375) se tuvo por personados a la Procuradora Mercedes Peidró y al Letrado D. Pedro A. Box Machado. Dicha resolución no se le notificó al recurrente, quien conoció a su Letrado minutos antes del juicio. El Tribunal denegó la suspensión planteada por el Letrado Sr. Box, que exteriorizó su pretensión de renunciar a la defensa y abandonar la sala, celebrándose el juicio en el que el Sr. Juan Luis estuvo sin defensa efectiva y en manifiesta situación de indefensión al no haber podido preparar su defensa por causas ajenas al mismo.

2. La sentencia recurrida no contiene alusión alguna a esta cuestión. Si bien el examen de las actuaciones de la mano del artículo 899 LECRIM y, con ellas, el de los soportes en formato DvD que documentan el acto del juicio en su integridad, permiten comprobar que los hitos fácticos que el recurso resalta en esencia se produjeron tal y como aparecen contados.

Con fecha 27 de marzo el recurrente presentó escrito de renuncia a la letrada que le defendía, la Sra. Torrubia, porque compartía despacho con el Sr. Zaragoza letrado de otro de los acusados, entendiendo que había conflicto de intereses. Por providencia de la misma fecha no se admitió tal renuncia, por entender que se podía haber formulado con anterioridad.

Examinado el contenido de la grabación videográfica que documenta la vista en la que se sustanciaron las cuestiones previas, advertimos que al comienzo del acto el acusado Sr. Juan Luis manifestó que había presentado un escrito renunciado al abogado que le defendía por apreciar conflicto de intereses con otro de los acusados, extremo que ratificó el letrado Sr. Zaragoza. Así, a preguntas del Sr. Presidente sobre quien defendía a Juan Luis, el abogado Sr. Zaragoza manifestó: "Francisco Zaragoza, pero con la particularidad de que por un conflicto de intereses con mi otro defendido, no quiere que le defienda, ha presentado la semana pasada un escrito en el que renuncia a mi defensa y pide abogado de oficio".

La Sala no resolvió nada en ese momento, desarrollándose el acto en el que los distintos letrados fueron planteando las cuestiones previas o proponiendo las pruebas que tuvieron por conveniente en defensa de sus intereses, de lo que se vio excluido el Sr. Juan Luis.

Concluida la vista, tras un breve receso, el Tribunal resolvió las cuestiones en el sentido que tuvo por oportuno. Acordó, entre otras cosas, y a instancias de las partes que alegaron encontrarse en vías de alcanzar un acuerdo económico, la suspensión hasta el 20 y 23 de septiembre de ese mismo año. Se acuerda también en ese momento requerir al ahora recurrente para que en el plazo de 3 días designe letrado que le defienda, o interese le sea designado de oficio, requerimiento que en ese mismo acto realiza la Sra. Letrada de la Administración de Justicia.

Al no constar nombramiento a instancias del acusado, por diligencia de ordenación de 6 de mayo se designa para la representación y defensa del Sr. Juan Luis a la Procuradora Dª Mercedes Peidró Domenech y al letrado D. Pedro Antonio Box Menches, acordando citar a los mismos al juicio a través de la citada procuradora. No consta notificación alguna al acusado.

Al comienzo de las sesiones el juicio, que finalmente se reanudaron el 23 de septiembre, el Letrado Sr. Box explica que no ha tenido contacto con el cliente porque éste no le ha llamado y pide la suspensión. La Sala de instancia in voce rechaza suspender ya que tanto acusado como letrado han tenido tiempo sobrado para poner en conocimiento del Tribunal cualquier incidencia. Se insiste entonces por el Letrado en que el acusado no ha tenido conocimiento, y que él no se encuentra en condiciones de poder defenderlo al no haber tenido contacto con él. El Tribunal deniega la suspensión a la que se oponían las acusaciones, no así las defensas de los demás acusados, por entender que si ha habido indefensión es por causa imputable a la defensa, citando en apoyo de su postura algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Insiste entonces el Sr. Box en que no puede defender al acusado y que quiere abandonar la Sala, lo que no se le permite hasta que el cliente no se presente con otro abogado.

Comienza entonces el desarrollo del plenario, en el curso del cual el letrado Sr. Box mantiene un comportamiento de absoluta pasividad. Cuando se le ofrece la palabra para interrogar al primero de los acusados que depone, manifiesta que no está en condiciones de poder preguntar, actitud que reitera con los demás acusados y testigos. Solo realiza lo que el propio letrado califica de mera puntualización, al momento de interrogar al perito que intervino a instancia de la acusación particular.

En particular, en el turno de intervención del recurrente Juan Luis, este insiste en que no se le indicó en ningún momento quien era su letrado, pese a que se acercó a preguntar al Tribunal, facilitando como referencia, que incluso hizo acto de presencia el día 20 de septiembre, en cumplimiento de la citación que se le había efectuado presencialmente en la vista de cuestiones previas, porque nadie le avisó que el señalamiento para ese día había sido dejado sin efecto manteniéndose exclusivamente el del día 23. Se mostró dispuesto a contestar las preguntas de todas las partes, menos a las de su letrado, porque dijo que no había hablado con él, afirmando el Sr. Box que él tampoco estaba en condiciones de interrogar.

Concluido el juicio y tras las lacónicas expresiones, "por reproducidas" y "a definitivas" en los trámites de prueba documental y conclusiones, el letrado Sr. Box emitió un informe, en el que invirtió algo menos de un minuto, y que, en términos absolutamente generales, se limitó a señalar que su defendido era administrador de una sola sociedad, y no de dos como había apuntado la acusación, y que su comportamiento queda fuera del tipo penal por el que se formulaba acusación.

La recensión de lo documentado en las grabaciones del juicio revela que Juan Luis no estuvo defendido en el juicio, a resultas del cual fue condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión y al pago, junto con tres condenados más, de 322.554,94 euros.

3. La posibilidad de defensa contradictoria emerge como regla esencial en el desarrollo del proceso sin cuya concurrencia, la idea de juicio justo se desvanece. De ahí la necesidad de que se trate de una defensa efectiva.

En palabras que tomamos de la STS 383/2021, de 5 de mayo:

"Solo una asistencia letrada que responda a estándares aceptables de eficacia, puede satisfacer las exigencias constitucionales y convencionales de justicia y equidad a las que debe responder nuestro modelo de justicia penal -vid. STEDH, caso Sakhnovski c. Rusia, de 2 de noviembre de 2010.

Como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -vid. SSTEDH, caso Daud c. Portugal, de 21 de abril de 1998 ; Caso Lanz c. Austria, del 31 de enero de 2002 , caso Sialkowska c. Polonia, 22 de marzo de 2007 -, el Convenio tiene por objetivo proteger derechos no teóricos o ilusorios sino concretos y efectivos . Lo que se traduce en que el simple nombramiento de letrado defensor no asegura por sí, la efectividad de la asistencia que debe procurarse a la persona investigada o acusada. Como de forma muy gráfica se afirma en la sentencia Engle v. Isaac, 456 US 844 (1977), de la Corte Suprema norteamericana, el derecho que garantiza la sexta enmienda es el derecho a ser asistido por un defensor competente.

En efecto, las exigencias derivadas del derecho de defensa letrada obligan a establecer condiciones que garanticen su efectividad, que vinculan tanto a los poderes públicos como a los propios profesionales a los que se encomienda la asistencia. Como remarca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, " el Estado debe mostrar diligencia para asegurar [a las personas que requieran asistencia letrada] el disfrute real y efectivo de los derechos garantizados por el artículo 6 CEDH. Debe existir un marco institucional adecuado para garantizar la representación legal efectiva de las personas con derecho a ello y un nivel suficiente de protección de sus intereses" -vid. SSTEDH, caso Staroszczyk c. Polonia, de 22 de marzo de 2007; caso Bakowska c. Polonia, de 12 de enero de 2010 -.".

Por su parte el Tribunal de Garantías ha señalado insistentemente que para que alcance relevancia constitucional el contenido de la indefensión, es necesario que sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del artículo 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (entre otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio; 237/2001, de 18 de diciembre; 109/2002, de 6 de mayo; 87/2003, de 19 de mayo; 5/2004, de 16 de enero; 160/2009, de 29 de junio; o 179/2014, de 3 de noviembre).

Precisamente en esta doctrina se apoyó el Tribunal de instancia para denegar la suspensión del juicio propugnada por el recurrente, entendiendo que la indefensión derivada de la ausencia de comunicación con el letrado que le había sido designado de oficio, solo podía entenderse imputable a la parte que la alegaba.

Sin embargo, también ha proclamado el Tribunal Constitucional, entre otras en la STC 179/2014, de 3 de noviembre:

"El deber de los órganos judiciales de velar por evitar la indefensión del justiciable se proyecta especialmente en el proceso penal, en los casos en que la dirección y representación se realiza mediante la designación de oficio, no bastando para tutelar el derecho de defensa la designación de los correspondientes profesionales, sino que la realización efectiva de este derecho requiere, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus Sentencias de 9 de octubre de 1979 (caso Airey), 13 de mayo de 1990 (caso Ártico) y 25 de abril de 1983 (caso Pakelli), proporcionar asistencia letrada real y operativa, expresando que debe garantizarse al demandante una verdadera "asistencia" y no el simple "nombramiento" de un abogado, garantía que comprende la del derecho de acceso al recurso [ SSTEDH 17 julio 2007 (caso Bobek) y 5 julio 2012 (caso Szubert), entre otras].

En este sentido, este Tribunal ha afirmado en numerosas resoluciones el deber positivo de velar por la efectividad de la defensa del acusado o del condenado en el proceso penal por parte de profesionales designados de oficio (por todas, STC 47/2003, de 3 de marzo, FJ 2).".

Ahora bien, el reconocimiento del derecho no está exento de la previsión de cautelas para evitar que, con apoyo en el mismo, el acusado pueda disponer a su antojo el desarrollo del proceso. Es necesario un juicio de ponderación sobre los intereses eventualmente en conflicto. El derecho de defensa, al igual que cualquier otro, no puede considerarse ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 LOPJ.

4. La alegación que articula el motivo requiere una cierta exploración a fin de obtener una mínima base que permita ese juicio de ponderación necesario para determinar si en este caso el recurrente estuvo defendido.

Defendido, no ya de manera eficaz, lo que exigiría otros módulos de análisis vinculados al necesario reconocimiento de un significativo espacio de libertad y de garantía a la función defensiva, sino si lo estuvo de manera efectiva. Y analizado el desarrollo del acto del juicio, hemos de concluir que en este caso no fue así.

No es la ocasión de pronunciarnos ahora sobre si el Letrado o la Procuradora que le fueron designados de oficio actuaron con la debida deontología profesional, ni de delimitar a cuál de estos profesionales incumbía la carga de intentar contacto con su defendido y representado. Pero lo cierto es que no contamos con ningún asidero que permita afirmar que el Sr. Juan Luis actuó con dejadez, cuando el mismo afirmó, y por los datos que aporta resulta altamente verosímil su versión, que desde que se le requirió para designación de letrado al finalizar la vista celebrada el 1 de abril de 2019, acudió a las dependencias de la Audiencia a solicitar información en dos ocasiones, y se le dijo que ya se pondrían en contacto con él los profesionales designados. A esa lógica responde la diligencia de ordenación de 6 de mayo del 2019. O cuando el mismo afirma que ni siquiera se le dio aviso de la suspensión que se había acordado respecto el inicial señalamiento del día 20 de septiembre, personándose en la sede del Tribunal.

Por otro lado, la intervención del letrado en el acto del juicio, avala esa falta de contacto y a la vez revela que no hubo defensa: se renunció a cualquier interrogatorio contradictorio, a la valoración probatoria e incluso a la argumentación jurídica. El letrado explicó que no había tomado conocimiento de las actuaciones y su comportamiento a lo largo de la vista reveló que así era. Incluso la reproducción videográfica de la vista nos ha permitido captar algún detalle que, aun carente de trascendencia jurídica, si es revelador de la falta de contacto entre el recurrente y quien el acto del juicio acudió como defensor designado de oficio.

Avanzada ya la vista Juan Luis interrumpe el desarrollo de la misma solicitando permiso para ausentarse momentáneamente de la sala, dado que está afectado de una dolencia que le apremia a acudir al servicio, y ofrece la documentación médica que acredita ese extremo. Es el personalmente quien la lleva, y no su letrado, que, en buena lógica, debería haber sido vehículo de su petición.

5. Cierto es que en este caso la indefensión no derivó de ningún acto u omisión imputable al órgano judicial, ahora bien, tampoco del acusado. Cuando en el acto de la vista el Tribunal le recordó que la posible indefensión le resultaba imputable al haber esperado hasta el momento del juicio para poner de manifiesto que el abogado designado no se había puesto en contacto con él, de manera retórica preguntó qué otra cosa podía haber hecho si se le dijo que sería avisado.

Pudo, al no recibir comunicación alguna de su Letrado o de la Procuradora, ser más persistente y reclamar del Tribunal los datos que le permitieran propiciar él mismo ese contacto, pero ese plus de diligencia rebasa la que puede entenderse propia de un ciudadano medio que se enfrenta a la maquinaria judicial. Una maquinaria que confía en que sean los profesionales designados quienes articulen los mecanismos de contacto necesarios para poder desempeñar el cometido asignado, y a la que a la vez corresponde el deber positivo de velar por la efectividad de la defensa, especialmente en los casos en los que la misma se dispensa de oficio.

Por ello, el motivo va a ser estimado, en cuanto el recurrente careció de una efectiva defensa, lo que necesariamente ha de provocar, por la vulneración del artículo 24.2 CE, la declaración, que faculta el artículo 240 LOPJ, de nulidad de la sentencia recurrida en sus pronunciamientos condenatorios, y retroacción de las actuaciones al momento anterior al juicio en la instancia, para su celebración por un tribunal distinto del que pronunció la sentencia que ahora se anula. Pronunciamiento que afecta tanto al recurrente como a los demás condenados, habida cuenta la relación que en el actuar de todos ellos proclama la sentencia recurrida, y que impide un análisis desligado de la actuación de cada uno de ellos.

Ciertamente este pronunciamiento puede confrontar con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pero el carácter esencial del derecho de defensa determina que, en este caso, la salvaguarda de este último revista carácter preminente.

La nulidad que se acuerda no alcanza a los pronunciamientos absolutorios que la sentencia recurrida contiene.

Dado el alcance de este pronunciamiento, los restantes recursos han quedado vacíos de contenido.

TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 901 LECRIM procede declarar de oficio las costas de esta recurso.