Sentencia Penal 813/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6078/2021 de 06 de noviembre del 2023

PRIMERO.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia, en su Procedimiento Abreviado n.º 53/2019, dictó sentencia el 8 de junio de 2021 en la que, en virtud de procedimiento por conformidad, condenó a Anton como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada por la cuantía, imponiéndole, en consideración a la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño, las penas de prisión por tiempo de 2 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses en cuota diaria de seis euros; condenándole asimismo a indemnizar a Generali España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, en la cantidad de 28.008.337 euros.

La sentencia desestimaba la pretensión de la acusación particular ejercida por Generali España SA, de declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Bankinter SA.

Contra la sentencia de instancia, por la acusación particular se interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, siendo desestimadas ambas impugnaciones por Sentencia 82/2021, de 29 de septiembre de 2021; actualmente recurrida en casación por la representación de Generali España SA, que estructura su impugnación alrededor de cuatro motivos, de los que los dos primeros serán objeto de un análisis conjunto en atención a la proximidad de sus planteamientos.

1.1. El primer motivo se formaliza por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM, argumentando error de hecho en la apreciación de la prueba, materializado en diversos documentos obrantes en autos que muestran la equivocación del juzgador. El segundo, formalizado por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, sostiene la indebida inaplicación del artículo 120.3 del Código Penal.

La recurrente asienta su recurso en los principales hechos probados de la sentencia de instancia. En concreto, que el acusado Anton era agente de seguros de la entidad aseguradora Generali, hoy recurrente. En su actividad profesional el acusado captaba clientes que deseaban realizar inversiones en determinados productos financieros ofrecidos por Generali España SA, entre ellos unos fondos vinculados al índice de determinadas bolsas. Como consecuencia de la bajada de algunos de estos índices antes del año 2016, el acusado, para no perder clientes o para conseguir nuevas aportaciones dinerarias, buscó compensar las pérdidas de los inversionistas y lo hizo manejando los fondos que obtuvo irregularmente mediante el mecanismo que se sanciona y que a continuación se describe.

En concreto, el acusado presentaba en Generali diversas órdenes de rescate supuestamente firmadas por los clientes inversores y que el acusado había falsificado. La entidad aseguradora Generali, creyendo en la autenticidad de las órdenes, emitía los correspondientes cheques de reembolso, siempre nominativos a favor del cliente, con la indicación "no a la orden" y librados contra la cuenta bancaria que Generali tenía abierta en el Banco de Santander. Los cheques se entregaban al acusado, que no se los hacía llegar a los ignorantes inversores sino que plasmaba en el reverso del documento una firma imitando la que correspondería al beneficiario del cheque nominal, además de su propia firma, simulando así que el cheque le había sido transmitido por su beneficiario inicial. Posteriormente, el acusado ingresaba los cheques en la cuenta que tenía abierta en una sucursal de la entidad bancaria Bankinter, que los negociaba y obtenía el pago del Banco de Santander (entidad librada). Tras actuar así, el acusado falsificaba periódicamente los informes de Generali sobre el estado de las inversiones, entregándoselos a los inversionistas para convencerles de que estaban obteniendo una rentabilidad superior a la real.

La recurrente, en atención a que los cheques recogían una designación nominativa del beneficiario y no ofrecían posibilidad de endoso ( no a la orden), argumenta, en el primero de los motivos del recurso, que la entidad financiera Bankinter no debió tramitar el cobro a favor de un tenedor distinto del titular nominal. Considera que la sola observación de la prueba documental (los cheques) permite extraer esta conclusión y constatar el error en que incurre el relato de los hechos probados cuando proclama que no se ha probado que: "Bankinter, al presentar al Santander el cobro de los cheques, desatendiera normativa bancaria o cambiaria que le exigiera adoptar determinadas cautelas", pues esta es una aseveración contraria al artículo 120 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, que establece que "el cheque extendido a favor de una persona determinada con la cláusula "no a la orden" u otra equivalente, no es trasmisible más que en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria". Y, desde este planteamiento, añade en el segundo de los motivos del recurso que si la entidad financiera Bankinter no cumplió con el deber de controlar la naturaleza no endosable de los cheques y tampoco exigió que el portador de los documentos de pago justificara haberlos recibido por una legítima cesión ordinaria de los mismos, debería responder de los perjuicios causados al librador, en los términos expresados en el artículo 120.3 del Código Penal.

1.2. La prueba documental evidencia que los cheques analizados no eran susceptibles de endoso, por haber sido emitidos como cheques "no a la orden". En todo caso, esta sola constatación no desautoriza las conclusiones de la sentencia.

El artículo 120.3 del Código Penal establece que son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, "las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción". Y en análisis del precepto, la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 615/2002, de 12 de abril; 1150/2006, de 22 de noviembre; 108/2010, de 4 de febrero; 745/2013, de 7 de octubre; 64/2014, de 11 de febrero; 168/2017, de 15 de marzo; 617/2019, de 11 de diciembre o 917/2022, de 23 de noviembre) ha expresado que las exigencias para proclamar la responsabilidad civil subsidiaria por tal previsión son: 1) Que se haya cometido un delito; 2) Que la infracción penal se haya perpetrado en un establecimiento dirigido por el sujeto pasivo de la pretensión indemnizatoria; 3) Que se haya infringido un reglamento de policía o cualquier otra disposición de autoridad, entendidas como el deber de actuación profesional impuesto por una ley o por cualquier norma positiva de rango inferior para el ramo de actividad de que se trate, incluyendo incluso el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para no causar daños a terceros; 4) Que la infracción sea imputable no solamente a quienes dirijan o administren el establecimiento, sino a sus dependientes o empleados y 5) Que tal infracción esté relacionada con el delito cometido, de modo que no se hubiera producido sin dicha infracción de que se trate.

Consecuentemente, para evaluar la pertinencia de la responsabilidad que se pretende, debe efectuarse un análisis jurídico y normativo de la obligación que tiene cualquier persona o entidad que intervenga en la negociación de un cheque nominativo y emitido como "no a la orden", de no facilitar el pago del título a cualquier detentador que no sea la persona a cuyo favor se emitió.

1.3. La recurrente sostiene que la responsabilidad civil subsidiaria nace de que los empleados de la entidad Bankinter no deberían haber tramitado el cobro de los cheques para el acusado, siendo que los títulos habían sido emitidos a favor de otros beneficiarios y no eran endosables. Argumenta que esa fue la posición mantenida por la Sala en nuestra Sentencia 768/2009, de 16 de julio, en un supuesto en el que se tramitaron varios cheques nominativos a favor de quien no era su beneficiario, entendiendo que la inobservancia de los artículos 111 y 120 de la Ley Cambiaria y del Cheque supone una infracción reglamentaria relacionada con el delito cuya comisión acarrea la responsabilidad (...), al ser evidente que de no haberse ingresado los cheques nominativos en la cuenta corriente particular del querellado, el delito de apropiación no podría haberse cometido.

Sin embargo, su alegato elude contextualizar plenamente los hechos. En aquel supuesto se enjuiciaba a un abogado que ingresó en su cuenta bancaria unos cheques emitidos nominativamente a favor del Banco Bilbao Vizcaya y que debían ser ingresados en diversas cuentas de consignaciones judiciales existentes en esa entidad. La sentencia de instancia denegaba la responsabilidad civil subsidiaria del BBVA, que era también la entidad en la que el acusado detentaba la cuenta particular en la que ingresó los cheques, al entender que el Banco librado (Banco Vitalicio), debería haber comprobado en qué cuenta se habían abonado definitivamente los cheques y hubiera podido comprobar que no lo habían sido en la cuenta del beneficiario, sino en una cuenta que el acusado tenía en la misma entidad. Y si se casó la sentencia en ese supuesto, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad en la que residía la cuenta bancaria en la que se percibieron los ingresos indebidos, fue porque la entidad bancaria no debió ingresar un cheque nominativo en la cuenta de otro beneficiario y sin ninguna justificación mercantil para ello, pues en aquel supuesto no aparecía ninguna firma en el reverso del título de pago y, consecuentemente, no podía confiarse en la existencia de un endoso o en la cesión del crédito.

1.4. Más recientemente, en nuestra STS 375/2023, de 18 de mayo, contemplamos un supuesto en el que los cheques habían sido emitidos a favor de otros sujetos y el acusado había simulado la firma de los beneficiarios para endosarse ilegítimamente una serie de cheques a su favor. En aquel supuesto negamos la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria en la que se ingresaron los títulos, pero lo hicimos contemplando que los cheques no contenían la expresión "no a la orden". Resolvimos entonces que, una vez confirmada esa coyuntura de emisión, la entidad bancaria no estaba obligada a verificar la cadena de endosos y únicamente debía efectuar un control formal de los mismos, esto es, constatar que los endosos contaban con las dos firmas legalmente exigidas, pero sin verificar la autenticidad de las signaturas de unos endosantes que no eran clientes de la entidad.

1.5. En el presente supuesto, la singularidad radica en que, siendo cheques negociados por persona distinta de los beneficiarios nominativos en cuyo favor se emitieron, son además cheques en cuyo anverso se había reflejado la expresión "no a la orden".

Pero que por esta razón sean títulos que no pueden ser endosados, no comporta que su tenedor carezca de legitimación formal para realizarlos económicamente y que toda entidad bancaria deba rechazar cualquier gestión de cobro. La Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio y Pagarés internacionales, aprobada en Nueva York por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1988, dispone en su artículo 17.1 que: "si el librador o el suscriptor ha insertado en el título palabras tales como "no negociable", "no transmisible", "no a la orden", "páguese a (x) solamente", u otra expresión equivalente, el título sólo podrá transferirse a efectos de cobro, y cualquier endoso, incluso en el caso de que no contenga palabras que autoricen al endosatario a cobrar el título, se considerará un endoso para el cobro". Y en concordancia con ello, el artículo 120 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, no impide la legítima transmisión del cheque extendido a favor de persona determinada y no endosable, indicando limitadamente que "El cheque extendido a favor de una persona determinada con la cláusula "no a la orden" u otra equivalente, no es transmisible más que en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria"; siendo esta una previsión también recogida en el artículo 14 para las letras de cambio giradas no a la orden, o para los pagarés de la misma naturaleza conforme con el artículo 96.

La cesión del crédito es un negocio jurídico de naturaleza consensual que, salvo supuestos especiales, como la cesión del crédito hipotecario, no requiere de una forma específica para su perfeccionamiento ( arts. 1254, 1258, 1261, 1278 y 1280 del CC), produciendo desde luego un cambio en la titularidad del crédito. En estos supuestos de cesión, el derecho de cobro pasa del cedente al adquirente por la mera aceptación de ambas partes, sin que sea preciso el consentimiento del deudor. Como indica la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (SSTS de 26 de noviembre de 1982 o 532/2014, de 13 de octubre, entre otras), mientras que la cesión de contrato es una figura compleja que supone la existencia de una relación obligatoria con prestaciones recíprocas que se encuentra todavía -total o parcialmente- pendiente de ejecución y que vincula con ello a todos los involucrados; la cesión de crédito consiste en su transmisión desde el anterior titular al nuevo acreedor, siendo sujetos de la misma el cedente y el cesionario, sin que lo sea el deudor cedido que, por ello, no debe manifestar ningún consentimiento para que la cesión se produzca.

Y la cesión, como se ha indicado, es igualmente válida para la transmisión del crédito que la trasmisión del título por endoso, por más que ambas formas de transferencia tengan naturaleza distinta. Mientras que lo esencial en la cesión es la adquisición del derecho asociado al título y no la posesión de éste, en el endoso, al ser el mecanismo específico para la transmisión de los títulos a la orden, lo principal es la transmisión del título y es a consecuencia de ello que se trasmiten los derechos derivados del mismo. De ese modo, como ha destacado la doctrina, en la cesión prevalece el carácter obligacional sobre el real. En la cesión es la adquisición del crédito la que otorga el derecho a la entrega del título, mientras que en el endoso es la posesión cualificada del título cambiario la que atribuye al endosatario la presunción de titularidad del crédito y la que le asigna determinados derechos.

Consecuentemente, cuando se usa el mecanismo de cesión del título mediante un negocio extra cambiario, los efectos son los de la cesión ordinaria, esto es, lo que el cedente transfiere al cesionario son los derechos que él mismo poseía, sin ofrecer la posición que el título cambiario otorga. Esto comporta, entre otras consecuencias, que el deudor pueda oponer contra el cesionario todas las excepciones que podía hacer valer contra el cedente; o que el cesionario, por más que pueda ceder de nuevo el crédito por cesión, no pueda pretender el pago de los endosantes anteriores ( art. 124 LCCH).

1.6. Lo expuesto determina la desestimación del motivo.

Por más que los cheques sometidos a análisis no fueran susceptibles de endoso, su inicial beneficiario nominativo sí podía ceder el crédito recogido en el título ( art. 120 de la Ley 19/1985). Y ante esta posibilidad negocial, la entidad financiera en la que se ingresaron los títulos no tiene ni la posibilidad ni la obligación de verificar la validez de la cesión, debiendo ajustar su actuación a analizar la concurrencia de las exigencias formales de la operación.

No tiene posibilidad: a) Porque la cesión no precisó en este supuesto de una determinada forma como requisito ad solemnitatem, ni esta forma venía exigida para la probanza de un negocio jurídico meramente consensual; b) Puesto que los cheques negociados presentaban en su reverso dos firmas, lo que resulta coincidente con las partes que deben intervenir en la cesión (el cedente o anterior beneficiario y el cesionario o nuevo acreedor), mientras que si el documento se hubiera transmitido por endoso (no autorizado para los cheques enjuiciados), únicamente se hubiera exigido la firma del endosante ( art. 122 de la LCCH); c) Porque tampoco los cedentes eran clientes de la entidad financiera en la que se ingresaron los cheques, de modo que la mercantil ignoraba tanto su paradero como la apariencia de su firma; y d) Porque la entidad financiera no pagó en metálico el cheque al que era su portador, sino que adoptó la precaución de abonarlo en la cuenta bancaria de la persona que, como cesionario, se atribuyó el derecho al cobro; posibilitando con ello un seguimiento del perceptor y su identificación.

Y no tuvo tampoco la obligación de verificar la validez de la cesión, pues el banco no tiene la función de velar por la validez de las operaciones o negocios jurídicos en virtud de los cuales sus clientes pueden adquirir legítimamente un derecho de cobro, salvo cuando se le hayan impuesto específicos deberes legales de cautela; lo que en este supuesto no acontece, ni por expresión de la Ley Cambiaria y del Cheque en los términos que ya han sido evaluados, ni por existir otra disposición normativa que imponga al negocio bancario un control de esa naturaleza para estos supuestos.

1.7. En todo caso, más allá de las razones expuestas, la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad financiera resulta inalcanzable desde otra consideración.

El criterio de subsidiariedad establecido en el artículo 120 del Código Penal, determina una coincidencia sustantiva entre la responsabilidad civil que contempla el precepto y la que se establece para los autores y partícipes del delito en el artículo 109 del mismo texto punitivo; sin perjuicio de que el alcance económico de aquella pueda, en algunos supuestos extraordinarios, ser de menor extensión. Dicho de otro modo, los elementos causales que configuran la obligación resarcitoria que se impone al responsable del delito, no se ven modificados para el responsable civil subsidiario. La responsabilidad del artículo 120 del Código Penal es una responsabilidad vicaria, que alude a que se responde de los hechos ajenos como si fueran propios y hubieran sido ejecutados en nuestro nombre. Consecuentemente, el responsable civil subsidiario debe reparar -en todo o en parte- los mismos perjuicios que el principalmente obligado, en virtud de concurrir en aquellos determinados criterios de imputación culpable establecidos por el legislador.

En el presente supuesto, la sentencia condenatoria que se impugna deriva de la conformidad del acusado con los escritos de acusación presentados por la entidad hoy recurrente y el Ministerio Fiscal; en concreto, se plasmó la conformidad con la pretensión acusatoria de que Anton era responsable, en concepto de autor, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de un delito continuado de estafa, teniendo por ello obligación de indemnizar a la entidad Generali en 28 millones de euros, al ser esta cantidad la diferencia entre el importe que Generali pagó a un total de 265 clientes por las rentabilidades prometidas por el acusado (46.655.239,5 euros) y el importe que entonces tenían realmente sus inversiones según los registros de la entidad (18.646.903 euros).

Las falsedades reflejadas en los escritos de acusación y perpetradas por el acusado según el relato de hechos probados de la sentencia de instancia, que son las que configuran el delito continuado de estafa por el que resultó condenado, resultan ser las siguientes: a) las órdenes de reembolso de las inversiones supuestamente firmadas por los clientes afectados; b) las supuestas firmas de los clientes que el acusado estampó en el reverso de cada uno de los cheques, para simular la transmisión del título valor y c) los informes que, aparentando haber sido emitidos por Generali, reflejaban un valor de la cartera contratada que no se correspondía con lo que el cliente tenía invertido en la entidad aseguradora.

Por su parte, el delito continuado de estafa por el que se condenó al acusado descansa en que, mediante el ardid de simular unas peticiones de reembolso de las inversiones, el acusado logró que Generali le entregara los cheques nominativos de devolución del dinero que, tras su posterior manipulación, presentó al cobro para que se le abonaran a él.

Desde este sustrato fáctico se extrajo la responsabilidad civil y, aunque la sentencia no exprese la causa indemnizatoria, es evidente que por tratarse de una sentencia de conformidad la indemnización se ajustó a lo que las acusaciones reclamaron y aceptó el acusado. Por tanto, dado que la reparación reclamada fue la diferencia entre lo que realmente valían las inversiones y lo que Generali pagó a sus clientes conforme a los informes falsos de cotización remitidos por el acusado, el perjuicio que se indemniza no pudo derivar del engaño desplegado para obtener el ingreso del nominal de los cheques (estafa), sino de los falsos informes que el acusado configuró y remitió a los clientes. Es más, el propio relato de hechos probados -como también hace la prueba pericial aportada- ni siquiera indica que el acusado se apropiara del dinero defraudado o si, por el contrario, retornó ese capital a los inversores haciéndoles creer en el buen curso de sus inversiones.

Consecuentemente, derivando los perjuicios indemnizables fijados en la sentencia de instancia de los informes falsos realizados por el acusado, no se aprecia que concurran los requisitos de los que derivaría la obligación de Bankinter SA de responder subsidiariamente del pago de la reparación económica. Ni los informes causantes del perjuicio se falsificaron en el establecimiento bancario, ni la actuación de Bankinter favoreció la comisión de esas falsedades y el perjuicio a la aseguradora que se indemniza, faltando por ello los requisitos fijados por nuestra jurisprudencia para determinar la reparación resarcitoria del artículo 120.3 del Código Penal, a los que hemos hecho anteriormente referencia.

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO.- El tercer motivo del recurso se formaliza por cauce del artículo 851.2.º de la LECRIM (no hacer la sentencia una expresa relación de los hechos alegados por las partes que resulten probados), aun cuando en la formulación del motivo se denuncia que no se hayan resuelto todos los puntos objeto de acusación en materia de responsabilidad civil subsidiaria (art. 851.3).

Aunque esta queja no se formalizó en el recurso de apelación presentado, lo que determinaría sin más la desestimación de un motivo que debería proyectarse sobre la resolución de los planteamientos hechos por la recurrente en segunda instancia, ambas consideraciones carecen de fundamento.

De un lado, la sentencia no se limita a proclamar que no se ha acreditado "que Bankinter, al presentar al Santander el cobro de los cheques, desatendiera normativa bancaria o cambiaria que le exigiera adoptar determinadas cautelas". El factum de la sentencia describe claramente los hechos abordados por el acusado y, entre ellos, la actuación de Anton con relación a los cheques no endosables que presentó ante la entidad bancaria, además de todo el proceso de negociación que siguieron estos cheques en la entidad Bankinter. Es más, debe resaltarse que los hechos probados, al derivar de una sentencia de conformidad, son los que la acusación formuló como sustanciales de la acusación, derivando el rechazo de la responsabilidad civil subsidiaria de la motivación jurídica expresada en la resolución que ahora se impugna.

En cuanto a la incongruencia omisiva, la sentencia no elude dar respuesta a la pretensión resarcitoria de la acusación recurrente, que rechaza; sin que pueda equipararse al error in iudicando, el que la sentencia haya desdeñado (acertadamente, como se ha visto) que la entidad Bankinter Seguros y Reaseguros SA, deba responder subsidiariamente del importe de la reclamación por un supuesto incumplimiento del deber objetivo de cuidado.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. En el último motivo la entidad recurrente denuncia, por cauce del artículo 851.1 de la ley procesal, la existencia de una contradicción en el relato de hechos probados, así como una predeterminación del fallo. Predeterminación, porque el relato fáctico recoge la expresión "sin que se haya probado que Bankinter al presentar al Santander el cobro de los cheques desatendiera normativa bancaria o cambiaria que le exigiera adoptar determinadas cautelas". La contradicción, porque este extremo de los hechos probados se enfrenta a la falta de control que evidencia haber negociado el cobro de los cheques, objetivándose con la prueba documental que eran cheques nominativos y no endosables.

3.2. Nuevamente la formulación per saltum de una denuncia no deducida en el recurso de apelación, conduce a la desestimación del motivo.

En todo caso, respecto a la denuncia de predeterminación del fallo, debe recordarse que conforme reiterada doctrina jurisprudencial ( SSTS 1904/2001, de 23 de octubre; 1130/2002, de 14 de junio; 801/2003, de 28 de mayo; 789/2004, de 18 de junio; 1199/2006, de 11 de diciembre; 253/2007, de 26 de marzo; 378/2010, de 26 de abril; 552/2014, de 1 de julio; 298/2015, de 13 de mayo o 414/2016, de 17 de mayo, entre tantas otras), este vicio procesal exige para su estimación: a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) que tales expresiones sean tan sólo asequibles por regla general para los juristas y no sean compartidas en el uso del lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto al fallo; y d) que suprimidos tales conceptos jurídicos, dejen el hecho histórico sin base alguna.

Nada de esto se aprecia en la sentencia impugnada, y nada de esto desarrolla el motivo que analizamos. Es evidente que la lectura de los hechos probados cincela con claridad el pronóstico de cuál será el sentido jurídico de la sentencia y, consecuentemente, el fallo; lo que no es sino la consecuencia lógica de la estructura argumentativa de todo pronunciamiento, que lleva a que cualquier conocedor del derecho puede identificar la dimensión penal de una realidad que observe o que se le describa, cuando el pronunciamiento se ajusta al derecho y no sucumbe a la arbitrariedad jurídica. Como decíamos en nuestra Sentencia 526/2015, de 17 de septiembre: "En realidad, el relato de hechos probados debe en todo caso, predeterminar el fallo, pues si no fuese así, la absolución o condena carecería de la imprescindible lógica en la subsunción jurídica que conduce al fallo. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica - imprescindible- sino impedir que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, es decir, que se determine la subsunción no mediante un relato histórico, sino mediante una valoración jurídica que se lleve indebidamente al apartado de hechos probados." De esta forma, la predeterminación del fallo, como vicio de procedimiento, queda limitada a aquellos supuestos en los que la significación jurídica se incorpora a la descripción histórica, de modo que cierre a las partes procesales el debate propio del juicio de subsunción legal. Algo que no acontece en el caso presente.

3.3. Por último, en lo tocante a la contradicción del relato de hechos probados, esta Sala ha proclamado que la esencia de la contradicción consiste en el empleo en el hecho probado de términos o frases que, por ser antitéticos resultan incompatibles entre sí, de tal suerte que la afirmación de una, resta eficacia a la otra, al excluirse uno al otro, produciendo una laguna en la fijación de los hechos ( STS 299/2004, de 4 de marzo). La misma jurisprudencia señala ( SSTS 301/2015, de 20 mayo; 231/2016, de 17 marzo; o 267/2017, de 26 enero, entre muchas otras) que para que pueda prosperar este motivo de casación es necesario: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta en el sentido gramatical de la palabra; b) que sea insubsanable y no exista posibilidad de superar la contradicción armonizando los términos antagónicos a través de otros pasajes del relato; c) que sea interna en el hecho probado o, de venir referida a apartados del fundamento jurídico, que estos tengan un indudable contenido fáctico; y d) que la contradicción resulte relevante para el sentido del fallo, por afectar a pasajes fácticos necesarios para la subsunción jurídica.

Proyectada tal doctrina al motivo esgrimido en el recurso, no puede sino conducir a su desestimación. La contradicción interna no existe y lo que reprocha la recurrente es que el Tribunal haya alcanzado sus conclusiones pese a un material probatorio que, según criterio de la recurrente, debería conducir al posicionamiento contrario. La cuestión es ajena al cauce procesal empleado y ha sido objeto de análisis en el fundamento primero de esta resolución.

El motivo se desestima.

CUARTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas a la recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.