Sentencia Penal 361/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7329/2022 de 10 de abril del 2025

RECURSOS INTERPUESTOS POR EL MINISTERIO FISCAL Y LA REPRESENTACIÓN DE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

ÚNICO MOTIVO (COMÚN) AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM , POR INFRACCIÓN DE LEY: INDEBIDA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 257.1. 2º CP

1. Los recursos parten de presupuestos comunes: la transmisión por parte del deudor de la mercantil de la cuota de la finca indivisa de la que era titular a favor de su esposa supone una actuación que obstaculiza el procedimiento de ejecución. En este sentido, la acusación particular considera que dicha actuación provocará indefectiblemente retrasos en el procedimiento pues se deberá informar a la actual titular de todas las circunstancias por las que se ve afectada la ejecución del bien. Por su parte, el Ministerio Fiscal sostiene que la conducta que se declara probada infringe el deber de mantener íntegro el patrimonio como garantía universal en beneficio de cualquier acreedor, siendo también penalmente relevante aquellas conductas tendentes a generar obligaciones, reales o ficticias que impidan o dificulten la eficacia del procedimiento de ejecución. El negocio que se describe en los hechos probados es ficticio, responde a una simulación con la única finalidad de dificultar o dilatar la ejecución del embargo del querellante. El deudor ha actuado sobre sus propios bienes pretendiendo sustraerlos fuera del alcance de las acciones que corresponden a los acreedores para la efectividad de sus créditos, originando el correspondiente perjuicio de sus derechos. Con dicha actuación se ha obligado al actor civil a iniciar una nueva acción contra la mujer como un tercero no deudor al margen del proceso mercantil y ello dificulta y dilata la eficacia del embargo.

2. El motivo común carece de consistencia y no puede prosperar. En modo alguno se identifica en los hechos probados fijados por la Audiencia Provincial conducta alzadora penalmente relevante.

En efecto, la clave normativa del delito de frustración de la ejecución del artículo 257.1. 2º CP radica en determinar si una disposición patrimonial o la asunción de obligaciones resulta idónea para dilatar o impedir la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de un apremio judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación, asumiendo el autor dicho resultado -vid. 51/2017, de 3 de febrero-.

El subtipo protege la efectividad de los mecanismos de ejecución o de aseguramiento de obligaciones ya fijadas o de aquellas cuya declaración pende del correspondiente proceso o procedimiento iniciado o de previsible iniciación. La lesión del bien jurídico no se produce porque mediante dichos actos negociales se provoque de forma necesaria una situación de insolvencia, sino porque se afecte de forma significativa la eficacia de los mecanismos institucionalizados con los que el ordenamiento jurídico tutela el crédito o el cumplimiento de obligaciones patrimoniales con independencia de la naturaleza pública o privada de estas -vid. STS 1021/2022, de 15 de febrero de 2023-.

En este sentido, puede afirmarse que la naturaleza del delito es de peligro concreto y que se consuma desde que se genera la situación de riesgo para el cobro del crédito descrita en el tipo.

A diferencia de la modalidad del artículo 257.1. 1º CP, la antijuricidad específicamente penal no exige fórmulas de ocultación mediante mecanismos fiduciarios de los bienes que pudieran responder al pago de deudas exigibles. Basta con que se realice un negocio dispositivo que genere obligaciones patrimoniales añadidas o reduzca el activo patrimonial, afectando de forma grave al proceso de ejecución crediticia en curso o de inminente iniciación o de aseguramiento de obligaciones futuras mediante la adopción de medidas cautelares de embargo -vid. STS 93/2017, de 16 de febrero-.

3. En el caso, resulta evidente, a la luz de los propios hechos declarados probados, que la disposición del inmueble no afectó a la efectividad del embargo que se determina conforme a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil -vid. artículos 592, 658 y 662-.

Como bien se precisa en los hechos probados de la Audiencia, el embargo ordenado sobre la mitad de la finca de la que era cotitular el acusado Sr. Alexander se anotó en el Registro de la Propiedad, con anterioridad a la transmisión a su esposa, la otra acusada, Sra. Marí Luz, haciéndose constar así en la correspondiente escritura.

Precisamente, la función de la anotación preventiva de embargo -aunque este resulte eficaz desde que se ordena- es dar a conocer ante terceros el hecho de que un determinado bien mueble o inmueble inscrito en el correspondiente registro público responde por el incumplimiento de una obligación de pago pudiendo derivar en un proceso de ejecución forzosa y su inscripción a favor del adjudicatario. A través del embargo se concreta sobre un determinado bien, en beneficio de un determinado crédito, el principio de responsabilidad patrimonial universal reconocido en el artículo 1911 CC.

4. Es obvio, por tanto, que la mera transmisión de la cuota embargada del inmueble -sin perjuicio de la naturaleza de la misma y de su fundamento causal- en nada afecta al umbral de eficacia legalmente garantizado del proceso de ejecución.

La irrupción de un tercero no deudor, valga la expresión, en la titularidad del bien, con posterioridad al embargo registralmente inscrito, es una vicisitud de la ejecución expresa y precisamente prevista en la norma, que coliga, además, con la propia naturaleza jurídica y alcance de la garantía que no implica, en modo alguno, prohibición de disponer.

Como se precisa en el artículo 662 LEC, "si antes de que se venda o adjudique en la ejecución un bien inmueble y después de haberse anotado su embargo o de consignado registralmente el comienzo del procedimiento de apremio, pasare aquel bien a poder de un tercer poseedor, éste, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la Oficina judicial, lo que se acordará por el Letrado de la Administración de Justicia sin paralizar el curso del procedimiento, entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores. 2. Se considerará, asimismo, tercer poseedor a quien, en el tiempo a que se refiere el apartado anterior, hubiere adquirido solamente el usufructo o dominio útil de la finca hipotecada o embargada, o bien la nuda propiedad o dominio directo. 3. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o a la adjudicación al acreedor, el tercer poseedor podrá liberar el bien satisfaciendo lo que se deba al acreedor por principal, intereses y costas, dentro de los límites de la responsabilidad a que esté sujeto el bien, y siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 613 de esta Ley".

5. La intervención penal en la protección del crédito -con previsiones de pena en sus modalidades básicas que pueden llegar hasta los cuatro años de prisión- no puede estar al servicio de la mayor comodidad o de la simple agilidad del proceso de ejecución, como con manifiesta ligereza sugiere la acusación particular en su recurso.

Para justificar dicha intervención los resultados oclusivos sobre el proceso de ejecución que se contemplan en el tipo -dilación, dificultad, impedimento- a consecuencia de actos de disposición patrimonial deben ser particularmente significativos y, en todo caso, deben comprometer los concretos, como apuntábamos con anterioridad, mecanismos institucionalizados con los que el ordenamiento jurídico tutela el crédito o el cumplimiento de obligaciones patrimoniales.

6. En el caso, el acto dispositivo sobre la cuota indivisa del inmueble carecía de toda idoneidad para, en términos penalmente relevantes, impedir, dificultar o dilatar la efectividad del embargo previamente ordenado y registralmente inscrito que garantizaba el pago de la deuda declarada a favor de la mercantil co-recurrente.

Los requisitos de información y notificación al titular actual que se previenen en el artículo 662 LEC forman parte, también, de los propios mecanismos institucionalizados de tutela del crédito dentro de los límites de la responsabilidad a que esté sujeto el bien.

Como se precisa en el artículo 613.1 LEC, el embargo concede al acreedor ejecutante el derecho a percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes embargados a fin de satisfacer el importe de la deuda que conste en el título, los intereses que procedan y las costas de la ejecución.

Contenido del derecho, que, en modo alguno, y como bien se sostiene en la sentencia recurrida no ha sido alterado.

CLÁUSULA DE COSTAS

7. Tal como previene el artículo 901 LECrim, procede la condena en costas de la mercantil recurrente MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV