Sentencia Penal 671/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10752/2024 de 10 de julio del 2025

PRIMERO.- 1.1. Los dos primeros motivos se formulan por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo establecido en el art. 852 de la LECrim. en concordancia con el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración de lo establecido en el artículo 70 LOTJ en relación con el artículo 24 de la CE, por vulneración del principio de presunción de inocencia y, en íntima conexión por falta de motivación del veredicto, extremo que fue alegado en el recurso de apelación, sobre el que no se ha pronunciado el tribunal.

En el desarrollo del motivo se indica, en primer término, que no ha quedado probada la participación de la acusada en los hechos, ya que el informe pericial sobre su móvil dio como resultado que el mismo se encontraba en Baracaldo, además, existen contradicciones entre los testigos sobre el aspecto y vestimenta de la autora de los hechos, y no fueron encontrados restos de ADN de la acusada en el reloj desabrochado de D. Patricio; por otro lado, en cuanto a la prueba forense D. Emilio declaró que la lesión contusa bajo el labio inferior de D. Patricio no era compatible con una zona de compresión, sino que fue debido a una caída, y sobre que no hubo intención de asfixiar ya que no se taparon los orificios nasales.

1.2. El control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC. 68/98, 117/2000, SSTS. 1171/2001, 220/2004, 711/2005, 866/2005, 476/2006, 548/2007, 1333/2009, 104/2010, 1071/2010, 365/2011, 1105/2011).".

En el procedimiento del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el jurado y concretada por el Magistrado Presidente en la sentencia del Tribunal, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. En consecuencia, en estos aspectos, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior. De otro lado, la sentencia contra la que se interpone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no ha presenciado la práctica de la prueba y, por lo tanto, no ha dispuesto de la inmediación que sí ha tenido el Tribunal del Jurado.

Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos. ( SSTS nº 847/2013, de 11 de noviembre y 553/2018, de 14 de noviembre, entre otras).

1.3. La sentencia de instancia afirma que los jurados han examinado el conjunto de pruebas practicadas: testifical, periciales y documental, para afirmar unos hechos, que consideran probados y que determinan la identificación, sin dudas, de la recurrente, en el lugar de los hechos, descartando, por lo tanto, que estuviera en Baracaldo cuando ocurrieron los mismos, a la vista de los informes periciales y su exposición en el acto del juicio, al no poder concluir que el iPhone de la acusada lo tuviera consigo al ocurrir los hechos.

Además, tiene en cuenta que existe, una prueba directa testifical, que reconoce a la acusada en el lugar de los hechos - Calixto e Erica-, lo que resulta incompatible con que pudiera estar a la vez en otro sitio. Incluso, se valora por el Jurado, y así lo expresa el tribunal, un indicio que refuerza la anterior conclusión basada en prueba directa, y es la identificación del otro acusado en el lugar de los hechos, extremo que no se cuestiona por la defensa, y la relación que mantenía con la acusada, como pone de relieve la documental aportada -sentencia dictada en otro procedimiento- y que establece como probada la participación de ambos en hechos similares.

Argumento que compartimos, ya que, en definitiva, en el presente caso, todas las testificales y periciales fueron practicadas en el juicio oral, valoradas por el Tribunal del Jurado, dando cumplidas explicaciones sobre su apreciación, dando una motivación razonable y suficiente, en cuanto a la participación en los hechos de la acusada. Como ha dicho reiteradamente esta Sala en sentencia 139/2015, de 9 de marzo, al Jurado solo se le exige en cuanto a su motivación un criterio laxo y ajeno a cualquier rigorismo formal, considerando suficiente que el jurado especifique los elementos probatorios de cargo que sustentan su convicción para entender que el veredicto está fundamentado, sin que se precise un análisis específico y pormenorizado de los motivos concretos por los que, por ejemplo, un testigo es considerado fiable y creíble para el jurado y se satisface con la expresión, de forma comprensible, de las razones de la decisión.

También esta Sala del Tribunal Supremo en sentencia 151/2014, de 4 de marzo, señala que esta menor exigencia que se impone al jurado respecto de los tribunales técnicos viene impuesta por el carácter lego del jurado y por ser una decisión adoptada por un colegio muy amplio y redactada sin concurrencia de un ponente -como sucede en los órganos colegiados profesionales- y es que las razones de la convicción de cada uno de los jurados pueden ser parcialmente divergentes, algunos pueden haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito, obtenido su convicción a través de un razonamiento parcialmente diferente o unos pueden haber despreciado un dato incriminatorio que, para otros, es decisivo.

1.4. En cuanto la prueba practicada sobre la causa de la muerte de D. Patricio, el tribunal de instancia afirma que difícil es pensar en que pueda darse una contradicción entre una prueba testifical y una pericial forense, tal y como alega el recurrente, dado el distinto objeto y naturaleza de una y otra. Los testigos que depusieron en el juicio vieron y así lo recoge el Jurado, como Eloisa se encontraba abrazando por detrás a la víctima, que se encontraba caído en el suelo, con el reloj desabrochado.

El informe de autopsia (fols. 287 y ss.) establece en sus conclusiones: "1°. Que se trata de una muerte VIOLENTA de etiología médico legal homicida. 2°. Que la causa de la muerte fue una parada cardiorrespiratoria por un infarto agudo de miocardio, que acabó determinando una muerte encefálica. 3°. Que los caracteres clínicos e histopatológicos de dicha lesión la refieren temporalmente asociada con los hechos descritos en el atestado policial en el que se indica que el fallecido sufrió un robo con violencia. 4°. Que la autopsia refiere datos de lesiones propios en cuanto a que se produjera en tal momento, y además de otras actuaciones, una oclusión y trauma en boca y cavidad oral que impidiera, conjuntamente con la propia situación emocional del episodio traumático de la víctima, una adecuada ventilación y respiración para el mantenimiento de sus constantes vitales. 5°. Que la situación de antecedentes patológicos que el fallecido sufría con anterioridad a estos hechos y que aumentaban su vulnerabilidad (patología cardíaca severa, pulmonar, etc.) condicionó claramente su mermada capacidad de defensa, respuesta y recuperación ante este episodio.".

Dicho informe forense fue ratificado y sujeto a contradicción en el plenario, y valorado por los miembros del jurado, haciendo referencia al mismo, varias veces, en el acta de veredicto.

Los médicos forenses determinan la causa de la muerte y así se recoge en el relato de hechos probados, así como las lesiones que presentaba en la boca la víctima, fueron fruto de una fuerte y persistente oclusión, descartando que fueran fruto de la caída, como sugiere y en lo que se apoya la defensa, el Sr. Emilio. Dicha oclusión, según el informe forense, impidió una adecuada ventilación y respiración para el mantenimiento de sus constantes vitales.

En definitiva, en este caso no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario, ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común, y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto -como recuerda la STS. 849/2013 de 12.11- "el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo del recurrente.".

1.5. También se queja la recurrente de que frente a la sentencia dictada por la Sección 29ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 30 de mayo de 2024, se formuló recurso de apelación denunciándose nulidad del objeto del veredicto y retrotracción de las actuaciones por infracción del art 24 CE, ya que el planteamiento ilegal del objeto del veredicto, no se ajusta a lo dispuesto en el art. 52.1.a) de la LOTJ causando indefensión.

Se afirma, que del objeto de veredicto en el apartado B, página 6 referido a los hechos que determinan el grado de ejecución, no se desprende la intencionalidad de causar la muerte por parte de la Sra. Eloisa, y en cambio la sentencia recurrida considera hecho probado que "Dª Eloisa realizó los hechos anteriormente probados con la intención de que se produjera la muerte de D. Patricio o, sin importarle que se produjera, continúo en su propósito". Añadiendo infracción del apartado d) del art. 61.1 de la LOTJ, por falta de motivación del Jurado.

Los artículos cuya infracción se denuncia, 52.1 a) y 61.1 de la LOTJ, se refieren a las reglas del objeto de veredicto "a) Narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables...", y al acta que se debe extender tras la correspondiente votación, respectivamente; pero ninguna denuncia concreta se pone de relieve por la recurrente sobre la forma de redactar el objeto de veredicto o el acta, ni consta queja o protesta alguna por parte de la defensa en el momento de la comparecencia previa a la redacción final del objeto de veredicto en los términos que ahora plantea, donde se incluyeron, entre otras, las modificaciones solicitadas por la defensa, ni tampoco en otras fases del juicio oral.

Además, no podemos hablar de contradicción por el hecho de que en el veredicto no se haga contar expresamente la intencionalidad y la misma se refleje en el hecho probado. Como hemos dicho en la STS 114/2021, de 11 de febrero, con cita de las SSTS 357/2005, de 20-4; 636/2006, de 8-6; 487/2008, de 17-7; 454/2014, de 10-6; 40/2015, de 12-2; 450/2017, de 21-6; la LOTJ ha partido de una articulación secuencial del objeto del veredicto en el art. 52 de la misma, estructurando las diversas cuestiones que han de someterse a la consideración del Tribunal de Jurado, y que son trasunto, como es lógico, de las alegaciones fácticas de las partes incorporadas a sus escritos de acusación y de defensa. Tal articulación es consecuencia de una serie de premisas, de las que parte la ley: primero, sirven para que el Magistrado-Presidente pueda redactar los hechos probados de la Sentencia que haya de dictarse, condenatoria o absolutoria, incorporando al " factum" todos los elementos que el jurado entienda como probados y que construyan el propio hecho probado, desde su comienzo hasta su consumación, con todos los avatares que las partes hayan planteado como acontecidos, incluidos también todos los elementos del llamado juicio de culpabilidad y de sus circunstancias en relación con la capacidad mental del acusado. En segundo lugar, sirven también para que la motivación se estructure en cada una de las proposiciones que se les formulan, sin que sea necesario naturalmente que tal motivación sea incardinable en cada una de las preguntas o proposiciones, sino que bastará una motivación general, con tal que el jurado explique sucinta pero suficientemente las pruebas en que se ha basado para dictar su veredicto. Pero tal estructuración secuencial de proposiciones sin duda facilita la labor intelectual de motivación, pues supone detenerse mentalmente en cada uno de los grados o estructuras de los hechos en su configuración secuencial para determinar en qué elementos probatorios se apoyó el jurado, dejando nota sucinta de tal explicación ( STS. 12.3.2001).

No obstante, en el objeto de veredicto, con respecto al segundo delito imputado, en el apartado A, punto 2, sí se les pregunta al Jurado si "Dª Eloisa realizó los hechos anteriormente probados con la intención de que se produjera la muerte de d. Patricio o, sin importarle que se produjera continuó en su propósito.", extremo declarado probado por mayoría de siete votos.

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO.- 2.1. El motivo tercero se formula por infracción de ley, art. 849.1 LOPJ, ya que los hechos declarados probados no podrían subsumirse en un delito de asesinato, sino, en todo caso, como un homicidio imprudente.

Denuncia la recurrente que, para valorar adecuadamente el dolo en el presente caso, hemos de identificar ciertos factores objetivos que permiten determinar si existió un propósito homicida. En primer lugar, el informe del perito Don Emilio, destaca que el fallecimiento de Don Patricio se produjo por infarto agudo de miocardio, desencadenado por circunstancias estresantes. Las lesiones observadas, consistentes en un hematoma bajo el labio inferior y traumatismos menores, no presentan signos de asfixia o violencia letal. Además, no existía herida abierta ni sangrado visible, lo que sugiere una caída o un golpe de baja intensidad.

Si realmente la intención de Doña Eloisa hubiese sido acabar con la vida de Don Patricio, no solo le habría tapado la boca, sino también la nariz, impidiendo así cualquier posibilidad de respiración. El hecho de que no haya evidencia de tal acción refuerza la conclusión de que no existió un propósito homicida. Esta circunstancia está respaldada por numerosos informes periciales que demuestran la ausencia de cualquier intento de obstrucción completa de las vías respiratorias. La falta de evidencia de asfixia o traumatismos severos socava la hipótesis de un asesinato. La existencia de traumatismos mínimos y la ausencia de lesiones consistentes con violencia intencional sugieren una acción imprudente.

2.2. La queja por infracción de ley no fue planteada en el previo recurso de apelación.

Como decimos en nuestra sentencia 500/2018, de 24 de octubre, la Jurisprudencia consolidada de esta Sala de forma constante (SS 29-6-2018, nº 320/2018; 12-4-2018, nº 176/2018; 13-5-2010, nº 445/2010; 18-3-2005, nº 344/2005 y nº 707/2002, 26-4-2002), ha afirmado que el recurso de casación por infracción de ley se circunscribe a los errores legales que pudo haber cometido el juzgador al enjuiciar los temas sometidos a su consideración por las partes. Lo que implica que no puedan formularse, ex novo y per saltum alegaciones relativas a otros no suscitados con anterioridad, que obligarían al Tribunal de casación a abordar asuntos no sometidos a contradicción en el juicio oral, y a decidir sobre ellos por primera vez y no en vía de recurso de casación. Es decir, como si actuase en instancia, sin posibilidad de ulterior recurso sobre lo resuelto en relación con estas cuestiones nuevas.

No pueden introducirse en casación razones de impugnación no hechas valer en apelación. Solo es viable una queja contra la sentencia de instancia si antes se ha defendido en la apelación. El silencio sobre ese extremo en la segunda instancia (aunque no es propiamente tal en rigor en el proceso de jurado) lo expulsa del debate de forma definitiva. ( STS 575/2019, de 25 de noviembre).

Esta Sala en la sentencia 345/2020, de 25 de junio, tras el Pleno celebrado al respecto el día 23 de junio de 2020, ha dicho que: "El recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente (dejando al margen casos excepcionales -v.gr.: aforados-) contra sentencias dictadas en apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia; pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. El resto de los asuntos decididos y no cuestionados ni impugnados han de considerarse consentidos ( tantum devolutum quantum apellatum). La apelación no es un nuevo juicio íntegro: su objeto es más limitado que el de la instancia. Está marcado por los contornos prefijados por el apelante -y, en su caso el impugnante adhesivo- en su recurso.".

Razonamiento que han sido reiterados en la reciente sentencia de Pleno 487/2025, de 28 de mayo, donde se recogen los anteriores criterios, añadiendo que ello constituye doctrina común a todas las Salas de este Tribunal Supremo, civil, contencioso-administrativa y social, que coinciden en la idea de que la parte que suscita en el recurso de casación una cuestión que no planteó antes en el recurso previo, o en su caso, en la instancia, no puede ser atendida. La respuesta a esa pretensión novedosa ha de ser la inadmisión o, en su caso, la pura y simple desestimación sin analizar el fondo, en cuanto sobre este no hay pronunciamiento de la sentencia cuya corrección ha de examinarse (naturaleza revisora de la casación), no podía haberlo porque no era objeto de impugnación.

2.3. Sentado lo anterior, nos encontramos ante una cuestión nueva -que se pudo plantear en apelación y sin embargo no se hizo-, y jurisprudencia consolidada de esta Sala (vid. SSTS 73/2022, de 27-1; 985/2022, de 21-12; 676/2024, de 27-6; 990/2024, de 7-11; 291/2025, de 27-3; 487/2025, de 28-5), ha afirmado que el recurso de casación por infracción de ley se circunscribe a los errores legales que pudo haber cometido el juzgador al enjuiciar los temas sometidos a su consideración por las partes, o, en su caso, el Tribunal de apelación al conocer del correspondiente recurso. Lo que implica que no puedan formularse ex novo y per saltum alegaciones relativas a otros que, pudiendo haberlo sido, no fueron suscitados con anterioridad. Lo contrario adentraría a esta Sala en cuestiones sobre las que los tribunales que nos precedieron en el conocimiento del asunto no se pronunciaron, y a decidir sobre ellas por primera vez y no en vía de recurso, lo que desnaturalizaría la casación.

Procede por ello la desestimación del motivo, sin necesidad de abordar el problema de fondo planteado en virtud de la doctrina a tenor de la cual esa es la respuesta en fase de decisión cuando se constata entonces un óbice de admisibilidad.

El motivo se desestima.

TERCERO.- Procede imponer las costas a la recurrente ( art. 901 LECrim. ).