Sentencia Penal 1130/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3927/2022 de 11 de diciembre del 2024

1. Tercer motivo por quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851 de la LECrim , al no expresarse en la sentencia de forma terminante los hechos que se declaran probados

Contra la sentencia número 479/2021, fechada el 29/12/2021 y dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, se ha interpuesto recurso de casación, formalizándose a través de tres motivos de impugnación, que por razones de orden sistemático serán respondidos por un orden diferente al establecido en el recurso.

En primer lugar daremos respuesta al motivo tercero cuya eventual estimación daría lugar a la nulidad de la sentencia y en el que la censura se formaliza por quebrantamiento de forma porque, a juicio de la defensa, no expresa clara y terminantemente cuales son los hechos que se consideran probados en relación con los dos delitos objeto de condena, respecto de lo siguiente: momento de aplicación de las normas, autoría y determinación de la pena de multa porque no se indica el importe de dinero blanqueado.

El motivo es inviable. Nuestra jurisprudencia tiene declarado que es un requisito imprescindible que las sentencias penales contengan un relato de hechos probados que permita su comprensión, pues los hechos declarados probados en la sentencia deben relacionarse con los fundamentos jurídicos de esta, lo que exige que la descripción fáctica sea lo suficientemente clara y desprovista de dudas, al menos en los aspectos a los que se aplica el derecho, como para permitir la adecuada subsunción de la conducta en el correspondiente precepto sustantivo, de forma que la relación de hechos, su calificación jurídica y el fallo formen un todo congruente ( SSTS 945/2004, de 23 de julio, y 94/2007, de 14 de febrero)

De este modo, la doctrina jurisprudencial ( SSTS 1006/2000, de 5 de junio; 471/2001, de 22 de marzo; 717/2003 de 21 de mayo; 474/2004, de 13 de abril; 1253/2005; de 26 de octubre; 1538/2005, de 28 de diciembre; 877/2004, de 22 de octubre; 24/2010, de 1 de febrero), ha entendido que la sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el tribunal declara efectivamente probado ( STS 1610/2001, de 17 de septiembre; 559/2002, de 27 de marzo). En todo caso, es necesario que la falta de claridad sea interna, en el sentido de venir ubicada en el hecho probado y no poder oponerse respecto a otros apartados de la sentencia, sin que quepa su alegación frente a una falta de comprensión lógica o argumental cuya impugnación debiera articularse por otras vías, como el error de derecho o incluso la debilidad racional de la valoración probatoria. Y hemos indicado también que la incomprensión del relato fáctico, debe estar causalmente relacionada con la calificación jurídica de la sentencia, hasta impedir evaluar la correcta subsunción de los hechos enjuiciados.

En el caso que centra nuestra atención el recurso no describe los defectos semánticos que justificarían la procedencia del motivo. El recurrente se limita a invocar la falta de precisión en relación con elementos esencialmente normativos tales como precepto penal aplicable, autoría o justificación de la cuantía de la multa, que se alejan del ámbito impugnativo del motivo previsto en el artículo 851.1 de la LECrim y se omite cualquier referencia a posibles insuficiencias descriptivas del relato fáctico de la sentencia que sean un obstáculo insalvable para conocer lo que el tribunal ha declarado probado. En esas condiciones el motivo merece la desestimación.

2. Primer motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 y 2 de la LECrim , en relación con la condena por delito de estafa

2.1 En el primer motivo del recurso, citando como vía casacional los dos apartados del artículo 849 de la LECrim, cuestiona la valoración probatoria de la sentencia realizada para establecer la condena por delito de estafa agravada, haciendo las siguientes consideraciones:

El recurso se extiende en analizar determinadas operaciones que la sentencia incluye en el fraude alegando que hay error de valoración y que lo supuestamente defraudado o bien no se produjo o bien fue inferior a lo consignado en la sentencia. Las operaciones sobre las que se manifiesta la discrepancia son las siguientes:

(i) En relación con la perjudicada María Rosario se alega que no es cierto que no reclamara civilmente la cantidad de 30.000 euros por haberla recuperado en un procedimiento civil sino que renunció al ejercicio de acciones civiles y penales porque fue indemnizada por un tal Sr. Mario, quien no tenía relación alguna con el acusado;

(ii) En la sentencia se dice que Constancio aportó 18.000 € y si bien es cierto que realizó una transferencia de 15.000 € no hay constancia alguna del pago de los 3.000€ restantes, lo que obligaría a recalcular las responsabilidades civiles. Las relaciones de este perjudicado no fueron directamente con BR sino con BANQUE ROYALE a través del Sr. Francisco y de UNITED TRUST y ese pago no se realizó a ninguna cuenta gestionada por el acusado y parece ser que fue realizada en 2009 cuando el acusado había roto relaciones con el Sr. Francisco.

(iii) En el caso de Clemencia, cuyo perjuicio se cifra en 27.000 € también se dice que no contrató con BR sino con BANQUE ROYALE a través del Sr. Francisco y de UNITED TRUST. Sólo consta un pago de 22.000 € y la negativa a su devolución se produjo en 2009 cuando el acusado había roto relaciones con el Sr. Francisco. Entiende que en este caso no hubo perjuicio poque la negativa a la devolución y el canje por acciones se produjo en 2009.

(iv) Lo mismo ocurrió en relación con Josefa, cuyo perjuicio la sentencia lo cifra en 15.600 €

Al margen de lo anterior, en el motivo se censura la aplicación normativa realizada, considerando improcedente la condena, en atención a los siguientes datos:

(i) Todos los hechos que se atribuyen al acusado fueron anteriores a 2010 lo que permite cuestionar la norma penal aplicada. Según la redacción del Código Penal anterior a 2010 el delito de estafa agravado del artículo 250.1.6, que sería el aplicable, requeriría atender al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación en que se dejaba a la víctima, y ninguno de los presupuestos típicos exigidos se cumplirían en el caso enjuiciado, por lo que la condena, en todo caso, debería haber sido por el tipo básico del delito de estafa de los artículos 248 y 249 CP. A este respecto se señala que el acusado no conocía a los inversores y desconocía su situación económica y, por otra parte, la suma de las defraudaciones, una vez descontadas las cantidades a que antes se ha hecho referencia, no supera los 50.000 €.

(ii) No constan pagos desorbitados al acusado y hasta el propio informe de la Guardia Civil señaló que en relación con él no había indicios de delito

(iii) No consta que utilizara engaño alguno ni que a través de su empresa solicitara directa o indirectamente inversión alguna a los denunciantes, quienes llegaron todos a través de un agente-asesor fiscal austríaco del Sr. Torcuato, que fue quien informó sobre el producto.

Conviene hacer una consideración previa: Tanto en este motivo de casación como en el siguiente se entremezclan dos motivos de casación que nada tienen que ver entre sí, dado que el previsto en el artículo 849.1 de la LECrim se refiere a discrepancias con la subsunción normativa de los hechos, mientras que el 849.2 atiende a errores en la valoración de la prueba acreditables directamente por prueba documental. La correcta técnica casacional obliga a separar ambos tipos de impugnación en motivos diferentes para facilitar su adecuada resolución y en este caso el recurrente ha desoído esta exigencia entremezclándolos, lo que, sin duda, dificulta la respuesta. Debemos insistir una vez más en que las formas establecidas en la ley para recurrir en casación deben ser respetadas para que este tribunal pueda cumplir su función. En todo caso daremos separada respuesta a los dos argumentos impugnativos que se incluyen en este motivo y en el siguiente.

2.2 En la primera parte del motivo se invoca el artículo 849.2 de la LECrim para cuestionar el importe de cuatro concretas aportaciones de capital que se considera que o bien no se produjeron en favor del acusado o bien fueron de menor importe, señalando en cada caso la prueba acreditativa de los distintos errores de valoración y como antecedente necesario para dar respuesta a esta queja resulta obligado señalar los límites de revisión que esta Sala viene estableciendo de forma reiterada para este motivo casacional.

Nuestra reciente sentencia número 354/2021, de 29 de abril, con cita de muchas otras, explica que el espacio en el que puede operar el motivo de casación previsto en el artículo 849.2 LECrim se circunscribe "al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza como si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron". Error que ha de tener la suficiente relevancia para alterar precisamente la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida. Pero, además, el éxito del motivo reclama que se den determinadas condiciones de producción: 1. Ha de fundarse en una verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa. 2. Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material a la sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones. El motivo no permite una revalorización del cuadro probatorio para de ahí atribuir el valor reconstructivo que la parte pretende atribuir al documento. 3. Muy vinculado al anterior requisito, el dato que el documento acredita no debe entrar en contradicción con otros elementos de prueba, pues en estos casos no se trata de un problema de error sino de valoración. 4. El dato documental que contradiga el hecho probado debe tener virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo en la medida que puede alterar los términos del juicio de subsunción.

En el caso que examinamos no se cumplen esas exigencias. Así, en relación con la aportación de María Rosario, carece de trascendencia alguna que no reclamara perjuicios por renuncia a la misma una vez indemnizada. La sentencia reconoce sustancialmente este dato fáctico y el hecho de que no reclamara indemnización no es causa excluyente de la responsabilidad penal ya que el pago de la cantidad invertida se produjo con posterioridad a la consumación de la acción ilícita.

En relación con la aportación realizada por Constancio se afirma que sólo fue de 15.000 euros y que de la entrega de otros 3.000 euros, que la sentencia considera realizada, no hay prueba. Sin embargo, en el recurso no se hace alusión ni se contradice la prueba valorada a tal fin, una carta remitida por BANQUE ROYALE LTD (folios 442 y 443), que contradice las afirmaciones del recurso. Hemos dicho que para la estimación de este motivo de casación se precisa que el error de valoración que se invoque con apoyo en un determinado documento no puede entrar en contradicción con otras pruebas y este presupuesto no se cumple.

En cuanto a Clemencia, cuyo perjuicio se cifra en 27.000 € se pretende una revaluación global de la prueba sin mencionar documentos concretos acreditativos del error. Las alegaciones del recurso no desvirtúan la valoración probatoria de la sentencia que con apoyo en prueba documental declaró probadas las aportaciones realizadas. Ya hemos dicho que el motivo de casación del artículo 849.2 no permite ni una nueva valoración global de la prueba ni que los documentos en que se funde la impugnación entren en contradicciones con otras pruebas y en el caso aquí analizado ninguno de ambos presupuestos se cumple. Iguales insuficiencias se producen en relación con el error denunciado respecto de Josefa, cuyo perjuicio la sentencia lo cifra en 15.600 €.

En definitiva, se pretende en este apartado del motivo que este tribunal realice una nueva revaluación de la prueba y se invocan, no en todos los casos, documentos acreditativos de los supuestos errores que están en contradicción con los documentos que la sentencia identifica como justificativos de cada una de las aportaciones de capital, por lo que esta queja no puede tener favorable acogida.

2.3 En una segunda parte del motivo se cuestiona la calificación jurídica de los hechos como delito de estafa agravada. Considera el recurrente que los hechos ocurrieron antes de 2010 y que no se cumplen algunos de los presupuestos típicos del delito de estafa entonces vigente como los siguientes: Ánimo de lucro, valor de la defraudación superior a 50.000 euros, entidad del perjuicio y situación de desamparo de la víctima.

Conviene recordar algo que forma parte de la esencia misma del motivo casacional promovido por la acusación particular. Y es que la denuncia de un error jurídico en el juicio de subsunción, por su propia naturaleza, exige que el razonamiento impugnativo asuma como presupuesto inderogable la aceptación del "factum", tal y como ha sido proclamado por el Tribunal de instancia. El discurso del recurrente, por tanto, ha de construirse partiendo del juicio histórico, que no es otra cosa que la expresión del desenlace valorativo que ha arrojado el desarrollo de las pruebas practicadas en el plenario. De ahí que no se trate de argumentar a partir de lo que el recurrente considera que debería haber dicho el hecho probado, sino tomando en consideración lo que efectivamente dice, al haber sido fijado así por el Tribunal a quo. El distanciamiento respecto de ese presupuesto metodológico conlleva como inmediata consecuencia la inadmisión del motivo -ahora desestimación-, al imponerlo así los apartados 3 y 4 del art. 884 de la LECrim ( STS 799/2017, de 11 de diciembre, por todas).

Tiene razón el recurrente en el reproche referente a la ley aplicable, cuestión que la sentencia de instancia no desarrolla ni argumenta, pero, como justificamos a continuación, la queja carece de incidencia alguna en el fallo de la sentencia.

En los hechos probados se declara de forma imprecisa que éstos ocurrieron "entre los años 2005 y 2010", pero no identifica ningún acontecimiento vinculado con el complejo financiero enjuiciado ni con las inversiones de los distintos perjudicados que se produjera con posterioridad al 23/12/2010, fecha de entrada en vigor de la modificación del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por lo que el marco normativo aplicable es el Código Penal en su redacción anterior a la entrada en vigor de la mencionada ley.

Se ha condenado al recurrente por la comisión de un delito agravado de estafa del artículo 250.1. 5ª que en el Código Penal aplicable era el artículo 250.1.6ª. Es cierto que ese precepto castigaba como estafa agravada el fraude que "revistiera especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia", pero para apreciar ese tipo agravado era suficiente la concurrencia de cualquiera de las tres circunstancias aludidas.

Sin embargo, en la STS 835/2003, de 10 de junio, recogiendo una doctrina ya consolidada ( STS de 14/12/2001, entre otras), se declaró que "si bien es cierto que ese artículo del Código emplea en su redacción una conjunción copulativa y no disyuntiva, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 235 relativo al hurto, la verdad es que para la interpretación del 250.6 no nos podemos detener en la simple interpretación literal o gramatical del mismo, pues de ser así, y entre otras consecuencias, se produciría el absurdo de que cuando el sujeto pasivo de los delitos de estafa o de apropiación indebida fuera una entidad de gran poder económico, nunca podría aplicarse esta agravación específica porque prácticamente nunca podría hablarse de que la acción delictiva ha dejado a la víctima en una grave situación económica. Por eso la hermenéutica a emplear en estos supuestos ha de partir de una interpretación lógica y finalista del precepto y en este sentido la sentencia de esta Sala de 12 de febrero de 2000 nos indica que basta la producción de uno sólo de los resultados que la norma contempla para que surja el tipo agravado, ya que: a) Parece lógico entender que el apartado 6º del artículo 250, relativo a la estafa y a la apropiación indebida, debe ser interpretado a la luz del 235 relativo al hurto, ya que es difícil entender los motivos que pudo tener el legislador para dar un distinto tratamiento punitivo, desde la misma perspectiva, a uno y otro delito. b) Porque ese diverso tratamiento privilegiaría a los culpables de delitos como la estafa o la apropiación indebida que, en sus tipos base, están castigados con mayor severidad que el delito de hurto.

En este caso el perjuicio total causado por el fraude fue de 98.600 euros por lo que el valor del perjuicio excedió notablemente de la cantidad fijada jurisprudencialmente (36.060 €) para considerar que el fraude tenía una grave entidad ( STS 14/03/2003). Por tanto, para subsumir los hechos en el tipo agravado ni era preciso acreditar que la víctima quedara en una difícil situación económica ni la gravedad del perjuicio causado porque la entidad de la defraudación era un dato suficiente para afirmar la tipicidad de los hechos.

En cuanto al ánimo de lucro, en el relato fáctico se describe su concurrencia con la expresión " con ánimo de enriquecerse ilícitamente" y ya hemos dicho que en el marco de este motivo casacional los hechos probados deben ser escrupulosamente respetados sin que quepa introducir cuestiones de índole probatoria como las que se invocan en el motivo que hace alusión a un informe de la Guardia Civil y a la declaración de los agentes que comparecieron a juicio para cuestionar la existencia del ánimo de lucro.

Dado que la pena del delito aplicado no sufrió modificación alguna la incorrección en la ley aplicable por razones de orden temporal carece de incidencia alguna para modificar el fallo de la sentencia, razón que conduce a la desestimación del motivo.

3. Segundo motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 y 2 de la LECrim , en relación con la condena por delito de blanqueo de capitales

3.1 En el segundo motivo, citando también de forma conjunta los dos apartados del artículo 849 de la LECrim, se cuestiona la condena por delito de blanqueo de capitales ( artículo 301 CP) considerando que hay error en la valoración de la prueba, lo que justificaría la invocación del artículo 849.2 de la LECrim, y señalando como documento acreditativo del error de hecho el contenido del folio 144 del Tomo VIII de las actuaciones, único elemento de prueba acreditativo del delito objeto de acusación.

Se cuestiona también el precepto aplicado porque los hechos ocurrieron antes de 2010 y el precepto vigente en aquel momento exigía unos elementos de tipicidad que no concurren en los hechos enjuiciados.

Y, por último, se expone que el acusado se limitó a recibir cantidades de origen lícito, siguiendo instrucciones de BANQUE ROYALE, SWISS ROYAL y del Sr. Francisco para el pago de clientes, nóminas y gastos organizativos de su mercantil, desconociendo que pudieran tener origen ilícito, por lo que debería aplicarse, en su caso, bien el artículo 14.2 CP relativo al error o bien el tipo imprudente del delito de blanqueo de capitales.

3.2 Al igual que en el motivo precedente se utiliza el artículo 849.2 de la LECrim para censurar la valoración probatoria alegando, sin más argumentos, que la condena por delito de blanqueo de capitales no tiene más apoyo que la documentación obrante en un disco (folios 144, Tomo VIII) que, a juicio de la defensa, en insuficiente para acreditar los hechos probados vinculados con esta infracción.

Se pretende de nuevo una revaluación de la prueba sin señalar un documento concreto de cuyo contenido literal pueda deducirse el error de valoración que se postula y semejante planteamiento, según hemos razonado en el motivo anterior, no tiene cabida en el motivo de casación elegido que, por lo mismo, merece la desestimación.

3.3 Reiterando lo dicho en el fundamento precedente, la ley aplicable al caso es el artículo 301 vigente antes de la entrada en vigor de la LO 5/2010. El citado precepto, en su apartado primero y en relación con el núcleo de la acción típica, disponía lo siguiente: "El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes".

En los hechos probados, que es el necesario marco fáctico del que debemos partir para analizar la subsunción normativa de los hechos, se relata que "los acusados aperturaron hasta 30 cuentas bancarias en España, las cuales permanecían abiertas durante el tiempo necesario para recibir las transferencias de los inversores y, posteriormente, en un periodo corto de tiempo, ser canceladas, trasladando su actividad ilícita a otra nueva cuenta bancaria en otra nueva entidad o sucursal con el fin de no levantar sospechas y eludir los mecanismos de control de las entidades .El dinero invertido por los perjudicados era remitido fundamentalmente a cuentas corrientes de entidades bancarias sitas en España y, una vez recibido, era transferido a otras cuentas de la organización o reintegrado por algún miembro de esta, o bien transferido a paraísos fiscales como Chipre o Suiza donde se le perdía el rastro, simulando así un movimiento de flujos dinámico entre las distintas cuentas de las empresas del entramado con el objeto de ofrecer una apariencia de realidad y lógica comercial, de modo que pareciera que el capital aportado por los inversores salía de las cuentas de la sociedad para efectuar la supuesta inversión y regresaba como aparente beneficio de dicha inversión, si bien se trataba del mismo capital".

En la sentencia impugnada se considera que la construcción del entramado financiero y las transferencias de fondos a paraísos fiscales, además de tener como finalidad aparentar una actividad financiera que no era tal, servía para ocultar los fondos obtenidos de la actividad ilícita, constituyendo, por tanto, un nuevo ilícito de blanqueo de capitales. En contradicción con esa conclusión y con el propio relato fáctico de la sentencia el recurrente alega que no tenía conocimiento del origen ilícito de los fondos y que se limitó a hacer transferencias para pagar a clientes, nóminas y gastos organizativos de su empresa. Por tanto, no se cuestiona la corrección del juicio de tipicidad, sino la valoración de la prueba en cuanto a la aportación del recurrente en la dinámica ejecutiva y a su conocimiento de la ilicitud de los fondos, cuestiones ambas que no respetan el ámbito de impugnación permitido por el artículo 849.1 de la LECrim que, como hemos dicho, no admite el planteamiento de cuestiones probatorias.

Por otra parte, partiendo del juicio histórico la estructura financiera tenía como objeto no sólo defraudar a los inversores sino la ocultación del origen ilícito de los fondos, transfiriéndolos entre distintas cuentas para, finalmente, remitirlos a paraísos fiscales u otros países y esta dinámica comisiva es subsumible en el delito del artículo 301 CP vigente al tiempo de los hechos, por cuanto el delito de blanqueo de capitales requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito sea capaz de generar beneficios económicos; la conexión entre el delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes, sin que sea necesario que exista una condena previa por el delito origen de los bienes, ni tampoco una descripción exhaustiva de la actividad delictiva previa. En este sentido, del artículo 3.3.b) de la Directiva 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, se desprende que no es necesario para la condena por delito de blanqueo que se establezcan "todos los elementos fácticos o todas las circunstancias relativas a dicha actividad delictiva, incluida la identidad del autor". Ello no reduce, sin embargo, la necesidad de describir suficientemente una conducta que pueda ser constitutiva de delito y que sea el origen de los bienes blanqueados ( STS 617/2018, de 3 de diciembre).

Pues bien, en este caso se cumplen todas esas exigencias porque el dinero obtenido mediante el fraude se sometía posteriormente a un conjunto de complejas operaciones financieras para tratar de ocultar su procedencia, lo que, además de un delito de estafa constituye un delito de blanqueo de capitales.

El motivo, en consecuencia, se desestima.

4. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso de casación.