Sentencia Penal 1028/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3931/2023 de 11 de diciembre del 2025

PRIMERO. - Se ataca en casación la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Benidorm que condenó al ahora recurrente como autor de un delito de falsedad del art. 392 CP y de un delito de conducción sin permiso del art. 384 del mismo cuerpo legal.

Se articulan cinco motivos. Todos discurren a través del art. 849.1º excepto el último que se canaliza por la vía del art. 852 LECrim: se estima infringido el derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 CE.

El Fiscal se opuso a la admisión del recurso. En los casos de sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales -argumentaba- solo cabe casación por infracción de ley del art. 849.1º LECrim, es decir por violación de precepto penal material o norma, también sustantiva, que deba ser tenida en cuenta en la aplicación de la ley penal. Además, el recurrente, según el Fiscal, no respeta el hecho probado en sus variadas argumentaciones. Por otra parte, muchos de los motivos se suscitan cuestiones per saltum.

En relación al último motivo tiene plena razón el Fiscal en su planteamiento: el art. 852 no es camino expedito para traer a casación una sentencia de un juzgado de lo penal, previamente apelada. La naturaleza y finalidad del recurso de casación contra estas sentencias, implantado en la reforma procesal de 2015, condiciona su régimen: sirve a un objetivo de unificación en la interpretación de las normas penales. Es congruente con ello que solo esté abierto a la denuncia de cuestiones de derecho penal sustantivo y no para debatir temas ni procesales ni constitucionales.

Aporta el recurrente en su recurso un certificado que pretende demostrar que estaba en posesión de permiso de conducir en su país. Ya lo anunció en apelación, aunque sin llegar a aportarlo. Sobre ésto nos entretendremos luego.

SEGUNDO.- El primer motivo invoca el art. 23 LOPJ: no consta que el documento supuestamente falso fuese confeccionado en España.

Se sugiere que no se trata de un precepto penal sustantivo. Eso debiera llevar a la inadmisión. Sin embargo, si se observan detenidamente las cosas, el recurso plantea en realidad un problema de derecho penal sustantivo encajable en el art. 849.1º LECrim. No estamos primariamente ni ante un problema procesal (jurisdicción), ni tampoco siquiera de orden constitucional (juez ordinario). Como explicaba la STS (Pleno) 345/2020 de 25 de junio de la que tomamos prestadas las ideas que siguen, en su vertiente más nuclear las cuestiones relacionadas con el art. 23 LOPJ encierran problemas de derecho penal material: aplicación de la ley penal en el espacio; es decir, delimitar el ámbito territorial y personal al que se proyecta la norma punitiva. Es un problema paralelo al de aplicación de la ley penal en el tiempo; o a las causas personales de exclusión de la ley penal (inviolabilidad). Aunque procesalmente se traduzcan en problemas de jurisdicción (o falta de ella), materialmente su naturaleza es de orden sustantivo. Por eso ocupa habitualmente un lugar en cualquier tratado o manual de derecho penal un capítulo o apartado dedicado a esta temática.

El recurso plantea, así pues, un tema idóneo para ser discutido por el cauce del art. 849.1º y, por tanto, admisible desde esa óptica.

TERCERO.- Sin embargo emerge otro problema de admisibilidad ya anunciado: se suscita una cuestión nueva en tanto no fue planteada ni en la instancia ni en apelación. Lo apunta el dictamen del Ministerio Fiscal.

No es ello posible, salvo supuestos marcadamente excepcionales. Lo impide la naturaleza revisora del recurso de casación. Lo que se recurre es la sentencia de apelación. Se analiza si ha acertado al resolver el recurso planteado. No pueden traerse a casación cuestiones que no han sido objeto de debate en apelación. No podemos revisar la decisión de la Audiencia sobre ese punto, sencillamente porque no ha adoptado ninguna decisión al respecto en cuanto el tema no le fue planteado. Eso comporta la inadmisibilidad del recurso.

Explica al respecto la STS 41/2020, de 6 de febrero:

"En efecto, el recurso por infracción de ley contra sentencias dictadas en grado de apelación por las Audiencias Provinciales y que se regula en el artículo 849.1.b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, debe ser objeto de interpretación estricta, para que este Tribunal Supremo cumpla su función primordial de unificación de doctrina. La sobrecarga de recursos impediría el cumplimiento de esa función y la propia ley, al limitar el recurso al motivo del artículo 849.1 de la LECrim o al establecer la posibilidad de inadmisibilidad por falta de interés casacional, expresa de forma patente la exigencia de estos límites.

(...)

Esta pauta interpretativa es antigua y citaremos por su claridad la argumentación que sobre esta cuestión se hizo en la STS 707 de 26 de abril de 2002, en la que se puede leer: "Este criterio se fundamenta esencialmente en dos razones, una referida a los principios del proceso penal y otra a la naturaleza del recurso de casación, pero que están íntimamente relacionadas. Respecto de la primera se señala que la aceptación de cuestiones nuevas en la casación obligaría al Tribunal Supremo a decidir, por primera vez y no en vía de recurso, sobre temas que no fueron discutidos en el plenario ni, por tanto, aparecen expresamente razonados y resueltos en la sentencia de instancia, no habiéndose sometido a la debida contradicción. Respecto de la segunda se argumenta que es consustancial al recurso de casación que el mismo se circunscriba al examen de los errores legales que pudo cometer el Tribunal de instancia al enjuiciar los temas que las partes le plantearon, sin que quepa "ex novo" y "per saltum" formular alegaciones relativas a la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir sobre cuestiones jurídicas no formalmente planteadas ni debatidas por las partes. En tal caso el Tribunal de casación estaría resolviendo por primera vez, es decir como si actuase en instancia y no en vía de recurso, sin posibilidad de ulterior recurso sobre lo resuelto en relación con estas cuestiones nuevas".

Esa doctrina, clásica, adquirió nuevos perfiles y renovada aplicación ante la implantación de la segunda instancia en el orden penal, es reiterada, con más extensión y ciertas modulaciones, aquí no apreciables, en la STS 67/2020 de 24 de febrero:

"... la jurisprudencia ha venido insistiendo en la necesidad de que las cuestiones que se plantean en casación lo hayan sido anteriormente en apelación. Así decíamos en la STS nº 661/2019, de 14 de enero de 2020 que " la existencia de un recurso previo de apelación impone la exigencia de que las cuestiones que se plantean en el recurso de casación lo hayan sido antes en aquel. Dicho de otra forma, en el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo". (En sentido similar, entre otras, STS 781/2017, de 30 de noviembre; STS nº 451/2019, de 3 de octubre; o STS nº 495/2019, de 17 de octubre).

La STS 345/2020 de 25 de junio, antes citada, se extiende en esta cuestión con afán de sentar doctrina:

"No estamos ante una singularidad de la doctrina de esta Sala de casación, sino ante un tema transversal propio y característico de la teoría general de los recursos procesales, sea cual sea el orden jurisdiccional en que nos movamos.

Cuando coexisten dos escalones impugnativos (normalmente apelación y casación), al segundo solo podrán acceder las cuestiones que hayan sido objeto de debate en la instancia previa. Tal axioma constituye una derivación de la doctrina de la cuestión nueva en el ámbito de los recursos, campo donde además adquiere connotaciones más rígidas. A la segunda instancia puede llevarse todo lo tratado en el juicio de instancia de forma explícita o implícita. También cuestiones que no hubieran sido alegadas pero que han aflorado en la sentencia como consecuencia de la amplitud del conocimiento en esa instancia, marcado tan solo por los principios acusatorio, en materia penal, y de rogación o dispositivo en otros ámbitos. No en cambio aquellos temas novedosos que fueron silenciados sin razón alguna en la instancia.

Pero a un recurso posterior solo podrá acceder lo delimitado por la impugnación previa.

El recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente (dejando al margen casos excepcionales -v.gr.: aforados-) contra sentencias dictadas en apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia; pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. El resto de asuntos decididos y no cuestionados ni impugnados han de considerarse consentidos (tantum devolutum quantum apellatum). La apelación no es un nuevo juicio íntegro: su objeto es más limitado que el de la instancia. Está marcado por los contornos prefijados por el apelante -y, en su caso el impugnante adhesivo- en su recurso.

Si lo que se puede recurrir en casación es la sentencia de apelación (no la del Juzgado de lo Penal o, en su caso, la Audiencia Provincial) como recordamos continuamente, secuela revestida de una lógica aplastante y derivada de esa premisa será que no podrá introducirse per saltum lo que no fue objeto de examen por el Tribunal de apelación.

Lo decidido por un Juzgado de lo Penal no es susceptible de casación; solo de apelación. Es lo resuelto en apelación lo que puede acceder a casación. Y en la casación se ventila la conformidad a derecho de la sentencia de apelación que, si es correcta, solo podrá pronunciarse sobre lo impugnado, no sobre otras cuestiones que las partes no cuestionan en sus recursos. Es más, si resolviese sobre otros puntos no impugnados, aunque su solución fuese hipotéticamente acertada en el fondo, habría que anularla en casación ante la queja de cualquier parte por no haberse ajustado a ese dogma elemental y clásico: tantum devolutum quantum apellatum (vid. art. 465.5 LEC) .

Pueden aducirse en casación nuevos argumentos (v.gr. se pidió en apelación que se suprimiese la reincidencia por no tratarse de delito de la misma naturaleza y en casación se alega, además, que el antecedente estaba cancelado); pero no podrán introducirse nuevas pretensiones impugnatorias (no se discutió la reincidencia en la apelación y en casación se lucha por suprimir la agravante: sobre esa cuestión no hay ningún pronunciamiento de la Audiencia; por tanto no se puede reprochar a la Audiencia una decisión inexistente. No se puede anular una sentencia de la Audiencia que ha resuelto de forma impecable todo lo que le presentó para resolver; y que, también haciendo lo que debía hacer, no se ha pronunciado sobre otras cuestiones). Las pretensiones impugnatorias no admiten el efecto Guadiana: desaparecen en la apelación y reaparecen sorpresivamente en una ulterior impugnación. En el momento en que se consiente una decisión no impugnándola queda expulsada esa cuestión de la controversia, ha dejado de formar parte del objeto procesal de la apelación y, por ende, de la casación. Las impugnaciones sucesivas han de ser un continium guardando congruencia unas con otras.

En el ámbito penal así vino a afirmarlo la jurisprudencia desde que se introdujo un recurso de apelación previo a la casación en el procedimiento del jurado. Antes el problema del recurso per saltum no aparecía: no existía una segunda instancia previa a la casación (el diseño era o apelación o casación; pero no apelación más casación). Con la generalización de la segunda instancia han comenzado a reproducirse supuestos, cada vez más frecuentes, en que aparece esta disfunción. Se vienen resolviendo en la forma que ha quedado expuesta en el fundamento anterior, sin perjuicio de que situaciones muy excepcionales puedan requerir soluciones excepcionales (y también contamos con algunos precedentes indicativos de ello: v.gr., un pronunciamiento jurisprudencial de relieve que marca una línea muy diferente y que irrumpe ya resuelta la apelación)".

Procede por ello la desestimación del motivo sin necesidad de abordar el problema de fondo planteado en virtud de la doctrina a tenor de la cual esa es la respuesta procedente en fase de decisión cuando se constata en ese momento un óbice de admisibilidad.

CUARTO.- La misma doctrina es proyectable sobre los restantes motivos del recurso, muy bien trabajado pero lastrado por la forma en que venía articulada la estrategia defensiva. Todos y cada uno de ellos traen a colación temas no alegados en apelación. Eso impide entrar en su contenido. Alguno además, se desliza hacia temas probatorios, como también en cierta medida el primero (siendo cierto que el hecho probado no recoge el lugar de elaboración del documento, tampoco se deduce lo contrario, y la actividad del recurrente -que sería en todo caso inductor- parece que se despliega en España) (Vid. STS 843/2025, de 15 de octubre).

QUINTO.- La aparición de nuevas pruebas que cuestionan la convicción plasmada en la sentencia solo podría dar lugar a un recurso de revisión en su día como apuntábamos en la STS 286/2020, de 4 de junio que analizaba un caso semejante: novedades probatorias no incorporadas a la causa por haber sido recabadas mientras pendía el recurso de casación.

Las pruebas novedosas, obtenidas tras la sentencia de instancia -se lee en aquel precedente-, integran material idóneo para promover un recurso de revisión: ese es su marco natural de operatividad. Han sido conocidas tras la sentencia. Los arts. 954 y 955 LECrim parecen marcan la senda adecuada para avanzar desde ese escenario.

Según apostillaba aquel precedente, la revisión solo procede frente a sentencias firmes. Cuando los nuevos elementos de prueba aparecen pendiente la casación el legislador no deja más alternativa que la ilógica y procesalmente antieconómica espera hasta la firmeza. Primero la casación; solo después, la revisión. Algún comentarista, ante situaciones paralelas a la aquí aparecida, ha propuesto que en esos casos la ley admitiese ampliar el objeto de la casación adosándole una acumulada pretensión de revisión. Casación y revisión comparten trámite y órgano competente para la resolución ( art. 959 LECrim) . Pero esa no deja de ser una bienintencionada propuesta de lege ferenda hoy inaplicable. Menos aún en una modalidad casacional ceñida al cauce del art. 849.1º LECrim.

En pura ortodoxia la documentación aportada a este recurso de casación tendría que haber sido rechazada. La fase probatoria precluyó y, a diferencia de lo que sucede con muchos condicionantes en la apelación, la casación repele toda variación en el material a valorar. Son rotundamente rechazables unas nuevas pruebas si perjudican al reo. Pero igualmente y no con menos energía cuando es material favorable al acusado. Es un principio básico y elemental. Un recurso extraordinario como es la casación está encaminado a comprobar si la sentencia hizo una aplicación correcta de las normas penales. Con ciertos condicionantes, se pueden fiscalizar también temas procesales y constitucionales pero esa faceta no opera en esta modalidad casacional. Por tanto, solo puede supervisar la sentencia desde el marco procesal en que se dictó, aunque no faltan algunas limitadas matizaciones a este principio generadas por razones varias (entre otras, advenimiento de una legislación más favorable tras la sentencia que se aplicará por el órgano de casación al resolver el recurso).

En la casación no se practica prueba: es un dogma.

Alguna resolución del Tribunal Constitucional parece haber alentado, en aras de la justicia material, otra praxis, sugiriendo la adopción por el órgano de casación de una actitud proactiva que le empujase a recabar una hoja penal o la documentación judicial clave para decidir sobre la corrección de la apreciación de una agravante de reincidencia. Pensamos en la STC 80/1992, de 28 de mayo. El demandante de amparo se quejaba, entre otras cuestiones, de que el Tribunal Supremo al conocer de su recurso de casación y ante su alegación de ser cancelables los antecedentes que determinaban la reincidencia (por virtud de una reducción de penas derivada de un antiguo indulto), no hiciese acopio de la información que lo hubiese acreditado. El Tribunal Constitucional, que finalmente estimará la demanda, insinúa que el recurrente debería haber aportado esos certificados al Tribunal Supremo para incorporarlos ¡al recurso de casación! Luego modula algo su reflexión. El Tribunal Supremo ante esa alegación "debió comprobar la vigencia o no de los antecedentes penales del condenado a efectos de apreciar la agravante de reincidencia, si ello era posible en vía casacional".

No podemos quebrar ese axioma básico: en casación no cabe actividad probatoria alguna, ni siquiera aquélla cuya práctica es bien simple en tanto no precisa de un trámite singular (documental). Pero en este supuesto, además, la certificación aportada no parece ser suficiente. Se precisan nuevas indagaciones.

Hemos de resolver formalmente como si no estuviese ahí. Esa es la solución canónica, más en esta modalidad impugnativa en que tampoco es invocable el art. 849.2º.

El recurrente podrá intentar un recurso de revisión. Un precedente que con indudable flexibilidad abrió un camino menos ortodoxo ( STS 910/2023, de 13 de diciembre) revestía unas características (evidencia y previa alegación en apelación) que no concurren en este caso y que aquí vedan explorar esa vía.

SEXTO.- La desestimación del recurso lleva a la imposición de las costas al recurrente ( art. 901 LECrim) .