Sentencia Penal 113/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6802/2023 de 11 de febrero del 2026

PRIMERO.-Formula su primer motivo el recurrente por infracción de ley, en base al art. 849.1º LECrim. , por aplicación indebida de los arts. 248 y 250.1. 6º CP.

Aunque se alega como infringidos estos dos artículos, el desarrollo del motivo se centra en cuestionar el juicio de tipicidad tan solo en lo que al tipo básico del delito de estafa se refiere; de hecho, dice que no siendo subsumibles los hechos en el tipo del art. 248 CP, en consecuencia, tampoco en el agravado del 250.1. 6º, pero no dedica atención a esta agravación, y no podemos saber las razones por las que la cuestiona, de ahí que no entremos a debate alguno en cuanto a su aplicación y nos centremos exclusivamente en el juicio de tipicidad relativo a la estafa básica.

Al tratarse de motivo por error iuris,del art. 849.1º LECrim. , recordar que estamos ante un puro motivo sustantivo penal, que obliga a centrarse en el juicio de tipicidad de los hechos que se han declarado probados, sin introducción de matices que puedan hacer alterar su sentido, siendo ajeno a él cuantas cuestiones afectan a aspectos probatorios, propias del motivo por error factidel art. 849.2º LECrim. , o por infracción de precepto constitucional del art. 852 LECrim.

En este sentido, tomando como referencia lo que decíamos en STS 446/2022, de 5 de mayo de 2022, con cita de otras que la preceden, recordábamos «[...] que el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884.3 LECr ( STS 421/2018, de 20 de septiembre)».

De hecho, el propio recurrente, que así lo sabe, comienza el desarrollo del motivo recordando que «impone el respeto absoluto a los hechos probados y no permite la revisión de la prueba practicada en el acto del juicio oral», tras lo cual recoge cita de una jurisprudencia relativa al delito de estafa, transcribe los hechos probados de la sentencia recurrida y pasa a exponer las razones por las que considera que no se desprende de ellos con claridad la concurrencia de los elementos del delito de estafa, en particular la existencia de un plan defraudador por parte del acusado y el engaño proyectado sobre las víctimas, de entidad suficiente para provocar su error y el consiguiente desplazamiento patrimonial.

No es ese el parecer de este Tribunal, que coincide con el sentenciador, cuando, en el fundamento segundo de su sentencia, expone que «en el relato de Hechos Probados quedan reflejados todos y cada uno de los elementos del tipo de estafa. Los querellantes contratan con la voluntad de adquirir un negocio (la compra de derechos de explotación de un restaurante), y pagan por ello. En el momento de contratar el acusado Blas, ha hecho lo posible para hacerles creer que él, como coadquirente, ya ha adquirido el negocio (los derechos de explotación), de manera que las personas que participan con la aportación del dinero no pueden visualizar un riesgo considerable en la operación», y, a continuación, pasa a detallar los elementos fácticos que le llevan al anterior resumen. Sin perjuicio de remitirnos a ellos, nos centraremos en el fraudulento plan que urde el acusado para atraer a los querellantes a la explotación de un negocio, al que aportaron 413.912,20 euros, que nunca llegó a ser y no le fueron devueltos por el acusado.

1.El acusado, que era el administrador único y titular de una parte de las participaciones de la mercantil JOFICRISAL S.L. y quien ejercía un dominio total sobre su actividad, actuaba explotando tres restaurantes bajo la licencia de McDonald's, y, sufriendo una situación de empeoramiento progresivo en la rentabilidad económica de su actividad, en esta coyuntura propone a los querellantes, con quienes mantenía una relación de estrecha amistad, participar en la adquisición de los derechos de explotación de otro restaurante McDonald's, propuesta que consistía en que sufragaran la mitad del coste de adquisición, por cantidad superior a 400.000 euros, y atendiendo a que confiaban personalmente en él y sobre todo que JOFICRISAL S.L. estaba explotando tres restaurantes con aparentes buenos resultados económicos, aceptaron la propuesta de negocio.

Lo que aquí se recoge en el hecho probado, es que el condenado ofrece un negocio que genera confianza, por sus aparentes buenos resultados, a unos amigos que confían personalmente en él, pero a quienes oculta la realidad de su empeoramiento, lo que es determinante para que, como amigos, se presten a participar en un negocio, que de otra manera hubieran rechazado de entrada. Se está pergeñando el engaño que les llevaría al desembolso económico.

2.Continuando con ese plan, el condenado, actuado en nombre de JOFICRISAL S.L., mediante contrato privado, vende a los querellantes la mitad de los derechos de explotación del nuevo restaurante (el NEGOCIO como se denomina en el contrato), por 413.912,30 euros, firmando el contrato convencidos de que él había adquirido la totalidad de los derechos de explotación, cuando ni JOFICRISAL S.L. ni él mismo llegaron a tener en ningún momento disposición sobre tales derechos de explotación del restaurante, y el dinero entregado fue destinado a finalidades distintas para las que fue entregado, y todo ello fue ocultado a los querellantes a quienes nunca les fue reintegrado.

En la confianza ganada en la primera parte de plan urdido, consigue el condenado que los querellantes le entreguen los 413.912,30 euros para participar en el negocio que les había propuesto, negocio que era inviable porque nunca tuvo posibilidad de disponer de los derechos de explotación de los que dispuso para poder acceder a él.

3.la anterior secuencia pone de relieve que, para conseguir hacerse el condenado con esa cantidad, tuvo que desplegar un comportamiento mendaz y programado, a base de ocultar una realidad, que, de haber conocido los querellantes, ni hubieran firmado el contrato ni la hubieran entregado, de manera que el perjuicio patrimonial que sufren solo se entiende porque les consiguió engañar, al hacer pasar por fiable algo que no lo era, pero que se presentó como tal y en ello confiaron.

Lo que en los hechos probados se relata lo podemos resumir, en línea con la sentencia recurrida, en que, ante la apurada situación económica por la que pasaba el condenado, lo que pretende es salir a la búsqueda de una cantidad de dinero, que es difícil que lo pudiera conseguir conociéndose esa realidad, por ello que, teniendo la confianza de una víctima, a la que se lo oculta, le engaña ofreciéndole un negocio aparentemente viable, pero que no lo es, y del que no duda, para que ponga en él ese dinero que, sin embargo, utiliza para otra finalidad.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

SEGUNDO.-En el segundo y tercer motivo, en uno de ellos alegando vulneración de derechos fundamentales, a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, y, en otro, infracción de ley del art. 849.1º LECrim, lo que se pretende es que sea apreciada como muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas, que en la instancia lo fue como simple.

1.Alega, por una parte, el recurrente que el tribunal de instancia no ha establecido en la sentencia el presupuesto fáctico que le habría llevado a aplicar la circunstancia, lo que le ha supuesto una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la motivación, y que procedería declarar su nulidad para devolución de las actuaciones al órgano a quopara que dictara nueva sentencia y se pronunciara motivadamente.

Ciertamente, en los hechos probados, aunque no se recoge presupuesto fáctico para la apreciación de la atenuante, se contaba con el que la propia defensa había proporcionado en su escrito de conclusiones, que relata la secuencia de actuaciones que son de interés, y considera que las dilaciones indebidas del procedimiento, solo tomando en consideración los principales periodos de interrupción entre acusaciones, han superado holgadamente los 5 años. Por lo tanto, había un presupuesto del que partir, y no se puede decir que, porque no se hubiera trasladado uno a los hechos probados, se ocasionaba indefensión a la defensa, cuando ella misma no solo lo estaba proporcionando, sino que fijaba un periodo de 5 años, que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, es un margen que se tiene en cuenta como regla general para apreciar la atenuante como simple, de manera que, al ser esto así, no accederemos a la nulidad pretendida.

2.Ahora, en casación, presenta el recurrente un cuadro con los periodos que, acumulados, dan un total de dilación de 5 años y 2 meses, insuficiente para acceder a la cualificación pretendida, cuando se suele colocar en 8 años el periodo para ello. Aun así nos permiten valorar si cabría su estimación.

Para ello, conviene comenzar recordando que es jurisprudencia de la Sala que «en lo que concierne al cómputo del plazo razonable, comenzará a correr cuando una persona es imputada formalmente y finaliza con la sentencia que pone fin a la causa» (entre otras, STS 913/2025, de 5 de noviembre), y en ese cuadro que nos aporta el recurrente se nos da como fecha en que se dicta providencia acordando que los querellados presten declaración como investigados el 30 de noviembre de 2015 y la sentencia recurrida, que es la que pone fin a la causa, es de 8 de marzo de 2023; por lo tanto, no llega a los 8 años el tiempo transcurrido entre una y otra fecha.

Y también es una circunstancia a tener en cuenta que tardó en tramitarse tres años un par de Comisiones Rogatorias a Andorra para tomar declaración al acusado, que, por más que se quiera atribuir tal retraso a deficiencias en la documentación remitida, no quita para que dejemos de ignorar la actitud o comportamiento del propio acusado, a quien no se le está exigiendo que diera facilidades para localizarle en España, pero tampoco se puede olvidar que fue el máximo responsable de una mercantil con sede en Barcelona y es difícil asumir que no pudiera ser localizado en esta capital, por más que fuera residente en Andorra, y sabemos que nuestra jurisprudencia tiene dicho que la actitud y comportamiento del propio investigado es un factor a valorar a efectos de la relevancia de dilación.

Procede, pues, la desestimación de los motivos segundo y tercero del recurso.

TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente al pago de las costas ocasionadas con su recurso, incluidas las de la acusación particular.