Sentencia Penal 211/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4965/2023 de 11 de marzo del 2026

Recurso de Lina

PRIMERO.-La sentencia objeto del presente recurso de casación es condenatoria respecto de esta recurrente y otra que no ha planteado recurso. Una tercera acusada es absuelta del delito de estafa y condenada por responsabilidad civil, al anularse el contrato por el por el que accedió a la propiedad de la finca que, es devuelta a los declarados perjudicados en el hecho delictivo por el que la acusada, la recurrente, es condenada.

El relato fáctico refiere que está acusada junto a otra, con el ánimo de incorporar a su patrimonio bienes de ajena pertenencia, abordaron al matrimonio del que se hicieron amigos, a quienes relataron que iban a cobrar una herencia millonaria y que necesitaban un dinero para la tramitación de dicha herencia, y les convencieron al referido matrimonio para que les prestaran dinero. En ejecución del convenio alcanzado, el matrimonio constituyó una hipoteca con la que obtener un crédito avalado garantizado sobre la finca de su propiedad, que constituía su vivienda habitual. Al tiempo, las acusadas redactaron un escrito de reconocimiento de deuda con el compromiso de las dos acusadas de devolverle el préstamo al cobrar la herencia a los 2 ó 3 meses de la firma, ofreciéndole un beneficio de 35.000 euros, que el matrimonio necesitaba para realizar determinadas obras. Las acusadas realizaron dicha proposición, dice el hecho probado, a sabiendas de que no iban a devolver el préstamo y que los perjudicados perderían el inmueble, y no recibirían el premio de los 35.000 euros pactados. Seguidamente, refiere el hecho probado que estas dos acusadas contactaron con una tercera persona, también acusada y absuelta en la sentencia, Maribel, de la que recibieron 84.000 euros, importe del préstamo, y constituyeron la hipoteca fijando un valor de tasación del inmueble de 90.000 euros, sabiendo que el valor de la misma era muy superior. Las dos acusadas dejaron de pagar los vencimientos del préstamo y en la escritura de constitución del gravamen habían habilitado a la prestamista para el otorgamiento de escritura de venta de finca, en representación de los hipotecantes. También la habilitaron para la ejecución extrajudicial del préstamo y la autocontratación de la prestamista. Al mismo tiempo las acusadas firman un reconocimiento de deuda que en ningún momento pensaban realizar. El impago de las cuotas el préstamos permitió a la prestamista la ejecución extrajudicial del crédito, conforme había sido pactado, lo que supuso que la finca del matrimonio fuera adjudicada en subasta a la prestamista con un valor de 63.000 euros. La finca contaba con otras dos hipotecas.

La sentencia condena por delito de estafa a las dos acusadas una de ellas la recurrente, y absuelve a quien figura en el hecho probado como prestamista, con una argumentación, no discutida en la impugnación, en la que se afirma que no participó en la maquinación y en el engaño del delito de estafa. No obstante, en la fundamentación de la sentencia, lo que será relevante a efectos de la responsabilidad civil, se afirma que Maribel, prestamista, conocía que la causa de su contrato era ilícita, pues, en realidad, ocultaba la pretensión de quedarse con el inmueble. Esta afirmación es inferida de varios indicios, pues el importe del préstamo no se había entregado los perjudicados; la evidente dificultad que supone devolver en tan corto espacio de tiempo cantidad tan elevada y en efectivo; el pacto de ejecución extrajudicial y la cláusula según la cual podía a través de autocontratación adjudicarse el inmueble, que era la vivienda de los perjudicados. Ante tan evidente desproporción en el equilibrio contractual, del que Maribel era consciente, no así los perjudicados, que firmaron bajo engaño y sin previas negociaciones de las cláusulas.

Formaliza esta recurrente un primer motivo en el que denuncia el error del derecho por la inaplicación del artículo 14 y 66.2 del Código Penal, reiterando lo que ya efectuó en el juicio oral, al negar la realidad de los hechos declarados probados, afirmando que desconocía la ilicitud de su conducta, al tiempo que insta la concurrencia de la atenuación de dilaciones indebidas que debió ser apreciada como muy cualificada reduciendo en dos grados la penalidad.

La vía impugnatoria elegida exige un respeto absoluto al hecho declarado probado y en el mismo no se hace referencia alguna a la concurrencia de un presupuesto de error de prohibición por desconocer la ilicitud de su conducta. Antes hoy al contrario, se rechaza dicha pretensión en el fundamento cuarto de la sentencia cuando se afirma que está acusada acudió a la firma y recibió el dinero que según el contrato debía devolver a los perjudicados y firmó, en su lugar un reconocimiento de deuda que sabía que no iba a devolver, por su elevada cantidad y la exigencia de hacerlo metálico. En otros apartados de la sentencia se afirma, y así lo expresa el hecho probado, el conocimiento y consciencia sobre la voluntad de no cumplir lo pactado y a tal efecto, se afirma, que llegado el vencimiento del préstamo las acusadas no pagaron el importe adeudado "tal y como habían planeado", relato fáctico que evidencia la falta de concurrencia del error que denuncia.

En lo referente a la penalidad impuesta la sentencia impugnada en el fundamento de derecho sexto refiere una individualización de la pena que se motiva argumentando sobre la concurrencia de una condena por un delito similar y la maquinación urdida para el desapoderamiento de lo que era vivienda habitual de los perjudicados. La individualización de la pena aparece correctamente efectuada la sentencia. La sentencia impugnada declara concurrente la atenuante calificada de las dilaciones indebidas que apoya en la constatación de la dilación y su carácter de indebida y señala que reduce en un grado la pena en atención a esa dilación. Argumenta que no lo hace en dos grados al no constar la concurrencia de mayores perjuicios a los acusados y sí a los perjudicados. Argumentación que resulta lógica y acorde a la proporcionalidad correspondiente a la gravedad del hecho.

Recurso de Maribel

SEGUNDO.-Esta recurrente ha sido absuelta en el delito de estafa al afirmarse en el hecho probado que no ha quedado acreditado "el previo acuerdo de esta recurrente con las acusadas, condenadas a la sentencia, ni que conociera el plan de estas para estafar al matrimonio". La recurrente es absuelta del delito de estafa pero en el fallo de la sentencia, y aquí radica el gravamen que le permite el recurso de casación que formaliza, se declara la nulidad del contrato de préstamo con garantía hipotecaria concertado con esta recurrente y los perjudicados y los actos posteriores como la ejecución extrajudicial de dicho crédito, la escritura de adjudicación de la finca y la cancelación de todas las inscripciones llevadas a cabo en el registro de la propiedad como consecuencia de dicho contrato de préstamo con garantía hipotecaria y de su ejecución extrajudicial, con la consiguiente restitución de la finca a sus legítimos propietarios. De igual manera declara nula la escritura de reconocimiento de deuda.

La impugnación que desarrolla cuestiona que haya sido declarada absuelta en la sentencia por lo tanto, entiende, no puede ser condenada en responsabilidad civil. Al mismo tiempo, argumenta que ha sido declarada perjudicada en el delito, porque se le reservan acciones civiles que puedan reclamar a las beneficiarias del préstamo que ella mismo realizó, y se le condena, pese a esas declaraciones, a la pérdida del inmueble legítimamente adquirido al ejecutar extrajudicialmente, según los poderes que tenía el contrato de préstamo hipotecario que había realizado. Sin mencionar expresamente el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, salvo alguna referencia a jurisprudencia de esta Sala y de la Sala primera de este Tribunal Supremo, argumenta que el artículo 116 del Código Penal establece que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños y perjuicios, lo que significa, en sentido contrario, que absuelta un acusado del delito que se imputa no puede existir un pronunciamiento sobre responsabilidades civiles distintas a las admitidas excepcionalmente por el Código Penal.

El motivo será desestimado. Traemos a colación los antecedentes jurisprudenciales de esta Sala en un tema ciertamente cuestionado. De una parte, la sentencia 866/2012 de 25 de mayo del 2013, que abordó un supuesto en el que, pese a la absolución del delito de estafa, se argumenta que un negocio radicalmente nulo, por ilicitud penal de la causa, no deviene válido por la inscripción en el registro. En consecuencia, un negocio nulo de pleno derecho, aún inscrito, no le sirve al tercero que ha sido parte en él para invocar, en su favor, la tutela del registro, frente al titular real. Siendo radicalmente nulo su propio negocio, qué es lo que sucede en el caso actual, no hay adquisición del tercero, pues en ese caso no juega la protección del asiento. Esta doctrina plantea la eficacia del artículo 34 de la Ley Hipotecaria en los términos que ha sido interpretados en la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo. A tal efecto hemos de recordar que el artículo 34 de la Ley Hipotecaria señala que el tercero que de buena fe adquiere a título generoso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades de transmitirla será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de las causas que no constan en el registro. Y añade, la buena fe se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. La interpretación de este precepto proporcionada por la Sala Primera del Tribunal Supremo parte de la idea de que la doctrina sobre el artículo 34 de la Ley Hipotecaria que procede dejar señalada comprende dos extremos: primero, que este precepto ampara las adquisiciones a non dominoprecisamente porque salva el déficit de titularidad o de poder de disposición del transmitente que según el registro aparezca con facultades para transmitir la finca, tal y como se ha mantenido muy mayoritariamente por esta Sala; segundo, que el mismo artículo no supone necesariamente una transmisión intermedia que se anule o resuelva por causas que no constan en el registro ya que la primera parte de su párrafo primero goza de sustantividad propia para amparar a quien de buena fe adquiere a título oneroso de titular registral y a continuación inscribe su derecho, sin necesidad de que se anule o resuelva el de su propio transmitente.

Sin embargo esa protección dispensada por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria excepciona de la misma al tercero adquirente que haya inscrito su derecho con conocimiento de la ilicitud. La sentencia, objeto de la presente impugnación, en la fundamentación de la sentencia que valoramos porque afecta al contenido civil de la misma, no solo señala, como antes se ha transcrito, que la recurrente conocía la ilicitud del negocio jurídico subyacente en el préstamo hipotecario, sino que, además, en el fundamento tercero de la sentencia va desgranando distintos indicios de los que infiere que conocía que la inscripción de su préstamo hipotecario era ilícito, y lo hace porque la entrega del dinero se efectúa a las otras recurrentes, no a los prestatarios; además, por la diferencia entre el valor de la adquisición con el valor real de la vivienda y por el hecho de haberse presentado como una persona analfabeta, dedicada a venta ambulante que no se correspondía a su función de prestataria, al igual que las referencias a la falta de formación, al hecho de no haber pedido información sobre la situación patrimonial de los prestatarios, quienes debían devolverle el dinero, y sus propias manifestaciones en las que afirmaba desconocer que la vivienda era la habitual de los prestatarios, y el hecho de no querer manifestar qué persona actuó de intermediario. Además, por las condiciones referidas al préstamo con facultad para elevar a escritura pública la concesión del préstamo y la garantía hipotecaria con las facultades de autocontratación y de ejecución extrajudicial, lo cual le permitía actuar con un evidente desequilibrio entre las partes. La anterior argumentación racionalmente tratada por la Sala inferior, así lo expresa en el fundamento de derecho séptimo, que esta acusada conocía que la causa del préstamo hipotecario era lo que extrae pues en realidad ocultaba la pretensión de quedarse con el inmueble inferida de varios indicios que desarrolla y que se remite al fundamento de derecho tercero.

Consecuentemente procede desestimar el recurso interpuesto al no venir amparada su posición jurídica por la cláusula de protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.