Sentencia Penal 723/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7297/2022 de 11 de septiembre del 2025

Recurso de Juan Francisco.

PRIMERO.- La sentencia objeto de la presente censura casacional es la dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante que condena al recurrente, cuya impugnación analizamos, como autor de un delito de estafa, en concurso con otro delito de falsedad en documento mercantil. También condena al otro recurrente cómo cooperador necesario en los delitos de la condena y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria y de la compañía de seguros, que también formalizan una denuncia casacional.

En síntesis, el relato fáctico refiere que la mujer, ya fallecida, de Emilio, jugador del equipo de fútbol Real Madrid en los años 50 y 60, abrió una cuenta corriente en la cual ingresó los fondos obtenidos por la venta de la sociedad limitada que gestionaba el denominado " DIRECCION000". La cuenta se apertura el 5 de enero de 2011 y en ella figuraba como titular la referida persona y como autorizada su hija Salvadora, que falleció el 19 de octubre del 2011. Añade el hecho probado, que en fecha no determinada, pero en todo caso con posterioridad al 5 de enero del 2011, el acusado acudió a la oficina donde se había aperturado la cuenta y, en connivencia con el director de la sucursal, también condenado y recurrente, con ánimo mendaz, elaboraron dos nuevos contratos de apertura en la misma cuenta a la vista, en cuyos nuevos contratos, en la ausencia de la titular de la cuenta y sin su consentimiento, se hizo constar en uno de ellos, como autorizados al acusado y su mujer, hija de la titular de la cuenta, figurando el sello de la entidad y la firma de su director. En el segundo de los contratos, en el que también figuraba como autorizado el acusado y su mujer, aunque solo figuraba la firma del acusado. Concluye el relato fáctico afirmando que se hizo figurar la fecha de 5 de enero del 2011 sin que en los mismos constara la firma de la titular de la cuenta. En virtud de esas autorizaciones se posibilitaba que el acusado, simulando la inexistente condición de autorizado, realizara diversas disposiciones con el fin de obtener un beneficio económico ilícito y evitar que el saldo correspondiente a la venta del legado pasara a su titular. En fecha 23 de septiembre de 2011 el acusado abrió otra nueva cuenta a la que remitió los fondos que detraía de la cuenta inicial de la que era titular única la mujer de Emilio.

Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia arguyendo que ha quedado demostrado que el dinero procedente de la venta del legado era propiedad de la hija de Emilio y no de la mujer de éste, al tiempo que señala que las especiales circunstancias concurrentes hacen que las desavenencias derivadas de esta contratación deban resolverse la jurisdicción civil, y sean no constitutivas del delito de estafa y de falsedad por el que han sido condenados. Consecuentemente, plantea ante esta Sala lo que ya fue objeto del juicio oral, la tipicidad del hecho desde un cuestionamiento de la eficacia del testamento del jugador y la eficacia jurídica de un escrito de renuncia a la herencia destinado a satisfacer las exigencias en la contratación expresadas por la entidad compradora del legado que quiso con ese documento, asegurar su posición en la negociación.

Argumenta, como fundamento de la impugnación, que en el testamento de Emilio se disponía como heredera universal a su hija Salvadora, concretamente, de todos los bienes mobiliarios existentes al momento de su fallecimiento, añadiendo en esa disposición testamentaria que su esposa tenía derecho a regalar uno o varios objetos que considere merecedor de ello. Igualmente, para cubrir sus necesidades personales tendrá derecho a venderlo o venderlos y de las cantidades recibidas de estas ventas podrá disponer libremente. Añade, que esa disposición testamentaria tenía por fundamento que el legado que se vendió fue porque la hija no podía desplazarse a Hungría para firmar las consecuencias fiscales de la venta y se optó que lo hiciera la mujer, aunque el dinero de la venta correspondería a su hija. En su segundo argumento, refiere que el documento por el cual la hija renuncia a los bienes que integran el legado es nulo, pues, al tratarse de un documento de renuncia hereditaria no es válido porque no se realizó en escritura pública, conforme dispone el artículo 1280 del Código Civil. Como tercer argumento señala que el importe de la venta del legado se depositó en una cuenta abierta en España y no en Hungría donde residía la mujer de Emilio, lo que justifica que el dinero pertenecía efectivamente a la hija del futbolista, ya que la mujer solo vino a España cuando falleció la hija. Un último argumento va referido a la consideración de la denuncia inicial que se formula por delito de apropiación indebida, lo que, a juicio del recurrente, comporta la consideración de un administrador que maneja fondos ajenos que incorpora su patrimonio, y no por delito de estafa por el que ha sido condenado. La propia querella lo es por delito de apropiación indebida, no por delito de estafa. Añade otras consideraciones sobre los poderes entregados al acusado por parte de su mujer, las cantidades económicas entregadas por ésta al acusado, de lo que pretende deducir que el acusado tenía poderes de representación que le habían sido conferidos por su mujer, que la cuenta donde se depositaron el importe de la venta del legado se realizó en España donde residía la hija a la cual representaba el acusado.

El motivo se desestima. De acuerdo a una reiterada jurisprudencia de esta Sala el contenido del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a esta Sala de revisión comprobar la licitud y la regularidad de la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral en condiciones que permitan su valoración por la concurrencia de los requisitos de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Actividad probatoria que debe ser puesta de manifiesto en la motivación de la sentencia, permitiendo descubrir el razonamiento lógico que lleva al Tribunal de instancia a afirmar un hecho probado, que debe tener el sentido preciso de cargo sobre los hechos de la acusación, desvaneciendo la presunción de inocencia que acompaña al acusado hasta el enjuiciamiento, quien se beneficia del principio in dubio pro reo en cuya virtud, la expresión de una duda, o la existencia de una duda razonable le favorece, afirmando la presunción de inocencia que no ha sido desvirtuada por la precisa y suficiente actividad probatoria.

La fundamentación de la sentencia es clara en la expresión de la actividad probatoria desarrollada en el enjuiciamiento y su valoración. Así, el tribunal de instancia señala que no es discutida en el enjuiciamiento la existencia de los reintegros que vaciaron la cuenta donde se había depositado la venta del conocido como DIRECCION000. El punto discutible es la autorización para hacer esas disposiciones, y el tribunal las declara a partir de la mendacidad documentada sobre la cuenta que posibilitó la realización de las disposiciones. El examen de la documentación evidencia la falta de autorización de la titular de la cuenta. El recurrente, con la ayuda del otro recurrente, director de la sucursal bancaria, hizo figurar, mendazmente, en el contrato de apertura de cuenta de corriente, fechado el 5 de enero del 2011, la autorización que la titular de la cuenta en favor del acusado. Esa alteración de la verdad documentada, pues no existió esa autorización, permite la subsunción de los hechos en el delito de falsedad y, al mismo tiempo, supone la apariencia de unas facultades inexistentes de disposición sobre las que pudo realizar los actos de reintegro de la cuenta. Tiene en cuenta para esa declaración de mendacidad, el propio ejercicio de la acción penal y su ratificación, además, que la perjudicada, que solo pudo ratificar el contenido de la querella interpuesta, por su fallecimiento, no firmó nunca autorización en favor del acusado, tampoco le otorgó ningún poder que sería necesario al tratarse de persona no residente en España. El argumento referido a que tenía poderes de la hija, no cuestiona la realidad del hecho probado en la medida en que un autorizado no podría dar autorización del titular de la cuenta para la realización de reintegros. Tiene en cuenta, además, que la cuenta corriente en la que se ingresa el importe de la venta del legado se hace en la cuenta de la que era titular la mujer del futbolista, en la que no estaba autorizado el recurrente. Además, a instancia de los compradores del legado, que conocían la existencia de un testamento adjudicando los bienes muebles a la hija, exigieron una renuncia de la hija al Legado y la realidad de la titularidad y posibilidad de disposición de la mujer de quien era dueño del legado, obteniendo ese documento firmado de la hija del futbolista, lo que comportaba la disponibilidad por parte de la mujer para la venta del legado. En definitiva, el acusado con la cooperación del otro recurrente, han confeccionado un documento falso por el que se atribuyó unas facultades de disposición que no tenía, lo que le permite disponer de unos fondos que pertenecían a una tercera persona, y con los que, con la apariencia derivada de una autorización inexistente, engaña a la entidad depositaria para disponer de los fondos propiedad de la persona que interpuso la acción penal.

El tribunal razona sobre el testamento y la renuncia expresada por la hija del futbolista. Respecto del testamento el tribunal ha valorado la cláusula en la cual deja los bienes muebles además de otros bienes a su hija, Salvadora, pero faculta a la mujer para vender alguno de los bienes del legado e, igualmente, para cubrir sus necesidades personales, es decir le confería derecho a venderlo y las cantidades recibidas de estas ventas podría disponer libremente, de lo que en tribunal deduce la autorización a la mujer del fallecido para la venta de los bienes muebles en los que consistía el legado. Pero es que, además, a instancia de los compradores del legado, que interesaron, una renuncia de la hija para evitar cualquier duda sobre la venta del legado, actuación que fue objeto de testifical en el juicio y en la cual se puso de manifiesto que la hija del futbolista renunciaba a unos bienes cuya herencia había recibido con las especificaciones dispuestas por el testador. Señala el documento de renuncia de la hija, que expresa de forma clara que lo que hemos denominado, de forma general, DIRECCION000 es propiedad exclusiva de la madre añadiendo que no pretenderé ninguna reclamación referente al DIRECCION000 y renuncia posibles ulteriores reivindicaciones frente a mi madre de forma expresa e irrevocable". A partir de las anteriores argumentaciones el tribunal deduce, razonablemente, que el importe de la venta del legado pertenece a la mujer del futbolista y que fue dispuesto de forma ilícita, a partir de una mendacidad documental por el acusado con la ayuda del otro condenado, también recurrente. La pretensión del recurso es la de, obviando la mendacidad documental, que no llega a discutir, tratar de conformar una nueva valoración probatoria sobre el testamento del fallecido Emilio y la renuncia de la herencia.

Como el propio recurrente sostiene el escrito de renuncia de la hija que se presentó al Juzgado presentado no es propiamente una renuncia al caudal hereditario, que requeriría de escritura pública de acuerdo al 1280 del Código Civil, sino la documentación de una exigencia contractual para asegurar la posición de los compradores respecto de los bienes integrados en el denominado DIRECCION000 y que fue vendido por la mujer del legendario jugador e ingresado en una cuenta corriente de la que el acusado no tenía facultades de disposición.

Constatada la existencia precisa actividad probatoria el motivo se desestima.

SEGUNDO.- En el segundo de los motivos denuncia un error de derecho, que combina de su argumentación con una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones. Denuncia la inaplicación de la atenuación de dilaciones indebidas, que el Ministerio Fiscal en su impugnación apoya, e insta la reducción en un grado de la penalidad impuesta.

El motivo, que cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal, debe ser estimado. Los hechos se incoan en el año 2012, y el enjuiciamiento tiene lugar en el 2022, destacando el recurrente las dilaciones en la fase de instrucción, desde la incoación de las diligencias previas hasta su transformación en procedimiento de abreviado, en el que transcurrieron 8 años y, en la fase intermedia, hasta el señalamiento del juicio, que transcurrieron 4 años.

La circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal se caracteriza por la concurrencia de una dilación indebida, o extraordinaria, que ocurra durante la tramitación del procedimiento al producirse una dilación, demora o retraso, no atribuible al imputado, que no aparezca cubierta por la necesidad de una investigación compleja. El fundamento de la atenuación radica en la vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones y comporta un daño hacia derecho fundamental que debe ser compensado con la aplicación del atenuante, reduciendo la penalidad para integrar el sufrimiento causado por la dilación indebida en la penalidad impuesta. Para su aplicación no basta con el mero transcurso del tiempo, sino que es preciso poner de manifiesto los plazos de dilación y el carácter indebido de la misma. Así lo expresa el recurrente y el Ministerio fiscal apoya la existencia de los momentos que identifica de dilación y el carácter indebido de esa demora, unido al hecho de la edad del recurrente que propicia una reducción en un grado de la penalidad procedente

Recurso de Ángel Jesús

TERCERO.- En el primer motivo de su impugnación denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia y en el que reproduce la argumentación desarrollada por el anterior recurrente y a la que hemos dado respuesta en el primer fundamento de esta resolución. Así , en primer lugar, argumenta sobre la existencia del documento y sobre la ineficacia del escrito de renuncia de la hija de Emilio, tratando de conformar un hecho probado contrario al expuesto por el Tribunal de instancia sobre la efectiva propiedad de la hija de Emilio de los bienes consistentes en el DIRECCION000. En este mismo sentido, reacciona frente a la titularidad de la cuenta por parte de la mujer de Emilio argumentando que, en realidad era una simulación porque de acuerdo a las propias declaraciones del recurrente en el juicio oral, la apertura de la cuenta corriente se quiso hacer en favor de la mujer y de la hija de Emilio pero que fue debido a la enfermedad que padecía, razón que justifica que se pusiera únicamente a nombre de la mujer de Emilio, manifestación argumentativa que se compagina mal con la documental, y con la propia testifical que ofrecen las trabajadoras de la sucursal bancaria, que señalan que las disposiciones económicas realizadas por el otro acusado eran consecuencia de las disposiciones que hacía la autorizada en la cuenta la mujer del acusado, y lo realiza desde una revaloración de la prueba, a partir de las declaraciones oídas en el juicio de las que proporciona una capacidad probatoria distinta de las mantenida por el tribunal.

La desestimación es procedente con reiteración de cuanto se argumentó en el primer fundamento de esta sentencia.

CUARTO.- En el segundo motivo de la impugnación denuncia un error de derecho del número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al afirmar la infracción de ley y el error de derecho por condenar al recurrente como cooperador necesario en los delitos de falsedad y estafa "al faltar el requisito del dolo que consideramos inexistente". Argumenta que el dolo es un juicio de valor que puede ser impugnado por la vía del número 1º del artículo 849 LECrim y que éste requiere el conocimiento de alterar conscientemente la verdad que ataca también la confianza de la sociedad sobre la realidad documentada. A continuación, refiere que el recurrente actuó siempre en el convencimiento de que la titular de la cuenta quería realizar la autorización para la disposición del depósito bancario por parte del otro condenado.

El motivo se desestima. En primer lugar, porque aparece formalizado por el error de derecho que, como motivo por infracción de ley, parte de un absoluto respecto al hecho declarado probado, y éste refiere que el acusado cooperó con el otro recurrente para alterar un documento bancario autorizando al otro recurrente la disposición de los fondos de la perjudicada. Desde ese respeto al hecho declarado probado, la desestimación es procedente, pues del mismo resulta la afirmación fáctica referente a la tipicidad subjetiva en el delito de falsedad y de estafa. El relato fáctico refiere que en fecha no determinada pero con posterioridad al 5 de enero del 2011, fecha en la que la perjudicada contrató el depósito bancario, en connivencia con el recurrente director de la sucursal, elaboraron dos nuevos contratos de apertura de la misma cuenta a la vista y en los que, en ausencia de la titular de la cuenta y sin su consentimiento, se hizo constar en uno de ellos como autorizados al otro acusado. El hecho probado es claro en la descripción de la falsedad documental objeto de la punición y, a partir de esa mendacidad, las sucesivas disposiciones de la cuenta corriente aparentando unas capacidades de las que se carecía y son subsumibles en el delito de estafa. El dolo va referido a la voluntad, o la puesta en peligro, del bien jurídico trasgrediendo la protección que el ordenamiento presta a la documentación que salvaguarda una realidad jurídica y no guarda relación con la motivación, o pretendida justificación de una conducta que, en su caso, tendría otra subsunción jurídica ajena a la tipicidad subjetiva. La realidad acreditada no suponía una autorización para la realización de disposiciones económicas que se realizaron tras las mendacidades documentales que la posibilitaron, la creación de una autorización inexistente con la que se realizaron las disposiciones económicas.

Consecuentemente el motivo se desestima.

QUINTO.- En el tercer motivo denuncia la infracción de ley por la inaplicación al hecho probado de la atenuación de dilaciones indebidas, el que interesa la cualificación de la atenuación, instando la reducción en un grado de la penalidad procedente.

El motivo ha sido estimado la impugnación de la anterior recurrente por lo que procede reproducir la argumentación allí expuestas para la estimación de este motivo.

Recurso de la responsable civil Caixa Rural Altea Cooperativa de Crédito Valenciana

SEXTO.- Formaliza un primer motivo en el que denuncia el error de derecho que ampara en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el que cuestiona, sin designar ningún proyecto penal sustantivo u otro el mismo carácter que deba ser aplicado en la sentencia, el error de derecho que considera producido porque el fallo de la sentencia dispone que se indemnice a la herencia yacente de D.ª Mercedes, la cantidad de 997.927 euros que se corresponde con la cantidad y el destino que el Ministerio Fiscal interesó en su escrito de calificación. Entiende que la parte que actuó en el juicio como acusación particular solo tendría derecho a la tercera parte de la herencia.

El motivo se desestima. Desde la acusación pública se interesó la indemnización a la herencia yacente para qué ejecutoriada la sentencia procediera al reparto entre los herederos legales de las cantidades correspondientes a la herencia la perjudicada en el delito, D.ª Mercedes. Será en ejecución del testamento donde deben producirse las actuaciones que proceden sobre el destino del capital de la masa hereditaria.

SÉPTIMO.- En el segundo de los motivos de la impugnación denuncia al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución, argumentando que la sentencia no valora la prueba de descargo propuesta por la parte. El motivo carece de contenido casacional. La prueba propuesta por la parte que ahora recurre es básicamente la misma prueba que se propuso en el juicio oral las defensas de los acusados, como prueba de descargo, y al igual que la prueba de cargo practicada en el juicio oral, ha sido objeto de valoración por el tribunal del enjuiciamiento. En todo caso, las cantidades que se dicen dispuestas en favor de las hijas del acusado, nietas de las perjudicada, y que ascienden a un total de 141.138 euros, es una cantidad que se corresponde con las cantidades indebidamente dispuestas por el acusado y que tribunal ha dispuesto sean reintegradas a la herencia de la perjudicada. En su caso hoy podrán ser objeto de cuestionamiento en la ejecutoria correspondiente a la firmeza de la sentencia.

Recurso de la Compañía Seguros Generales Rural de Seguros Y Reaseguros

OCTAVO.- En el primero de los motivos del recurso opuesto por esta responsable civil subsidiaria cuestiona la vulneración del derecho fundamental de los condenados a la presunción de inocencia y considera que de estimarse el recurso, y absueltos los acusados penalmente, y la responsabilidad civil de la recurrente también sería objeto de absolución. Por ello, argumenta, al no reconocerse legitimación a quien ahora recurre para cuestionar la inexistencia de la actividad probatoria para condenar al director de la sucursal bancaria de la que se cuelga la responsabilidad subsidiaria de la entidad recurrente. Añade a su argumentación jurisprudencia de esta Sala admite la capacidad de la responsable civil subsidiaria para cuestionar el hecho probado, extremo sobre el que no vamos a pronunciarnos, precisamente, porque es reconocida en la jurisprudencia de esta Sala que el responsable civil subsidiario puede cuestionar el fundamento de su responsabilidad que parte de la consideración de culpable de la persona respecto a la cual se genera su responsabilidad civil.

Resuelto lo anterior, constatamos que en la causa se ha practicado actividad probatoria suficiente para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia que el tribunal ha apoyado la prueba documental lo hice y las pruebas testificales oídas en el juicio. Señala el recurrente que no se ha valorado la prueba de descargo ofrecida por la recurrente y refiere como prueba testifical no valorada las declaraciones del director general y de un subdirector general de la entidad bancaria que han narrado en el juicio que toda operativa del condenado y recurrente Ángel Jesús, fue ajustado a las normas internas de la propia caja, extremo que no dudamos en cuanto al contenido de la manifestación oída en el juicio pero que no acredita evidentemente el hecho pretendido, porque lo constatado es que en un documento de apertura de cuenta corriente en el que no figuraba el acusado cómo autorizado para realizar esta disposición se incorporó, acto que ha sido calificado de mendaz. Lo mismo cabe decir respecto a la afirmación del impugnación que refiere la errónea atribución a la denunciante de la propiedad del dinero presuntamente defraudado, afirmando que el dinero pertenecía a la hija, este enfoque ha sido objeto de una profusa actividad probatoria y el tribunal ha afirmado la realidad del perjuicio causado a partir e la autorización falsificada para actuar en esa cuenta.

NOVENO.- En el segundo motivo vuelve a incidir en la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la interdicción de la arbitrariedad al considerar que la sentencia condenatoria presenta un razonamiento arbitrario, que incurre en error patente. Entiende que el dinero procedente de la venta del DIRECCION000 pertenecía en exclusiva a la en su día denunciante, y en el que vuelve a cuestionar con la invocación del testamento y de un escrito de renuncia, la realidad del hecho probado, y todos los extremos que han sido objeto de impugnación por parte de los condenados penalmente por el hecho.

Con reproducción de cuanto se argumentó en los fundamentos primero y segundo de esta sentencia el motivo se desestima.

DÉCIMO.- En el tercer motivo vuelve a plantear la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia que se ha producido, según argumenta, por entender que no existe prueba de cargo con entidad suficiente que acredite que los fondos presuntamente defraudados eran propiedad de la en su día denunciante.

Nuevamente nos remitimos a lo anterior mente fundamentado para la desestimación de ese motivo.

DECIMOPRIMERO.- En el cuarto de los motivos incide en la vulneración de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y sostiene que no existe prueba de cargo suficiente para la afirmación del hecho probado contenido de la sentencia, al expresar un razonamiento que encierra, además, una evidente falta de motivación por resultar arbitrario.

Reproduce el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de motivación de las resoluciones judiciales y manifiesta su oposición a la declaración fáctica expresada por el tribunal en el hecho probado y en la motivación de la sentencia, en lo referente a la actuación por parte del director de la sucursal bancaria respecto a los contratos de apertura de cuenta corriente, en los que se autorizó al coacusado para disponer de los fondos de la madre de su mujer, reiterando que lo realizado por el director de la sucursal fue conocido y permitido por los responsables de la entidad bancaria. El motivo se desestima y lo hacemos con reiteración de los anteriores fundamentos en los que hemos constatado la existencia de la precisa actividad probatoria sobre la realidad del hecho declarado probado, afirmación que el Tribunal de instancia realizó desde la valoración de la prueba documental y de la prueba testifical oída en el juicio oral, de la que han resultado acreditado que con posterioridad al contrato de apertura de cuenta corriente se realizó, por los dos acusados, una modificación de ese contrato autorizando las disposiciones económicas a quien no lo había sido, por la titular de la cuenta corriente, extremo que constituye el fundamento de la realidad declarada y que habilita para la realización de las disposiciones económicas que han sido subsumidas en el delito de estafa.

DECIMOSEGUNDO.- En el último de los motivos plantea otra vulneración de derechos fundamentales, en este caso, para señalar que no se identifica la modalidad de falsedad documental que ha sido subsumida en el delito de falsedad. La lectura de la sentencia impugnada evidencia, en el fundamento de derecho primero de la sentencia, que los hechos son constitutivos el delito de falsedad en documento mercantil del número primero del artículo 392 en relación con el número 1º, apartado 3º, del artículo 390 del Código Penal, subsunción de los hechos que proporciona el conocimiento de la condena y que es la generadora de la responsabilidad civil de la compañía de seguros que aseguraba los daños producidos a la herencia, perjudicada en el hecho delictivo.

Procede, consecuentemente, la desestimación de la impugnación, a excepción de las formalizadas por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones, por lo que no procede la condena en costas de esta casación.