Sentencia Penal 546/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 8354/2022 de 12 de junio del 2025

1.- La sentencia núm. 363/2021, 27 de julio, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Barcelona, condenó al acusado Jose Antonio como autor de un delito de revelación de secretos del art. 197.3 del CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Esta sentencia fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que desestimó el recurso en la sentencia 332/2022, 15 de marzo.

Se hace valer ahora recurso de casación por la representación legal de Jose Antonio. Se formalizan dos motivos. El Ministerio Fiscal y la parte recurrida impugnan el recurso e interesan su desestimación.

2.- El primero de los motivos, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE.

A juicio de la defensa, los hechos no están suficientemente acreditados por prueba directa. No cabe construir certezas -se aduce- sobre la base de simples probabilidades. Es preciso que los indicios tengan relación directa y material con el hecho criminal y la persona a la que se atribuye. De no ser así, se vulnera el derecho constitucional que da vida al motivo.

El recurso no puede ser admitido, de conformidad con los arts. 847.1, letra b) y 889, párrafo segundo, de la LECrim, según la interpretación que de los mismos ha realizado la jurisprudencia de esa Sala en aplicación del acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 9 de junio de 2016, relativo a la unificación de criterios sobre el alcance de la reforma de la LECrim de 2015, en el ámbito del recurso de casación.

El recurso debe atenerse a las siguientes pautas: aceptación del hecho probado como premisa metodológica para el desarrollo del discurso impugnativo; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídico-penal que justifique su interés casacional. De conformidad con la jurisprudencia de esa Sala el interés casacional concurre en los supuestos siguientes: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido ( SSTS 192/2025, 3 de marzo; 222/2025, 6 de marzo; 112/2023, 20 de febrero; 553/2022, 2 de junio; 328/2021,22 de abril 210/2017, 28 de marzo; 324/2017, 8 de mayo; 327/2017, 9 de mayo; 369/2017, 22 de mayo, entre otras muchas).

Como también hemos advertido en numerosos precedentes, no basta para la viabilidad del recurso un enunciado formal del art. 849.1 de la LECrim como estrategia para camuflar alegaciones que, en realidad, están ofreciendo argumentos de disidencia respecto de la valoración de la prueba. Con este criterio no estamos aferrándonos a una interpretación hiperformalista de las vías impugnativas, sino contribuyendo -como apuntó la STS 510/2022, 25 de mayo-, a la "...sostenibilidad del sistema" que, sin duda, ha valorado el legislador de 2015, pues "...de abrirse sin limitaciones la casación a todas las causales clásicas (arts. 849 a 852), el volumen de recursos sería inasumible provocando un indeseado y grave efecto colateral: el padecimiento generalizado -¡masivo!-, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Para comprobar lo fundado de ese pronóstico basta asomarse a las estadísticas y apreciar las altísimas cifras de providencias de inadmisión (se cuentan por muchos centenares cada trimestre) de recursos intentados, pero rechazados a limine, por limitarse a quebrantamientos de forma o infracciones constitucionales (principio acusatorio, presunción de inocencia...) en asuntos en que el legislador ha querido conferir la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria a las Audiencias Provinciales (sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). No estamos constitucionalmente legitimados para subvertir esa ordenación legal atribuyéndonos competencias y facultades que el legislador no ha querido conferirnos".

Para fijar los efectos de esa reforma en supuestos como el que ahora nos ocupa -recurso contra sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial- esta Sala acordó en Pleno no jurisdiccional celebrado el día 9 de junio de 2016 lo siguiente:

a) El art. 847.1º letra b) de la LECrim. debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2°, 850, 851 y 852.

b) Los recursos articulados por el art. 849.1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

c) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 Lecrim) .

d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido".

Son muchas las resoluciones que han aplicado estos criterios. Las SSTS 41/2025, 23 de enero; 112/2023, 20 de febrero; 553/2022, 2 de junio; 328/2021,22 de abril; 284/2021, 30 de marzo; 377/2020, 18 de junio; 357/2020, 30 de junio; 392/2017, 31 de mayo; 664/2018, 17 de diciembre; 519/2019, 29 de octubre; 217/2019, 25 de abril; 748/2018, 14 de febrero y los AATS 12 marzo 2018; 18 julio 2018 y 1693/2016, 24 de noviembre, son sólo elocuentes ejemplos).

Por consiguiente, todas las alegaciones formuladas en reivindicación de la inocencia de Jose Antonio no pueden ser atendidas. Lo impide la singular configuración del recurso de casación promovido frente a sentencias dictadas en apelación por las Audiencia Provinciales.

3.- Igual suerte desestimatoria espera al segundo de los motivos, ahora formalizado por la correcta vía que autoriza el art. 849.1 de la LECrim, pero que se suscita como una cuestión nueva que no fue planteada en la impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal ante la Audiencia Provincial.

3.1.- Una inquebrantable línea jurisprudencial viene reiterando que está vetado suscitar en casación una cuestión nueva que no fue planteada ni en la instancia ni en la apelación: "...no es ello posible. Lo impide la naturaleza revisora del recurso de casación. Lo que se recurre es la sentencia de apelación. No pueden traerse a casación cuestiones que no han sido objeto de debate en apelación. No podemos revisar la decisión de la Audiencia sobre ese punto, sencillamente porque no se ha adoptado ninguna decisión al respecto en cuanto el tema no le fue planteado". En idéntico sentido la STS que determina que "en el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo" (cfr. SSTS 64/2024, 24 de enero; 746/2023, 5 de octubre; 67/2020 24 de febrero 684/2021, 15 de septiembre; 547/2020, 26 de octubre 781/2017, 30 de noviembre; 451/2019, 3 de octubre; 495/2019, 17 de octubre, entre otras muchas).

Idéntico mensaje se transmite en la STS 438/2022, 4 de mayo, según la cual "...el recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente (dejando al margen casos excepcionales -v.gr. aforados-) contra sentencias dictadas en apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia, pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. El resto de los asuntos decididos y no cuestionados ni impugnados han de considerarse consentidos ('tantum devolutum quantum apellatum'). En definitiva, si lo que se puede recurrir en casación es la sentencia de apelación no podrán introducirse 'per saltum' lo que no fue objeto de examen por el Tribunal de apelación".

3.2.- La defensa hace valer su discrepancia con la calificación jurídica de los hechos. Sin embargo, esa misma tipicidad fue aceptada en el recurso de apelación promovido contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal y se promueve ahora de forma sorpresiva. El Fiscal del Tribunal Supremo y la acusación particular ya advierten en sus respectivos escritos de impugnación de esta circunstancia.

Así las cosas, basta una lectura del juicio histórico para concluir el acierto en la subsunción. El acusado, con la intención de vulnerar la intimidad de su expareja, médico de profesión especialista en obstetricia y ginecología, accedió al ordenador de Vicenta, protegido con las correspondientes contraseñas, con el fin de hacerse con el listado de pacientes que aquélla custodiaba en una base de datos. También se apoderó de una liquidación de condena que constaba en la ejecutoria núm. 379/04 del Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona y que Vicenta guardaba en una carpeta que contenía en documentación judicial privada. Una vez obtenidos estos datos escribió cartas a los pacientes haciéndole constar la falta de titulación de su antigua esposa y la existencia de una condena por haber provocado la muerte de una paciente a la que había practicado un aborto.

Los hechos han sido correctamente calificados conforme al art. 197.3 del CP.

Procede la desestimación del recurso ( art. 884.4 de la LECrim).

4.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

1.- La sentencia núm. 363/2021, 27 de julio, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Barcelona, condenó al acusado Jose Antonio como autor de un delito de revelación de secretos del art. 197.3 del CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Esta sentencia fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que desestimó el recurso en la sentencia 332/2022, 15 de marzo.

Se hace valer ahora recurso de casación por la representación legal de Jose Antonio. Se formalizan dos motivos. El Ministerio Fiscal y la parte recurrida impugnan el recurso e interesan su desestimación.

2.- El primero de los motivos, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE.

A juicio de la defensa, los hechos no están suficientemente acreditados por prueba directa. No cabe construir certezas -se aduce- sobre la base de simples probabilidades. Es preciso que los indicios tengan relación directa y material con el hecho criminal y la persona a la que se atribuye. De no ser así, se vulnera el derecho constitucional que da vida al motivo.

El recurso no puede ser admitido, de conformidad con los arts. 847.1, letra b) y 889, párrafo segundo, de la LECrim, según la interpretación que de los mismos ha realizado la jurisprudencia de esa Sala en aplicación del acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 9 de junio de 2016, relativo a la unificación de criterios sobre el alcance de la reforma de la LECrim de 2015, en el ámbito del recurso de casación.

El recurso debe atenerse a las siguientes pautas: aceptación del hecho probado como premisa metodológica para el desarrollo del discurso impugnativo; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídico-penal que justifique su interés casacional. De conformidad con la jurisprudencia de esa Sala el interés casacional concurre en los supuestos siguientes: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido ( SSTS 192/2025, 3 de marzo; 222/2025, 6 de marzo; 112/2023, 20 de febrero; 553/2022, 2 de junio; 328/2021,22 de abril 210/2017, 28 de marzo; 324/2017, 8 de mayo; 327/2017, 9 de mayo; 369/2017, 22 de mayo, entre otras muchas).

Como también hemos advertido en numerosos precedentes, no basta para la viabilidad del recurso un enunciado formal del art. 849.1 de la LECrim como estrategia para camuflar alegaciones que, en realidad, están ofreciendo argumentos de disidencia respecto de la valoración de la prueba. Con este criterio no estamos aferrándonos a una interpretación hiperformalista de las vías impugnativas, sino contribuyendo -como apuntó la STS 510/2022, 25 de mayo-, a la "...sostenibilidad del sistema" que, sin duda, ha valorado el legislador de 2015, pues "...de abrirse sin limitaciones la casación a todas las causales clásicas (arts. 849 a 852), el volumen de recursos sería inasumible provocando un indeseado y grave efecto colateral: el padecimiento generalizado -¡masivo!-, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Para comprobar lo fundado de ese pronóstico basta asomarse a las estadísticas y apreciar las altísimas cifras de providencias de inadmisión (se cuentan por muchos centenares cada trimestre) de recursos intentados, pero rechazados a limine, por limitarse a quebrantamientos de forma o infracciones constitucionales (principio acusatorio, presunción de inocencia...) en asuntos en que el legislador ha querido conferir la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria a las Audiencias Provinciales (sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). No estamos constitucionalmente legitimados para subvertir esa ordenación legal atribuyéndonos competencias y facultades que el legislador no ha querido conferirnos".

Para fijar los efectos de esa reforma en supuestos como el que ahora nos ocupa -recurso contra sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial- esta Sala acordó en Pleno no jurisdiccional celebrado el día 9 de junio de 2016 lo siguiente:

a) El art. 847.1º letra b) de la LECrim. debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2°, 850, 851 y 852.

b) Los recursos articulados por el art. 849.1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

c) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 Lecrim) .

d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido".

Son muchas las resoluciones que han aplicado estos criterios. Las SSTS 41/2025, 23 de enero; 112/2023, 20 de febrero; 553/2022, 2 de junio; 328/2021,22 de abril; 284/2021, 30 de marzo; 377/2020, 18 de junio; 357/2020, 30 de junio; 392/2017, 31 de mayo; 664/2018, 17 de diciembre; 519/2019, 29 de octubre; 217/2019, 25 de abril; 748/2018, 14 de febrero y los AATS 12 marzo 2018; 18 julio 2018 y 1693/2016, 24 de noviembre, son sólo elocuentes ejemplos).

Por consiguiente, todas las alegaciones formuladas en reivindicación de la inocencia de Jose Antonio no pueden ser atendidas. Lo impide la singular configuración del recurso de casación promovido frente a sentencias dictadas en apelación por las Audiencia Provinciales.

3.- Igual suerte desestimatoria espera al segundo de los motivos, ahora formalizado por la correcta vía que autoriza el art. 849.1 de la LECrim, pero que se suscita como una cuestión nueva que no fue planteada en la impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal ante la Audiencia Provincial.

3.1.- Una inquebrantable línea jurisprudencial viene reiterando que está vetado suscitar en casación una cuestión nueva que no fue planteada ni en la instancia ni en la apelación: "...no es ello posible. Lo impide la naturaleza revisora del recurso de casación. Lo que se recurre es la sentencia de apelación. No pueden traerse a casación cuestiones que no han sido objeto de debate en apelación. No podemos revisar la decisión de la Audiencia sobre ese punto, sencillamente porque no se ha adoptado ninguna decisión al respecto en cuanto el tema no le fue planteado". En idéntico sentido la STS que determina que "en el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo" (cfr. SSTS 64/2024, 24 de enero; 746/2023, 5 de octubre; 67/2020 24 de febrero 684/2021, 15 de septiembre; 547/2020, 26 de octubre 781/2017, 30 de noviembre; 451/2019, 3 de octubre; 495/2019, 17 de octubre, entre otras muchas).

Idéntico mensaje se transmite en la STS 438/2022, 4 de mayo, según la cual "...el recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente (dejando al margen casos excepcionales -v.gr. aforados-) contra sentencias dictadas en apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia, pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. El resto de los asuntos decididos y no cuestionados ni impugnados han de considerarse consentidos ('tantum devolutum quantum apellatum'). En definitiva, si lo que se puede recurrir en casación es la sentencia de apelación no podrán introducirse 'per saltum' lo que no fue objeto de examen por el Tribunal de apelación".

3.2.- La defensa hace valer su discrepancia con la calificación jurídica de los hechos. Sin embargo, esa misma tipicidad fue aceptada en el recurso de apelación promovido contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal y se promueve ahora de forma sorpresiva. El Fiscal del Tribunal Supremo y la acusación particular ya advierten en sus respectivos escritos de impugnación de esta circunstancia.

Así las cosas, basta una lectura del juicio histórico para concluir el acierto en la subsunción. El acusado, con la intención de vulnerar la intimidad de su expareja, médico de profesión especialista en obstetricia y ginecología, accedió al ordenador de Vicenta, protegido con las correspondientes contraseñas, con el fin de hacerse con el listado de pacientes que aquélla custodiaba en una base de datos. También se apoderó de una liquidación de condena que constaba en la ejecutoria núm. 379/04 del Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona y que Vicenta guardaba en una carpeta que contenía en documentación judicial privada. Una vez obtenidos estos datos escribió cartas a los pacientes haciéndole constar la falta de titulación de su antigua esposa y la existencia de una condena por haber provocado la muerte de una paciente a la que había practicado un aborto.

Los hechos han sido correctamente calificados conforme al art. 197.3 del CP.

Procede la desestimación del recurso ( art. 884.4 de la LECrim).

4.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

1.- La sentencia núm. 363/2021, 27 de julio, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Barcelona, condenó al acusado Jose Antonio como autor de un delito de revelación de secretos del art. 197.3 del CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Esta sentencia fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que desestimó el recurso en la sentencia 332/2022, 15 de marzo.

Se hace valer ahora recurso de casación por la representación legal de Jose Antonio. Se formalizan dos motivos. El Ministerio Fiscal y la parte recurrida impugnan el recurso e interesan su desestimación.

2.- El primero de los motivos, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE.

A juicio de la defensa, los hechos no están suficientemente acreditados por prueba directa. No cabe construir certezas -se aduce- sobre la base de simples probabilidades. Es preciso que los indicios tengan relación directa y material con el hecho criminal y la persona a la que se atribuye. De no ser así, se vulnera el derecho constitucional que da vida al motivo.

El recurso no puede ser admitido, de conformidad con los arts. 847.1, letra b) y 889, párrafo segundo, de la LECrim, según la interpretación que de los mismos ha realizado la jurisprudencia de esa Sala en aplicación del acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 9 de junio de 2016, relativo a la unificación de criterios sobre el alcance de la reforma de la LECrim de 2015, en el ámbito del recurso de casación.

El recurso debe atenerse a las siguientes pautas: aceptación del hecho probado como premisa metodológica para el desarrollo del discurso impugnativo; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídico-penal que justifique su interés casacional. De conformidad con la jurisprudencia de esa Sala el interés casacional concurre en los supuestos siguientes: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido ( SSTS 192/2025, 3 de marzo; 222/2025, 6 de marzo; 112/2023, 20 de febrero; 553/2022, 2 de junio; 328/2021,22 de abril 210/2017, 28 de marzo; 324/2017, 8 de mayo; 327/2017, 9 de mayo; 369/2017, 22 de mayo, entre otras muchas).

Como también hemos advertido en numerosos precedentes, no basta para la viabilidad del recurso un enunciado formal del art. 849.1 de la LECrim como estrategia para camuflar alegaciones que, en realidad, están ofreciendo argumentos de disidencia respecto de la valoración de la prueba. Con este criterio no estamos aferrándonos a una interpretación hiperformalista de las vías impugnativas, sino contribuyendo -como apuntó la STS 510/2022, 25 de mayo-, a la "...sostenibilidad del sistema" que, sin duda, ha valorado el legislador de 2015, pues "...de abrirse sin limitaciones la casación a todas las causales clásicas (arts. 849 a 852), el volumen de recursos sería inasumible provocando un indeseado y grave efecto colateral: el padecimiento generalizado -¡masivo!-, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Para comprobar lo fundado de ese pronóstico basta asomarse a las estadísticas y apreciar las altísimas cifras de providencias de inadmisión (se cuentan por muchos centenares cada trimestre) de recursos intentados, pero rechazados a limine, por limitarse a quebrantamientos de forma o infracciones constitucionales (principio acusatorio, presunción de inocencia...) en asuntos en que el legislador ha querido conferir la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria a las Audiencias Provinciales (sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). No estamos constitucionalmente legitimados para subvertir esa ordenación legal atribuyéndonos competencias y facultades que el legislador no ha querido conferirnos".

Para fijar los efectos de esa reforma en supuestos como el que ahora nos ocupa -recurso contra sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial- esta Sala acordó en Pleno no jurisdiccional celebrado el día 9 de junio de 2016 lo siguiente:

a) El art. 847.1º letra b) de la LECrim. debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2°, 850, 851 y 852.

b) Los recursos articulados por el art. 849.1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

c) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 Lecrim) .

d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido".

Son muchas las resoluciones que han aplicado estos criterios. Las SSTS 41/2025, 23 de enero; 112/2023, 20 de febrero; 553/2022, 2 de junio; 328/2021,22 de abril; 284/2021, 30 de marzo; 377/2020, 18 de junio; 357/2020, 30 de junio; 392/2017, 31 de mayo; 664/2018, 17 de diciembre; 519/2019, 29 de octubre; 217/2019, 25 de abril; 748/2018, 14 de febrero y los AATS 12 marzo 2018; 18 julio 2018 y 1693/2016, 24 de noviembre, son sólo elocuentes ejemplos).

Por consiguiente, todas las alegaciones formuladas en reivindicación de la inocencia de Jose Antonio no pueden ser atendidas. Lo impide la singular configuración del recurso de casación promovido frente a sentencias dictadas en apelación por las Audiencia Provinciales.

3.- Igual suerte desestimatoria espera al segundo de los motivos, ahora formalizado por la correcta vía que autoriza el art. 849.1 de la LECrim, pero que se suscita como una cuestión nueva que no fue planteada en la impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal ante la Audiencia Provincial.

3.1.- Una inquebrantable línea jurisprudencial viene reiterando que está vetado suscitar en casación una cuestión nueva que no fue planteada ni en la instancia ni en la apelación: "...no es ello posible. Lo impide la naturaleza revisora del recurso de casación. Lo que se recurre es la sentencia de apelación. No pueden traerse a casación cuestiones que no han sido objeto de debate en apelación. No podemos revisar la decisión de la Audiencia sobre ese punto, sencillamente porque no se ha adoptado ninguna decisión al respecto en cuanto el tema no le fue planteado". En idéntico sentido la STS que determina que "en el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo" (cfr. SSTS 64/2024, 24 de enero; 746/2023, 5 de octubre; 67/2020 24 de febrero 684/2021, 15 de septiembre; 547/2020, 26 de octubre 781/2017, 30 de noviembre; 451/2019, 3 de octubre; 495/2019, 17 de octubre, entre otras muchas).

Idéntico mensaje se transmite en la STS 438/2022, 4 de mayo, según la cual "...el recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente (dejando al margen casos excepcionales -v.gr. aforados-) contra sentencias dictadas en apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia, pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. El resto de los asuntos decididos y no cuestionados ni impugnados han de considerarse consentidos ('tantum devolutum quantum apellatum'). En definitiva, si lo que se puede recurrir en casación es la sentencia de apelación no podrán introducirse 'per saltum' lo que no fue objeto de examen por el Tribunal de apelación".

3.2.- La defensa hace valer su discrepancia con la calificación jurídica de los hechos. Sin embargo, esa misma tipicidad fue aceptada en el recurso de apelación promovido contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal y se promueve ahora de forma sorpresiva. El Fiscal del Tribunal Supremo y la acusación particular ya advierten en sus respectivos escritos de impugnación de esta circunstancia.

Así las cosas, basta una lectura del juicio histórico para concluir el acierto en la subsunción. El acusado, con la intención de vulnerar la intimidad de su expareja, médico de profesión especialista en obstetricia y ginecología, accedió al ordenador de Vicenta, protegido con las correspondientes contraseñas, con el fin de hacerse con el listado de pacientes que aquélla custodiaba en una base de datos. También se apoderó de una liquidación de condena que constaba en la ejecutoria núm. 379/04 del Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona y que Vicenta guardaba en una carpeta que contenía en documentación judicial privada. Una vez obtenidos estos datos escribió cartas a los pacientes haciéndole constar la falta de titulación de su antigua esposa y la existencia de una condena por haber provocado la muerte de una paciente a la que había practicado un aborto.

Los hechos han sido correctamente calificados conforme al art. 197.3 del CP.

Procede la desestimación del recurso ( art. 884.4 de la LECrim).

4.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.