Sentencia Penal 124/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4562/2022 de 13 de febrero del 2025

UNICO MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 852 LECRIM , POR LESIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: LESIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1. El motivo denuncia, al tiempo, ausencia de motivación de la sentencia recurrida e insuficiencia probatoria para fundar la condena. En su desarrollo argumental, el recurrente sostiene que los datos de prueba utilizados por el tribunal de instancia para sustentar la condena que valida el Tribunal Superior resultan inconsistentes. A su parecer, se hipertrofia de manera no justificada el valor reconstructivo del relato de la afirmada víctima sin analizar los evidentes trazos de impersistencia narrativa, implausibilidad objetiva y los déficits de credibilidad subjetiva que concurren dada su discapacidad psíquica que puede estimular tendencias fantasiosas (sic). Además, se prescinde sin justificación de informaciones probatorias aportadas por testigos propuestos por la defensa aduciendo la cercanía personal con el recurrente y, sin embargo, se aprovecha la información de testigos que, como la madre de la menor, tienen una vinculación con la menor mucho más intensa.

Las evidentes inconsistencias probatorias reveladas junto a la firme y constante negación de los hechos por parte del recurrente deben conducir, se concluye, a su absolución en esta instancia casacional.

2.- El motivo nos impone, en atención al alcance pretendido, diferentes planos de control que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas hasta la consistencia de los razonamientos probatorios empleados por el tribunal de apelación.

Si bien, debemos precisar que esta función de control y de verificación no podemos abordarla como órgano de segunda instancia. En el caso, el derecho al recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la interposición de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

De tal modo, cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, el espacio del control casacional se reconfigura y se estrecha notablemente. Este debe contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Siendo este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo.

La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia muy limitada de revisión que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial del derecho a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla en los supuestos de sentencias condenatorias, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior -vid. SSTC 184/2013, 72/2024, 80/2024-.

El control casacional en esta instancia es, por ello, más "normativo" que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

3. Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, tanto por la información probatoria disponible como por el método valorativo empleado y los criterios de valoración utilizados por el tribunal de apelación descartamos cualquier atisbo de lesión del derecho a la presunción de inocencia del recurrente.

En efecto, el Tribunal Superior, dando cumplida respuesta al efecto plenamente devolutivo transferido por la apelación, analizó, con rigor, todas las informaciones probatorias disponibles, sin eludir en momento alguno las dificultades valorativas que ofrecía el testimonio de la víctima, Carlota, atendida su discapacidad intelectual, llegando a la conclusión, más allá de toda duda razonable, de que el hoy recurrente la cosificó sexualmente en los términos declarados probados en la primera instancia.

Al hilo de dicho factor de discapacidad, y como nos recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de 1950, por la vía de los derechos a la vida (artículo 2), a no sufrir trato inhumano y degradante (artículo 3) y a la vida privada y familiar (artículo 8), impone a los Estados específicas y muy exigibles obligaciones positivas que garanticen una respuesta judicial adecuada a las denuncias de violencia o abuso sexual sobre personas con discapacidad intelectual. Precisamente, por las dificultades que pueden concurrir tanto para su formulación como para evaluar la información aportada por las víctimas.

Entre las obligaciones exigibles identificadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cabe destacar las siguientes: primera, adoptar una metodología sensible para el análisis del contexto de producción y, sobre todo, las condiciones consensuales o no de la relación; segunda, desarrollar un particular esfuerzo acreditativo, procurando verificar todas las circunstancias periféricas o circundantes que permitan obtener los mejores y mayores datos para calibrar la credibilidad de la víctima y la fiabilidad de la información que facilite -por ejemplo, interrogando a personas conocidas de la víctima y del presunto autor, como amigos, vecinos, maestros y otras personas que puedan aclarar la confiabilidad de sus declaraciones, así como buscar la opinión de un psicólogo especialista-; tercera, indagar si existía alguna razón para que la víctima hiciera acusaciones falsas contra el presunto autor; cuarta, aplicar estándares de especial celeridad en la obtención de la información, no solo para evitar su pérdida sino también para que la excesiva duración del proceso no se convierta en un factor de grave afectación psico-emocional para este tipo de víctimas especialmente vulnerables; quinta, adoptar durante el curso del proceso mecanismos efectivos de protección que reduzcan los efectos victimizadores y, en su caso, neutralicen en lo posible los riesgos de revictimización aun partiendo, como no podría ser de otra manera, de un pronóstico inicial de victimización presunta; sexta, valorar con particular diligencia la información sobre la vulnerabilidad de las víctimas -edad, desarrollo mental y físico, contexto social y personal, circunstancias de producción del hecho- y su posible proyección sobre, en su caso, la validez del consentimiento para los actos sexuales a la luz de su capacidad intelectual -vid. SSTEDH, caso M. C. c. Bulgaria, de 4 de diciembre de 2003; caso I.G. . c. Moldavia, de 15 de mayo de 2012; caso G.U c. Turquía, de 18 de octubre de 2016-.

Como se precisa en la STEDH, caso E. B. c. Rumanía de 19 de marzo de 2019, " el hecho de no investigar adecuadamente o proporcionar una respuesta judicial adecuada a las denuncias de abuso sexual contra menores u otras personas vulnerables, como las personas con discapacidades intelectuales, produce impunidad que puede estar violando las obligaciones positivas del Estado derivadas del artículo 3 del Convenio (...)".

4. En el caso, la testigo principal tiene un DIRECCION003, además de espina bífida, pies deformes, articulaciones laxas que le provocan notables dificultades de ambulación. Pero el tribunal de instancia descartó que tales circunstancias psico-físicas afectaran a su capacidad de narrar con la necesaria precisión y coherencia lo acontecido. La menor identificó el contexto de producción y detalló cómo el recurrente la besó en la boca, cogiéndola por el mentón, después de preguntarle si estaba su madre en casa y si tenía novio.

Es cierto, como se apunta en el recurso, que entre el relato plenario y el sumarial hubo una variación sobre el número de besos propinados por el ahora recurrente. Sin embargo, como destacó la Audiencia Provincial, dicha variación no convierte a la información aportada en objetiva o subjetivamente implausible o inconsistente pues no afecta a la coherencia del relato nuclear.

Con relación al argumento defensivo relativo a que la DIRECCION002 de la menor compromete la atendibilidad de lo relatado, debe insistirse en que aquella no es un factor que, por sí, obligue a descartarla. Desde la psicología del testimonio se ha insistido en que los testigos con discapacidad intelectual moderada -en el caso, se declara probado que el retraso mental era leve-, pueden aportar testimonios adecuados si bien, con carácter general, será precisa una evaluación especifica de la competencia. Sin embargo, en el caso, por las nucleares -y singulares- circunstancias tempoespaciales de producción y la inmediata intervención de terceros a los que la menor trasladó lo acontecido, no se ha identificado que concurra en esta ningún factor de distorsión cognitiva que haga dudar de la veracidad de su relato.

Además, dicha inmediatez entre el hecho y su revelación a terceros, excluye todo riesgo de reelaboración, de influencia de terceros o de la irrupción de falsos recuerdos en el relato de la niña.

5. Relato que ha contado con un significativo nivel de corrobación. De la mano, fundamentalmente, de los testimonios plenarios de la Sra. Noelia, madre de la menor, y de los agentes de policía que acudieron pocos minutos después al lugar de los hechos.

El valor corroborativo de dichos testimonios en este caso no proviene de referir lo que la menor les contó sobre lo acontecido instantes antes en la escalera del inmueble -que el hoy recurrente le había dado un beso en los labios cogiéndola por el mentón-, sino de que tanto su madre, la Sra. Noelia, como los dos agentes del Cos de Mossos d'Esquadra coincidieron al indicar que la niña, cuando lo hizo, se encontraba en un estado de particular agitación emocional y nerviosismo. Reacción del todo compatible con unos hechos como los relatados, acaecidos, insistimos, instantes antes.

A ello hemos de sumar, la también plenamente acreditada presencia del recurrente en el lugar y en el momento precisado por la menor Carlota en su declaración, lo que le dota de plausibilidad objetiva. Y la ausencia de toda circunstancia que pueda sugerir un previo conflicto entre el recurrente y la menor o su familia y, por tanto, la concurrencia de causa espuria en el testimonio.

6. La fiabilidad que ofrece, en este caso, el testimonio directo de la menor no se ve empañada por el testimonio del Sr. Matías, hijo de la pareja del recurrente. Es cierto que este manifestó haber escuchado solo al Sr. Arturo preguntar a la niña si estaba su padre y la respuesta de la niña indicándole que sí. Pero la sala de instancia descarta otorgarle especial valor probatorio porque sin perjuicio de la relación afectiva con el recurrente, la información aportada por el testigo resultó vaga y selectiva, manifestando, por ejemplo, no haber escuchado que el Sr. Arturo preguntara a la niña por su madre cuando el propio recurrente lo admitió.

7. Así mismo, la sentencia recurrida identifica prueba suficiente de que el hoy recurrente abarcara la especial vulnerabilidad de Carlota. Además del DIRECCION003, esta presentaba evidentes y graves dificultades ambulatorias, apreciables para cualquiera, que le impedían, en todo caso, activar la más mínima estrategia de autoprotección o huida. Factor de significativa vulnerabilidad que justifica, precisamente, el mayor reproche de la conducta.

8. El saldo acreditativo de la hipótesis acusatoria que arroja el conjunto de los medios de prueba practicados es manifiestamente positivo y permite sostener, más allá de toda duda razonable, la conclusión fáctica a la que llegó el tribunal de instancia y validó el tribunal de apelación: que el hoy recurrente agredió sexualmente a la menor en los términos y con las consecuencias que se precisan.

En un supuesto tan delicado como el que nos ocupa, el valor, la solidez, de la convicción del Tribunal depende, en buena medida, no de la hipertrófica asignación de valor reconstructivo a un medio probatorio concreto sino a la construcción de un discurso racional conformado por todos los medios de prueba. La fuerza acreditativa se anuda a la compatibilidad de los diferentes resultados, de su encaje, del valor añadido que respecto a cada uno de los medios producidos se desprende de la práctica de los otros medios de prueba. Y, en el caso, ese resultado acreditativo se ha alcanzado.

No hay lesión del derecho a la presunción de inocencia del recurrente.

INCIDENTE SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE

9. La entrada en vigor de la L.O 10/22, pendiente el recurso de casación, obliga a valorar si su aplicación, al caso, resulta más favorable. Pues bien, identificada la continuidad de ilícitos y los respectivos marcos de penas entre la ley derogada, vigente al tiempo de los hechos, y la ley intermedia esta no resulta más favorable. Si bien la pena mínima de prisión imponible sería la misma que la impuesta -cuatro años-, sin embargo, la aplicación de la ley intermedia arrastraría la imposición de penas de inhabilitación no previstas en la ley derogada con un neto e injustificado aumento de la aflictividad.

CLÁUSULA DE NOTIFICACIÓN

10. Tal como disponen los artículos 109 LECrim y 4 de la Directiva 2012/29 del Parlamento europeo y del Consejo sobre normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, la presente sentencia deberá ponerse en conocimiento personal de la Sra. Noelia y de su hija Carlota, con la asistencia, para esta última, de la persona de apoyo que se considere necesaria, de conformidad a lo previsto en el artículo 109 LECrim.

CLÁUSULA DE REDACCIÓN DE LA SENTENCIA A FORMATO DE LECTURA FÁCIL

11. Atendida la discapacidad intelectual que presenta Carlota procede, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y artículos 7 bis LEC y 109 LECrim, que, como ajuste razonable del procedimiento, la presente sentencia se redacte en formato de "lectura fácil". Y ello para posibilitar que su contenido pueda ser comprendido por su destinataria, garantizando de esta manera mejor el efectivo ejercicio de sus derechos en el proceso.