Sentencia Penal 428/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7219/2022 de 13 de mayo del 2025

1.- La sentencia núm. 115/2022, 29 de marzo, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Tenerife, condenó al acusado como autor de un delito consumado de abusos sexuales, previsto y penado en el artículo 181.4.1 y 3 del CP, en la redacción introducida por la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a las penas de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a Felicidad en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella; y de prohibición de comunicarse con la misma por cualquier medio, incluida las informáticas o telemáticas, contacto escrito, verbal o visual, por si o por terceras personas, en ambos casos por tiempo de 6 años más que el total de la pena privativa de libertad impuesta; y a la medida de seguridad de libertad vigilada por tiempo de 6 años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad impuesta; así como a que indemnice a doña Felicidad en la cantidad de 1.045 euros a la que ascendió el tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo y en la cantidad de 10.000 euros por los daños morales sufridos, en ambos casos con los intereses legales del artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta resolución fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por las respectivas representaciones legales del condenado y la acusación particular. En la sentencia núm. 78/2022, 11 de octubre, fueron desestimados ambos recursos.

Se hace valer ahora recurso de casación por la acusación particular. El Fiscal impugna el motivo e interesa la desestimación del recurso.

2.- A juicio del Letrado de que asume la defensa de los intereses de la víctima, la indemnización fijada por la Audiencia Provincial y ratificada por el órgano de apelación no está suficientemente motivada. La acusación particular interesó una indemnización de 50.000 euros que no ha sido aceptada. Sin embargo, el informe médico forense apunta a la existencia de signos residuales y fluctuantes de sintomatología psíquica negativa, asociada a síntomas de ansiedad y estado anímico depresivo -evitación de determinados contextos, intermitencia emocional, fluctuación de pensamientos recurrentes- compatibles con los hechos denunciados y, probablemente agravadas, por las incidencias derivadas del contexto judicial.

El hecho enjuiciado -se aduce- produjo un innegable sufrimiento, un profundo sentimiento de humillación, impotencia, angustia y desconfianza por parte de Felicidad, una menor de edad con limitaciones intelectivas que se vio violada por su tío, un hombre de 61 años que la dejó embarazada y que fue causante del aborto sufrido.

Tiene razón la defensa cuando cuestiona la cantidad asociada como daño moral a la víctima a raíz de los hechos padecidos y el motivo ha de ser acogido.

2.1.- Es cierto que el control casacional de las cantidades fijadas como indemnización por daño moral está sujeto a unas pautas restrictivas impuestas por las propias dificultades para su cuantificación. A esas dificultades nos hemos referido en numerosos precedentes, de los que se hace eco la sentencia recurrida e invoca el Fiscal en su dictamen de impugnación.

Sin embargo, el limitado espacio que la jurisprudencia de esta Sala define para su fiscalización permite atender la reivindicación que hace valer la defensa de la víctima. Hemos dicho, en efecto, que el control casacional del daño moral sólo podrá operar cuando su fijación resulte manifiestamente arbitraria o desproporcionada (cfr. SSTS 938/2016, 15 de diciembre; 636/2018, 12 de diciembre; 479/2012, 13 de junio, entre otras muchas). Y también hemos apuntado que la cuantía fijada será fiscalizable cuando el criterio valorativo se apoye en datos objetivos -realidades materiales valorables- erróneamente establecidos como concurrentes o no, o que la valoración misma se sitúe fuera de los límites mínimos o máximos dentro de los cuales resulta razonable el ejercicio de la discrecionalidad prudencial del Tribunal (cfr. STS 526/2016, 16 de junio).

2.2.- En el presente caso, ni la Audiencia Provincial ni, por supuesto, el Tribunal Superior de Justicia, han incurrido en un ejercicio arbitrario de valoración en el momento de fijar la cuantía indemnizatoria. Sin embargo, la decisión de cuantificar en 10.000 euros el daño moral sufrido por Felicidad se aparta de las reglas que delimitan el ejercicio del prudente arbitrio que ha de inspirar la valoración de su importe.

No es tarea fácil traducir en términos económicos el daño moral sufrido por la víctima de un delito de agresión sexual. Su correcta cuantificación no puede obtenerse a partir de módulos objetivos con vocación de generalidad. Cada caso concreto ha de abordarse en atención a las circunstancias que lo definen. La naturaleza de las sevicias a las que es sometida la víctima, el impacto emocional que puede acarrearle, la previsible evocación de la lacerante vivencia a la que fue sometida por el agresor, la influencia que los abusos hayan tenido en el equilibrio psicosomático de la víctima y, en fin, la prolongación en el tiempo de los dañinos efectos derivados de la acción sufrida son elementos que han de ser debidamente valorados por el tribunal sentenciador.

La idea, tantas veces reiterada por nuestra jurisprudencia, de que el daño moral no tiene que estar necesariamente apoyado en el relato de hechos probados no puede interpretarse como una invitación a que el tribunal prescinda de la descripción que hace entendible el dolor inferido a la víctima. Una cosa es aclarar que el quantum de la indemnización no precisa un apoyo argumental que analice secuencialmente la conducta del agresor y el daño inferido, y otra bien distinta es dar la espalda al grado de perversión al que ha sido expuesta la víctima.

2.3.- Desde esta perspectiva, el relato de hechos probados adquiere un valor muy especial. En él se detalla que Felicidad, en el momento en que suceden los hechos, es una joven de 17 años a la que las autoridades administrativas le han reconocido una discapacidad física y sensorial del 50% y que presenta un coeficiente intelectual normal pero una inteligencia límite. El acusado, tío materno de Felicidad, se dirigió a su dormitorio, al menos en dos ocasiones, cuando ésta se encontraba acostada. Y sin que la misma accediera a ello, la desnudó, colocándose encima, y mantuvo con ella relaciones sexuales con penetración vaginal, llegando a eyacular. A raíz de este episodio, Felicidad, que nunca había vivido una experiencia sexual previa, quedó embarazada. Tuvo noticia de ello dos meses después, siendo sometida a una interrupción voluntaria del embarazo el 4 de febrero de 2020.

A consecuencia de los hechos, según informe médico, presenta afección emocional y pensamientos intrusivos.

La dificultad para valorar el impacto emocional que estos hechos han podido representar en la vida de Felicidad vuelve a hacerse presente. Sin embargo, la Sala entiende que el razonamiento de base empleado por la Audiencia Provincial para justificar la cantidad de 10.000 euros de indemnización por el daño moral es la mejor muestra de la falta de proporción entre lo que se declara probado y lo que se concede para reparar el daño ocasionado.

En el FJ 5º la Audiencia Provincial -razonamiento avalado por el órgano de apelación- justifica esa cuantía en los siguientes términos:

"...en el presente caso, la responsabilidad civil debe extenderse, además de a los gastos acreditados por el tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo, fijados en 1.045 euros (a los folios n° 51, 52, 125 y 126 obra unida la correspondiente factura), a la indemnización por el sufrimiento y los daños morales ocasionados a la víctima, la cual era todavía menor de edad en el momento de los hechos (cumplió 18 años pocos días después), siendo sometida a mantener en dos ocasiones relaciones sexuales con penetración vaginal con su tío de 61 años, quedando por ello embarazada, viéndose obligada a tomar la decisión de interrumpir su embarazo, con la lógica carga emocional y psicológica que todo ello le supuso, máxime cuando presenta una inteligencia límite o "borderline", lo que sin duda dificultaba la comprensión y asimilación de lo sucedido, debiéndose también valorar las secuelas o la sintomatología que la misma sufrió como consecuencia de los hechos declarados probados y que fueron expuestas en el informe pericial psicológico ya analizado (pensamientos intrusivos y afección emocional, llegando a experimentar la sensación de seguir embarazada tras serle practicado el aborto), sin que posteriormente se haya constatado la existencia de otro tipo de daños. Y ello por ser evidente que la acción delictiva realizada produce sobre quien recae un profundo sentimiento de humillación, impotencia, desconfianza e, incluso, pérdida de autoestima que puede acarrear problemas en un futuro. Daños morales que a nadie escapa que, al contrario de los materiales o físicos, son difíciles de constatar mediante pruebas directas. De ahí que tengan que cuantificarse desde la perspectiva de la importancia del acto y su repercusión en las circunstancias personales de la víctima, con grave dificultad para interiorizar lo sucedido y evidente perjuicio al recordarlo. Por consiguiente, desde esta órbita se considera razonable y legitima la suma de 10.000 euros, sin que se hayan aportado elementos de juicio que permitan elevar la cuantía hasta la cantidad solicitada por este concepto por la acusación particular (50.000 euros), por lo que procede condenar al procesado a que, en concepto de responsable civil, indemnice a doña Felicidad en dichas cantidades, más los intereses del artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Ese mismo razonamiento, impecablemente expuesto, justifica la insuficiencia de la cuantía concedida frente a lo reclamado por la acusación particular. De hecho, el tope ha sido fijado en atención a que no se han aportado "...elementos de juicio que permitan elevar la cuantía hasta la cantidad solicitada por la acusación particular (50.000 euros)".

Esta Sala, sin embargo, considera que no ha habido dejación probatoria por la representación legal de la víctima. Es en el hecho probado, en sí mismo considerado, en el que se contienen las claves para hacer entendible la necesidad de incrementar el importe concedido. La cuantía de 50.000 euros se considera más proporcionada a la reparación del daño moral padecido por Felicidad.

Se está en el caso, por consiguiente, de estimar el recurso con las consecuencias indemnizatorias que se derivan de nuestra segunda sentencia.

3.- Conforme al art. 901 de la LECrim, procede la declaración de oficio de las costas procesales.