Sentencia Penal 7/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2504/2023 de 14 de enero del 2026

1. Se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia número 34/2023, de 09/02/2023, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida, en la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 391/2022, de 26/11/2022 del Juzgado de lo Penal número 3 de Lleida, condenatoria del hoy recurrente por la comisión de un delito de estafa.

El recurso se articula a través de un único motivo de casación, por infracción de ley y al amparo del artículo 849.1 de la LECrim, en el que se alega que en los hechos probados de la sentencia impugnada se describe un desplazamiento patrimonial pero no que se produjera una disposición patrimonial en perjuicio propio o de tercero proveniente de un engaño previo del sujeto activo. La ausencia de descripción de ese elemento, esencial en el delito de estafa, no permite subsumir el factum en el delito tipificado en los artículos 248 y 249 del Código Penal.

2. Entre muchas otras, nuestra sentencia número 55/2018, de 31 de enero, discurre acerca de las singularidades de esta vía impugnativa, abierta por la Ley 41/2015 contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales. En ella, y también por ejemplo en la STS número 210/2017, de 28 de marzo, se explica que esta nueva modalidad de casación, en la que brilla de modo singular su tradicional función nomofiláctica, persigue homogeneizar la interpretación en todos los órganos de la jurisdicción penal de las normas penales que antes, ordinariamente, no aparecían en la agenda de este Tribunal por razón de la penalidad provocando una indeseable dispersión interpretativa. Con pretensiones más propedéuticas que afán academicista, las citadas sentencias afirman que estamos ante una modalidad impugnativa anclada no tanto en el art. 24.1 CE ( derecho a la tutela judicial efectiva) cuanto en los arts. 9.3 CE ( seguridad jurídica) y 14 CE ( igualdad).

Ciertamente, el pleno no jurisdiccional de esta Sala Segunda de 9 de junio de 2016 realizó un primer acercamiento a este recurso para establecer algunos de sus principios básicos. Solo un tipo de motivo es admisible: infracción de ley del número primero del art 849 LECrim, es decir, el estricto error iuris (debate sobre la corrección de la subsunción jurídico-penal) lo que impone la aceptación incondicionada del relato fáctico de la sentencia impugnada.

Añadía aquel acuerdo, acogiéndose a la Exposición de Motivos de la ley reformadora, que los recursos habrían de tener interés casacional para ser admitidos a trámite. Este requisito debe alejarse en su significación de la trascendencia constitucional que se maneja en materia de amparo. "Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés" (art 889 2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar naturaleza.

La función esencial de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, recordábamos también entonces, en la que actúa específicamente como el órgano superior, o más propiamente supremo, del orden jurisdiccional penal, conforme a la función que le atribuye el art. 123 CE , es la que realiza a través del cauce de la infracción de ley, corrigiendo errores de subsunción y fijando criterios interpretativos uniformes con la finalidad de garantizar la unidad del ordenamiento penal, y con ello los principios de seguridad jurídica, predictibilidad de las resoluciones judiciales e igualdad de los ciudadanos ante la ley.

3. En el caso analizado los hechos probados describen la conducta típica en los siguientes términos:

"Durante los primeros días del mes de enero de 2021 el denunciante Jose Pedro se interesó por la suscripción de un crédito exigiéndole para la aprobación del mismo que ingresara unas cantidades en concepto de gastos de gestión llegando a efectuar dos transferencias, una por importe de 230 euros y otra por 720 euros, a la cuenta corriente NUM000 titularidad del acusado Teodosio que no procedió a la restitución de las cantidades ni formalizó el crédito apoderándose de 950 euros a sabiendas del engaño".

Es doctrina reiterada de esta Sala y sobradamente conocida que el delito de estafa, tipificado en los artículos 248 y siguientes del Código Penal, lo comete quien con ánimo de lucro utiliza engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de tercero, de donde se infiere que, aparte del perjuicio patrimonial como fin, el elemento característico de este tipo de infracciones punibles es el engaño, que consiste en instigar, persuadir, convencer o mover la voluntad de otro, determinándola a tener por cierto lo que no lo es, constituyendo el núcleo fundamental de la estafa, porque se concreta en la actividad, en los hechos que el sujeto activo ejecuta conforme al plan preconcebido, falta de verdad suficiente, aparente y bastante para producir ese error, como conocimiento viciado de la realidad (entre otras, SSTS 30 Sep. 1991 y 1 Feb. 1993).

Y también es doctrina constante ( SSTS 169/2018, de 11 de abril y 495/2015, de 29 de junio, entre otras muchas) que en el relato de hechos probados de una sentencia penal deben constar todos los elementos de la conducta que son relevantes para la subsunción en un determinado tipo penal, incluidos los de carácter subjetivo. Aunque siempre de modo excepcional y nunca en perjuicio del acusado, se admite que los fundamentos jurídicos puedan contener afirmaciones fácticas que complementen el hecho probado, pero se trata de una posibilidad que encierra cierto peligro para las garantías del acusado, que tiene derecho a conocer con claridad aquello por lo que se le condena, de manera que a través de este mecanismo sólo será posible completar lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales. Si la sentencia es o pretende ser un cuerpo sistemático y armónico, decimos, su redacción deberá respetar estos presupuestos y distinguir perfectamente los diferentes planos -fáctico y jurídico- que intervienen en su composición. Los fundamentos de derecho no son el lugar adecuado para completar o integrar el hecho probado y mucho menos para ampliarlo en perjuicio del acusado.

4. No cabe duda de que los modos de redacción de un relato pueden ser diferentes y tener también distinta calidad y precisión, pero a efectos jurídico-penales tienen un contenido necesario, la descripción de la acción típica que permita su subsunción normativa en el tipo penal aplicado y en este caso tal exigencia no se ha cumplido. En el relato fáctico de la sentencia impugnada se describe la transferencia patrimonial llevada a cabo por el denunciante pero no se detalla ni precisa en qué consistió el engaño. Ciertamente el relato dice que hubo engaño pero en el factum no se describe el fraude. Se dice que el denunciante realizó dos transferencias en concepto de comisiones por la gestión de la solicitud de un crédito pero no se señala si el acusado no podía realizar esa gestión o no la realizó y solicitó el dinero de forma fraudulenta a sabiendas de que la gestión por la que se hacían las transferencias no se iba a realizar o a sabiendas de que las cantidades reclamadas no se tenían que transferir.

Por lo tanto, el relato fáctico ha omitido la descripción de un dato fundamental para la subsunción normativa de los hechos. Sin engaño no hay estafa y en este caso la ausencia de descripción del engaño conduce a considerar que la subsunción jurídica de los hechos no se ajusta a las previsiones de tipicidad del Código Penal. Por tal razón la sentencia impugnada es abiertamente contradictoria con la doctrina de esta Sala. Y, frente a lo que argumenta por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, esa contradicción justifica el interés casacional del recurso, cuya admisión a trámite ha sido correctamente acordada.

Consecuentemente, procede la estimación del recurso y la libre absolución del recurrente.

5. De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben declararse de oficio las costas procesales derivadas del recurso de casación.