Sentencia Penal 864/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3021/2022 de 14 de octubre del 2024

1. Primer motivo por infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia, al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ

1.1 En la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid se condenó al recurrente por la comisión de un delito de estafa y en la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, estimando el recurso de apelación del Ministerio Fiscal, se añadió la condena por simulación de delito. Frente a este último pronunciamiento se alza el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del condenado en el que se articulan dos motivos de impugnación.

En el primero de ellos se invoca la lesión del derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el artículo 24.2 CE, argumentando que no hay prueba bastante para su condena por delito de estafa. Se precisa que del testimonio de don Cesar se desprende que no identificó al acusado como la persona que le vendió el móvil por lo que esa venta pudo haber sido de cualquier persona y, por lo tanto, puede ser perfectamente verosímil que al acusado le sustrajeran el móvil y, por tanto, que no dispusiera fraudulentamente de la terminal móvil con la finalidad de ilícito enriquecimiento.

1.2 El motivo de casación incurre en causa de inadmisión que en este trámite se transmuta en causa de desestimación.

En efecto, tratándose de una sentencia de apelación dictada por una Audiencia Provincial sólo puede formalizarse como motivo casacional la infracción de ley del artículo 849.1 de la LECrim, entendida como infracción de precepto penal sustantivo, sin que pueda servir de justificación casacional la supuesta lesión de un derecho constitucional como el de presunción de inocencia.

La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, ha generalizado la doble instancia admitiendo recurso de casación contra las sentencias de apelación dictadas por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que antes de dicha ley no tenían acceso a la casación.

Sin embargo, en estos recursos sólo se admite un motivo de casación, por infracción de ley del artículo 849.1 LECrim, a diferencia de los recursos de casación contra sentencias dictadas en única instancia o apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que pueden formalizarse articulando todos los motivos de casación previstos en los artículos 849 a 852 de la LECrim (infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de derechos constitucionales).

En la Exposición de Motivos de la ley se explica que "para hacer posible el acceso de los nuevos delitos al recurso de casación la reforma contempla distintas medidas que actuarán como contrapesos para equilibrar el modelo y hacerlo plenamente viable. En primer lugar, se generaliza el recurso de casación por infracción de ley, si bien acotado al motivo primero del artículo 849, y reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad. En segundo lugar, se excluyen del recurso de casación las sentencias que no sean definitivas, esto es, aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las resoluciones recaídas en primera instancia, por considerarse que en estas situaciones la casación se convertiría en un trámite superfluo y dilatorio, sin que suponga sustraer la causa al conocimiento del Tribunal Supremo, toda vez que esta vía impugnativa permanecerá abierta una vez resueltas las causas de nulidad. Y, finalmente, se instituye la posibilidad de que el recurso pueda ser inadmitido a trámite mediante providencia "sucintamente motivada" por unanimidad de los componentes de la Sala cuando carezca de interés casacional, aunque exclusivamente cuando se trate de recursos interpuestos contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional".

La cita anterior tiene razón de ser porque en esta clase de recursos no sólo es necesario que el motivo de impugnación sea el previsto en el artículo 849.1 de la LECrim, sino porque el recurso tiene que tener además interés casacional

El Tribunal Supremo puede inadmitir el recurso cuando aprecie que no tiene interés casacional ( artículo 889 LECrim)

Hay interés casacional en los siguientes supuestos:

1) Si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo;

2) Si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales;

3) Si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

Para eliminar cualquier duda que pudiera existir sobre el ámbito de este recurso el Tribunal Supremo dictó un Acuerdo fechado el 9 de junio de 2016 y que se viene aplicando de forma reiterada en sucesivas sentencias, que precisa el ámbito de este recurso.

En ese Acuerdo, seguido posteriormente por numerosas sentencias, se precisa lo siguiente:

a) Estos recursos deben fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

b) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículo 884 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

d) Los recursos deben tener interés casacional, conforme a los criterios que antes hemos enumerado.

Este criterio ya ha sido concretado y expuesto en numerosas sentencias de esta Sala de la que son exponente, entre otras muchas, las SSTS 55/2018, de 31 de enero y 210/2017, de 28 de marzo. Por tanto y en la medida en que la queja casacional no se refiere a un problema de subsunción normativa sino a la supuesta lesión de un derecho constitucional, no puede ser atendida porque se excede del ámbito impugnativo previsto para esta clase de recurso.

El motivo se desestima.

2. Segundo motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , denunciando la indebida aplicación del artículo 457 CP

2.1 Se argumenta que conforme a la doctrina de esta Sala si se presenta la denuncia, sin identificar a posibles autores y está predestinada a su archivo y a no dar lugar a actuaciones judiciales tal acción no encaja en el delito tipificado en el artículo 457 CP.

2.2 El Pleno de esta Sala se ha pronunciado sobre la interpretación del tipo de simulación de delito del artículo 457 del Código Penal, en la STS 347/2020, de 25 de junio.

En la citada sentencia, ratificando una línea jurisprudencial muy sólida y dilatada en el tiempo, se ha proclamado que el tipo objetivo de la simulación de delito precisa que se produzcan "actuaciones procesales", entendiendo por tales las diligencias de investigación que acuerde el juez de instrucción para averiguar la infracción simulada ( SSTS 841/1999, de 28 de mayo) y que esta exigencia no es una condición de punibilidad sino el resultado de la acción, lo que permite la aparición de formas imperfectas de ejecución ( STS 382/2002de 6 de marzo o 967/2010). Se venían considerando que se colmaban las exigencias típicas cuando realizado el acto falsario el juzgado abría diligencias y posteriormente las archivaba por falta de autor. En el tipo subjetivo se exigía dolo que en este caso se integra por la conciencia de la falsedad de aquello que se dice y la voluntad de presentar como verdaderos hechos que no lo son ( STS 1221/2005, de 19 de octubre).

En la sentencia de Pleno se analizó si una nueva casuística derivada de la nueva redacción del artículo 284.2 de la LECrim, introducida por la Ley 41/2015, en el que se dispone que las denuncias sin autor no deben ser remitidas al Juzgado. Se planteaba si en tales supuestos la apertura de diligencias, que normalmente será por un error burocrático, puede colmar las exigencias típicas del artículo 457 CP. En la aludida resolución se argumenta lo siguiente:

"A partir de la reforma procesal de 2015 esa perturbación de la administración de justicia que parece ser el bien jurídico protegido por el art. 457 CP , queda, en principio, excluida de raíz en casos como el que contemplamos: denuncias de hechos delictivos sin asignar autoría, en tanto son diligencias condenadas a no hacer aparición en un Juzgado de instrucción y, por tanto, incapaces de provocar actuación procesal directamente vinculada al hecho falso denunciado. Y, además, y en esto incide también la Audiencia Provincial, esa perspectiva necesariamente ha de ser captada por el denunciante, sea cual sea su grado de ignorancia procesal: el precepto obliga a comunicarle que la denuncia no será remitida al Juzgado más que en algunos casos que el simulador será consciente que no sobrevendrán ordinariamente. No puede excluirse que en algunos supuestos excepcionales por circunstancias especiales pueda entenderse como resultado no descartable desde el principio que esa denuncia llegue a la oficina judicial. Esos supuestos insólitos merecerán un tratamiento diferenciado en cuanto el dolo del autor, al menos por vía eventual, admitirá ese resultado actuando con indiferencia frente a él. Pero cuando ese final de la denuncia es absolutamente imprevisible, la conducta en sí carecerá de idoneidad para lo que constituye, según la actual doctrina, el resultado prohibido núcleo de su desvalor y antijuricidad penal. En esos casos no habrá delito, así pues. Puede haberlo, en cambio, cuando se simula ser víctima de un delito real, en tanto que en ese supuesto sí se abrirá una investigación con vocación de llegar al Juzgado ( STS 17 de marzo de 1969 )".

En muchos casos, como el que aquí se enjuicia, presentada denuncia por un delito simulado sin autor, la policía incoa un atestado y, conforme a lo previsto en el artículo 284.2 LECrim, informa al ciudadano que el atestado será archivado salvo que aparezca el autor. A pesar del archivo y cuando hay posibilidades de investigación del hecho denunciado realiza diligencias de indagación que pueden llevar a la conclusión que no hubo delito y que la denuncia es un acto simulatorio. En ese caso, remite lo actuado al juzgado que, a la vista de las diligencias policiales, ya no investigará el delito inexistente sino la simulación de delito.

2.3 En este caso se denunció un hurto en la parada de Metro de la estación de Sol (Madrid) a una hora determinada, sin autor conocido y en los hechos probados de la sentencia de instancia confirmados en la de apelación, se declaró expresamente que "la denuncia presentada por el acusado Juan Alberto, quedó archivada en la Comisaría de Policía de Usera con el número NUM004".

Sin embargo, en la sentencia de apelación se modificó implícitamente el relato fáctico al afirmar que la denuncia dio lugar a actuaciones judiciales y esa es la razón por la que se estimó el recurso del Ministerio Fiscal y condenó al acusado por la comisión de un delito de simulación de delito.

En el fundamento jurídico primero de la sentencia de segundo grado se expone que " si bien el atestado inicial n° NUM004 incoado el 22 de enero de 2018 fue remitido al archivo de la Comisaría, también se decidió dar cuenta de los hechos a la Brigada Móvil del Cuerpo Nacional de Policía. Y con fecha 23 de julio de 2018 se incoaron diligencias policiales ampliatorias de las anteriores que permitieron conocer la posibilidad de una simulación delictiva por parte del acusado, dirigida la perpetración de una figura de estafa, diligencias policiales ampliatorias que si dieron lugar a una actuación judicial constituida por las Diligencias Previas 1826/218 del Juzgado de Instrucción n° 6 de Madrid, que versaron sobre la investigación de ambas figuras, simulación delictiva y estafa, sobre las que se interrogó al acusado y respecto de las que recayó el auto de transformación".

Según hemos podido comprobar del examen de las actuaciones, en el mismo atestado inicial (folios 13-14) se dio cuenta a la Brigada Móvil del Cuerpo Nacional de Policía porque, si bien no había autor conocido, se conocía el lugar y la hora del delito denunciado, lo que permitía hacer indagaciones policiales en la medida en que en las instalaciones del Metro de Madrid hay un relevante número de cámaras de seguridad que permiten comprobar en algunos casos este tipo de delitos. Y en efecto, esas indagaciones dieron resultado porque se pudo constatar que en el lugar y hora indicados en el atestado no había habido ninguna sustracción.

A la vista de todo ello el atestado ampliatorio que se remitió al Juzgado ya no tenía por objeto la investigación del hurto (que había quedado descartado) sino la simulación de delito, y también la estafa posterior a la compañía de seguros (folios 18 y 24). La investigación judicial, por tanto, ha versado exclusivamente sobre si hubo o no simulación de delito por más que al investigado se la haya preguntado también por el hurto que denunció, sobre el que dijo que fue un error, que pensó que se lo habían sustraído y que luego lo encontró.

En fin, la denuncia de hurto no dio lugar a ninguna actuación judicial por lo que no se cumplen las exigencias de tipicidad del artículo 457 CP para sancionar al recurrente por una simulación de delito, razón por la que procede la estimación del motivo, dejando sin efecto la condena por el citado tipo penal.

3. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben declararse de oficio las costas procesales derivadas del recurso de casación.