Sentencia Penal 136/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2711/2023 de 18 de febrero del 2026

ÚNICO.-La sentencia objeto del presente recurso de casación la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid que confirma la de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid y que condenó al recurrente, y otro, como responsable de un delito de apropiación indebida. En síntesis, el relato fáctico refiere que el acusado socio de un despacho y nombrado consejero delegado del mismo y responsable del departamento de procesal fue contratado para llevar la defensa de una persona imputada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Como quiera que su despacho no estuviera especializado en la jurisdicción penal propuso al cliente que asumiera su defensa un tercer letrado especialista en el ámbito penal de la jurisdicción elaborando por ello una propuesta de colaboración profesional al despacho contratado. En dicha propuesta pactaba una minuta de honorarios asumiendo la defensa penal el Letrado Sr. Jesús Manuel que ejerció de forma efectiva la defensa. El cliente tenía su vez contratada una póliza de seguros con una compañía de seguros que abarcaba la defensa penal en procedimientos como el seguido ante la Audiencia Nacional y por ello se pactó entre el acusado, hoy recurrente, y el Letrado Jesús Manuel que este último cobraría sus honorarios cuando la compañía aseguradora hubiera realizado el abono correspondiente. El 14 de agosto del 2012 se procedió por parte de la aseguradora a realizar una transferencia al despacho, sin que los acusados, actuando de mutuo acuerdo, remitieran dinero alguno al letrado que se había encargado de su defensa penal. Se afirma en el hecho probado que los acusados negaron haber recibido cantidad alguna, indicando, manifestando que seguían en negociaciones con la compañía aseguradora. En septiembre de 2013 el abogado Sr. Jesús Manuel tuvo conocimiento por vías ajenas al despacho de abogados al que pertenecían los acusados que estos habían cobrado de la compañía aseguradora los honorarios devengados por el seguro contratado. El relato refiere que no se han abonado las cantidades desarrollando el perjudicado la defensa hasta el juicio oral y que el acusado presentó concurso de acreedores sin que resulte acreditado que esa presentación del concurso tuviera como finalidad eludir el pago de la deuda, que fue declarada en diciembre de 2013.

Formaliza un único motivo en el que denuncia el error de derecho del número 1º del artículo 849 por la aplicación indebida del artículo 252 y 250.5 del Código Penal en relación con los artículos 1088, 1089, 1273, 1281 y 1282 del Código Civil, preceptos que por su carácter civil no integran el precepto penal sustantivo al que se refiere el número 1º del artículo 849 del Código Penal y al cual debemos remitir la consideración del motivo opuesto por error de derecho.

En el desarrollo argumental del motivo denuncia la indebida aplicación del artículo 252 del Código Penal afirmando que el hecho probado no describe los elementos del tipo penal, concretamente, no refiere el título en cuya virtud debe devolver lo recibido. Sin embargo en las dos instancias que han conocido de este hecho, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recogen con claridad los elementos que van a ser subsumidos en el tipo penal de la apropiación indebida. En el desarrollo del motivo, el propio recurrente afirma de los elementos nucleares de la apropiación indebida, y no cuestiona el hecho probado que el acusado recibió de la compañía de seguros la cantidad correspondiente a los honorarios suficientes para satisfacer los gastos de defensa penal del asegurado y que fueron recibidos por el acusado con la finalidad pactada de entregárselas al Letrado que llevaba la asistencia jurídico penal del cliente en los términos en que habían sido pactados cuando le fue encargada esta defensa, constando que el acusado se apropió de la cantidad recibida para el pago de los honorarios del letrado que llevó la asistencia penal. No obstante, reitera que no se describe el título que obligaba a entregar o devolver al perjudicado lo recibido, sin bien reseña que en la fundamentación jurídica incumplió la obligación pactada de destinar lo recibido al Letrado que había asumido la defensa pactando sus honorarios con el dinero de la compañía de seguros.

Recordamos, con la STS 441/2025, de 14 de mayo y las que cita, como la en la STS 414/2022, de 28 de abril, que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega un error de derecho en el que se encubre una vulneración del derecho a la presunción de inocencia -en línea con la que veníamos declarando de forma reiterada a raíz de la LO 5/1995, 22 de mayo, que instauró el procedimiento por Jurado-, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009; 21 de abril 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio y 302/2020, 12 de junio).

En términos de la STS 112/2020, de 11 de marzo, "Para la resolución de la impugnación se hace preciso recordar el ámbito del contenido esencial del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando es invocada ante el tribunal de casación y previamente el juicio se ha vertebrado en dos instancias, la de enjuiciamiento y la de revisión. La ausencia de una previa apelación que cumplimentara el derecho a la doble instancia, antes de la reforma de la casación operada por la Ley 41/2015, llevaron a esta Sala a ampliar el estricto marco del recurso de casación tal y como había sido diseñado en la ley y tratado en la doctrina, para acometer una revisión que satisficiera las exigencias el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exigían, respectivamente, que el pronunciamiento condenatorio fuera objeto de revisión ante una instancia superior. Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, operada por la ley 41/2015, el legislador español ha introducido la revisión a través del recurso de apelación, lo que obliga a una reformulación de las posibilidades de revisión que a esta Sala compete. El recurso de casación no es un tribunal de instancia, pues no percibe con inmediación la actividad probatoria desarrollada por acusación y defensa sobre el objeto del proceso, y tampoco es un tribunal de apelación, ante el que pueda practicarse nueva actividad probatoria y pueda realizarse una revaloración de la practicada, con las limitaciones derivadas de la necesaria presencia del acusado y la observancia de las exigencias derivadas del principio de defensa. Tampoco se configura como una reiteración de la doble instancia.

La redacción fáctica de las dos instancias, la del enjuiciamiento y la de la apelación, son claras en la determinación de un hecho probado subsumible, sin error, en el tipo penal de la apropiación indebida, al referir la recepción por el acusado de un montante económico correspondiente a una compañía de seguros y que sería destinada, según el pacto alcanzado entre ambos letrados, al pago de los honorarios derivados de la asistencia penal en el procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional. Esa recepción del dinero con la finalidad de abonar los honorarios ha sido incumplida y ha sido incorporada al patrimonio del autor de los acusados, que no lo reintegraron a su destinatario. Por lo tanto la calificación jurídica de los hechos en el delito de apropiación indebida no es errónea y el motivo debe ser desestimado.

Como hemos declarado reiteradamente el título que produce la obligación de devolver lo recibido no obedece a una normativización del Código Civil, sino que lo hemos referenciado en cualquier obligación que suponga la devolución del legítimo poseedor.

En el caso de la casación que nos ocupa, los autores del hecho imputado se apropian de un dinero efectivamente recibido respecto al que habían pactado con el perjudicado que le sería entregado, "destinado", como pago de sus honorarios. Se trata de un supuesto de transformación de la posesión de lo que se recibe por quien se convierte en tenedor de una posesión que debe ser entregado a quien se considera legítimo destinatario del dinero recibido. En virtud del pacto existente los acusados eran meros tenedores de una cantidad destinada a su propietario, y el tipo se consuma con el incumplimiento de la obligación pactada.

ÚNICO.-La sentencia objeto del presente recurso de casación la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid que confirma la de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid y que condenó al recurrente, y otro, como responsable de un delito de apropiación indebida. En síntesis, el relato fáctico refiere que el acusado socio de un despacho y nombrado consejero delegado del mismo y responsable del departamento de procesal fue contratado para llevar la defensa de una persona imputada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Como quiera que su despacho no estuviera especializado en la jurisdicción penal propuso al cliente que asumiera su defensa un tercer letrado especialista en el ámbito penal de la jurisdicción elaborando por ello una propuesta de colaboración profesional al despacho contratado. En dicha propuesta pactaba una minuta de honorarios asumiendo la defensa penal el Letrado Sr. Jesús Manuel que ejerció de forma efectiva la defensa. El cliente tenía su vez contratada una póliza de seguros con una compañía de seguros que abarcaba la defensa penal en procedimientos como el seguido ante la Audiencia Nacional y por ello se pactó entre el acusado, hoy recurrente, y el Letrado Jesús Manuel que este último cobraría sus honorarios cuando la compañía aseguradora hubiera realizado el abono correspondiente. El 14 de agosto del 2012 se procedió por parte de la aseguradora a realizar una transferencia al despacho, sin que los acusados, actuando de mutuo acuerdo, remitieran dinero alguno al letrado que se había encargado de su defensa penal. Se afirma en el hecho probado que los acusados negaron haber recibido cantidad alguna, indicando, manifestando que seguían en negociaciones con la compañía aseguradora. En septiembre de 2013 el abogado Sr. Jesús Manuel tuvo conocimiento por vías ajenas al despacho de abogados al que pertenecían los acusados que estos habían cobrado de la compañía aseguradora los honorarios devengados por el seguro contratado. El relato refiere que no se han abonado las cantidades desarrollando el perjudicado la defensa hasta el juicio oral y que el acusado presentó concurso de acreedores sin que resulte acreditado que esa presentación del concurso tuviera como finalidad eludir el pago de la deuda, que fue declarada en diciembre de 2013.

Formaliza un único motivo en el que denuncia el error de derecho del número 1º del artículo 849 por la aplicación indebida del artículo 252 y 250.5 del Código Penal en relación con los artículos 1088, 1089, 1273, 1281 y 1282 del Código Civil, preceptos que por su carácter civil no integran el precepto penal sustantivo al que se refiere el número 1º del artículo 849 del Código Penal y al cual debemos remitir la consideración del motivo opuesto por error de derecho.

En el desarrollo argumental del motivo denuncia la indebida aplicación del artículo 252 del Código Penal afirmando que el hecho probado no describe los elementos del tipo penal, concretamente, no refiere el título en cuya virtud debe devolver lo recibido. Sin embargo en las dos instancias que han conocido de este hecho, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recogen con claridad los elementos que van a ser subsumidos en el tipo penal de la apropiación indebida. En el desarrollo del motivo, el propio recurrente afirma de los elementos nucleares de la apropiación indebida, y no cuestiona el hecho probado que el acusado recibió de la compañía de seguros la cantidad correspondiente a los honorarios suficientes para satisfacer los gastos de defensa penal del asegurado y que fueron recibidos por el acusado con la finalidad pactada de entregárselas al Letrado que llevaba la asistencia jurídico penal del cliente en los términos en que habían sido pactados cuando le fue encargada esta defensa, constando que el acusado se apropió de la cantidad recibida para el pago de los honorarios del letrado que llevó la asistencia penal. No obstante, reitera que no se describe el título que obligaba a entregar o devolver al perjudicado lo recibido, sin bien reseña que en la fundamentación jurídica incumplió la obligación pactada de destinar lo recibido al Letrado que había asumido la defensa pactando sus honorarios con el dinero de la compañía de seguros.

Recordamos, con la STS 441/2025, de 14 de mayo y las que cita, como la en la STS 414/2022, de 28 de abril, que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega un error de derecho en el que se encubre una vulneración del derecho a la presunción de inocencia -en línea con la que veníamos declarando de forma reiterada a raíz de la LO 5/1995, 22 de mayo, que instauró el procedimiento por Jurado-, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009; 21 de abril 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio y 302/2020, 12 de junio).

En términos de la STS 112/2020, de 11 de marzo, "Para la resolución de la impugnación se hace preciso recordar el ámbito del contenido esencial del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando es invocada ante el tribunal de casación y previamente el juicio se ha vertebrado en dos instancias, la de enjuiciamiento y la de revisión. La ausencia de una previa apelación que cumplimentara el derecho a la doble instancia, antes de la reforma de la casación operada por la Ley 41/2015, llevaron a esta Sala a ampliar el estricto marco del recurso de casación tal y como había sido diseñado en la ley y tratado en la doctrina, para acometer una revisión que satisficiera las exigencias el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exigían, respectivamente, que el pronunciamiento condenatorio fuera objeto de revisión ante una instancia superior. Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, operada por la ley 41/2015, el legislador español ha introducido la revisión a través del recurso de apelación, lo que obliga a una reformulación de las posibilidades de revisión que a esta Sala compete. El recurso de casación no es un tribunal de instancia, pues no percibe con inmediación la actividad probatoria desarrollada por acusación y defensa sobre el objeto del proceso, y tampoco es un tribunal de apelación, ante el que pueda practicarse nueva actividad probatoria y pueda realizarse una revaloración de la practicada, con las limitaciones derivadas de la necesaria presencia del acusado y la observancia de las exigencias derivadas del principio de defensa. Tampoco se configura como una reiteración de la doble instancia.

La redacción fáctica de las dos instancias, la del enjuiciamiento y la de la apelación, son claras en la determinación de un hecho probado subsumible, sin error, en el tipo penal de la apropiación indebida, al referir la recepción por el acusado de un montante económico correspondiente a una compañía de seguros y que sería destinada, según el pacto alcanzado entre ambos letrados, al pago de los honorarios derivados de la asistencia penal en el procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional. Esa recepción del dinero con la finalidad de abonar los honorarios ha sido incumplida y ha sido incorporada al patrimonio del autor de los acusados, que no lo reintegraron a su destinatario. Por lo tanto la calificación jurídica de los hechos en el delito de apropiación indebida no es errónea y el motivo debe ser desestimado.

Como hemos declarado reiteradamente el título que produce la obligación de devolver lo recibido no obedece a una normativización del Código Civil, sino que lo hemos referenciado en cualquier obligación que suponga la devolución del legítimo poseedor.

En el caso de la casación que nos ocupa, los autores del hecho imputado se apropian de un dinero efectivamente recibido respecto al que habían pactado con el perjudicado que le sería entregado, "destinado", como pago de sus honorarios. Se trata de un supuesto de transformación de la posesión de lo que se recibe por quien se convierte en tenedor de una posesión que debe ser entregado a quien se considera legítimo destinatario del dinero recibido. En virtud del pacto existente los acusados eran meros tenedores de una cantidad destinada a su propietario, y el tipo se consuma con el incumplimiento de la obligación pactada.

ÚNICO.-La sentencia objeto del presente recurso de casación la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid que confirma la de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid y que condenó al recurrente, y otro, como responsable de un delito de apropiación indebida. En síntesis, el relato fáctico refiere que el acusado socio de un despacho y nombrado consejero delegado del mismo y responsable del departamento de procesal fue contratado para llevar la defensa de una persona imputada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Como quiera que su despacho no estuviera especializado en la jurisdicción penal propuso al cliente que asumiera su defensa un tercer letrado especialista en el ámbito penal de la jurisdicción elaborando por ello una propuesta de colaboración profesional al despacho contratado. En dicha propuesta pactaba una minuta de honorarios asumiendo la defensa penal el Letrado Sr. Jesús Manuel que ejerció de forma efectiva la defensa. El cliente tenía su vez contratada una póliza de seguros con una compañía de seguros que abarcaba la defensa penal en procedimientos como el seguido ante la Audiencia Nacional y por ello se pactó entre el acusado, hoy recurrente, y el Letrado Jesús Manuel que este último cobraría sus honorarios cuando la compañía aseguradora hubiera realizado el abono correspondiente. El 14 de agosto del 2012 se procedió por parte de la aseguradora a realizar una transferencia al despacho, sin que los acusados, actuando de mutuo acuerdo, remitieran dinero alguno al letrado que se había encargado de su defensa penal. Se afirma en el hecho probado que los acusados negaron haber recibido cantidad alguna, indicando, manifestando que seguían en negociaciones con la compañía aseguradora. En septiembre de 2013 el abogado Sr. Jesús Manuel tuvo conocimiento por vías ajenas al despacho de abogados al que pertenecían los acusados que estos habían cobrado de la compañía aseguradora los honorarios devengados por el seguro contratado. El relato refiere que no se han abonado las cantidades desarrollando el perjudicado la defensa hasta el juicio oral y que el acusado presentó concurso de acreedores sin que resulte acreditado que esa presentación del concurso tuviera como finalidad eludir el pago de la deuda, que fue declarada en diciembre de 2013.

Formaliza un único motivo en el que denuncia el error de derecho del número 1º del artículo 849 por la aplicación indebida del artículo 252 y 250.5 del Código Penal en relación con los artículos 1088, 1089, 1273, 1281 y 1282 del Código Civil, preceptos que por su carácter civil no integran el precepto penal sustantivo al que se refiere el número 1º del artículo 849 del Código Penal y al cual debemos remitir la consideración del motivo opuesto por error de derecho.

En el desarrollo argumental del motivo denuncia la indebida aplicación del artículo 252 del Código Penal afirmando que el hecho probado no describe los elementos del tipo penal, concretamente, no refiere el título en cuya virtud debe devolver lo recibido. Sin embargo en las dos instancias que han conocido de este hecho, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recogen con claridad los elementos que van a ser subsumidos en el tipo penal de la apropiación indebida. En el desarrollo del motivo, el propio recurrente afirma de los elementos nucleares de la apropiación indebida, y no cuestiona el hecho probado que el acusado recibió de la compañía de seguros la cantidad correspondiente a los honorarios suficientes para satisfacer los gastos de defensa penal del asegurado y que fueron recibidos por el acusado con la finalidad pactada de entregárselas al Letrado que llevaba la asistencia jurídico penal del cliente en los términos en que habían sido pactados cuando le fue encargada esta defensa, constando que el acusado se apropió de la cantidad recibida para el pago de los honorarios del letrado que llevó la asistencia penal. No obstante, reitera que no se describe el título que obligaba a entregar o devolver al perjudicado lo recibido, sin bien reseña que en la fundamentación jurídica incumplió la obligación pactada de destinar lo recibido al Letrado que había asumido la defensa pactando sus honorarios con el dinero de la compañía de seguros.

Recordamos, con la STS 441/2025, de 14 de mayo y las que cita, como la en la STS 414/2022, de 28 de abril, que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega un error de derecho en el que se encubre una vulneración del derecho a la presunción de inocencia -en línea con la que veníamos declarando de forma reiterada a raíz de la LO 5/1995, 22 de mayo, que instauró el procedimiento por Jurado-, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009; 21 de abril 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio y 302/2020, 12 de junio).

En términos de la STS 112/2020, de 11 de marzo, "Para la resolución de la impugnación se hace preciso recordar el ámbito del contenido esencial del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando es invocada ante el tribunal de casación y previamente el juicio se ha vertebrado en dos instancias, la de enjuiciamiento y la de revisión. La ausencia de una previa apelación que cumplimentara el derecho a la doble instancia, antes de la reforma de la casación operada por la Ley 41/2015, llevaron a esta Sala a ampliar el estricto marco del recurso de casación tal y como había sido diseñado en la ley y tratado en la doctrina, para acometer una revisión que satisficiera las exigencias el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exigían, respectivamente, que el pronunciamiento condenatorio fuera objeto de revisión ante una instancia superior. Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, operada por la ley 41/2015, el legislador español ha introducido la revisión a través del recurso de apelación, lo que obliga a una reformulación de las posibilidades de revisión que a esta Sala compete. El recurso de casación no es un tribunal de instancia, pues no percibe con inmediación la actividad probatoria desarrollada por acusación y defensa sobre el objeto del proceso, y tampoco es un tribunal de apelación, ante el que pueda practicarse nueva actividad probatoria y pueda realizarse una revaloración de la practicada, con las limitaciones derivadas de la necesaria presencia del acusado y la observancia de las exigencias derivadas del principio de defensa. Tampoco se configura como una reiteración de la doble instancia.

La redacción fáctica de las dos instancias, la del enjuiciamiento y la de la apelación, son claras en la determinación de un hecho probado subsumible, sin error, en el tipo penal de la apropiación indebida, al referir la recepción por el acusado de un montante económico correspondiente a una compañía de seguros y que sería destinada, según el pacto alcanzado entre ambos letrados, al pago de los honorarios derivados de la asistencia penal en el procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional. Esa recepción del dinero con la finalidad de abonar los honorarios ha sido incumplida y ha sido incorporada al patrimonio del autor de los acusados, que no lo reintegraron a su destinatario. Por lo tanto la calificación jurídica de los hechos en el delito de apropiación indebida no es errónea y el motivo debe ser desestimado.

Como hemos declarado reiteradamente el título que produce la obligación de devolver lo recibido no obedece a una normativización del Código Civil, sino que lo hemos referenciado en cualquier obligación que suponga la devolución del legítimo poseedor.

En el caso de la casación que nos ocupa, los autores del hecho imputado se apropian de un dinero efectivamente recibido respecto al que habían pactado con el perjudicado que le sería entregado, "destinado", como pago de sus honorarios. Se trata de un supuesto de transformación de la posesión de lo que se recibe por quien se convierte en tenedor de una posesión que debe ser entregado a quien se considera legítimo destinatario del dinero recibido. En virtud del pacto existente los acusados eran meros tenedores de una cantidad destinada a su propietario, y el tipo se consuma con el incumplimiento de la obligación pactada.