Sentencia Penal 946/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4229/2023 de 19 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Articula el recurrente su recurso de casación en un único motivo, que lo es por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 LECrim. y 5.4 LOPJ, en su vertiente del derecho a la presunción de inocencia, en el que dedica un extenso repertorio de doctrina jurisprudencial, con la que luego no guarda la coherencia que debiera, por cuanto que, con el paraguas que le ofrece ese derecho y a base de incidir en la irracionalidad del discurso valorativo de la prueba realizado por el tribunal sentenciador, pretende llevar a este Tribunal de Casación a que entre en una nueva valoración de todo el acervo probatorio, y que lo haga siguiendo su parcial e interesado criterio, cuando carecemos de principios tan fundamentales en la materia, como el de inmediación y contradicción.

En este sentido, decir que no se debe elevar a la categoría de irracional, ilógico o arbitrario, lo que no es sino una discrepancia valorativa, para, a través de ello, tratar introducir una petición de una nueva valoración de una prueba por parte de este Tribunal, cuando no nos corresponde en nuestro cometido de control casacional, y que, difícilmente, podríamos realizar, porque, al no haberla presenciado, carecemos de esos principios tan fundamentales como el de inmediación y contradicción.

En efecto, en nuestro cometido de control casacional, lo que hemos de valorar es el juicio de racionalidad que ha llevado al tribunal que presencia la prueba a declarar probados los hechos en los términos que lo ha hecho, con independencia de la alternativa valorativa que plantee la parte. Incluso, no se trata de entrar en el debate sobre si es más racional el discurso valorativo del tribunal sentenciador o el de parte, sino en si la inferencia alcanzada por el primero es racional y razonable, y no cabe calificarla como ilógica, arbitrara, incoherente o insuficiente, así como que, en su revisión, se ha de ser prudente, en la medida que el tribunal de instancia, que motivadamente ha expuesto las razones que le llevan a su conclusión, ha gozado, además, de una inmediación que no posee el de casación; por ello que, a tal efecto, nos puede valer lo que, en relación con la presunción de inocencia y los juicios de inferencia, encontramos en la STC 300/2005, de 21 de noviembre, en la que se puede leer: "[...] de conformidad con una consolidada doctrina constitucional, de un lado, nuestra jurisdicción se ciñe a efectuar un control externo, de modo que "el juicio de amparo constitucional versa acerca de la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a examinar otras posibles inferencias propuestas por quien solicitada el amparo" y, de otro, "entre diversas alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos"".

Si tomamos como referencia la anterior doctrina, y el tribunal sentenciador ha dado una explicación razonable y motivada de su conclusión probatoria, como así ha sucedido en el caso que nos ocupa, no es procedente que este Tribunal entre a examinar otras posibles alternativas, a no ser que considerásemos irracional su discurso, y ello porque, en todo caso, cuando se pone en cuestión la presunción de inocencia, en ese cometido de control casacional, lo que nos corresponde es valorar la racionalidad de la valoración hecha por el tribunal que la presenció, y así lo venimos manteniendo en una reiterada jurisprudencia, de la que es muestra lo que decíamos en STS 593/2024, de 13 de junio de 2024, en la que, con cita de otras, como la 211/2019 de 23 de abril de 2019, se puede leer:

"El control casacional se orienta a verificar estos extremos, validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la valoración del material probatorio, de manera que no es posible que el Tribunal de casación, que no ha presenciado las pruebas personales practicadas en el plenario, sustituya la realizada por el Tribunal de instancia ante el cual se practicaron.

No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente".

SEGUNDO.- Decíamos en el fundamento anterior que se invoca como queja del único motivo de recurso vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la escasa coherencia de esa invocación con su desarrollo, que se observa desde el primer párrafo del breve extracto de su contenido, que, expresamente, comienza diciendo que "el presente motivo discrepa de la valoración de la prueba producida, por el órgano judicial", por lo que, en línea con lo que acabamos de exponer también en el fundamento anterior, no entraremos a valorar, de nuevo y por nuestra parte, los elementos probatorios que ya valoró el tribunal de instancia, sino que nos centraremos en verificar la racionalidad de su discurso, y la solidez de su proceso de valoración, así como la coherencia con él del resultado obtenido, para lo cual nos puede valer como guion los pasajes de las declaraciones que se recogen en su desarrollo.

1. Antes, sin embargo, hay que recordar que ha habido una primera sentencia en la presente causa, en la que resultaron condenados la mayor parte de los acusados, hasta un total de 82, en la cual se da por probado que Augusto gestionaba una Asesoría-Consultoría y que "disponía de una serie de empresas en las que participaba, las cuales mantenían una importante deuda con la Seguridad Social y a través de las que se servía para realizar una serie de fraudes a la Administración".

Se da por probado también que "el día 12 de febrero de 2014, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba emitió un informe en el que concluye que el principal responsable del entramado empresarial sería el usuario del sistema RED Augusto, quien según lo relatado, suscribe contratos en nombre de empresas ficticias, comunica a Tesorería de la Seguridad Social las altas y bajas de los presuntos trabajadores y les proporciona el certificado de empresa.

En dicho informe se establecía la existencia de seis empresas ficticias gestionadas por el investigado, revestidas de apariencia formal y real, siendo su propósito servir a fines fraudulentos mediante relaciones laborales simuladas al objeto de que los supuestos trabajadores obtuvieran prestaciones por desempleo o la obtuvieran en cuantía superiores a las que les pudieran pertenecer o que acumularan carencia para futuras prestaciones".

2. En los hechos probados de la sentencia recurrida se declara que el recurrente, Jose Augusto, empezó a trabajar para Augusto de comercial para la captación de clientes "con pleno conocimiento de las actividades fraudulentas desarrolladas en la trama de Augusto".

Pues bien, en el extracto que se hace en el motivo de las declaraciones prestadas por el condenado, se reconoce que trabajó para el Sr. Augusto como comercial para la captación de clientes y que éste efectuó por él cotizaciones, pero se mantiene que lo hizo sin su conocimiento, lo que no resulta fácil de asumir, en la medida que, como tal asesor comercial, no es alguien ajeno a la actividad de la empresa para la que trabaja, y si sucede que el Sr. Augusto tiene montado un tinglado defraudatorio del que el propio recurrente obtuvo un beneficio, como era mejorar su pensión de jubilación, la conclusión razonable es que éste se prestase a colaborar en esa defraudación de la que resultó beneficiado; por esa razón, podemos coincidir, porque nos parecen acertadas las palabras que recogemos del escrito de oposición al motivo presentado por el M.F., cuando recalca que "el hecho probado destaca "el pleno conocimiento" que el ahora recurrente tenía de las actividades desarrolladas por Augusto, condenado con anterioridad. Y es que las propias maniobras fraudulentas que Jose Augusto realiza no abren espacio alguno al alegado desconocimiento".

De ese informe de 12 de febrero de 2014 (folios 579 a 585, Tomo II), podemos entresacar la consideración que hace, cuando explica que "otros trabajadores son contratados supuestamente como vendedores, comerciales, captadores de clientes o viajantes, lo cual facilita eludir el control por parte de la Inspección de Trabajo habida cuenta de la variabilidad y movilidad del lugar de prestación de servicios que es la propia vía pública". También en la que expone que con las actuaciones practicadas "se ha comprobado que las empresas METALES MAPACOR S.L - SILERMAN S.L. MA EMPEÑOS S.L - PRE-COMERCIALIZACIONES CORDOBESAS S.L. - REICOR REG S.L. - AFRICOR S.L. en el ámbito de la presente actuación inspectora son empresas ficticias sin actividad real que han simulado mantener relación laboral con los trabajadores que han figurado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social"; o cuando hace mención a trabajadores que son dados de baja en una empresa y a continuación de alta en otra, en que aparece Jose Augusto, dado de baja en ella el 15 de abril de 2013, en SILERMAN S.L y de alta el siguiente día 16 en MA EMPEÑOS S.L., como queda reflejado en los hechos probados, lo que no tiene ningún sentido, o la mención, en relación con la mercantil MA EMPEÑOS S.L, dejando constancia en el informe del acta "por comisión de una infracción muy grave por simulación de la relación laboral para la obtención indebida de pensión de jubilación anticipada: - Jose Augusto".

3. Por lo tanto, cuando decíamos que no era fácil asumir que el condenado no tuviera conocimiento de que el Sr. Augusto efectuaba cotizaciones por él a sus espaldas, lo avala no solo el hecho de que, por ser así, obtenía un beneficio, sino su condición de comercial como contribución a facilitar el fraude, o también la constatación de aparecer en una dinámica de una inusual movilidad de trabajadores entre empresas montadas por el Sr. Augusto, que no tiene sentido, o que se le levantara ese acta por simulación de relación laboral para la obtención indebida de la pensión de jubilación.

En definitiva, nos parece razonable que el tribunal sentenciador haya dado por probada la actividad defraudatoria por la que condena al recurrente y, en consecuencia, el motivo ha de ser desestimado.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente al pago de las costas devengadas con motivo de su recurso.