Sentencia Penal 145/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3133/2023 de 19 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.1.La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en su Rollo de Sala 25/2019, dictó Sentencia el 22 de febrero de 2023 en la que condenó a Vicente como autor criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en su modalidad de contaminación acústica, del artículo 325.1 y último párrafo, así como del artículo 327.b) del Código Penal, en la redacción del código penal actualmente vigente y concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, imponiéndole por ello la pena de prisión por tiempo de dos años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de doce meses en cuota de seis euros diarios.

1.2.Contra esta resolución se interpone el presente recurso de casación que se estructura alrededor de siete motivos, el primero de ellos formalizado por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

En su alegato, el recurrente sostiene que la sentencia vulnera, por un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a una resolución motivada ( arts. 24.1 y 120.3 CE) y, por otro, el derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) , porque el Tribunal de instancia habría condenado sin explicar de forma racional y completa por qué entiende acreditados determinados extremos, y por qué ha silenciando prueba de descargo que -según la defensa- descartaba la culpabilidad del acusado o generaba una duda razonable.

Reprocha que la sentencia reproduce sustancialmente la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal y, en buena medida, el factumde una sentencia anterior que fue anulada por el Tribunal Supremo, pero que no refleja en qué elementos probatorios y con qué valoración se sustentan determinados hechos y elementos típicos, particularmente frente a la prueba de descargo ofrecida en el plenario.

En concreto, destaca que el Tribunal ha asentado su reproche en los cuatro denunciantes, otorgándoles plena credibilidad, pero que en el segundo juicio los denunciantes habrían incorporado manifestaciones "nuevas" encaminadas a atribuir el ruido exclusivamente al local del acusado, lo que se enfrenta a las denuncias iniciales y al primer juicio realizado, en los que reconocieron que el ruido provenía de varios locales de la zona.

Destaca también que no se haya confrontado esa prueba testifical con la de descargo, particularmente con la declaración de Amelia (expropietaria de uno de los locales y vecina de la zona), que -según expone- situaba el origen de la problemática en una dinámica previa a la compra del local por el recurrente y afirmó que el acusado continuó una actividad existente, adoptando incluso medidas correctoras cuando fue requerido. También insiste en la relevancia del testimonio de Justino, vecino durante años del NUM008 piso, justo encima del local del recurrente, que dijo no haber sufrido molestias que le impidieran descansar y que mencionó la coexistencia de otras terrazas colindantes en el lugar. Y añade un punto que considera nuclear y que tampoco se valora en la sentencia impugnada, en concreto, la declaración de la ingeniera municipal Estibaliz, que el recurrente la utiliza para sostener que la prueba central de cargo -la medición de sonido abordada por el Seprona- no permite discriminar cuánto ruido correspondía a cada foco cuando funcionaban varias terrazas a la vez, lo que impide concluir si su actividad, por sí sola, superara los límites permitidos y generara el "grave riesgo" para la salud exigido para el reproche penal.

Por último, reprocha que la prueba documental plasma una versión alternativa a la sentencia al reflejar que la terraza ya se usaba antes de que el acusado adquiriera el negocio, estando tolerada por el consistorio; apareciendo también numerosos expedientes y quejas contra el "Bar DIRECCION009" y contra la Cafetería DIRECCION012, así como apartados del expediente que reflejan que el acusado fue adoptando medidas correctoras, hasta el punto que ciertas molestias (persianas, arrastre de sillas) se dieron por subsanadas.

Con todo, el recurrente formula la objeción de que no se han acreditado los elementos esenciales del tipo penal, es decir, cuál era el nivel de ruido atribuible a la actividad del acusado y si su actividad -aislada- alcanzaba el umbral penal de generar un grave riesgo para la salud de las personas. La sentencia -denuncia-, se apoya en una medición que integra el ruido de dos locales, así como en testimonios de los denunciantes, pero sin una base objetiva que permita atribuir causalmente la afectación a la salud "en exclusiva" al recurrente. A esto añade que, a su entender, la sentencia también habría pasado por alto que las decisiones municipales, en ciertos momentos, levantaron las restricciones de uso de la terraza porque se apreciaba riesgo para las personas.

En consecuencia, sostiene que no hay prueba de cargo bastante para destruir la presunción de inocencia y pide que se estime el motivo y se dicte sentencia absolutoria, afirmando que el juicio lógico que proclama su concurrencia es insuficiente para excluir otras tesis alternativas igualmente fundadas.

SEGUNDO.- 2.1.Esta Sala recuerda, en términos acordes con la doctrina del Tribunal Constitucional, que el control casacional en materia de presunción de inocencia no transforma el recurso en una tercera instancia, ni autoriza a sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por una nueva ponderación sobre la credibilidad derivada de la inmediación; pero sí impone verificar: a) la existencia de prueba de cargo válida y contradictoria; b) que esa prueba sea suficiente para enervar la presunción de inocencia; y c) que la conclusión de culpabilidad se apoye en un discurso motivador que supere el test de racionalidad a partir de la totalidad del material probatorio aportado y excluyendo inferencias fundadas en premisas erróneas o sobre conjeturas.

2.2.Sobre este último elemento hemos indicado en diversas ocasiones que al introducirse el juicio de racionalidad dentro del margen de fiscalización que impone la presunción de inocencia, se crean puntos de confluencia con el derecho a la tutela judicial efectiva. La suficiencia de la prueba de cargo, núcleo esencial para la desactivación del derecho a la presunción de inocencia, al evidenciarse a través de una motivación coherente y sin fisuras del Tribunal, conforma un espacio en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial, quebrantado cuando el órgano de enjuiciamiento no justifica suficientemente la respuesta que se ofrece a las pretensiones de las partes.

2.3.Desde esta consideración, hemos de destacar que cuando la condena se construye en gran parte sobre datos e inferencias técnicas -como en este caso la acústica ambiental a partir de niveles de emisión e inmisión de ruidos u otros parámetros científicos de relevancia normativa-, el control judicial de la suficiencia probatoria se desplaza intensamente desde la credibilidad subjetiva de la prueba hacia el llamado juicio lógico de la prueba. En esos casos, la corrección del razonamiento que enlaza los hechos-base con la conclusión típica, pasa más que nunca por la constatación de un encadenamiento argumental que resulta coherente, no contradictorio y suficientemente explicativo, excluyendo también hipótesis alternativas compatibles con la inocencia, no sólo desde las máximas de la experiencia y reglas de la lógica, sino también, como decíamos en nuestra STS 532/2019, de 4 de noviembre, desde «... principios científicos».

2.4.Por último, en lo que a este procedimiento interesa, esta Sala ha venido afirmando que la presunción de inocencia exige algo más que una "preferencia"por la tesis acusatoria. La satisfacción de este derecho constitucional y del derecho a la tutela judicial efectiva, pasa porque la prueba de cargo y las inferencias practicadas por el juzgador permitan afirmar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Cuando permanece abierta una hipótesis alternativa igualmente sólida que desvanece un elemento decisivo del tipo penal, la consecuencia no es la validación del juicio de responsabilidad, ni siquiera la retroacción de la causa para una nueva valoración probatoria en la instancia, sino la absolución, porque el déficit no es formal sino sustantivo, al estar la sentencia carente de prueba de cargo suficientemente apta para destruir la presunción de inocencia y fundar la conclusión condenatoria.

TERCERO.- 3.1.La sentencia recurrida condena por delito contra el medio ambiente en modalidad de contaminación acústica, aplicando el artículo 325 del Código Penal en su redacción dada por la LO 1/2015, al considerar que la actual tipificación resulta más beneficiosa para el acusado.

3.2.El posicionamiento es correcto conforme a la penalidad del delito.

Nuestra jurisprudencia ha proclamado que el tipo del delito contra el medio ambiente por contaminación acústica que genera grave daño a la salud de las personas (art. 325.2, párrafo 2), exige como presupuesto del tipo objetivo, además de un potencial riesgo grave para la salud, que se constate el incumplimiento formal de la normativa general reguladora del ruido. Sólo ambos elementos legitiman el recurso al derecho penal como fórmula sancionadora y que se supere el ámbito corrector del derecho administrativo.

Y decíamos en nuestras Sentencias 610/2021, de 7 de julio y 870/2021, de 12 de noviembre, que la conducta del nuevo párrafo segundo del artículo 325.2 del vigente Código Penal no define un tipo hiperagravado que exaspere la pena impuesta en el actual artículo 325.2 (delito de emisiones que puedan perjudicar gravemente los sistemas naturales), sino que constituye un tipo penal autónomo. Hemos dicho que la generación de un riesgo grave para la salud de las personas sopone introducir un potencial peligro a la estructura del tipo penal básico del artículo 325.1 (referido a emisiones que pueden causar daños sustanciales en el aire, suelo, aguas, animales o plantas), justificando con ello una penalidad propia y de mayor intensidad. Concretamente, siendo la pena del actual artículo 325.1 la de seis meses a dos años de prisión, la punición por emisiones que comporten un riesgo grave para la salud de las personas será de un año, tres meses y un día como límite mínimo, hasta un máximo de tres años, esto es, de la mitad superior de la pena prevista en el artículo 325.1, hasta la superior en grado; sin perjuicio de las agravaciones específicas previas del actual artículo 327.

Por ello hemos remarcado que el tipo penal actual recoge una penalidad más beneficiosa que la fijada por LO 5/2010, que establecía en el artículo 325 que las emisiones de ruido que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales serían castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, imponiéndose en su mitad superior si comportaban un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas.

3.3.No obstante, la redacción operada por la LO 1/2015 también ha introducido variaciones en la conducta típica que pueden hacer que el sujeto activo resulte más favorecido con la legislación anterior y que no han sido aplicadas en la sentencia impugnada.

En la reforma operada por la LO 1/2015 el legislador moduló la actuación delictiva indicando la irrelevancia de que el daño o el riesgo dañoso surgiera de uno o varios actos. El Código Penal sanciona ahora los actos típicos que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones generales protectoras del medio ambiente, «por sí mismos o conjuntamente con otros»,cause o pueda causar daños al aire, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas (art. 325.1). También lo hace en el primer inciso del artículo 325.2, al tipificar como delito agravado "cuando las anteriores [conductas], por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales...".Y aunque la mención no se recoge en la tipificación de los comportamientos que comporten un riesgo grave para la salud de las personas,este tipo penal autónomo recoge la exigencia al configurarse por referencia a "las anteriores conductas".

Eso significa que para ser sujeto activo del tipo penal es necesario que cada emisorcumpla, por sí mismo, la exigencia típica de que su conducta contravenga las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente (el que contraviniendo las leyes...,dice el Código), de forma que si el aporte individual no supera los límites legalmente fijados, la actuación no puede convertirse en delictiva por la simple suma de conductas no proscritas para el derecho administrativo.

Pero lo que sí permite ahora el legislador es que el daño o el riesgo típico pueda surgir, no solo por una conducta aislada, sino también por la suma de varias.

Consecuentemente:

a) Son punibles las conductas de un mismo sujeto que, infringiendo por sí mismas el derecho administrativo, sólo por su acumulación o reiteración generen el riesgo de grave perjuicio en la salud de las personas. Una previsión que conecta con nuestra jurisprudencia anterior, que ya entendía que en el delito ecológico, como conducta global, lo habitual es una pluralidad de emisiones (también acústicas) que acumulativamente generen el riesgo exigido por el tipo penal.

b) Pero junto a ellas, el nuevo Código abre la punición a aquellos supuestos en los que conductas de varios sujetos, por sí solas infractoras del ordenamiento administrativo, se acumulan hasta generar en conjunto el daño o el riesgo dañoso, siempre que la aportación sea jurídicamente relevante y se aprecie en el sujeto una responsabilidad a título de dolo o imprudencia (grave conforme al art. 331 del Código Penal) .

3.4.Desde esta configuración del tipo penal, la previsión anterior a la LO 1/2015 resulta más favorable, en cuanto que el reproche penal sólo podía nacer de una conducta propia que debía infringir las normas administrativas reguladoras de la emisión y que debía introducir, por sí misma y aun en su reiteración, el daño o el riesgo típico.

De forma que para hechos anteriores a la entrada en vigor de la actual regulación debe acreditarse con precisión: a) cuál era el umbral normativo de prohibición en la generación de ruidos; b) cuál era el nivel de ruido atribuible al comportamiento del sujeto activo y su concordancia con las exigencias legales y c) qué aptitud objetiva tenía su actuación -repetida o no- para generar por sí misma un daño o un grave riesgo para la salud de las personas; lo que entraña discriminar su actuación cuando concurría con otros focos potencialmente lesivos.

3.5.En suma, en un escenario con doble fuente de ruido, la condena penal no exige acreditar un ruido final elevadosusceptible de generar lesión, sino que el ruido producido por el sujeto activo excedía de lo autorizado y lo hacía hasta el punto de ser por sí mismo potencialmente lesivo para la salud de las personas.

En el presente caso, la cuestión decisiva no radica en discutir la existencia de molestias o de un entorno ruidoso, sino en determinar si la sentencia ha acreditado, más allá de cualquier duda razonable, que el nivel determinante para afirmar el riesgo grave era imputable al establecimiento del acusado, cuando consta la existencia de otros dos locales con actividad concurrente.

CUARTO.- 4.1.La Audiencia Provincial pretende salvar el problema de la doble fuente de ruido restando trascendencia a los otros dos focos concurrentes.

Respecto a la terraza de la cafetería DIRECCION012, diluye su repercusión en el resultado final de la medición efectuada por el Seprona desde la reflexión de que el local se ubicaba en la esquina contraria y al otro lado de la calle del punto donde se efectuaron las mediciones. Sobre el "Bar DIRECCION009", desvía la relevancia con la afirmación de que la terraza era de menor superficie que la del acusado y que estaba más alejada del lugar de residencia de los perjudicados. Todo ello, reforzando la responsabilidad del recurrente desde las declaraciones testificales de vecinos, que afirmaron que era la Terraza del "Bar DIRECCION002" la que más ruido hacía y la que cerraba más tarde.

4.2.Sin embargo, el razonamiento incurre en una primera debilidad estructural -hasta el punto de comprometer la coherencia de la conclusión-, al apoyarse en un criterio erróneo como el del tamaño o la ubicación de la terraza, para resolver una cuestión que exige, por su propia naturaleza, de una individualización técnica.

El informe del Seprona no se limitó a medir la inmisión del ruido en una sola vivienda, sino que realizó mediciones en dos domicilios elegidos, precisamente, por su respectiva proximidad a los bares DIRECCION009 y DIRECCION002; con la peculiaridad que ambas mediciones se referían a la inmisión conjunta del sonido proveniente de ambos establecimientos, el más cercano y el más lejano.

Y en ese diseño, resulta particularmente significativo que los niveles de inmisión más elevados se registren en la vivienda más próxima al "Bar DIRECCION009" (64 dB), y no en la vivienda tomada como referencia por su proximidad al local del acusado (58 dB). Este extremo no puede ser neutralizado con la afirmación genérica de que el Bar DIRECCION009 tiene una terraza más pequeña y que emite menos ruido, porque el propio patrón empírico muestra que el foco descartado -cuya persecución penal se descartó únicamente porque su propietario estaba en ignorado paradero- podía ser el más determinante en la obtención del resultado prohibido.

4.3.Con ello, no se trata de afirmar que el acusado fuera ajeno a cualquier contribución acústica, sino constatar que la sentencia asigna la responsabilidad exclusiva al acusado sin haber depurado una hipótesis alternativa razonable: que el nivel de inmisión de ruido era el resultado agregado de ambos locales y que era atribuible, en medida más relevante incluso, al foco que desatiende la sentencia.

QUINTO.- 5.1.Además, existe otro elemento que refleja el equívoco de la sentencia. Como se ha adelantado, las mediciones desde las dos viviendas recogen un nivel de inmisión que resulta de la suma conjunta de ambas fuentes de ruido.

Así se recoge en el informe pericial del Seprona, el cual describe que las lecturas se obtuvieron:

a) Desde el DIRECCION007 «colindante más próximo con el establecimiento denominado "Bar DIRECCION009", sito en la DIRECCION013 del Edificio " DIRECCION014", según lo indicado por los denunciantes uno de los lugares que más afectación tiene, realizando dicho estudio de la fuente de ruido investigada, si bien en la misma se incluye la actividad desarrollada por el "Bar Restaurante DIRECCION002", ubicado en los bajos del DIRECCION014" en DIRECCION001»; así como en

b) la «vivienda sita en el DIRECCION008, colindante más próximo con el establecimiento denominado "Bar restaurante DIRECCION002", sito en la DIRECCION001 del edificio. La Alameda, según lo indicado por los denunciantes uno de los lugares que más afectación tiene, realizando dicho estudio de la fuente de ruido investigada, si bien en la misma se incluye la actividad desarrollada por el "Bar DIRECCION009" ubicado en los bajos del DIRECCION005, en DIRECCION013».

5.2.Es evidente que, si la inmisión es ambigua por resultar de una suma de origen plural, la lógica normativa imponía completar la evaluación con mediciones del nivel de emisión de ruidos en cada uno de los focos. Así, descontando la medida asignable a cada fuente, podría evaluarse la incidencia que cada una tenía en el riesgo a la salud de las personas inherente al dato de inmisión soportado por los vecinos. Dicho de otro modo, la sentencia asienta la imputación esencialmente sobre mediciones de inmisión interior (lo que se registra dentro de viviendas), pero en un supuesto con doble foco, la inmisión interior es -por definición- un dato susceptible de contaminación por concurrencia de fuentes.

En tales escenarios, la lógica técnico-jurídica de la evaluación acústica exige completar el análisis con mediciones que permitan segregar contribuciones, bien abordando mediciones de inmisión con paralización alterna de los distintos focos, bien midiendo los distintos focos de emisión en contexto de control del resto de fuentes. De ese modo, tanto se podría evaluar el respeto o la transgresión de cada fuente a la previsión normativa, como su contribución al riesgo finalmente resultante. Una lógica que confirma el propio informe pericial cuando decidió efectuar, en horarios nocturnos y con todos los establecimientos cerrados, mediciones separadas que poder descontar como ruido ambiental de las lecturas de inmisión y fijar así claramente cuál era el ruido atribuible al conjunto de establecimientos de hostelería.

5.3.La estrategia de medir dos viviendas con una proximidad equivalente a sendos focos de emisión de ruido que pertenecen a distintos propietarios, agrupando además la presión sonora de ambos negocios, puede ser un indicio de que ambos tengan responsabilidad en la transgresión de las normas de emisión de ruidos, pero no basta para una acreditación cerrada y certera del dato. Y la constatación de que los moradores de las viviendas estaban sometidos a un riesgo para su salud tampoco posibilita una segregación causal, más aún cuando se unen otros elementos condicionantes del ruido como los materiales de la terraza, las diferencias de ocupación o los picos de clientela que el informe no evalúa y, particularmente, cuando el máximo de perjuicio sonoro se constata en el lugar más cercano al foco descartado.

El Tribunal no puede abordar una valoración razonable de la prueba prescindiendo del déficit de individualización técnica que hemos descrito y extraer sus conclusiones con elementos que se han mostrado equívocos.

SEXTO.- 6.1.Por otro lado, la precisión normativa es condición de racionalidad en delitos "técnicos" que se constituyen como normas penales en blanco.

Cuando el enjuiciamiento se apoya en magnitudes técnicas que determinan la concurrencia de alguno de los requisitos del tipo penal, el Tribunal debe manejar con exactitud el parámetro normativo. El error en el umbral no es un formalismo, sino que altera la fuerza probatoria y la consistencia lógica del razonamiento.

6.2.En lo que aquí interesa, la normativa valenciana (Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica), en la Tabla 2 de su Anexo II, para el uso residencial establece un límite interior nocturno de ruido de 30 dB en piezas habitables (excepto cocinas) y reserva el umbral de 25 dB para supuestos distintos, concretamente para los dormitorios que se sitúen en edificios de uso sanitario.

6.3.Por su parte, la legislación nacional, concretada en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolló la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,contiene distintas tablas con finalidades diferentes. Para una calidad acústica en el espacio interior habitable de una vivienda, el objetivo nocturno en dormitorios se sitúa en 30 dB (Tabla B, del Anexo II). El de 25 dB, aparece asociado a otros supuestos, en concreto al ruido transmitido a dormitorios residenciales por la actividad de locales colindantes (Tabla B2, del Anexo III), supuesto que no se daba en este caso, en el que la medición se hizo desde viviendas no estrictamente contiguas con los focos de emisión.

6.4.La prueba pericial asentada en el informe del Seprona utiliza "25 dB" como referencia, en un contexto que describe como medición de inmisión interior, lo que evidencia una lectura discutible de la norma técnica, de modo que la sentencia, al acoger ese dato, incorpora al razonamiento un parámetro que no queda fijado con la claridad exigible.

6.5.No puede eludirse que, pese al error, los resultados que se recogieron superaban ampliamente el umbral máximo de inmisión, pero el error o la imprecisión en esta referencia resulta especialmente relevante en un caso de doble fuente.

Si resulta confuso que el recurrente transgrediera por sí mismo la norma administrativa -más aún cuando los valores de inmisión se disparan en la vivienda más próxima al otro foco-, el desplazamiento del umbral hacia una cifra más baja (25 en vez de 30), se muestra como otro aspecto relevante.

El Tribunal de instancia manejó un informe pericial médico que dictaminó que, desde los umbrales de ruido medidos, podía derivarse un riesgo para la salud; pero la oscilación de corrección de 30 dB a 25, pudo ser un dato determinante para la conclusión de los peritos sobre si la exposición en este caso resultaba lesiva, sin que en el plenario se llegara a solicitar que contextualizaran su informe al umbral realmente imperante.

6.6.Se añade que el informe médico-forense se apoya en el padecimiento por ruido -dato de inmisión- a partir de las mediciones obtenidas por los técnicos. Pero el informe acústico proclama que ha reflejado como tasa de inmisión la lectura más alta de las tomadas, esto es, la más desfavorable al acusado.

En un análisis de salud, especialmente cuando el tipo penal exige que se cree un riesgo de grave perjuicio para la salud, la variable relevante no es el pico más lesivo, sino la exposición continuada o repetida con intensidad suficiente. Convertir la medición máxima en un sustituto del nivel medio continuado, sin introducir en la pericial médica unas aclaraciones sobre la incidencia que en el resultado tendrían unas tasas de ruido inferiores y más frecuentes, introduce una quiebra en la cadena causal, esto es, se pasa a proclamar la existencia de una exposición típica a partir del "máximo observado" y sin confirmaciones de otras tasas medias o intermedias.

SÉPTIMO.- 7.1.Y estos déficits en la ponderación de la prueba pericial médica respecto al riesgo para la salud de las personas y su relación de causalidad con el comportamiento del recurrente, surgen de otros aspectos del informe pericial de medición del ruido.

7.2.Como hemos dicho, la sentencia extrae la conclusión de que concurría un riesgo grave para la salud a partir de unos informes forenses que descansan en la constante relación de los denunciantes con el ruido excesivo proveniente, al menos, de dos establecimientos. Si embargo, el informe pericial médico no individualiza -ni puede individualizar sin base acústica segregada de los técnicos de sonido- qué parte del fenómeno lesivo es imputable al foco del recurrente.

Si la sentencia sólo puede proclamar que la actividad del recurrente coadyubaba a la aparición del riesgo, pero no puede justificar que el foco del acusado era suficiente por sí mismo para generarlo, no se satisface racionalmente la acreditación del elemento que el tipo exigía -como ya hemos expresado- a la fecha en que los hechos tuvieron lugar; sin que el déficit pueda subsanarse con afirmaciones testificales genéricas sobre las molestias generadas por cada una de las terrazas o con expresiones de que persistía el ruido (sin saber a qué nivel) cuando cerraba una terraza y se mantenía abierta la del recurrente.

OCTAVO.- 8.1.Consecuentemente, la prueba practicada evidencia que los denunciantes estuvieron efectivamente sometidos a inmisiones de ruido no permitidas e intolerables que, desde luego, obligaban a una reacción administrativa rápida y eficaz que preservara sus condiciones de descanso y salud, además de a una reacción penal que reforzara la protección si se desbordan los más estrictos límites del derecho penal.

8.2.Pero esta última reacción debe abordarse sin romper las costuras de la tipicidad y culpabilidad que abrigan la razón de la sanción penal, asegurándose la culminación de una investigación que sea capaz de desvelar las circunstancias que hacen a una persona merecedora del reproche punitivo que el Código Penal contempla.

Y con lo razonado resulta que la sentencia recurrida no ofrece una base probatoria suficiente para afirmar que la actuación empresarial del acusado sobrepasara por sí misma los umbrales de tolerancia impuestos en la norma administrativa que integra la conducta delictiva, ni que el nivel acústico generado por su exclusiva actividad -según la norma penal aplicable en la fecha de los hechos-, introdujera el riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas que reclama el tipo penal que contemplamos.

La concurrencia de al menos dos focos. La falta de diferenciación del ruido generado por cada uno de estos focos ya sea mediante mediciones en el punto de emisión que pudieran ser descontadas de los valores absolutos, ya sea mediante protocolos alternos de paralización de la actividad de los distintos focos para fijar los valores de inmisión atribuibles a cada fuente. La contradicción práctica de los criterios de proximidad y tamaño utilizados por la Sala para valorar la prueba, puesto que los valores máximos de ruido se registraron en la vivienda que se encontraba más próxima al bar con terraza de menor dimensión. La imprecisión normativa entre los umbrales de decibelios admisibles y el uso desacertado del Real Decreto 1367/2007. Y, asimismo, una pericial forense que, a la hora de extraer la concurrencia del riesgo para la salud, no contempla las desviaciones entre las mediciones y el umbral de ruido legalmente aceptado, además de apoyarse en la peor lectura de ruido de una noche. Todo ello compone un cuadro que, respecto a los dos elementos del tipo que hemos venido analizando y su atribución concreta al recurrente, deja abierta una duda razonable de culpabilidad que resulta incompatible con el estándar constitucional de certeza.

En consecuencia, procede estimar el motivo por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española y dictar sentencia absolutoria, con los efectos legales inherentes, quedando sin objeto, por su propia naturaleza, el resto de motivos en cuanto no puedan mantener autonomía útil tras la absolución.

NOVENO.-Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.

PRIMERO.- 1.1.La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en su Rollo de Sala 25/2019, dictó Sentencia el 22 de febrero de 2023 en la que condenó a Vicente como autor criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en su modalidad de contaminación acústica, del artículo 325.1 y último párrafo, así como del artículo 327.b) del Código Penal, en la redacción del código penal actualmente vigente y concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, imponiéndole por ello la pena de prisión por tiempo de dos años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de doce meses en cuota de seis euros diarios.

1.2.Contra esta resolución se interpone el presente recurso de casación que se estructura alrededor de siete motivos, el primero de ellos formalizado por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

En su alegato, el recurrente sostiene que la sentencia vulnera, por un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a una resolución motivada ( arts. 24.1 y 120.3 CE) y, por otro, el derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) , porque el Tribunal de instancia habría condenado sin explicar de forma racional y completa por qué entiende acreditados determinados extremos, y por qué ha silenciando prueba de descargo que -según la defensa- descartaba la culpabilidad del acusado o generaba una duda razonable.

Reprocha que la sentencia reproduce sustancialmente la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal y, en buena medida, el factumde una sentencia anterior que fue anulada por el Tribunal Supremo, pero que no refleja en qué elementos probatorios y con qué valoración se sustentan determinados hechos y elementos típicos, particularmente frente a la prueba de descargo ofrecida en el plenario.

En concreto, destaca que el Tribunal ha asentado su reproche en los cuatro denunciantes, otorgándoles plena credibilidad, pero que en el segundo juicio los denunciantes habrían incorporado manifestaciones "nuevas" encaminadas a atribuir el ruido exclusivamente al local del acusado, lo que se enfrenta a las denuncias iniciales y al primer juicio realizado, en los que reconocieron que el ruido provenía de varios locales de la zona.

Destaca también que no se haya confrontado esa prueba testifical con la de descargo, particularmente con la declaración de Amelia (expropietaria de uno de los locales y vecina de la zona), que -según expone- situaba el origen de la problemática en una dinámica previa a la compra del local por el recurrente y afirmó que el acusado continuó una actividad existente, adoptando incluso medidas correctoras cuando fue requerido. También insiste en la relevancia del testimonio de Justino, vecino durante años del NUM008 piso, justo encima del local del recurrente, que dijo no haber sufrido molestias que le impidieran descansar y que mencionó la coexistencia de otras terrazas colindantes en el lugar. Y añade un punto que considera nuclear y que tampoco se valora en la sentencia impugnada, en concreto, la declaración de la ingeniera municipal Estibaliz, que el recurrente la utiliza para sostener que la prueba central de cargo -la medición de sonido abordada por el Seprona- no permite discriminar cuánto ruido correspondía a cada foco cuando funcionaban varias terrazas a la vez, lo que impide concluir si su actividad, por sí sola, superara los límites permitidos y generara el "grave riesgo" para la salud exigido para el reproche penal.

Por último, reprocha que la prueba documental plasma una versión alternativa a la sentencia al reflejar que la terraza ya se usaba antes de que el acusado adquiriera el negocio, estando tolerada por el consistorio; apareciendo también numerosos expedientes y quejas contra el "Bar DIRECCION009" y contra la Cafetería DIRECCION012, así como apartados del expediente que reflejan que el acusado fue adoptando medidas correctoras, hasta el punto que ciertas molestias (persianas, arrastre de sillas) se dieron por subsanadas.

Con todo, el recurrente formula la objeción de que no se han acreditado los elementos esenciales del tipo penal, es decir, cuál era el nivel de ruido atribuible a la actividad del acusado y si su actividad -aislada- alcanzaba el umbral penal de generar un grave riesgo para la salud de las personas. La sentencia -denuncia-, se apoya en una medición que integra el ruido de dos locales, así como en testimonios de los denunciantes, pero sin una base objetiva que permita atribuir causalmente la afectación a la salud "en exclusiva" al recurrente. A esto añade que, a su entender, la sentencia también habría pasado por alto que las decisiones municipales, en ciertos momentos, levantaron las restricciones de uso de la terraza porque se apreciaba riesgo para las personas.

En consecuencia, sostiene que no hay prueba de cargo bastante para destruir la presunción de inocencia y pide que se estime el motivo y se dicte sentencia absolutoria, afirmando que el juicio lógico que proclama su concurrencia es insuficiente para excluir otras tesis alternativas igualmente fundadas.

SEGUNDO.- 2.1.Esta Sala recuerda, en términos acordes con la doctrina del Tribunal Constitucional, que el control casacional en materia de presunción de inocencia no transforma el recurso en una tercera instancia, ni autoriza a sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por una nueva ponderación sobre la credibilidad derivada de la inmediación; pero sí impone verificar: a) la existencia de prueba de cargo válida y contradictoria; b) que esa prueba sea suficiente para enervar la presunción de inocencia; y c) que la conclusión de culpabilidad se apoye en un discurso motivador que supere el test de racionalidad a partir de la totalidad del material probatorio aportado y excluyendo inferencias fundadas en premisas erróneas o sobre conjeturas.

2.2.Sobre este último elemento hemos indicado en diversas ocasiones que al introducirse el juicio de racionalidad dentro del margen de fiscalización que impone la presunción de inocencia, se crean puntos de confluencia con el derecho a la tutela judicial efectiva. La suficiencia de la prueba de cargo, núcleo esencial para la desactivación del derecho a la presunción de inocencia, al evidenciarse a través de una motivación coherente y sin fisuras del Tribunal, conforma un espacio en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial, quebrantado cuando el órgano de enjuiciamiento no justifica suficientemente la respuesta que se ofrece a las pretensiones de las partes.

2.3.Desde esta consideración, hemos de destacar que cuando la condena se construye en gran parte sobre datos e inferencias técnicas -como en este caso la acústica ambiental a partir de niveles de emisión e inmisión de ruidos u otros parámetros científicos de relevancia normativa-, el control judicial de la suficiencia probatoria se desplaza intensamente desde la credibilidad subjetiva de la prueba hacia el llamado juicio lógico de la prueba. En esos casos, la corrección del razonamiento que enlaza los hechos-base con la conclusión típica, pasa más que nunca por la constatación de un encadenamiento argumental que resulta coherente, no contradictorio y suficientemente explicativo, excluyendo también hipótesis alternativas compatibles con la inocencia, no sólo desde las máximas de la experiencia y reglas de la lógica, sino también, como decíamos en nuestra STS 532/2019, de 4 de noviembre, desde «... principios científicos».

2.4.Por último, en lo que a este procedimiento interesa, esta Sala ha venido afirmando que la presunción de inocencia exige algo más que una "preferencia"por la tesis acusatoria. La satisfacción de este derecho constitucional y del derecho a la tutela judicial efectiva, pasa porque la prueba de cargo y las inferencias practicadas por el juzgador permitan afirmar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Cuando permanece abierta una hipótesis alternativa igualmente sólida que desvanece un elemento decisivo del tipo penal, la consecuencia no es la validación del juicio de responsabilidad, ni siquiera la retroacción de la causa para una nueva valoración probatoria en la instancia, sino la absolución, porque el déficit no es formal sino sustantivo, al estar la sentencia carente de prueba de cargo suficientemente apta para destruir la presunción de inocencia y fundar la conclusión condenatoria.

TERCERO.- 3.1.La sentencia recurrida condena por delito contra el medio ambiente en modalidad de contaminación acústica, aplicando el artículo 325 del Código Penal en su redacción dada por la LO 1/2015, al considerar que la actual tipificación resulta más beneficiosa para el acusado.

3.2.El posicionamiento es correcto conforme a la penalidad del delito.

Nuestra jurisprudencia ha proclamado que el tipo del delito contra el medio ambiente por contaminación acústica que genera grave daño a la salud de las personas (art. 325.2, párrafo 2), exige como presupuesto del tipo objetivo, además de un potencial riesgo grave para la salud, que se constate el incumplimiento formal de la normativa general reguladora del ruido. Sólo ambos elementos legitiman el recurso al derecho penal como fórmula sancionadora y que se supere el ámbito corrector del derecho administrativo.

Y decíamos en nuestras Sentencias 610/2021, de 7 de julio y 870/2021, de 12 de noviembre, que la conducta del nuevo párrafo segundo del artículo 325.2 del vigente Código Penal no define un tipo hiperagravado que exaspere la pena impuesta en el actual artículo 325.2 (delito de emisiones que puedan perjudicar gravemente los sistemas naturales), sino que constituye un tipo penal autónomo. Hemos dicho que la generación de un riesgo grave para la salud de las personas sopone introducir un potencial peligro a la estructura del tipo penal básico del artículo 325.1 (referido a emisiones que pueden causar daños sustanciales en el aire, suelo, aguas, animales o plantas), justificando con ello una penalidad propia y de mayor intensidad. Concretamente, siendo la pena del actual artículo 325.1 la de seis meses a dos años de prisión, la punición por emisiones que comporten un riesgo grave para la salud de las personas será de un año, tres meses y un día como límite mínimo, hasta un máximo de tres años, esto es, de la mitad superior de la pena prevista en el artículo 325.1, hasta la superior en grado; sin perjuicio de las agravaciones específicas previas del actual artículo 327.

Por ello hemos remarcado que el tipo penal actual recoge una penalidad más beneficiosa que la fijada por LO 5/2010, que establecía en el artículo 325 que las emisiones de ruido que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales serían castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, imponiéndose en su mitad superior si comportaban un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas.

3.3.No obstante, la redacción operada por la LO 1/2015 también ha introducido variaciones en la conducta típica que pueden hacer que el sujeto activo resulte más favorecido con la legislación anterior y que no han sido aplicadas en la sentencia impugnada.

En la reforma operada por la LO 1/2015 el legislador moduló la actuación delictiva indicando la irrelevancia de que el daño o el riesgo dañoso surgiera de uno o varios actos. El Código Penal sanciona ahora los actos típicos que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones generales protectoras del medio ambiente, «por sí mismos o conjuntamente con otros»,cause o pueda causar daños al aire, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas (art. 325.1). También lo hace en el primer inciso del artículo 325.2, al tipificar como delito agravado "cuando las anteriores [conductas], por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales...".Y aunque la mención no se recoge en la tipificación de los comportamientos que comporten un riesgo grave para la salud de las personas,este tipo penal autónomo recoge la exigencia al configurarse por referencia a "las anteriores conductas".

Eso significa que para ser sujeto activo del tipo penal es necesario que cada emisorcumpla, por sí mismo, la exigencia típica de que su conducta contravenga las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente (el que contraviniendo las leyes...,dice el Código), de forma que si el aporte individual no supera los límites legalmente fijados, la actuación no puede convertirse en delictiva por la simple suma de conductas no proscritas para el derecho administrativo.

Pero lo que sí permite ahora el legislador es que el daño o el riesgo típico pueda surgir, no solo por una conducta aislada, sino también por la suma de varias.

Consecuentemente:

a) Son punibles las conductas de un mismo sujeto que, infringiendo por sí mismas el derecho administrativo, sólo por su acumulación o reiteración generen el riesgo de grave perjuicio en la salud de las personas. Una previsión que conecta con nuestra jurisprudencia anterior, que ya entendía que en el delito ecológico, como conducta global, lo habitual es una pluralidad de emisiones (también acústicas) que acumulativamente generen el riesgo exigido por el tipo penal.

b) Pero junto a ellas, el nuevo Código abre la punición a aquellos supuestos en los que conductas de varios sujetos, por sí solas infractoras del ordenamiento administrativo, se acumulan hasta generar en conjunto el daño o el riesgo dañoso, siempre que la aportación sea jurídicamente relevante y se aprecie en el sujeto una responsabilidad a título de dolo o imprudencia (grave conforme al art. 331 del Código Penal) .

3.4.Desde esta configuración del tipo penal, la previsión anterior a la LO 1/2015 resulta más favorable, en cuanto que el reproche penal sólo podía nacer de una conducta propia que debía infringir las normas administrativas reguladoras de la emisión y que debía introducir, por sí misma y aun en su reiteración, el daño o el riesgo típico.

De forma que para hechos anteriores a la entrada en vigor de la actual regulación debe acreditarse con precisión: a) cuál era el umbral normativo de prohibición en la generación de ruidos; b) cuál era el nivel de ruido atribuible al comportamiento del sujeto activo y su concordancia con las exigencias legales y c) qué aptitud objetiva tenía su actuación -repetida o no- para generar por sí misma un daño o un grave riesgo para la salud de las personas; lo que entraña discriminar su actuación cuando concurría con otros focos potencialmente lesivos.

3.5.En suma, en un escenario con doble fuente de ruido, la condena penal no exige acreditar un ruido final elevadosusceptible de generar lesión, sino que el ruido producido por el sujeto activo excedía de lo autorizado y lo hacía hasta el punto de ser por sí mismo potencialmente lesivo para la salud de las personas.

En el presente caso, la cuestión decisiva no radica en discutir la existencia de molestias o de un entorno ruidoso, sino en determinar si la sentencia ha acreditado, más allá de cualquier duda razonable, que el nivel determinante para afirmar el riesgo grave era imputable al establecimiento del acusado, cuando consta la existencia de otros dos locales con actividad concurrente.

CUARTO.- 4.1.La Audiencia Provincial pretende salvar el problema de la doble fuente de ruido restando trascendencia a los otros dos focos concurrentes.

Respecto a la terraza de la cafetería DIRECCION012, diluye su repercusión en el resultado final de la medición efectuada por el Seprona desde la reflexión de que el local se ubicaba en la esquina contraria y al otro lado de la calle del punto donde se efectuaron las mediciones. Sobre el "Bar DIRECCION009", desvía la relevancia con la afirmación de que la terraza era de menor superficie que la del acusado y que estaba más alejada del lugar de residencia de los perjudicados. Todo ello, reforzando la responsabilidad del recurrente desde las declaraciones testificales de vecinos, que afirmaron que era la Terraza del "Bar DIRECCION002" la que más ruido hacía y la que cerraba más tarde.

4.2.Sin embargo, el razonamiento incurre en una primera debilidad estructural -hasta el punto de comprometer la coherencia de la conclusión-, al apoyarse en un criterio erróneo como el del tamaño o la ubicación de la terraza, para resolver una cuestión que exige, por su propia naturaleza, de una individualización técnica.

El informe del Seprona no se limitó a medir la inmisión del ruido en una sola vivienda, sino que realizó mediciones en dos domicilios elegidos, precisamente, por su respectiva proximidad a los bares DIRECCION009 y DIRECCION002; con la peculiaridad que ambas mediciones se referían a la inmisión conjunta del sonido proveniente de ambos establecimientos, el más cercano y el más lejano.

Y en ese diseño, resulta particularmente significativo que los niveles de inmisión más elevados se registren en la vivienda más próxima al "Bar DIRECCION009" (64 dB), y no en la vivienda tomada como referencia por su proximidad al local del acusado (58 dB). Este extremo no puede ser neutralizado con la afirmación genérica de que el Bar DIRECCION009 tiene una terraza más pequeña y que emite menos ruido, porque el propio patrón empírico muestra que el foco descartado -cuya persecución penal se descartó únicamente porque su propietario estaba en ignorado paradero- podía ser el más determinante en la obtención del resultado prohibido.

4.3.Con ello, no se trata de afirmar que el acusado fuera ajeno a cualquier contribución acústica, sino constatar que la sentencia asigna la responsabilidad exclusiva al acusado sin haber depurado una hipótesis alternativa razonable: que el nivel de inmisión de ruido era el resultado agregado de ambos locales y que era atribuible, en medida más relevante incluso, al foco que desatiende la sentencia.

QUINTO.- 5.1.Además, existe otro elemento que refleja el equívoco de la sentencia. Como se ha adelantado, las mediciones desde las dos viviendas recogen un nivel de inmisión que resulta de la suma conjunta de ambas fuentes de ruido.

Así se recoge en el informe pericial del Seprona, el cual describe que las lecturas se obtuvieron:

a) Desde el DIRECCION007 «colindante más próximo con el establecimiento denominado "Bar DIRECCION009", sito en la DIRECCION013 del Edificio " DIRECCION014", según lo indicado por los denunciantes uno de los lugares que más afectación tiene, realizando dicho estudio de la fuente de ruido investigada, si bien en la misma se incluye la actividad desarrollada por el "Bar Restaurante DIRECCION002", ubicado en los bajos del DIRECCION014" en DIRECCION001»; así como en

b) la «vivienda sita en el DIRECCION008, colindante más próximo con el establecimiento denominado "Bar restaurante DIRECCION002", sito en la DIRECCION001 del edificio. La Alameda, según lo indicado por los denunciantes uno de los lugares que más afectación tiene, realizando dicho estudio de la fuente de ruido investigada, si bien en la misma se incluye la actividad desarrollada por el "Bar DIRECCION009" ubicado en los bajos del DIRECCION005, en DIRECCION013».

5.2.Es evidente que, si la inmisión es ambigua por resultar de una suma de origen plural, la lógica normativa imponía completar la evaluación con mediciones del nivel de emisión de ruidos en cada uno de los focos. Así, descontando la medida asignable a cada fuente, podría evaluarse la incidencia que cada una tenía en el riesgo a la salud de las personas inherente al dato de inmisión soportado por los vecinos. Dicho de otro modo, la sentencia asienta la imputación esencialmente sobre mediciones de inmisión interior (lo que se registra dentro de viviendas), pero en un supuesto con doble foco, la inmisión interior es -por definición- un dato susceptible de contaminación por concurrencia de fuentes.

En tales escenarios, la lógica técnico-jurídica de la evaluación acústica exige completar el análisis con mediciones que permitan segregar contribuciones, bien abordando mediciones de inmisión con paralización alterna de los distintos focos, bien midiendo los distintos focos de emisión en contexto de control del resto de fuentes. De ese modo, tanto se podría evaluar el respeto o la transgresión de cada fuente a la previsión normativa, como su contribución al riesgo finalmente resultante. Una lógica que confirma el propio informe pericial cuando decidió efectuar, en horarios nocturnos y con todos los establecimientos cerrados, mediciones separadas que poder descontar como ruido ambiental de las lecturas de inmisión y fijar así claramente cuál era el ruido atribuible al conjunto de establecimientos de hostelería.

5.3.La estrategia de medir dos viviendas con una proximidad equivalente a sendos focos de emisión de ruido que pertenecen a distintos propietarios, agrupando además la presión sonora de ambos negocios, puede ser un indicio de que ambos tengan responsabilidad en la transgresión de las normas de emisión de ruidos, pero no basta para una acreditación cerrada y certera del dato. Y la constatación de que los moradores de las viviendas estaban sometidos a un riesgo para su salud tampoco posibilita una segregación causal, más aún cuando se unen otros elementos condicionantes del ruido como los materiales de la terraza, las diferencias de ocupación o los picos de clientela que el informe no evalúa y, particularmente, cuando el máximo de perjuicio sonoro se constata en el lugar más cercano al foco descartado.

El Tribunal no puede abordar una valoración razonable de la prueba prescindiendo del déficit de individualización técnica que hemos descrito y extraer sus conclusiones con elementos que se han mostrado equívocos.

SEXTO.- 6.1.Por otro lado, la precisión normativa es condición de racionalidad en delitos "técnicos" que se constituyen como normas penales en blanco.

Cuando el enjuiciamiento se apoya en magnitudes técnicas que determinan la concurrencia de alguno de los requisitos del tipo penal, el Tribunal debe manejar con exactitud el parámetro normativo. El error en el umbral no es un formalismo, sino que altera la fuerza probatoria y la consistencia lógica del razonamiento.

6.2.En lo que aquí interesa, la normativa valenciana (Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica), en la Tabla 2 de su Anexo II, para el uso residencial establece un límite interior nocturno de ruido de 30 dB en piezas habitables (excepto cocinas) y reserva el umbral de 25 dB para supuestos distintos, concretamente para los dormitorios que se sitúen en edificios de uso sanitario.

6.3.Por su parte, la legislación nacional, concretada en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolló la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,contiene distintas tablas con finalidades diferentes. Para una calidad acústica en el espacio interior habitable de una vivienda, el objetivo nocturno en dormitorios se sitúa en 30 dB (Tabla B, del Anexo II). El de 25 dB, aparece asociado a otros supuestos, en concreto al ruido transmitido a dormitorios residenciales por la actividad de locales colindantes (Tabla B2, del Anexo III), supuesto que no se daba en este caso, en el que la medición se hizo desde viviendas no estrictamente contiguas con los focos de emisión.

6.4.La prueba pericial asentada en el informe del Seprona utiliza "25 dB" como referencia, en un contexto que describe como medición de inmisión interior, lo que evidencia una lectura discutible de la norma técnica, de modo que la sentencia, al acoger ese dato, incorpora al razonamiento un parámetro que no queda fijado con la claridad exigible.

6.5.No puede eludirse que, pese al error, los resultados que se recogieron superaban ampliamente el umbral máximo de inmisión, pero el error o la imprecisión en esta referencia resulta especialmente relevante en un caso de doble fuente.

Si resulta confuso que el recurrente transgrediera por sí mismo la norma administrativa -más aún cuando los valores de inmisión se disparan en la vivienda más próxima al otro foco-, el desplazamiento del umbral hacia una cifra más baja (25 en vez de 30), se muestra como otro aspecto relevante.

El Tribunal de instancia manejó un informe pericial médico que dictaminó que, desde los umbrales de ruido medidos, podía derivarse un riesgo para la salud; pero la oscilación de corrección de 30 dB a 25, pudo ser un dato determinante para la conclusión de los peritos sobre si la exposición en este caso resultaba lesiva, sin que en el plenario se llegara a solicitar que contextualizaran su informe al umbral realmente imperante.

6.6.Se añade que el informe médico-forense se apoya en el padecimiento por ruido -dato de inmisión- a partir de las mediciones obtenidas por los técnicos. Pero el informe acústico proclama que ha reflejado como tasa de inmisión la lectura más alta de las tomadas, esto es, la más desfavorable al acusado.

En un análisis de salud, especialmente cuando el tipo penal exige que se cree un riesgo de grave perjuicio para la salud, la variable relevante no es el pico más lesivo, sino la exposición continuada o repetida con intensidad suficiente. Convertir la medición máxima en un sustituto del nivel medio continuado, sin introducir en la pericial médica unas aclaraciones sobre la incidencia que en el resultado tendrían unas tasas de ruido inferiores y más frecuentes, introduce una quiebra en la cadena causal, esto es, se pasa a proclamar la existencia de una exposición típica a partir del "máximo observado" y sin confirmaciones de otras tasas medias o intermedias.

SÉPTIMO.- 7.1.Y estos déficits en la ponderación de la prueba pericial médica respecto al riesgo para la salud de las personas y su relación de causalidad con el comportamiento del recurrente, surgen de otros aspectos del informe pericial de medición del ruido.

7.2.Como hemos dicho, la sentencia extrae la conclusión de que concurría un riesgo grave para la salud a partir de unos informes forenses que descansan en la constante relación de los denunciantes con el ruido excesivo proveniente, al menos, de dos establecimientos. Si embargo, el informe pericial médico no individualiza -ni puede individualizar sin base acústica segregada de los técnicos de sonido- qué parte del fenómeno lesivo es imputable al foco del recurrente.

Si la sentencia sólo puede proclamar que la actividad del recurrente coadyubaba a la aparición del riesgo, pero no puede justificar que el foco del acusado era suficiente por sí mismo para generarlo, no se satisface racionalmente la acreditación del elemento que el tipo exigía -como ya hemos expresado- a la fecha en que los hechos tuvieron lugar; sin que el déficit pueda subsanarse con afirmaciones testificales genéricas sobre las molestias generadas por cada una de las terrazas o con expresiones de que persistía el ruido (sin saber a qué nivel) cuando cerraba una terraza y se mantenía abierta la del recurrente.

OCTAVO.- 8.1.Consecuentemente, la prueba practicada evidencia que los denunciantes estuvieron efectivamente sometidos a inmisiones de ruido no permitidas e intolerables que, desde luego, obligaban a una reacción administrativa rápida y eficaz que preservara sus condiciones de descanso y salud, además de a una reacción penal que reforzara la protección si se desbordan los más estrictos límites del derecho penal.

8.2.Pero esta última reacción debe abordarse sin romper las costuras de la tipicidad y culpabilidad que abrigan la razón de la sanción penal, asegurándose la culminación de una investigación que sea capaz de desvelar las circunstancias que hacen a una persona merecedora del reproche punitivo que el Código Penal contempla.

Y con lo razonado resulta que la sentencia recurrida no ofrece una base probatoria suficiente para afirmar que la actuación empresarial del acusado sobrepasara por sí misma los umbrales de tolerancia impuestos en la norma administrativa que integra la conducta delictiva, ni que el nivel acústico generado por su exclusiva actividad -según la norma penal aplicable en la fecha de los hechos-, introdujera el riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas que reclama el tipo penal que contemplamos.

La concurrencia de al menos dos focos. La falta de diferenciación del ruido generado por cada uno de estos focos ya sea mediante mediciones en el punto de emisión que pudieran ser descontadas de los valores absolutos, ya sea mediante protocolos alternos de paralización de la actividad de los distintos focos para fijar los valores de inmisión atribuibles a cada fuente. La contradicción práctica de los criterios de proximidad y tamaño utilizados por la Sala para valorar la prueba, puesto que los valores máximos de ruido se registraron en la vivienda que se encontraba más próxima al bar con terraza de menor dimensión. La imprecisión normativa entre los umbrales de decibelios admisibles y el uso desacertado del Real Decreto 1367/2007. Y, asimismo, una pericial forense que, a la hora de extraer la concurrencia del riesgo para la salud, no contempla las desviaciones entre las mediciones y el umbral de ruido legalmente aceptado, además de apoyarse en la peor lectura de ruido de una noche. Todo ello compone un cuadro que, respecto a los dos elementos del tipo que hemos venido analizando y su atribución concreta al recurrente, deja abierta una duda razonable de culpabilidad que resulta incompatible con el estándar constitucional de certeza.

En consecuencia, procede estimar el motivo por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española y dictar sentencia absolutoria, con los efectos legales inherentes, quedando sin objeto, por su propia naturaleza, el resto de motivos en cuanto no puedan mantener autonomía útil tras la absolución.

NOVENO.-Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.

PRIMERO.- 1.1.La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en su Rollo de Sala 25/2019, dictó Sentencia el 22 de febrero de 2023 en la que condenó a Vicente como autor criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en su modalidad de contaminación acústica, del artículo 325.1 y último párrafo, así como del artículo 327.b) del Código Penal, en la redacción del código penal actualmente vigente y concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, imponiéndole por ello la pena de prisión por tiempo de dos años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de doce meses en cuota de seis euros diarios.

1.2.Contra esta resolución se interpone el presente recurso de casación que se estructura alrededor de siete motivos, el primero de ellos formalizado por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

En su alegato, el recurrente sostiene que la sentencia vulnera, por un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a una resolución motivada ( arts. 24.1 y 120.3 CE) y, por otro, el derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) , porque el Tribunal de instancia habría condenado sin explicar de forma racional y completa por qué entiende acreditados determinados extremos, y por qué ha silenciando prueba de descargo que -según la defensa- descartaba la culpabilidad del acusado o generaba una duda razonable.

Reprocha que la sentencia reproduce sustancialmente la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal y, en buena medida, el factumde una sentencia anterior que fue anulada por el Tribunal Supremo, pero que no refleja en qué elementos probatorios y con qué valoración se sustentan determinados hechos y elementos típicos, particularmente frente a la prueba de descargo ofrecida en el plenario.

En concreto, destaca que el Tribunal ha asentado su reproche en los cuatro denunciantes, otorgándoles plena credibilidad, pero que en el segundo juicio los denunciantes habrían incorporado manifestaciones "nuevas" encaminadas a atribuir el ruido exclusivamente al local del acusado, lo que se enfrenta a las denuncias iniciales y al primer juicio realizado, en los que reconocieron que el ruido provenía de varios locales de la zona.

Destaca también que no se haya confrontado esa prueba testifical con la de descargo, particularmente con la declaración de Amelia (expropietaria de uno de los locales y vecina de la zona), que -según expone- situaba el origen de la problemática en una dinámica previa a la compra del local por el recurrente y afirmó que el acusado continuó una actividad existente, adoptando incluso medidas correctoras cuando fue requerido. También insiste en la relevancia del testimonio de Justino, vecino durante años del NUM008 piso, justo encima del local del recurrente, que dijo no haber sufrido molestias que le impidieran descansar y que mencionó la coexistencia de otras terrazas colindantes en el lugar. Y añade un punto que considera nuclear y que tampoco se valora en la sentencia impugnada, en concreto, la declaración de la ingeniera municipal Estibaliz, que el recurrente la utiliza para sostener que la prueba central de cargo -la medición de sonido abordada por el Seprona- no permite discriminar cuánto ruido correspondía a cada foco cuando funcionaban varias terrazas a la vez, lo que impide concluir si su actividad, por sí sola, superara los límites permitidos y generara el "grave riesgo" para la salud exigido para el reproche penal.

Por último, reprocha que la prueba documental plasma una versión alternativa a la sentencia al reflejar que la terraza ya se usaba antes de que el acusado adquiriera el negocio, estando tolerada por el consistorio; apareciendo también numerosos expedientes y quejas contra el "Bar DIRECCION009" y contra la Cafetería DIRECCION012, así como apartados del expediente que reflejan que el acusado fue adoptando medidas correctoras, hasta el punto que ciertas molestias (persianas, arrastre de sillas) se dieron por subsanadas.

Con todo, el recurrente formula la objeción de que no se han acreditado los elementos esenciales del tipo penal, es decir, cuál era el nivel de ruido atribuible a la actividad del acusado y si su actividad -aislada- alcanzaba el umbral penal de generar un grave riesgo para la salud de las personas. La sentencia -denuncia-, se apoya en una medición que integra el ruido de dos locales, así como en testimonios de los denunciantes, pero sin una base objetiva que permita atribuir causalmente la afectación a la salud "en exclusiva" al recurrente. A esto añade que, a su entender, la sentencia también habría pasado por alto que las decisiones municipales, en ciertos momentos, levantaron las restricciones de uso de la terraza porque se apreciaba riesgo para las personas.

En consecuencia, sostiene que no hay prueba de cargo bastante para destruir la presunción de inocencia y pide que se estime el motivo y se dicte sentencia absolutoria, afirmando que el juicio lógico que proclama su concurrencia es insuficiente para excluir otras tesis alternativas igualmente fundadas.

SEGUNDO.- 2.1.Esta Sala recuerda, en términos acordes con la doctrina del Tribunal Constitucional, que el control casacional en materia de presunción de inocencia no transforma el recurso en una tercera instancia, ni autoriza a sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por una nueva ponderación sobre la credibilidad derivada de la inmediación; pero sí impone verificar: a) la existencia de prueba de cargo válida y contradictoria; b) que esa prueba sea suficiente para enervar la presunción de inocencia; y c) que la conclusión de culpabilidad se apoye en un discurso motivador que supere el test de racionalidad a partir de la totalidad del material probatorio aportado y excluyendo inferencias fundadas en premisas erróneas o sobre conjeturas.

2.2.Sobre este último elemento hemos indicado en diversas ocasiones que al introducirse el juicio de racionalidad dentro del margen de fiscalización que impone la presunción de inocencia, se crean puntos de confluencia con el derecho a la tutela judicial efectiva. La suficiencia de la prueba de cargo, núcleo esencial para la desactivación del derecho a la presunción de inocencia, al evidenciarse a través de una motivación coherente y sin fisuras del Tribunal, conforma un espacio en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial, quebrantado cuando el órgano de enjuiciamiento no justifica suficientemente la respuesta que se ofrece a las pretensiones de las partes.

2.3.Desde esta consideración, hemos de destacar que cuando la condena se construye en gran parte sobre datos e inferencias técnicas -como en este caso la acústica ambiental a partir de niveles de emisión e inmisión de ruidos u otros parámetros científicos de relevancia normativa-, el control judicial de la suficiencia probatoria se desplaza intensamente desde la credibilidad subjetiva de la prueba hacia el llamado juicio lógico de la prueba. En esos casos, la corrección del razonamiento que enlaza los hechos-base con la conclusión típica, pasa más que nunca por la constatación de un encadenamiento argumental que resulta coherente, no contradictorio y suficientemente explicativo, excluyendo también hipótesis alternativas compatibles con la inocencia, no sólo desde las máximas de la experiencia y reglas de la lógica, sino también, como decíamos en nuestra STS 532/2019, de 4 de noviembre, desde «... principios científicos».

2.4.Por último, en lo que a este procedimiento interesa, esta Sala ha venido afirmando que la presunción de inocencia exige algo más que una "preferencia"por la tesis acusatoria. La satisfacción de este derecho constitucional y del derecho a la tutela judicial efectiva, pasa porque la prueba de cargo y las inferencias practicadas por el juzgador permitan afirmar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Cuando permanece abierta una hipótesis alternativa igualmente sólida que desvanece un elemento decisivo del tipo penal, la consecuencia no es la validación del juicio de responsabilidad, ni siquiera la retroacción de la causa para una nueva valoración probatoria en la instancia, sino la absolución, porque el déficit no es formal sino sustantivo, al estar la sentencia carente de prueba de cargo suficientemente apta para destruir la presunción de inocencia y fundar la conclusión condenatoria.

TERCERO.- 3.1.La sentencia recurrida condena por delito contra el medio ambiente en modalidad de contaminación acústica, aplicando el artículo 325 del Código Penal en su redacción dada por la LO 1/2015, al considerar que la actual tipificación resulta más beneficiosa para el acusado.

3.2.El posicionamiento es correcto conforme a la penalidad del delito.

Nuestra jurisprudencia ha proclamado que el tipo del delito contra el medio ambiente por contaminación acústica que genera grave daño a la salud de las personas (art. 325.2, párrafo 2), exige como presupuesto del tipo objetivo, además de un potencial riesgo grave para la salud, que se constate el incumplimiento formal de la normativa general reguladora del ruido. Sólo ambos elementos legitiman el recurso al derecho penal como fórmula sancionadora y que se supere el ámbito corrector del derecho administrativo.

Y decíamos en nuestras Sentencias 610/2021, de 7 de julio y 870/2021, de 12 de noviembre, que la conducta del nuevo párrafo segundo del artículo 325.2 del vigente Código Penal no define un tipo hiperagravado que exaspere la pena impuesta en el actual artículo 325.2 (delito de emisiones que puedan perjudicar gravemente los sistemas naturales), sino que constituye un tipo penal autónomo. Hemos dicho que la generación de un riesgo grave para la salud de las personas sopone introducir un potencial peligro a la estructura del tipo penal básico del artículo 325.1 (referido a emisiones que pueden causar daños sustanciales en el aire, suelo, aguas, animales o plantas), justificando con ello una penalidad propia y de mayor intensidad. Concretamente, siendo la pena del actual artículo 325.1 la de seis meses a dos años de prisión, la punición por emisiones que comporten un riesgo grave para la salud de las personas será de un año, tres meses y un día como límite mínimo, hasta un máximo de tres años, esto es, de la mitad superior de la pena prevista en el artículo 325.1, hasta la superior en grado; sin perjuicio de las agravaciones específicas previas del actual artículo 327.

Por ello hemos remarcado que el tipo penal actual recoge una penalidad más beneficiosa que la fijada por LO 5/2010, que establecía en el artículo 325 que las emisiones de ruido que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales serían castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, imponiéndose en su mitad superior si comportaban un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas.

3.3.No obstante, la redacción operada por la LO 1/2015 también ha introducido variaciones en la conducta típica que pueden hacer que el sujeto activo resulte más favorecido con la legislación anterior y que no han sido aplicadas en la sentencia impugnada.

En la reforma operada por la LO 1/2015 el legislador moduló la actuación delictiva indicando la irrelevancia de que el daño o el riesgo dañoso surgiera de uno o varios actos. El Código Penal sanciona ahora los actos típicos que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones generales protectoras del medio ambiente, «por sí mismos o conjuntamente con otros»,cause o pueda causar daños al aire, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas (art. 325.1). También lo hace en el primer inciso del artículo 325.2, al tipificar como delito agravado "cuando las anteriores [conductas], por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales...".Y aunque la mención no se recoge en la tipificación de los comportamientos que comporten un riesgo grave para la salud de las personas,este tipo penal autónomo recoge la exigencia al configurarse por referencia a "las anteriores conductas".

Eso significa que para ser sujeto activo del tipo penal es necesario que cada emisorcumpla, por sí mismo, la exigencia típica de que su conducta contravenga las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente (el que contraviniendo las leyes...,dice el Código), de forma que si el aporte individual no supera los límites legalmente fijados, la actuación no puede convertirse en delictiva por la simple suma de conductas no proscritas para el derecho administrativo.

Pero lo que sí permite ahora el legislador es que el daño o el riesgo típico pueda surgir, no solo por una conducta aislada, sino también por la suma de varias.

Consecuentemente:

a) Son punibles las conductas de un mismo sujeto que, infringiendo por sí mismas el derecho administrativo, sólo por su acumulación o reiteración generen el riesgo de grave perjuicio en la salud de las personas. Una previsión que conecta con nuestra jurisprudencia anterior, que ya entendía que en el delito ecológico, como conducta global, lo habitual es una pluralidad de emisiones (también acústicas) que acumulativamente generen el riesgo exigido por el tipo penal.

b) Pero junto a ellas, el nuevo Código abre la punición a aquellos supuestos en los que conductas de varios sujetos, por sí solas infractoras del ordenamiento administrativo, se acumulan hasta generar en conjunto el daño o el riesgo dañoso, siempre que la aportación sea jurídicamente relevante y se aprecie en el sujeto una responsabilidad a título de dolo o imprudencia (grave conforme al art. 331 del Código Penal) .

3.4.Desde esta configuración del tipo penal, la previsión anterior a la LO 1/2015 resulta más favorable, en cuanto que el reproche penal sólo podía nacer de una conducta propia que debía infringir las normas administrativas reguladoras de la emisión y que debía introducir, por sí misma y aun en su reiteración, el daño o el riesgo típico.

De forma que para hechos anteriores a la entrada en vigor de la actual regulación debe acreditarse con precisión: a) cuál era el umbral normativo de prohibición en la generación de ruidos; b) cuál era el nivel de ruido atribuible al comportamiento del sujeto activo y su concordancia con las exigencias legales y c) qué aptitud objetiva tenía su actuación -repetida o no- para generar por sí misma un daño o un grave riesgo para la salud de las personas; lo que entraña discriminar su actuación cuando concurría con otros focos potencialmente lesivos.

3.5.En suma, en un escenario con doble fuente de ruido, la condena penal no exige acreditar un ruido final elevadosusceptible de generar lesión, sino que el ruido producido por el sujeto activo excedía de lo autorizado y lo hacía hasta el punto de ser por sí mismo potencialmente lesivo para la salud de las personas.

En el presente caso, la cuestión decisiva no radica en discutir la existencia de molestias o de un entorno ruidoso, sino en determinar si la sentencia ha acreditado, más allá de cualquier duda razonable, que el nivel determinante para afirmar el riesgo grave era imputable al establecimiento del acusado, cuando consta la existencia de otros dos locales con actividad concurrente.

CUARTO.- 4.1.La Audiencia Provincial pretende salvar el problema de la doble fuente de ruido restando trascendencia a los otros dos focos concurrentes.

Respecto a la terraza de la cafetería DIRECCION012, diluye su repercusión en el resultado final de la medición efectuada por el Seprona desde la reflexión de que el local se ubicaba en la esquina contraria y al otro lado de la calle del punto donde se efectuaron las mediciones. Sobre el "Bar DIRECCION009", desvía la relevancia con la afirmación de que la terraza era de menor superficie que la del acusado y que estaba más alejada del lugar de residencia de los perjudicados. Todo ello, reforzando la responsabilidad del recurrente desde las declaraciones testificales de vecinos, que afirmaron que era la Terraza del "Bar DIRECCION002" la que más ruido hacía y la que cerraba más tarde.

4.2.Sin embargo, el razonamiento incurre en una primera debilidad estructural -hasta el punto de comprometer la coherencia de la conclusión-, al apoyarse en un criterio erróneo como el del tamaño o la ubicación de la terraza, para resolver una cuestión que exige, por su propia naturaleza, de una individualización técnica.

El informe del Seprona no se limitó a medir la inmisión del ruido en una sola vivienda, sino que realizó mediciones en dos domicilios elegidos, precisamente, por su respectiva proximidad a los bares DIRECCION009 y DIRECCION002; con la peculiaridad que ambas mediciones se referían a la inmisión conjunta del sonido proveniente de ambos establecimientos, el más cercano y el más lejano.

Y en ese diseño, resulta particularmente significativo que los niveles de inmisión más elevados se registren en la vivienda más próxima al "Bar DIRECCION009" (64 dB), y no en la vivienda tomada como referencia por su proximidad al local del acusado (58 dB). Este extremo no puede ser neutralizado con la afirmación genérica de que el Bar DIRECCION009 tiene una terraza más pequeña y que emite menos ruido, porque el propio patrón empírico muestra que el foco descartado -cuya persecución penal se descartó únicamente porque su propietario estaba en ignorado paradero- podía ser el más determinante en la obtención del resultado prohibido.

4.3.Con ello, no se trata de afirmar que el acusado fuera ajeno a cualquier contribución acústica, sino constatar que la sentencia asigna la responsabilidad exclusiva al acusado sin haber depurado una hipótesis alternativa razonable: que el nivel de inmisión de ruido era el resultado agregado de ambos locales y que era atribuible, en medida más relevante incluso, al foco que desatiende la sentencia.

QUINTO.- 5.1.Además, existe otro elemento que refleja el equívoco de la sentencia. Como se ha adelantado, las mediciones desde las dos viviendas recogen un nivel de inmisión que resulta de la suma conjunta de ambas fuentes de ruido.

Así se recoge en el informe pericial del Seprona, el cual describe que las lecturas se obtuvieron:

a) Desde el DIRECCION007 «colindante más próximo con el establecimiento denominado "Bar DIRECCION009", sito en la DIRECCION013 del Edificio " DIRECCION014", según lo indicado por los denunciantes uno de los lugares que más afectación tiene, realizando dicho estudio de la fuente de ruido investigada, si bien en la misma se incluye la actividad desarrollada por el "Bar Restaurante DIRECCION002", ubicado en los bajos del DIRECCION014" en DIRECCION001»; así como en

b) la «vivienda sita en el DIRECCION008, colindante más próximo con el establecimiento denominado "Bar restaurante DIRECCION002", sito en la DIRECCION001 del edificio. La Alameda, según lo indicado por los denunciantes uno de los lugares que más afectación tiene, realizando dicho estudio de la fuente de ruido investigada, si bien en la misma se incluye la actividad desarrollada por el "Bar DIRECCION009" ubicado en los bajos del DIRECCION005, en DIRECCION013».

5.2.Es evidente que, si la inmisión es ambigua por resultar de una suma de origen plural, la lógica normativa imponía completar la evaluación con mediciones del nivel de emisión de ruidos en cada uno de los focos. Así, descontando la medida asignable a cada fuente, podría evaluarse la incidencia que cada una tenía en el riesgo a la salud de las personas inherente al dato de inmisión soportado por los vecinos. Dicho de otro modo, la sentencia asienta la imputación esencialmente sobre mediciones de inmisión interior (lo que se registra dentro de viviendas), pero en un supuesto con doble foco, la inmisión interior es -por definición- un dato susceptible de contaminación por concurrencia de fuentes.

En tales escenarios, la lógica técnico-jurídica de la evaluación acústica exige completar el análisis con mediciones que permitan segregar contribuciones, bien abordando mediciones de inmisión con paralización alterna de los distintos focos, bien midiendo los distintos focos de emisión en contexto de control del resto de fuentes. De ese modo, tanto se podría evaluar el respeto o la transgresión de cada fuente a la previsión normativa, como su contribución al riesgo finalmente resultante. Una lógica que confirma el propio informe pericial cuando decidió efectuar, en horarios nocturnos y con todos los establecimientos cerrados, mediciones separadas que poder descontar como ruido ambiental de las lecturas de inmisión y fijar así claramente cuál era el ruido atribuible al conjunto de establecimientos de hostelería.

5.3.La estrategia de medir dos viviendas con una proximidad equivalente a sendos focos de emisión de ruido que pertenecen a distintos propietarios, agrupando además la presión sonora de ambos negocios, puede ser un indicio de que ambos tengan responsabilidad en la transgresión de las normas de emisión de ruidos, pero no basta para una acreditación cerrada y certera del dato. Y la constatación de que los moradores de las viviendas estaban sometidos a un riesgo para su salud tampoco posibilita una segregación causal, más aún cuando se unen otros elementos condicionantes del ruido como los materiales de la terraza, las diferencias de ocupación o los picos de clientela que el informe no evalúa y, particularmente, cuando el máximo de perjuicio sonoro se constata en el lugar más cercano al foco descartado.

El Tribunal no puede abordar una valoración razonable de la prueba prescindiendo del déficit de individualización técnica que hemos descrito y extraer sus conclusiones con elementos que se han mostrado equívocos.

SEXTO.- 6.1.Por otro lado, la precisión normativa es condición de racionalidad en delitos "técnicos" que se constituyen como normas penales en blanco.

Cuando el enjuiciamiento se apoya en magnitudes técnicas que determinan la concurrencia de alguno de los requisitos del tipo penal, el Tribunal debe manejar con exactitud el parámetro normativo. El error en el umbral no es un formalismo, sino que altera la fuerza probatoria y la consistencia lógica del razonamiento.

6.2.En lo que aquí interesa, la normativa valenciana (Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica), en la Tabla 2 de su Anexo II, para el uso residencial establece un límite interior nocturno de ruido de 30 dB en piezas habitables (excepto cocinas) y reserva el umbral de 25 dB para supuestos distintos, concretamente para los dormitorios que se sitúen en edificios de uso sanitario.

6.3.Por su parte, la legislación nacional, concretada en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolló la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,contiene distintas tablas con finalidades diferentes. Para una calidad acústica en el espacio interior habitable de una vivienda, el objetivo nocturno en dormitorios se sitúa en 30 dB (Tabla B, del Anexo II). El de 25 dB, aparece asociado a otros supuestos, en concreto al ruido transmitido a dormitorios residenciales por la actividad de locales colindantes (Tabla B2, del Anexo III), supuesto que no se daba en este caso, en el que la medición se hizo desde viviendas no estrictamente contiguas con los focos de emisión.

6.4.La prueba pericial asentada en el informe del Seprona utiliza "25 dB" como referencia, en un contexto que describe como medición de inmisión interior, lo que evidencia una lectura discutible de la norma técnica, de modo que la sentencia, al acoger ese dato, incorpora al razonamiento un parámetro que no queda fijado con la claridad exigible.

6.5.No puede eludirse que, pese al error, los resultados que se recogieron superaban ampliamente el umbral máximo de inmisión, pero el error o la imprecisión en esta referencia resulta especialmente relevante en un caso de doble fuente.

Si resulta confuso que el recurrente transgrediera por sí mismo la norma administrativa -más aún cuando los valores de inmisión se disparan en la vivienda más próxima al otro foco-, el desplazamiento del umbral hacia una cifra más baja (25 en vez de 30), se muestra como otro aspecto relevante.

El Tribunal de instancia manejó un informe pericial médico que dictaminó que, desde los umbrales de ruido medidos, podía derivarse un riesgo para la salud; pero la oscilación de corrección de 30 dB a 25, pudo ser un dato determinante para la conclusión de los peritos sobre si la exposición en este caso resultaba lesiva, sin que en el plenario se llegara a solicitar que contextualizaran su informe al umbral realmente imperante.

6.6.Se añade que el informe médico-forense se apoya en el padecimiento por ruido -dato de inmisión- a partir de las mediciones obtenidas por los técnicos. Pero el informe acústico proclama que ha reflejado como tasa de inmisión la lectura más alta de las tomadas, esto es, la más desfavorable al acusado.

En un análisis de salud, especialmente cuando el tipo penal exige que se cree un riesgo de grave perjuicio para la salud, la variable relevante no es el pico más lesivo, sino la exposición continuada o repetida con intensidad suficiente. Convertir la medición máxima en un sustituto del nivel medio continuado, sin introducir en la pericial médica unas aclaraciones sobre la incidencia que en el resultado tendrían unas tasas de ruido inferiores y más frecuentes, introduce una quiebra en la cadena causal, esto es, se pasa a proclamar la existencia de una exposición típica a partir del "máximo observado" y sin confirmaciones de otras tasas medias o intermedias.

SÉPTIMO.- 7.1.Y estos déficits en la ponderación de la prueba pericial médica respecto al riesgo para la salud de las personas y su relación de causalidad con el comportamiento del recurrente, surgen de otros aspectos del informe pericial de medición del ruido.

7.2.Como hemos dicho, la sentencia extrae la conclusión de que concurría un riesgo grave para la salud a partir de unos informes forenses que descansan en la constante relación de los denunciantes con el ruido excesivo proveniente, al menos, de dos establecimientos. Si embargo, el informe pericial médico no individualiza -ni puede individualizar sin base acústica segregada de los técnicos de sonido- qué parte del fenómeno lesivo es imputable al foco del recurrente.

Si la sentencia sólo puede proclamar que la actividad del recurrente coadyubaba a la aparición del riesgo, pero no puede justificar que el foco del acusado era suficiente por sí mismo para generarlo, no se satisface racionalmente la acreditación del elemento que el tipo exigía -como ya hemos expresado- a la fecha en que los hechos tuvieron lugar; sin que el déficit pueda subsanarse con afirmaciones testificales genéricas sobre las molestias generadas por cada una de las terrazas o con expresiones de que persistía el ruido (sin saber a qué nivel) cuando cerraba una terraza y se mantenía abierta la del recurrente.

OCTAVO.- 8.1.Consecuentemente, la prueba practicada evidencia que los denunciantes estuvieron efectivamente sometidos a inmisiones de ruido no permitidas e intolerables que, desde luego, obligaban a una reacción administrativa rápida y eficaz que preservara sus condiciones de descanso y salud, además de a una reacción penal que reforzara la protección si se desbordan los más estrictos límites del derecho penal.

8.2.Pero esta última reacción debe abordarse sin romper las costuras de la tipicidad y culpabilidad que abrigan la razón de la sanción penal, asegurándose la culminación de una investigación que sea capaz de desvelar las circunstancias que hacen a una persona merecedora del reproche punitivo que el Código Penal contempla.

Y con lo razonado resulta que la sentencia recurrida no ofrece una base probatoria suficiente para afirmar que la actuación empresarial del acusado sobrepasara por sí misma los umbrales de tolerancia impuestos en la norma administrativa que integra la conducta delictiva, ni que el nivel acústico generado por su exclusiva actividad -según la norma penal aplicable en la fecha de los hechos-, introdujera el riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas que reclama el tipo penal que contemplamos.

La concurrencia de al menos dos focos. La falta de diferenciación del ruido generado por cada uno de estos focos ya sea mediante mediciones en el punto de emisión que pudieran ser descontadas de los valores absolutos, ya sea mediante protocolos alternos de paralización de la actividad de los distintos focos para fijar los valores de inmisión atribuibles a cada fuente. La contradicción práctica de los criterios de proximidad y tamaño utilizados por la Sala para valorar la prueba, puesto que los valores máximos de ruido se registraron en la vivienda que se encontraba más próxima al bar con terraza de menor dimensión. La imprecisión normativa entre los umbrales de decibelios admisibles y el uso desacertado del Real Decreto 1367/2007. Y, asimismo, una pericial forense que, a la hora de extraer la concurrencia del riesgo para la salud, no contempla las desviaciones entre las mediciones y el umbral de ruido legalmente aceptado, además de apoyarse en la peor lectura de ruido de una noche. Todo ello compone un cuadro que, respecto a los dos elementos del tipo que hemos venido analizando y su atribución concreta al recurrente, deja abierta una duda razonable de culpabilidad que resulta incompatible con el estándar constitucional de certeza.

En consecuencia, procede estimar el motivo por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española y dictar sentencia absolutoria, con los efectos legales inherentes, quedando sin objeto, por su propia naturaleza, el resto de motivos en cuanto no puedan mantener autonomía útil tras la absolución.

NOVENO.-Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.