Sentencia Penal 226/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5662/2023 de 19 de marzo del 2026

PRIMERO.-Bajo la fórmula impugnativa del error facti( art. 849.2 LECrim), los tres primeros motivos del recurso invocan una dispersa pluralidad de documentos, de muy variado signo, para activar el excepcional mecanismo del art. 849.2º LECrim y anular la sentencia absolutoria dictada.

Los motivos son inviables. Suponen una concepción desenfocada de la potencialidad del art. 849.2º que no faculta para volver a la valorar toda la prueba con la excusa de uno o varios documentos relacionados con la causa. Recurrimos para explicarlo a un pasaje que se repite en muchos precedentes (entre muchas STS 235/2025, de 13 de marzo)

El uso -¡abuso!- del art. 849.2 LECrim es tan frecuente, como infrecuente su manejo correcto ( STS 368/2018, de 18 de julio entre muchas). Esa afirmación, no sorprenderá a ningún operador familiarizado con la casación.

Se explica esa paradoja seguramente por la rígida disciplina procesal que rodea la configuración legal del motivo, convirtiéndolo en terreno bien abonado para provocar no pocos tropezonesen quienes echan mano de él seducidos, quizás, por su amplísima y aparentemente ambiciosa etiqueta definidora -error en la valoración de la prueba-,pero ignorando o despreciando los requisitos, tremendamente exigentes, adosados a esa genérica categorización. Esos estrictos condicionantes incorporan justamente los componentes que armonizan la posibilidad de revisión y modificación de cuestiones fácticas que encierra esa causal con la naturaleza extraordinaria del recurso de casación y el respeto al principio de inmediación que inspira nuestra normativa (por todas, STS 592/2021, de 2 de julio).

El art. 849.2 LECrim habilita excepcionalmente al Tribunal de casación para revisar la valoración de la prueba realizada por la Sala de instancia o la de apelación sustituyéndola por la operada directamente por él. El respeto al principio de inmediación impone, empero, dos severas restricciones:

a)Solo respecto de la prueba documental la posición de un Tribunal de casación es idéntica a la del Tribunal de instancia en orden a la inmediación. Esa equiparabilidad es lo que posibilitó incrustar esta puerta casacional -error facti-ausente en la originaria casación. No se traiciona la inmediación, encumbrada como principio estructural en el modelo de nuestra Ley Procesal. El documento está ahí: puede ser percibido en iguales condiciones por ambos órganos jurisdiccionales, el de instancia y el de casación. No padece la inmediación.

b)Esa idea rectora -inmediación- aboca, no obstante, a una significativa limitación que restringe enormemente la operatividad de la norma: lo que se pretende acreditar con el documento no puede estar contradicho por otros elementos de prueba. Es coherente el correctivo: si otros medios de prueba de carácter personal desmienten lo que se deduce del documento, respecto de ellos el Tribunal de casación carece de inmediación. Por tanto, en la concepción de la LECrim, está incapacitado para sopesar la fuerza probatoria del documento en contraste con esas otras fuentes probatorias que no percibe con inmediación.

Los motivos que ahora se abordan incurren en un ejercicio de contorsionismo procesal transformado lo que era un motivo por error en la valoración de la prueba en apelación por un motivo en casación por error basado en documentos, unos documentos que, por sí mismos, no demuestran la culpabilidad del acusado, ni desmienten su versión de los hechos. Solo sirven para insistir de nuevo en la tesis enarbolada por la querellante, y dar pie a un razonamiento con el objetivo de provocar una convicción de culpabilidad para lo que no basta con lo que dimana de los documentos, sino que es imprescindible un desarrollo argumental en el que hay que echar mano de otras pruebas (especialmente sus declaraciones) y descartar el valor de otras (las declaraciones del acusado). Los documentos están a años luz de resultar literosuficientes para lo que la recurrente quiere demostrar.

Se hace caso omiso, por lo demás, de otro de los requisitos plasmados en el art. 849.2º: que lo que se pretende tener por acreditado no esté contradicho por otros medios de prueba. Contó el Tribunal con la declaración del acusado. Con eso queda absolutamente cerrada cualquier posibilidad de triunfo del recurso.

No basta con citar documentos (o elementos documentados que no son propiamente documentos) como excusa para discutir sin limitación alguna sobre la prueba. Es necesario (i) que los documentos sean en efecto documentos y no pruebas personales documentales; (ii) que sean literosuficientes, es decir demostrativos de lo que se quiere acreditar; (iii) que se hayan identificado tanto los documentos como sus particulares concretos relevantes; (iv) que las aseveraciones que quieren extraerse de ellos no estén contradichas por otros elementos probatorios; y, (v) que se consigne la redacción alternativa del hecho probado que se propone.

Pocos de esos requisitos se respetan.

Una simple declaración personal contradictoria con lo que se pretende demostrar en casación supone un portazoque cierra herméticamente esa puerta casacional ( art. 849.2 LECrim) .

SEGUNDO.-A estos argumentos habría que añadir otro de fuste: la imposibilidad de revertir en casación (o mediante cualquier otro recurso devolutivo) una absolución por razones probatorias. Por eso el recurso solo aspira a la nulidad y la repetición del juicio, pese a incluir un cuarto motivo por infracción de Ley del art. 849.1º LECrim cuyo genuino desenlace sería una condena. Si los tres primeros motivos no pueden prosperar por muchas razones, y el hecho probado invariado debe respetarse, es obvia la conclusión: está abocado al fracaso ese cuarto motivo basado en el art. 849.1º LECrim que aspira a que se declare cometido un delito de los arts. 248 y 250.1.7ª en relación con los arts. 395 y 390 CP.

Retomamos el argumento anunciado. Es bien conocida la doctrina del TEDH sobre las estrictas limitaciones a la hora de revocar contra reouna sentencia absolutoria por falta de prueba. Esa doctrina ha trastocado de forma radical el eventual juego en perjuicio del acusado de un motivo de casación por error facti,máxime si, como en este caso, concurren pruebas personales (declaraciones del acusado) que militan en favor de la tesis absolutoria.

Las excepciones a la doctrina general (imposibilidad de revocar sentencias absolutorias por motivos probatorios) basadas en prueba documental que en unos primeros momentos parecían admitirse, al menos en la doctrina constitucional nacional, han sido abolidas.

En efecto, la conocida y ya afianzada doctrina del TEDH, TC y de esta misma Sala anatematizando cualquier variación fáctica contra reoa través de un recurso devolutivo (menos si es de carácter extraordinario como la casación y no permite conferir audiencia a los afectados), se erige en obstáculo insalvable para el éxito de recursos como éste. Lo corrobora, entre otras, la STS 454/2023, de 10 de mayo, de la que tomamos prestadas algunas de las consideraciones que siguen y que recogen la evolución de tal doctrina y su recepción por esta Sala Segunda (vid. también, entre muchas otras, STS 363/2017, de 19 de mayo).

La aludida doctrina constitucional arranca de la STC 167/2002, de 18 de septiembre. Ha sido reiterada en numerosos pronunciamientos posteriores (junto a muchas otras, SSTC 21/2009, de 26 de enero, o 24/2009, de 26 de enero, hasta las 80/2013, 120/2013 ó 191/2014, de 17 de noviembre: más de un centenar). El eje de la argumentación, gira en torno al respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, integrados en el contenido esencial del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24 CE). Una condena, si quiere guardar escrupulosa fidelidad a esos principios, debe fundarse en actividad probatoria examinada directa y personalmente por el Tribunal que la dicta y practicada en un debate público en el que exista oportunidad de contradecir en presencia del órgano de enjuiciamiento la totalidad del acervo probatorio. Por tanto, cuando en un recurso devolutivo se suscitan cuestiones de hecho relacionadas, directa o indirectamente, con la valoración de pruebas de las que depende la condena ex novodel acusado, resulta imprescindible la celebración de nueva vista pública para que el Tribunal ad quempueda resolver tomando conocimiento directo e inmediato de ellas. Los principios de publicidad, inmediación y contradicción exigen oír personalmente a testigos, peritos y acusado que hayan prestado declaración en el juicio, a fin de llevar a cabo una valoración autónoma y no vicaria y poder corregir la efectuada por el órgano de instancia. El Tribunal de segunda instancia no puede modificar los hechos probados para propiciar una condena que revierta la absolución si tal mutación no viene precedida del examen directo y personal de acusados y testigos en un escenario público y con contradicción. Robustece tal conclusión el derecho de defensa que aconseja conferir al acusado la posibilidad de dirigirse personal y directamente al Tribunal.

Estas pautas, elaboradas inicialmente alrededor de la apelación, se proyectan también a la casación.

La doctrina del TC hunde sus raíces en una jurisprudencia más lejana del TEDH. La primera decisión que abordó esta materia data de 1988. Resolvía el caso Ekbatani contra Suecia( STEDH de 26 de mayo de 1988). Le seguirán otras tres SS TEDH que comparten fecha: 29 de octubre de 1991 (caso Helmers contra Suecia ,caso Jan-Ake Anderson contra Sueciay caso Fejde contra Suecia).La doctrina se consolidó con pronunciamientos posteriores: SSTEDH de 8 de febrero de 2000 (caso Cooke contra Austria y caso Stefanelli contra San Marino); STEDH 27 de junio de 2000 (caso Constantinescu contra Rumania )y STEDH de 25 de julio de 2000 (caso Tierce y otros contra San Marino ).Cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de derecho, y en especial, cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, no se puede resolver sin un examen directo y personal del acusado que niega haber cometido la infracción punible, so pena de sacrificar exigencias irrenunciables del derecho a un juicio justo.

El Tribunal de Estrasburgo ha llegado más lejos de lo que sostuvo nuestro Tribunal Constitucional en los primeros años de recepción: impone la audiencia directa del acusado por el Tribunal ad quemantes de resolver aunque la decisión del recurso se base en prueba documental o pericial, o en una revisión de inferencias. Las modulaciones y precauciones que el TC manejó al iniciar en 2002 esta senda interpretativa han acabado por derrumbarse avasalladas por la casi ausencia de todo matiz en el TEDH. Éste deja a salvo solo lo que es valoración de cuestiones estrictamente jurídicas.

TERCERO.-Una serie de pronunciamientos del TEDH -en otro orden de cosas-, referidos precisamente a España, hicieron inviable la perdurabilidad de una interpretación amplia del art. 849.2 LECrim. Su capacidad de operar contra reoen materia penal ha quedado abolida. Particularmente significativa fue la STEDH de 16 de noviembre de 2010 (asunto García Hernándezc. España ).La sentencia absolutoria fue revocada en apelación por la Audiencia Provincial -era un supuesto de mala praxis médica-, basándose en pruebas periciales. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo. Para la Corte supranacional con sede en Estrasburgo existió violación del artículo 6.1 del Convenio. Conclusiones idénticas se desprenden de la más reciente STEDH de 29 de marzo de 2016 (asunto Gómez Olmedo c. España )y otras posteriores.

En nuestra práctica judicial no se había cuestionado la capacidad del art. 849.2º LECrim para mutar en condena una absolución hasta el acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala Segunda de 19 de diciembre de 2012 que proclamó la imposibilidad de habilitar un trámite en casación para oír al acusado ante la eventualidad de la revocación de una sentencia absolutoria por razones probatorias. Esa audiencia no sería compatible con la naturaleza de la casación. El camino innovador (audiencia del acusado o reproducción de la prueba personal) que en algún momento ha sugerido la jurisprudencia constitucional ( STEDH de 20 de septiembre de 2016 asunto Hernández Rayoc. España ),solo cabe en apelación y siempre con previsión legislativa (inexistente en la actualidad: reforma de 2015); nunca en la casación.

Con ese acuerdo esta Sala Segunda indirectamente cercenó la viabilidad del art. 849.2º LECrim en perjuicio del reo. La doctrina del TEDH no deja ninguna puerta abierta.

Como sugiere la STS 976/2013, solo sería factible reenfocar la petición hacia metas diferentes (nulidad intentada en el recurso). No puede esta Sala ex novodictar una segunda sentencia de signo inculpatorio; pero sí está facultada, cuando aprecie un apartamiento irrazonado y arbitrario del resultado de una prueba documental, para anular la sentencia y devolver el conocimiento al Tribunal de instancia a efectos de una valoración racional de ese documento que puede haber sido injustificadamente ignorado, minusvalorado o despreciado.

CUARTO.-Eso es lo que solicita el recurso. Pero no puede tacharse la motivación fáctica contenida en la sentencia de irracional; o sesgada; o arbitraria. Antes bien, al contrario. Lo explica bien y de forma persuasiva la sentencia de apelación:

De nuevo hay que insistir en lo que constituye el objeto de enjuiciamiento, que se centra en la determinación -según se señaló en la sentencia impugnada- de "si el convenio de liquidación de la sociedad de gananciales fechado el 15 de junio de 2007 (...) responde a un acuerdo firmado entonces, en 2007, y con o sin conocimiento de lo que firmaba por parte de la Sra. Elisa. El tribunal de instancia llega a la conclusión, después de su extensa y a veces innecesaria argumentación, de que concurren dudas razonables acerca de cuándo fue firmado dicho documento y de si la querellante conocía con exactitud su contenido al tiempo de ser firmado. Es claro que las firmas estampadas en el documento son auténticas, lo que así se infiere de la prueba pericial practicada, y también es posible entender -como así lo hizo la sentencia impugnada que el contenido de dicho documento guarda correspondencia, al menos a primera vista, con las explicaciones ofrecidas por el acusado, a la sazón encargado de las cuestiones económicas familiares por su condición de abogado, en relación con que dicho documento fue redactado después de que no se pudo llevar a efecto la venta de la vivienda de la DIRECCION000, según se había pactado en el convenio regulador de 10 de enero' de 2007, por lo que se optó por redistribuir la adjudicación de los dos inmuebles a ambos cónyuges mediante el .documento de 15 de junio de 2007, quedándose el acusado con dicha vivienda, mientras que la querellante seguía en propiedad de la otra vivienda, de mayor valor, que ulteriormente fue donada a los tres hijos matrimoniales mediante escritura de 10, de mayo de 2012.

También es razonable aceptar -como igualmente lo hizo la sentencia apelada- que el documento cuestionado de 15 de junio de 2007 fue presentado ante la Agencia Tributaria con ocasión de una inspección fiscal correspondiente al ejercicio de 2010, y tampoco es descartable que dicho documento (obrante el original al folio 386 del tomo I) ya existía en 2007 al haber sido presentado ante la Conselleria de Territori i Habitatge.

Todos estos aspectos fácticos, que tienen una indudable significación probatoria, pero cuya fuerza es mayor o menor en función de los hechos y circunstancias en que se producen, se sitúan en el marco de unas malas relaciones entre los dos involucrados a lo largo de al menos 13 años (cuando estuvieron separados real o ficticiamente, cuando se reconciliaron y cuando se divorciaron), que no permiten conocer con exactitud lo ocurrido con el documento de referencia, especialmente en lo relativo a qué era lo que la querellante sabía de su contenido cuando lo firmó, toda vez que es indudable que ella lo firmó, según ha quedado pericialmente probado. Es posible que la -tesis defensiva del acusado sea cierta total o parcialmente, y lo mismo puede decirse de la tesis acusatoria de la querellante, y debido a la complejidad de sus relaciones y actuaciones jurídicas, judiciales y extrajudiciales, no es posible tomar una decisión condenatoria segura porque las dudas concurrentes lo impiden. Deberán las partes acudir ante la jurisdicción civil para solucionar sus divergencias, y allí, haciéndose aplicación de las presunciones legales y judiciales correspondientes, deberá hallarse la solución del conflicto que persiste entre las partes.

Es por todo esto por lo que la valoración del Tribunal de instancia no puede reputarse contraria al. sentido común, a la lógica vulgar o a la experiencia cotidiana, que son los criterios valorativos fácticos a los que ha de ajustarse, sin que su apreciación sobre lo ocurrido pueda ser tachada de absurda, arbitraria, incoherente o inconsistente, lo que obliga a desestimar el recurso de apelación interpuesto".

QUINTO.-El motivo quinto (aunque se vuelve a utilizar el ordinal Cuarto)pretende que se revoque el particular de la sentencia de apelación que condena a la recurrente al pago de las costas de la alzada.

Es un pronunciamiento no revisable en casación según ha convenido esta Sala Segunda en el pleno jurisdiccional que alumbró la STS 818/2025, de 8 de octubre (vid también la posterior STS 945/2025, de 20 de noviembre). Tal sentencia, de la que tomaremos el discurso que sigue prescindiendo de una tipografía específica pues casi todo será reproducción de aquella, proclama que la condena en costas a las acusaciones (u otras partes activas) ex art. 240.3 LECrim no es tema que pueda acceder a casación, más que a través del art. 852 (tutela judicial efectiva) cuando los razonamientos que soportan ese pronunciamiento son disparatados, ilógicos o irracionales, La tesis es proyectable a las decisiones sobre las costas de la apelación. El Tribunal ha aplicado el criterio del vencimiento objetivo. No es la tesis de este Tribunal, pero no carece de sustento razonable.

La sentencia de Pleno citada indaga sobre la naturaleza de las costas para dilucidar si es correcta su impugnación a través del art. 849.1º LECrim. Más allá de la dudosa naturaleza sustantiva de la norma supuestamente infringida ( art. 240.3 LECrim que, por otra parte, no se refiere a una apelación inexistente en el momento en que se redactó e precepto) -a diferencia del art. 123 CP-, se enfatiza la dificultad de introducir en casación esa temática a través del art. 849.1º LECrim (Vid STS 297/2022, de 24 de marzo). Ni el art. 240 LECrim es norma sustantiva; ni es tema en el que la fiscalización radique en comprobar la correcta subsunción de los hechos: itemmás, en el factumno encontraremos normalmente referencia alguna a las circunstancias determinantes de la condena en costas. Menos en una sentencia de apelación.

La sentencia comentada rompe de forma deliberada con la jurisprudencia anterior. Se venía admitiendo la discusión en casación de ese tipo de pronunciamientos (no asimilables en rigor a los basados en el Código Penal: art. 123 CP) . Era paradójico que la clásica jurisprudencia civil fuese muy reticente a abrir el debate casacional a los temas de costas dada su naturaleza estrictamente procesal y no ser las cuestiones procesales propias de la casación (por todas SSTS Sala 1ª 607/2018, de 23 de octubre o 174/2021, de 29 de marzo -ésta para abrir una excepción- o ATS Sala 1ª de 26 de septiembre de 2018 -rec. 1470/2016-) y en la casación penal no se valorasen esas circunstancias.

Un replanteamiento de esta praxis, como el efectuado a raíz de ese Pleno, enlaza con la jurisprudencia más clásica ( STS de 18 de enero de 1887) reanudando un tracto sucesivo interrumpido -en imagen que usa la sentencia- hace muchos años.

SEXTO.-Iguales razones rigen para el tema de imposición de las costas de la apelación desestimada: es un tema de legalidad procesal y no penal. Solo cabría discutirlo cuando se alegue infracción de un precepto constitucional, pero no si se asume un criterio, que, pudiendo ser discutible (y, desde luego, no es el asumido por esta Sala), no es irracional.

La condena en costas a un apelante no es una sanción en sentido estricto, sino una justa regla de asignación de gastos. Cuando el ejercicio de la pretensión impugnativa no se atiene a unos mínimos parámetros de reforzada racionalidad es criterio sensato y equitativo que asuma los gastos causados por ese uso displicente de su derecho, aunque, desde luego, no suponga un reproche por mala fe que llevaría a medidas como la prevista en el art. 247 LEC que sí reviste carácter sancionador.

Solo a través del art. 852 LECrim (tutela judicial efectiva) es posible combatir los casos de arbitrariedad o irracionalidad de la decisión. En los restantes supuestos -y este es uno de ellos -se parte de la doctrina del renacimiento- hemos de respetar la decisión del Tribunal de apelación.

Se impone la desestimación del motivo.

SÉPTIMO.-Procede la condena en costas conforme al art. 901 LECrim.