Sentencia Penal 232/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5437/2023 de 19 de marzo del 2026

PRIMERO.-Recurre en casación la representación procesal de D. Bienvenido, la sentencia núm. 167/2023, de 23 de mayo, dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 125/2023 de 23 de febrero dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Sexta, donde resulta condenado como autor criminalmente responsable de un delito de abuso sexual continuado en relación a una menor de 16 años, de los arts. 181.1 y 3 del Código Penal en su redacción actual, concurriendo las circunstancias atenuantes de reparación del daño del art. 21.5 CP y la atenuante analógica ordinaria del art. 21.7 en relación con el art. 21.1 CP, entre otras penas, la privativa de libertad de cinco años de prisión.

1. El primer motivo lo formula por infracción de ley, por indebida inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP, al haber permanecido la causa paralizada durante periodos que, en conjunto, suman 21 meses.

Expone que el procedimiento fue incoado por Auto de fecha 6 de marzo de 2018, fecha en la que se puede referenciar el inicio del procedimiento, en lo que afecta a la situación personal y pendencia del mismo y desde la incoación hasta la celebración del juicio el 14 de febrero de 2023 transcurren cinco años, dentro de los cuales la causa ha estado totalmente paralizada los periodos de tiempo siguientes: Desde el dictado de la Providencia de fecha 14.08.18 obrante al f. 240 al dictado de la Providencia de 24.09.18 al f. 252 (doce meses). Desde la Providencia de 8.11.18 al f. 265 a la Providencia de 3.04.19 al f. 269 (cinco meses) y desde la Providencia de 27.08.20 al f. 300 a la Providencia de 28.12.20 obrante al f. 305 de las actuaciones (cuatro meses).

Añade que la causa no presenta ningún tipo de complejidad, en la que consta un único investigado y las únicas diligencias de investigación que se practicaron fueron la declaración de la víctima y la solicitud a un centro público de informes médicos del investigado.

2. Si bien los tiempos de paralización indicados, tras examen de los autos, como autoriza el art. 899 LECrim, son correctos, no así las fechas que indica el recurrente, pues del 14 de agosto (efectivamente folio 240) al 24 de septiembre del mismo año (efectivamente folio 252, aunque se trata de un auto, no de una providencia), median cuarenta y un días, no doce meses; tramo que sí se observa en desde la providencia de 14 de agosto de 2019 a la providencia de 27 de agosto de 2020 (a salvo la incorporación del escrito donde el acusado comunica cambio de teléfono de 15 de enero de 2020); fechas estas últimas ya recogidas en la sentencia de instancia.

De manera que el procedimiento hasta sentencia, aunque por poco, no llega a los cinco años; y los períodos de paralización detectados, son de cuatro, cinco y doce meses respectivamente.

3. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente en el artículo 24.2 de la Constitución, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. El artículo 6.1 CEDH, se refiere expresamente al derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable. Se trata de un concepto indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado.

En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, caso López Sole y Martín de Vargas c. España ,y las que en ellas se citan). Por su parte, la STS 535/2021, de 17 de junio, indicaba: "Como se precisa en el artículo 21.6 CP -cuya regulación es del todo conforme con los estándares elaborados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. [vid. por todas, SSTEDH, caso Milovanovic c. Serbia, de 8 de octubre de 2019 ; caso Raspopóvic y otros c. Montenegro, de 26 de marzo de 2020 ], el tiempo de tramitación debe ponerse en relación con la complejidad de la causa y de ahí, medida la correlación funcional entre las actuaciones practicadas, las necesarias, el tiempo empleado para producirlas y la diligencia en su ejecución, obtenerse una suerte de cociente.

Lo extraordinario e indebido de la dilación que reclama el tipo como condiciones de apreciación obliga a una evaluación integrada de todos los factores señalados. De tal modo, la duración de un proceso podrá calificarse de dilación extraordinaria e indebida cuando carezca de toda conexión razonable con las necesidades de producción temporalmente necesaria y diligente de los actos procesales, provocando un exceso manifiesto, ya sea por la injustificada inacción o paralización procesal, por la actividad procesal desordenada o carente de justificación teleológica o por incidencias procesales provocadas por errores de tramitación, provocando un plus aflictivo a la persona sometida al proceso. Y siempre y cuando, además, ninguno de estos factores pueda ser imputado a la conducta procesal de la parte que sufre el transcurso excesivo del tiempo. Lo que obliga a quien invoca la atenuación a precisar, por un lado, el iter de actuaciones procesales no ajustadas al canon de la razonabilidad temporal de producción. Y, por otro, describir los costes de especial aflictividad que se consideran concurrentes -vid. STS 126/2014, de 21 de febrero -".

En autos, el período de duración del procedimiento hasta sentencia, ha sido prácticamente de cinco años; plazo que conforme a una constatación empírica de las resoluciones de esta Sala, si el procedimiento es sencillo, como en autos y/o surgen vicisitudes añadidas de paralización o especial aflicción del investigado, posibilita la estimación de la atenuante de dilaciones, en su modalidad simple. Y aunque no se alega especial aflicción, sí se señalan tiempos no ajustados al canon de la razonabilidad temporal de producción, no tanto por su duración global, donde también influyó en su ralentización las múltiples diligencias dirigidas a obtener una pluralidad de informes médicos solicitados a varios centros a fin de poder elaborar el informe relativo al proceso y su consumo de tóxicos y de alcohol, que le posibilitaron en sentencia la consecuente atenuante, sino por los períodos de paralización injustificados, en un caso superior a un año y otros de cinco y cuatro meses.

El motivo se estima.

SEGUNDO.-El segundo motivo lo formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por indebida inaplicación del art. 66.1.2ª en relación con el art. 21.5 CP.

1. Aunque se estima la atenuante de reparación del daño como ordinaria, entiende el recurrente que procede su apreciación como muy cualificada. En atención a los siguientes motivos:

i) Ha consignado la cantidad íntegra interesada en concepto de indemnización a favor de la víctima reclamada por el Ministerio Fiscal con anterioridad a la celebración del juicio oral y de una sola vez.

ii) Ha tenido que recurrir a la ayuda de familiares y amigos para poder reunir la importante cantidad de 10.000-€, teniendo en cuenta que Bienvenido se dedica a la construcción como peón de albañil, realizando trabajos esporádicos, por lo que no se ha podido aportar la correspondiente nómina o contrato de trabajo y que tiene un hijo de 20 años a su cargo.

iii) El esfuerzo reparador se refuerza al estar diagnosticado de un alcoholismo de 25 años de evolución y trastorno depresivo, estando en la actualidad y desde hace años sometido a tratamiento de deshabituación, lo que se ha traducido en la aplicación de la atenuante de grave adicción al alcohol y otras sustancias, lo que no le ha impedido esforzarse para reparar el daño ocasionado a la víctima a pesar de su problemática personal.

iv) Carece de antecedentes penales e incluso policiales.

v) Ha confesado y reconocido los hechos objeto de acusación en todos sus extremos, lo que refuerza el esfuerzo reparador.

Añade el recurrente, que cuando el art. 66.1.6ª CP, se refiere a las circunstancias personales del delincuente está pensando, como es lógico, en situaciones, datos o elementos que configuran el entorno social y el componente individual de cada sujeto como son la edad de la persona, su grado de formación intelectual y cultural, su madurez psicológica, su entorno familiar y social, sus actividades laborales, su comportamiento posterior al hecho delictivo y sus posibilidades de integración en el cuerpo social, factores que no sólo permiten, sino que exigen modular la pena, ajustándola a las circunstancias personales del autor, sin olvidar la incidencia que, por su cuenta, puedan tener, además, la mayor o menor gravedad del hecho que debe ser medida no sólo con criterios cuantitativos sino también cualitativos, aun habiéndose hecho genéricamente referencia a la gravedad del hecho.

2. El motivo no puede ser estimado. En el caso de los perjuicios derivados de la lesión de bienes jurídicos personales (libertad sexual, honor o dignidad, entre otros), como es este caso, el daño ocasionado es irreparable y no tiene vuelta atrás. El pago de tales perjuicios económicos, aunque fuera íntegro, sólo en parte, podría compensar las consecuencias de la lesión del bien jurídico que se protege. Debemos tener en cuenta que en aquellos delitos que no sean propiamente de contenido patrimonial, en los cuales la determinación de los perjuicios ocasionados a la víctima es más fácil de cuantificar, de aquellos otros en donde la indemnización civil se integra por el daño moral estrictamente considerado, como ocurre en los de contenido sexual, entre otros muchos (como también sucede con los ataques al honor o a la dignidad de las personas), la estimación de una atenuante de reparación del daño tiene que estar plenamente justificada, adecuadamente razonada, e incluso de alguna manera admitida por el perjudicado o víctima del delito, porque la reparación indemnizatoria de los daños morales nunca es completa, ni siquiera, podemos decir, que aproximada, ante la propia entidad del bien jurídico infligido por el delito. Difícilmente pueden repararse con una indemnización de tipo económico, que no resulta más que una mera ficción legal. Ello produce que las resoluciones judiciales en esta materia deban ser enormemente restringidas y calibradas a las concretas circunstancias del caso concreto analizado ( STS 145/ 2020, de 14 de mayo).

Además, con carácter general, lo que se refiere a su aplicación como atenuante muy cualificada, tiene dicho esta Sala que si de modo sistemático la reparación total se considerara con tal entidad se llegaría a una objetivación inadmisible y contraria al fin preventivo general de la pena; finalidad preventivo general que quedaría, al entender de este Tribunal, burlada con la rebaja sustancial que se pretende ( STS 1156/2010, de 28 de diciembre). Y también se ha argumentado que para la especial cualificación de esta circunstancia se requiere que el esfuerzo realizado por el culpable sea particularmente notable, en atención a sus circunstancias personales (posición económica, obligaciones familiares y sociales, especiales circunstancias coyunturales, etc.), y del contexto global en que la acción se lleve a cabo ( STS 868/2009, de 20 de julio).

Nos encontramos en motivo por infracción de ley, donde no cabe la queja sobre la valoración de la sentencia recurrida acerca de la capacidad patrimonial del acusado y el esfuerzo realizado para atender a la indemnización (aunque de sus trabajos fueren esporádicos, algún justificante de su remuneración tendría). Pero incluso si se aceptara que trabaja en la construcción como peón de albañil, realizando trabajos esporádicos y que tiene un hijo de 20 años a su cargo, median varios datos objetivos que devalúan el afirmado esfuerzo: i) la indemnización acordada, ciertamente determinada por el principio rogatorio resulta absolutamente exigua: 10.000 euros; ii) contó con ayuda familiar para atenderla, informa el propio recurrente; y iii) prorrateada la indemnización en los cuarenta y nueve meses de duración del procedimiento (desde su incoación, el 18 de marzo de 2023 hasta sentencia, el 23 de febrero de 2023) y que por tanto conocía, pues reconoció los hechos, que debía atender a la responsabilidad civil derivada, resulta una cifra de 170 euros mensuales, o si prorratea entre los 8303 días, la cifra resultante es de 1,20 euros.

Aunque tuviera dificultades económicas, 1,20 euros diarios, no supone el especial esfuerzo que se pondera en la cualificación de esta atenuante. Tanto menos, cuando de lesión de bienes jurídicos personales (libertad sexual) se trata.

TERCERO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de estimación del recurso, se declararán de oficio.