Sentencia Penal 799/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1384/2023 de 02 de octubre del 2025

ÚNICO MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM , POR INFRACCIÓN DE LEY: INDEBIDA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 153.1 Y 3 CP

1. El recurrente combate el juicio de tipicidad contenido en la sentencia recurrida. A su parecer, los hechos probados, en los términos que han quedado configurados en la sentencia de apelación, identifican todos los elementos del delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 CP, desplazando, así, al delito de lesiones del artículo 147.2 CP, objeto de condena. Cambio de calificación que obliga a imponer, además de la pena privativa de libertad que se interesa de un año, las penas accesorias que se contemplan en el artículo 57.2 CP.

2. La pretensión revocatoria formulada por el Ministerio Fiscal plantea dos cuestiones que deben despejarse con carácter previo. Una, si se ajusta a las condiciones de revisabilidad de sentencias cuando lo que se pretende es agravar la responsabilidad fijada en la instancia. Segunda, si, en todo caso, el cambio de título de condena pretendido vulneraría el derecho a conocer la acusación del recurrido, y acusado en la instancia, Sr. Ezequiel.

§ Recurso que pretende la agravación de la sentencia: condiciones de revisabilidad

3. Con respecto a la primera, la pretensión responde, ya lo adelantamos, a los presupuestos normativos y jurisprudenciales que posibilitan la revisión. Como es bien sabido, la reforma procesal de 2015 se hizo eco de la doctrina constitucional que arranca con la STC 167/2002 estableciendo un modelo fuertemente restrictivo de revisión -llegando más allá de lo que las exigencias convencionales y constitucionales imponían- hasta el punto de privar al tribunal superior de toda facultad de revalorar la prueba -sea cual sea su naturaleza- sobre la que el tribunal inferior funda su decisión absolutoria para revocarla y condenar al absuelto o para agravar la condena fijada en la instancia.

El alcance, por tanto, de la facultad revisora en una instancia superior de las decisiones absolutorias o que declaran menor responsabilidad que la pretendida basadas en la valoración de la prueba, debe limitarse a identificar si la decisión del tribunal de instancia responde a bases cognitivas irracionales o incompletas. Si se apreciara alguno de estos supuestos, el tribunal que conoce del recurso solo puede ordenar o el reenvío al tribunal a quo para que reelabore la sentencia racional o informativamente inconsistente o, excepcionalmente, la repetición del juicio.

De ahí, por tanto, que la revocación pretendida, con la condena del absuelto o la agravación de su condena, mediante el recurso de casación, solo resulte posible si el gravamen en que se basa adquiere una sustancial, por exclusiva, dimensión normativa. Esto es, que los hechos que se declaran probados, sin ningún elemento fáctico aditivo ni revalorización de las informaciones probatorias, permitan identificar todos los elementos normativos y descriptivos del tipo que fue objeto de acusación -vid. SSTC 272/2005, 201/2012, 105/2016-. Condición que adquiere, en puridad, el valor de presupuesto de admisión del propio recurso formulado. Y que, como anticipábamos, concurre en el caso pues la pretensión de recalificación recae sobre el objeto fáctico y normativo conformado por la sentencia de apelación.

No se cuestiona ni lo que se declara probado ni se pretende, tampoco, añadir o complementar dicha declaración con otros datos o elementos fácticos.

§ Compatibilidad de la pretensión agravatoria con los derechos de defensa y a conocer la acusación

4. Con relación a la segunda cuestión -introducida, en términos algo confusos, por la parte recurrida en su escrito de impugnación-, relativa a si el cambio pretendido de calificación lesionaría el derecho a defenderse del Sr. Ezequiel pues nunca había sido acusado por el delito de maltrato del artículo 153.1 CP, también ha de despejarse descartando cualquier lesión mínimamente significativa de los derechos defensivos del acusado.

5. Para fundar dicha conclusión debemos destacar las singulares circunstancias del caso: primera, el Sr. Ezequiel fue condenado en primera instancia como autor de un delito intentado de asesinato y otro de allanamiento de morada; segunda, recurrida la sentencia en apelación y al socaire de uno de los motivos mediante el que denunciaba vulneración de su derecho a la presunción de inocencia al haberse declarado probado que asestó diversas cuchilladas a la víctima, el Tribunal Superior apreció falta de prueba suficiente de la intención de matar por lo que, atendido el resultado lesivo, condenó al Sr. Ezequiel como autor de un delito leve de lesiones del artículo 147.2 CP; tercera, el acusado no recurrió la sentencia de apelación.

6. Pues bien, partiendo de lo anterior, es evidente que el diferencial entre lo pretendido por el Fiscal en el recurso de apelación -el mantenimiento de la condena de instancia- y lo resuelto en la sentencia generó a la acusación un doble gravamen: uno, fáctico -la supresión del hecho subjetivo relativo a la intención de matar- y, otro, normativo -la condena por un delito menos grave que el que fue objeto de acusación-.

Doble gravamen que legitimaba a la parte para pretender su reparación por la vía del recurso que se lo permitiera. En este caso, la casación.

Respecto al gravamen fáctico, el Fiscal disponía de la posibilidad de pretender la nulidad de la sentencia de la mano del motivo previsto en el artículo 852 LECrim si hubiera justificado que la valoración probatoria del Tribunal Superior fue irracional o incompleta. El Fiscal, sin embargo, descartó dicha vía.

Por lo que se refiere al gravamen normativo, podía instar su reparación denunciando, de la mano del artículo 849.1º LECrim, infracción de ley.

Opción que ha sido la finalmente escogida y a la que no cabe oponer la objeción de extemporaneidad que introduce el condenado en la instancia. Esta parece basarse en que el Fiscal debería haber desarrollado, ante el recurso defensivo y su eventual estimación, una suerte de estrategia pretensional condicional y preventiva introduciendo calificaciones alternativas, entre estas la condena por un delito del artículo 153 CP. Al no hacerlo, parece sugerir la defensa del Sr. Ezequiel, el Fiscal tendría vedado pretender en casación lo que no pretendió, pudiendo, en apelación pues lesionaría el derecho del recurrido a conocer la acusación.

7. Como anticipábamos, no es posible reprochar al Fiscal el incumplimiento de una carga inexistente. Una cosa es que en la impugnación se introduzcan argumentos que se opongan al cambio de calificación pretendida por la defensa del condenado en la instancia y otra muy diferente es que la acusación deba formular una suerte de recurso adhesivo para introducir pretensiones normativas subsidiarias y condicionadas a que se estime el recurso defensivo.

Pero, además, en el caso, concurren dos circunstancias a destacar: primera, la defensa del Sr. Ezequiel no objetó en apelación la calificación normativa de la sentencia de instancia. Su gravamen tenía exclusiva relevancia probatoria al haberse declarado, a su parecer, sin prueba suficiente que causó las heridas a su compañera sentimental; segunda, la pretensión de que se condene en casación al Sr. Ezequiel como autor de un delito de maltrato del artículo 153.1 y 3 CP no puede en modo alguno calificarse de extravagante o extraña al propio objeto acusatorio, en su dimensión normativa, conformado en primera y segunda instancia.

8. En efecto, la calificación de los hechos declarados probados que ahora se pretende resulta intensamente homogénea con la que fundó la acusación primigenia como asesinato en grado de tentativa. En puridad, el delito contra la integridad física del artículo 153.1 CP se integraba, en términos descendentes y condicionados, en la propia estructura típica del delito más grave que fue objeto de acusación.

Relación de homogeneidad que es la que justificó, a la postre, la recalificación de oficio ordenada por el Tribunal Superior a consecuencia de la estimación del motivo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la condena del Sr. Ezequiel como autor de un delito leve de lesiones del artículo 147.2 CP.

§ Alteración de oficio de los términos de la acusación formulada y doctrina BK del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Recalificación que, en el caso, no comprometió el derecho del Sr. Ezequiel a conocer la acusación en los términos contemplados en el artículo 6 de la Directiva 2012/13 sobre el derecho a la información en los procesos penales y en los que incide la STJUE de 9 de noviembre de 2023, caso BK , que resuelve las cuestiones prejudiciales c-175/22, planteadas por el Tribunal Penal Especial de Bulgaria (Spetsializiran nakazatelen sad).

Sobre esta decisiva cuestión, el considerando 29 de la Directiva precisa el alcance del derecho a la información acusatoria fijando "que si, durante el proceso penal, los detalles de la acusación cambian hasta el punto de afectar sustancialmente a la posición de la persona sospechosa o acusada, esta debe ser informada de ello cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del proceso y en el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa". La sentencia BK, antes referida, insiste en su parágrafo 40 "[ que] en este contexto, procede subrayar la importancia determinante de la información sobre la calificación jurídica del delito para el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa. En efecto, esta entrega de información al acusado, o a su abogado, es indispensable para que pueda comprender lo que se le imputa, organizar su defensa en consecuencia y, en su caso, refutar su culpabilidad tratando de demostrar la inexistencia de uno o varios de los elementos constitutivos del delito imputado", para añadir, sin solución de continuidad, "[que] por consiguiente, cualquier modificación de la calificación jurídica de los hechos por el órgano jurisdiccional que conoce del fondo en un asunto penal puede tener una incidencia determinante en el ejercicio de los derechos de la defensa y en la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 ".

Al hilo de lo anterior, el Tribunal de Luxemburgo identifica como s ituación de máximo riesgo para la equidad del proceso aquellas novaciones del objeto que se producen " cuando el nuevo delito considerado se compone de elementos constitutivos nuevos, sobre los que el acusado aún no ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones". Advirtiendo " que en tal situación, es manifiestamente necesario, para salvaguardar la equidad del procedimiento, como exige el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 , que el órgano jurisdiccional penal que resuelva sobre el fondo informe con la debida antelación al acusado o a su abogado de la nueva calificación considerada, en un momento que le permita preparar eficazmente su defensa, y le ofrezca la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a ella".

La sentencia BK, después de identificar que en el caso que dio lugar a la cuestión prejudicial la calificación novatoria tomada en consideración por el tribunal sí suponía una modificación de la base fáctica de la previa acusación formulada por el Fiscal y, por ello, obligaba a activar mecanismos previos de información, da un nuevo paso en el fortalecimiento del derecho a conocer la acusación al afirmar "[ que] aun en el supuesto de que el nuevo delito considerado no incluya un nuevo elemento constitutivo en relación con el delito por el que se había optado previamente, de modo que el acusado haya tenido la oportunidad, durante el procedimiento, de presentar sus alegaciones sobre la totalidad de los elementos constitutivos de este nuevo delito, la nueva calificación del delito por el órgano jurisdiccional penal que resuelve sobre el fondo puede, no obstante, tener una incidencia nada desdeñable en el ejercicio de los derechos de la defensa. En efecto, no cabe excluir que la persona acusada a quien se informe de la nueva calificación considerada organice su defensa de otra manera". Para precisar, acto seguido " que carece de toda pertinencia, en este contexto, la circunstancia de que la nueva calificación no pueda dar lugar a la aplicación de una pena más severa. En efecto, la equidad del procedimiento exige que el acusado pueda ejercer plenamente los derechos de la defensa. Pues bien, la mayor o menor gravedad de la pena impuesta no guarda relación con la cuestión de si estos derechos han podido ejercerse. De ello se sigue que cuando un órgano jurisdiccional que decida sobre el fondo en un asunto penal pretenda calificar nuevamente el delito debe informar con la debida antelación al acusado o a su abogado de la nueva calificación considerada, en un momento y en condiciones tales que le permitan preparar eficazmente su defensa, y ofrecerle la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a tal calificación, con la finalidad de salvaguardar la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 ". Concluyendo " que la necesidad de conceder a la persona acusada un plazo para preparar o modificar su defensa en tal situación y la duración de dicho plazo son elementos que corresponde determinar a tal órgano jurisdiccional con atención a todas las circunstancias pertinentes".

9. La sentencia incide, esencialmente, en que hay novaciones normativas de oficio del objeto del proceso que pueden afectar a las expectativas de defensa, aunque no se modifiquen los hechos y el resultado pueda arrojar menos pena. Para el Tribunal de Luxemburgo, la mayor benignidad punitiva de la novedosa calificación no compensaría la lesión de la equidad del proceso que podría producirse por la merma injustificada de los derechos de alegación y defensa que permitieran al acusado cuestionar, precisamente, los elementos novatorios tomados en cuenta por el Tribunal. Ciertamente, la nueva calificación puede basarse o nutrirse del mismo sustrato fáctico, pero también de elementos de tipicidad heterogeneizantes que reconfiguren la dimensión normativa del objeto procesal. Piénsese, por ejemplo, en el caso de una acusación como autor que el tribunal contemple como un supuesto de complicidad. Es obvio que se produce una novación significativa del objeto pues se introduce un hecho negativo -que el acusado no ejecutó el hecho- que reconfigura aspectos normativos esenciales como los relativos a si se han satisfecho las exigencias del dolo del partícipe o el valor favorecedor de la aportación al plan de autor. O el supuesto en el que, a la luz de los hechos declarados probados y de los términos de la acusación pretendida, se identifique un riesgo de "versari in re illicita" y el tribunal se plantee una fórmula concursal entre delito doloso y delito imprudente que abarque el resultado. Ruptura del título de acusación que si bien puede arrojar una pena inferior entraña significativas implicaciones en orden a la identificación tanto de los deberes de previsibilidad y prevenibilidad que se consideren incumplidos como del nivel o la intensidad del incumplimiento producido. O cuando se plantea la modificación del título de imputación de delito doloso a imprudente. O cuando, también a partir de los hechos objeto de acusación y declarados probados, se identifica un elemento subjetivo heterogéneo. O el supuesto de conversión de un concurso real en concurso medial. O la apreciación de continuidad delictiva frente a la acusación de concurso real.

En todos estos casos, la recalificación de oficio, sin audiencia previa a las partes, basada en novedosos elementos normativos que modifican la estructura típica del delito que fue objeto de acusación, aunque pudiera comportar menor pena, lesionaría los derechos defensivos y la equidad del proceso pues no cabría excluir que la persona acusada pudiera desplegar una estrategia de defensa distinta frente a la nueva calificación.

10. Estos son los riesgos que se identifican en la sentencia BK y que el Tribunal pretende neutralizar. Pero no decantando del artículo 6 de la Directiva 2012/13 una suerte de regla de prohibición absoluta de cualquier modificación normativa de la acusación por parte del tribunal, sino fijando un estándar de máxima cautela que obligue a identificar el alcance de la recalificación y el potencial margen de derechos defensivos que podrían verse afectados.

11. Pues bien, en el caso, no puede hablarse de novación del título de calificación cuando el hecho finalmente probado resulta, técnicamente, el " intrafactum" de un delito más grave que conforma con él un supuesto de progresión delictiva homogénea -lesiones/homicidio-. Conforme al principio " ubi maior, minus cessat" la mera intensificación cuantitativa de lo injusto en bienes jurídicos sustancialmente homogéneos -el tránsito de las lesiones al homicidio o asesinato- no permite conformar dos delitos, uno, contra la vida y, otro, contra la integridad física. Se trata pues de un concurso de leyes. Basta con la pena del delito más grave para expresar el reproche del hecho en su conjunto. Lo que se traduce en que la acusación por tentativa de asesinato incorpora una acusación no solo fáctica sino también jurídica por lesiones -conclusión que solo cabría matizar respecto a las lesiones agravadas constitutivas de un delito hipercualificado del artículo 149 CP- .

12. De ahí que, en el caso, el delito de lesiones leves por el que condenó el Tribunal Superior al Sr. Ezequiel no pueda considerarse un tipo novedoso, sino un tipo más simple o restringido, es decir, "degradado" respecto al de la acusación. Todos los elementos fácticos y jurídicos del tipo contra la integridad física estaban, insistimos, contemplados en la figura más compleja y amplia del delito de asesinato intentado por el que se formuló acusación.

La defensa desplegada por el acusado, tanto en la instancia como en apelación, combatiendo su condena como autor de un delito de asesinato cubrió, como mínimo, todos los elementos tomados en cuenta para la subsunción regresiva de la sentencia del Tribunal Superior. La nueva calificación no introdujo ni más ni distintos elementos fácticos y normativos a los debatidos en el juicio en condiciones plenamente defensivas.

13. Insistimos. La simple detracción de un elemento fáctico-jurídico que conformaba el tipo más elevado en la progresión delictiva -el dolo de matar que, además, está en relación de inclusión lógica con el dolo de lesionar- ni alteró el objeto acusatorio ni afectó al margen defensivo del que, cabalmente, disponía el acusado. Este pudo defenderse en el juicio de todos y cada uno de los elementos que conforman la estructura típica del delito contra la integridad física en el que, finalmente, el Tribunal Superior subsumió los hechos que consideró acreditados. Y, también, en lógica correspondencia, de los que integran el delito de maltrato por el que el Fiscal pretende su condena en esta instancia casacional.

14. En estos supuestos de progresión descendiente, la aplicación de oficio del tipo degradado por parte del tribunal, al no modificar de manera mínimamente significativa del objeto normativo del proceso, no introduce los riesgos de indefensión a cuya neutralización responde la "doctrina BK" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Doctrina que, en el caso, reiteramos, ha sido respetada.

La condena por un delito lesiones modificando el título de acusación formulado por un delito de asesinato intentado no afectó a la equidad del proceso.

§ Sobre el nuevo juicio de subsunción pretendido por el recurrente

15. Despejadas las anteriores cuestiones, y por lo que se refiere al gravamen normativo introducido por el Fiscal, identificamos, en efecto, error de subsunción en la sentencia recurrida.

Los hechos declarados probados plasman con toda claridad los elementos del delito de maltrato del artículo 153.1 CP que desplaza, por razones de especialidad basadas en la condición del sujeto pasivo -en este caso, la víctima mantuvo con el victimario una relación de análoga afectividad a la de matrimonio durante cinco años de la que nacieron dos hijos-, al delito de maltrato del artículo 147.2 CP que fue objeto de condena en la sentencia recurrida.

16. Especialidad cualificante cuando el sujeto activo maltrata a una de las personas a las que el legislador ofrece especial supraprotección penal que responde a la mayor antijuricidad de la acción identificada por el Tribunal Constitucional - vid. SSTC 58/2008, 45/2009, 177/2009, 178/2009 y 180/2009-, al rechazar las dudas de constitucionalidad que se formularon sobre el artículo 153.1º CP introducido por la L.O 1/2004. El Tribunal descartó que el legislador infringiera la Constitución al plusagravar la conducta del victimario masculino contemplado en dicho subtipo precisamente por el valor que merecían los intereses lesionados. No se castiga más porque el victimario proyecte una ideología de dominación - para lo cual podría bastar la aplicación de la agravante de género- sino porque la acción resulta más desvaliosa en términos objetivos dados los factores estructurales de desprotección y de mayor vulnerabilidad física que presentan las víctimas mujeres.

Las exigencias de tipicidad, a la luz de los también ineludibles fines de protección, determinan la subsunción de la conducta declarada probada en el tipo del artículo 153.1º CP.

17. Queda, no obstante, por despejar el fundamento del subtipo agravado del artículo 153.3 CP cuya aplicación también se pretende.

En este punto, el recurso no se presenta particularmente claro.

En una primera lectura del escrito de formalización, parece que el Fiscal asienta exclusivamente su pretensión en que los hechos, como se declara probado, se produjeron en el domicilio de la víctima. Circunstancia esta que, en efecto, integra la agravación típica de la conducta de maltrato. Pero, de ser así, comportaría dejar sin efecto la condena por un delito de allanamiento de morada pues en el caso el subtipo absorbería ese mayor desvalor. Sin perjuicio de supuestos excepcionales en los que sí cabría identificar concurso de delitos, en este caso la entrada inconsentida en el domicilio de la víctima no puede ser utilizada para agravar la conducta contra la integridad física y, al tiempo, para condenar por un delito de allanamiento. Se lesionaría el principio que prohíbe el bis in idem.

Sin embargo, una lectura más atenta permite observar cómo la Fiscal también se refiere en el párrafo segundo del folio 10 de su escrito a que, como se declara probado, en la producción de la acción de maltrato, además de la entrada en el domicilio por el victimario, se utilizó un arma. Circunstancia que también se contempla en el artículo 153.3 CP para cualificar la conducta.

Estamos, por tanto, ante la concurrencia de dos circunstancias típicas agravatorias, lo que permite, por un lado, mantener el reproche autónomo por el delito de allanamiento de morada que fue objeto de condena y, por otro, la cualificación de la conducta de maltrato sobre la base de la otra circunstancia subsistente.

18. La doctrina al respecto de esta Sala es clara. La redacción en forma disyuntiva del artículo 153.3 CP comporta que, si concurren varias de las circunstancias mencionadas, bastará una de ellas para integrar el subtipo. La otra, si constituye otro tipo delictivo, deberá penarse separadamente o mediante la formula concursal medial del artículo 77 CP -vid. SSTS 613/2009, de 2 de junio; 39/2020, de 6 de febrero-.

En estos supuestos, y como afirmábamos en la STS 214/2022, de 9 de marzo, ninguna de las normas es suficiente para aprehender por completo el desvalor total y absoluto del hecho. Lo que justifica que resulte necesaria la aplicación de los dos preceptos infringidos para abarcar la total antijuridicidad del suceso.

19. En el caso, por tanto, nos encontramos ante un concurso de delitos integrado por el de allanamiento de morada del artículo 202 CP y por el de maltrato cualificado del artículo 153.1. y 3. CP. La circunstancia de perpetrar el hecho en el domicilio de la víctima, al que el victimario accedió sin título, integra el primero y la utilización del arma, la circunstancia agravatoria del segundo.

Fijaremos en la segunda sentencia las consecuencias punitivas de la estimación del motivo.

CLÁUSULA DE COSTAS

20. De conformidad a lo establecido en el artículo 901 LECrim, las costas se declaran de oficio.

CLÁUSULA DE NOTIFICACIÓN

21. Tal como se previene en los artículos 109 LECrim y 4 de la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, la presente sentencia deberá ponerse en conocimiento personal de la Sra. Guadalupe, a salvo que manifieste expresamente su deseo de no conocer su contenido.