Sentencia Penal 70/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10111/2025 de 02 de febrero del 2026

PRIMERO.- La Sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 1/2025, de fecha 20 de enero, confirmó en apelación la sentencia 188/2024, de fecha 26 de julio de 2024, pronunciada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra, por medio de la cual se condenaba, entre otros, a Jesús Manuel como responsable en concepto de cooperador necesario e inductor del delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139.1 1º y 2º, 139.2, 16.1 CP, de conformidad con los artículos 27 y 28.2 a) y b) CP, concurriendo la agravante de disfraz del art.22.2 del CP, a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena de conformidad con el artículo 55 CP; a diversas prohibiciones de acercamiento y de comunicación, al pago de una octava parte de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular, absolviéndole del delito de organización criminal en las modalidades de organización, coordinación y dirección de la organización criminal para la comisión de delitos graves del artículo 570 bis 1 1ª conducta y 570 bis 1 2º CP, declarando de oficio las costas de este delito.

Frente a dicha resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación exclusivamente el aludido acusado Jesús Manuel, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO.- El primer motivo se formaliza por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y art. 5.4 de la LOPJ, por cuanto la sentencia impugnada vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24.2 de nuestra Carta Magna.

Alega el recurrente, en breve resumen, la insuficiencia de las pruebas en las que se ha basado su condena, en particular, por no considerar válidas el autor del recurso las declaraciones de los coacusados y de las de los policías actuantes, cuyos atestados ha impugnado. Considera ajeno a las máximas de experiencia y la lógica absolverlo del delito de organización criminal, pero condenarlo como coautor e inductor del delito. Finalmente, alega que no existió prueba de cargo con entidad suficiente para la condena, sino conjeturas y especulaciones.

Como bien expresa la sentencia recurrida, los hechos que se les imputan a los condenados en la instancia, resumidamente, lo son el haber concertado una reunión en Zaragoza, como consecuencia de una previa agresión, no denunciada, en Pamplona sufrida por el padre de los hermanos Octavio Pedro Francisco, para acordar el asesinato de Abelardo y de Dimas en la ciudad de Pamplona, por parte de miembros de la banda Black Panther, de Zaragoza, por considerar a los mencionados objetivos los responsables de dicha agresión. Como contraprestación, los acusados, residentes en Pamplona, se comprometían a realizar, en el plazo de quince días, una actuación similar en Zaragoza. Durante la ejecución de los asesinatos previstos, llevada a cabo con machetes y otras armas blancas, el Sr. Abelardo consiguió huir y, por el contrario, el Sr. Abel, sufrió graves lesiones que le originaron las secuelas que constan en el relato de hechos probados que hemos transcrito en esta resolución en nuestros antecedentes.

Debe también reseñarse que los cuatro acusados, esto es, los hermanos Sres. Octavio, el Sr. Miguel Ángel, y la Sra. Piedad, mostraron en el juicio su conformidad con los hechos imputados por la representación del Ministerio Fiscal, así como con las penas que les han sido impuestas en la sentencia recurrida, únicamente por el Sr. Jesús Manuel se mostró su desacuerdo, manteniendo esta misma posición jurídica en esta sede casacional.

Del propio modo, hay que destacar que, con carácter previo, teniendo en cuenta que solo recurre uno de los condenados, y a la vista del contenido del escrito de recurso presentado por la defensa del Sr. Jesús Manuel, debe hacerse constar, como bien dice la sentencia recurrida, una serie de circunstancias que, pese a haber sido debatidas en el acto del juicio, no constituyen objeto ni de la previa apelación, ni lógicamente de este recurso de casación, que lo es la responsabilidad civil fijada en la sentencia, la agravante de disfraz apreciada a algunos de los condenados, entre ellos el Sr. Jesús Manuel, la calificación del hecho como asesinato, no discutiéndose la concurrencia de alevosía y, finalmente, al contenido de las declaraciones de los coacusados. Han sido cuestiones consentidas sobre las que no podemos entrar a decidir.

TERCERO.- Antes de comenzar el estudio de esta queja casacional, hemos de poner de manifiesto que la función casacional encomendada a esta Sala Segunda respecto de la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el artículo 24.2 CE, se concreta en cuatro aspectos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia «a quo», al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos. En consecuencia, si la prueba de cargo existe, no puede ser tachada de ilícita y se muestra bastante para alcanzar la conclusión condenatoria, en la valoración que, de la misma, lleva a cabo el Tribunal a quo, no le es posible a esta Sala entrar a censurar el criterio de dicho Tribunal, sustituyéndolo mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles.

El Tribunal «a quo» resuelve esta misma censura casacional en los FFDD 3º, 4º y 5º de la sentencia de apelación, exponiendo con detalle la racional valoración que se ha realizado del reconocimiento de los hechos por los otros coacusados, analizando la relevancia de la participación del recurrente en el acuerdo para llevar a cabo el delito, su desplazamiento a la ciudad de Pamplona y su presencia en el lugar de los hechos. Examina la coincidencia de las manifestaciones de los coacusados con la corroboración de los informes policiales, ratificados en al acto del juicio, sobre los geoposicionamientos y localizaciones de los teléfonos del recurrente durante la planificación y acuerdo previo de la acción delictiva en Zaragoza como su concreta ejecución en las calles de Pamplona. Detalla y apoya los razonamientos de la sentencia de instancia en cuanto a los actos de la concreta participación del recurrente (que esta última analiza en el FD 6º).

Las pruebas que tuvo en consideración la Audiencia para enervar el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, y que son igualmente consideradas hábiles a tal fin por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, son, en primer lugar, el reconocimiento de los hechos por parte de los otros cuatro acusados que han sido condenados en este procedimiento por estos mismos hechos. Existen también otros elementos probatorios. Todos los acusados, es decir, Octavio, Pedro Francisco, Casimiro, y Piedad, manifestaron en el acto del juicio, en dos ocasiones, tras acogerse a su derecho a no declarar a las preguntas que pudiera formular el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas de los otros acusados, que reconocían íntegramente los hechos tal y como venían relatados en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal. Tal reconocimiento, de cuatro acusados, tiene una especial relevancia en el caso que nos ocupa, y ello porque, entre otros extremos, tal escrito de acusación expresaba el papel activo en la participación del ahora recurrente, tanto en la ideación y aceptación del encargo, el acompañamiento a los autores materiales a Pamplona, como su propia contribución a la causación de lesiones al ofendido, aspecto éste que si bien considerado como tal por el Ministerio Fiscal, la Audiencia no lo tuvo por probado.

Por lo tanto, y como dice la sentencia recurrida, contamos con el reconocimiento de tres coacusados, los hermanos Octavio Pedro Francisco y el Sr. Miguel Ángel, de haber participado en Zaragoza, el día 19 de julio de 2021, en una reunión a la que también acudió el recurrente, Sr. Jesús Manuel, junto con el Sr. Basilio, en su calidad ambos de líderes de los Black Panther de dicha ciudad, y en la que se pactó que miembros de dicha banda se trasladasen hasta Pamplona para matar a Braulio y a Abel, a los que consideraban responsables de la agresión sufrida en Pamplona unos días antes y de la que fue víctima el padre de los hermanos Octavio Pedro Francisco, y ello a cambio de que, en un plazo máximo de 15 días, miembros de Pamplona se trasladarían a Zaragoza para cometer un delito. Ciertamente, la sentencia recurrida ha absuelto al Sr. Jesús Manuel del delito de pertenencia a organización criminal, pero ello fue como consecuencia de considerar el Tribunal sentenciador que el destino de la organización criminal en Zaragoza no era el encargarse de mandatos ilícitos de lesionar o matar a terceros, sino atentar y robar a narcotraficantes, actividad que, a juicio de la Audiencia, no tenía relación con el aludido encargo, al que ahora nos referimos.

En consecuencia, y en relación con lo sucedido el día 23 de julio de 2021, tenemos el reconocimiento, no ya de tres, sino de cuatro coacusados, que manifiestan que el recurrente Sr. Jesús Manuel se trasladó el citado día a Pamplona, en compañía de dos personas, perfectamente identificadas, una en busca y captura y la otra menor de edad, para llevar a cabo lo pactado, siendo recogidos por Octavio y por la también acusada Piedad y trasladados al bar donde trabajaba el acusado Sr. Miguel Ángel. A la hora pactada se dirigió con los mencionados anteriormente, en vehículo conducido por Piedad, en primer lugar, hasta una vivienda en donde recogieron dos machetes, y de ahí se trasladaron hasta el lugar de la agresión, bajándose del coche también el recurrente. Una vez llevada a cabo la acción se desplazaron de nuevo al bar de trabajo del Sr. Miguel Ángel.

Quiere ello decir que la intervención del recurrente es relevante en los hechos acaecidos, en primer lugar, participando en la reunión en la que se acuerda llevar a cabo ambos asesinatos, aceptando el encargo y pactando la contraprestación. En un segundo momento, cuatro días después, trasladándose a Pamplona, con dos miembros identificados de la banda, para llevar a cabo la muerte de las dos personas, lo cual no pudieron llevar a efecto por causas ajenas a su voluntad. El recurrente viajó hasta el lugar de los hechos en el mencionado vehículo y se bajó del mismo, estando reconocido por él mismo, si bien señala que no participó en agresión alguna, e incluso niega conocimiento de ella.

CUARTO.- Siendo esta primera prueba la declaración de los coimputados que incriminan al coacusado, ahora recurrente, en tal participación delictiva, nuestra jurisprudencia ha ido otorgando un valor creciente a las pautas objetivas de valoración de la credibilidad de la declaración del coimputado, expresando ( SSTS 763/2013, de 14 de octubre; 679/2013, de 25 de septiembre; 558/2013, de 1 de julio; 248/2012, de 12 de abril o 1168/2010, de 28 de diciembre, entre muchas otras) que la operatividad de la declaración del coimputado como prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción de inocencia -cuando sea prueba única- podía concretarse en las siguientes reglas:

a.- La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional.

b.- La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente, como prueba única, y no constituye por sí sola actividad probatoria de cargo bastante para enervar la presunción de inocencia.

c.- La aptitud como prueba de cargo suficiente de la declaración de un coimputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado.

d.- Se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido.

e.- La valoración de la existencia de corroboración del hecho concreto ha de realizarse caso por caso.

f) Por tesis general, y a salvo las excepciones analizadas por la jurisprudencia, la declaración de un coimputado no se corrobora suficientemente con la de otro coimputado.

En lo que hace referencia a cuándo debe considerarse mínimamente corroborado el contenido de la declaración del coimputado que incrimina, en orden a enervar el derecho a la presunción de inocencia de un acusado y respecto de una acusación concreta, la jurisprudencia de esta Sala refleja que para ello deben aportarse hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido.

En este caso son elementos corroboradores, datos y hechos externos que avalan de forma genérica la veracidad de las declaraciones de los coacusados y su intervención en los hechos enjuiciados, como a continuación se analiza.

Dichos datos externos corroboradores son los informes policiales obrantes en autos, y ratificados en el acto del juicio, donde se recogen y analizan los geoposicionamientos y localizaciones de los teléfonos de los acusados los días de los hechos, entre ellos el del recurrente. En concreto, del atestado policial, y así se refleja en la sentencia impugnada, se desprenden los siguientes datos, en relación con el recurrente Jesús Manuel:

-El día 23 de julio del 2021, la línea NUM001 ( Jesús Manuel), a las 15:17:23 horas se conecta al repetidor de Digi Móbil próximo a su domicilio de Zaragoza. A las 17:29:43 horas, se conecta al repetidor próximo a la estación Delicias de Zaragoza. A las 19:33:42 horas se conecta al repetidor próximo a la Ciudad del Trasporte de la localidad de lmarcoain (Navarra).

-Ya en la estación de autobuses, a las. 19:50:27 horas la línea NUM001 (utilizada por Jesús Manuel) llama a la línea NUM002 (utilizada por Casimiro) e inmediatamente, esta línea (utilizada por Casimiro) llama a la línea NUM003 (utilizada por Octavio). A esa hora la línea NUM003 ( Octavio) se conecta al repetidor próximo a la estación de autobuses y la línea NUM001 ( Jesús Manuel), también se conecta al repetidor de Digi Móbil próximo a la estación de autobuses de Pamplona.

-A las 21:31:03 horas del 23 de julio de 2021, la línea NUM001 ( Jesús Manuel) llama a la línea NUM004 (utilizada por Pedro Francisco). En esos instantes la línea NUM001 se conecta al repetidor de Digi Móbil situado en la DIRECCION002 y Suit de Pamplona, punto muy cercano al domicilio de Casimiro que vive en la DIRECCION003 de Pamplona. Dicha llamada tiene una duración de 16 segundos.

-A las 21:43:54 horas del 23 de julio de 2021, la línea NUM001 ( Jesús Manuel) llama a la línea NUM004 ( Pedro Francisco) en esos momentos la conexión es con el repetidor de Digi móvil de Ofitas muy próximo a la zona de la Calle Dr. Labayen con Dr. Juaristi, lugar donde primero le citó Octavio a Abelardo y Abelardo le dijo que ahí no por la cercanía al Bar Alesves regentado por la madre de Abelardo.

De las 21:43:54 horas del 23 de julio de 2021, no se produce ninguna llamada por parte de ninguna línea de las que se están investigando hasta pasado unos minutos después de que se hayan producido los machetazos, en la zona de la cafetería Navarpán, en calle José Alfonso.

-A las 22:22:08 horas del 23 de julio de 2021, la línea NUM001 (usada por Jesús Manuel) llama a la línea NUM003 (usada por Octavio), estableciéndose la conexión en el repetidor situado en calle Monasterio de Velate que da cobertura a las celdas de la zona de José Alfonso, lugar donde ocurrió el hecho que se investiga. La llamada tiene una duración de 44 segundos.

-A las 07:24 horas del día 24 de julio del 2021, La línea NUM001 (usada por Jesús Manuel), se encontraba en las inmediaciones de la estación de autobuses de Pamplona. El repetidor que le da cobertu

Estos elementos resultan de la prueba pericial en cuestión, y su resultado corrobora las manifestaciones incriminatorias efectuadas por los cuatro coacusados, sin que el recurrente dé una explicación razonable a diferentes cuestiones como que fuera a Pamplona de fiesta, pero no fuera efectivamente de fiesta, dedicándose a deambular por las calles, pero sin saber cuáles, o que llegaran en el coche donde viajaban los agresores hasta el mismo punto donde se produjo la agresión.

De manera que, como ya hizo el Tribunal «a quo», esta Sala igualmente comparte las conclusiones de la Audiencia cuando termina señalando que «de la prueba practicada, especialmente los mensajes intervenidos y las geolocalizaciones, resulta probado que Jesús Manuel estuvo en la reunión de Zaragoza con los hermanos Octavio Pedro Francisco y que, en complimiento del pacto "scaeleris", el 23 de julio vino a Pamplona, donde fue recogido por aquellos y Piedad junto a otras personas y trasladado, primero a recoger las armas y luego al bar de Casimiro, donde permanecieron hasta que nuevamente todos juntos, se dirigieron al lugar de la agresión. Es cierto que no hay prueba de que el ejecutara la acción, pero sí de que acompañó a los autores materiales que iban encapuchados ya en el coche, bajando él instantes antes, en las inmediaciones y, controlando vía telefónica el resultado de la agresión, reuniéndose nuevamente en el bar de Casimiro y dirigiéndose finalmente a casa de Piedad donde pasaron la noche, marchando juntos al día siguiente. Las antenas y el informe pericial, sitúan al acusado en dichos momentos y lugares, siendo que el tráfico de llamadas demuestra la constante y continua comunicación salvo, en el exacto momento de la acción criminal; lo que prueba claramente su participación como autor intelectual. Junto a lo dicho, ha sido señalado por el resto de coacusados desde el inicio de la causa lo que, admitiendo el mismo haber estado en la reunión, haber venido a Pamplona, que le ofrecieron participar, pero que se negó. Ya que dijo vino de fiesta. La alegación de que estuvo perdido de fiesta por Pamplona, andando por las calles, carece de crédito, dado el reto de material probatorio y el hecho cierto de que el mismo no fue geoposicionado en lugares de ocio, sino en compañía del resto de los acusados».

Por lo demás, mediante la prueba practicada en el juicio oral, el Tribunal sentenciador escuchó los testimonios de las siguientes personas: TESTIGO PROTEGIDO Nº NUM005; Dimas, Abelardo, POLICIA NACIONAL NUM006, POLICIA MUNICIPAL NUM007, POLICIA MUNICIPAL NUM008, Isidora, Justa, INSPECTOR JEFE POLICIA NACIONAL NUM009 Y AGENTE POLICA NACIONAL NUM010 DE ZARAGOZA, EN LA DOBLE CONDICIÓN DE TESTIGOS PERITOS, AGENTE POLICIA NACIONAL NUM011, Nuria, Geronimo, Julián, Higinio, Leon, POLICIA FORAL NUM012, POLICIA FORAL NUM013.

De todos los referidos testigos son reseñadas pormenorizadamente sus declaraciones en la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial, Sección Segunda, y a dicho texto nos remitimos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia fundamenta sus conclusiones en la existencia de una prueba de cargo suficiente, legalmente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada, y da una respuesta acertada al recurso del recurrente por lo que no ha existido vulneración del derecho a la presunción de inocencia sino que, por el contrario, este fue condenado en virtud de prueba obtenida de acuerdo con todas las garantías constitucionales, legalmente introducida en el Plenario, suficiente desde las exigencias de este derecho y razonablemente valorada por el Tribunal de apelación al analizar las argumentaciones de la Audiencia Provincial.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO.- El motivo segundo se formaliza al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la infracción del art. 28 del Código Penal, arts. 139.1.2º y 139.2.

El recurrente combate, en una primera alegación, la coautoría de los hechos ( art. 28 CP) examinando la prueba practicada y el informe pericial elaborado por la Policía Municipal del Pamplona sobre los geoposicionamientos y la línea del teléfono móvil.

Esta fracción o parte del motivo no puede ser analizado en el formato impugnativo escogido por el recurrente al viabilizar esta censura por los cauces del «error iuris», por impedirlo el art. 884-3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También se refiere en un segundo apartado de su queja, a que no se describe acción alguna que colme las exigencias típicas ni de la cooperación necesaria ni de la inducción.

Por lo que hace a la participación del recurrente en el delito de asesinato, cabe recordar que, conforme a nuestra jurisprudencia, y de conformidad con el artículo 28 del Código Penal, son autores los que realizan el hecho conjuntamente. Así pues, la coautoría, como señala la STS 1486/2000, de 27 de septiembre, aparece cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal conceptuación requiere, a) de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, que puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a ésta. Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos como el último expuesto, en el que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación. Y, b) en segundo lugar, la coautoría requiere una aportación al hecho que pueda valorarse como una acción esencial en la fase ejecutoria, lo cual integra el elemento objetivo, que puede tener lugar aun cuando el coautor no realice concretamente la acción nuclear del tipo delictivo.

De manera que en la coautoría se requiere: a) un acuerdo previo, o la aceptación de los actos ajenos que se prevén de inmediata adopción (teoría de la adhesión); b) una contribución significativa a la comisión de la acción nuclear delictiva, dejando las contribuciones accesorias o secundarias para el terreno de la complicidad; c) el autor o el cómplice han de captar desde el terreno de la culpabilidad (dolo directo o eventual) su contribución al resultado delictivo.

Ese común acuerdo o decisión conjunta permitirá conectar unas aportaciones a otras, en razón a la división de funciones dentro del conjunto que integra la realización del tipo. Para una conceptuación correcta de la coautoría es preciso tener en cuenta las siguientes reglas: sin aporte no es posible hablar de coautoría; cualquier aporte no da lugar a la coautoría; y no todo común acuerdo configura una coautoría. También ha de tenerse en cuenta que el aporte debe ser esencial, o al menos, relevante. Y ese aporte debe proporcionarse en la fase ejecutiva, es decir, su contribución debe tener lugar en el momento de la realización del tipo. Si no fueran tales contribuciones esenciales, tanto durante la ejecución como durante la preparación, deberán considerarse complicidad.

Hemos dicho también que será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio en la acción, que será funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría, y existe cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido (teoría de la "condictio sine qua non"), cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil de obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos) o cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito, retirando su concurso (teoría del dominio del hecho), pero, en todo caso, será necesario que este participe en la acción del autor material se hubiese representado no solo la posibilidad sino aún la probabilidad de que en el iter realizado por éste pudiese llegar a ataques corporales de imprevisibles consecuencias para la víctima, normalmente impuestas por el porte de armas o medios peligrosos eficaces por aquel autor material ( SSTS 1315/2005, de 10 de noviembre, 535/2008, de 18 de septiembre).

Sobre la trascendencia de esa aportación, un importante sector de la doctrina afirma la necesidad del dominio funcional del hecho en el coautor. Declara la STS n.º 251/2004, de 26 de febrero, que "cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta a la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Esta es la ejecución conjunta a la que se refiere el Código Penal". Y añade que "su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que no resulta prescindible". La doctrina del TS, en materia de autoría conjunta (sentencias de 14 de diciembre de 1998, núm. 1179/1998, 14 de abril de 1999, núm. 573/1999, 10 de julio de 2000, núm. 1263/2000, 11 de septiembre de 2000, núm. 1240/2000 y 27 de septiembre de 2000, núm. 1486/2000, entre otras), señala que la nueva definición de la coautoría acogida en el art. 28 del Código Penal de 1995 como "realización conjunta del hecho" implica que cada uno de los concertados para ejecutar el delito colabora con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por ello, necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y concretamente en el homicidio la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas. En consecuencia, a través del desarrollo del "pactum scaeleris" y del codominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución.

Ciertamente, cooperación e inducción no pueden ser comportamientos compatibles, pues nadie puede inducir a sí mismo a cometer una acción criminal. Pero es claro que en este caso, de la ideación criminal, se ha pasado a la acción, como veremos enseguida, siendo la parte ejecutiva suficiente para justificar su condena como cooperador necesario, incluso como coautor directamente.

En efecto, los hechos probados nos dan cuenta de la presencia del recurrente en la reunión de Zaragoza con los hermanos Octavio Pedro Francisco y que, en complimiento del acuerdo allí alcanzado, el 23 de julio se desplaza el ahora recurrente a Pamplona, donde fue recogido por miembros integrantes del citado pacto junto a otras personas y trasladado, primero a recoger las armas y luego al bar de Casimiro, donde permanecieron hasta que nuevamente todos juntos, se dirigieron al lugar de la agresión. Es cierto que no hay prueba de que ocasionara directamente las lesiones generadas con la acción, pero no es necesaria tal participación ejecutiva en tanto que llevó a cabo funciones de operativas de mando, así que acompañó a los autores materiales que iban encapuchados en el coche, bajando él instantes antes, en las inmediaciones y, controlando vía telefónica el resultado de la agresión, reuniéndose nuevamente en el bar de Casimiro y dirigiéndose finalmente a casa de Piedad donde pasaron la noche, marchando juntos al día siguiente. Las antenas y el informe pericial sitúan al acusado en dichos momentos y lugares, siendo que el tráfico de llamadas demuestra la constante y continua comunicación salvo, en el exacto momento de la acción criminal; lo que prueba claramente su participación como autor intelectual. En definitiva, los hechos probados muestran la dirección del ahora recurrente en la mecánica comisiva, que resulta de la reunión en Zaragoza, la aportación de medios para perpetrar la agresión, el acompañamiento a Pamplona para ejecutar el hecho criminal, estando presente en todas las fases del mismo, lo cual revela la dirección de los acontecimientos, pues no otra cosa puede deducirse del relato fáctico, de modo que su papel es el de la autoría intelectual, a modo de jefatura de las operaciones criminales que llevan a cabo los demás coautores del hecho, como ellos mismos confiesan, asumiendo su responsabilidad criminal y aceptando importantes penas privativas de libertad, bajo el mando del ahora recurrente. No importa que no agrediera físicamente a la víctima, o que no haya sido probada tal participación ejecutiva, si se encuentra presente y al mando de la expedición, pues como recuerda nuestra jurisprudencia, "todos los que concurren en la ejecución de un hecho se ven ligados por un vínculo de solidaridad que les corresponsabiliza en el mismo grado, cualquiera que sea la parte que cada uno tome, ya que todos de modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realizasen para el logro de la ilícita finalidad perseguida. Cuando aparece afirmada la unidad de acción y recíproca cooperación, ello da lugar a que todas las responsabilidades sean consideradas como autoría ( STS 241/2019, de 9 de mayo STS 439/2020 entre muchas otras). En otras palabras, quien manda al grupo que agrede, no es un inductor, es un operador ejecutivo de la acción en funciones de distribución de roles o acciones participativas, situado en el punto en donde se producen tales acciones.

SEXTO.- En un segundo apartado, rebate la aplicación de la circunstancia de "precio, recompensa o promesa" aplicada (139.1.2ª) por no haberse concretado en los hechos probados que existiera un acuerdo entre bandas (los Blood en Pamplona y los Black Panther en Zaragoza) sino que se trataba de un encargo entre viejos conocidos.

El Tribunal Superior de Justicia «a quo» reproduce la argumentación de la Audiencia Provincial, en tanto señala que debe apreciarse que concurre la llamada "recompensa" que cualifica el asesinato o, como en este caso, agrava la pena, al estar ya cualificado el asesinato por la existencia de alevosía (no discutida por el recurrente). Señala la Audiencia que «se puede decir que hay precio, recompensa o promesa cuando el delito se ejecuta con el fin de recibir algo a cambio, independientemente de que sea dinero, joyas o un beneficio económico como un empleo y ascenso... Lo relevante es que el delito tiene que estar motivado por el hecho de obtener un beneficio económico o no, no siendo indispensable que el sujeto reciba el dinero o el bien que le han ofrecido ni que se cumpla la recompensa. La agravante de precio, en sentido estricto, se da pasa una persona mata a otra para recibir un pago. La recompensa sucede cuando el beneficio que se busca no es dinero, sino otras acciones tales como conseguir un ascenso en el trabajo o un empleo nuevo. Finalmente, se habla de promesa cuando el beneficio se obtiene (sea precio o recompensa) se entrega cuando el delito se haya realizado. En el caso que nos ocupa, la promesa fue que la acción de los autores materiales se vería recompensada con una acción similar de los solicitantes, que acudirían a realizar un delito de Zaragoza. Por tanto, es una promesa de recompensa, que no de pago».

Esta argumentación pone el acento en ejecutar tal agresión física a cambio de que, en un plazo máximo de 15 días, se llevara a cabo, en Zaragoza, una actuación similar por parte de los "beneficiarios" de la acción de Pamplona.

La agravante opera cuando dos personas pactan cometer delitos cada uno en beneficio del otro, siempre que: a) exista contraprestación real o prometida: aunque no sea dinero, la "recompensa" puede consistir en que el otro ejecute una acción ilícita a cambio; b) el pacto sea determinante: la reciprocidad debe ser el motivo principal para delinquir, no una mera coincidencia de voluntades.

Se configura el "pactum scaeleris" bilateral: cada parte actúa movida por la ventaja que obtiene del otro, lo que incrementa la antijuridicidad.

Un ejemplo podría ser: "Yo agredo a X si tú robas a Y".

La recompensa puede ser, en términos generales, un acto lícito (un puesto de trabajo) o ilícito.

Por ello, la agravante del art. 22.3.a CP se aplica cuando existe precio, recompensa o promesa como incentivo determinante para delinquir. Eso es lo importante: que actúa como revulsivo para actuar, como motor de la acción emprendida y ejecutada. Aquí, en nuestro caso, hay una recompensa recíproca: cada parte ofrece ejecutar una acción ilícita como contraprestación (promesa o recompensa) por la otra.

Son, pues, sus requisitos: a) existencia de pacto: acuerdo previo para cometer delitos, con reciprocidad; b) determinación causal: la promesa recíproca debe ser el motor principal de la conducta.

No es necesaria ejecución efectiva, pues basta la aceptación del pacto.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

SÉPTIMO.- Procediendo la desestimación de todos los recursos, se está en el caso de condenar en costas al recurrente por imperativo de lo dispuesto en el art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.