Sentencia Penal 503/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 8347/2022 de 02 de junio del 2025

1.- La sentencia núm. 170/2022, 27 de julio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, condenó a los acusados Maximiliano, Modesto y Nazario como autores de un delito continuado de estafa procesal en grado de tentativa, a las penas, para cada uno de ellos, de 1 año y 9 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y multa de 4 meses y 15 días, con una cuota diaria de 5 euros y la responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago.

Frente a esta resolución se interpuso recurso de apelación por la representación legal de la acusación particular y de los condenados. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó todos los recursos entablados en la sentencia 85/2022, 10 de noviembre.

Se hace valer ahora recurso de casación por la defensa de los acusados. Se formalizan tres motivos. El Ministerio Fiscal y la representación legal de los recurridos impugnan el recurso e interesan su desestimación.

2.- El primero de los motivos, al amparo del art. 850.1 de la LECrim, denuncia la denegación de una prueba pericial informática que había sido propuesta por la defensa en el acto de la vista, en el trámite de las cuestiones previas, después de haber sido admitida la prueba pericial presentada por Juana, en calidad de perito de la acusación. Se generó así indefensión y se vulneraron el principio de contradicción y el derecho de defensa, a la vista del valor que la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia han atribuido a esa prueba.

A juicio de la defensa, el valor que se ha dado a esa prueba pericial no puede ser calificado, como se hace en la sentencia de instancia y avala la de apelación, como "...no determinante sino simplemente complemento accesorio" del resto del material probatorio. En respaldo de su petición se cita jurisprudencia constitucional y de esta Sala acerca del derecho de defensa y su vulneración cuando se deniega la práctica de una prueba indispensable para hacer valer el principio de contradicción.

Ese documento fue etiquetado por la Audiencia como informe pericial informático, admitido en providencia de 13 de mayo de 2022, notificada el 18 del mismo mes, tres días antes del inicio de la celebración del juicio oral. No fue declarada admitida la prueba, sino que se declaró unida al rollo, limitándose a poner en conocimiento de la defensa su existencia. El mismo día de la notificación se presentó escrito por el ahora recurrente con alegaciones sobre la inadmisión, indefensión en caso de admisión y no traslado para proposición de iguales términos de defensa de derechos que la parte acusadora. Por consiguiente, el trámite de cuestiones previas se inició con una prueba anterior sobre la que el tribunal no se había pronunciado todavía. Debió, pues, suspenderse la vista para que la defensa pudiera plantear una prueba pericial contradictoria.

No tiene razón la defensa y el motivo ha de ser desestimado.

2.1.- La Sala coincide plenamente con la defensa cuando subraya la importancia de que el rechazo de un medio de prueba por el órgano de enjuiciamiento no menoscabe el derecho a un proceso con todas las garantías. Así lo hemos proclamado en numerosos precedentes de los que el motivo se hace eco.

El principio de contradicción y el derecho de defensa no pueden degradarse a la condición de meros enunciados programáticos. Antes al contrario, su vigencia y respeto en el proceso penal operan como factor de legitimación de cualquier decisión judicial de aceptación o rechazo de una propuesta probatoria. Es más, contradicción y defensa son dos derechos que no son ajenos a una dimensión ética que condiciona el ejercicio del ius puniendi por el Estado.

Es a partir de estas premisas como la Sala aborda ahora la queja del recurrente por el hecho de no habérsele permitido la suspensión del juicio después de que la acusación particular aportara un informe pericial.

2.1.1.- El dictamen pericial cuestionado, suscrito por la perito de la acusación particular Juana, fue aportado a la causa antes del inicio de la celebración del juicio oral. La Audiencia Provincial, al amparo del art. 785.1 de la LECrim, acordó su unión a los autos y que se pusiera en conocimiento de la defensa. Al inicio del trámite de las cuestiones previas, declaró su pertinencia y rechazó la pretensión de suspensión del juicio promovida por la defensa, que pretendía tener tiempo para aportar un nuevo informe pericial.

La Sala no detecta ninguna quiebra del procedimiento que haya podido general indefensión.

En efecto, la inicial incorporación de ese dictamen pericial a la causa, más allá de la corrección o el desacierto de la Audiencia al etiquetar su contenido, dio oportunidad a la defensa para instruirse y, sobre todo, para preparar su defensa de cara al juicio oral. La idea de que el principio de contradicción sólo puede respetarse con la presentación de una nueva prueba pericial alternativa no es correcta. La contradicción también se asegura en el juicio oral mediante el examen cruzado del dictamen pericial y sometiendo a su autor a las preguntas pertinentes por la acusación y defensa. Y eso fue lo que sucedió en el plenario. Dicho con consciente simpleza, la proposición en cuestiones previas de un nuevo testigo por la acusación particular no exige para asegurar la contradicción la suspensión del juicio oral para que la defensa pueda presentar otro testigo alternativo. Lo mismo acontece con la prueba pericial. El principio de contradicción y el derecho de defensa se aseguran sometiendo a los testigos o peritos propuestos a un interrogatorio cruzado que permita al órgano decisorio formar convicción.

Pero hay otras razones que respaldan la decisión de la Audiencia,

En efecto, la detenida lectura de la sentencia dictada en la instancia pone de manifiesto -s.e.u.o- que el órgano de enjuiciamiento tuvo ocasión de ponderar, incluidos los informes ampliatorios de pericias ya practicadas, nada más y nada menos que ¡¡12 informes periciales!! No resulta fácil, a la vista de este dato, legitimar la petición de suspensión del juicio para presentar el decimotercer dictamen pericial.

Además, la razón esgrimida por la Audiencia Provincial y avalada por el Tribunal Superior de Justicia para justificar el rechazo de la suspensión del juicio no es, desde luego, arbitraria o irrazonable:

"... Solicitó la defensa la inadmisión del peritaje sobre tipografía e impresión de dicho documento, emitido por la perita informática Juana, por versar -dijo- sobre una cuestión nueva no contenida en los hechos de la acusación ni objeto de la instrucción previa.

Ciertamente, la base fáctica de la imputación primero y de la acusación después es la falsedad de la firma de la propietaria arrendadora en el documento de opción de compra y dicho informe no analiza eso, sino el texto del documento, en el que la perita aprecia varias manipulaciones. Resulta evidente que, si fuera auténtica la firma de la Sra. Candelaria, esas manipulaciones en el texto serían irrelevantes para nuestra decisión, pues no se acusa a los encausados de manipular un documento previamente firmado por la arrendadora para modificar su contenido, sino de simular que el documento fue firmado por ella, por falsificar la firma (lo que haría falso el documento en su integridad), no el texto. Es decir, el dictamen de Juana no es determinante para el resultado del pleito, sino, en su caso, simple complemento accesorio de la decisión del Tribunal. Por eso los acusados no sufren indefensión por que se admita esta prueba".

También respondió motivadamente la Audiencia a la última petición de suspensión formalizada por la defensa en el momento al finalizar el juicio oral, al amparo del art. 788.5 de la LECrim. Esta pretensión fue rechazada por el Tribunal al entender que no se había introducido ningún hecho nuevo ni se habían rectificado los términos nucleares del escrito de acusación. Lo hizo con arreglo al siguiente razonamiento: "... al final del juicio oral y bajo la cobertura del artículo 788.5, la defensa volvió a reiterar su solicitud de suspensión. Le sirvió de excusa para ello que el Fiscal, en trámite de conclusiones definitivas, añadió una mención de dos líneas en el apartado primero de su escrito de calificación, dejando sin variaciones los apartados segundo (calificación jurídica), tercero (participación de los acusados), cuarto (circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal) y quinto (penas). La acusación particular no introdujo cambio alguno.

La petición fue de nuevo rechazada, habida cuenta de que no concurría ninguno de los supuestos legalmente previstos en la norma citada: ni las partes acusadoras habían cambiado la tipificación penal de los hechos, pues elevaron su calificación jurídica de provisional a definitiva, ni apreciaron en ese trámite un mayor grado de participación (autoría) o de ejecución (consumación) o circunstancias de agravación (ninguna nueva).

La defensa solicitante no formuló protesta".

2.1.2.- Tampoco la denegación de la prueba fue contraria a nuestra doctrina acerca de la necesidad de que ese rechazo genere efectiva indefensión. Hemos dicho que este motivo de casación no trata de resolver denegaciones formales de prueba, sino que es preciso que tal denegación haya producido indefensión, de manera que el motivo exige "...demostrar, de un lado, la relación existente entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar por las pruebas inadmitidas, y de otro lado debe argumentar convincentemente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable de haberse aceptado la prueba objeto de controversia" ( SSTS 1023/2012, 12 de diciembre; 104/2002, 29 de enero; 181/2007, 13 de abril y 421/2007, 24 de mayo).

No hubo, pues, indefensión ante la negativa de la Audiencia Provincial a rechazar la petición de suspensión del juicio oral para la aportación y práctica de una nueva prueba pericial. El dictamen facultativo que había sido presentado con anterioridad por la acusación particular y que sí dio lugar a la práctica de la prueba pericial fue conocido con anticipación por la defensa -se le notificó días antes del comienzo del plenario- y permitió al Letrado recurrente examinar a la perito con toda amplitud y exhaustividad.

Frente a lo alegado por el recurrente -como apuntamos en el siguiente fundamento jurídico al resolver el segundo de los motivos- el dictamen pericial de Juana no fue, ni mucho menos, la causa determinante de la condena de los querellados. Las pruebas y contrapruebas periciales practicadas en el plenario, la declaración de otros testigos y la aportación de diferentes documentos que obran en la causa, permitieron a la Audiencia Provincial proclamar el juicio de autoría con claro apoyo en todo un bagaje probatorio que descarta, desde luego, la alegada indefensión.

La queja no puede prosperar ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.- El segundo motivo se articula con la cobertura de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El enunciado cita también el art. 849.1 de la LECrim.

Estima la defensa que la prueba practicada resulta insuficiente para acreditar la falsedad de la firma y, en todo caso, el dolo falsario. La valoración probatoria no es razonable ni lógica, "...violando la presunción de inocencia de los investigados e incurriendo en suposiciones".

3.1.- Con carácter previo, conviene hacer una obligada puntualización. Y es que la defensa parece ver en esta Sala una tercera instancia para corregir la valoración de la prueba que ha llevado a la condena de sus representados y cuya razonabilidad ha sido ya avalada por el Tribunal Superior de Justicia.

El control que nos corresponde cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia no puede aspirar a una subrogación funcional de esta Sala en el papel que nuestro sistema reserva a los órganos de apelación. No podemos reemplazar a quienes, en un dibujo procesal de doble instancia, tienen por misión la valoración de las pruebas practicadas en el plenario y su inicial control.

No es cometido propio de la casación penal decidir el valor probatorio de cada uno de los elementos de cargo y descargo que se han barajado en el juicio oral, sino controlar el razonamiento con el que otro Tribunal justifica su decisión. Por ello, desborda el ámbito casacional, una vez verificado el canon de cumplimiento de la motivación fáctica y la razonabilidad de sus conclusiones alcanzadas en la instancia, la posibilidad de que esta Sala pueda sustituir la valoración que hizo el Tribunal de instancia.

Hemos concluido, en fin, que el recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo (cfr. SSTS 1063/2024, 21 de noviembre; 495/2020, 8 de octubre; 527/2022, 27 de mayo; 658/2021, 3 de septiembre; 596/2023, 13 de julio, entre otras muchas).

3.2.- Entre los argumentos hechos valer por la defensa de los acusados -en un recurso minucioso y bien armado desde la perspectiva casacional-, se invoca la infracción del art. 350 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, bajo el epígrafe "documentos indubitados o cuerpo de escritura para el cotejo", señala como tales los siguientes:

"1.º Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar esta prueba pericial.

2.º Las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos al Documento Nacional de Identidad.

3.º Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa.

4.º El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique".

Sobre esta base, alega la defensa que los seis documentos aportados por la acusación son documentos privados, no reconocidos por los investigados ni en juicio ni fuera de él, no son escrituras públicas ni relativos al Documento Nacional de Identidad, por lo que en modo alguno pueden ser tenidos como documentos con firmas indubitadas.

No es exacta esta afirmación. Es cierto que el art. 350 de la LECrim señala como documentos indubitados los que aparecen recogidos en los cuatro apartados transcritos. Pero también lo es que el último apartado de ese precepto que se considera infringido añade: "si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con un cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el tribunal apreciará el valor del documento impugnado conforme a las reglas de la sana crítica".

Y esto es lo que ha hecho la Audiencia Provincial, apreciar conforme a las reglas de la sana crítica los doce informes periciales que fueron incorporados a la causa. Candelaria había ya fallecido y la imposibilidad de elaboración de un cuerpo de escritura obligaba a formar convicción a partir de un conjunto de documentos, algunos de ellos perfectamente encajables en el concepto de documento indubitado al que se refiere el art. 350 de la LECrim.

La Audiencia Provincial da respuesta a esta alegación en términos más que razonables:

"... Revocado el sobreseimiento por la Audiencia Provincial, el Juzgado acordó remitir a la Sección de Documentoscopia y Grafística de la Policía Científica los documentos firmados que aportaba la acusación particular para que los técnicos ampliaran el primer informe (providencia de 23 de julio de 2019, folio 496). Alega la defensa que en esta resolución no se da a esos documentos la condición de indubitados, a lo que cabe responder, primero, que sería ridículo que la Instructora pidiera el cotejo grafológico de estos documentos con el dubitado si no considerase que aquéllos son indubitados, pues, de otro modo, ninguna utilidad tendría el peritaje para la investigación judicial; y segundo, que la defensa se limita a poner en duda la autenticidad de los documentos de contraste, pero no explica por qué, no ofrece algún motivo para ensombrecer esa autenticidad, por lo que el cuestionamiento de la indubitabilidad es meramente dialéctico y resulta inane. Añadimos que la defensa no recurrió la providencia de 23 de julio de 2019.

Por otro lado, el criterio de autenticidad que pretende aplicar la defensa a los documentos analizados por la Policía Científica en su segundo informe no es el que ha usado para encargar el estudio a la perita Sacramento (del que luego trataremos), en el que abundan los documentos indubitados sin intervención de fedatario público".

Ninguna duda asume la Audiencia Provincial acerca del carácter indubitado de esos documentos. La respuesta a esta tardía alegación defensiva vuelve a estar marcada por la racionalidad:

" Los agentes aprecian divergencias de la firma dubitada con las indubitadas "tanto a nivel general como en aspectos específicos" que pasan a detallar y que se refieren a tamaño, angulosidad, presión, agrupamiento y dirección, así como a los gestos tipo, de los que ofrecen diez diferencias concretas.

En el juicio oral, estos peritos dijeron que, a simple vista, la firma dubitada podía pasar como de la Sra. Candelaria, pero en el estudio pormenorizado pudieron apreciar suficientes diferencias para concluir que no era de la mano de la difunta arrendadora. De esta manera, vinieron a coincidir con la opinión de la perita Sra. Virginia, que la imitación era buena. A preguntas de la defensa, respondieron que las similitudes señaladas en el primer informe existen y se ratifican en ellas, pero, analizando una mayor masa gráfica en el segundo informe, concluyeron que era una imitación clara.

Este es el criterio de unos peritos oficiales, funcionarios públicos ajenos completamente a los intereses de las partes, que prestan servicio en la Policía Científica. Son ya tres peritajes que nos informan de la falsedad de la firma controvertida.

Suponemos que ante las carencias del informe pericial de la Sra. María Inmaculada y ofreciendo a análisis muchas más firmas (setenta y seis), la defensa presentó un dictamen de la perita Sacramento, datado el 3 de diciembre de 2020 (folios 656 y ss., tomo II).

La Sra. Sacramento (cuyas credenciales profesionales en la materia son relevantes) ha estudiado el original del documento dubitado y algunos de los documentos indubitados ya tratados por los anteriores peritos, además de un buen número de recibos de pago de la renta, setenta y seis firmas en total, según explicó en el juicio oral y consta en su dictamen, firmas anteriores, coetáneas y posteriores a la disputada".

No ha habido ningún vacío probatorio. La valoración de los informes periciales no ha estado lastrada por el déficit apuntado acerca del carácter no indubitado que selectiva e interesadamente se atribuye por el recurrente a los documentos que fueron objeto de examen pericial.

3.3.- Por si fuera poco, la sentencia se refiere a otros elementos corroboradores que se desgranan en el FJ 3º, algunos de ellos bajo la locución "circunstancias extrañas".

Un simple arrendamiento, si bien por plazo de veinticinco años, se elevó entre los contratantes a escritura pública (folios 83 y ss., tomo I) y una opción de compra -se pregunta el Tribunal- ¿no mereció más que un documento privado? La escritura de arrendamiento contiene cláusulas bastante exigentes para los arrendatarios (décima, duodécima, decimoquinta) y, sin embargo, la opción de compra se otorgó sin prima, el derecho de opción no tiene precio, sólo la compraventa lo tiene. Es una opción sin contraprestación.

Ese precio de la compraventa se fijó para todo el plazo, sesenta y cuatro millones de pesetas (384.647,74 euros) fijos a lo largo de veinticinco años. Conforme razona la Audiencia y ratifica el órgano de apelación, "...es de general conocimiento que los precios de compraventa en el mercado inmobiliario poco tienen que ver con el IPC, así como que, históricamente, sus variaciones no se han ajustado a las de la carestía de la vida, con fluctuaciones dispares de unas y otras". A lo que habría que añadir que "...el texto fue impreso y luego fotocopiado, lo que impide indagar sobre la génesis del documento, es decir, acerca de la impresora que lo plasmó en papel".

El perfil personal de la arrendadora fallecida, Candelaria, ofrece también elementos incriminadores que son expresamente razonados en la sentencia: los tres acusados "...relatan un suceso extraño, cual es que la arrendadora les convocó a su domicilio, fueron los tres y les entregó el escrito. Para empezar, extraño es que fueran los tres, pues los tres han manifestado que de las negociaciones, gestiones burocráticas y papeleos se ocupaba Modesto, que luego informaba a los otros dos. Extraño también ese contacto negocial de carácter personal, pues en los otros que constan probados la arrendadora actuó a través de abogados y notarios, hasta los recibos de pago de renta se los entregaban en la caja de ahorros. Y por otro lado, carece de sentido que la Sra. Candelaria les entregara un documento con su firma falsificada, escrita por mano distinta, de donde deriva de manera lógica no ser cierto ese encuentro y la obtención de esa manera del documento de opción de compra. Si el escrito falso estaba en su poder y no se lo entregó la propietaria, es que lo elaboraron ellos u otra persona por su encargo".

Y como recordaron los testigos, Candelaria era cuidadosa con sus asuntos patrimoniales, se asesoraba en despachos de abogados y en la Cámara de la Propiedad Urbana, entidad donde le redactaban los contratos y donde los depositaba, siendo significativo que en la Cámara de la Propiedad Urbana no constara depositado el documento controvertido, ni estaba entre los papeles que dejó la causante

En definitiva, la queja de la defensa acerca de la quiebra del derecho constitucional a la presunción de inocencia no es, desde luego, atendible. La autoría de los hechos puede ser afirmada más allá de toda duda razonable.

Procede la desestimación del motivo ( art. 885.1 de la LECrim) .

4.- El tercer motivo se apoya en el art. 849.1 de la LECrim y denuncia infracción del art. 100 de la LECrim.

Sostiene la defensa de los recurrentes que existe un manifiesto error en la determinación de la cantidad de renta adeudada, en la medida en que esa cuantía está tomada de un informe pericial "...de parte, subjetivo y sin valor probatorio alguno".

El motivo no es acogible.

4.1.- El mero enunciado del motivo ya advierte de que el razonamiento que le sirve de justificación ofrece a esta Sala un desacuerdo probatorio que desborda el cauce procesal mediante el que se trata de hacer valer.

El art. 849.1 de la LECrim exige, como ha declarado esta Sala en numerosos precedentes que no exigen cita pormenorizada, la aceptación del hecho probado como presupuesto metodológico para hacer valer la discrepancia del recurrente. En el presente caso, la afirmación que contiene el relato fáctico no deja margen para la duda: "... el plazo del mismo expiró, a más tardar, el 27 de julio de 2020 , y la única causa de que los acusados sigan ocupando y disfrutando del local de negocio desde entonces es la controversia generada sobre la autenticidad del documento fechado el 28 de marzo de 1995, que ellos elaboraron o encargaron elaborar, y la pendencia de este proceso y de los otros dos pleitos civiles, originada por dicha controversia.

La renta mensual de un contrato de arrendamiento nuevo ascendería a 5.341,54 euros, cantidad superior a la que abonan desde el 27 de julio de 2020 y actualmente".

Esta simple constatación ya sería suficiente para el rechazo del motivo. Así lo impone el art. 884.3 y 4 de la LECrim. Pero yendo más allá y buscando una interpretación extensiva del derecho a la tutela judicial efectiva, entendido como derecho a una respuesta racional, coherente y fundada, la Sala estima que el razonamiento sobre el que se basa esa proclamación fáctica es más que acertado.

4.2.- Sobre la cuestión debatida, hemos insistido en numerosos precedentes en que el Tribunal de casación no puede revisar las cuantías acordadas como indemnización " ex delicto" sino tan sólo limitarse a la revisión de las bases sobre las que se asienta la cantidad fijada. Y es que la restauración del ordenamiento jurídico alterado por el delito en aspectos económicos o susceptibles de valoración económica ha de fundarse sobre realidades probadas por quien pretenda su declaración y nunca sobre perjuicios futuribles o meramente hipotéticos, que no pueden en modo alguno presumirse ( SSTS 893/2024, 24 de octubre; 154/2024, 31 de mayo; 587/2014, 18 de julio; 792/2011, 8 de julio; 348/2004, 18 de marzo; 1222/2003, 29 de septiembre y 1091/2003, 25 de julio).

En palabras de las SSTS 979/2013, 23 de diciembre y 105/2005, 26 de enero, la indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso, como es el caso que nos ocupa, que realice el Tribunal de instancia, fijando el alcance material del "quantum" de las responsabilidades civiles, por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante, no puede, por regla general, ser sometida a la censura de la casación, por ser una cuestión totalmente autónoma y de discrecional facultad del órgano sentenciador, como ha venido a señalar la jurisprudencia de esta Sala que únicamente permite el control en el supuesto que se ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar o si existe razón o causa bastante para indemnizar, pero no el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza.

4.3.- En el FJ 9º puede leerse: "...en la demanda de resolución contractual por expiración del plazo, los arrendadores fijaron el dies ad quem en el 9 de febrero de 2019 o, subsidiariamente, en el 1 de marzo de 2019 (folios 1001 y ss., tomo III). Los arrendatarios se opusieron y, en su contestación a la demanda, establecieron como término del plazo el 27 de julio de 2020 o, subsidiariamente, el 3 de junio de 2020 (folios 1153 y ss.)".

Y añade: "... sin prejuzgar indebidamente lo que debe decidir el juez civil, sobre la base de la doctrina de los actos propios y manejando la fecha más ventajosa para los acusados, está claro que el 27 de julio de 2020 el plazo pactado acabó; puede que antes, pero seguro en esa fecha. De ahí deriva que, desde el 27 de julio de 2020, los acusados disfrutan del local sin otro motivo que la comisión del delito y la pendencia del proceso penal y, consecuentemente, los perjuicios irrogados a las víctimas pueden calcularse en el tiempo desde esa fecha.

Tales perjuicios se concretan en la diferencia entre lo que están abonando de renta, de acuerdo a lo pactado en 1993, y lo que deberían estar pagando de haberse concertado un arriendo nuevo".

Como puede apreciarse, la determinación de las bases que han servido a la Audiencia Provincial para fijar la cuantía indemnizable -criterio confirmado por el Tribunal Superior de Justicia- ha tomado como principal referencia el criterio aceptado por los propios querellados en el proceso civil de resolución del contrato de arrendamiento promovido por los herederos de Candelaria. A este criterio ha sumado el tribunal sentenciador el informe pericial, debidamente ponderado y restringido en sus conclusiones, ofrecido por el perito Humberto. Por si fuera poco, con el fin de flexibilizar el ámbito de la discusión, la cuantificación definitiva de ese importe se remite a la fase de ejecución de sentencia.

Considera la defensa que deducir que la fecha de resolución del contrato es la fecha que propuso en su contestación a la demanda no es correcto por cuanto el procedimiento, de no haber mediado suspensión, no sabemos si hubiera tenido una sentencia declarativa en esa fecha, por lo que la consideración realizada por la Audiencia Provincial es incorrecta y se debería tomar como referencia la fecha en que se dicte sentencia firme en el citado procedimiento, siendo un error elucubrar en este momento y procedimiento judicial, no pudiendo establecerse el perjuicio hasta la finalización de dicho procedimiento verbal.

Este argumento, sobre el que pivota el desarrollo del motivo, sugiere una prejudicialidad civil que obligaría al órgano de enjuiciamiento a subordinar sus conclusiones a lo que fuera resuelto por el juzgado de primera instancia núm. 5 de Vitoria al sentenciar la demanda de resolución de contrato. Sin embargo, este razonamiento prescinde de lo prevenido en el art. 10 de la LOPJ. En la jurisdicción penal no existe una prejudicialidad civil devolutiva que impida a la Audiencia Provincial sentar una base probatoria para la determinación de la responsabilidad civil ex delicto hasta que el juzgado de primera instancia se defina. Esa prejudicialidad, que sólo opera en sentido inverso cuando en un proceso civil se detecta la existencia de un hecho que puede ser constitutivo de delito y que condiciona la solución del pleito principal, no puede entenderse, como parece sugerir la defensa, en sentido contrario al principio de exclusividad jurisdiccional.

El motivo tiene que ser rechazado (arts. 884.3 y 4 y 885.1 de la LECrimI).

5.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.