Sentencia Penal 614/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 8509/2022 de 02 de julio del 2025

PRIMERO.- 1.1. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en su Procedimiento Abreviado n.º 140/2021, dictó Sentencia el 4 de noviembre de 2022 en la que condenó a Andrés como autor criminalmente responsable de un delito de estafa de los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, imponiéndole las penas de ocho meses de prisión, y multa por tiempo de cuatro meses, en cuota diaria de seis euros.

1.2. Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso casación que se estructura alrededor de cinco motivos, de los que examinaremos primero aquellos que condicionan la validez del pronunciamiento.

1.3. El tercer motivo se formula por quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851. 5.º en relación con el artículo 850 de la LECRIM, por haber sido dictada la sentencia por menor número de magistrados que el señalado en la ley.

Asienta su pretensión en un documento en el que se recogen las firmas digitales de los tres magistrados que conformaron el Tribunal y destaca que uno de los magistrados firmó digitalmente por él, así como en sustitución de otra de las magistradas intervinientes en el plenario. Destaca que los artículos 196 de la LOPJ y 145 de la LECRIM exigen que cualquier Sala de enjuiciamiento se conforme al menos con tres magistrados que emitirán la sentencia, denunciando que tal circunstancia no se ha cumplido en el presente supuesto, sin que se conozca el motivo por el que un magistrado firmó en sustitución del otro.

1.4. El artículo 851.5 de la LECRIM establece como motivo de impugnación casacional cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Magistrados que el señalado en la Ley o sin la concurrencia de los votos conformes que por la misma se exigen.

Como indica el recurrente, el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en los casos en que la ley no disponga otra cosa, bastarán tres magistrados para formar Sala. En el mismo sentido, el artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que para dictar sentencia serán necesarios tres magistrados. Consecuentemente, las exigencias esenciales de integridad del órgano y de inmediación en el enjuiciamiento, determinan que en el proceso de decisión deben intervenir los mismos magistrados con los que se abordó la práctica de la prueba en el plenario. Pero las exigencias de una composición íntegra del Tribunal y de que la decisión colegida observe y respete el posicionamiento que cada magistrado integrante tenga sobre el objeto del juicio (que son los presupuestos que están garantizados por el cauce procesal que aquí se emplea), no pueden confundirse con su reflejo formal en la firma.

Conforme se deriva de los artículos 253 y 254.2 de la LOPJ, todos los magistrados intervinientes en la vista deben deliberar y votar sobre el sentido de la decisión jurisdiccional y cuando concurra en alguno de ellos una circunstancia que le impida asistir a la deliberación, deberá entregar un voto fundado que entregará al presidente con su firma o, de no ser posible, con la actuación fedataria del Letrado de la Administración de Justicia. Solo la imposibilidad absoluta de emitir la opinión justifica que pueda eludirse el parecer de ese integrante del Tribunal y, aún en estos supuestos, la adopción de una decisión jurisdiccional válida queda condicionada a que la opinión judicial que se omite no tenga repercusión para que el Tribunal pueda alcanzar una decisión mayoritaria ( art. 257 LOPJ) , pues en caso contrario deberá procederse a la sustitución del impedido y a la revisión del asunto.

La añadida exigencia de que la resolución sea firmada por todos los magistrados que hayan participado en la deliberación ( art. 260.1 LOPJ) , se configura como el elemento formal verificador de que se han atendido los requerimientos antes expresados, asignándose al presidente del Tribunal la función de fiscalizar el cumplimiento de las exigencias cuando alguno de los magistrados intervinientes en la deliberación no pudiera firmar; concretamente se establece en el artículo 261 de la LOPJ que si después de que todos los magistrados hayan emitido su voto en cualquiera de los modos anteriormente expresados, alguno de los integrantes del Tribunal no pudiera firmar, el presidente lo hará en su nombre y dejará constancia de la existencia de esa imposibilidad.

1.5. Lo expuesto determina la desestimación del motivo. En este supuesto se admite que el Tribunal abordó la celebración del juicio oral con el suficiente número de magistrados y se deja perfecta constancia, además, de que todos ellos participaron en la toma de decisión. En concreto, la sentencia enuncia que deriva del parecer unánime de todos los magistrados de la Sala y el presidente del Tribunal deja constancia en la resolución de que una de sus firmas la plasmó en sustitución de la magistrada cuya rúbrica no aparece documentada. Pero, más allá de las exigencias del artículo 261 de la LOPJ, se verifica la validez de la decisión colegiada mediante otros instrumentos, como son: a) Que la aseveración de unanimidad ha sido admitida con la firma del tercer magistrado interviniente en la deliberación; c) Que las firmas del presidente y de este tercer magistrado excluyen en todo caso la posibilidad de que la decisión mayoritaria del Tribunal fuera otra que la recogida en la resolución b) Que el Letrado de la Administración de Justicia ha desplegado fehaciencia sobre la sustitución que invoca el presidente y sobre la inexistencia de votos particulares que acompañen la sentencia; y d) Que el recurrente, sin haber reclamado ninguna aclaración sobre el motivo por el que se emitió por sustitución la firma de una magistrada ( art. 267.4 LOPJ) , evidencia la actual alegación como un reproche meramente formal.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. El cuarto motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a un proceso con todas las garantías, por indebida aplicación de los artículos 324 y 779 de la LECRIM.

Reclama la nulidad de las actuaciones. Argumenta que el plazo máximo de instrucción que estableció el artículo 324 de la LECRIM se agotó a los seis meses de que la Ley 41/2015 entrara en vigor, esto es, el 6 de junio de 2016. Añade que, aunque se declaró compleja la instrucción, la prórroga se abordó cuando la fase de instrucción estaba ya terminada y que en ese momento eran dos los investigados. Subraya que el Auto de Prosecución por los trámites del Procedimiento Abreviado se dictó contra los dos investigados en fecha 9 de mayo de 2018, si bien, puesto que el recurrente reconoció los hechos con posterioridad a esta resolución, las actuaciones se sobreseyeron respecto del otro investigado y se abrió juicio oral únicamente contra él. Desde estos antecedentes aduce: a) que la actuación fue extemporánea y que el juicio oral debió abrirse contra los dos investigados; b) que de haberse llevado correctamente el procedimiento, el otro investigado hubiera intervenido en el juicio oral como acusado y no como testigo principal y c) que se ha producido un quebranto de las normas esenciales del procedimiento que le ha generado indefensión, lo que en su consideración justifica cumplidamente la nulidad de lo actuado.

2.2. El artículo 324 de la LECRIM, en la redacción introducida por Ley 41/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales, establecía que "Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas", excluyéndose aquellos casos en los que la causa fuera declarada compleja desde un inicio o antes de la expiración del plazo anterior ( art. 324.1 LECRIM) , supuestos para los que se preveía un plazo de dieciocho meses y una ulterior prórroga nunca superior a ese mismo término ( art. 324.2 LECRIM) . En todo caso, para los procedimientos complejos que fuera necesario, se contemplaba la posibilidad de habilitar un último plazo excepcional e indefinido en su duración, que permitiera culminar la instrucción.

El precepto señalaba también que los plazos quedaban interrumpidos en supuestos de declaración de secreto y de sobreseimiento provisional de las actuaciones, en cuyo caso, cuando se alzara el secreto o se procediera a la reapertura de las diligencias, continuaría la investigación por el tiempo que restara hasta computar los plazos antes indicados.

Y también disponía la norma que "las diligencias acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos" ( art. 324.7 LECRIM) y que "en ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641" ( art. 324.8 LECRIM) .

2.3. Como indicamos en nuestra reciente STS 317/2025, de 3 de abril, la limitación a que la instrucción tuviera una duración indefinida vino acompañada de una previsión normativa que pretendió impulsar su cumplimiento y observancia, estableciendo el legislador que el vencimiento de los plazos tendría un efecto preclusivo para la fase de instrucción, no siendo válidas las diligencias acordadas a partir de ese momento y debiendo el juez conducir el procedimiento hacia la fase intermedia de no resultar procedente el sobreseimiento. Como destacamos en la Sentencia del Pleno de la Sala Segunda 974/2024, de 6 de noviembre, el artículo 324.7 de la LECRIM no disponía de forma expresa que las diligencias practicadas fuera de plazo fueran inválidas pero, por razones de lógica elemental, si se fija un plazo para instruir y si se establece que son válidas las diligencias acordadas dentro de ese plazo, la conclusión obligada es que carecen de validez las diligencias acordadas fuera de plazo ya que, de lo contrario, el propio plazo carecería de finalidad alguna.

La regulación estructural, que se ha mantenido pese a la modificación de los plazos operada por la Ley 2/2020, de 27 de julio, supuso un esfuerzo legislativo por ampliar el estatuto procesal del investigado y evitar que pueda quedar sometido innecesariamente a un proceso penal durante periodos de tiempo que resultan difícilmente asumibles para el estado de derecho cuando el imperium y la actividad punitiva del Estado no se desarrollan con la suficiente diligencia. Para ello, la norma parte de la definición de unos periodos de tiempo que se muestran ordinariamente razonables para la investigación y comprobación de los delitos atribuidos a una persona, sin perjuicio de poder prorrogar el plazo cuando se identifican y expresan razones que justifican (en el sentido más riguroso del término), que el tiempo inicialmente atribuido resulta insuficiente para que el procedimiento penal pueda atender adecuadamente su objeto; nunca para que la inactividad jurisdiccional o de las partes, innecesariamente y más allá de lo que puede entenderse razonable, tensione la presunción de inocencia del investigado y extienda su inquietud ante la eventual respuesta penal hasta límites intolerables para una sociedad democrática. Esa es la finalidad de la norma. La previsión de plazos de investigación responde, exclusivamente, a la introducción de instrumentos que faciliten y garanticen el derecho de los investigados a un procedimiento sin dilaciones indebidas, en una fase del proceso que resulta con frecuencia disfuncional según la experiencia forense, pero sin repercusión en la política criminal de extinción de la responsabilidad criminal, menos aun cuando la prescripción de los delitos exige de una completa inactividad que aquí no se produce y por periodos de tiempo normalmente más dilatados.

2.4. La norma, por las consecuencias que pueden derivarse del instrumento preclusivo anteriormente expuesto, ya ha determinado una nutrida jurisprudencia de esta Sala.

En lo que interesa para la resolución del recurso de apelación interpuesto, hemos expresado que la condición normativa de adquisición en tiempo de las fuentes de prueba fijada en el artículo 324 de la LECRIM, supone una preclusión procesal cuya desatención no determina la nulidad de la prueba, sino la irregularidad en la obtención para la investigación y, con ello, su invalidez a los efectos del artículo 779 de la LECRIM. Una invalidez que ahora, tras la LO 2/2020, expresamente recoge el artículo 324.3 de la ley procesal.

Las diligencias extemporáneas, esto es, aquellas que el Juez de instrucción acuerda y practica después de agotado el plazo legalmente otorgado para la investigación, no son válidas para la instrucción, lo que no impide que el órgano judicial competente pueda acordar la prosecución del procedimiento hacia la fase intermedia, e incluso abrir el juicio oral, cuando la información sumarial correctamente recogida en la causa preste suficiente apoyo a las pretensiones acusatorias. Y esta invalidez tampoco comporta un inconveniente para que las fuentes de prueba indebidamente incorporadas a la investigación puedan ser aportadas al plenario, siempre que no determine indefensión material para la parte y que la apertura del juicio oral haya descansado en otro material con la suficiente fuerza incriminatoria.

Así lo recogíamos en nuestra Sentencia de Pleno anteriormente referenciada, al expresar "Sin embargo, la clase de invalidez de las diligencias practicadas fuera de plazo no es la nulidad radical o absoluta sino una invalidez limitada al momento procesal de su aportación, ya que nada impide que la información probatoria derivada de las diligencias practicadas fuera de plazo, pueda aportarse a juicio. Es decir, se trata de diligencias irregulares ( STS 455/2021, de 27 de mayo)".

2.5. Lo expuesto refleja que en la presente causa no concurre ninguna irregularidad procesal que, por tenor del artículo 324 de la LECRIM entonces vigente, deba determinar la nulidad del procedimiento.

Es cierto que en el presente caso se practicaron diligencias con posterioridad al vencimiento del tiempo máximo de instrucción, que en este supuesto venció el 6 de junio de 2016 en atención a que la Disposición Transitoria Única (apartado 3) de la Ley 41/2015 estableció que los plazos de instrucción debían de aplicarse a todos los procedimientos que estuvieran en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, contemplándose la fecha de entrada en vigor de la ley como el primer día de cómputo para los procedimientos que estaban en marcha. Unas diligencias de instrucción que, conforme a lo anteriormente expuesto, carecen de validez pese a que extemporáneamente se declaró la complejidad de la causa y se amplió a dieciocho meses el plazo de instrucción (Auto de 25 de agosto de 2016), pues desde la STS 455/2021 hemos expresado que la decisión de ampliar los plazos de investigación debe adoptarse antes de agotarse el plazo en vigor y hemos confirmado la invalidez de aquellas diligencias de investigación que se hubieran abordado en periodos de instrucción tardíamente prorrogados, tal y como actualmente se recoge en el artículo 324.3 de la LECRIM al indicar que "si antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha".

Sin embargo, estas diligencias extemporáneas no influyeron o condicionaron la decisión de apertura del juicio oral contra el recurrente pues, como indica la sentencia de instancia, a la fecha de la terminación del plazo de investigación legalmente previsto, ya se habían recogido debidamente las fuentes de prueba en las que se asentó la decisión judicial de prosecución del procedimiento hacia la fase intermedia. Como recoge la sentencia impugnada, "a la fecha del 6 de junio de 2016 (fecha en la que finaliza el plazo ordinario de instrucción), ya se habían practicado las diligencias de investigación esenciales: a) aportación de documentos conectados con el fondo de inversión de 30.000 euros; b) justificación de su reembolso en la cuenta bancaria del matrimonio; c) salida de ese importe de la cuenta dando curso a una petición de efectivo; d) declaración testifical de los posibles perjudicados y del director de la sucursal, y e) declaración como investigado del ahora acusado y también del director de la sucursal, si bien contra este finalmente no se proyectó el procedimiento abreviado ni se formuló acusación alguna. Todas estas diligencias tuvieron lugar antes de finalizar el año 2015 y son la esencia de la base incriminatoria dirigida contra el acusado y que justificó la configuración de los hechos punibles descritos en el auto de 9 de Mayo de 2018. Lo único que quedaba por hacer es una pericial caligráfica que se acordó como diligencia complementaria a instancia del Ministerio Fiscal con posterioridad a la fecha del indicado auto y que nunca llegó a materializarse".

2.6. Respecto a la objeción que el recurrente introduce ahora en su alegato, esto es, que estaba vencido el plazo legal de seis meses cuando se sobreseyó la causa contra el otro investigado y se decidió abrir el juicio oral únicamente contra el recurrente, no es apreciable ninguna irregularidad procesal determinante de nulidad.

Como se ha expresado anteriormente, el artículo 324 de la LECRIM define un límite temporal para la fase de investigación, procurando precisamente la prosecución del procedimiento y el abordaje de la fase intermedia cuando el plazo esté vencido. Es en esta fase intermedia cuando el legislador, de la mano de los artículos 779 y 782 para el procedimiento abreviado, contempla que puede acordarse el sobreseimiento respecto de todos o algunos de los investigados, así como la apertura del juicio oral contra los que aparezcan como posibles responsables de una actuación delictiva. Consecuentemente, podrá reprocharse que en el supuesto que analizamos no se adoptaran estas decisiones inmediatamente después de haber vencido el plazo máximo de instrucción fijado en el artículo 324 de la LECRIM e, incluso, apreciarse con ello una demora injustificada que pueda coadyuvar al reconocimiento de la atenuante de dilaciones indebidas. Pero lo que no puede sostenerse es que la adopción de las decisiones inherentes a la fase intermedia y la observación del devenir procesal que impulsa el precepto determine precisamente la consideración de que se ha quebrantado la norma y de que se ha generado indefensión al investigado, beneficiario último de la preclusión de la investigación impuesta en el artículo 324.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. El quinto motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la tutela judicial efectiva.

El alegato subraya que ni el director de la oficina bancaria en la que trabajó el acusado, ni el perjudicado por la acción enjuiciada, conocen quién distrajo el dinero, denunciando que se le ha declarado responsable de la estafa y de haber falsificado el "recibí" del dinero en metálico, porque en la entidad financiera se registró la operación de reembolso con los datos de usuario asignados al ordenador del recurrente.

3.2. Hemos indicado en diversas ocasiones que al introducirse el juicio de racionalidad dentro del margen de fiscalización que impone la presunción de inocencia, se crean puntos de confluencia con el derecho a la tutela judicial efectiva. La suficiencia de la prueba de cargo, núcleo esencial para la desactivación del derecho a la presunción de inocencia, al evidenciarse a través de una motivación coherente y sin fisuras del Tribunal, conforma un espacio en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial, quebrantado cuando el órgano de enjuiciamiento no justifica la respuesta que se ofrece a las pretensiones de las partes. En todo caso, como se ha explicitado en numerosas resoluciones de esta Sala (SSTS 1126/2006, de 15 de diciembre; 742/2007, de 26 de septiembre o 52/2008, de 5 de febrero), "cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio". Una verificación que alcanza a que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

Del mismo modo, debe recordarse también que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional, como la de esta Sala, han reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. A falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria también puede sustentar un pronunciamiento condenatorio siempre que se cumplan determinados requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

Es cierto, como se indica en el recurso, que controlar la racionalidad de la valoración probatoria del Tribunal de instancia, no sólo entraña hacerlo desde la solidez o cohesión lógica entre el hecho base y el acontecimiento deducido, sino desde su calidad concluyente, no siendo razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa ( STS 500/2015, de 24 de julio). En todo caso, la doctrina constitucional refleja que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia "cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada" ( STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 4 y 23), debiendo rechazarse las conclusiones que se obtengan a partir de un análisis fraccionado y desagregado de los diversos hechos base y de la fuerza de convicción que proporciona su análisis conjunto y relacional, advirtiendo el Tribunal Constitucional (por todas, STC 126/2011, de 18 de julio , FJ 22) que, "cuando se aduce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia nuestro análisis debe realizarse respecto del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado...".

3.3. En el presente supuesto, el recurso oculta la consideración global de todos los indicios en los que se ha asentado el convencimiento del Tribunal. Ciertamente se proclama que fue el recurrente quien obtuvo un reembolso de 30.000 euros con cargo al saldo de la cuenta bancaria perteneciente a Bernardo y a su esposa Miriam, sirviéndose para ello de un documento falsamente firmado por el titular de la cuenta y en el que éste reconocía haber recibido el dinero en metálico. En todo caso, a diferencia de lo que el recurrente sostiene, el convencimiento del Tribunal no solo se ha extraído de que la operación se efectuara con el ordenador del acusado.

El Tribunal valora, en primer término, la prueba documental, que refleja la realidad de todas las operaciones bancarias que refieren los perjudicados. Considera también la prueba testifical, cuya credibilidad no solo surge de la concordancia entre su relato y los documentos que integran el expediente bancario, sino de que el acusado reconozca todos los aspectos de la narración que no comprometen su eventual responsabilidad.

Se refleja así que Andrés era el empleado que atendía a los perjudicados en sus operaciones bancarias y que, por su recomendación, contrataron en la entidad financiera un fondo de inversión garantizado a dos años por importe de 30.000 euros, evaluando el Tribunal que era el acusado quien tenía por ello conocimiento de la realidad de los fondos y de la duración de la inversión.

Contempla también que el fraude se hizo por una persona empleada en la entidad, pues la solicitud de reembolso del fondo se registró el 8 de mayo de 2012 en horario de tarde, abordándose de manera irregular, pues hubiera exigido la firma de dos apoderados de la entidad que no se reflejan. Así lo proclamó el director de la oficina y lo atestigua también que el impreso de reembolso refleje un espacio de firma reservado a la entidad, con la indicación por poder "P.P". Y estos dos indicios de fraude, se ponen en relación: a) con el hecho de que la solicitud de reembolso y de que se ingresara el importe del fondo en la correspondiente cuenta bancaria, sí estaba firmada por el titular de la inversión y b) que el acusado era el empleado de la sucursal que pudo obtener, fácil y engañosamente, la firma de una operación bancaria que el inversor aseguró no haber peticionado nunca, aprovechando para ello una relación de confianza que se manifestó en que el acusado había llegado a facilitar su teléfono personal a los perjudicados para cualquier contacto que precisaran.

Por último, el Tribunal valora que el fondo de inversión se resolvió anticipadamente y que, sólo dos días después de que se ingresara su importe en la cuenta bancaria de los perjudicados, se efectuó un supuesto abono en metálico a Bernardo, con la particularidad de que la operación se anotó en la contabilidad de la entidad financiera con el soporte de un recibí que no está firmado por ninguno de los titulares de la cuenta bancaria y que la operación se registró desde el ordenador asignado al recurrente.

Con ello, se expresan los elementos de corroboración objetiva que llevan al Tribunal a aceptar la versión de los testigos, así como los elementos de inferencia que permiten construir, más allá de toda duda razonable, que la venta del fondo de inversión y la posterior descapitalización de la cuenta bancaria en la que se depositaron los fondos, no fue abordada por los depositantes, sino por el acusado.

El motivo se desestima.

CUARTO.- 4.1. El primer motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por entender que dados los hechos que se declaran probados en la sentencia se ha incurrido en "error iuris", infringiendo normas penales de carácter sustantivo por aplicación indebida del artículo 248 del Código Penal.

El recurrente subraya que el delito de estafa exige que el engaño sea determinante de un desplazamiento patrimonial abordado por el afectado, lo que no concurre en este supuesto. Aduce que los hechos probados recogen que Bernardo, sin ser consciente de ello, fue embaucado a firmar un documento en el que reclamaba que el banco le reembolsara el fondo de inversión que tenía suscrito, solicitando al tiempo que el dinero del reembolso fuera ingresado en la cuenta bancaria que mantenía con su esposa en la sucursal. La ejecución de la orden, aduce, comporta que al engaño no le siguió ningún acto de disposición patrimonial, pues el dinero siguió en posesión del matrimonio en su cuenta corriente. Fue dos días después del ingreso cuando el acusado, según el relato de hechos probados, se sirvió del ordenador que tenía asignado como empleado del banco y extrajo de la cuenta de los perjudicados los 30.000 euros que acababan de obtener con la venta del fondo; actuación que el recurrente considera que no es constitutiva de un delito de estafa, por inexistencia del engaño, sino del delito, no homogéneo, de apropiación indebida.

4.2. Como hemos resaltado en numerosas ocasiones, el cauce procesal que aquí se emplea sólo tiene por objeto analizar el juicio de subsunción de la sentencia a partir de los hechos proclamados por el Tribunal; esto es, el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que el recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto, incluyendo todos los que conducen a supervisar la corrección de los hechos probados.

Y desde esta consideración procesal, debe recordarse que conforme con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal, cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

La jurisprudencia de esta Sala ha descrito la construcción del reproche penal por estafa desde la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que despierte en el sujeto pasivo una convicción equivocada de la realidad existente, de modo que el destinatario del engaño, impulsado precisamente por esa incorrecta e inducida persuasión, realice voluntariamente un acto de disposición patrimonial que no se hubiera abordado de otro modo y que resulta económicamente lesivo para quien lo aborda o para un tercero, pues el delito no exige que confluya una coincidencia entre la persona engañada y la que realiza el acto dispositivo.

Nuestra jurisprudencia también ha expresado que la estafa se consuma cuando se ha producido ese desplazamiento patrimonial a causa del acto de disposición y con el consiguiente perjuicio ( SSTS 61/2012, de 8 de febrero o 941/2013, de 10 de diciembre), si bien hemos resaltado que la estafa presenta una variadísima multiformidad de actuaciones, de manera que en algunos casos consiste en un acto simple en el que coinciden la maniobra engañosa y la defraudación, mientras que en no pocos supuestos ofrece estructuras más complejas, que tienen su origen en una acción anterior a la perfección del hecho delictivo, pero que se consuman cuando el engaño surte el efecto del desplazamiento patrimonial buscado ( STS 867/2002, de 29 de julio); sin que resulte tampoco infrecuente que el despliegue del engaño consista en la suma de varios comportamientos, bien sea porque el engaño es desplegado entre varios sujetos, bien porque son varios los individuos a los que se engaña sucesivamente, bien porque la fullera acción precisa ardides de refuerzo para culminar la confusión iniciada con unas primeras actuaciones tramposas o porque para lograr el acto de disposición es preciso someter la voluntad de varios sujetos.

Pese a esa multiformidad, es inherente al delito que exista una ligazón causal entre el engaño y el perjuicio patrimonial, de manera que el engaño sea determinante del error; que la creencia equivocada sea la que impulse el acto de disposición; y que la disposición patrimonial sea la causa del perjuicio económico que sufre la víctima. Y toda esta secuencia debe engranarse en una misma estructura intencional y con un mecanismo, más o menos complejo, que haya sido dispuesto por el sujeto activo para alcanzar el beneficio patrimonial.

Pero la relación causal no puede ser entendida como la exigencia de que el perjuicio patrimonial esté directamente unido a la primera expresión irreal introducida en el ardid dispuesto por el sujeto activo, ni siquiera a la más relevante o distinguible de sus tretas. La relación causal exige que el empobrecimiento patrimonial sea reflejo de todo el mecanismo, muchas veces complejo, desplegado por el sujeto activo para alcanzar el despojo de los bienes. Y aunque no es infrecuente que en el iter criminis puedan aparecer o confluir aspectos y características de otros tipos penales, particularmente del delito de apropiación indebida en los episodios finales de la conducta, hemos proclamado que el elemento de diferenciación entre ambos delitos se encuentra en el modo en que se quiebra la lealtad en las relaciones económicas. Destacábamos en la STS 928/2005, de 11 de julio, que en la estafa esta ruptura de la lealtad es anterior al acto de disposición efectuado por la víctima y es causante del mismo pues, como se ha dicho, la estafa se integra por el engaño antecedente, bastante y causante. Por el contrario, en el delito de apropiación indebida, la quiebra de la lealtad es posterior al acto de disposición efectuado por el perjudicado. En la apropiación indebida el transmitente patrimonial actúa libre, espontáneamente y sin engaño, y sólo después de la recepción del patrimonio surge la perfidia y el receptor lo desvía a un fin o un destino distinto de aquel para el que se entregó.

4.3. Lo expuesto muestra la debilidad del descargo del recurrente. En el caso enjuiciado nos encontramos con una actuación compleja, en la que el recurrente obtuvo el dinero de la cuenta bancaria del perjudicado, pero que solo pudo abordar porque los fondos habían sido ingresados pocas horas antes en virtud de un engaño que llevó al titular de los fondos a abordar un acto de disposición, concretamente la venta de su participación en un fondo de inversión. Fueron el engaño y el acto dispositivo del propietario de los fondos, lo que finalmente permitió un desbloqueo financiero del capital y que el acusado pudiera acceder al dinero, reflejando en ello que la acción desleal captativa es esencialmente precedente al enriquecimiento.

Por otro lado, aun cuando analizáramos la conducta desde la exclusiva consideración del comportamiento final del acusado, esto es, desde que se apodera de los fondos que estaban en la cuenta del perjudicado, tal y como el recurso propone, la responsabilidad penal sería la misma. El acto más inmediato para que el acusado obtuviera los fondos consistió, y así se refleja en el relato de hechos probados de la sentencia, en una actuación coordinada e igualmente compleja, que permitió superar los sistemas de control bancario y facilitó que la entidad depositaria contabilizara y permitiera materialmente el pago.

Dado que la entidad financiera exige para los reembolsos una orden escrita emitida por el depositante y la comprobación de su identidad, el recurrente presentó un documento en el que hizo constar la firma del perjudicado y mecanizó la operación como fiscalizada por él mismo en su condición de empleado y con su propio número de usuario. Este comportamiento resultaría plenamente abarcado por el delito de estafa del artículo 248.2.a) del Código Penal, para el que se establece la misma pena que en el resto de los supuestos contemplados en el mismo artículo 248. El precepto considera reo de estafa a los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. Es evidente que el término transferencia no sólo hace referencia a su más estricta acepción bancaria, sino a cualquier flujo patrimonial entre sujetos, recogiendo también las manipulaciones que permitan, por ejemplo, la entrega indebida de dinero en metálico y en mano desde un cajero automático que sea manipulado. El elemento característico de esta modalidad de estafa radica en que la utilización del ardid precedente no busca superar un elemento personal de protección del patrimonio, sino cualquier mecanismo material dispuesto para evitar la pérdida de los activos. Y en el presente supuesto nos encontramos con que la entidad financiera era tenedora y depositaria real de los fondos, habiendo desplegado el acusado el mecanismo preciso para superar los elementos materiales dispuestos por el banco para evitar que los fondos se entregaran a empleados desleales o a cualquier otra persona distinta del real depositante. El acusado manipuló los mecanismos de pago falsificando, entregando y registrando un recibo que era exigido, además de autorizar la operación de pago en metálico como fiscalizada por él.

El motivo se desestima.

QUINTO.- 5.1. Por último, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, el recurrente denuncia la indebida aplicación de la agravante específica del artículo 250.1.6 del Código Penal.

Subraya que el abuso de relaciones personales del núm. 6.º del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica, la acción típica sea realizada desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza a determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva, un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo. Y considera que esto no concurre en el supuesto enjuiciado, pues el recurrente tenía funciones comerciales y de gestión, ofreciendo productos bancarios a sus clientes, sin que su profesión habitual pueda ser contemplada como determinante de una agravante.

5.2. Como destaca el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.6.º del Código Penal contempla un grado de especial vinculación entre autor y víctima que debe ser apreciado de manera restrictiva, pues en la mayor parte de las ocasiones el engaño que define el delito de estafa se desarrolla en un contexto de ciertas coincidencias con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, de 2 de julio). Consecuentemente, la agravación específica debe quedar reservada a supuestos en los que, además de quebrantarse una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento ( SSTS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo; 813/2009, de 7 de julio o 274/2017, de 19 de abril, entre muchas otras). Y en la necesidad de concretar los elementos diferenciales entre el tipo básico y aquellos en los que es apreciable la agravación específica que ahora contemplamos, hemos expresado que los supuestos de mayor antijuricidad se identifican cuando se aprecia que el sujeto activo, para la consumación de los hechos, ha aprovechado y atropellado una fidelidad nacida en una situación anterior y que resulta ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero). La aplicación de la agravación resulta procedente cuando el autor aprovecha para el engaño una relación de confianza preexistente y no creada ex novo para abordar el fraude ( STS 1090/2009, de 30 de octubre), supuestos entre los que hemos incluido las relaciones existentes entre un empleado bancario y determinados clientes específicos con los que aquel mantiene un trato comercial personal y singular, hasta el punto de extender el desarrollo de la actividad bancaria más allá del espacio físico de la entidad ( SSTS 145/2005, de 27 de diciembre o 760/2013, de 17 de octubre); no apreciándola, sin embargo, cuando la relación con la entidad bancaria se ajusta a los usos mercantiles ordinarios ( STS 890/2003, de 19 de junio).

5.3. Lo expuesto refleja la inviabilidad del motivo. En el caso sometido a nuestro análisis, se declara probado que el acusado era empleado de la sucursal 5735 del Banco Español de Crédito (Banesto), hoy dentro del grupo del Banco Santander SA, sita en Playa del Inglés, de San Bartolomé de Tirajana. La sentencia describe que el acusado desarrollaba funciones comerciales y de gestión, lo que implicaba una relación con los clientes de la entidad financiera. No obstante, significa que, aunque el acusado entró en contacto con sus víctimas con ocasión de su actividad profesional, desarrolló con ellos una especial vinculación y trato personal, que llevó a que llegara a facilitarles su teléfono personal para que pudiera abordar consultas en cualquier hora y lugar. Y describe que fue en ese contexto de "aprecio y confianza", cuando logró que el acusado firmara, sin ser consciente de ello, un documento bancario de reembolso de un fondo de inversión. Se refleja así que el acusado aprovechó la relación previamente creada con el cliente y que trascendía los límites de la confianza mercantil ordinaria. El acusado aprovechó la confianza personal de su víctima para que, más allá de los usos bancarios normales, le firmara sin leer el documento de operación bancaria que el recurrente le presentó, sobrepasando así los márgenes usualmente definitorios del delito de estafa, en los que el sujeto activo logra la confianza mediante el engaño desplegado con intención captatoria.

El motivo se desestima.

SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.

PRIMERO.- 1.1. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en su Procedimiento Abreviado n.º 140/2021, dictó Sentencia el 4 de noviembre de 2022 en la que condenó a Andrés como autor criminalmente responsable de un delito de estafa de los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, imponiéndole las penas de ocho meses de prisión, y multa por tiempo de cuatro meses, en cuota diaria de seis euros.

1.2. Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso casación que se estructura alrededor de cinco motivos, de los que examinaremos primero aquellos que condicionan la validez del pronunciamiento.

1.3. El tercer motivo se formula por quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851. 5.º en relación con el artículo 850 de la LECRIM, por haber sido dictada la sentencia por menor número de magistrados que el señalado en la ley.

Asienta su pretensión en un documento en el que se recogen las firmas digitales de los tres magistrados que conformaron el Tribunal y destaca que uno de los magistrados firmó digitalmente por él, así como en sustitución de otra de las magistradas intervinientes en el plenario. Destaca que los artículos 196 de la LOPJ y 145 de la LECRIM exigen que cualquier Sala de enjuiciamiento se conforme al menos con tres magistrados que emitirán la sentencia, denunciando que tal circunstancia no se ha cumplido en el presente supuesto, sin que se conozca el motivo por el que un magistrado firmó en sustitución del otro.

1.4. El artículo 851.5 de la LECRIM establece como motivo de impugnación casacional cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Magistrados que el señalado en la Ley o sin la concurrencia de los votos conformes que por la misma se exigen.

Como indica el recurrente, el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en los casos en que la ley no disponga otra cosa, bastarán tres magistrados para formar Sala. En el mismo sentido, el artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que para dictar sentencia serán necesarios tres magistrados. Consecuentemente, las exigencias esenciales de integridad del órgano y de inmediación en el enjuiciamiento, determinan que en el proceso de decisión deben intervenir los mismos magistrados con los que se abordó la práctica de la prueba en el plenario. Pero las exigencias de una composición íntegra del Tribunal y de que la decisión colegida observe y respete el posicionamiento que cada magistrado integrante tenga sobre el objeto del juicio (que son los presupuestos que están garantizados por el cauce procesal que aquí se emplea), no pueden confundirse con su reflejo formal en la firma.

Conforme se deriva de los artículos 253 y 254.2 de la LOPJ, todos los magistrados intervinientes en la vista deben deliberar y votar sobre el sentido de la decisión jurisdiccional y cuando concurra en alguno de ellos una circunstancia que le impida asistir a la deliberación, deberá entregar un voto fundado que entregará al presidente con su firma o, de no ser posible, con la actuación fedataria del Letrado de la Administración de Justicia. Solo la imposibilidad absoluta de emitir la opinión justifica que pueda eludirse el parecer de ese integrante del Tribunal y, aún en estos supuestos, la adopción de una decisión jurisdiccional válida queda condicionada a que la opinión judicial que se omite no tenga repercusión para que el Tribunal pueda alcanzar una decisión mayoritaria ( art. 257 LOPJ) , pues en caso contrario deberá procederse a la sustitución del impedido y a la revisión del asunto.

La añadida exigencia de que la resolución sea firmada por todos los magistrados que hayan participado en la deliberación ( art. 260.1 LOPJ) , se configura como el elemento formal verificador de que se han atendido los requerimientos antes expresados, asignándose al presidente del Tribunal la función de fiscalizar el cumplimiento de las exigencias cuando alguno de los magistrados intervinientes en la deliberación no pudiera firmar; concretamente se establece en el artículo 261 de la LOPJ que si después de que todos los magistrados hayan emitido su voto en cualquiera de los modos anteriormente expresados, alguno de los integrantes del Tribunal no pudiera firmar, el presidente lo hará en su nombre y dejará constancia de la existencia de esa imposibilidad.

1.5. Lo expuesto determina la desestimación del motivo. En este supuesto se admite que el Tribunal abordó la celebración del juicio oral con el suficiente número de magistrados y se deja perfecta constancia, además, de que todos ellos participaron en la toma de decisión. En concreto, la sentencia enuncia que deriva del parecer unánime de todos los magistrados de la Sala y el presidente del Tribunal deja constancia en la resolución de que una de sus firmas la plasmó en sustitución de la magistrada cuya rúbrica no aparece documentada. Pero, más allá de las exigencias del artículo 261 de la LOPJ, se verifica la validez de la decisión colegiada mediante otros instrumentos, como son: a) Que la aseveración de unanimidad ha sido admitida con la firma del tercer magistrado interviniente en la deliberación; c) Que las firmas del presidente y de este tercer magistrado excluyen en todo caso la posibilidad de que la decisión mayoritaria del Tribunal fuera otra que la recogida en la resolución b) Que el Letrado de la Administración de Justicia ha desplegado fehaciencia sobre la sustitución que invoca el presidente y sobre la inexistencia de votos particulares que acompañen la sentencia; y d) Que el recurrente, sin haber reclamado ninguna aclaración sobre el motivo por el que se emitió por sustitución la firma de una magistrada ( art. 267.4 LOPJ) , evidencia la actual alegación como un reproche meramente formal.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. El cuarto motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a un proceso con todas las garantías, por indebida aplicación de los artículos 324 y 779 de la LECRIM.

Reclama la nulidad de las actuaciones. Argumenta que el plazo máximo de instrucción que estableció el artículo 324 de la LECRIM se agotó a los seis meses de que la Ley 41/2015 entrara en vigor, esto es, el 6 de junio de 2016. Añade que, aunque se declaró compleja la instrucción, la prórroga se abordó cuando la fase de instrucción estaba ya terminada y que en ese momento eran dos los investigados. Subraya que el Auto de Prosecución por los trámites del Procedimiento Abreviado se dictó contra los dos investigados en fecha 9 de mayo de 2018, si bien, puesto que el recurrente reconoció los hechos con posterioridad a esta resolución, las actuaciones se sobreseyeron respecto del otro investigado y se abrió juicio oral únicamente contra él. Desde estos antecedentes aduce: a) que la actuación fue extemporánea y que el juicio oral debió abrirse contra los dos investigados; b) que de haberse llevado correctamente el procedimiento, el otro investigado hubiera intervenido en el juicio oral como acusado y no como testigo principal y c) que se ha producido un quebranto de las normas esenciales del procedimiento que le ha generado indefensión, lo que en su consideración justifica cumplidamente la nulidad de lo actuado.

2.2. El artículo 324 de la LECRIM, en la redacción introducida por Ley 41/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales, establecía que "Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas", excluyéndose aquellos casos en los que la causa fuera declarada compleja desde un inicio o antes de la expiración del plazo anterior ( art. 324.1 LECRIM) , supuestos para los que se preveía un plazo de dieciocho meses y una ulterior prórroga nunca superior a ese mismo término ( art. 324.2 LECRIM) . En todo caso, para los procedimientos complejos que fuera necesario, se contemplaba la posibilidad de habilitar un último plazo excepcional e indefinido en su duración, que permitiera culminar la instrucción.

El precepto señalaba también que los plazos quedaban interrumpidos en supuestos de declaración de secreto y de sobreseimiento provisional de las actuaciones, en cuyo caso, cuando se alzara el secreto o se procediera a la reapertura de las diligencias, continuaría la investigación por el tiempo que restara hasta computar los plazos antes indicados.

Y también disponía la norma que "las diligencias acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos" ( art. 324.7 LECRIM) y que "en ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641" ( art. 324.8 LECRIM) .

2.3. Como indicamos en nuestra reciente STS 317/2025, de 3 de abril, la limitación a que la instrucción tuviera una duración indefinida vino acompañada de una previsión normativa que pretendió impulsar su cumplimiento y observancia, estableciendo el legislador que el vencimiento de los plazos tendría un efecto preclusivo para la fase de instrucción, no siendo válidas las diligencias acordadas a partir de ese momento y debiendo el juez conducir el procedimiento hacia la fase intermedia de no resultar procedente el sobreseimiento. Como destacamos en la Sentencia del Pleno de la Sala Segunda 974/2024, de 6 de noviembre, el artículo 324.7 de la LECRIM no disponía de forma expresa que las diligencias practicadas fuera de plazo fueran inválidas pero, por razones de lógica elemental, si se fija un plazo para instruir y si se establece que son válidas las diligencias acordadas dentro de ese plazo, la conclusión obligada es que carecen de validez las diligencias acordadas fuera de plazo ya que, de lo contrario, el propio plazo carecería de finalidad alguna.

La regulación estructural, que se ha mantenido pese a la modificación de los plazos operada por la Ley 2/2020, de 27 de julio, supuso un esfuerzo legislativo por ampliar el estatuto procesal del investigado y evitar que pueda quedar sometido innecesariamente a un proceso penal durante periodos de tiempo que resultan difícilmente asumibles para el estado de derecho cuando el imperium y la actividad punitiva del Estado no se desarrollan con la suficiente diligencia. Para ello, la norma parte de la definición de unos periodos de tiempo que se muestran ordinariamente razonables para la investigación y comprobación de los delitos atribuidos a una persona, sin perjuicio de poder prorrogar el plazo cuando se identifican y expresan razones que justifican (en el sentido más riguroso del término), que el tiempo inicialmente atribuido resulta insuficiente para que el procedimiento penal pueda atender adecuadamente su objeto; nunca para que la inactividad jurisdiccional o de las partes, innecesariamente y más allá de lo que puede entenderse razonable, tensione la presunción de inocencia del investigado y extienda su inquietud ante la eventual respuesta penal hasta límites intolerables para una sociedad democrática. Esa es la finalidad de la norma. La previsión de plazos de investigación responde, exclusivamente, a la introducción de instrumentos que faciliten y garanticen el derecho de los investigados a un procedimiento sin dilaciones indebidas, en una fase del proceso que resulta con frecuencia disfuncional según la experiencia forense, pero sin repercusión en la política criminal de extinción de la responsabilidad criminal, menos aun cuando la prescripción de los delitos exige de una completa inactividad que aquí no se produce y por periodos de tiempo normalmente más dilatados.

2.4. La norma, por las consecuencias que pueden derivarse del instrumento preclusivo anteriormente expuesto, ya ha determinado una nutrida jurisprudencia de esta Sala.

En lo que interesa para la resolución del recurso de apelación interpuesto, hemos expresado que la condición normativa de adquisición en tiempo de las fuentes de prueba fijada en el artículo 324 de la LECRIM, supone una preclusión procesal cuya desatención no determina la nulidad de la prueba, sino la irregularidad en la obtención para la investigación y, con ello, su invalidez a los efectos del artículo 779 de la LECRIM. Una invalidez que ahora, tras la LO 2/2020, expresamente recoge el artículo 324.3 de la ley procesal.

Las diligencias extemporáneas, esto es, aquellas que el Juez de instrucción acuerda y practica después de agotado el plazo legalmente otorgado para la investigación, no son válidas para la instrucción, lo que no impide que el órgano judicial competente pueda acordar la prosecución del procedimiento hacia la fase intermedia, e incluso abrir el juicio oral, cuando la información sumarial correctamente recogida en la causa preste suficiente apoyo a las pretensiones acusatorias. Y esta invalidez tampoco comporta un inconveniente para que las fuentes de prueba indebidamente incorporadas a la investigación puedan ser aportadas al plenario, siempre que no determine indefensión material para la parte y que la apertura del juicio oral haya descansado en otro material con la suficiente fuerza incriminatoria.

Así lo recogíamos en nuestra Sentencia de Pleno anteriormente referenciada, al expresar "Sin embargo, la clase de invalidez de las diligencias practicadas fuera de plazo no es la nulidad radical o absoluta sino una invalidez limitada al momento procesal de su aportación, ya que nada impide que la información probatoria derivada de las diligencias practicadas fuera de plazo, pueda aportarse a juicio. Es decir, se trata de diligencias irregulares ( STS 455/2021, de 27 de mayo)".

2.5. Lo expuesto refleja que en la presente causa no concurre ninguna irregularidad procesal que, por tenor del artículo 324 de la LECRIM entonces vigente, deba determinar la nulidad del procedimiento.

Es cierto que en el presente caso se practicaron diligencias con posterioridad al vencimiento del tiempo máximo de instrucción, que en este supuesto venció el 6 de junio de 2016 en atención a que la Disposición Transitoria Única (apartado 3) de la Ley 41/2015 estableció que los plazos de instrucción debían de aplicarse a todos los procedimientos que estuvieran en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, contemplándose la fecha de entrada en vigor de la ley como el primer día de cómputo para los procedimientos que estaban en marcha. Unas diligencias de instrucción que, conforme a lo anteriormente expuesto, carecen de validez pese a que extemporáneamente se declaró la complejidad de la causa y se amplió a dieciocho meses el plazo de instrucción (Auto de 25 de agosto de 2016), pues desde la STS 455/2021 hemos expresado que la decisión de ampliar los plazos de investigación debe adoptarse antes de agotarse el plazo en vigor y hemos confirmado la invalidez de aquellas diligencias de investigación que se hubieran abordado en periodos de instrucción tardíamente prorrogados, tal y como actualmente se recoge en el artículo 324.3 de la LECRIM al indicar que "si antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha".

Sin embargo, estas diligencias extemporáneas no influyeron o condicionaron la decisión de apertura del juicio oral contra el recurrente pues, como indica la sentencia de instancia, a la fecha de la terminación del plazo de investigación legalmente previsto, ya se habían recogido debidamente las fuentes de prueba en las que se asentó la decisión judicial de prosecución del procedimiento hacia la fase intermedia. Como recoge la sentencia impugnada, "a la fecha del 6 de junio de 2016 (fecha en la que finaliza el plazo ordinario de instrucción), ya se habían practicado las diligencias de investigación esenciales: a) aportación de documentos conectados con el fondo de inversión de 30.000 euros; b) justificación de su reembolso en la cuenta bancaria del matrimonio; c) salida de ese importe de la cuenta dando curso a una petición de efectivo; d) declaración testifical de los posibles perjudicados y del director de la sucursal, y e) declaración como investigado del ahora acusado y también del director de la sucursal, si bien contra este finalmente no se proyectó el procedimiento abreviado ni se formuló acusación alguna. Todas estas diligencias tuvieron lugar antes de finalizar el año 2015 y son la esencia de la base incriminatoria dirigida contra el acusado y que justificó la configuración de los hechos punibles descritos en el auto de 9 de Mayo de 2018. Lo único que quedaba por hacer es una pericial caligráfica que se acordó como diligencia complementaria a instancia del Ministerio Fiscal con posterioridad a la fecha del indicado auto y que nunca llegó a materializarse".

2.6. Respecto a la objeción que el recurrente introduce ahora en su alegato, esto es, que estaba vencido el plazo legal de seis meses cuando se sobreseyó la causa contra el otro investigado y se decidió abrir el juicio oral únicamente contra el recurrente, no es apreciable ninguna irregularidad procesal determinante de nulidad.

Como se ha expresado anteriormente, el artículo 324 de la LECRIM define un límite temporal para la fase de investigación, procurando precisamente la prosecución del procedimiento y el abordaje de la fase intermedia cuando el plazo esté vencido. Es en esta fase intermedia cuando el legislador, de la mano de los artículos 779 y 782 para el procedimiento abreviado, contempla que puede acordarse el sobreseimiento respecto de todos o algunos de los investigados, así como la apertura del juicio oral contra los que aparezcan como posibles responsables de una actuación delictiva. Consecuentemente, podrá reprocharse que en el supuesto que analizamos no se adoptaran estas decisiones inmediatamente después de haber vencido el plazo máximo de instrucción fijado en el artículo 324 de la LECRIM e, incluso, apreciarse con ello una demora injustificada que pueda coadyuvar al reconocimiento de la atenuante de dilaciones indebidas. Pero lo que no puede sostenerse es que la adopción de las decisiones inherentes a la fase intermedia y la observación del devenir procesal que impulsa el precepto determine precisamente la consideración de que se ha quebrantado la norma y de que se ha generado indefensión al investigado, beneficiario último de la preclusión de la investigación impuesta en el artículo 324.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. El quinto motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la tutela judicial efectiva.

El alegato subraya que ni el director de la oficina bancaria en la que trabajó el acusado, ni el perjudicado por la acción enjuiciada, conocen quién distrajo el dinero, denunciando que se le ha declarado responsable de la estafa y de haber falsificado el "recibí" del dinero en metálico, porque en la entidad financiera se registró la operación de reembolso con los datos de usuario asignados al ordenador del recurrente.

3.2. Hemos indicado en diversas ocasiones que al introducirse el juicio de racionalidad dentro del margen de fiscalización que impone la presunción de inocencia, se crean puntos de confluencia con el derecho a la tutela judicial efectiva. La suficiencia de la prueba de cargo, núcleo esencial para la desactivación del derecho a la presunción de inocencia, al evidenciarse a través de una motivación coherente y sin fisuras del Tribunal, conforma un espacio en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial, quebrantado cuando el órgano de enjuiciamiento no justifica la respuesta que se ofrece a las pretensiones de las partes. En todo caso, como se ha explicitado en numerosas resoluciones de esta Sala (SSTS 1126/2006, de 15 de diciembre; 742/2007, de 26 de septiembre o 52/2008, de 5 de febrero), "cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio". Una verificación que alcanza a que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

Del mismo modo, debe recordarse también que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional, como la de esta Sala, han reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. A falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria también puede sustentar un pronunciamiento condenatorio siempre que se cumplan determinados requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

Es cierto, como se indica en el recurso, que controlar la racionalidad de la valoración probatoria del Tribunal de instancia, no sólo entraña hacerlo desde la solidez o cohesión lógica entre el hecho base y el acontecimiento deducido, sino desde su calidad concluyente, no siendo razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa ( STS 500/2015, de 24 de julio). En todo caso, la doctrina constitucional refleja que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia "cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada" ( STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 4 y 23), debiendo rechazarse las conclusiones que se obtengan a partir de un análisis fraccionado y desagregado de los diversos hechos base y de la fuerza de convicción que proporciona su análisis conjunto y relacional, advirtiendo el Tribunal Constitucional (por todas, STC 126/2011, de 18 de julio , FJ 22) que, "cuando se aduce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia nuestro análisis debe realizarse respecto del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado...".

3.3. En el presente supuesto, el recurso oculta la consideración global de todos los indicios en los que se ha asentado el convencimiento del Tribunal. Ciertamente se proclama que fue el recurrente quien obtuvo un reembolso de 30.000 euros con cargo al saldo de la cuenta bancaria perteneciente a Bernardo y a su esposa Miriam, sirviéndose para ello de un documento falsamente firmado por el titular de la cuenta y en el que éste reconocía haber recibido el dinero en metálico. En todo caso, a diferencia de lo que el recurrente sostiene, el convencimiento del Tribunal no solo se ha extraído de que la operación se efectuara con el ordenador del acusado.

El Tribunal valora, en primer término, la prueba documental, que refleja la realidad de todas las operaciones bancarias que refieren los perjudicados. Considera también la prueba testifical, cuya credibilidad no solo surge de la concordancia entre su relato y los documentos que integran el expediente bancario, sino de que el acusado reconozca todos los aspectos de la narración que no comprometen su eventual responsabilidad.

Se refleja así que Andrés era el empleado que atendía a los perjudicados en sus operaciones bancarias y que, por su recomendación, contrataron en la entidad financiera un fondo de inversión garantizado a dos años por importe de 30.000 euros, evaluando el Tribunal que era el acusado quien tenía por ello conocimiento de la realidad de los fondos y de la duración de la inversión.

Contempla también que el fraude se hizo por una persona empleada en la entidad, pues la solicitud de reembolso del fondo se registró el 8 de mayo de 2012 en horario de tarde, abordándose de manera irregular, pues hubiera exigido la firma de dos apoderados de la entidad que no se reflejan. Así lo proclamó el director de la oficina y lo atestigua también que el impreso de reembolso refleje un espacio de firma reservado a la entidad, con la indicación por poder "P.P". Y estos dos indicios de fraude, se ponen en relación: a) con el hecho de que la solicitud de reembolso y de que se ingresara el importe del fondo en la correspondiente cuenta bancaria, sí estaba firmada por el titular de la inversión y b) que el acusado era el empleado de la sucursal que pudo obtener, fácil y engañosamente, la firma de una operación bancaria que el inversor aseguró no haber peticionado nunca, aprovechando para ello una relación de confianza que se manifestó en que el acusado había llegado a facilitar su teléfono personal a los perjudicados para cualquier contacto que precisaran.

Por último, el Tribunal valora que el fondo de inversión se resolvió anticipadamente y que, sólo dos días después de que se ingresara su importe en la cuenta bancaria de los perjudicados, se efectuó un supuesto abono en metálico a Bernardo, con la particularidad de que la operación se anotó en la contabilidad de la entidad financiera con el soporte de un recibí que no está firmado por ninguno de los titulares de la cuenta bancaria y que la operación se registró desde el ordenador asignado al recurrente.

Con ello, se expresan los elementos de corroboración objetiva que llevan al Tribunal a aceptar la versión de los testigos, así como los elementos de inferencia que permiten construir, más allá de toda duda razonable, que la venta del fondo de inversión y la posterior descapitalización de la cuenta bancaria en la que se depositaron los fondos, no fue abordada por los depositantes, sino por el acusado.

El motivo se desestima.

CUARTO.- 4.1. El primer motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por entender que dados los hechos que se declaran probados en la sentencia se ha incurrido en "error iuris", infringiendo normas penales de carácter sustantivo por aplicación indebida del artículo 248 del Código Penal.

El recurrente subraya que el delito de estafa exige que el engaño sea determinante de un desplazamiento patrimonial abordado por el afectado, lo que no concurre en este supuesto. Aduce que los hechos probados recogen que Bernardo, sin ser consciente de ello, fue embaucado a firmar un documento en el que reclamaba que el banco le reembolsara el fondo de inversión que tenía suscrito, solicitando al tiempo que el dinero del reembolso fuera ingresado en la cuenta bancaria que mantenía con su esposa en la sucursal. La ejecución de la orden, aduce, comporta que al engaño no le siguió ningún acto de disposición patrimonial, pues el dinero siguió en posesión del matrimonio en su cuenta corriente. Fue dos días después del ingreso cuando el acusado, según el relato de hechos probados, se sirvió del ordenador que tenía asignado como empleado del banco y extrajo de la cuenta de los perjudicados los 30.000 euros que acababan de obtener con la venta del fondo; actuación que el recurrente considera que no es constitutiva de un delito de estafa, por inexistencia del engaño, sino del delito, no homogéneo, de apropiación indebida.

4.2. Como hemos resaltado en numerosas ocasiones, el cauce procesal que aquí se emplea sólo tiene por objeto analizar el juicio de subsunción de la sentencia a partir de los hechos proclamados por el Tribunal; esto es, el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que el recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto, incluyendo todos los que conducen a supervisar la corrección de los hechos probados.

Y desde esta consideración procesal, debe recordarse que conforme con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal, cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

La jurisprudencia de esta Sala ha descrito la construcción del reproche penal por estafa desde la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que despierte en el sujeto pasivo una convicción equivocada de la realidad existente, de modo que el destinatario del engaño, impulsado precisamente por esa incorrecta e inducida persuasión, realice voluntariamente un acto de disposición patrimonial que no se hubiera abordado de otro modo y que resulta económicamente lesivo para quien lo aborda o para un tercero, pues el delito no exige que confluya una coincidencia entre la persona engañada y la que realiza el acto dispositivo.

Nuestra jurisprudencia también ha expresado que la estafa se consuma cuando se ha producido ese desplazamiento patrimonial a causa del acto de disposición y con el consiguiente perjuicio ( SSTS 61/2012, de 8 de febrero o 941/2013, de 10 de diciembre), si bien hemos resaltado que la estafa presenta una variadísima multiformidad de actuaciones, de manera que en algunos casos consiste en un acto simple en el que coinciden la maniobra engañosa y la defraudación, mientras que en no pocos supuestos ofrece estructuras más complejas, que tienen su origen en una acción anterior a la perfección del hecho delictivo, pero que se consuman cuando el engaño surte el efecto del desplazamiento patrimonial buscado ( STS 867/2002, de 29 de julio); sin que resulte tampoco infrecuente que el despliegue del engaño consista en la suma de varios comportamientos, bien sea porque el engaño es desplegado entre varios sujetos, bien porque son varios los individuos a los que se engaña sucesivamente, bien porque la fullera acción precisa ardides de refuerzo para culminar la confusión iniciada con unas primeras actuaciones tramposas o porque para lograr el acto de disposición es preciso someter la voluntad de varios sujetos.

Pese a esa multiformidad, es inherente al delito que exista una ligazón causal entre el engaño y el perjuicio patrimonial, de manera que el engaño sea determinante del error; que la creencia equivocada sea la que impulse el acto de disposición; y que la disposición patrimonial sea la causa del perjuicio económico que sufre la víctima. Y toda esta secuencia debe engranarse en una misma estructura intencional y con un mecanismo, más o menos complejo, que haya sido dispuesto por el sujeto activo para alcanzar el beneficio patrimonial.

Pero la relación causal no puede ser entendida como la exigencia de que el perjuicio patrimonial esté directamente unido a la primera expresión irreal introducida en el ardid dispuesto por el sujeto activo, ni siquiera a la más relevante o distinguible de sus tretas. La relación causal exige que el empobrecimiento patrimonial sea reflejo de todo el mecanismo, muchas veces complejo, desplegado por el sujeto activo para alcanzar el despojo de los bienes. Y aunque no es infrecuente que en el iter criminis puedan aparecer o confluir aspectos y características de otros tipos penales, particularmente del delito de apropiación indebida en los episodios finales de la conducta, hemos proclamado que el elemento de diferenciación entre ambos delitos se encuentra en el modo en que se quiebra la lealtad en las relaciones económicas. Destacábamos en la STS 928/2005, de 11 de julio, que en la estafa esta ruptura de la lealtad es anterior al acto de disposición efectuado por la víctima y es causante del mismo pues, como se ha dicho, la estafa se integra por el engaño antecedente, bastante y causante. Por el contrario, en el delito de apropiación indebida, la quiebra de la lealtad es posterior al acto de disposición efectuado por el perjudicado. En la apropiación indebida el transmitente patrimonial actúa libre, espontáneamente y sin engaño, y sólo después de la recepción del patrimonio surge la perfidia y el receptor lo desvía a un fin o un destino distinto de aquel para el que se entregó.

4.3. Lo expuesto muestra la debilidad del descargo del recurrente. En el caso enjuiciado nos encontramos con una actuación compleja, en la que el recurrente obtuvo el dinero de la cuenta bancaria del perjudicado, pero que solo pudo abordar porque los fondos habían sido ingresados pocas horas antes en virtud de un engaño que llevó al titular de los fondos a abordar un acto de disposición, concretamente la venta de su participación en un fondo de inversión. Fueron el engaño y el acto dispositivo del propietario de los fondos, lo que finalmente permitió un desbloqueo financiero del capital y que el acusado pudiera acceder al dinero, reflejando en ello que la acción desleal captativa es esencialmente precedente al enriquecimiento.

Por otro lado, aun cuando analizáramos la conducta desde la exclusiva consideración del comportamiento final del acusado, esto es, desde que se apodera de los fondos que estaban en la cuenta del perjudicado, tal y como el recurso propone, la responsabilidad penal sería la misma. El acto más inmediato para que el acusado obtuviera los fondos consistió, y así se refleja en el relato de hechos probados de la sentencia, en una actuación coordinada e igualmente compleja, que permitió superar los sistemas de control bancario y facilitó que la entidad depositaria contabilizara y permitiera materialmente el pago.

Dado que la entidad financiera exige para los reembolsos una orden escrita emitida por el depositante y la comprobación de su identidad, el recurrente presentó un documento en el que hizo constar la firma del perjudicado y mecanizó la operación como fiscalizada por él mismo en su condición de empleado y con su propio número de usuario. Este comportamiento resultaría plenamente abarcado por el delito de estafa del artículo 248.2.a) del Código Penal, para el que se establece la misma pena que en el resto de los supuestos contemplados en el mismo artículo 248. El precepto considera reo de estafa a los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. Es evidente que el término transferencia no sólo hace referencia a su más estricta acepción bancaria, sino a cualquier flujo patrimonial entre sujetos, recogiendo también las manipulaciones que permitan, por ejemplo, la entrega indebida de dinero en metálico y en mano desde un cajero automático que sea manipulado. El elemento característico de esta modalidad de estafa radica en que la utilización del ardid precedente no busca superar un elemento personal de protección del patrimonio, sino cualquier mecanismo material dispuesto para evitar la pérdida de los activos. Y en el presente supuesto nos encontramos con que la entidad financiera era tenedora y depositaria real de los fondos, habiendo desplegado el acusado el mecanismo preciso para superar los elementos materiales dispuestos por el banco para evitar que los fondos se entregaran a empleados desleales o a cualquier otra persona distinta del real depositante. El acusado manipuló los mecanismos de pago falsificando, entregando y registrando un recibo que era exigido, además de autorizar la operación de pago en metálico como fiscalizada por él.

El motivo se desestima.

QUINTO.- 5.1. Por último, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, el recurrente denuncia la indebida aplicación de la agravante específica del artículo 250.1.6 del Código Penal.

Subraya que el abuso de relaciones personales del núm. 6.º del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica, la acción típica sea realizada desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza a determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva, un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo. Y considera que esto no concurre en el supuesto enjuiciado, pues el recurrente tenía funciones comerciales y de gestión, ofreciendo productos bancarios a sus clientes, sin que su profesión habitual pueda ser contemplada como determinante de una agravante.

5.2. Como destaca el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.6.º del Código Penal contempla un grado de especial vinculación entre autor y víctima que debe ser apreciado de manera restrictiva, pues en la mayor parte de las ocasiones el engaño que define el delito de estafa se desarrolla en un contexto de ciertas coincidencias con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, de 2 de julio). Consecuentemente, la agravación específica debe quedar reservada a supuestos en los que, además de quebrantarse una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento ( SSTS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo; 813/2009, de 7 de julio o 274/2017, de 19 de abril, entre muchas otras). Y en la necesidad de concretar los elementos diferenciales entre el tipo básico y aquellos en los que es apreciable la agravación específica que ahora contemplamos, hemos expresado que los supuestos de mayor antijuricidad se identifican cuando se aprecia que el sujeto activo, para la consumación de los hechos, ha aprovechado y atropellado una fidelidad nacida en una situación anterior y que resulta ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero). La aplicación de la agravación resulta procedente cuando el autor aprovecha para el engaño una relación de confianza preexistente y no creada ex novo para abordar el fraude ( STS 1090/2009, de 30 de octubre), supuestos entre los que hemos incluido las relaciones existentes entre un empleado bancario y determinados clientes específicos con los que aquel mantiene un trato comercial personal y singular, hasta el punto de extender el desarrollo de la actividad bancaria más allá del espacio físico de la entidad ( SSTS 145/2005, de 27 de diciembre o 760/2013, de 17 de octubre); no apreciándola, sin embargo, cuando la relación con la entidad bancaria se ajusta a los usos mercantiles ordinarios ( STS 890/2003, de 19 de junio).

5.3. Lo expuesto refleja la inviabilidad del motivo. En el caso sometido a nuestro análisis, se declara probado que el acusado era empleado de la sucursal 5735 del Banco Español de Crédito (Banesto), hoy dentro del grupo del Banco Santander SA, sita en Playa del Inglés, de San Bartolomé de Tirajana. La sentencia describe que el acusado desarrollaba funciones comerciales y de gestión, lo que implicaba una relación con los clientes de la entidad financiera. No obstante, significa que, aunque el acusado entró en contacto con sus víctimas con ocasión de su actividad profesional, desarrolló con ellos una especial vinculación y trato personal, que llevó a que llegara a facilitarles su teléfono personal para que pudiera abordar consultas en cualquier hora y lugar. Y describe que fue en ese contexto de "aprecio y confianza", cuando logró que el acusado firmara, sin ser consciente de ello, un documento bancario de reembolso de un fondo de inversión. Se refleja así que el acusado aprovechó la relación previamente creada con el cliente y que trascendía los límites de la confianza mercantil ordinaria. El acusado aprovechó la confianza personal de su víctima para que, más allá de los usos bancarios normales, le firmara sin leer el documento de operación bancaria que el recurrente le presentó, sobrepasando así los márgenes usualmente definitorios del delito de estafa, en los que el sujeto activo logra la confianza mediante el engaño desplegado con intención captatoria.

El motivo se desestima.

SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.

PRIMERO.- 1.1. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en su Procedimiento Abreviado n.º 140/2021, dictó Sentencia el 4 de noviembre de 2022 en la que condenó a Andrés como autor criminalmente responsable de un delito de estafa de los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, imponiéndole las penas de ocho meses de prisión, y multa por tiempo de cuatro meses, en cuota diaria de seis euros.

1.2. Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso casación que se estructura alrededor de cinco motivos, de los que examinaremos primero aquellos que condicionan la validez del pronunciamiento.

1.3. El tercer motivo se formula por quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851. 5.º en relación con el artículo 850 de la LECRIM, por haber sido dictada la sentencia por menor número de magistrados que el señalado en la ley.

Asienta su pretensión en un documento en el que se recogen las firmas digitales de los tres magistrados que conformaron el Tribunal y destaca que uno de los magistrados firmó digitalmente por él, así como en sustitución de otra de las magistradas intervinientes en el plenario. Destaca que los artículos 196 de la LOPJ y 145 de la LECRIM exigen que cualquier Sala de enjuiciamiento se conforme al menos con tres magistrados que emitirán la sentencia, denunciando que tal circunstancia no se ha cumplido en el presente supuesto, sin que se conozca el motivo por el que un magistrado firmó en sustitución del otro.

1.4. El artículo 851.5 de la LECRIM establece como motivo de impugnación casacional cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Magistrados que el señalado en la Ley o sin la concurrencia de los votos conformes que por la misma se exigen.

Como indica el recurrente, el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en los casos en que la ley no disponga otra cosa, bastarán tres magistrados para formar Sala. En el mismo sentido, el artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que para dictar sentencia serán necesarios tres magistrados. Consecuentemente, las exigencias esenciales de integridad del órgano y de inmediación en el enjuiciamiento, determinan que en el proceso de decisión deben intervenir los mismos magistrados con los que se abordó la práctica de la prueba en el plenario. Pero las exigencias de una composición íntegra del Tribunal y de que la decisión colegida observe y respete el posicionamiento que cada magistrado integrante tenga sobre el objeto del juicio (que son los presupuestos que están garantizados por el cauce procesal que aquí se emplea), no pueden confundirse con su reflejo formal en la firma.

Conforme se deriva de los artículos 253 y 254.2 de la LOPJ, todos los magistrados intervinientes en la vista deben deliberar y votar sobre el sentido de la decisión jurisdiccional y cuando concurra en alguno de ellos una circunstancia que le impida asistir a la deliberación, deberá entregar un voto fundado que entregará al presidente con su firma o, de no ser posible, con la actuación fedataria del Letrado de la Administración de Justicia. Solo la imposibilidad absoluta de emitir la opinión justifica que pueda eludirse el parecer de ese integrante del Tribunal y, aún en estos supuestos, la adopción de una decisión jurisdiccional válida queda condicionada a que la opinión judicial que se omite no tenga repercusión para que el Tribunal pueda alcanzar una decisión mayoritaria ( art. 257 LOPJ) , pues en caso contrario deberá procederse a la sustitución del impedido y a la revisión del asunto.

La añadida exigencia de que la resolución sea firmada por todos los magistrados que hayan participado en la deliberación ( art. 260.1 LOPJ) , se configura como el elemento formal verificador de que se han atendido los requerimientos antes expresados, asignándose al presidente del Tribunal la función de fiscalizar el cumplimiento de las exigencias cuando alguno de los magistrados intervinientes en la deliberación no pudiera firmar; concretamente se establece en el artículo 261 de la LOPJ que si después de que todos los magistrados hayan emitido su voto en cualquiera de los modos anteriormente expresados, alguno de los integrantes del Tribunal no pudiera firmar, el presidente lo hará en su nombre y dejará constancia de la existencia de esa imposibilidad.

1.5. Lo expuesto determina la desestimación del motivo. En este supuesto se admite que el Tribunal abordó la celebración del juicio oral con el suficiente número de magistrados y se deja perfecta constancia, además, de que todos ellos participaron en la toma de decisión. En concreto, la sentencia enuncia que deriva del parecer unánime de todos los magistrados de la Sala y el presidente del Tribunal deja constancia en la resolución de que una de sus firmas la plasmó en sustitución de la magistrada cuya rúbrica no aparece documentada. Pero, más allá de las exigencias del artículo 261 de la LOPJ, se verifica la validez de la decisión colegiada mediante otros instrumentos, como son: a) Que la aseveración de unanimidad ha sido admitida con la firma del tercer magistrado interviniente en la deliberación; c) Que las firmas del presidente y de este tercer magistrado excluyen en todo caso la posibilidad de que la decisión mayoritaria del Tribunal fuera otra que la recogida en la resolución b) Que el Letrado de la Administración de Justicia ha desplegado fehaciencia sobre la sustitución que invoca el presidente y sobre la inexistencia de votos particulares que acompañen la sentencia; y d) Que el recurrente, sin haber reclamado ninguna aclaración sobre el motivo por el que se emitió por sustitución la firma de una magistrada ( art. 267.4 LOPJ) , evidencia la actual alegación como un reproche meramente formal.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. El cuarto motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a un proceso con todas las garantías, por indebida aplicación de los artículos 324 y 779 de la LECRIM.

Reclama la nulidad de las actuaciones. Argumenta que el plazo máximo de instrucción que estableció el artículo 324 de la LECRIM se agotó a los seis meses de que la Ley 41/2015 entrara en vigor, esto es, el 6 de junio de 2016. Añade que, aunque se declaró compleja la instrucción, la prórroga se abordó cuando la fase de instrucción estaba ya terminada y que en ese momento eran dos los investigados. Subraya que el Auto de Prosecución por los trámites del Procedimiento Abreviado se dictó contra los dos investigados en fecha 9 de mayo de 2018, si bien, puesto que el recurrente reconoció los hechos con posterioridad a esta resolución, las actuaciones se sobreseyeron respecto del otro investigado y se abrió juicio oral únicamente contra él. Desde estos antecedentes aduce: a) que la actuación fue extemporánea y que el juicio oral debió abrirse contra los dos investigados; b) que de haberse llevado correctamente el procedimiento, el otro investigado hubiera intervenido en el juicio oral como acusado y no como testigo principal y c) que se ha producido un quebranto de las normas esenciales del procedimiento que le ha generado indefensión, lo que en su consideración justifica cumplidamente la nulidad de lo actuado.

2.2. El artículo 324 de la LECRIM, en la redacción introducida por Ley 41/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales, establecía que "Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas", excluyéndose aquellos casos en los que la causa fuera declarada compleja desde un inicio o antes de la expiración del plazo anterior ( art. 324.1 LECRIM) , supuestos para los que se preveía un plazo de dieciocho meses y una ulterior prórroga nunca superior a ese mismo término ( art. 324.2 LECRIM) . En todo caso, para los procedimientos complejos que fuera necesario, se contemplaba la posibilidad de habilitar un último plazo excepcional e indefinido en su duración, que permitiera culminar la instrucción.

El precepto señalaba también que los plazos quedaban interrumpidos en supuestos de declaración de secreto y de sobreseimiento provisional de las actuaciones, en cuyo caso, cuando se alzara el secreto o se procediera a la reapertura de las diligencias, continuaría la investigación por el tiempo que restara hasta computar los plazos antes indicados.

Y también disponía la norma que "las diligencias acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos" ( art. 324.7 LECRIM) y que "en ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641" ( art. 324.8 LECRIM) .

2.3. Como indicamos en nuestra reciente STS 317/2025, de 3 de abril, la limitación a que la instrucción tuviera una duración indefinida vino acompañada de una previsión normativa que pretendió impulsar su cumplimiento y observancia, estableciendo el legislador que el vencimiento de los plazos tendría un efecto preclusivo para la fase de instrucción, no siendo válidas las diligencias acordadas a partir de ese momento y debiendo el juez conducir el procedimiento hacia la fase intermedia de no resultar procedente el sobreseimiento. Como destacamos en la Sentencia del Pleno de la Sala Segunda 974/2024, de 6 de noviembre, el artículo 324.7 de la LECRIM no disponía de forma expresa que las diligencias practicadas fuera de plazo fueran inválidas pero, por razones de lógica elemental, si se fija un plazo para instruir y si se establece que son válidas las diligencias acordadas dentro de ese plazo, la conclusión obligada es que carecen de validez las diligencias acordadas fuera de plazo ya que, de lo contrario, el propio plazo carecería de finalidad alguna.

La regulación estructural, que se ha mantenido pese a la modificación de los plazos operada por la Ley 2/2020, de 27 de julio, supuso un esfuerzo legislativo por ampliar el estatuto procesal del investigado y evitar que pueda quedar sometido innecesariamente a un proceso penal durante periodos de tiempo que resultan difícilmente asumibles para el estado de derecho cuando el imperium y la actividad punitiva del Estado no se desarrollan con la suficiente diligencia. Para ello, la norma parte de la definición de unos periodos de tiempo que se muestran ordinariamente razonables para la investigación y comprobación de los delitos atribuidos a una persona, sin perjuicio de poder prorrogar el plazo cuando se identifican y expresan razones que justifican (en el sentido más riguroso del término), que el tiempo inicialmente atribuido resulta insuficiente para que el procedimiento penal pueda atender adecuadamente su objeto; nunca para que la inactividad jurisdiccional o de las partes, innecesariamente y más allá de lo que puede entenderse razonable, tensione la presunción de inocencia del investigado y extienda su inquietud ante la eventual respuesta penal hasta límites intolerables para una sociedad democrática. Esa es la finalidad de la norma. La previsión de plazos de investigación responde, exclusivamente, a la introducción de instrumentos que faciliten y garanticen el derecho de los investigados a un procedimiento sin dilaciones indebidas, en una fase del proceso que resulta con frecuencia disfuncional según la experiencia forense, pero sin repercusión en la política criminal de extinción de la responsabilidad criminal, menos aun cuando la prescripción de los delitos exige de una completa inactividad que aquí no se produce y por periodos de tiempo normalmente más dilatados.

2.4. La norma, por las consecuencias que pueden derivarse del instrumento preclusivo anteriormente expuesto, ya ha determinado una nutrida jurisprudencia de esta Sala.

En lo que interesa para la resolución del recurso de apelación interpuesto, hemos expresado que la condición normativa de adquisición en tiempo de las fuentes de prueba fijada en el artículo 324 de la LECRIM, supone una preclusión procesal cuya desatención no determina la nulidad de la prueba, sino la irregularidad en la obtención para la investigación y, con ello, su invalidez a los efectos del artículo 779 de la LECRIM. Una invalidez que ahora, tras la LO 2/2020, expresamente recoge el artículo 324.3 de la ley procesal.

Las diligencias extemporáneas, esto es, aquellas que el Juez de instrucción acuerda y practica después de agotado el plazo legalmente otorgado para la investigación, no son válidas para la instrucción, lo que no impide que el órgano judicial competente pueda acordar la prosecución del procedimiento hacia la fase intermedia, e incluso abrir el juicio oral, cuando la información sumarial correctamente recogida en la causa preste suficiente apoyo a las pretensiones acusatorias. Y esta invalidez tampoco comporta un inconveniente para que las fuentes de prueba indebidamente incorporadas a la investigación puedan ser aportadas al plenario, siempre que no determine indefensión material para la parte y que la apertura del juicio oral haya descansado en otro material con la suficiente fuerza incriminatoria.

Así lo recogíamos en nuestra Sentencia de Pleno anteriormente referenciada, al expresar "Sin embargo, la clase de invalidez de las diligencias practicadas fuera de plazo no es la nulidad radical o absoluta sino una invalidez limitada al momento procesal de su aportación, ya que nada impide que la información probatoria derivada de las diligencias practicadas fuera de plazo, pueda aportarse a juicio. Es decir, se trata de diligencias irregulares ( STS 455/2021, de 27 de mayo)".

2.5. Lo expuesto refleja que en la presente causa no concurre ninguna irregularidad procesal que, por tenor del artículo 324 de la LECRIM entonces vigente, deba determinar la nulidad del procedimiento.

Es cierto que en el presente caso se practicaron diligencias con posterioridad al vencimiento del tiempo máximo de instrucción, que en este supuesto venció el 6 de junio de 2016 en atención a que la Disposición Transitoria Única (apartado 3) de la Ley 41/2015 estableció que los plazos de instrucción debían de aplicarse a todos los procedimientos que estuvieran en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, contemplándose la fecha de entrada en vigor de la ley como el primer día de cómputo para los procedimientos que estaban en marcha. Unas diligencias de instrucción que, conforme a lo anteriormente expuesto, carecen de validez pese a que extemporáneamente se declaró la complejidad de la causa y se amplió a dieciocho meses el plazo de instrucción (Auto de 25 de agosto de 2016), pues desde la STS 455/2021 hemos expresado que la decisión de ampliar los plazos de investigación debe adoptarse antes de agotarse el plazo en vigor y hemos confirmado la invalidez de aquellas diligencias de investigación que se hubieran abordado en periodos de instrucción tardíamente prorrogados, tal y como actualmente se recoge en el artículo 324.3 de la LECRIM al indicar que "si antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha".

Sin embargo, estas diligencias extemporáneas no influyeron o condicionaron la decisión de apertura del juicio oral contra el recurrente pues, como indica la sentencia de instancia, a la fecha de la terminación del plazo de investigación legalmente previsto, ya se habían recogido debidamente las fuentes de prueba en las que se asentó la decisión judicial de prosecución del procedimiento hacia la fase intermedia. Como recoge la sentencia impugnada, "a la fecha del 6 de junio de 2016 (fecha en la que finaliza el plazo ordinario de instrucción), ya se habían practicado las diligencias de investigación esenciales: a) aportación de documentos conectados con el fondo de inversión de 30.000 euros; b) justificación de su reembolso en la cuenta bancaria del matrimonio; c) salida de ese importe de la cuenta dando curso a una petición de efectivo; d) declaración testifical de los posibles perjudicados y del director de la sucursal, y e) declaración como investigado del ahora acusado y también del director de la sucursal, si bien contra este finalmente no se proyectó el procedimiento abreviado ni se formuló acusación alguna. Todas estas diligencias tuvieron lugar antes de finalizar el año 2015 y son la esencia de la base incriminatoria dirigida contra el acusado y que justificó la configuración de los hechos punibles descritos en el auto de 9 de Mayo de 2018. Lo único que quedaba por hacer es una pericial caligráfica que se acordó como diligencia complementaria a instancia del Ministerio Fiscal con posterioridad a la fecha del indicado auto y que nunca llegó a materializarse".

2.6. Respecto a la objeción que el recurrente introduce ahora en su alegato, esto es, que estaba vencido el plazo legal de seis meses cuando se sobreseyó la causa contra el otro investigado y se decidió abrir el juicio oral únicamente contra el recurrente, no es apreciable ninguna irregularidad procesal determinante de nulidad.

Como se ha expresado anteriormente, el artículo 324 de la LECRIM define un límite temporal para la fase de investigación, procurando precisamente la prosecución del procedimiento y el abordaje de la fase intermedia cuando el plazo esté vencido. Es en esta fase intermedia cuando el legislador, de la mano de los artículos 779 y 782 para el procedimiento abreviado, contempla que puede acordarse el sobreseimiento respecto de todos o algunos de los investigados, así como la apertura del juicio oral contra los que aparezcan como posibles responsables de una actuación delictiva. Consecuentemente, podrá reprocharse que en el supuesto que analizamos no se adoptaran estas decisiones inmediatamente después de haber vencido el plazo máximo de instrucción fijado en el artículo 324 de la LECRIM e, incluso, apreciarse con ello una demora injustificada que pueda coadyuvar al reconocimiento de la atenuante de dilaciones indebidas. Pero lo que no puede sostenerse es que la adopción de las decisiones inherentes a la fase intermedia y la observación del devenir procesal que impulsa el precepto determine precisamente la consideración de que se ha quebrantado la norma y de que se ha generado indefensión al investigado, beneficiario último de la preclusión de la investigación impuesta en el artículo 324.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. El quinto motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la tutela judicial efectiva.

El alegato subraya que ni el director de la oficina bancaria en la que trabajó el acusado, ni el perjudicado por la acción enjuiciada, conocen quién distrajo el dinero, denunciando que se le ha declarado responsable de la estafa y de haber falsificado el "recibí" del dinero en metálico, porque en la entidad financiera se registró la operación de reembolso con los datos de usuario asignados al ordenador del recurrente.

3.2. Hemos indicado en diversas ocasiones que al introducirse el juicio de racionalidad dentro del margen de fiscalización que impone la presunción de inocencia, se crean puntos de confluencia con el derecho a la tutela judicial efectiva. La suficiencia de la prueba de cargo, núcleo esencial para la desactivación del derecho a la presunción de inocencia, al evidenciarse a través de una motivación coherente y sin fisuras del Tribunal, conforma un espacio en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial, quebrantado cuando el órgano de enjuiciamiento no justifica la respuesta que se ofrece a las pretensiones de las partes. En todo caso, como se ha explicitado en numerosas resoluciones de esta Sala (SSTS 1126/2006, de 15 de diciembre; 742/2007, de 26 de septiembre o 52/2008, de 5 de febrero), "cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio". Una verificación que alcanza a que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

Del mismo modo, debe recordarse también que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional, como la de esta Sala, han reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. A falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria también puede sustentar un pronunciamiento condenatorio siempre que se cumplan determinados requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

Es cierto, como se indica en el recurso, que controlar la racionalidad de la valoración probatoria del Tribunal de instancia, no sólo entraña hacerlo desde la solidez o cohesión lógica entre el hecho base y el acontecimiento deducido, sino desde su calidad concluyente, no siendo razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa ( STS 500/2015, de 24 de julio). En todo caso, la doctrina constitucional refleja que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia "cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada" ( STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 4 y 23), debiendo rechazarse las conclusiones que se obtengan a partir de un análisis fraccionado y desagregado de los diversos hechos base y de la fuerza de convicción que proporciona su análisis conjunto y relacional, advirtiendo el Tribunal Constitucional (por todas, STC 126/2011, de 18 de julio , FJ 22) que, "cuando se aduce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia nuestro análisis debe realizarse respecto del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado...".

3.3. En el presente supuesto, el recurso oculta la consideración global de todos los indicios en los que se ha asentado el convencimiento del Tribunal. Ciertamente se proclama que fue el recurrente quien obtuvo un reembolso de 30.000 euros con cargo al saldo de la cuenta bancaria perteneciente a Bernardo y a su esposa Miriam, sirviéndose para ello de un documento falsamente firmado por el titular de la cuenta y en el que éste reconocía haber recibido el dinero en metálico. En todo caso, a diferencia de lo que el recurrente sostiene, el convencimiento del Tribunal no solo se ha extraído de que la operación se efectuara con el ordenador del acusado.

El Tribunal valora, en primer término, la prueba documental, que refleja la realidad de todas las operaciones bancarias que refieren los perjudicados. Considera también la prueba testifical, cuya credibilidad no solo surge de la concordancia entre su relato y los documentos que integran el expediente bancario, sino de que el acusado reconozca todos los aspectos de la narración que no comprometen su eventual responsabilidad.

Se refleja así que Andrés era el empleado que atendía a los perjudicados en sus operaciones bancarias y que, por su recomendación, contrataron en la entidad financiera un fondo de inversión garantizado a dos años por importe de 30.000 euros, evaluando el Tribunal que era el acusado quien tenía por ello conocimiento de la realidad de los fondos y de la duración de la inversión.

Contempla también que el fraude se hizo por una persona empleada en la entidad, pues la solicitud de reembolso del fondo se registró el 8 de mayo de 2012 en horario de tarde, abordándose de manera irregular, pues hubiera exigido la firma de dos apoderados de la entidad que no se reflejan. Así lo proclamó el director de la oficina y lo atestigua también que el impreso de reembolso refleje un espacio de firma reservado a la entidad, con la indicación por poder "P.P". Y estos dos indicios de fraude, se ponen en relación: a) con el hecho de que la solicitud de reembolso y de que se ingresara el importe del fondo en la correspondiente cuenta bancaria, sí estaba firmada por el titular de la inversión y b) que el acusado era el empleado de la sucursal que pudo obtener, fácil y engañosamente, la firma de una operación bancaria que el inversor aseguró no haber peticionado nunca, aprovechando para ello una relación de confianza que se manifestó en que el acusado había llegado a facilitar su teléfono personal a los perjudicados para cualquier contacto que precisaran.

Por último, el Tribunal valora que el fondo de inversión se resolvió anticipadamente y que, sólo dos días después de que se ingresara su importe en la cuenta bancaria de los perjudicados, se efectuó un supuesto abono en metálico a Bernardo, con la particularidad de que la operación se anotó en la contabilidad de la entidad financiera con el soporte de un recibí que no está firmado por ninguno de los titulares de la cuenta bancaria y que la operación se registró desde el ordenador asignado al recurrente.

Con ello, se expresan los elementos de corroboración objetiva que llevan al Tribunal a aceptar la versión de los testigos, así como los elementos de inferencia que permiten construir, más allá de toda duda razonable, que la venta del fondo de inversión y la posterior descapitalización de la cuenta bancaria en la que se depositaron los fondos, no fue abordada por los depositantes, sino por el acusado.

El motivo se desestima.

CUARTO.- 4.1. El primer motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por entender que dados los hechos que se declaran probados en la sentencia se ha incurrido en "error iuris", infringiendo normas penales de carácter sustantivo por aplicación indebida del artículo 248 del Código Penal.

El recurrente subraya que el delito de estafa exige que el engaño sea determinante de un desplazamiento patrimonial abordado por el afectado, lo que no concurre en este supuesto. Aduce que los hechos probados recogen que Bernardo, sin ser consciente de ello, fue embaucado a firmar un documento en el que reclamaba que el banco le reembolsara el fondo de inversión que tenía suscrito, solicitando al tiempo que el dinero del reembolso fuera ingresado en la cuenta bancaria que mantenía con su esposa en la sucursal. La ejecución de la orden, aduce, comporta que al engaño no le siguió ningún acto de disposición patrimonial, pues el dinero siguió en posesión del matrimonio en su cuenta corriente. Fue dos días después del ingreso cuando el acusado, según el relato de hechos probados, se sirvió del ordenador que tenía asignado como empleado del banco y extrajo de la cuenta de los perjudicados los 30.000 euros que acababan de obtener con la venta del fondo; actuación que el recurrente considera que no es constitutiva de un delito de estafa, por inexistencia del engaño, sino del delito, no homogéneo, de apropiación indebida.

4.2. Como hemos resaltado en numerosas ocasiones, el cauce procesal que aquí se emplea sólo tiene por objeto analizar el juicio de subsunción de la sentencia a partir de los hechos proclamados por el Tribunal; esto es, el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que el recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto, incluyendo todos los que conducen a supervisar la corrección de los hechos probados.

Y desde esta consideración procesal, debe recordarse que conforme con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal, cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

La jurisprudencia de esta Sala ha descrito la construcción del reproche penal por estafa desde la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que despierte en el sujeto pasivo una convicción equivocada de la realidad existente, de modo que el destinatario del engaño, impulsado precisamente por esa incorrecta e inducida persuasión, realice voluntariamente un acto de disposición patrimonial que no se hubiera abordado de otro modo y que resulta económicamente lesivo para quien lo aborda o para un tercero, pues el delito no exige que confluya una coincidencia entre la persona engañada y la que realiza el acto dispositivo.

Nuestra jurisprudencia también ha expresado que la estafa se consuma cuando se ha producido ese desplazamiento patrimonial a causa del acto de disposición y con el consiguiente perjuicio ( SSTS 61/2012, de 8 de febrero o 941/2013, de 10 de diciembre), si bien hemos resaltado que la estafa presenta una variadísima multiformidad de actuaciones, de manera que en algunos casos consiste en un acto simple en el que coinciden la maniobra engañosa y la defraudación, mientras que en no pocos supuestos ofrece estructuras más complejas, que tienen su origen en una acción anterior a la perfección del hecho delictivo, pero que se consuman cuando el engaño surte el efecto del desplazamiento patrimonial buscado ( STS 867/2002, de 29 de julio); sin que resulte tampoco infrecuente que el despliegue del engaño consista en la suma de varios comportamientos, bien sea porque el engaño es desplegado entre varios sujetos, bien porque son varios los individuos a los que se engaña sucesivamente, bien porque la fullera acción precisa ardides de refuerzo para culminar la confusión iniciada con unas primeras actuaciones tramposas o porque para lograr el acto de disposición es preciso someter la voluntad de varios sujetos.

Pese a esa multiformidad, es inherente al delito que exista una ligazón causal entre el engaño y el perjuicio patrimonial, de manera que el engaño sea determinante del error; que la creencia equivocada sea la que impulse el acto de disposición; y que la disposición patrimonial sea la causa del perjuicio económico que sufre la víctima. Y toda esta secuencia debe engranarse en una misma estructura intencional y con un mecanismo, más o menos complejo, que haya sido dispuesto por el sujeto activo para alcanzar el beneficio patrimonial.

Pero la relación causal no puede ser entendida como la exigencia de que el perjuicio patrimonial esté directamente unido a la primera expresión irreal introducida en el ardid dispuesto por el sujeto activo, ni siquiera a la más relevante o distinguible de sus tretas. La relación causal exige que el empobrecimiento patrimonial sea reflejo de todo el mecanismo, muchas veces complejo, desplegado por el sujeto activo para alcanzar el despojo de los bienes. Y aunque no es infrecuente que en el iter criminis puedan aparecer o confluir aspectos y características de otros tipos penales, particularmente del delito de apropiación indebida en los episodios finales de la conducta, hemos proclamado que el elemento de diferenciación entre ambos delitos se encuentra en el modo en que se quiebra la lealtad en las relaciones económicas. Destacábamos en la STS 928/2005, de 11 de julio, que en la estafa esta ruptura de la lealtad es anterior al acto de disposición efectuado por la víctima y es causante del mismo pues, como se ha dicho, la estafa se integra por el engaño antecedente, bastante y causante. Por el contrario, en el delito de apropiación indebida, la quiebra de la lealtad es posterior al acto de disposición efectuado por el perjudicado. En la apropiación indebida el transmitente patrimonial actúa libre, espontáneamente y sin engaño, y sólo después de la recepción del patrimonio surge la perfidia y el receptor lo desvía a un fin o un destino distinto de aquel para el que se entregó.

4.3. Lo expuesto muestra la debilidad del descargo del recurrente. En el caso enjuiciado nos encontramos con una actuación compleja, en la que el recurrente obtuvo el dinero de la cuenta bancaria del perjudicado, pero que solo pudo abordar porque los fondos habían sido ingresados pocas horas antes en virtud de un engaño que llevó al titular de los fondos a abordar un acto de disposición, concretamente la venta de su participación en un fondo de inversión. Fueron el engaño y el acto dispositivo del propietario de los fondos, lo que finalmente permitió un desbloqueo financiero del capital y que el acusado pudiera acceder al dinero, reflejando en ello que la acción desleal captativa es esencialmente precedente al enriquecimiento.

Por otro lado, aun cuando analizáramos la conducta desde la exclusiva consideración del comportamiento final del acusado, esto es, desde que se apodera de los fondos que estaban en la cuenta del perjudicado, tal y como el recurso propone, la responsabilidad penal sería la misma. El acto más inmediato para que el acusado obtuviera los fondos consistió, y así se refleja en el relato de hechos probados de la sentencia, en una actuación coordinada e igualmente compleja, que permitió superar los sistemas de control bancario y facilitó que la entidad depositaria contabilizara y permitiera materialmente el pago.

Dado que la entidad financiera exige para los reembolsos una orden escrita emitida por el depositante y la comprobación de su identidad, el recurrente presentó un documento en el que hizo constar la firma del perjudicado y mecanizó la operación como fiscalizada por él mismo en su condición de empleado y con su propio número de usuario. Este comportamiento resultaría plenamente abarcado por el delito de estafa del artículo 248.2.a) del Código Penal, para el que se establece la misma pena que en el resto de los supuestos contemplados en el mismo artículo 248. El precepto considera reo de estafa a los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. Es evidente que el término transferencia no sólo hace referencia a su más estricta acepción bancaria, sino a cualquier flujo patrimonial entre sujetos, recogiendo también las manipulaciones que permitan, por ejemplo, la entrega indebida de dinero en metálico y en mano desde un cajero automático que sea manipulado. El elemento característico de esta modalidad de estafa radica en que la utilización del ardid precedente no busca superar un elemento personal de protección del patrimonio, sino cualquier mecanismo material dispuesto para evitar la pérdida de los activos. Y en el presente supuesto nos encontramos con que la entidad financiera era tenedora y depositaria real de los fondos, habiendo desplegado el acusado el mecanismo preciso para superar los elementos materiales dispuestos por el banco para evitar que los fondos se entregaran a empleados desleales o a cualquier otra persona distinta del real depositante. El acusado manipuló los mecanismos de pago falsificando, entregando y registrando un recibo que era exigido, además de autorizar la operación de pago en metálico como fiscalizada por él.

El motivo se desestima.

QUINTO.- 5.1. Por último, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, el recurrente denuncia la indebida aplicación de la agravante específica del artículo 250.1.6 del Código Penal.

Subraya que el abuso de relaciones personales del núm. 6.º del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica, la acción típica sea realizada desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza a determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva, un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo. Y considera que esto no concurre en el supuesto enjuiciado, pues el recurrente tenía funciones comerciales y de gestión, ofreciendo productos bancarios a sus clientes, sin que su profesión habitual pueda ser contemplada como determinante de una agravante.

5.2. Como destaca el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.6.º del Código Penal contempla un grado de especial vinculación entre autor y víctima que debe ser apreciado de manera restrictiva, pues en la mayor parte de las ocasiones el engaño que define el delito de estafa se desarrolla en un contexto de ciertas coincidencias con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, de 2 de julio). Consecuentemente, la agravación específica debe quedar reservada a supuestos en los que, además de quebrantarse una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento ( SSTS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo; 813/2009, de 7 de julio o 274/2017, de 19 de abril, entre muchas otras). Y en la necesidad de concretar los elementos diferenciales entre el tipo básico y aquellos en los que es apreciable la agravación específica que ahora contemplamos, hemos expresado que los supuestos de mayor antijuricidad se identifican cuando se aprecia que el sujeto activo, para la consumación de los hechos, ha aprovechado y atropellado una fidelidad nacida en una situación anterior y que resulta ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero). La aplicación de la agravación resulta procedente cuando el autor aprovecha para el engaño una relación de confianza preexistente y no creada ex novo para abordar el fraude ( STS 1090/2009, de 30 de octubre), supuestos entre los que hemos incluido las relaciones existentes entre un empleado bancario y determinados clientes específicos con los que aquel mantiene un trato comercial personal y singular, hasta el punto de extender el desarrollo de la actividad bancaria más allá del espacio físico de la entidad ( SSTS 145/2005, de 27 de diciembre o 760/2013, de 17 de octubre); no apreciándola, sin embargo, cuando la relación con la entidad bancaria se ajusta a los usos mercantiles ordinarios ( STS 890/2003, de 19 de junio).

5.3. Lo expuesto refleja la inviabilidad del motivo. En el caso sometido a nuestro análisis, se declara probado que el acusado era empleado de la sucursal 5735 del Banco Español de Crédito (Banesto), hoy dentro del grupo del Banco Santander SA, sita en Playa del Inglés, de San Bartolomé de Tirajana. La sentencia describe que el acusado desarrollaba funciones comerciales y de gestión, lo que implicaba una relación con los clientes de la entidad financiera. No obstante, significa que, aunque el acusado entró en contacto con sus víctimas con ocasión de su actividad profesional, desarrolló con ellos una especial vinculación y trato personal, que llevó a que llegara a facilitarles su teléfono personal para que pudiera abordar consultas en cualquier hora y lugar. Y describe que fue en ese contexto de "aprecio y confianza", cuando logró que el acusado firmara, sin ser consciente de ello, un documento bancario de reembolso de un fondo de inversión. Se refleja así que el acusado aprovechó la relación previamente creada con el cliente y que trascendía los límites de la confianza mercantil ordinaria. El acusado aprovechó la confianza personal de su víctima para que, más allá de los usos bancarios normales, le firmara sin leer el documento de operación bancaria que el recurrente le presentó, sobrepasando así los márgenes usualmente definitorios del delito de estafa, en los que el sujeto activo logra la confianza mediante el engaño desplegado con intención captatoria.

El motivo se desestima.

SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.