Sentencia Penal 19/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3613/2023 de 20 de enero del 2026

PRIMERO.- El primer motivo se despliega en varias vertientes. Todas discurren a través del art. 849.2º. Se persigue modificar el factum, con el auxilio de una pluralidad de elementos probatorios: no todos pueden ser encuadrados en la categoría de prueba documental, como exige el precepto procesal enarbolado. Algunos de los muchos particulares designados (sus copias son aportadas con el escrito de preparación para facilitar su examen sin necesidad de sumergirse en la causa) carecen de esa naturaleza: constituyen prueba personal documentada. Sí ha admitido esta Sala, con una serie de estrictas condiciones, que determinados informes periciales puedan servir de palanca para activar el excepcional mecanismo del art. 849.2º, asimilándolos a esos efectos a prueba documental.

Antes del examen de cada uno de los alegatos no sobra dibujar con trazos gruesos los condicionantes del art. 849.2º LECrim echando mano de reflexiones vertidas, con unas u otras palabras, en muchos precedentes. Esa caracterización es recordada por el Fiscal en su impugnación.

Nos referimos con no poca frecuencia al uso abusivo del art. 849.2 LECrim ( STS 368/2018, de 18 de julio, entre otras). Este motivo en alguna de sus derivaciones merece tal peyorativa catalogación. La práctica tiende a ignorar la rígida disciplina procesal que rodea la configuración legal del error facti, provocando fallas insalvables en los argumentos que tratan de colarse a través de este motivo. Su amplísima y aparentemente ambiciosa etiqueta definidora -error en la valoración de la prueba-, resulta seductora pues evoca una apelación plena. Pero los requisitos adosados a esa genérica categorización son tremendamente exigentes (invocación de un genuino documento literosuficiente, inexistencia de elementos probatorios contradictorios, imposibilidad de introducir un discurso de tipo deductivo para alcanzar la conclusión buscada que, por el contrario, ha de derivarse directamente del documento...). Solo con estrictos condicionantes se puede armonizar la posibilidad de revisión y modificación de cuestiones fácticas que encierra esa causal con la naturaleza extraordinaria del recurso de casación y el respeto al principio de inmediación que inspira nuestra normativa ( STS 592/2021, de 2 de julio).

El art. 849.2 LECrim habilita excepcionalmente al Tribunal de casación para revisar la valoración de la prueba realizada por la Sala de instancia sustituyéndola por la operada directamente por él. El respeto al principio de inmediación impone, empero, dos severas restricciones:

a) Solo respecto de la prueba documental la posición de un Tribunal de casación es idéntica a la del Tribunal de instancia en orden a la inmediación. Esa equiparabilidad permitió abrir esta puerta casacional - error facti- inexistente en la originaria casación. No se traiciona la inmediación, encumbrada como principio estructural en el modelo de nuestra Ley Procesal. El documento está ahí: puede ser percibido en iguales condiciones por ambos órganos jurisdiccionales, el de instancia y el de casación. No padece la inmediación.

b) Esa idea rectora -inmediación- aboca, no obstante, a una significativa limitación que restringe enormemente la operatividad de la norma: lo que se pretende acreditar con el documento no puede estar contradicho por otros elementos de prueba. Es coherente el correctivo: si otros medios de prueba de carácter personal desmienten lo que se deduce del documento, respecto de ellos el Tribunal de casación carece de inmediación. Por tanto, en la concepción de nuestra Ley Procesal Penal, está incapacitado para sopesar la fuerza probatoria del documento en contraste con esas otras fuentes probatorias que no percibe con inmediación.

El motivo que ahora desestimamos incurre en varios de los enfoques distorsionados más habituales. Detengámonos en cada una de sus perspectivas.

SEGUNDO.- Aunque en mescolanza con otras pruebas, la impugnación se edifica sobre un informe acreditativo del internamiento del acusado en una clínica, primero; y, luego, en un centro de rehabilitación entre los meses de mayo y diciembre de 2013. Ello excluiría los hechos situados por la sentencia en fechas posteriores al 6 de julio de 2013.

Por otra parte, se entraría en contradicción con algunas manifestaciones de la víctima que habló de 14 años, siendo así que la sentencia se refiere a 15 años cumplidos.

No hay contradicción entre el documento y el hecho probado. Éste, al fijar ese marco cronológico, solo quiere dejar constancia de la certeza de que el acusado había alcanzado ya a la mayoría de edad penal. Pero no expresa que los hechos sucediesen precisamente en ese segundo semestre de 2013 en el que estaba ingresado. Extiende el marco temporal a todo el periodo que finaliza con la llegada a los dieciséis años de Elisenda ( NUM001 de 2014), cuando ya, varios meses antes, el recurrente había abandonado el centro.

Las referencias por parte de la víctima a la edad de catorce años recogidas de algunas menciones, amén de no constituir prueba documental, solo podrían ser muestra de inexactitudes cronológicas comprensibles y, desde luego, inaptas para construir con esos materiales un gravamen basado en el art. 849.2º LECrim.

TERCERO.- Una segunda ramificación del motivo fija la atención en los hechos datados el 25 de mayo de 2019. Pretende negar el recurrente que llegase a producirse ni penetración, ni tocamientos. Desistió ante las quejas de la víctima.

Para fundar su alegato recoge sesgadamente diversas manifestaciones de la víctima -extraprocesales pero traídas al proceso, algunas; documentadas, otras-.

No se trata propiamente de prueba documental. Además, están desmentidas por las declaraciones de la víctima en el plenario, que ofrece una explicación sobre algunas discordancias (equiparación entre penetración y eyaculación) que ha convencido al Tribunal y que por sí sola supone un óbice insorteable para que prospere un motivo ex art. 849.2º.

CUARTO.- La tercera faceta de este primer motivo basado en el art. 849.2º se centra en la enfermedad psíquica del recurrente: trastorno de la personalidad no especificado, que no afecta a sus funciones psíquicas superiores que determinan su capacidad de conocer y determinarse libremente, según proclama expresamente el hecho probado,basándose en la justificación que luego se desarrolla en el fundamento de derecho quinto (que podrá completarse con el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de apelación que refrenda la estimación del Tribunal de instancia).

Tampoco está expedito el camino del error facti para esta pretensión que lucha por variar el hecho probado para conseguir una eximente completa o incompleta. La razón es simple: esta Sala exige para dotar a un informe pericial, o informes sanitarios o psiquiátricos, de potencialidad para lograr una alteración en casación del hecho probado solo cuando son únicos o, siendo varios, concordes.

Basta la lectura de los fundamentos de derecho indicados para constatar que la estimación de la Audiencia contaba con un soporte pericial robusto: informes psiquiátricos y psicológicos ratificados en juicio que respaldan la aseveración del hecho probado. Que otros informes más lejanos en el tiempo y, en algún extremo, no del todo concluyentes, pudiesen alentar otras conclusiones (trastorno del espectro esquizoide, luego descartado), es sostén inapto para provocar el cambio en el factum reclamado.

QUINTO.- Retoma el recurrente algunos argumentos del primer motivo para hacerlos desfilar ahora por la senda más holgada de la presunción de inocencia. Pero, pese a su más amplia capacidad revisora tampoco esa herramienta constitucional puede llevar al éxito esperado a los alegatos.

La hipotética discordancia en la fecha del primer suceso está solventada con las explicaciones ofrecidas antes.

Por otra parte, las declaraciones de la víctima que constituyen el material convictivo sobre el que se apoya el Tribunal para su declaración de culpabilidad han sido analizadas de forma racional y razonable, sin que divergencias en temas secundarios mermen su fiabilidad. En casación no podemos adentrarnos en una labor de revaloración íntegra de la prueba que ya ha realizado de forma amplia y fundada la Sala de apelación.

No se ha producido vulneración de la presunción de inocencia.

SEXTO.- Probablemente, la primera de las derivadas del motivo tercero ( art. 851.1º LECrim) pudiera ser objeto de una respuesta de inadmisibilidad en tanto se denuncia un defecto del hecho probado (predeterminación) no alegado en apelación. Aunque el art. 790 LECrim, entre los motivos de apelación, no lo detalla en los términos que sí hace el art. 851, es claro que nada impide denunciar en apelación, esos vicios de la sentencia que encajan dentro de la amplia descripción de causales de apelación que recoge el art. 790 citado.

De cualquier forma, con cierta indulgencia alentada por esa asimetría normativaque podría haber despistado al recurrente, no dejaremos de analizar la queja.

Considera que son predeterminantes (art. 851.1) las expresiones " guiado con un ánimo de satisfacer su deseos libidinosos". "con la finalidad de llevar a cabo sus propósitos", "guiado por el mismo animo libidinoso", "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales"; y, en otra faceta, "que no afecta a sus funciones psíquicas superiores que determinan su capacidad de conocer y determinarse libremente".

No constituyen las locuciones transcritas muestras del vicio casacional denunciado. Algunos de los términos elegidos ( libidinoso, funciones psíquicas superiores)son sencillamente cultismos, algo que podría haberse expresado de forma más vulgar; pero no son conceptos jurídicos. No puede confundirse lenguaje culto o más erudito con jerga estrictamente jurídica.

La predeterminación del fallo supone la utilización de expresiones con un contenido técnico jurídico específico que soslaya una narración de hechos despojada de valoraciones o "sobreentendidos" jurídicos. No significa que los hechos relatados hayan de ser penalmente "neutros". Eso no solo es absurdo, sino que, además, sería incompatible con lo que se pide al Tribunal: un enjuiciamiento penal. No debe anticipar en los hechos probados la subsunción jurídico-penal con el nomen iuris de la infracción o con otros conceptos técnicos cuya concurrencia ha de analizarse en el plano de la argumentación penal -contrastando la categoría jurídica con el hecho probado (juicio jurídico)-; y no en el nivel previo de la valoración probatoria (juicio histórico). Pero el relato ha de elaborarse indefectiblemente con el claro objetivo de valorar penalmente la acción: en ese sentido lo que dicen los hechos probados ha de condicionar fatalmente el fallo. No puede ser de otra forma.

Lo que se prohíbe es el uso de conceptos estrictamente jurídicos, con un significado técnico no homologable al vulgar, que propiciaría escabullirse de labor de la argumentación jurídica sostén de la subsunción penal y, al mismo tiempo, escamotearía las posibilidades de fiscalización casacional.

Lo que razona el recurso nada tiene que ver con el mencionado defecto casacional así caracterizado. Se comprueba con facilidad. No se identifica un concepto jurídico (no lo es la expresión ánimo libidinoso que ni siquiera aparece en el Código Penal), sino una realidad material. Estos delitos, por lo demás, no exigen un ánimo especifico, aunque sí que los actos en sí sean de naturaleza sexual. Es una locución -ánimo libidinoso- ajena a lo técnico-jurídico. Por supuesto que se trata de una expresión con cierta relevancia jurídica (aunque no tanta como se le atribuye: suprimida, la tipificación sería la misma pues los actos llevados a cabo inequívocamente tienen contenido sexual). Si careciese de trascendencia jurídica, no podría tener reservado espacio alguno en los hechos probados de una sentencia penal. Pero eso no es que no esté prohibido; es que es lo obligado.

Tampoco puede achacarse ese defecto a la expresión que, por moverse en un campo psiquiátrico, propio de periciales, no podrá desprenderse nunca de un cierto tono distante del vulgarismo, relativa a las facultades superiores -inteligencia y voluntad- y su nivel de afectación.

La redacción conferida por la Sala al hecho probado ni menoscaba la posibilidad de revisar la valoración jurídica; ni sustrae cuestión alguna al debate conceptual jurídico. Cuando el legislador eleva a la categoría de causal de nulidad de una sentencia la predeterminación de fallo no lo hace así, sin más. Lo que caracteriza ese motivo de casación es, sobre todo, el comienzo de su descripción legal: empleo de conceptos jurídicos. Se proscriben con la finalidad de separar nítidamente el resultado de la valoración fáctica, del resultado de la valoración jurídica. Discurre cada una de ellas por tramos diferenciados y en momentos consecutivos. Primero se fijan los hechos; luego se valoran penalmente. No puede adelantarse la valoración jurídica llevándola a la plasmación del juicio histórico. No toda predeterminación del fallo es defecto de casación -no importa repetirlo una vez más pese a ser afirmación tópica en la jurisprudencia- sino solo aquella derivada del uso de una locución técnico-jurídica que soslaye la narración factual condicionando la subsunción jurídica ( usando fuerza en las cosas; atacó alevosamente; la mató con ensañamiento; era inimputable...).

SÉPTIMO.- En el mismo motivo se entretiene de forma breve el recurrente tratando de hacer valer lo que entiende que supondría falta de capacidad procesal ( art. 383 LECrim) que debiera haber llevado a la suspensión del trámite.

La pretensión no encaja de ninguna forma en el art. 851 LECrim. Solo podría reconducirse al art. 852 LECrim en tanto, de ser cierto su alegato, estaríamos ante un supuesto de afectación del derecho de defensa con relevancia constitucional.

No es el caso. La pretensión fue rechazada con argumentos de peso por la Audiencia. El Tribunal Superior de Justicia avala la decisión con referencias jurisprudenciales. No podemos más que remitirnos a esas justificaciones. La situación que se describe en los informes psiquiátricos dista mucho de los supuestos encajables en el art. 383 LECrim. Debe bastar con la remisión a las sentencias que preceden a ésta que, en lo que atañe a este particular, son totalmente asumidas por esta Sala sin que se vean erosionadas lo más mínimo por el voluntarista alegato del recurso.

OCTAVO.- Incongruencia omisiva constituye el siguiente alegato ( art. 851.3º LECrim) . Se denuncia lo que el recurrente considera una carencia del contenido de la sentencia de apelación: no se habrían refutado determinados argumentos expuestos por la defensa. De una parte, lo relativo a la cronología de los primeros hechos (imposibilidad de que sucediesen en la segunda mitad de 2013). De otra parte, la conformación de la convicción sobre el nivel de imputabilidad del recurrente basándose no en los informes y documentación coetánea a los hechos, sino en la actual. Ese silencio daría lugar al defecto casacional conocido como incongruencia omisiva y recogido en el citado art. 851.3º.

Como señala con acierto el Fiscal el art. 851.3º LECrim solo acoge en su radio de acción lo que suponga ausencia de contestación a pretensiones jurídicas formalmente consignadas y articuladas (que se aprecie una atenuante o una eximente; que se condene por un delito distinto, que se estime un grado de ejecución menos desarrollado, que se decrete la nulidad de determinados medios de prueba, que se declare la prescripción...). Son ajenos a ese motivo de casación los supuestos en que se denuncia el silencio de la sentencia frente a alegaciones (que no pretensiones) o frente a argumentos (que son las razones que sustentan la pretensión pero que no se confunden con ella).

Nos movemos aquí en ese segundo nivel. La pretensión blandida por el recurrente consistía en que se decretase su absolución o su inimputabilidad. Se reprodujo en la apelación Para defender tal pretensión se aducían distintos tipos de argumentos. Algunos de ellos son los aquí aludidos.

La pretensión -o pretensiones: una principal; otra subsidiaria- están rechazadas explícitamente: no procede la absolución, ni la apreciación de una eximente ni completa ni incompleta. No hay incongruencia omisiva (vid., por todas, STS 693/2013, de 19 de septiembre).

Los argumentos, por otra parte, están contestados, aunque sea de forma implícita; y, además, a ellos se ofrece respuesta también ahora en casación.

La indicación de la cronología del primer hecho no presenta la contradicción que quiere descubrir el recurrente. Ya se ha razonado.

En lo relativo a los informes psiquiátricos, el camino que lleva a la decisión a la Audiencia y luego refrenda el Tribunal de apelación fluye también de su argumentación. En informes pasados no existía un diagnóstico claro y concluyente, sino unas aproximaciones provisionales que han de ceder ante las conclusiones obtenidas posteriormente tras estudios más completos.

Procede desestimar el motivo.

NOVENO.- En un último motivo el recurrente por la vía del art. 849.1º LECrim reitera tres pretensiones indebidamente agrupadas.

De una parte reclama la conversión de los hechos sucedidos en 2019 en una tentativa. Los frutos de esa estimación no serían muy rentables a la vista del art. 76 CP. Pero en todo caso la pretensión casacional es inviable: no se ha modificado el hecho probado como se pretendía y éste describe una violación consumada para lo que basta la penetración.

De otra, pide la absolución por los otros dos hechos considerándolos no probados: solo la estimación de un motivo anterior, que no se ha producido, permitiría que este prosperarse.

DÉCIMO.- La tercera pretensión reivindica la aplicación de una eximente incompleta. Tampoco se respeta el hecho probado. Enlazando con motivos anteriores que no han prosperado, enfatiza los primeros estudios psiquiátricos y sanitarios del recurrente en que se mencionaba como posible diagnóstico -aunque provisional y luego descartado- un trastorno esquizoide, con pluripatología.

Recordemos los razonamientos de las dos instancias anteriores:

El Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia de instancia dice así:

"Es doctrina del TS - STS 10 de diciembre de 2021- que "Sobre las exigencias para apreciar la eximente o atenuante en cuanto afecta a la capacidad del sujeto en relación a una posible alteración plena, grave, menos grave o leve de sus facultades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos podemos citar la sentencia de esta Sala del noviembre, con cita de la 467/2015, de 20 Jul. 2015, Rec. 1, 0253/2015, señala que: "Deberá recordarse que las circunstancias modificativas de la responsabilidad, cuya carga probatoria compete a la parte que las alega deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo" ( SSTS. 138/2002, de 8,2,.. 716/2002. de 22, 4, 1527/2003, de 17, 11, 1348/2004, de 29.11, 369/2006, de 23.3)"

En nuestro caso, además del testimonio de Elisenda, que refirió que su hermano estaba sereno en las tres ocasiones, los sucesivos informes forenses y psiquiátricos .evidencian la plena capacidad del acusado, y así:

-Informe Médico Forense de fecha 30 de enero de 2.020 (visor n o 132), en cuyas conclusiones se recoge "que Carlos Jesús padece un diagnóstico de trastorno de la personalidad no especificado, sin que desde el punto de vista médicolegal los trastornos de personalidad afecten a las funciones psíquicas superiores que determinan la capacidad de conocer y determinarse libremente".

-Informe Médico Forense de fecha 25 de marzo de 2.020 (visor n o 211); en cuyas conclusiones se recoge: Carlos Jesús posee los siguientes antecedentes patológicos, trastorno de personalidad, con rasgos límites y antisociales; precisando en ese momento de seguimiento por el Equipo de Salud Mental de Soria, así como prescripción de tratamiento continuado con psicofármacos; pudiendo presentar conductas impulsivas o de descontrol afectivo, desproporcionadas o inadecuadas, como respuesta a las situaciones estresantes. para el informado; en cuyo caso el estado patológico 'del informado sería compatible con afectación parcial de sus funciones intelectuales superiores, consistentes en su limitación de capacidad. para obrar o determinarse libremente, lo que en definitivas sería disminución de la capacidad volitiva del sujeto.

Junto con el informe de fecha 15 de' junio de 2.020 en cuyas conclusiones se refleja " Carlos Jesús padece un diagnóstico de trastorno de la personalidad no especificado y mal control de impulsos. En términos generales, desde el punto de vista médico -legal, los trastornos de personalidad no afectas a las funciones superiores que determinan "la capacidad dé conocer y determinarse libremente"; y el mal control de impulsos de padecer, no conlleva a la conducta de actos que sean ajustables -a los hechos que motivan este procedimiento".

-El informe de fecha 7 de julio de 2.020 (visor 215), con la conclusión de que Carlos Jesús padece un diagnóstico de trastorno de la personalidad no especificado; y, en términos generales, desde el punto de vista médico -legal, los trastornos de personalidad no afectan a las funciones superiores que determinan la capacidad de conocer y determinarse libremente.

-Comparecencia del Médico Forense en fecha 1 de marzo de 2.021, (visor 68 del Rollo de Sala), en cuando a la capacidad del acusado de comprender la trascendencia las actuaciones procesales seguidas, de la acusación ejercida contra él y poder llevar a cabo una adecuada defensa de sus intereses, incluyendo el derecho a la última palabra.

-Informe del Doctor D. Hipolito de 9 de noviembre de 2,021 (Centro Asistencial DIRECCION003, en que actualmente se encuentra ingresado el acusado), visor n o 214 del presente Rollo de Sala), y en el que entre otros aspectos se indica " Carlos Jesús se encuentra ingresado en dicho Centro Asistencial DIRECCION003 de Palencia, desde el 6 de mayo de 2.021, en la unidad de rehabilitación psiquiátrica, durante los seis meses que lleva hospitalizado se considera que no se cumple con todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada del trastorno del espectro de esquizofrenia. Dado que sí presenta tanto síntomas negativos (expresión emocional disminuida) como otros síntomas propios de la esquizofrenia, se opta por mantener el diagnóstico de trastorno psicótico sin especificación, mientras se completa el estudio longitudinalmente.

Se realizó un test de inteligencia (WAIS-III) revelando que cualitativamente se observa una inteligencia normal, -baja (CUT:80) marcada por una baja ejecución en pruebas que implican memoria de trabajo y organización perceptiva. Estos resultados trasladados al dominio social y práctico sugieren una tendencia a la comprensión limitada de situaciones sociales, juicio inmaduro, y la necesidad de ayuda para tomar. decisiones sobre el cuidado de la salud y legales".

-Informe psiquiátrico para la incapacitación realizado por el Doctor Rodolfo en fecha 5 de noviembre de 2.020, referido a Carlos Jesús (acontecimiento nº 343 del Sumario) con el diagnostico de trastorno psicótico no especificado.

Ello aparte, como se reflejó en el fundamento de derecho segundo, los peritos ratificaron durante el juicio la plena capacidad del acusado -Dr. Rodolfo, Dra. Remedios y forense Dra. Rosario".

Dirá por su parte al respecto la sentencia de apelación: (Punto ii del Fundamento Cuarto)

"II.- La sentencia hoy recurrida, teniendo en cuenta los informes emitidos por los peritos en el acto del juicio, que ratificaron los anteriormente prestados, concluyó que el acusado tenía plena capacidad de saber y querer, rechazando, por tanto, la apreciación de circunstancia alguna, ni eximente ni atenuante, en el mismo.

En efecto, el informe médico forense que se había emitido en fecha 30 de Enero de 2.020 ya concluye que el acusado padece un diagnóstico de trastorno de la personalidad no especificado, sin que, desde el punto de vista médicolegal, los trastornos de personalidad afecten a las funciones psíquicas superiores que determinan la capacidad de conocer y determinarse libremente. Otro informe médico forense, de fecha 25 de Marzo de 2.020, abunda en la misma idea, aunque, después de describir los antecedentes patológicos del acusado, aclara que el mismo puede presentar conductas impulsivas de descontrol afectivo, desproporcionadas o inadecuadas, como respuesta a situaciones estresantes para el informado, en cuyo caso el estado patológico del mismo sería compatible con afectación parcial de sus funciones intelectuales superiores, consistente en su limitación de capacidad de obrar o determinarse libremente, lo que, en definitiva, sería una disminución de la capacidad volitiva del sujeto. Significativo es también el informe del Doctor Don Hipolito, Psiquiatra del Centro Asistencial de DIRECCION003 de Palencia, de fecha 9 de Noviembre de 2.021, que, tras 6 meses de observación del acusado, ingresado en dicho centro (tras la sentencia del Juzgado de Menores que acordó dicho ingreso como medida necesaria), se considera que no cumple con todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada del trastorno del espectro de esquizofrenia (a que se referían diagnósticos anteriores que constan en su historia clínica), optando por mantener un diagnóstico de trastorno psicótico sin especificación.

En definitiva, a la vista de tales informes, no hay base suficiente para sostener que la imputabilidad del acusado estuviese afectada en forma alguna, por lo que no puede sostenerse la aplicación de la eximente ni de la atenuante tal y como se pretende por la parte apelante, que se aferra, ciertamente, a los datos de su historia clínica en el que aparecían rasgos de trastorno esquizotópico e incluso de posible esquizofrenia, pero que, como hemos visto, han sido descartados, por lo que el acusado ha sido clasificado como paciente con trastornos psicótico sin especificación, lo que excluye la existencia de una grave patología mental, que constituye la base necesaria para hablar de tales eximente y atenuante, y sin que conste, por otra parte, que, en los momentos puntuales en que el acusado cometió los graves hechos enjuiciados, el mismo tuviese gravemente afectada su capacidad de saber y querer.

El motivo de impugnación también se desestima".

El cauce casacional elegido exige el respeto absoluto al hecho probado. Pero éste, leído en combinación con los fundamentos de derecho, permite entender como posible, como algo no descartable (da la sensación de que si lo rechaza la Audiencia es por la vieja y erradicada doctrina de que las eximentes deben estar tan probadas como el hecho mismo), que ese trastorno que se da por acreditado tuviese en este caso alguna incidencia, por ligera que fuese, en la capacidad de autocontrol del acusado. Su historial clínico revela padecimientos psíquicos persistentes que, siendo insuficientes para una exención incompleta, sí deben abrir paso, al menos, a una atenuante analógica. Su eficacia en la penalidad va a ser nula. Sin embargo conforme a la jurisprudencia de esta Sala (Vid. SSTS de 13 de junio de 1990, 15 de septiembre de 1993, 1332/2002 de 15 de julio, 628/2000, de 19 de abril, 1754/2003, de 26 de diciembre ó 335/2017 de 11 de mayo) abriría la puerta para manejar junto a la pena, medidas de seguridad si en su caso fuesen lo aconsejable (lo que no aparece justificado en este caso); así como a un tratamiento penitenciario más acomodable a los trastornos psíquicos del recurrente.