Sentencia Penal 1050/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3364/2022 de 20 de noviembre del 2024

PRIMERO.- 1.1.- Los cuatro condenados, recurrentes ahora, lo fueron, respectivamente como autor --don Nazario--; como cooperadores necesarios --don Pedro Miguel y don Juan Ramón--; y como cómplice -doña Celia--, de un delito de fraude a la Seguridad Social de los previstos en el artículo 307. 1 y 2 y 307 bis 1 a) y c) del Código Penal, resultándoles impuestas las penas ya referidas en los antecedentes de esta resolución.

1.2.- Cada uno de ellos interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia, --que estimaba en parte algunos de los recursos de apelación modulando las penas impuestas en la primera instancia respecto a tres de los condenados--. La presentación personal o individual de cada uno de los recursos de casación no puede oscurecer, sin embargo, la evidente circunstancia de que entre las diferentes impugnaciones se advierte una coincidencia tan sustancial (muchas veces, incluso formal, con reiteración extensa de párrafos idénticos), que justifica sin perjuicio de muy concretas y determinadas particularidades, su tratamiento conjunto.

En efecto, todos ellos se estructuran sobre la base común de dos motivos de impugnación. El primero, interpuesto por el cauce que ofrece el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la pretendida infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia de cada uno de los condenados, entrelazándose (reiterándose en muchas ocasiones) en cada uno de los recursos las razones que justificarían dicha reivindicación. En el segundo y último motivo de impugnación de cada uno de los recursos, al amparo ahora de las previsiones contenidas en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --infracción de ley--, se reputan indebidamente aplicados los artículos 307. 1 y 2 y 307 bis 1 a) y c) del Código Penal, también por razones indistinguibles.

1.3.- Sirva lo anterior para comprender que este Tribunal procederá a abordar conjuntamente el contenido de los cuatro recursos, sin perjuicio, naturalmente y por lo que respecta al primero de sus motivos, de que debamos detenernos en lo necesario en lo que cada uno tiene de particularmente distintivo.

SEGUNDO.- 2.1.- Explica nuestra reciente sentencia número 138/2024, de 15 de febrero, incidiendo en la línea ya marcada por otros muchos precedentes: <

La verificación de la existencia de prueba de cargo bastante -recuerdan las SSTS 429/2023, 1 de junio; 399/2022, 22 de abril; 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero-, cuando se trata del recurso de casación promovido frente a una sentencia dictada en grado de apelación por el Tribunal Superior de Justicia, no puede prescindir del hecho de que la valoración de la prueba efectuada por el órgano de instancia ya ha sido objeto de fiscalización por la novedosa vía impugnativa que, aunque con un retraso histórico, ha sido arbitrada por la indicada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015. Se trataba, pues, de hacer efectivo el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior, tal y como reconoce el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La primera consecuencia, en ocasiones olvidada, es que el objeto del presente recurso no es la sentencia dictada en la instancia y confirmada en la apelación. El único objeto de la casación penal es la resolución emanada del Tribunal Superior de Justicia al pronunciarse sobre el recurso de apelación formalizado. De ahí que los argumentos que sirven de vehículo para expresar -ya en casación- la discrepancia con el desenlace del proceso tienen que centrarse en lo resuelto por el Tribunal ad quem, que en el marco de la apelación, es precisamente el Tribunal Superior de Justicia.

Por consiguiente, el esfuerzo argumental dirigido a cuestionar los razonamientos que se deslizan en la sentencia dictada inicialmente por la Audiencia Provincial desenfoca el alcance del recurso de casación promovido. La oportunidad que brindan los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, para hacer valer un recurso de casación por vulneración de derechos fundamentales, no puede ser interpretada como la última ocasión para reiterar ante el Tribunal Supremo argumentos que no fueron atendidos en la instancia. La Ley 41/2005 no ha creado una apelación encadenada que autorice la repetición de aquello que no ha sido estimado en lo que erróneamente se interpretaría como la primera apelación.

Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio; 302/2020, 12 de junio)>>.

2.2.- En suma, y por lo que ahora importa, nuestra función aquí no consiste en valorar de forma definitiva el resultado de la prueba practicada en el juicio, tomando como mero antecedente necesario lo resuelto al respecto en primera y segunda instancia; ni en someter a contraste la legítima tesis sostenida por el recurrente con la valoración probatoria efectuada en la resolución que recurre, para escoger la que nos parezca más plausible. La prueba fue valorada por el órgano jurisdiccional de la primera instancia y sus consideraciones resultaron sometidas a la fiscalización que al recurso de apelación corresponde, satisfaciéndose con ello el derecho del condenado a que un Tribunal funcionalmente superior someta a revisión las consideraciones, --también en el ámbito propio de la valoración probatoria--, que sustentan aquel primer pronunciamiento (el derecho a la doble instancia).

Así entendido, para que el motivo de casación construido sobre la base de una pretendida vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia pudiera alcanzar buen éxito, resultaría preciso bien que este Tribunal Supremo no identifique la existencia de prueba de cargo alguna (inexistencia de prueba); bien que observe que aquella de la que se dispuso resultó obtenida con vulneración de derechos fundamentales (nulidad de la prueba); bien que en su desarrollo quedaron desatendidos principios esenciales del procedimiento, --defensa, contradicción, inmediación, unidad de acto-(prueba irregular); o, por fin, que no pueda afirmarse que la misma, --existente, válida y regular--, debe reputarse bastante para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya fuera por deficiencias relevantes en el método de valoración empleado (partiendo de inaceptables presunciones, sobrevalorando el resultado de medios probatorios irrelevantes, etc.), ya por ausencia de ponderación de elementos relevantes de descargo; culminando nuestro juicio en la comprobación de que el resultado probatorio obtenido merece calificarse como razonable y aparece suficientemente razonado.

2.3.- Argumentan los recurrentes, primeramente, que no se ha practicado prueba alguna, más allá de un mero juicio de inferencia, que califican como "plagado de especulaciones y de presunciones contra reo", que acredite que D. Luis Pedro fuera administrador de hecho del conocido como DIRECCION002, del que formaban parte las tres empresas cuya actividad comercial dio origen a la deuda mantenida con la Seguridad Social. Su fallecido hermano, don Jacinto, era en realidad el administrador único de todas ellas, destacando los recurrentes que por la sola circunstancia de que don Luis Pedro tuviera un importante paquete de participaciones en las referidas empresas y poderes amplios para representar a las mismas, no puede, razonablemente, concluirse que operase en ellas como administrador de hecho, sin que se haya acreditado en ningún momento, siempre a juicio de los recurrentes, que don Luis Pedro actuara materialmente ejerciendo funciones como administrador de las sociedades o del grupo. Seguidamente, sin embargo, se reconoce que la sentencia analiza las concretas funciones de don Luis Pedro en el DIRECCION002, pero los recurrentes le reprochan que la prueba testifical que se toma en consideración, protagonizada por el Sr. Bernardino, no resulta en absoluto convincente, oponiendo a la misma otras testificales, que las defensas consideran más fiables.

2.4.- Se trata, en sustancia, de razonamientos o quejas que ya fueron abordadas en la sentencia que se recurre ahora, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, --fundamento jurídico quinto--, a cuyos esmerados razonamientos nada, verdaderamente sustancial, podríamos añadir aquí. Se pondera, en ella, en síntesis, que don Luis Pedro no sólo era socio de las tres sociedades en proporción tal que hace difícil pensar que le era ajena la gestión directiva (ostentaba en las tres, unas altas proporciones del accionariado, respectivamente, del 45 %, en una de ellas y las mayoritarias del 60 % y 66,6 % en las otras dos); sino que también aparecía como apoderado de todas ellas, disponiendo de poderes notariales "amplios y no limitados y además figuraba dado de alta (laboral y en S.S.) con la categoría de gerente, con lo que su poder formal decisorio es claro, según la (en este punto) indiscutida prueba documental consistente en las certificaciones del Registro Mercantil obrantes a los folios 504 a 515 y 571 a 661". Pero es que, además, la sentencia impugnada reproduce el contenido de los poderes concretamente otorgados, explicando que consistían en: "la realización de actos de administración, de cobros y pagos, actos de disposición, actos de comercio y sociedades, actos relacionados con títulos, valores y práctica bancaria, actos relacionados con la práctica administrativa y judicial, y la amplia posibilidad de sustituir el poder otorgado en todo o en parte y de otorgar poderes generales o especiales, con las facultades que estimase conveniente".

A partir de las anteriores consideraciones, se pondera en la sentencia impugnada que el propio acusado reconoció que a él correspondía la gestión del grupo, al menos en la faceta técnica relativa al personal (tan relevante aquí, como después se concretará), y, aunque se admitiera que la gestión de otros aspectos (contratación con clientes, en particular) la compartía con su después fallecido hermano, lo que se reputa dudoso vista la declaración de los testigos a los que después se hace referencia, lo cierto es que ello no sería obstáculo para considerarle como administrador de hecho, aunque no fuera en exclusiva, del grupo empresarial. En cualquier caso, la sentencia impugnada añade seguidamente una consideración que nos resulta de la máxima importancia: "el verdadero activo de la empresa, al ser subcontratista de las tareas de albañilería, eran sus cualificados trabajadores (albañiles) junto con el núcleo de dirección operativa (los experimentados trabajadores, a los que luego se hará referencia nominal, que eran: uno ocupado en la gestión de documentación, otro, el encargado de prevención de riesgos laborales y especialmente, el resto, sus eficaces jefes de obra) estructura operativa dirigida (con la eficacia y profesionalidad ya reconocida) por el encausado D. Luis Pedro; con lo que, siendo capital humano, sin necesidad -como resalta la Sentencia de instancia- de maquinaria pesada, y ni siquiera ligera, (los trabajadores en su mayoría aportaban sus propios útiles o herramientas de albañilería que, en todo caso, son de ínfimo valor material como es notorio, art. 281.4 LECV) , con lo que ese -llamado inadecuadamente- "capital humano" era fácilmente traspasable de una empresa societaria a las otras".

Sentado lo anterior, la sentencia impugnada procede a realizar un detenido análisis del resultado de la prueba testifical. Comienza por referirse al que protagonizó don Bernardino, que gestionaba la documentación de la empresa desde varios años atrás. No deja de abordar la sentencia las objeciones de los recurrentes acerca de la situación de enfrentamiento personal que el testigo mantiene con don Luis Pedro, pero tampoco de ponderar que aquél aseguró que quien dirigía el grupo era su primo Luis Pedro y que don Jacinto "era un firmante, por decirlo de alguna manera. En la oficina estaba muy poco tiempo. Y si lo estaba, estaba en sus asuntos". La sentencia impugnada admite que "esta reconocida enemistad derivada de resentimiento al verse arruinado por culpa (según él) de D. Luis Pedro, desde luego que desvirtuaría su testimonio (como defendió enérgicamente su dirección letrada en la vista), si fuera la única probanza de cargo, pero, como se verá, obran muchas otras pruebas documentales y testificales que confirman lo que declara". Otras pruebas documentales y testificales que, seguidamente procede a desgranar la resolución recurrida, de forma coherente, minuciosa y precisa, sin mácula alguna en el método empleado y sin que se advierta en la valoración realizada arbitrariedad o irracionalidad de ninguna naturaleza. Así, los testimonios del Sr. Hugo, encargado de la actividad de prevención de riesgos laborales, el de los jefes de obra, Sres. Joaquín y José, o los responsables de dos de las principales empresas contratistas. Así, por ejemplo, el Sr. Leoncio, quien reconoció la comunicación de D. Luis Pedro indicándole que ya no podía continuar con las empresas del DIRECCION002 pero que podían seguir las obras con la empresa de DIRECCION000. Su testimonio es uno de los elementos clave de la más que razonable redacción de los hechos probados que recoge la sentencia impugnada.

En definitiva, este primer elemento cuestionado descansa en la existencia de prueba de cargo válida, regularmente practicada y tomada en consideración, junto al resto de las pruebas practicadas en el juicio, suficiente para sustentar sin detrimento alguno del derecho constitucional a la presunción de inocencia este primer aserto fáctico.

2.5.- Seguidamente, consideran también quienes ahora recurren que, cesada la actividad en el DIRECCION002, precisamente como consecuencia de la imposibilidad de obtener nuevos contratos a la vista de la deuda pendiente con la Seguridad Social, no habría resultado tampoco acreditado que los medios de producción de aquel grupo empresarial, se pusieran, por decisión de Luis Pedro, al servicio de una nueva empresa, creada ad hoc con esta finalidad, en la que aquel conservaría la gestión efectiva de la misma, aunque haciendo aparecer formalmente como administrador a uno de sus antiguos empleados, el también acusado, Pedro Miguel, --que, naturalmente, percute en su propio recurso sobre estas mismas consideraciones--.

2.6.- Se observa, sin embargo, que la sentencia impugnada, nuevamente de forma minuciosa y precisa, da buena cuenta de los elementos probatorios que apuntan con solvencia en la dirección contraria. No solo se hace referencia al ya citado testimonio de don Leoncio, director técnico entonces de una de las empresas que contrató con la recién creada, explicando que el propio don Luis Pedro le indicó que ya no podía continuar trabajando con las empresas del DIRECCION002 "pero que podían seguir las obras con la empresa de DIRECCION000", sin que quien figuraba como administrador de la misma tuviera en ello intervención alguna. Igualmente, la sentencia ahora impugnada hace referencia al resultado del testimonio prestado por don Luis Angel, como al contenido de los dos informes elaborados por el detective privado don Luis Pablo, --expresivos de la constante presencia "a diferentes horas y durante diferentes periodos de estancia, de varios integrantes de la familia Jose Enrique en la sede de DIRECCION000", destacando que: "el encausado Luis Pedro abría personalmente la sede de DIRECCION000 utilizando las llaves que al efecto portaba". Igualmente, la sentencia recurrida valora que dichos informes permiten, en relación con los demás elementos probatorios que tiene en cuenta, que se considere acreditada: "no solo la presencia de antiguos trabajadores de las empresas del DIRECCION002 que ahora trabajaban para DIRECCION000 (Sres. Casiano, Jesús, Justo, Cornelio, Marino, José, Hugo, Maximiliano, Joaquín y Bernardino), sino, sobre todo, la recurrente presencia de los encausados Luis Pedro y Celia, así como de su hermano Jacinto y del padre de todos ellos, Teofilo, permaneciendo todos en dicha oficina durante largos periodos, entrando y saliendo con el personal, e incluso recibiendo a personas ajenas a la empresa".

En cualquier caso y abundando en el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio, se pondera igualmente en este sentido el contenido de las actas de inspección de trabajo, que fueron confirmadas personal y directamente por la Inspectora Sra. Candida, de lo que se evidencia que "no se trataba sólo de coincidencia de trabajadores, sino de una verdadera estructura empresarial creada para continuar con la misma actividad, con el mismo esquema funcional (el núcleo operativo de la empresa, ya descrito) y, muy especialmente, la misma dirección y titularidad efectiva (ostentada por D. Luis Pedro, el principal condenado ". Muy expresiva resulta al respecto la trascripción del siguiente párrafo de la resolución impugnada: "en el momento de la visita de la inspectora a la sede de DIRECCION000, el día 25 de Agosto de 2013, pudiendo observar de forma directa comportamientos y situaciones que claramente apuntan a que el verdadero propietario de la empresa -y por ende el verdadero empresario- era Luis Pedro, limitándose Pedro Miguel a ejercer formalmente como tal, pero estando al entero servicio de aquél. La Sra. Candida describió que, cuando se disponía a entrar en el inmueble, se topó con D. Pedro Miguel, ante el que se identificó e informó del motivo de su visita, entrando ambos al local, siendo llamativo que -como la testigo señaló- el mismo no pareció interesado en su actuación inspectora respecto del personal de la empresa allí existente (indicó que lo habitual, según su experiencia, es que la mayoría de los empresarios se mantengan presentes para así presionar a sus trabajadores), sino que, lejos de ello, se dirigió de inmediato ("apresuradamente", como se describió en el informe) a su despacho. Sorprendida por ese comportamiento nada habitual y tras identificar a los allí presentes, la Sra. Candida relató que se dirigió de inmediato a ese despacho, encontrando allí al encausado Luis Pedro, al que también identificó, desmintiendo así a este último cuando afirmó en el plenario que no se encontraba en ese despacho, sino fuera, sentado en una silla. Es un dato relevante que Luis Pedro ocupase ese despacho, incluso cuando el aparente propietario de la empresa abandonaba las oficinas, topándose en ese momento con la Sra. Candida; como también lo es que, al entrar a las oficinas, se dirigiera de inmediato a ese despacho pues ello revela que fue a dar cuenta a Luis Pedro de la presencia de la subinspectora de trabajo, esto es, le dio cuenta de ese hecho tan relevante y peligroso para su estrategia fraudulenta a quien en realidad manejaba la empresa. Máxime cuando era su antiguo jefe, siendo reconocido que acudía de forma casi diaria a dichas instalaciones, motivo por el que carece de la más mínima credibilidad la única excusa que fue capaz de articular D. Luis Pedro en aquel momento ante la testigo inspectora, afirmando que eran simplemente amigos y que tenía un restaurante en la cercana calle de La Noria llamado "La Suite", siendo esa la razón por la que se encontraba allí (en el plenario indicó que era propietario, junto con otros tres socios, del referido restaurante, si bien él no se encargaba de ese negocio, por lo que su presencia en la calle Miraflores no se justificaba por ese motivo), en el despacho de dirección de la empresa, aun cuando Pedro Miguel -el formal empresario- había abandonado las instalaciones".

Finalmente, y valorando las propias declaraciones del acusado Pedro Miguel, la sentencia impugnada observa: "Es de indicar que, en su declaración, manifestó que las obras que había conseguido para su recién constituida empresa societaria, se las habían conseguido sus antiguos superiores en las empresas del DIRECCION002, Sres. Hugo y Maximiliano. Ello, lejos de desmentir su participación, confirma la calificación de testaferro del citado D. Pedro Miguel, pues si, efectivamente, los encargados de obra e integrantes del cuadro operativo del DIRECCION002, Sres. Hugo y Maximiliano, eran los que tenían los contactos para conseguir las obras, lo natural es que ellos mismos fueran los que constituyeran la nueva sociedad de albañilería, no una persona jubilada, enferma y cuya única experiencia era la de haber sido albañil durante toda su vida laboral, sin duda un buen profesional, prestigiado, con toda la solvencia técnica en esa labor, pero carente de conocimientos ni experiencia de gestión directiva (ni siquiera elemental) ni experiencia o conocimientos constructivos técnicos de un mínimo nivel".

Por otro lado, la participación en los hechos, siquiera fuese a título de cómplice, de la acusada, también recurrente, Celia, resulta con refulgencia del hecho de que la misma resultara nombrada, conociendo el sentido y finalidad de dicha función, apoderada de la empresa DIRECCION000, lo que no se comprendería fácilmente si no hubiera sido su hermano Luis Pedro quien en realidad la administraba; nombramiento obediente a que, como ella bien conocía, pudiera aquél mantener el control de la empresa recién constituida y que, solo fiduciariamente, administraba Pedro Miguel.

Una vez más, hemos de respaldar aquí, haciendo propios sus acertados razonamientos al respecto, las consideraciones que se contienen en la resolución impugnada acerca de la suficiencia (presupuesta su validez y regularidad) de la prueba de cargo practicada en el juicio, para enervar, también en este punto, la presunción de inocencia de los acusados.

2.7.- Lo cierto es que, detectada la sucesión de empresas desde el DIRECCION002 a la recién creada DIRECCION000. y en aplicación de la normativa establecida al respecto, tuvo lugar la correspondiente derivación de responsabilidad de la deuda que con la Seguridad Social mantenían las empresas del grupo hacia la mercantil recién creada lo que, por extensión, determinó la imposibilidad de que ésta continuara desarrollando su actividad comercial, por las mismas razones que las empresas del conocido como DIRECCION002 no pudieran tampoco con anterioridad seguir desplegándola. Y en tal circunstancia, conforme se asienta en el relato de hechos probados de la sentencia impugnada, los medios de producción de los que Luis Pedro disponía, con el designio de mantener su actividad profesional, se desplazaron a una tercera empresa, de la que era administrador único el también acusado don Juan Ramón.

A este respecto observan los recurrentes, igualmente en el marco de su reivindicación del derecho a la presunción de inocencia, que esta última empresa, Hi&da Gestión en Eficiencia Energética S.L., había sido creada y se encontraba funcionando con notable anterioridad, proclamando, además, que ninguna prueba existe de que Luis Pedro mantuviera en ella control efectivo alguno, que, se aduce, infiere la sentencia de la única circunstancia de que resultara ser cuñado de su administrador, el también acusado don Juan Ramón.

2.8.- Basta, sin embargo, nuevamente proceder a una desapasionada lectura de la sentencia impugnada para comprender que no es, naturalmente, la referida relación de parentesco la que determina la consideración de que, derivada la deuda del grupo inicial a DIRECCION000., ésta se vio compelida, al no poder hacerle frente, a cesar su actividad, de tal modo que una significativa parte de sus trabajadores, bajo el mando y dirección de Luis Pedro, se incorporaron a la empresa, ciertamente ya existente que el cuñado de éste administraba, continuando trabajos ya anteriormente contratados por aquél, quien se desempeñaba, en ese ámbito de actividad, como administrador de hecho de la empresa en lo por él convenido con terceros clientes.

En tal sentido, se explica en la sentencia impugnada que: "D. Luis Pedro dirigía efectivamente las obras (al menos las cinco subcontratadas que provenían de DIRECCION000) encontrándose la declaración del Gerente de la constructora (Construcan) que le otorgó las subcontratas (el citado Sr. Mariano) que manifestó que su Jefe de Obras Sr. Luis Angel, a su vez, le había manifestado que "por parte de DIRECCION000 disponen de una empresa amiga que se ofrecía a acabar la obra y que esta empresa era solvente. Que la empresa era HI & DA", siendo su jefe de obra el que al efecto mantuvo los contactos con Joaquín. Es decir, D. Joaquín actuó como jefe de obras de una y otra empresa para conseguir que la subcontrata que venía ejecutando DIRECCION000 fuera seguida, sin solución de continuidad, por HI&DA (la empresa "amiga"), continuando así la actividad cuando la primera comenzó a ser inoperativa por sus deudas con la Seguridad Social. El Sr. Mariano confirmó que a partir de ese momento, Construplan contrató con HI&DA la ejecución de varias obras más: Espacios Turísticos Varadero Ayuntamiento de Guía de Isora, Barceló Varadero II y Apartamentos Castillo de Sol en La Palmas. Añadió que en septiembre de 2015 volvieron a aparecer los problemas pues tuvo conocimiento de que los trabajadores de HI&DA estaban cobrando tarde, por lo que se volvió a pedir de manera más exigente la documentación, momento a partir del cual Juan Ramón empezó a acudir a la obra e incluso a llamar al testigo, pues hasta esa fecha no había mantenido contacto con él, pese a que formalmente era el administrador único de HI&DA. Afirmación que acredita aún más que la gestión frente a Construplan se efectuaba directamente por Joaquín, que era la persona de confianza de Luis Pedro y por este último. El Sr. Mariano señaló que a partir de ese momento se decidió por Construplan pagar a HI&DA y que ésta, en el mismo acto, endosara los talones a los trabajadores, con el fin de cubrir sus salarios".

Nuevamente, resulta que el relato de los hechos que se declaró probado en la sentencia dictada en primera instancia, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia, se asienta en la práctica de prueba de cargo bastante para desvirtuar la presunción de inocencia, descansando sus consideraciones, detalladas y precisas, en juicios plenamente razonables y que excluyen, con solvencia suficiente, cualquier otra hipótesis alternativa.

2.9.- Por último, observan todos los recurrentes que, incluso aceptando la sucesión de empresas que ha sido descrita, no podría considerarse acreditado que dichas conductas se realizaran con el propósito de defraudar a la Seguridad Social, elemento subjetivo que estaría también y por entero ayuno de prueba.

Ciertamente, la sentencia impugnada consigna en el relato de los hechos que considera probados no solo la objetiva sucesión de acontecimientos externos sino también el propósito con el que los diferentes acusados en el procedimiento actuaron. Nada hay censurable en ello. Así, determina, en concreto, que "el encausado Luis Pedro, actuando de facto como verdadero titular y/o gestor de DIRECCION000. y HI&DA Gestión en Eficiencia Energética, S.L., con el propósito de defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social para así obtener un beneficio económico y siguiendo un plan preordenado, en los justos términos ya relatados, dejó de pagar a la Seguridad Social las cuotas a las que estaba obligado".

Ciertamente, la sentencia impugnada explica, por lo que a esta cuestión respecta, que el propósito defraudatorio fluye con naturalidad de la circunstancia de que "en el presente caso, la dualidad (administrador de hecho versus administrador de Derecho) sí que tiene incidencia en la sucesión de empresas, es decir que el administrador de hecho (D. Luis Pedro) era el mismo en ambas: una, la empresa anterior, ya desahuciada del tráfico mercantil por deudas a la TGSS y la ficticia empresa creada posteriormente, "ad hoc", para seguir en la misma actividad, con el mismo equipo o cuadro directivo (el núcleo operativo que antes se ha expuesto), la misma clientela, sucediéndola en obras en curso y, sobre todo, la misma dirección y titularidad efectiva" . Estos elementos objetivos que sirven a la resolución recurrida para asentar la correspondiente inferencia acerca del propósito o intención que animaba a los acusados han sido, como se analizó más arriba, suficientemente acreditados. Resta ahora analizar si a partir de aquellos, los hechos base, se sostiene, con exclusión de cualquier otra alternativa razonable, la mencionada inferencia. La cuestión, sin embargo, inescindiblemente conecta con el segundo y último de los motivos de recurso y será abordada seguidamente.

TERCERO.- 3.1.- La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, inmediatamente antes de abordar los diferentes motivos de impugnación que conformaron los recursos que resuelve, procede a sintetizar, con particular maestría, el relato de los hechos que se consideraron probados. Es oportuno reproducir ahora dichas consideraciones: "En un esfuerzo de síntesis de los hechos, analizados profusamente a lo largo de la muy detallada y extensa Sentencia de instancia, podremos resumirlos en que el principal acusado, D. Luis Pedro (conocido como Luis Pedro) cabeza visible de un importante grupo de empresas subcontratistas de albañilería (el llamado DIRECCION002), tras una trayectoria de muchos años de actividad sin incidencias, (teniendo ganado prestigio como contratista fiable económica y técnicamente por la cualificación de sus albañiles y jefes de obra), se vio dificultado por la crisis económica que sufrió el sector de la construcción en los años de los hechos, debido a impagados de sus clientes y a la propia baja de la actividad de la construcción, por lo que acumuló deuda de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), lo que le impedía seguir su actividad ya que las empresas contratistas (las principales eran Syocsa y Construcan) le exigían, para continuar con las subcontratas y siguiendo la normativa vigente, certificación de no adeudar cuotas a la TGSS.

Para eludir este obstáculo, acudió a un albañil de confianza, que había estado trabajando con sus empresas largo tiempo, y que estaba jubilado D. Pedro Miguel (que debe distinguirse de D. Jacinto -entretanto fallecido-, hermano del principal implicado y también socio y administrador del DIRECCION002), el cual constituyó una sociedad ( DIRECCION000.) de la que era único socio y administrador (si bien hizo que éste apoderara a su hermana, la cuarta de las condenadas -Dª Celia-, a modo de garantía o control) a la que desvió su actividad, con trasvase de una parte de los trabajadores, más el núcleo o estructura operativa de su anterior grupo de empresas (el administrativo experto en la documentación, y los principales Jefes de Obra) y las contratas que tenía, (hasta un total de doce), y continuó con su actividad, asumiendo él mismo la dirección, (si bien figuraba y acudía con cierta regularidad a las oficinas el jubilado D. Pedro Miguel, que aparentaba ser el dueño) hasta que se repitió la situación (nuevas deudas de cuotas a la TGSS) dejando entonces inoperativa esa empresa societaria, como había hecho con las tres empresas societarias originales del DIRECCION002.

Entonces acudió a D. Juan Ramón, familiar (cuñado), que ya tenía una empresa del mismo ramo, denominada "HI&DA, Gestión en eficiencia Energéticas, S.L." (en adelante HI&DA) y que tenía actividad propia, más modesta que la del principal implicado D. Luis Pedro, con la que hizo la misma operación anterior, si bien en menor medida, ya que las obras traspasadas fueron sólo cinco y el trasvase de trabajadores y del núcleo operativo fue menor, ya que esta última empresa tenía actividad propia anterior. Igualmente se produjo la misma situación de deuda ante la TGSS. Ésta, tras detectar los lazos entre las empresas, derivó sucesivamente a lo largo de los años que duró la operación descrita, la responsabilidad a las empresas societarias citadas y a los administradores de ellas, los aquí condenados".

3.2.- Consideran la totalidad de los recurrentes, invocando el motivo de casación contemplado en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, aun aceptando los hechos que aquí se declaran probados, no se colman las exigencias típicas del delito de fraude a la Seguridad Social.

Explican los recurrentes, en síntesis, que los tipos penales aplicados demandan la presencia de una determinada modalidad de acción u omisión, que comporte alguna clase de conducta engañosa dirigida a que la Tesorería General de la Seguridad Social desconozca los hechos que fundamentan el origen y la cuantía de la deuda, bien sea total o parcialmente. El simple impago de la cotización empresarial, subrayan, o de la parte proporcional de la cuota obrera correspondiente al empresario carece de relevancia penal. Son necesarios los elementos objetivo y subjetivo, siendo por consiguiente imprescindible el ánimo de defraudar, evidente en quien de propósito declara mal o torticeramente, pudiendo darse también en quien no declara, equivaliendo por tanto el fraude a efectos punitivos a desfigurar las bases tributarias o de cotización a la seguridad social con el fin de eludir la obligación de satisfacer determinados impuestos o el pago de las cuotas de la Seguridad Social. El que simplemente no paga, pero ha reconocido la deuda, comete una infracción administrativa pero nunca un delito.

Y entienden que, en el caso, que "los hechos probados de la sentencia de instancia describen objetivamente una sucesión de sociedades, que van apareciendo como consecuencia de unas vicisitudes empresariales o económicas, y no un entramado de empresas diseñado expresamente para no cumplir con las obligaciones de pago a la Seguridad Social, que son dos supuestos bien distintos. No estamos, en el caso analizado, ante un entramado clásico de defraudación". Después de destacar que las empresas del conocido como DIRECCION002 habían venido trabajando con plena regularidad y en el mismo sector de la construcción durante aproximadamente veinte años, y abonado a lo largo de ese período en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social más de treinta millones de euros, quieren los recurrentes poner en valor que "no se falseó ni se omitió ninguna declaración, coincidiendo la deuda reclamada por la Seguridad Social con la deuda declarada por las empresas del grupo". A partir de aquí, explican que ni se ocultó deuda alguna, ni tampoco se eludió el pago de las cuotas por parte de las empresas que habrían sucedido a las del DIRECCION002, que, al contrario, tal y como resulta igualmente acreditado "(dado que funcionaban contra factura, dependiendo de los cobros de certificaciones para a su vez poder cumplir con sus obligaciones) pagaron cuotas a la Seguridad Social con recargos, lo que difícilmente se compadece con una voluntad de defraudar a la Seguridad Social".

Y seguidamente precisan los recurrentes que: "Es evidente que desde el momento en que se produjo la derivación de responsabilidad de las deudas del DIRECCION002, primero a DIRECCION000. y luego a Hi&da Gestión en Eficiencia Energética S.L., éstas ya no pudieron obtener un certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y murieron de facto, al no poder seguir operando en el tráfico mercantil, fruto de esa extensión de responsabilidad. Por tanto, a la vista de estos hechos, estas sociedades no pueden considerarse como un entramado constituido con la finalidad de eludir el pago a la Seguridad Social, pues consta que pagaron, incluso con recargos y aplazamientos, su deuda propia (que en todo momento declararon sin cualquier rastro de ocultación), siendo así que la deuda que se les reclama es exclusivamente fruto de la derivación de responsabilidad de la deuda del DIRECCION002".

Se trata, además, de extremos, todos ellos, que ciertamente no se niegan en la sentencia impugnada . Al contrario, en la misma puede leerse: "Efectivamente, constatamos que la deuda generada es la que ha sido declarada por las empresas, pues son ellas la que redactan y presentan mensualmente ( arts. 59 y 60 del R.D. 1415/04 ), los documentos citados, con detalle de los trabajadores, sus bases de cotización y las correspondientes cuotas (los citados TC1 y TC2), sin que haya habido (o, al menos, la Inspección nada ha detectado) omisión de trabajadores, ni períodos trabajados sin alta o sin cotizar, ni defectos en las bases de cotización (la frecuente infracotización) ni ninguna otra irregularidad en la declaración de las cuotas, como bonificaciones o exenciones indebidas". Sin embargo, seguidamente, la resolución impugnada objeta: "Acontece, sin embargo, que el delito puede cometerse mediante cualquier otro mecanismo defraudatorio, como ha declarado la jurisprudencia y ha resuelto esta Sala, en nuestra Sentencia de 26-2-21 , entre otras, mediante el mismo mecanismo defraudatorio aquí empleado: la sucesión de empresas mediante una huida hacia delante, dejando morir a las empresas societarias deudoras y continuando la actividad mediante nuevas sociedades mercantiles ("limpias") que encubren la misma actividad del mismo empresario real".

3.3.- Como recuerda nuestra sentencia número 957/2023, de 21 de diciembre, con cita de otras anteriores, es pacífica la estimación de que los meros impagos no rellenan las tipicidades manejadas. Se hace indispensable, identificar unos mecanismos fraudulentos, normalmente asociados a la ocultación de la deuda. La creación de empresas ficticias, entramados empresariales con complicadas estructuras que permiten tapar a los reales responsables, la fraudulenta sucesión de empresas para romper los hilos con deudas preexistentes..., son algunos de los mecanismos habituales aptos para generar un engaño y colmar el elemento de fraude que requieren estas tipicidades. Cuando se usan esos artificios para ocultar deudas o para fingir la desaparición de la deudora, e imposibilitar el cobro, estaremos ante modalidades de fraude.

Ciertamente, en el caso, no se describe en el relato de los hechos que se consideran probados ninguna clase de ardid o conducta engañosa orientada a falsear o disimular la deuda contraída por las empresas del grupo inicial con la Seguridad Social. Al contrario, el importe de esta deuda, deducido de las propias y preceptivas declaraciones empresariales, siempre fue conocido por la TGSS y, a la postre, es el aquí reclamado. Cierto que Luis Pedro, administrador de hecho de las empresas que conformaban el grupo, ante la imposibilidad de satisfacer esa deuda, generada en el contexto de una crisis inmobiliaria aguda (inmediatamente antes y después del año 2010), y comprobado que la misma le impedía seguir desarrollando su actividad al exigirle los clientes encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, resolvió la artificiosa creación de una distinta empresa, en la que disimulaba su efectiva intervención como administrador, sirviéndose de un testaferro (otro de los acusados) y apoderando a su hermana (acusada también) como elemento que le garantizaba mantener el control de la nueva mercantil. Empleando ésta, sirviéndose de sus antiguos trabajadores (al menos en una parte significativa) y de los cuadros personales técnicos de los que disponía el DIRECCION002, completó las obras, ya contratadas por éste, y convino la realización de otras nuevas. Esta nueva empresa, DIRECCION000., se mantuvo desde su creación al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, --nada distinto se afirma en la resolución impugnada--, no incrementando en ninguna medida las deudas ya generadas, sin ardid o engaño alguno en su génesis, por las empresas del DIRECCION002, a las que sucedía. Sin embargo, descubierta por la Administración la continuidad de la empresa a través de DIRECCION000., se determinó, conforme lo establecía la normativa al respecto, una derivación de la deuda generada por las empresas del DIRECCION002 a DIRECCION000. Derivación de la deuda que, según se proclama en el relato de los hechos que se declaran probados, impidió, ante la imposibilidad del pago, que la nueva empresa pudiera continuar en el desarrollo de su actividad.

En estas circunstancias, según se deja dicho en el relato de los hechos que se declaran probados, "a fin de poder seguir desarrollando la misma actividad mercantil que hasta entonces había realizado sin abonar la deuda contraída con la Seguridad Social y ocultando su condición de verdadero empresario, salvaguardando su patrimonio personal y desvinculándose así de las deudas que se siguieran generando, utilizó esta vez, para seguir operando en el tráfico mercantil, una entidad mercantil ya constituida el 26 de octubre de 2012, contando en esta ocasión con la colaboración de su cuñado, el también encausado Juan Ramón, con DNI nº NUM006, mayor de edad en San Cristóbal de La Laguna el día NUM007 de 1979 y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, la entidad mercantil HI&DA GESTIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, SL.". Una vez más, no hay referencia alguna en la sentencia impugnada a que esta última empresa dejara de realizar las oportunas declaraciones ni de abonar tampoco las cuotas generadas como consecuencia de su actividad a la Seguridad Social. Y así se mantuvo operando en el tráfico mercantil hasta que, ya en el año 2016, descubierta por la Administración la continuidad de los trabajos bajo la dirección de Luis Pedro, y una vez más sirviéndose de los mismos trabajadores (al menos, en gran parte) y cuadros técnicos, se produjo una nueva derivación de la responsabilidad de la deuda inicial (la contraída por el grupo empresarial originario) hacia la nueva empresa, derivación que, ante la imposibilidad de realizar el pago, puso término también a la actividad de ésta.

3.4.- En este contexto podemos sin dificultad asumir las consideraciones de los recurrentes respecto a que no se identifica en el relato de hechos probados ardid o actividad engañosa alguna, activa u omisiva, que se encuentre en el origen de la deuda generada por las empresas del DIRECCION002 con la Seguridad Social. Tampoco lo afirma así la sentencia impugnada que, al contrario, asienta que la deuda trae causa de la situación económica que en aquel tiempo padecía el sector.

Ello, sin embargo, no resuelve la cuestión de manera definitiva, sino que la desplaza hacia un nuevo aspecto problemático. Se trata de determinar si la sucesión de empresa, ya tan reiteradamente descrita, en la medida en que ocultaba la participación en las mismas del propio Luis Pedro, comportó un engaño apto, sino para la generación de la deuda con la Seguridad Social, sí para eludir el pago de la previamente generada. En este sentido, procede nuevamente traer a colación lo que se deja dicho en nuestra reciente sentencia número 957/2023, de 21 de diciembre: < Código Penal desde 2015 de unas infracciones específicas de insolvencia en que están inequívocamente contempladas las deudas contra la seguridad social, acarrea como consecuencia exegética insoslayable el desplazamiento de los mecanismos defraudatorios ligados al pago (se ocultan o distraen bienes para eludir embargos, pero no se ocultan las deudas) del ámbito del art. 307 a los delitos de insolvencia punible>>. En la misma resolución se explica que, en particular en relación con los delitos contra la Hacienda Pública, se ha teorizado mucho acerca de si las conductas mendaces orientadas e impedir o dificultar seriamente el cobro, integran también la conducta típica del delito fiscal (argumentos igualmente extensibles a los fraudes contra la Seguridad Social). Y al respecto, la resolución impugnada, con cita de nuestra sentencia número 747/2022, de 27 de julio, señala que se "admite como fórmula defraudatoria apta para integrar la tipicidad del art. 305 una conducta de alzamiento u ocultación de bienes. La tesis es trasplantable al delito del art. 307".

3.5.- Lo cierto es que el relato de los hechos que se declaran probados determina que la creación de la empresa DIRECCION000. y la posterior sucesión de la actividad de ésta a través de la, ya previamente existente, HI&DA GESTIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, SL., se produjo con una doble finalidad. Por una parte, se trataba de " poder seguir desarrollando la misma actividad mercantil que hasta entonces había realizado sin abonar la deuda que tenía con la Seguridad Social"; y, por otra, "ocultando su condición de verdadero empresario", salvaguardar su patrimonio personal y desvincularse así "de las deudas que se siguieran generando".

Como observa la, tantas veces citada ya, sentencia número 957/2023, de 21 de diciembre, nos encontramos, más que ante una cuestión estrictamente jurídica, ante un problema vinculado a la prueba de los hechos sostenidos por las acusaciones. Dicha resolución observa, además: <>.

3.6.- Desde luego, no se trata aquí de determinar si, con carácter general, la fraudulenta sucesión de empresas puede ser o no, --que indudablemente puede ser--, mecanismo apto para integrar el delito de defraudación a la Seguridad Social. Lo relevante es analizar si, en el caso, dicha disimulada sucesión de la actividad empresarial se alcanza para proclamar el pleno concurso de los elementos típicos de esta figura delictiva.

No se afirma en la sentencia impugnada que la deuda originariamente generada por el DIRECCION002 tuviese origen fraudulento alguno. Al contrario, expresamente se señala que: "tras una trayectoria de muchos años de actividad sin incidencias, (teniendo ganado prestigio como contratista fiable económica y técnicamente por la cualificación de sus albañiles y jefes de obra), se vio dificultado por la crisis económica que sufrió el sector de la construcción en los años de los hechos, debido a impagados de sus clientes y a la propia baja de la actividad de la construcción, por lo que acumuló deuda de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), lo que le impedía seguir su actividad ya que las empresas contratistas (las principales eran Syocsa y Construcan) le exigían, para continuar con las subcontratas y siguiendo la normativa vigente, certificación de no adeudar cuotas a la TGSS.".

Tampoco la sentencia impugnada afirma que ninguna de las sucesiones de empresas comportara aquí disminución alguna del patrimonio de las empresas del DIRECCION002, de tal modo que se sustrajeran a la acción de la Seguridad Social ninguna clase de bienes o derechos que ésta pudiera haber ejercitado para el cobro. Al contrario, se afirma que, para poder seguir contratando, Luis Pedro resolvió canalizar su actividad a través de una empresa de nueva creación, en la que figuran como administrador y apoderada otros dos acusados en este procedimiento: "con trasvase de una parte de los trabajadores, más el núcleo o estructura operativa de su anterior grupo de empresas (el administrativo experto en la documentación, y los principales Jefes de Obra) y las contratas que tenía, (hasta un total de doce), y continuó con su actividad, asumiendo él mismo la dirección, (si bien figuraba y acudía con cierta regularidad a las oficinas el jubilado D. Pedro Miguel, que aparentaba ser el dueño) hasta que se repitió la situación...Entonces acudió a D. Juan Ramón, familiar (cuñado), que ya tenía una empresa del mismo ramo, denominada "HI&DA, Gestión en eficiencia Energéticas, S.L." (en adelante HI&DA) y que tenía actividad propia, más modesta que la del principal implicado D. Luis Pedro, con la que hizo la misma operación anterior, si bien en menor medida, ya que las obras traspasadas fueron sólo cinco y el trasvase de trabajadores y del núcleo operativo fue menor, ya que esta última empresa tenía actividad propia anterior. Igualmente se produjo la misma situación de deuda ante la TGSS. Ésta, tras detectar los lazos entre las empresas, derivó sucesivamente a lo largo de los años que duró la operación descrita, la responsabilidad a las empresas societarias citadas y a los administradores de ellas, los aquí condenados". Y se precisa también que: "el verdadero activo de la empresa, al ser subcontratista de las tareas de albañilería, eran sus cualificados trabajadores (albañiles) junto con el núcleo de dirección operativa (los experimentados trabajadores, a los que luego se hará referencia nominal, que eran: uno ocupado en la gestión de documentación, otro, el encargado de prevención de riesgos laborales y especialmente, el resto, sus eficaces jefes de obra) estructura operativa dirigida (con la eficacia y profesionalidad ya reconocida) por el encausado D. Luis Pedro; con lo que, siendo capital humano, sin necesidad -como resalta la Sentencia de instancia- de maquinaria pesada, y ni siquiera ligera, (los trabajadores en su mayoría aportaban sus propios útiles o herramientas de albañilería que, en todo caso, son de ínfimo valor material como es notorio, art. 281.4 LECV) , con lo que ese -llamado inadecuadamente- "capital humano" era fácilmente traspasable de una empresa societaria a las otras".

Por lo tanto, ninguna clase de bienes, inmuebles o muebles de cierta significación económica, fueron apartados de la posible acción de la Seguridad Social para el cobro de la deuda del DIRECCION002, como consecuencia de las dos sucesiones empresariales. Afirma la sentencia que Luis Pedro actuó con el propósito de poder continuar trabajando con sus antiguos clientes y continuar con su ordinaria actividad, pero también con el de "salvaguardar su patrimonio y desvincularse de las deudas que se siguieran generando".

Esta última referencia, sin embargo, en cierto modo equívoca, no termina de comprenderse. No acertamos a entender en qué concreto modo la sucesión de empresas pudiera contribuir a salvaguardar el patrimonio de don Luis Pedro, al menos por lo que respecta a la deuda ya contraída con la Seguridad Social por el grupo de empresas que, de facto, administraba. Puede aceptarse con naturalidad que aspirase a obtener futuros ingresos a través de las nuevas empresas que canalizarían formalmente su actividad, lo que, aunque nada se afirme en la sentencia impugnada al respecto, cabe considerar que logró, al menos durante algún tiempo. Pero lo relevante aquí es que en ningún pasaje de la resolución ahora impugnada se afirma que dichos rendimientos económicos resultaran, si en efecto se produjeron, ocultados o disimulados de cualquier forma. No se advierte, dicho de otra manera, en qué medida las responsabilidades patrimoniales en las que pudiera haber incurrido Luis Pedro frente a las deudas contraídas por el grupo de empresas que gestionaba de facto, hubieran podido ser eludidas por éste a través del descrito procedimiento de sucesión de empresas. Menos aún puede aceptarse que el desplazamiento de los trabajadores (en buena parte) y las estructuras personales del DIRECCION002, a las otras dos mercantiles, primeramente a una y después a otra se realizara con la intención de "desvincularse de las deudas que se siguieran generando", en la medida en que ello se refiera a las que pudieran contraerse con la Seguridad Social como consecuencia del desempeño de la actividad profesional, primero de DIRECCION000., y después de "HI&DA, Gestión en eficiencia Energéticas, S.L.". En la sentencia impugnada en pasaje alguno se afirma que el propósito de los acusados fuera nunca en las referidas dos empresas dejar de atender sus obligaciones con la seguridad social. Y efectivamente no hay rastro alguno de que lo hicieran. De hecho, la condena que se impone en la resolución impugnada en concepto de responsabilidad civil es correlato de la deuda generada por las empresas del DIRECCION002, ajena y previa a la constitución de DIRECCION000.y a la trasmisión de parte de sus trabajadores y contratos a "HI&DA, Gestión en eficiencia Energéticas, S.L."

3.7.- Así las cosas, este Tribunal considera, con las necesarias matizaciones en el relato de los hechos que se declaran probados, que no concurren aquí los elementos típicos indispensables para la perfección del delito de fraude a la Seguridad Social por el que resultaron condenados los cuatro recurrentes. No solo no consta la existencia de engaño, artificio mendaz o ardid alguno, activo u omisivo, que pudiera vincularse a la génesis de la deuda reclamada, sino que tampoco se advierte que la efectivamente mantenida por las empresas del DIRECCION002, que tuvo un origen económico obediente a diferentes causas, tratara, con iguales artificios engañosos, de resultar eludida por los aquí acusados.

Finalmente, creemos que no estorba reparar en que si Luis Pedro, a la vista de la imposibilidad económica de continuar con la actividad profesional que venían desarrollando regularmente durante décadas las empresas que conformaban el DIRECCION002, como consecuencia de la deuda generada en favor de la Seguridad Social, hubiera resuelto cesar rotundamente en toda actividad, la referida deuda, ya generada por otros motivos, habría persistido igualmente, sin que de ningún modo dicha decisión favoreciese su cobro, aunque sí determinaría, sin beneficio para nadie, la frustración definitiva de los contratos ya suscritos por el grupo, concertados y en curso de ejecución. Tampoco se advierte que ese hipotético cese completo en toda actividad profesional hubiera facilitado en ningún modo el cobro de la mencionada deuda. No nos hallamos aquí, conforme a lo sustancialmente descrito en el relato de hechos probados, ante una ficticia sucesión de empresas, orientada a defraudar los derechos económicos de la Seguridad Social, ya fuera desfigurando u omitiendo elementos determinadores de la existencia o cuantía misma de la deuda o a impedir o dificultar seriamente el cobro de lo debido; sino ante un ardid (éste inequívocamente existió) que tuvo por objeto continuar con la actividad profesional efectuada durante décadas, esquivando el impedimento que, para proseguir con aquélla obteniendo nuevos clientes, la existencia de la deuda misma con la Seguridad Social representaba. Es suficiente para reaccionar frente a estas conductas con el expediente de derivación de la deuda hacia las empresas sucesoras, que el ordenamiento jurídico posibilita y que aquí se actuó, sin que resulten colmadas las exigencias típicas exigidas por el artículo 307 del Código Penal para sustentar una condena por delitos de fraude a la Seguridad Social.

El motivo se estima.

CUARTO.- Habiendo lugar a los recursos de casación interpuestos, de conformidad con lo prevenido en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio las costas devengadas como consecuencia de los mismos.