Sentencia Penal 21/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7724/2023 de 21 de enero del 2026

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Córdoba incoó Procedimiento Abreviado con el núm. 44/2017, por delito de administración desleal y delito de apropiación indebida contra D. Calixto, D. Constancio y D. Cesareo y una vez concluso, lo remitió para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Córdoba, cuya Sección Segunda dictó, en el Rollo núm. 1447/2019, sentencia el 23 de enero de 2023, que contiene los siguientes hechos probados:

"Este Tribunal da como probados los siguientes hechos:

El día trece de septiembre de dos mil uno quedó constituida la sociedad DIRECCION000. (posteriormente llegó a ser unipersonal), dedicada principalmente a la promoción inmobiliaria. Dicha sociedad, en la época a la que se contraen los siguientes hechos, estaba finalmente participada al cincuenta por ciento por la sociedad AGRIBACE, S.L., administrada por uno de los tres coacusados, don Calixto, y PROCONO, S.L., que controlaba don Iván, persona que, en la representación de la primera de las mencionadas ejerce hoy, como concursada, la acusación particular. El Sr. Iván ostentaba el cargo de presidente del consejo de administración, mientras que también lo integraban don Calixto, como secretario, administrador, consejero y consejero delegado. Igualmente formó parte de dicho órgano el también acusado, don Constancio, padre del anterior, que también controlaba un grupo de empresas en las que se incluyen las sociedades INGESA GAS, S.L., de la que fue consejero y apoderado, EXCAVACIONES CAYBA, S.A. y GRÚAS CAYBA, S.L., todas ellas vinculadas al sector de la construcción.

La administración de DIRECCION000. teóricamente se confirió de forma mancomunada al propio Sr. Iván y a don Calixto, si bien por circunstancias personales del primero, el segundo obtuvo en siete de marzo de dos mil tres un poder muy amplio que prácticamente lo transformaba en administrador único. Ha de precisarse que aquél no se desvinculó de forma absoluta de la gestión de la sociedad en el periodo a que los hechos se contraen y participaba en las decisiones de la empresa, por cuyo nombre también realizaba gestiones en la zona geográfica en que su actividad se desarrollaba entonces principalmente.

La sociedad era titular de una tarjeta bancaria que se entregó al Sr. Calixto para hacer frente a los gastos de viaje y representación. No consta que éstos estuvieran exclusivamente limitados a los gastos de la actividad de la empresa ocasionados en la provincia de Málaga, concretamente en el municipio de El Rincón de la Victoria, donde llevaba a cabo determinadas actuaciones propias de su objeto social.

De este modo, de forma transparente para la gestión contable de la sociedad, de lo que se encargaba don Blas, empleado en aquella fecha de la citada sociedad y hoy vinculado muy estrechamente al grupo de empresas de don Iván, don Calixto incurrió en determinados gastos desde los años dos mil cinco a dos mil ocho por importe total de treinta y dos mil trescientos treinta y dos euros, que no constan hechos, al margen de la consideración moral que alguno pueda llevar consigo, en beneficio exclusivo del administrador y excedidos del concepto de gastos de representación; como tampoco pueden afirmarse desconocidos y no consentidos por el representante de la querellante.

El día uno de marzo de dos mil seis, DIRECCION000., representada por don Calixto, suscribió un contrato de arrendamiento de obra de urbanización con la entidad INGESA GAS, S.L., vinculada familiarmente a él, como se desprende de lo dicho, que habían de llevarse a cabo en el denominado "sector RU-R2" y concretamente en la calle Trigueros Cortijo del citado municipio malagueño. El precio del contrato se estipuló inicialmente en cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos treinta y ocho euros, a tanto alzado y cerrado, fijándose una fecha de finalización del contrato para finales del mes de septiembre de ese año, sin perjuicio de que la reanudación del tráfico en la citada vía estuviera comprometida para el día uno de julio, lo que se llevó a efecto pero con la paralización correspondiente de los trabajos.

En la ejecución de dicha obra, a instancias del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, se introdujeron mejoras que afectaron a la pavimentación y a la iluminación, y es cierto que, pese a convenirse en aquellos términos el contrato, se produjo un incremento que llegó a la cantidad de ciento setenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres euros, facturados por INGESA GAS, S.L. y abonados por DIRECCION000. pero no constan las condiciones concretas de la relación pública contractual entre ésta y el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, ni si el sobre coste fue asumido por la citada Corporación municipal de suerte que ningún perjuicio se causara a la contratista; teniendo en cuenta, además, que dicho contrato se enmarcaba dentro de las negociaciones para poder obtener licencia de construcción de otras importantes promociones inmobiliarias que ésta acometía en el mismo término municipal.

En el desarrollo de esta obra el acusado don Calixto ordenó el pago de hasta trece certificaciones de los que doce se correspondían con los distintos capítulos presupuestados y ejecutados, mientras que hubo una decimotercera por valor de doscientos quince mil ochocientos ochenta y ocho euros que se titularon "trabajos a cuenta" porque, al parecer, INGESA GAS, S.L. sufría de falta de liquidez, pero se desconoce que, al margen de la deficiente documentación de los pagos y su correspondencia con trabajos realmente ejecutados, dicha entrega supusiera un abono injustificado y malicioso. La suma de aquellas otras ascendió a trescientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y seis euros, ciento un mil setenta y dos por debajo del precio cerrado.

En este capítulo se incluye un pago de noventa y un mil cuatrocientos setenta y siete euros con setenta y dos céntimos que don Calixto ordenó el día quince de enero de dos mil ocho a favor de INGESA GAS, S.L. Previamente, se recibió en la sede de DIRECCION000. una comunicación de la entidad BBVA en que se ponía de manifiesto la llegada de aquella deuda con cargo a la línea de descuento que tenían concertada, sin que existiera crédito suficiente para atenderla. Por dicha razón, la sociedad AGRIBACE, S.L., también representada por el acusado y socia de la querellante, realizó una transferencia de fondos suficientes para paliar el descubierto y atender de ese modo el pago que se efectuó mediante pagaré.

Dicho importe se correspondía con la certificación nº 12 emitida por INGESA GAS, S.L. como última y cierre de la obra.

En la reclamación civil efectuada por la propia querellante, a la que luego nos referiremos, tanto el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta ciudad como la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial, consideraron que dicho abono no estaba justificado.

Pero, en todo caso, no existe constancia de que todos y cada uno de esos pagos, irregularidades documentales aparte, supusieran un enriquecimiento ilícito de INGESA GAS, S.L. en detrimento de la querellante.

En veintinueve de marzo de dos mil seis, DIRECCION000., en unión de otros dos inversores más, procedieron a la constitución de la sociedad PROYECTOS HOSTELEROS DE CÓRDOBA, S.A. cuyo objeto social era la explotación de un negocio vinculado al sector que sugiere su propio nombre.

Tras su constitución, en cuatro de julio de dos mil siete, tuvo lugar una ampliación de capital por importe de trescientos ochenta y nueve mil quinientos euros, de los que la sociedad querellante suscribió doscientos sesenta mil, si bien nunca llegó a ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil.

La sociedad mercantil INMOBILIARIA MEZQUITA 1950, S.L., una de las sociedades controladas por el Sr. Iván, era titular del solar en el que había de construirse un restaurante, y por ello lo vendió a PROYECTOS HOSTELEROS DE CÓRDOBA, S.A. por valor de seiscientos noventa y un mil ciento sesenta y tres euros con noventa y dos céntimos, a los que había que sumar el I.V.A. correspondiente.

En la construcción del edificio se produjeron determinadas irregularidades al dotarlo de mayor volumen de habitabilidad y cerramiento de terrazas exteriores, que llevaron a la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta ciudad a incoar un expediente sancionador que terminó por resolución de veintidós de mayo de dos mil nueve en que se acordó requerir a la propiedad para que se abstuviera de hacer uso del inmueble.

Para esa época, la situación financiera, reflejada en las cuentas de los años dos mil ocho y dos mil nueve era muy deficiente, lastrada por deudas y pérdidas y tanto es así que finalmente terminó siendo adjudicado a la entidad acreedora hipotecaria que financiaba su construcción.

Por dicha razón, el acusado don Calixto, haciendo uso del poder a que nos hemos referido con anterioridad, todavía vigente, procedió a vender a otro de los socios las participaciones que DIRECCION000. tenía en la titular de la explotación por un importe de treinta mil euros, unos diez mil euros menos de los que en su día desembolsó, con el objetivo de recuperar al menos parte de la inversión.

La entidad querellante llevaba a cabo desde al menos el año dos mil cinco una primera promoción inmobiliaria en la localidad de Benagalbón (Málaga) denominada "Residencial la Candelaria", en la que había vendido una serie de viviendas en construcción a compradores entre los que se encontraban personas próximas a ambos administradores, los Sres. Calixto y Iván, que las habían adquirido como inversión, para venderlas posteriormente a los compradores finales y obtener el beneficio de la revalorización que normalmente lleva aparejada la finalización de las obras, que debía tener lugar en dos mil siete.

Pero igualmente, dicha sociedad también comenzó otra promoción inmobiliaria denominada "Residencial Rincón del Mediterráneo" para cuya construcción tenía en principio concedida una línea de financiación por la entidad UNICAJA.

Sobre el mes de julio de dos mil ocho, las exigencias de la promoción precisaban nuevas disposiciones del préstamo y para su liberación, la entidad crediticia le exigió a DIRECCION000. determinadas condiciones entre las que se encontraban la firma de contratos de venta de al menos quince viviendas, con sus garajes y trasteros, la licencia de obra y el contrato de ejecución.

Ante esa situación, en el contexto de crisis que ya apuntaba con cierta intensidad y conllevaba una fuerte caída en la demanda de viviendas, el Sr. Calixto, con conocimiento y consentimiento sin duda del otro administrador, optó por proponerle a los inversores del "Residencial la Candelaria" la resolución de sus contratos y el trasvase del numerario desembolsado por ellos a la otra promoción, suscribiendo el contrato correspondiente, en beneficio de DIRECCION000.

En esas gestiones colaboró el director financiero de la entidad, el Sr. Blas, y es muy significativo señalar que entre los citados inversores se encontraban la esposa del Sr. Iván, que había suscrito dos contratos de compraventa en la primera de las promociones, y dos de sus hijas, que accedieron sin lugar a dudas de forma voluntaria al negocio que se les propuso. De este modo, dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial, se pretendía desbloquear aquella situación a cambio de liberar viviendas que pudieran transmitirse a compradores finales, dado que el "Residencial la Candelaria" se encontraba ultimado, a expensas de la obtención de la licencia de primera ocupación.

Finalmente, en veintidós de enero de dos mil nueve, don Calixto ordenó un pago de treinta mil euros mediante transferencia bancaria a la sociedad EXCAVACIONES CAYBA, S.A., que había hecho determinados trabajos de movimientos de tierra en las promociones que la entidad representada por aquél llevaba a cabo en la provincia de Málaga, y emisión de determinados cheques de numeración correlativa a favor de GRÚAS CAYBA, S.L. por importe de dieciocho mil euros, con justificación en esos mismos trabajos porque una de las máquinas del grupo de empresa a que pertenecen se encontraba en el lugar y realizó los correspondientes trabajos.

La querellante dedujo demanda de responsabilidad del administrador, conforme a la legislación mercantil ante el Juzgado de dicha especialidad de esta ciudad con fundamento en hechos absolutamente idénticos, excepto en una partida, a los que hoy son objeto de enjuiciamiento; y con posterioridad, presentó la querella que ha dado lugar a este procedimiento sin solicitar en ningún caso la suspensión del procedimiento civil, de tal manera que ambos corrieron paralelamente.

Dicho órgano, en seno de los autos de juicio ordinario 152/2013, dictó sentencia de seis de junio de dos mil dieciséis en que estimó parcialmente la demanda, exclusivamente en lo que se refiere al pago a INGESA, S.L. de la certificación nº 12 por valor de noventa y un mil cuatrocientos setenta y siete euros con setenta y dos céntimos, cuya resolución fue confirmada por la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial en sentencia de seis de abril de dos mil diecisiete, declarada posteriormente firme.

No se acredita participación alguna de don Constancio ni de don Cesareo en los hechos anteriores, al margen de su gestión como administradores en algún caso de las entidades INGESA GAS, S.L. y EXCAVACIONES CAYBA, S.L."

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Que absolvemos a don Calixto del delito continuado de administración desleal y apropiación indebida.

Que absolvemos a don Constancio del delito continuado de administración desleal como cooperador necesario.

Que absolvemos a don Cesareo del delito de administración desleal en concepto de cómplice.

Y a las entidades INGESA GAS, S.L., EXCAVACIONES CAYBA, S.A. y GRÚAS CAYBA, S.L. de su respectiva condición de responsables civiles subsidiarios.

Se imponen las costas del procedimiento a la entidad DIRECCION000."

La Audiencia de instancia dictó Auto de Aclaración de fecha 17 de marzo de 2023, con la siguiente parte dispositiva:

"La Sala acuerda acceder a la solicitud de rectificación formulada por la entidad DIRECCION000. respecto de la resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, y en consecuencia, rectifica la mencionada sentencia en el sentido de excluir de la condena en costas a la parte querellante las correspondientes a las personas jurídicas INGESA, S.L, EXCAVACIONES CAYBA, S.A. y GRÚAS CAYBA, S.L."

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, por la Acusación Particular, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- La representación procesal de la recurrente basa su recurso de casación en los siguientes motivos:

Primero.-Por infracción de ley del art. 849.1 de la LECrim, por vulneración de los arts. 240.3 de la LECrim, en relación con el art. 239 de la misma ley, en cuanto a la condena en costas impuesta a la recurrente sobre las acusaciones formuladas.

Segundo.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso con todas las garantías, por falta de motivación, al considerar insuficientemente motivada la condena en costas de la recurrente.

QUINTO.- Instruidas las partes, el Ministerio Fiscal y los Procuradores D. Ramón Roldán de la Haba y D. Javier Pinilla Salgado, en representación de los recurridos, solicitan la inadmisión de todos los motivos, desestimándolos subsidiariamente. Seguidamente, la Sala admitió el recurso de casación, quedando conclusos los autos para el señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación y votación el día de 20 de enero de 2026.