Sentencia Penal 461/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2525/2022 de 21 de mayo del 2025

Recurso de D. Segismundo

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, presentan recurso el Ministerio Fiscal, tres de los condenados y la acusación particular ejercitada por la Agrupación Mutual Aseguradora. Comenzaremos por los recursos de estos, porque su eventual estimación haría innecesario entrar a conocer del formalizado por la acusación pública. Y de entre los condenados, principiamos con el interpuesto por Segismundo.

Plantea un primer motivo que invoca el artículo 849.1 LECRIM para denunciar la aplicación indebida del artículo 298 CP. 2 CP (redacción anterior a la LO 1/2015), en relación con el artículo 24.2 CP.

Pese a que se acude formalmente el cauce de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM, la controversia se plantea como un motivo de vulneración de la presunción de inocencia, en cuanto que entiende que la prueba practicada en la instancia resulta insuficiente para desvirtuar la garantía de ser presumido inocente que le ampara, en cuanto se basa fundamentalmente en supuestas vigilancias policiales desde un punto lejano y sin uso de prismáticos, y por la entrada y registro practicada en el procedimiento. Califica de inferencias arbitrarias las que concluyen el conocimiento por su parte de que las piezas que vendían en el establecimiento que regentaba su padre procedían de vehículos robados, porque dice ser un conocimiento que no puede alcanzar un particular.

Con un detallado análisis de los elementos que integran el delito de receptación por el que ha sido condenado y una nutrida reproducción de resoluciones de esta Sala y del Tribunal Constitucional en torno a los presupuestos que reclama la prueba de indicios, y los perfiles del deber de motivación de las resoluciones judiciales, aplicado todo ello al caso concreto se viene a cuestionar por irracional y arbitraria la consideración acerca del conocimiento del origen de los efectos.

1. La sentencia recurrida perfila los contornos típicos del delito de receptación que aplica a partir de una prolija y sistemática exposición de la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia, para concluir la comisión de un delito continuado de receptación del artículo 298.2 CP según redacción anterior a la LO 1/2015, en el que, a partir de un amplio desarrollo argumentativo que escruta la abundante actividad probatoria desarrollada, concluye la intervención del recurrente así como de su progenitor.

Prueba sobre la que construye la secuencia fáctica que afirma que Segismundo se dedicaba en la finca propiedad de su padre, al despiece de vehículos robados, a sabiendas de su origen ilícito, para posteriormente vender las piezas obtenidas a diferentes talleres que previamente se las requerían o a empresas de desguace, con el beneficio económico consiguiente. Para ello y a fin de evitar que se conociera el origen ilícito de la pieza, en algunas ocasiones ellos (acusado y su padre) personalmente o tercero por su encargo, alteraban los números de los motores, de los chasis o de los bastidores. Seguidamente se detallan los vehículos sustraídos de donde procedían piezas encontradas.

Analiza el Tribunal sentenciador la declaración de los acusados Sres. Gervasio y Luis Miguel, que reconocieron conocer al Sr. Segismundo así como a su padre, y acudir la citada finca en varias ocasiones para adquirir piezas de vehículos, de los que no se les facilitó documentación, por lo que sospecharon que procedían de automóviles robados. En cualquier caso, no reconoce a tales declaraciones el valor de prueba bastante por sí sola, en atención a que tales acusados alcanzaron un pacto de conformidad con el Fiscal que pudo mediatizar la misma. No obstante alcanza su convicción acerca de la realidad de las operaciones que aquellos relataron, y en general sobre los extremos que proclama probados por las testificales de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación. Prueba testifical, que completa con el resultado las intervenciones telefónicas autorizadas en la causa, a partir de las que se fueron realizando distintos seguimientos y los hallazgos obtenidos en el registro practicado.

Detalla la sentencia las vigilancias que cada uno los agentes realizó sobre la finca en la que se centraban las pesquisas, cuyos resultados se especifican, y que en algunos casos se encuentran respaldadas con los correspondientes reportajes fotográficos. Vigilancias en el curso de las cuales detectaron movimientos de vehículos que entraban y salían, llegando a interceptar alguno cuando abandonaba el establecimiento cargado con piezas que procedían de vehículos sustraídos, incluida alguna con el número de chasis borrado. Movimientos en los que fue visto conduciendo el recurrente, incluido el de la furgoneta Citróen Jumpy, a la que el a agente se acercó cuando Segismundo se alejó, lo que, aun de manera rápida, le permitió ver en el interior piezas mecánicas semi tapadas con una manta.

Analiza igualmente la Sala sentenciadora el resultado del registro practicado, que permitió detectar, tal y como igualmente puso de relieve la testifical, que se trataba de una finca en la que guardaban y despiezaban vehículos, encontrándose multitud de piezas, entre otras, 30 motores respecto de los que se realizaron labores de trazabilidad que permitieron detectar que gran cantidad de ellos procedían de vehículos robados.

Explica la sentencia que consta en la causa el informe elaborado por la G.I.A.T, en el que aparece el reportaje fotográfico de la finca en cuestión, correspondiente a la inspección ocular tras la entrada y registro, y la reseña de los vehículos, motores, matriculas y demás piezas encontradas, habiéndose logrado identificar los motores y cajas de cambio que se señalan en los hechos probados como pertenecientes a vehículos denunciados como sustraídos. Extremo que se pudo corroborar a través del testimonio de los distintos propietarios en el acto del juicio oral. Se concluye en este informe, que fue ratificado en juicio, que se habían logrado identificar restos y referencias de 18 vehículos sobre los que figura algún señalamiento de sustracción, así como que se habían destruido de manera deliberada y de forma mecánica las referencias que los distintos fabricantes utilizan para identificar las piezas y órganos, imposibilitando de esta manera la labor policial, tendente a lograr la total y correcta identificación de las piezas y órganos inspeccionados.

Esta prueba permite a la Sala sentenciadora concluir "Con esta abundante prueba queda probada la comisión del delito de receptación del artículo 289.2 CP por parte de D. Agapito y D. Segismundo quienes recepcionaban vehículos sustraídos, que en su mayor parte despiezaban en su finca, alterando o borrando los números de los motores y de los chasis, piezas y vehículos que vendían. Así han sido vistos reunirse con personas que le ofrecen el Seat León robado, inspeccionado el mismo y concertando la adquisición, siendo llevado el vehículo a su finca y después ser vendido a los acusados hermanos Juan Alberto Gervasio Luis Miguel y por D. Ezequias. Han vendido a terceros vehículos o piezas de vehículos sustraídos (como el Ford Focus matrícula NUM054), encontrándose en la finca piezas de al menos 18 vehículos sustraídos además de otras cuyo origen no se ha podido determinar por estar borrado o alterado el número. Las conversaciones telefónicas ponen de manifiesto esta actividad de venta de piezas de vehículos sustraídos, que justifican la aplicación del subtipo agravado. Ventas en las que no entregaban documentación, como se reconoce por los hermanos Juan Alberto Gervasio Luis Miguel. No existe en la finca ni facturas ni albaranes, no están los DNI de los propietarios de las piezas -que en obligada-, hay quejas porque las pegatinas de los motores aparecen quitadas, como así le hizo saber D. Ezequias. Ni siquiera hay un mostrador, siendo el aspecto del negocio irregular".

Indicios estos de los que extrae el conocimiento de la ilícita procedencia de los bienes sobre los que receptaban, una inferencia razonable, que emerge con un grado de conclusividad que descarta cualquier margen de incertidumbre.

2. Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala, la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas, c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( artículo 14 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En reiterados pronunciamientos esta Sala viene manteniendo que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

A su vez, tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta Sala (entre otras STS 885/2016 de 24 de noviembre -cuya literalidad prácticamente reiteramos- y las que allí se citan) han establecido que, en ausencia de prueba directa, es posible recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, cuya validez para enervar la presunción de inocencia ha sido admitida reiteradamente por ambos Tribunales, de modo que a través de esta clase de prueba, es posible declarar probado un hecho principal mediante un razonamiento construido sobre la base de otros hechos, los indicios, que deben reunir una serie de condiciones o requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común (en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre "una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes").

Si bien la prueba indiciaria no sólo cobra relevancia en defecto de prueba directa, sino en complemento de ella para conformar y reforzar la convicción que eventualmente proporciona la misma.

En todo caso, integra también doctrina reiterada que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció para, desde esa óptica confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas, legalmente practicadas y de suficiente contenido incriminatorio; y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad, y en este caso, en atención a lo expuesto, así resulta. En este caso se apreciaron un cúmulo de indicios que dan asiento el juicio inferencial que la sentencia respalda.

Nos encontramos en condiciones de confirmar, desde la perspectiva que en casación nos compete, a partir del previo examen que sobre esta cuestión realizó el Tribunal de apelación, que la condena del acusado se ha sustentado en prueba legalmente obtenida e introducida en el proceso, de suficiente contenido incriminatorio y razonablemente valorada. El juicio de inferencia que se sustenta en aquella se ajusta a los parámetros de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicos exigibles para alcanzar una conclusión condenatoria por los hechos objeto de autos. En consecuencia, la denunciada infracción de la presunción de inocencia queda descartada .

SEGUNDO.- Se formaliza un segundo motivo de recurso que denuncia infracción del artículo 24.2 CE e inaplicación de los artículos 11 y 238 LOPJ, reclamando la nulidad del registro practicado en las parcelas NUM003 y NUM004. Alega que "Se ha de establecer que la vivienda estaba alquilada a Jesús Carlos, persona que no participo en el citado registro".

El motivo se construye a través de la transcripción de alusiones genéricas sobre la inviolabilidad del domicilio y requisitos de validez de un registro. La única referencia que se hace al caso concreto para estimar la nulidad del registro es que el titular del domicilio estaba detenido y la diligencia de entrada y registro se practicó sin su consentimiento ni conocimiento; sin su presencia y sin la asistencia de abogado, por lo que lo hallado seria prueba ilícita.

El desarrollo doctrinal del motivo resulta inatacable, el único problema es que le falla la premisa inicial, ya que la sentencia no considera acreditado que la finca o el edificio registrados estuvieran alquilados a Jesús Carlos. Y lo hace sobre la base de una valoración probatorio que el recurso no combate, por lo que el motivo debe necesariamente decaer sin mayor argumentación, sin perjuicio de lo añadiremos al resolver los siguientes recursos.

TERCERO.- Con la misma técnica que la empleada en los motivos anteriores, el tercero de los motivos entremezcla el cauce de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM, que ata nuestro análisis al relato de hechos probados, con el de infracción constitucional del artículo 24.2 CE, se denuncia aplicación indebida del artículo 392 CP. También, como en ocasiones anteriores, el motivo realiza un análisis teórico de las exigencias del tipo aplicado, desconectado del caso que nos ocupa, al que solo dedica a penas tres líneas para señalar "En el presente caso no ha existido esa actividad por lo que no se le debía de haber condenada por ese tipo delictivo.

Así las cosas, no procede la aplicación del artículo 392 del Código Penal".

1. El motivo no puede prosperar. El déficit argumentativo impide identificar el punto de discrepancia que plantea desde la perspectiva de la garantía de presunción de inocencia, cuyo quebranto ya hemos rechazado al desestimar el primer motivo.

2. Enfocada la discrepancia desde la perspectiva de un motivo de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM, se declara probado que el acusado se dedicaba en el negocio familiar al despiece de vehículos robados, a sabiendas de su origen ilícito, para posteriormente vender las piezas obtenidas a diferentes talleres que previamente se las requerían o a empresas de desguace. Para ello y a fin de evitar que se conociera el origen ilícito de la pieza, en algunas ocasiones personalmente o en otras terceras personas por su encargo, alteraban los números de los motores, de los chasis o de los bastidores.

3. Debemos recordar que esta Sala tiene establecido como doctrina consolidada, en lo que concierne a la autoría en los delitos de falsedad, que se reputan autores no sólo aquellos que ejecutan personal y físicamente la acción falsaria, sino también quienes, sin realizarla materialmente, intervienen en su ejecución con un acto que permita atribuirles el condominio del hecho o, en su caso, la condición de partícipes en la modalidad de inductores o de cooperadores necesarios. Por lo cual, no es preciso para atribuir la autoría del referido delito que se acredite quién es el autor de la falsificación material del documento. Es suficiente, por lo tanto, con probar que el imputado ha intervenido con actos decisivos para que se lleve a cabo la falsedad documental por un tercero, máxime teniendo en cuenta el concepto amplio de autor que acoge el artículo 28 del C. Penal ( SSTS 704/2002, de 22 de abril; 661/2002, de 27 de mayo; 1531/2003, de 19 de noviembre; 368/2004, de 11 de marzo; 474/2006, de 28 de abril; 702/2006, de 3 de julio; 1090/2010, de 27 de noviembre; 402/2011, de 12 de abril; 589/2012, de 2 de julio; 416/2015, de 22 de junio; 670/2015, de 30 de octubre, 387/2018 de 25 de julio; 161/2019, de 26 de marzo, o 674/2020, de 11 de diciembre, entre otras).

El delito de falsedad no es de propia mano, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no exige la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación, bastando el concierto y el reparto previo de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada.

Con arreglo a lo anterior, resulta indiferente que fuera el propio acusado el autor de las manipulaciones que borraron los números de bastidor, o que se las encargara a un tercero, pues en ambos casos respondería con la pena correspondiente al autor material de las falsificaciones y manipulaciones.

De lo que no cabe duda, tal y como resalta la sentencia recurrida, es que él fue una de las personas que se benefició directamente de las mismas, dato que permite colegir que, o fue él quien los manipuló o que indujo a un tercero para que alterara las piezas que albergaban los signos de identidad de los coches. Por lo cual, ha de responder de la autoría de la falsificación.

El motivo se desestima y con él la totalidad del recurso.

Recursos de D. Tomás y D. Victoriano.

CUARTO.- Condenados como autores de un delito contra la salud pública, formalizan sendos recursos de coincidente contenido, como también es coincidente la intervención que se les atribuye en los hechos, la prueba que les incrimina y la pena que se les impone, por lo que abordaremos ambos recursos conjuntamente.

Formalizan un primer motivo de casación que invoca el artículo 852 LECRIM y el 5.4 LOPJ para denunciar infracción del artículo 24 1 y 2 CE en la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.

Alegan que la sentencia recurrida reconoció a Tomás y a Victoriano la condición de interesados en el registro de las parcelas NUM003 y NUM004, y con ella, su derecho a presenciar el mismo, lo que no tuvo lugar, pese a que se encontraban detenidos. Discrepan sin embargo de la conclusión alcanzada, interesando se declara la nulidad del registro y de los hallazgos intervenidos, al haberse visto privados de la posibilidad real y efectiva de ejercer la contradicción durante la práctica de la diligencia de entrada. Citan en apoyo de su tesis la STS 547/2017, de 17 de julio.

1. Los recurrentes han sido condenados por un delito de tráfico de drogas, en atención al hallazgo de una maleta con cocaína, botes y efectos relacionados con el tráfico sustancias en el interior la vivienda de la parcela NUM003 en la que fueron sorprendidos ambos, lo que motivó su detención y la suspensión de la diligencia para pedir ampliación de la autorización judicial. Una vez se obtuvo esta, se reanudó la práctica del registro sin la presencia de los dos citados.

La sentencia recurrida aborda la cuestión en línea con la jurisprudencia de esta Sala. Parte de que la misma exige, bajo sanción de nulidad, la presencia del morador de la vivienda que se encuentra detenido, y que, en consecuencia, puede ser conducido hasta el domicilio a fin de presenciar la correspondiente diligencia. Sirva como ejemplo la sentencia que el recurso invoca.

Sin embargo, en este caso se da la particularidad de que ni Tomás ni Victoriano eran moradores de ninguna de las fincas registradas. Así lo concluye la sentencia tras un análisis de la actividad probatoria que el recurso no combate.

Explica la misma que la finca, compuesta de dos parcelas, es propiedad de Agapito, sin que haya arrendado ni cedido su uso total o parcial a ninguna persona, ni en concreto al acusado Jesús Carlos (ya lo analizamos al estudiar el segundo de los motivos del recurso anterior), y sin que haya datos para poder sostener que este y/o los acusados Victoriano y Tomás vivieran o pernoctaran en ella. De ahí que su posición como interesados afectara a distintos bienes jurídicos, lo que conlleva asimétricos efectos.

2. Como destacábamos, entre otras en la STS 395/2021, de 6 de mayo, con cita de otros precedentes, de manera constante hemos afirmado que el único requisito necesario y suficiente por sí solo para dotar de licitud constitucional a la entrada y registro en un domicilio -excepción hecha de supuestos de consentimiento del interesado y flagrancia- es la existencia de una resolución judicial que con antelación lo mande o autorice. De suerte que, una vez obtenido el mandamiento judicial, la forma y circunstancias en que el registro se practique, así como las incidencias que en su curso se puedan producir y los defectos en que se incurra, se inscriben y generan efectos sólo en el plano de la legalidad ordinaria, lo que no quita que, en ocasiones, el incumplimiento de las normas de la LECRIM que establecen garantías con tal carácter pueda conectarse a la protección de otros derechos (véanse, entre otras, SSTC. 290/1994, 228/1997, 94/1999, 239/1999, 82/2002, etc.).

Nuestra jurisprudencia sostiene que no es precisa la presencia del acusado en el registro si estuvo el titular del derecho a habitar el domicilio o, en caso de ser varios los moradores del domicilio registrado, hemos proclamado que la validez y la eficacia de la diligencia no se resiente si se halla presente uno de ellos, siempre que el asistente no tenga unos intereses contrapuestos a los del encausado.

Y también hemos recordado que no es exigida la presencia del interesado en aquellos supuestos en los que su concurrencia deviene imposible y la indemorable realización del registro se justifica necesaria, como expresamente recoge el propio artículo 569 de la LECRIM. Para estos excepcionales supuestos, también hemos perfilado que la no presencia de los representantes, familiares o testigos que el mismo artículo invoca para suplir la ausencia del interesado, no tiene repercusión en la configuración constitucional de los derechos ( SSTS 1688/2001, de 28 de septiembre; 1693/2002 y 124/2009, de 13 de febrero), sin perjuicio de lo que resulte en términos de fuerza acreditativa del resultado del registro, más allá de que la intervención del Secretario Judicial -hoy Letrado de la Administración de Justicia- atribuya al acta plenas garantías, especialmente en todo lo relativo a la real y efectiva incautación de las piezas de convicción.

Recordaba la STS 789/2022, de 28 de septiembre, que "El concepto de interesado a quien se refiere el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según una doctrina jurisprudencial firmemente consolidada, se refiere a cualquier persona que more o habite en la vivienda objeto del registro, incluso de forma transitoria, y, por tanto, no se identifica ni con el titular del inmueble ni con el propio investigado. La presencia del investigado será precisa desde la perspectiva del derecho de defensa, y es obligatoria cuando el investigado está detenido por los hechos objeto de la investigación. Así en la STS 420 /2014, de 2 de junio, dijimos que el fundamento de la exigencia de la presencia del interesado, o de su representante, en la entrada hay registro domiciliario ordenada por la autoridad judicial en un proceso penal, radica en primer lugar en que esta diligencia afecta a un derecho personal, de naturaleza constitucional, qué es el derecho a la intimidad personal, ya que el domicilio constitucionalmente protegido, en cuanto morada o habitación de la persona, entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad, pues lo que se protege no es solo un espacio físico sino también lo que en el aire emanación de una persona física y de su esfera privada. ( STC 188/2013, de 4 de noviembre). En segundo lugar, afecta el derecho a un proceso con todas las garantías, porque el resultado de dicha diligencia constituirá prueba de cargo en el juicio contra el imputado cuyo domicilio se ha acordado registrar, lo que aconseja que en la práctica del registro se garantice la contradicción para asegurar la validez del registro como prueba preconstituida. Lo que sí resulta exigible es la presencia del imputado en el registro cuando se encuentra detenido o a disposición policial o judicial, pues en estos casos no existe justificación alguna para perjudicar su derecho a la contradicción que se garantiza mejor con la presencia efectiva del imputado en el registro, por lo que la ausencia del imputado en estos casos es causa de nulidad. En el caso, la incipiente investigación en curso, no era suficiente para calificar a los sujetos de la investigación como imputados por lo que la injerencia se realizó con la presencia de los moradores".

2. En este caso, ni Tomás ni Victoriano habían sido detectados en la investigación hasta el momento del registro, lo que, como en el caso que hemos reseñado, aquella, en lo que a ellos se refiere, se encontraba en un estadio embrionario, y lo que resulta más importante, no moraban allí, por lo que su intimidad domiciliaria no se vio comprometida.

En cualquier caso, como expuso con claridad la STS 503/2008, de 17 de julio "el artículo 569 de la LECrim exige la presencia del interesado, lo que ha sido interpretado como un requisito de validez de la diligencia. La jurisprudencia ha entendido de forma mayoritaria que el interesado es el titular del derecho fundamental afectado. Desde otra perspectiva también lo será el imputado, pues el resultado del registro le podrá afectar en cuanto de él podrán obtenerse pruebas de cargo, lo cual implica la necesaria observancia del principio de contradicción.

Las consecuencias de la ausencia de uno u otro no son las mismas. La ausencia del interesado, titular del derecho a la intimidad protegido por la inviolabilidad del domicilio, cuando es imputado y está detenido, y su presencia no viene impedida por otras causas, ha sido considerada por la jurisprudencia como una causa de nulidad de la diligencia. Por el contrario, la infracción del principio de contradicción en la práctica de la diligencia no determina su nulidad, sino su invalidez como prueba preconstituida, por lo que su resultado no puede ser acreditado por la misma diligencia, sino que es preciso acudir a otras pruebas, siendo posible utilizar, entre ellas, la testifical de los agentes que intervinieron en su realización".

Y esta es la opción por la que, con el apoyo de la abundante jurisprudencia que cita, se decanta la sentencia recurrida. La ausencia en el registro de interesados no afectados en su derecho a la intimidad domiciliaria, para cuya presencia no existían trabas, puede incidir a su derecho a un proceso con todas las garantías por vulneración del principio de contradicción en la obtención de hallazgos llamados a surtir efectos de prueba. Pero la consecuencia en tales casos no es la nulidad y la derivada imposibilidad de valoración de tales elementos, sino simplemente que el resultado del registro documentado en la correspondiente acta, pierda el carácter de prueba preconstituida, lo que no obsta para que sus hallazgos puedan ser introducidos en el proceso a través de otros medios probatorios, sometidos al principio de contradicción, como en este caso ocurrió con la declaración de los agentes que realizaron tal diligencia.

La doctrina expuesta no se contradice con la condensada en la sentencia que el recurso invoca, la STS 547/2017, de 17 de julio. Efectivamente la citada sentencia concluye la nulidad de la prueba obtenida en el registro practicado sin la presencia del interesado que se encontraba detenido, sin posibilidad de validar los hallazgos a través de la prueba practicada en el acto del juicio oral. Pero es que en tal caso, a diferencia del que ahora nos ocupa, el interesado era el morador de la vivienda, por lo que además del principio de contradicción en la obtención de los distintos hallazgos, quedó comprometido el derecho a su intimidad personal.

El motivo decae.

QUINTO.- El segundo motivo de recurso invoca los artículos 852 LECRIM y 5.4 LOPJ para denunciar infracción de la garantía de presunción de inocencia del artículo 24.2 CE.

Discrepan los recurrentes de la valoración probatoria en la que la sentencia recurrida sustenta su intervención en los hechos. Alegan que no habían sido detectado en la investigación con anterioridad al registro, y que no fueron sorprendido en la habitación donde se encontró la maleta con droga, por lo que sus manifestaciones alegando que cuando irrumpieron los investigadores acababan de llegar al lugar a fin de comprar unas ruedas, adquieren plena coherencia.

1. Ya hemos delimitado al resolver el recurso anterior el alcance de la revisión que en casación nos compete cuando se alega vulneración de la garantía de presunción de inocencia. No se trata de suplir el criterio de la Sala sentenciadora por el nuestro particular, sino comprobar que la condena se ha basado en prueba válidamente obtenida e introducida en el proceso, de suficiente contenido incriminatorio y razonablemente valorada.

En este caso la sentencia de instancia considera acreditado a través el testimonio de los agentes que intervinieron en la diligencia, que en la entrada y registro de la finca en cuestión, en concreto en la vivienda de la parcela NUM003, se encontró una maleta con una sustancia que dio positivo a la cocaína en el análisis de narcotest y diversos botes y efectos relacionados con el tráfico de drogas. Ante tales hallazgos se pidió una ampliación de la autorización judicial, que se concedió, tras lo cual se procedió a continuar la diligencia de entrada y registro, encontrándose en el mismo dos bolsas que contenían 4,4 g de cocaína con una riqueza del 55,6% y 4,9 g de cocaína con riqueza del 65,1% y otras sustancias que se vienen utilizando para el procesado, síntesis y corte de la droga, como la acetona (dos garrafas), cafeína, diltiazem, fenacetina (4 botes de kilo, uno de ellos sin abrir), lidocaína y tetracaína,. Además se encontraron otros efectos que acreditan de modo evidente que se trataba de un laboratorio para el preparado de la droga, tales como dos hornos microondas (cuando nadie vivía en ese edificio), dos termoventiladores, una placa de inducción, dos básculas, guantes, dos calentadores, rail de film transparente, tres cajas de bocas de plástico herméticas, mascarillas, cucharones y cuchara con restos de sustancia, jarras medidoras, difusor, cubos con restos de sustancia, entre otros. La deducción a partir de tales hallazgos de que correspondían a un laboratorio para el tratamiento de la droga y su preparación para ser distribuida entre terceras personas, responde a una lógica inexpugnable.

2. En lo que respecta a la intervención de Tomás y Victoriano, la Sala de instancia concluye su participación en el delito contra la salud pública por el que fueron condenados, habida cuenta el hecho de que se encontraban en la misma vivienda donde estaba instalado el laboratorio, y su reacción una vez fueron sorprendidos, saliendo ambos corriendo para esconderse una vez detectaron la presencia de los guardias civiles. Tales datos, unidos a los que derivan de la naturaleza de efectos y sustancias intervenidos, aportan base probatoria suficiente para afirmar que la razón que justificaba su presencia junto al material incautado, era precisamente que se estaban dedicando al procesado de cocaína. Inferencia razonable una vez se rechazó por inverosímil la versión de descargo que ambos acusados facilitaron, no solo por su propia reacción, sino también porque según constataron las vigilancias, a la finca no acudían particulares para comprar piezas desguace. No había ningún mostrador ni espacio destinado a la atención de público. Tampoco existía una caja registradora, ni libros de contabilidad ni facturas. Todo ello descarta que en la finca se realizara la venta minorista alegada por los acusados.

El motivo se desestima.

SEXTO.- El tercer motivo de recurso denuncia la indebida aplicación del artículo 66. 2 en relación con el 21.6 CP, interesando una mayor rebaja de la pena al haberse apreciado la atenuante como muy cualificada. Al incidir el motivo en la misma cuestión que la que suscita al recurso del Ministerio Fiscal, diferimos su estudio para el análisis conjunto cuando abordemos aquel.

Recurso del Ministerio Fiscal.

SÉPTIMO.- Formaliza un único motivo de recurso que invoca los artículos 849 y 852 LECRIM para denunciar la indebida aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP, tanto en cuanto a la doble rebaja de la pena, como en lo que a la propia cualificación se refiere.

Tras una detallada exposición del iter procesal de las actuaciones desde que se incoaron las mismas, rechaza que los retrasos padecidos fueran imputables al Juzgado de Instrucción que en su momento tramitó las diligencias, atribuyendo los mismos a las defensas. Alega que el relato de hechos probados de la sentencia recurrida no incorpora referencia alguna a los retrasos padecidos o periodos de paralización, valorando exclusivamente en la sentencia una duración total del procedimiento de 10 años hasta su enjuiciamiento. Añade que no se produjeron paralizaciones relevantes en las fases de instrucción e intermedia. Que iniciada la causa en otro juzgado, se dedujo testimonio que dio lugar a la incoación de diligencia en el Juzgado de Instrucción de Valdemoro en febrero de 2012. Que pese a la complejidad de la causa, en la que declararon como investigadas 16 personas, 12 testigos, con búsqueda de otros 10, se realizaron dos informes periciales - uno sobre el valor de las piezas halladas e identificadas de vehículos robados, y otro sobre la droga incautada-; el cotejo de conversaciones telefónicas obtenidas durante tres meses de intervención, y se personaron 6 acusaciones particulares, la tramitación fluyó con rapidez, acordándose la apertura del juicio oral en mayo de 2014, previa sustanciación de recursos de reforma presentados por las partes contra el auto de abreviado y de piezas de justicia gratuita.

Alega que es en el momento de la presentación de los escritos de defensa cuando se producen las paralizaciones, por razones no imputables al juzgado. Y destaca, la necesidad de localizar a los acusados Tomás y Jesús Carlos, que no fueron encontrados en el domicilio por ellos designado, produciéndose además la renuncia de algunos de los abogados y procuradores, debiéndose designar otros, siendo necesario reclamar en algún caso escrito de defensa. Tras diversas incidencias que se detallan en relación a distintos acusados, en marzo de 2018 se remite la causa a la Audiencia Provincial, siendo turnada a la Sección 29, que dicta resolución el 18 de abril de 2018 admitiendo la causa y ordenando la devolución al Juzgado de Instrucción, pues si bien existían escritos de defensa respecto de Jesús Carlos y de Tomás, los mismos no fueron hallados a los efectos de notificarles personalmente el Auto de Apertura de Juicio Oral. El juzgado de Instrucción n° 1 de Valdemoro inicia nuevas actuaciones de averiguación de paradero de los dos acusados, se localiza a Tomás, pero no a Jesús Carlos respecto del que se acuerda sobreseimiento de la causa y deducción de testimonio para cuando sea hallado.

Que recibida la causa de nuevo en la Audiencia, esta admite con fecha 26 de marzo de 2019 la prueba y señala las sesiones del juicio para los meses de septiembre y octubre de 2019.

1. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 CE. Si bien no es identificable con un derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver y ejecutar lo resuelto en un tiempo razonable. En función de las alegaciones de quien lo invoca, puede ser preciso comprobar si ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado, bien por su complejidad o por otras razones. Que ese retraso sea imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. Cualquier ponderación debe efectuarse a partir de tres parámetros: la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga contra España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas contra España, y las que en ellas se citan).

Según jurisprudencia constante de esta Sala, a la hora de interpretar esta atenuante concurren dos elementos relevantes "el plazo razonable" y las "dilaciones indebidas". Al primero se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable". A las segundas el artículo 24 de la CE, que garantiza un proceso sin "dilaciones indebidas". En realidad, son conceptos que confluyen en la idea de un enjuiciamiento ágil y sin demora, pero que difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas implican retardos injustificados en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de los distintos actos procesales. El "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio y más orientado a la duración total del proceso, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, y ha de tener como índices de referencia la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la misma naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 91/2010, de 15 de febrero; 269/2010, de 30 de marzo; 338/2010, de 16 de abril; 877/2011, de 21 de julio; 207/2012, de 12 de marzo; 401/2014, de 8 de mayo; 248/2016, de 30 de marzo; o 524/2017, de 7 de julio, entre otras, entre otras).

La causa de atenuación que nos ocupa aparece regulada, a partir de la reforma operada en el CP por la LO 5/2010, en el artículo 21. 6ª del CP, que exige que se haya producido una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, lo que excluye los retrasos que no merezcan tal consideración; y exige también, que tal demora no sea atribuible al propio inculpado ni guarde proporción con la complejidad de la causa.

2. Venimos declarando que la apreciación de la atenuante como muy cualificada precisa que la dilación supere objetivamente el concepto de "extraordinaria" es decir, sea manifiestamente desmesurada por paralización del proceso durante varios años. También, cuando no siendo así, la dilación materialmente extraordinaria, pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad o la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales.

Como explicaba y compendiaba la STS 249/2015, de 5 de abril "en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003, de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso); 655/2003 de 8 de mayo (9 años de tramitación); 506/2002 de 21 de marzo (9 años); 39/2007 de 15 de enero (10 años); 896/2008 de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008 de 12 de febrero (16 años); 440/2012 de 25 de mayo (diez años); 805/2012 de 9 octubre (10 años); 37/2013 de 30 de enero (ocho años); y 360/2014, de 21 de abril (12 años)".

La STS 760/2015, de 3 de diciembre, estimó una atenuante de dilaciones muy cualificada en un supuesto de 13 años de duración del proceso, en el que la única actividad procesal relevante en los últimos cinco fue el nombramiento de Letrado a un responsable civil y la formulación de conclusiones provisionales por éste. Y la STS 668/2016, rechazó la cualificación en un procedimiento que se inició en el año 2010, en el que se dictó sentencia cinco años más tarde y que tuvo una paralización de un año y algunos meses. La STS 624/2016, de 13 de julio, no aceptó la cualificación en un supuesto de duración similar del proceso, por unos hechos ocurridos en febrero de 2010, en el que se celebró el juicio oral en marzo de 2015, con dos periodos de inactividad, nueve meses para calificar los hechos por la acusación pública, y ocho meses en acordar la apertura del juicio oral, que el Tribunal consideró dilación extraordinaria aunque no cualificada. La STS 739/2016, de 5 de octubre, rechazó la cualificación en relación a una causa que había invertido en su duración 5 años y diez meses. Y la sentencia de 379/2019, de 23 de julio, la apreció en el supuesto de duración del procedimiento por tiempo superior a 10 años, con una paralización de un año.

En la STS 668/2016, de 21 de julio, ya citada, dijimos que "en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003 de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso); 655/2003 de 8 de mayo (9 años de tramitación); 506/2002 de 21 de marzo (9 años); 3912007 de 15 de enero (10 años); 896/2008 de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008 de 12 de febrero (16 años); 44012012 de 25 de mayo (diez años); 805/2012 de 9 octubre (10 años); 37/2013 de 30 de enero (ocho años); y 360/2014, de 21 de abril (12 años)".

3. En este caso no cabe duda que la causa estuvo dotada de cierta complejidad, fundamentalmente por la pluralidad de partes. La tramitación, a partir de los datos que el recurso expone, fluyó a un ritmo saludable durante la fase de instrucción, surgiendo una importante ralentización durante la fase intermedia. No puede descartarse que se produjeran retrasos imputables a algunas defensas, lo que no es predicable de todas ellas, siendo destacable que algunos de los acusados se encuentran en rebeldía, que cuatro fueron absueltos y cuatro de los condenados fueron absueltos de algunos de los delitos.

De otro lado, según la detallada exposición de la Fiscal, ningún reproche cabe efectuar a la actuación procesal de los acusados Segismundo, Luis Miguel, Gervasio y Juan Alberto, que presentaron sus respectivos escritos de defensa ya en el año 2014, sin incidencia. Tampoco a Victoriano, que presenta su escrito en julio de 2015, y a quien no se atribuye un especial comportamiento dilatorio. Incluso tampoco a Agapito, que presentó escrito de defensa el 7 de julio de 2016, pues la renuncia del procurador inicialmente designado, el que surgieran problemas con la venia de quien le venía defendiendo, o que hubieran de tramitarse expedientes de justicia gratuita no pueden, sin otra consideración, calificarse de maniobras dilatorias. Distinto es el caso de Tomás, quien no fue inicialmente localizado en el domicilio por el designado, manteniéndose en paradero desconocido, pero aunque hubo de ser devuelta la causa al no poder serle notificado el auto de apertura del juicio oral, lo cierto es que, según el escrito de recurso, si había presentado escrito de defensa previamente, y a diferencia del otro acusado que se encontraba en su mismos situación y que fue declarado en rebeldía, él, una vez localizado, si se mantuvo a disposición del Tribunal para la celebración del juicio. Es difícil individualizar un efecto dilatorio en una actuación tan de conjunto.

4. La sentencia recurrida acuerda la apreciación de la atenuante ahora combatida a partir de una argumentación que, si bien sucinta, permite comprobar que se basa en la duración total del procedimiento hasta el momento del enjuiciamiento, centrando la marcha ralentizada a partir de la fase intermedia del procedimiento.

Dos de los condenados - Tomás y Victoriano- que también cuestionan los efectos en la individualización de la pena a resultas de la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, aunque en sentido contrario al del Fiscal, ponen de relieve dos periodos de paralización. Uno el empleado en el dictado de la sentencia, 11 meses desde la finalización del juicio; y el otro, desde la fecha de la sentencia -el 24 de septiembre de 2020-, hasta su notificación - el 2 de diciembre de 2021-, esto es, un año y algo más de dos meses después.

La elaboración de una sentencia, precedida de la correspondiente deliberación, requiere un esfuerzo de estudio y reflexión, de argumentación y redacción, que no siempre es compatible con los plazos para dictar sentencia previstos en la Ley procesal. Sobre todo en causas como la que nos ocupa, con varios procesados, un volumen importante de prueba, y variados problemas jurídicos de legalidad tanto ordinaria como constitucional. Ante tales presupuestos es razonable que esa labor de redacción exceda del plazo legalmente previsto, de otra manera el esfuerzo motivador que el derecho a la tutela judicial exige de los tribunales sería inviable. Y el presente caso es exponente de ello, de ahí que no pueda valorarse como periodo de dilación en una consideración aislada, aun cuando no sea desdeñable desde la perspectiva de la duración total del procedimiento.

Distinto es el plazo empleado en la notificación. El algo más de un año y dos meses que tardo en notificarse la sentencia es un lapso excesivo de paralización, que, por más que coincidiera con el periodo álgido de la crisis provocada por el COVID, y como tal no sea imputable a una desidia de persona concreta, tampoco es imputable a los acusados.

Problemas procesales y conceptuales aconsejan enfrentar con prudencia dilaciones o retrasos producidos ex post iudicio, lo que no excluye que sean valorados en supuestos excepcionales por extremos. Así lo hemos afirmado de manera reiterada (por todas STS 188/2020, de 20 de mayo, y la que en ella se citan).

Hemos admitido excepcionalmente la concurrencia de la atenuante por demoras en la publicación de la sentencia ( SSTS 204/2004 de 23 de febrero; 325/2004 de 11 de marzo; 151/2005 de 7 de febrero; 932/2008 de 10 de diciembre; STS 1324/2009 de 9 de diciembre; o 329/2014 de 2 de abril). Siempre en el caso de paralizaciones o demoras muy llamativas.

5. Los recursos nos colocan en una situación lo suficientemente excepcional como para adicionar a las circunstancias que concurrieron hasta el momento del enjuiciamiento, las incidencias posteriores desde la perspectiva de la duración total del procedimiento así considerado, 10 años, lo que da sustento a la apreciación de la circunstancia de atenuación apreciada como cualificada, con el consiguiente efecto en la penalidad por aplicación del artículo 66 1 2ª CP.

La intensidad de la degradación penológica, en cuanto directamente vinculada al arbitrio del Tribunal, que al paso del tiempo que necesariamente conlleva la carga de un prolongado sometimiento al proceso y la incertidumbre de su resultado, sin olvidar que la mayoría de los condenados han sido también absueltos de varias de las acusaciones contra ellos formuladas, contrapone la gravedad de los hechos, es, sin embargo, excesivamente generosa. El doble grado de degradación se reserva para supuesto de intensidad absolutamente excepcional, que no es el caso.

En atención a ello, procede estimar el recurso, con la rebaja en un solo grado de la pena correspondiente a cada uno de los condenados, lo que concretaremos en la segunda sentencia que dictaremos a continuación.

En consecuencia el recurso del Fiscal va a ser parcialmente estimado, y desestimados en su integridad los de Tomás y Victoriano que también cuestionaron los efectos en la individualización de la pena a resultas de la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, en sentido contrario al del Fiscal.

Recurso de Agrupación Mutual Aseguradora.

OCTAVO.- Por la compañía Agrupación Mutual Aseguradora se formaliza un único motivo de recurso que invoca el artículo 849.1 LECRIM para denunciar la infracción de los artículos 109, 110, 115 y 116 en relación con el 298, todos ellos del CP, Cuestiona la indemnización relativa a la responsabilidad civil derivada del delito de receptación.

Discrepa el recurso de la sentencia recurrida en cuanto que está no extendió la responsabilidad civil derivada del delito de receptación al importe total del vehículo sustraído, del que se obtuvo el motor ocupado en poder de quienes fueron condenados por receptación, fijándola solo en el valor de este último. Arguye que la indemnización debe abarcar la totalidad del importe que la aseguradora abonó como reparación por la sustracción del vehículo al que pertenecía el motor incautado en las dependencias de los condenados, en tanto que ha sido la receptación la que ha dado lugar al despiece de los coches.

1. En interpretación del artículo 116 del Código Penal, nuestra jurisprudencia ha señalado que la responsabilidad civil se extiende a toda persona criminalmente responsable de un delito, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Es decir, se parte de la potencialidad perjudicial de cualquier hecho que tenga la naturaleza de delictivo, pero se condiciona la obligación de reparación a que, por la forma de producirse o manifestarse los hechos, realmente produzcan un daño que sea consecuencia directa y necesaria de ellos, pues el delito es fuente de obligaciones civiles como acto ilícito, siempre que exista un nexo causal entre los hechos delictivos y el resultado dañoso ( STS 68/2025, de 30 de enero, con cita de otros precedentes).

Únicamente aquellos perjuicios que sean consecuencia del hecho delictivo son los que deben indemnizarse y a cuyo resarcimiento queda igualmente obligado el autor responsable de un delito.

La responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito exige como elemento estructural de la misma una relación de causalidad entre la acción u omisión delictiva y el daño o perjuicio sobrevenidos.

2. La sentencia recurrida fija la responsabilidad civil dimanante del delito de receptación con arreglo a la jurisprudencia de esta Sala, transcribiendo un fragmento de la STS 3.332/1994 21 de noviembre, que condensa las líneas jurisprudenciales coexistentes en ese momento.

En ese marco, la doctrina más reciente - SSTS 57/2009, de 2 de febrero; 834/2012, 25 de octubre; o 1038/2013, de 23 de diciembre- se ha decantado por acotar con carácter general la responsabilidad civil derivada de un delito de receptación al lucro experimentado por el receptador. Sin perjuicio que puedan producirse puntos de confluencia con la correspondiente al autor o participes del delito base, lo que en este caso no se plantea en cuanto que el acto de sustracción no ha sido objeto de condena.

El relato de hechos que acota nuestro análisis, a la hora de describir los hallazgos obtenidos en el registro de la finca propiedad de Agapito en la localidad madrileña de Chinchón, incluye "x. Motor de BMW 120 con matrícula NUM044 propiedad de Ute Vera Schmulling, la cual denunció la sustracción de su vehículo el 16 junio 2011 habiendo sido indemnizada por su compañía aseguradora, AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, con la cantidad de 10.425 € por la sustracción".

Ninguna referencia, no ya a que los condenados por la receptación hubieran participado en la sustracción, sino ni siquiera que lo hubieran hecho en el desguace del automóvil, por lo que la pretensión del recurrente que pretende una ampliación más allá del valor de motor receptado no puede prosperar.

El recurso se desestima.

Costas.

OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 901 LECRIM, se declaran de oficio las costas derivadas del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal. Los restantes recurrentes deberán soportar las costas derivadas de sus respectivos recursos