Sentencia Penal 863/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10671/2024 de 22 de octubre del 2025

PRIMER MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 852 LECRIM, POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1. El motivo arranca denunciando que la sentencia recurrida incurre en arbitrariedad y lesiona el principio in dubio pro reo pues concurren, se afirma, serias dudas de participación del recurrente en los hechos, objeto de acusación. Pese a la pléyade de violaciones de derechos que se identifican en la formulación del motivo y el contundente tono de arranque, en el desarrollo argumental se centra en cuestionar, mediante un esforzado y detallado análisis de los resultados que arrojó la prueba practicada, la suficiencia probatoria de la condena. El recurrente secciona en distintas secuencias el análisis probatorio. Primera, la relación previa que mantenía con la Sra. Palmira; segunda, la relativa a cómo, según la sentencia recurrida, se desarrollaron los hechos nucleares; tercera, la referente a la conducta y actitud posterior del recurrente mientras la Sra. Palmira se encontraba en el hospital.

En necesaria síntesis, y con relación a la afirmada en la sentencia recurrida participación en el delito de asesinato intentado, el recurrente considera que el testimonio de la Sra. Palmira resulta inatendible pues concurren evidentes objeciones de credibilidad. No puede trazarse, en los términos contenidos en la sentencia recurrida, el marco de enfrentamiento con la Sra. Palmira ni, desde luego, que hubiera razones que apuntalen un serio pronóstico de participación criminal del recurrente en el atropello de la hermana de aquella que le hiciera temer que la hipotética declaración de la Sra. Palmira en el proceso incoado por tal motivo podría perjudicarle. No hay evidencias sobre tensiones o discusiones en el espacio de la lonja que servía de domicilio. Además, consta el vídeo grabado el 28 de abril de 2022 en el que la Sra. Palmira en tono risueño, que el tribunal interpreta de broma, anuncia que acabaría con su propia vida. Tono que resulta incompatible con el hecho declarado probado de que temía la reacción del recurrente.

Con relación a las condiciones de producción de los hechos, el recurrente disecciona las distintas manifestaciones de la Sra. Palmira identificado imprecisiones e inconsistencias sobre cuándo, cómo y quién le prendió fuego. El examen pericial elaborado por la unidad de valoración forense identificó en el testimonio de la Sra. Palmira imprecisiones significativas y rellenos de memoria. El informe elaborado por la policía científica, si bien descarta el fallo eléctrico y ubica el inicio del incendio en la habitación donde dormía la Sra. Palmira, no precisa cómo se produjo, en particular el uso de acelerantes. Y sobre esto se destaca por el recurrente que las informaciones médicas no descartan el origen autolítico. Incluso la información pericial aportada por la perito Ruth no lo descarta pues, si como se declara probado, la Sra. Palmira fue rociada cuando estaba situada decúbito supino izquierdo parece lógico que las quemaduras se concentraran en la parte derecha y, sin embargo, estas se extienden de manera homogénea por ambos lados del cuerpo. Incluso puede observarse en las fotos del informe sobre la ropa que portaba que aparece más chamuscado el tirante del lado izquierdo de la camiseta que el derecho.

En cuanto a si el recurrente salió o no del inmueble con la Sra. Palmira y la hija de esta, considera que hay versiones contradictorias entre lo declarado por el Sr. Valentín, que lo vio solo, y el testimonio del Ertzaintza nº de carné profesional NUM011 que afirmó haber estado con el recurrente, una niña y una mujer en la calle, observando que Virgilio se encontraba en un estado de ansiedad y la mujer desorientada. Estado de excitación que explica la información prestada por la facultativa Sra. Guadalupe quien afirmó que cuando llegó vio sola a la Sra. Palmira, buscando a su hija.

Por lo que se refiere al comportamiento posterior, resulta muy llamativo, se afirma en el recurso, que durante un buen número de días nadie cerniera sospechas sobre el recurrente, quien visitó frecuentemente a la Sra. Palmira, firmando documentos clínicos dando el consentimiento para distintas intervenciones, lo que parece poco compatible con una intención porfiada de matarla. Todo sugiere una reelaboración posterior de los datos fragmentados por personas cercanas a la Sra. Palmira para hipotetizar sobre la participación criminal del recurrente.

En cuanto a los hechos relativos al delito contra la Administración de Justicia, la prueba se sostiene sobre la declaración de la propia Sra. Palmira sin ningún otro elemento corroborativo que la avale, lo que indica clara insuficiencia.

Y con relación a los hechos calificados como delito de descubrimiento de secretos, la prueba también se muestra muy débil pues nadie manifestó que el recurrente poseyera los teléfonos o que accediera a sus contenidos, sobre todo si se toma en cuenta que la única conexión a la red se produjo a cuatro kilómetros del lugar del hospital psiquiátrico donde se encontraba internado. Una cosa es que se pueda considerar acreditado que guardó el bolso de la Sra. Palmira y que gestionó la baja de la línea telefónica y otra muy diferente que accediera a los datos comunicativos y archivados en la terminal.

2. El motivo nos impone, en atención al alcance pretendido, diferentes planos de control que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas y la consistencia de los razonamientos probatorios. Determinando, por un lado, si las razones por las que se atribuye valor a las informaciones probatorias responden a las máximas de la experiencia, a las reglas de la lógica de lo razonable y al conocimiento científico -vid. SSTS 617/2013, 310/2019- Y, por otro, si el método valorativo empleado se ajusta a las exigencias constitucionales de completitud y de expresa identificación en la sentencia de los criterios de atribución de valor con relación, primero, a cada uno de los medios de prueba practicados y, segundo, al cuadro probatorio observado en su conjunto, tal como exige el Tribunal Constitucional -vid. 340/2006, 105/2016- y esta propia Sala -vid. entre muchas, SSTS 544/2015, 822/2015, 474/2016, 447/2021-.

Si bien, debemos precisar que esta función de control y de verificación no podemos abordarla como órgano de segunda instancia. En el caso, el derecho al recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la interposición de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Siendo la sentencia dictada en este grado contra la que se plantea el recurso de casación. Lo que comporta que los motivos de disidencia -como principio general y, sobre todo, en relación con las cuestiones más íntimamente vinculadas a la valoración probatoria- no pueden limitarse a la simple reiteración del contenido de la impugnación desarrollada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la primera instancia - vid. por todas, STS 682/2020, de 11 de diciembre-.

De tal modo, el espacio del control casacional se reconfigura. En especial, cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación se contrae al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Siendo este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo.

La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia de revisión que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial de la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior -vid STC 184/2013-.

El control casacional en esta tercera instancia muy debilitada es, por ello, más normativo que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

3. Y, en el caso, ciertamente, no identificamos en la sentencia recurrida ni fallas metodológicas en el análisis del cuadro de prueba que de forma precisa realiza el Tribunal Superior ni, desde luego, que los criterios de valoración utilizados para las conclusiones fácticas se separen de las máximas de la experiencia y la racionalidad común.

En este sentido, ha de recordarse que a la hora de valorar la suficiencia probatoria para destruir la presunción de inocencia debe partirse de la idea de cuadro de prueba. El valor de la prueba, tanto la de naturaleza directa como indiciaria, no se mide por una simple agregación de datos fácticos, sino por la lógica interacción entre ellos, permitiendo formular una conclusión epistémicamente sólida que sitúe a las otras hipótesis alternativas de producción en un plano de manifiesta irrelevancia probabilística. De ahí que la utilización de un método deconstructivo de análisis arroje, con frecuencia, una falsa representación sobre la imagen proyectada por el cuadro de prueba -vid. SSTC 126/2011-. El abordaje crítico de cada uno de los datos de prueba puede, en efecto, patentizar la insuficiencia reconstructiva de cada uno. Pero ello no comporta que el resultado cumulativo de todos, interactuando, no sea suficientemente sólido para poder declarar probada la hipótesis de la acusación.

4. El caso que nos ocupa es un buen ejemplo de lo anterior. Frente al preciso y exhaustivo discurso cognitivo-racional del que hace gala la sentencia recurrida, justificando la declaración de hechos probados, basado en información proveniente de un cuadro probatorio cualitativamente rico, analizado, además, primorosamente por el tribunal provincial cuya sentencia debe calificarse de ejemplar, el recurrente se limita a criticarlo mediante la introducción de una hipótesis alternativa de no participación criminal que se sostiene sobre una deconstrucción de los datos probatorios. Se elude el análisis del completo cuadro de prueba y, en esa medida, la crítica conjunta de sus resultados. Lo que resta consistencia revocatoria al motivo.

5. En efecto, la sentencia recurrida extrae del cuadro de prueba todos los datos probatorios disponibles para con extremado detalle y racionalidad analizar cada uno individual y conjuntamente e identificar los resultados acreditativos globales.

La sentencia secuencia el marco relacional y el de producción de los hechos justiciables.

Con relación al primero, identifica los datos de prueba -la declaración de la propia Sra. Palmira, la citación oficial para declarar como investigados por el atropello de la Sra. Virtudes, la ausencia de toda comunicación entre la Sra. Palmira con su hermana Elvira sobre lo que pudo acontecer con relación al atropello, la declaración de la Sra. Miriam precisando que escuchó días previos al incendio una fuerte discusión proveniente del inmueble que ocupaban el recurrente y la Sra. Palmira, que permiten concluir sobre la existencia de un grave factor de enfrentamiento entre estos.

6. Y por lo que se refiere a las circunstancias de producción, el tribunal, mediante una impecable metodología holística, fija probatoriamente, en términos incontestables, cinco eslabones fácticos cuya lógica concomitancia conducen, sin alternativa racional posible, al hecho- consecuencia: la participación criminal del recurrente.

Primero, el incendio no lo provocó la Sra. Palmira para suicidarse. No solo lo descarta su propia manifestación, sino también el análisis contextual y situacional de todas las circunstancias de producción: había comprado un billete para un viaje e a Nicaragua para una semana después; prenderse fuego para causarse la propia muerte es un método casi inverosímil por los extremados sufrimientos que provoca; la Sra. Palmira ya desde el interior de la Lonja profirió gritos desgarradores de dolor; cuando salió al exterior y pese a las gravísimas heridas que presentaba y el insoportable dolor buscó de manera desesperada a su hija.

Segundo, el incendio no fue accidental. Las pericias practicadas descartaron todo fallo eléctrico u otro factor en su causación y propagación. Se localizó su origen en un punto concreto, justo en el lugar donde se encontraba la cama donde dormían la Sra. Palmira y su hija. Por la localización de las heridas que presentaba, precisadas por los peritos forenses, el fuego prendió en parte superior del cuerpo, de una manera homogénea y profunda, cuando se encontraba tumbada. Aunque no se halló un producto acelerante en los restos analizados, por las señales observadas en el cuerpo de la víctima y en la pared de la habitación es altísimamente probable que se utilizara un mecanismo de ignición directamente aplicado sobre el cuerpo con elementos acelerantes.

Tercero, ni el recurrente ni la niña de dos años, hija de la Sra. Palmira, sufrieron quemaduras. Las periciales precisan que por la dimensión del incendio y su localización ambos tuvieron que salir antes de su propagación. La niña dormía al lado de la Sra. Palmira por lo que de no haber sido extraída del inmueble por el recurrente antes, habría sufrido gravísimas quemaduras. Lo anterior refuerza las informaciones testificales relativas a que salieron juntos el recurrente y la niña y que la Sra. Palmira permaneció en el interior de la Lonja hasta que pudo abandonarla por sus propios medios.

Cuarto, mientras la Sra. Palmira se encontraba internada en el hospital, en estado de extrema gravedad, temiéndose por su vida, el recurrente refirió, reiteradamente, a varias personas del entorno familiar y personal de la Sra. Palmira que esta tenía intenciones suicidas, enviándoles el vídeo que pocos días antes había grabado en el que la Sra. Palmira aparece de manera risueña diciendo que se está comiendo la última pizza porque iba a morir al haber injerido numerosas pastillas. Pero no solo. A la facultativa Sra. Sonia, que atendía a la víctima, le llegó a cuestionar sobre las posibilidades de practicar la eutanasia, además de insistirle en que Palmira tenía intenciones suicidas. El recurrente, cuando aún se temía por la vida de la Sra. Palmira, mostró una extraña y recurrente preocupación por convencer al entorno personal de esta y a los responsables asistenciales, como explicación de lo acontecido, que Palmira se había intentado suicidar.

Quinto, el recurrente se hizo con los terminales de la Sra. Palmira, accedió al contenido, los hizo desaparecer y, además, dio de baja la única línea operativa. Hechos que se sustentan en el reconocimiento del recurrente de que tramitó la baja, en el no hallazgo de los terminales o restos de estos en el interior de la vivienda y en que el mensaje enviado por una familiar a la Sra. Palmira por Facebook, cuando se encontraba hospitalizada, fue abierto y visualizado. Lo que se constata mediante la aportación como prueba documental del pantallazo de la aplicación donde consta el envío y las señales digitales de recepción y apertura. Dicha conducta sugiere una estrategia de ocultación de datos provenientes de las comunicaciones que pudo mantener la víctima antes de sufrir las terribles heridas resultantes del incendio de la vivienda.

7. Como anticipábamos, el valor reconstructivo de la prueba no se mide por una simple agregación de datos fácticos sino por su lógica interacción, su ajuste recíproco. Esto es lo que permite decantar, al tiempo, el hecho consecuencia y situar a la hipótesis alternativa de no participación criminal en un plano de manifiesta irrelevancia probabilística.

En el caso, la interacción entre el testimonio directo de la Sra. Palmira y el resto de datos de prueba con valor corroborativo permite alcanzar ese resultado con extremada claridad.

SEGUNDO MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.2 LECRIM, POR ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL Y DIVERSOS INFORMES OBRANTES EN LA CAUSA

8. Denuncia el recurrente que el tribunal de apelación se equivoca en la valoración de los cinco informes periciales aportados a la causa. Tanto los elaborados por la policía científica con relación a los restos del incendio y de la ropa que portaba la Sra. Palmira, como por los forenses del Instituto de Medicina Legal o los técnicos de la Unidad de Valoración Integral. En apretada síntesis, sostiene el recurrente que los informes científicos y forenses descreditan la versión de la Sra. Palmira en cuanto al punto de arranque del incendio y no permiten tampoco concluir que, de encontrarse la niña en la habitación, hubiera resultado necesariamente quemada como su madre. Además, también se acredita que las puertas de las distintas estancias estaban abiertas, sin pestillos, lo que contrasta con un plan de acabar con la vida de la Sra. Palmira. Esta, además, como evaluaron los psicólogos, presentaba rasgos de significativa confusión que hacen inflable el relato que ofreció sobre las circunstancias en las que se produjo el incendio y la participación en el mismo del recurrente. Lo que coliga con el contenido del informe sobre el volcado del teléfono del recurrente en el que consta un guasap remitido por la Sra. Palmira la mañana del día 29 de abril en el que le manifiesta que "ayer tuve un brote psicótico". Dato que debe ponerse en relación con el vídeo donde manifestó intenciones autolíticas grabado el día antes y que convierte en probable la versión del recurrente. Así como la constatación de mensajes remitidos al recurrente próximos a la fecha del atropello de la Sra. Virtudes, desde un teléfono desconocido, en los que le exigen dinero. Marco de extorsión en el que pudiera estar implicada la propia Sra. Palmira.

9. Al hilo del motivo formulado, cabe recordar que la muy estrecha vía del error en la apreciación de la prueba que ofrece el artículo 849.2º LECrim exige, para que prospere, como presupuestos: primero, que el gravamen se funde en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; segundo, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; tercero, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; cuarto, finalmente, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo -vid. por todas, SSTS 596/2022, de 15 de junio y 36/2014, de 29 de enero-.

10. En particular, y respecto a los informes periciales, su consideración como documento a los efectos del motivo del artículo 849.2º LECrim viene condicionada al cumplimiento cumulativo de los siguientes requisitos: primero, que exista un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes; segundo, que el tribunal de instancia no disponga de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos; tercero, que el Tribunal a la hora de valorar el dictamen o dictámenes coincidentes, como base única de los hechos declarados probados, lo haya hecho de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, alterando notablemente su sentido originario. O cuando, contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen o sin una explicación razonable -vid. por todas, y entre muchas, SSTS 2144/2002, de 19 de diciembre; 54/2015, de 28 de enero; 748/2022, de 28 de julio; 37/2025, de 23 de enero-.

11. Pues bien, no concurren ni uno solo de los presupuestos mencionados. Ninguno de los datos periciales permite por sí identificar error valorativo. Pero no solo. Todos aquellos, puestos en relación con el conjunto de elementos de prueba tomados en cuenta por el tribunal, apuntalan el hecho indiciado. No es compatible con el alcance casacional escogido abordar un análisis desagregado y microscópico de los datos periciales para identificar errores en la valoración de las conclusiones alcanzadas.

12. Y los relativos a los informes de telefonía solo sirven para que el recurrente formule aventuradas hipótesis defensivas carentes de todo sostén fáctico. No hay dato alguno probatorio que apoye la hipótesis de que la Sra. Palmira sufriera alteraciones psicóticas. Por otro lado, somos incapaces de identificar sobre qué datos de prueba basa el recurrente que la Sra. Palmira estuviera relacionada con las llamadas que, desde un teléfono desconocido, exigían al recurrente dinero en relación con el atropello sufrido por Virtudes.

TERCER MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.2 LECRIM, POR ERROR EN LA VALORACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL

13. El recurrente considera que la documental relativa a las actuaciones procesales -auto de incoación de diligencias previas de 9 de abril de 2022- y preprocesales -diligencias del atestado de 2 de febrero por las que se informan a la Sra. Palmira y al recurrente de su condición de investigados por el atropello de la Sra. Virtudes- acreditan que cuando se cometieron los hechos que fundan la condena por un delito contra la administración de justicia -próximos a la formulación de la denuncia- no se había incoado todavía el proceso penal. Verdadera e ineludible condición de tipicidad del delito del artículo 464 CP.

14. El motivo no puede prosperar. No satisface, de nuevo, los presupuestos de estimación señalados al hilo del motivo anterior.

De los documentos invocados no cabe extraer el error fáctico con relevancia normativa que se denuncia. Entre otras razones, porque lo que el tribunal declara probado, a la luz de la prueba personal practicada -y a la que nos hemos referido al hilo del primero de los motivos-, es que desde que el recurrente y la Sra. Palmira fueron citados como investigados por la policía comenzaron no solo las desavenencias y fuertes discusiones, sino también las graves intimidaciones del recurrente para que la Sra. Palmira no le implicara en lo acontecido cuando declarara ante el Juzgado. Continuum que culmina, precisamente, la noche del 29 al 30 de abril, ya iniciado el proceso penal por el atropello de la Sra. Virtudes, cuando el recurrente intenta acabar con la vida de la Sra. Palmira para que no declare en su contra.

CUARTO MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.2 LECRIM, POR ERROR EN LA VALORACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL

15. Insiste el recurrente en utilizar la estrecha vía del artículo 849.2º LECrim para denunciar error valorativo y modificar el hecho probado. Esta vez invoca el informe técnico elaborado por la policía judicial relativo al examen de las líneas de las que era titular la Sra. Palmira entre el 15 de abril al 16 de mayo de 2022 y la información facilitada por la compañía DIGI que acreditan que la única conexión a internet de la línea se produjo el 11 de mayo con una antena situada cerca del inmueble donde residían el recurrente y la Sra. Palmira. Sin embargo, la propia sentencia, se afirma, da por probado que estuvo internado del 6 de mayo al 17 de mayo por lo que no pudo disponer del teléfono cuando se registró el acceso a Internet, debilitándose así la base fáctica de la condena por un delito del artículo 197.1 CP.

16. El motivo tampoco puede prosperar. Porque no se revela de los documentos invocados el error que se afirma cometido. Sin perjuicio de que no conste en la sentencia de instancia el dato afirmado por el recurrente relativo a que estuvo internado del seis al diecisiete de mayo en el Hospital de DIRECCION004, la base de la condena se nutre de otros elementos de prueba, debiéndose destacar, además, que en la información que facilita la compañía DIGI no se precisa que la línea NUM000 fuera utilizada solo el 11 de mayo, sino que fue la última vez que se utilizó por algún tipo de comunicación en la red DIGI SPAIN TELECOM S.L.U dentro del periodo indicado en el oficio.

QUINTO MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM, POR INFRACCIÓN DE LEY: INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 464 CP

17. El motivo denuncia error de subsunción pues, al tiempo en que se produjo la conducta intimidatoria destinada a que la Sra. Palmira no declarara en contra del recurrente por el atropello de la Sra. Virtudes, todavía no se había incoado el proceso penal. Solo se habían producido actuaciones preprocesales por lo que no se da una condición basilar de tipicidad del delito contra la Administración de Justicia del artículo 464 CP en los términos reclamados por la jurisprudencia de esta Sala Segunda.

18. El motivo no puede prosperar. No solo el rechazo del motivo tercero anticipa su rechazo, sino que concurre, también, causa de desestimación por haberse formulado, como bien indica el Ministerio Fiscal en su impugnación, per saltum.

Como sostuvimos en la STS (Pleno) 345/2020, de 25 de junio, "surge (...) al examinar con detalle el recurso y sus antecedentes, otro problema de admisibilidad: se suscita una cuestión nueva en tanto no fue planteada ni en la instancia ni en apelación. No es ello posible, salvo supuestos marcadamente excepcionales. Lo impide la naturaleza revisora del recurso de casación. Lo que se recurre es la sentencia de apelación. Se analiza si ha acertado al resolver el recurso planteado. No pueden traerse a casación cuestiones que no han sido objeto de debate en apelación. No podemos revisar la decisión de la Audiencia sobre ese punto, sencillamente porque no ha adoptado ninguna decisión al respecto en cuanto el tema no le fue planteado. Eso comporta la inadmisibilidad del recurso. Cuando coexisten dos escalones impugnativos -normalmente, apelación y casación-, al segundo solo podrán acceder, salvo excepciones relacionadas con el orden público procesal o gravámenes derivados de la propia sentencia de apelación, las cuestiones que hayan sido objeto de debate en la instancia previa. Tal regla constituye una derivación de la doctrina de la cuestión nueva en el ámbito de los recursos, campo donde además adquiere connotaciones más rígidas. A la segunda instancia puede llevarse todo lo tratado en el juicio de instancia de forma explícita o implícita. También cuestiones que no hubieran sido alegadas pero que han aflorado en la sentencia como consecuencia de la amplitud del conocimiento en esa instancia, marcado tan solo por los principios acusatorio, en materia penal, y de rogación o dispositivo en otros ámbitos. No en cambio aquellos temas novedosos que fueron silenciados sin razón alguna en la instancia. De tal modo, a un recurso posterior solo podrá acceder lo delimitado por la impugnación previa. El recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente contra sentencias dictadas en apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia. Pero no, insistimos, sobre todos, sino solo sobre aquellos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre estos puede pronunciarse el tribunal ad quem". Doctrina que ha tenido un contundente reflejo confirmatorio en la reciente STS, de Pleno, 487/2025 de 28 de mayo.

SEXTO MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM, POR INFRACCIÓN DE LEY: INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 197.1 CP

19. El recurrente combate también el juicio de subsunción de los hechos en el tipo de revelación de secretos del artículo 197.1 CP. A su parecer, concurren dos objeciones: una, por ausencia del tipo subjetivo del injusto; otra, por irrelevancia objetiva del contenido e importancia de la información a la que, en su caso, accedió y que se contrae a un solo mensaje supuestamente leído de Facebook que no trasluce ningún tipo de dato sensible o que revele aspectos de la vida privada.

20. El motivo no puede preparar. Concurre la causa de desestimación por formulación per saltum antes precisada al hilo del motivo anterior.

La parte tuvo la oportunidad de cuestionar el juicio de tipicidad mediante el recurso de apelación, permitiendo así que el Tribunal Superior se pronunciara, pero lo descartó. No siendo admisible que los motivos queden hibernados hasta que la parte decida hacerlos valer, introduciéndolos como objeto del recurso de casación. Todos los gravámenes generados por la sentencia de instancia deben intentar repararse mediante el primero de los recursos devolutivos que lo permita. Y, para ello, la parte dispone de diversos mecanismos de articulación de los distintos motivos -en forma cumulativa, alternativa, subsidiaria, condicionada...- para poder diseñar una estrategia defensiva razonable y teleológicamente orientada. De no hacerse así, cabe presumir, razonablemente, que la parte ha renunciado a hacer valer los gravámenes omitidos.

La casación no puede convertirse, por razones de oportunidad pretensional de la parte, en segunda instancia sin riesgo de desnaturalizar intensamente la función y la finalidad que cumple en el sistema de recursos -vid. STS 651/2025, de 7 de julio-.

CLÁUSULA DE COSTAS

21. De conformidad a lo previsto en el artículo 901 LECrim, las costas deben imponerse al recurrente.

CLÁUSULA DE NOTIFICACIÓN

22. Tal como se establece en los artículos 109 LECrim y 4 de la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, la presente sentencia deberá ponerse en conocimiento personal, y con los apoyos necesarios, de la Sra. Palmira, a salvo que manifieste expresamente su deseo de no conocer su contenido.