Sentencia Penal 877/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2691/2023 de 23 de octubre del 2025

1.- La sentencia núm. 380/2022, 12 de septiembre, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, condenó, entre otros acusados, a Roberto y a Roman como autores de un delito de estafa agravada de los arts. 248.1, 250.1.1 -vivienda-, 250.1.5 -valor de la defraudación- y 250.2 -hiperagravación-, todos ellos del CP, a la pena de prisión de 4 años, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a 11 meses de multa con una cuota diaria de 5 euros.

Contra esta sentencia se interpone ahora recurso de casación por la representación legal de ambos acusados. Se anunciaron 6 motivos y se han renunciado los enumerados con ordinales 4º y 5º. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares los impugnan e interesan la desestimación del recurso.

2.- Los dos primeros motivos van a ser objeto de tratamiento conjunto. Ambos se formalizan al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim. En el primero se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la CE) y en el segundo la infracción del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 de la CE) .

2.1.- Entiende la defensa que el relato de hechos probados de la sentencia no es más que una asunción, acrítica y apodíctica, del relato fáctico que el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y el resto de coacusados pactaron en la conformidad que alcanzaron, disponiendo así del objeto del procedimiento. El factum descrito por el Tribunal a quo ni exterioriza el juicio de certeza por éste alcanzado, ni es fruto de la convicción obtenida tras valorar la prueba practicada en el plenario. Tal acrítica asunción del pacto al que llegó el resto de las partes lleva al órgano de instancia a incluir afirmaciones ilógicas en su razonamiento.

Alega el recurrente que la irreflexiva incorporación del pacto alcanzado entre el Fiscal y las partes acusadoras con algunos de los imputados, que vieron sensiblemente rebajada las penas solicitadas y la indemnización civil que sobre ellos pesaba, está expresamente reconocida por la Audiencia. La defensa llama la atención acerca de esta circunstancia, recogida en la pág. 28 de la sentencia, en la que puede leerse: "PRIMERO.- Las defensas de los acusados Aureliano, Cirilo, Julieta y Loreto en sus conclusiones definitivas se adhirieron a las emitidas por el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones. Todas ellas contenían el relato fáctico que se recoge en la presente resolución y calificaron los hechos como constitutivos de un delito de estafa agravada tipificado en los artículos 248.1 , 250.1.1 º y 5 º y 250.2 del Código Penal , en su redacción actual por ser más favorable para los acusados"

De este párrafo concluye la defensa que los hechos probados son una mera traslación del relato fáctico pactado entre el Ministerio Fiscal, acusaciones particulares y resto de las defensas. La sentencia recurrida -se arguye- ha ido más allá de la aceptación in totum del escrito de acusación del Fiscal, metodología no siempre recomendable conforme a la jurisprudencia de esta Sala. En el presente caso, "...el Tribunal 'a quo' no consigna únicamente el relato fáctico propuesto por el Ministerio Fiscal o por cualquier otra acusación -que es lo permitido, pero desaconsejado, por la doctrina de esta Excma. Sala-, sino que el Tribunal 'a quo' consigna el relato fáctico también propuesto por las propias defensas conformadas, es decir, asume que sean todas las partes conformadas las que, en méritos del relato fáctico pactado y que es íntegramente asumido por el Tribunal, delimiten el objeto del procedimiento".

En definitiva, el Tribunal a quo ha llevado a cabo "... una mimética traslación del relato fáctico pactado desprovisto de cualquier análisis crítico y racional". Para justificar la irracionalidad de algunas de las conclusiones proclamadas por la sentencia recurrida, la defensa verifica un análisis crítico del razonamiento que ha llevado, por aceptación de las defensas conformadas, a la apreciación como atenuante simple de las dilaciones indebidas, en un procedimiento que duró 14 años, desde la incoación de la causa (5 de junio de 2008) hasta la celebración del juicio (18 de julio de 2022).

2.2.- A la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva suma la defensa la infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia. No se ha practicado prueba de cargo que sustente el pactum sceleris entre los acusados Roberto y Roman con Jose Pablo.

Ninguno de los recurrentes -se alega- participó en las operaciones de venta enjuiciadas y que son descritas en el factum. La responsabilidad penal de ambos se construye a partir de un previo concierto que se afirma sin respaldo probatorio alguno y sin que pueda deducirse el dominio funcional del hecho que es la esencia de la participación criminal.

Roberto y Roman, según declararon en el plenario, se limitaban a las labores de limpieza y administración del edificio de apartamentos turísticos. Era su padre, que declaró como testigo, quien llevaba desde el extranjero la explotación económica del inmueble. Las coacusadas que se conformaron - Loreto y Julieta- en ningún momento involucraron a los recurrentes, justificando su intervención en los hechos por la amistad que tenían con el coacusado conformado Aureliano.

2.3.- La jurisprudencia de esta Sala adquiere un significado especial cuando, en atención a la fecha de comisión de los hechos, el proceso penal se ha acomodado al principio de única instancia. Nuestro espacio funcional se ensancha y nuestra capacidad de examen de la racionalidad de la valoración probatoria se hace más precisa.

Decíamos en la STS 736/2017, 15 de noviembre, que " la función de esta Sala, en la actuación del control casacional del derecho a la presunción de inocencia, no puede limitarse a constatar -decíamos en nuestra STS 190/2015, 6 de abril , con cita de la STS 49/2008, 25 de febrero - la coherencia del factum en su dimensión exclusivamente formal, en lo que tiene de narración, más o menos certera, de un suceso histórico. Por el contrario, ha de extender su conocimiento al grado de racionalidad que ese juicio histórico presenta frente al resultado material de la prueba practicada. El control del respeto al derecho a la presunción de inocencia autoriza a esta Sala a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. Pues bien, la prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio.

Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción penal. Y, en la imputación jurisdiccional de un hecho criminal no valen, desde luego, las intuiciones valorativas ni la proclamación de presentimientos percibidos como reales. Lo contrario supondría alejar el proceso penal y, de modo especial, las técnicas de valoración probatoria, de su verdadero fundamento racional. En definitiva, la afirmación del juicio de autoría no puede hacerse depender de una persuasión interior, de una convicción marcadamente subjetiva y, como tal, ajena al contenido objetivo de las pruebas. Esta Sala, en fin, sólo puede avalar un modelo racional de conocimiento y valoración probatoria en el que no tienen cabida las proclamaciones puramente intuitivas y, como tales, basadas en percepciones íntimas no enlazadas con el resultado objetivo de la actividad probatoria desplegada por las partes (cfr. SSTS 514/2015, 2 de septiembre; 1125/2010, 15 de diciembre; 1014/2010, 11 de noviembre y 985/2010, 3 de noviembre, entre otras)".

2.4.- Con arreglo a esta perspectiva, el análisis de los dos primeros motivos del recurso formalizado pone de manifiesto que el juicio de autoría no se ha construido con arreglo a una base incriminatoria sólida, capaz de demostrar la existencia de un previo concierto entre los dos recurrentes y el resto de los acusados que llegaron a conformarse con los hechos imputados a cambio de una sustancial rebaja de pena.

El desafío de las acusaciones no se agotaba en demostrar la existencia del pactum sceleris que estaría en el origen de la ideación criminal y que, dicho sea de paso, no ha quedado evidenciado. También habrían tenido que demostrar en qué consistió y de qué forma se materializó la participación de Roberto y Roman en el engaño que determinó el desplazamiento patrimonial de los perjudicados. Además, habría sido indispensable expresar como acreditado en qué términos obtuvieron un enriquecimiento ambos recurrentes. Y nada de esto se refleja en el factum ni se desprende de la fundamentación jurídica de la sentencia. Antes al contrario, el examen del testimonio prestado por los testigos evidencia la absoluta distancia de los recurrentes con las operaciones de venta que siguieron a la adquisición por Aureliano del edificio propiedad de Espigol Beach S.A.

En efecto, las declaraciones de los perjudicados, glosadas en los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, ponen de manifiesto que ninguno de ellos tuvo el más mínimo contacto con los acusados Roman y Roberto.

Juan María declaró que "...vio la oferta de venta en una inmobiliaria en Inca, se interesó y lo remitieron a Aureliano (...) no conoce a los hermanos Victor Manuel, que no le han vendido nada".

Vidal, tomando también como referencia su declaración a la vista de lo extractado en los antecedentes de hecho de la sentencia cuestionada, afirmó "...conocer a Aureliano, a quien abonó 3.000 euros en concepto de opción de compra (...). De los hermanos Victor Manuel no sabe nada (...) no le vendieron nada".

Angelica dijo "...que el apartamento se lo vendió Julieta (...) Afirmó haber cobrado a cuenta 2.222 € de los señores Aureliano y Cirilo y que no conoce de nada a los Sres. Victor Manuel.

El comprador Jose Miguel reconoció el contrato de compraventa de un apartamento que obra a los folios 85 a 91. "...dijo que entró en contacto con Aureliano quien le vendió la vivienda que resultó ser un apartamento con destino turístico. Se enteró de esto por la comunidad de propietarios cuando intentaron instalar los contadores individuales y legalizar la situación en el Ayuntamiento. Nadie se lo había advertido. Aseguró no conocer de nada a los Sres. Victor Manuel, quienes no le han vendido nada".

La denunciante Elsa, afirmó que "... contactó en primer lugar con Aureliano y que Cirilo firmó la venta estando también presente el Sr. Aureliano. Compró un piso destinado a vivienda y resultó que se trataba de apartamentos turísticos no legalizables . (...) Los Sres. Victor Manuel no trataron nada con ella y no participaron en la compraventa".

Alicia, otra de las compradoras que denunció los hechos, declaró que "...ella y su padre se enteraron en 2004 que los apartamentos en cuestión estaban a la venta. Aureliano, a quien conocían, se los ofreció y entendieron que contaban con todos los servicios. No sabían nada de que se trataba de apartamentos de uso turístico, pensaban que se trataba de viviendas, que todo era correcto y realizaron un pago por anticipado".

Carlos Manuel precisó en su testimonio en el plenario que "... Aureliano, actuando en nombre y representación de "Espigol Beach, S.A.", le vendió un apartamento el 10.11.2004. A la notaría comparecieron el declarante, Aureliano y el directivo de la oficina bancaria. (...) También estaba Jose Pablo. Ningún Victor Manuel tuvo relación con él; si bien Aureliano le dijo que era socio de uno de los hijos con el que había hecho los apartamentos".

Al indudable valor probatorio de descargo que tienen esos testimonios, habría que añadir la declaración de Marco Antonio, padre de los dos acusados, quien proclamó ser la única persona con capacidad de dirección en la entidad Espigol Beach S.A y haber tomado la decisión de vender las acciones a Aureliano, quien las adquirió en un contrato suscrito el día 10 de noviembre de 2004, negocio jurídico otorgado por sus dos hijos y en el que uno de ellos actuaba en su representación en virtud de poderes otorgados al efecto. Los también acusados Eutimio y Julieta aparecieron formalmente como los adquirentes de esa entidad que, sin embargo, según declara el hecho probado siguió actuando bajo el control de Aureliano como administrador único.

Por consiguiente, la afirmación de la sentencia recurrida mediante la que se justifica el juicio de autoría no puede considerarse respaldada por la verdadera prueba de cargo: "los acusados Roberto y Roman deben responder del delito en concepto de autores. En efecto, ellos idearon la venta de los apartamentos turísticos como si fueran viviendas desde el primer momento. Para ello, junto a su padre, compraron la totalidad de las acciones de la empresa propietaria de los mismos, "Espigol Beach, S.A.", en mayo de 2004 y asumieron la administración solidaria de la misma. Desde esa posición llevaron a cabo las acciones descritas en el penúltimo párrafo del anterior considerando y, una vez inscritos en el registro los apartamentos como viviendas particulares, de común acuerdo con el Sr. Aureliano, vendieron cuatro de ellos a personas interesadas en la compra de viviendas a sabiendo que ni eran tales viviendas ni podían llegar a serlo por impedirlo la normativa urbanística. Simularon vender los 32 restantes a dos entidades controladas por el Sr. Jose Pablo quien los sacó al mercado en las mismas condiciones y consiguió vender las que han sido señaladas. Las acciones de "Espigol Beach, S.A." se pusieron a nombre de dos testaferros, los Sres. Julieta y Eutimio. Todo ello aparece relatado en la narración fáctica de la presente resolución, a la que nos remitimos.

En consecuencia, consideramos que los hermanos Victor Manuel y Aureliano son autores del delito conforme a lo que disponen los artículos 27 y 28 del Código Penal por su participación directa en los hechos desde el inicio de la trama delictiva. Cabe añadir que la representación letrada del Sr. Aureliano mostró su conformidad con tal calificación".

2.5.- Que los apartamentos fueron vendidos como viviendas individuales cuando, por su calificación urbanística, sólo podían incorporarse al mercado como viviendas turísticas está fuera de cualquier duda. Así ha quedado acreditado con la profusa prueba documental incorporada a la causa. También lo está que los acusados, meses antes de la venta de Espigol Beach S.A, realizaron las obras de acomodación necesarias para convertir físicamente el complejo de apartamentos turísticos en viviendas individuales, modificando la configuración formal interior del edificio y eliminando todo rastro material de la actividad de explotación turística previa, edificando trasteros y aparcamientos. La documentación descarta también cualquier interrogante acerca de que los acusados recurrentes, con fecha 18 de junio de 2004, otorgaron escritura pública de declaración de ampliación de obra y división de propiedad horizontal del edificio matriz para que las 36 partes determinadas del edificio pasaran a ser fincas independientes con acceso a su propia inscripción registral como viviendas.

Sin embargo, no existe rastro de una participación, directa o indirecta, de Roberto y Roman en las posteriores maniobras fraudulentas mediante las que fueron engañados los adquirentes. La proclamación que hace el hecho probado de que "...los acusados, Sres. Victor Manuel, en connivencia con el acusado Sr. Aureliano, comenzaron a promover la venta de las viviendas individuales, ofreciendo condiciones que permitieran captar el interés de los potenciales compradores, mediante precios reducidos, facilidades en la financiación o descuentos" carece de respaldo probatorio. Y no puede tenerse por tal el testimonio de los coimputados Aureliano y Jose Pablo, única prueba personal de la que se vale el Tribunal a quo para fundamentar la condena de los recurrentes.

Lo decisivo en la coautoría -en línea de lo que afirmábamos en las SSTS 403/2023, 25 de mayo; 76/2013, 31 de enero; 434/2007, 16 de mayo y 850/2007, 18 de octubre- es precisamente que "...el dominio del hecho lo tienen varias personas que, en virtud de lo que se ha llamado el reparto funcional de roles, asumen por igual la responsabilidad de su realización. Se basa, pues, la coautoría en una singular forma de división del trabajo para la realización del proyecto criminal compartido. De ahí que, en el aspecto subjetivo, imponga una vinculación entre los intervinientes en forma de resolución común, asumiendo cada cual, dentro del plan conjunto, una tarea parcial, pero esencial, que le presenta como cotitular de la responsabilidad por la ejecución de todo el suceso. En el aspecto objetivo, resulta indispensable que la aportación de cada uno de los coautores alcance una determinada importancia funcional, de modo que las distintas contribuciones deben considerarse como un todo y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad material de su intervención".

No ha quedado acreditada esa contribución a un plan delictivo conjuntamente asumido. Y no puede tenerse por tal el hecho de realizar obras de acondicionamiento de viviendas turísticas para que puedan ser vendidas como viviendas habituales. Proyectar esa inicial aportación objetiva, el acondicionamiento del inmueble para su ulterior venta como vivienda no turística, sobre el delito finalmente cometido supone extender la estructura típica del delito de estafa más allá de lo que tolera el art. 248 del CP.

2.6.- Conviene precisar, además, que la ausencia de un rastro documental que permita adjudicar la autoría a quienes en su origen fueron los titulares del edificio, no puede suplirse mediante la prueba testifical de dos coimputados que han obtenido una más que sensible rebaja de la pena instada en conclusiones provisionales por el Ministerio Fiscal y que, aun amparados en su derecho, se negaron a contestar a las preguntas formuladas por la defensa de los dos recurrentes.

Nótese, además, que la afirmación por el coimputado Jose Pablo de que el dinero procedente de las ventas de las viviendas fue ingresado en las cuentas de Espigol Beach S.A, tiene como llamativo punto de contraste el hecho recogido por la propia sentencia en el apartado 8.6 de los antecedentes (pág. 22), que al examinar la prueba documental aportada a la causa señala: "folios 2.177 a 2.181. Balance de sumas y saldos de la entidad "Espigol Beach, S.A." correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2004. No se aprecia ningún ingreso que pueda corresponderse con la venta de alguno de los apartamentos. Se cierra a 31.12.2004".

Es cierto que buena parte de las ventas de los inmuebles se negociaron con posterioridad a la fecha de cierre de ese balance de sumas y saldo. Sin embargo, en el hecho probado se apunta que la venta a Jose Pedro se verificó en escritura pública otorgada con fecha 26 de noviembre de 2004, sin que exista rastro de transferencia alguna a la sociedad Espigol Beach S.A. Lo mismo sucede con la adquisición de una vivienda por Carlos Manuel, otorgada con fecha 10 de noviembre de 2004, que tampoco dio lugar a una transferencia documentada en favor de Espigol Beach S.A. Y eso aconteció también con la cantidad abonada por Alicia para la compra de un inmueble que se verificó mediante contrato privado con opción de compra fechado el día 16 de noviembre de 2004.

Y los contratos suscritos con posterioridad al año 2004 no pueden prescindir de que, incluso en el caso de que el dinero obtenido por la venta hubiera sido ingresado en las cuentas de la entidad Espignol Beach S.A, ésta ya se hallaba fuera del dominio funcional de los hermanos Roberto y Roman que, con fecha 10 de noviembre de 2004, habían vendido todas las acciones de aquella corporación que, a partir de ese momento, pasaba a las manos de Aureliano como administrador único, sin que exista rastro de cualquier transferencia dineraria por esas ventas a favor de los recurrentes.

Estas son razones más que sobradas para que el testimonio de los dos coimputados, en abierta oposición con lo que refleja la documentación obrante en la causa y que la sentencia de instancia describe minuciosamente en los antecedentes de hecho, sea valorado con la prudencia reforzada que impone la apreciación probatoria cuando maneja como principal elemento de cargo -casi único en el presente caso- el testimonio de quienes han obtenido la ventaja de una sustancial rebaja de pena.

Incluso el testimonio del coimputado Cirilo, que la Audiencia Provincial ha considerado como base suficiente para condenar a los recurrentes disfraza también elementos de un claro valor exoneratorio y que no pueden pasar inadvertidos.

En el apartado 6º de los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida se constata lo siguiente: "Interrogatorio de Cirilo. Manifestó ser promotor inmobiliario. Le ofrecieron 32 apartamentos de "Espigol Beach, S.A." informándole que se trataba de apartamentos turísticos reconvertidos en viviendas. Trató el tema con Marco Antonio y con sus dos hijos Roberto y Roman. Compró los apartamentos y los vendió como viviendas. Contactó con compradores y en las compraventas se señalaba que se trataba de viviendas. Él sabía que carecían de licencia y de contadores individuales porque así se había tratado con los Victor Manuel. Fueron vendidos uno a uno constituyéndose las correspondientes hipotecas. Cobraba mediante cheques bancarios y las cantidades obtenidas, que ascendieron a 1,6 o 1,7 millones de euros, se ingresaban en una cuenta de la oficina de Sa Nostra de Alcudia a nombre de "Espigol Beach, S.A.". Manifestó conocer al Sr. Aureliano por ser este constructor. Reconoció las ventas que aparecen documentadas a los folios 74 a 84, 163 a 179, 359 a 354 (de la que dijo que Roberto fue a la notaría como vendedor), 47 y 48, 74 a 84 y 339 a 354. En ocasiones se trataba de ventas de inmuebles que habían sido adquiridos por él el mismo día y no informaba de que se trataba de apartamentos turísticos. Reconoció que había llegado a una conformidad con las acusaciones".

El declarante reconoce saber que los apartamentos carecían de licencia y de contadores individuales "...porque así se había tratado con los Victor Manuel". Y admite que "... en ocasiones se trataba de ventas de inmuebles que habían sido adquiridos por él el mismo día y no informaba de que se trataba de apartamentos turísticos". De esta descripción -insistimos, admitida por el Tribunal de instancia como el elemento inculpatorio que ha permitido dar por acreditada la autoría de los recurrentes- no se desprende, desde luego, la prueba del previo concierto para estafar a terceros, la participación de Roberto y Roman en las maniobras insidiosas y, en fin, la obtención de un rendimiento económico que haga explicable la comisión del delito de estafa por el que han sido condenados.

Lo impide la constante jurisprudencia de esta Sala que advierte acerca de la cautela con la que ha de ponderarse el valor incriminatorio del coimputado. Es lógica la prevención del ordenamiento jurídico cuando la condena de uno de los acusados se construye con el principal argumento que ofrece otro imputado. La posibilidad de que ese testimonio esté filtrado por el interés en una rebaja de pena advierte de la necesidad de reforzar la suficiencia de los elementos de cargos ofrecidos por la acusación pública. Y así lo ha venido proclamando la doctrina constitucional y de esta misma Sala, al sentar como principio general que la simple declaración del coimputado no es prueba bastante desde la perspectiva del canon constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Incluso, esta doctrina ha experimentado una sensible evolución con una clara significación garantista, estimando no bastante la concurrencia de cualquier elemento de corroboración (cfr. SSTS 423/2025, 8 de mayo; 746/2023, 5 de octubre; 611/2014, 22 de septiembre; 343/2009, 30 de marzo).

2.7.- En definitiva, esta Sala no puede avalar un relato de hechos probados construido de espaldas a una prueba documental y que refleja con nitidez un antes y un después en la actividad desplegada por cada uno de los coacusados en la venta de las viviendas que dieron lugar a las querellas.

El día 10 de noviembre de 2004, los hermanos Victor Manuel, uno de ellos actuando en representación de su padre Marco Antonio, suscribieron con Aureliano contrato privado de venta de todas las acciones de la entidad Espigol Beach S.A, que fue elevado a escritura pública con fecha 17 de diciembre de 2004. A partir de ese momento, la acreditación de su participación en las estafas que siguieron al otorgamiento de este contrato habría exigido que el previo concierto para delinquir que el Ministerio Fiscal incluía en sus conclusiones definitivas y que la sentencia da por probado, se hubiera evidenciado, bien por documentos que acreditaran el flujo dinerario que es propio de ese delito, bien por el testimonio de los compradores o testaferros que declararon en el juicio oral y que, paradójicamente, afirmaron no haber tenido vinculación alguna con los hermanos Victor Manuel.

No existe rastro en la sentencia que respalde la proclamación como probada de una estrategia previamente concertada para defraudar a terceros. De hecho, el acusado Jose Pablo reconoce que él compró los apartamentos siendo conocedor de la limitación urbanística que se derivaba de su consideración como apartamentos turísticos y admitió haber ocultado a los terceros adquirentes esta circunstancia. Pero nada dice de una participación ulterior de Roberto y Roman en ese engaño dirigido a terceros ni, por supuesto, del logro de un rendimiento económico por ello.

La prueba documental acredita que no existe, a raíz de la venta de los distintos apartamentos, transferencia alguna a favor de los dos recurrentes que les permitiera disponer de los rendimientos económicos obtenidos por las maniobras engañosas desplegadas por los acusados que llegaron a un acuerdo con el Fiscal.

Y frente a ello, no basta afirmar, como hace la sentencia que el proceso llevado a cabo por los hermanos Victor Manuel se desarrolló en varios pasos: "...el primero fue hacerse con la totalidad de las acciones de la entidad propietaria de los apartamentos turísticos. El segundo convertirse en administradores de ésta. Realizan las obras y reformas necesarias para convertir un complejo de apartamentos dedicados al turismo en viviendas aparentemente individuales. Constituyen la propiedad horizontal y proceden a su división. Inscriben en el Registro de la Propiedad las falsas viviendas individuales. Finalizado el proceso, que no duró más de medio año, de frenética actividad, únicamente resta poner a la venta las supuestas viviendas. Para ello deciden desaparecer formalmente de la sociedad vendiendo, aparentemente, las acciones a dos testaferros que ni pagan ni cobran ni participan en ningún acto social y designan administrador al también acusado Aureliano. Las falsas viviendas se escrituran a nombre de dos empresas de Jose Pablo. A partir de aquí se pone en marcha la venta fraudulenta de las viviendas en las que no aparece ningún miembro de la familia Victor Manuel y los importes de las ventas que percibe Jose Pablo en cheque bancarios (pues proceden de préstamos hipotecarios) se ingresan en una cuenta de "Espigol Beach, S.A".

Ninguna duda probatoria existe sobre los dos primeros pasos, esto es, la adquisición del inmueble y la realización de las obras necesarias para convertir el complejo de apartamentos turísticos en viviendas individuales. Sin embargo, la afirmación de que la venta posterior de Espigol Beach S.A por los hermanos Victor Manuel formaba parte de una estrategia para desaparecer, sólo formalmente, del entramado societario y obtener a posteriori una ganancia de la venta de las viviendas, carece de toda referencia probatoria y, lo que resulta decisivo, se halla en contradicción con los documentos que acreditan el destino del dinero abonado por los compradores engañados.

En su escrito de impugnación del recurso, formalizado por la representación legal de Alicia, se señalan los documentos que acreditarían el engaño que anima el delito de estafa por el que han sido condenados los hermanos Victor Manuel. Entre ellos, se alude a los folios 2173 y 2182 de la causa, en los que se recoge que ambos recurrentes "...como administradores de la sociedad ESPIGOL BEACH S.A tenían perfecto conocimiento de que obraba en el expediente administrativo acuerdo de paralización de las obras de reforma por carencia de licencia de fecha 3 de junio de 2004 y, a pesar de ello, como reconoció el Sr. Roman realizaron 'un lavado de cara'".

Se hace obligado insistir en que esta Sala no cuestiona el conocimiento por parte de los acusados de la ilegalidad de las obras que se estaban llevando a efecto. Se trata de un hecho incuestionablemente acreditado. Tampoco dudamos acerca de lo que acreditan los folios 2031 a 2061, que reflejan la escritura de compraventa de 18 apartamentos, otorgada el día 10 de noviembre de 2024, por Roberto como administrador solidario de Espigol Beach S.A a Sandeserrra S.L, representada por Jose Pablo.

La aceptación de la línea argumental que deriva de esos documentos la prueba del delito de estafa se enfrenta al problema de que el delito por el que vienen condenados los hermanos Victor Manuel no tiene nada que ver con ese acto transmisivo. Se venden 18 apartamentos que tanto el vendedor como el comprador conocen sobradamente que no pueden obtener la cédula de habitabilidad. La condena a los hoy recurrentes por los delitos de estafa cometidos con posterioridad, a partir de las ventas individualizadas de cada una de esas viviendas -por cierto, llamativamente calificados como constitutivos de un único delito-, habría exigido algo más de lo que evidencian unos documentos que permiten dar por probado lo que nadie pone en duda.

2.8.- La delimitación de los efectos de nuestra sentencia, a la vista de que el primero de los motivos invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e insta, para el caso de su apreciación, la declaración de nulidad de la sentencia recurrida y la devolución al Tribunal a quo con el fin de que dicte un nuevo pronunciamiento, exige una puntualización. Y es que la formalización de un segundo motivo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia aconseja una referencia a la jurisprudencia constitucional que se ha pronunciado acerca de las conexiones entre ambos derechos.

Conviene tener presente -decíamos en las SSTS 123/2023, 23 de febrero; 222/2020, 22 de mayo, con cita de la STC 9/2011, 28 de febrero- que la " cuestión de si la valoración de la prueba está suficientemente motivada en las sentencias impugnadas no es una cuestión que ataña sólo al derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE )", sino que afecta " principalmente al derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ). Este Tribunal ha reiterado que uno de los modos de vulneración de este derecho lo constituye precisamente la falta de motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio" ( STC 245/2007, 10 de diciembre, FJ 5). Desde esta perspectiva, resulta necesario comprobar si las resoluciones impugnadas no sólo satisfacen el grado mínimo de motivación exigido en general para la tutela judicial, sino también el grado de motivación constitucionalmente exigido ex derecho a la presunción de inocencia, que conforme a nuestra doctrina es superior al primero " dado que está precisamente en juego aquel derecho y, en su caso, el que resulte restringido por la pena, que será el derecho a la libertad cuando, como es ahora el caso, la condena lo sea a penas de prisión ( SSTC 209/2002, de 11 de noviembre, FJ 3 ; 169/2004, de 6 de octubre, FJ 6 ; y 143/2005, de 6 de junio , FJ 4). El canon de análisis no se conforma ya con la mera cognoscibilidad de la 'ratio decidendi' de la decisión judicial, sino que exige 'una mínima explicitación de los fundamentos probatorios del relato fáctico, con base en el cual se individualiza el caso y se posibilita la aplicación de la norma jurídica' ( SSTC 5/2000, de 17 de enero, FJ 2 ; 249/2000, de 30 de octubre, FJ 3 ; 209/2002, de 11 de noviembre, FFJJ 3 y 4; 143/2005, de 6 de junio , FJ 4)" ( STC 245/2007, 10 de diciembre , FJ 5)".

Por consiguiente, la estimación de los motivos primero y segundo hacen innecesario el examen de los tres motivos restantes, formalizados al amparo de los dos primeros apartados del art. 849 de la LECrim, y conducen a una sentencia absolutoria.

3.- Conforme al art. 901 de la LECrim, procede la declaración de oficio de las costas procesales.