Sentencia Penal 238/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10556/2025 de 24 de marzo del 2026

1. Primer motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación de los artículos 16 , 178 y 179 CP

Se ha recurrido en casación ante este Tribunal la sentencia número 275/2025, de 12 de septiembre de 2025, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 178/2025, de 29/05/2025, de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante. En esta sentencia se condenó al recurrente por la comisión de un delito de agresión sexual en grado de tentativa.

En el primer motivo del recurso, por la vía casacional de la infracción de ley del artículo 849.1 de la LECrim, se censura la sentencia aduciendo que los hechos probados no permiten su subsunción en el delito de agresión sexual en grado de tentativa, toda vez que los actos realizados no fueron dirigidos a la cópula, sino que fueron acercamientos ambiguos, sin contacto sexual, que no fueron interrumpidos por terceros. Señala también, sin justificar su pretensión, que debe recalificarse el delito de lesiones a coacciones.

Como bien es sabido y viene reiterando este tribunal, el motivo de casación por infracción de ley sólo permite la corrección del juicio de subsunción normativa realizado en la sentencia de instancia, pero a partir de los hechos declarados probados que en esta vía casacional son intangibles y no pueden ser cuestionados.

En el caso, la sentencia declara probado lo siguiente:

"El acusado, con ánimo de satisfacer su apetito sexual y con la pretensión de violarla (a la denunciante) la siguió y cuando ésta se introdujo en su vehículo le preguntó desde la ventana del copiloto si era Socorro, aprovechando el momento de confusión para introducirse en el vehículo por la puerta del copiloto para a continuación agarrarla fuertemente con el brazo del cuello dejándola casi sin respiración mientras con la otra mano le tapaba la boca para que no pudiese pedir ayuda diciéndole ·cierra la puerta cierra la puerta que si no va a ser peor. Ante esta situación, María Rosario comenzó a gritar llegando a orinarse encima ante la situación que estaba viviendo, comenzando a forcejear con el acusado hasta que consiguió zafarse y salir huyendo del lugar".

A partir de estos hechos ninguna objeción merece la calificación jurídica de la sentencia impugnada.

A tenor de lo previsto en el artículo 16.1 del Código Penal "hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por actos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor".

La tentativa, por tanto, se caracteriza por los siguientes elementos: a) La realización de hechos exteriores, es decir no meramente internos; b) que impliquen el comienzo de la ejecución, es decir, no preparatorios, de un supuesto típicamente penal, buscado en el plan del autor y que suponen un riesgo para el bien jurídico que el tipo penal protege; c) que objetivamente esos actos sean potencialmente causantes del resultado del tipo, sin que baste, por tanto, la convicción subjetiva de la posibilidad de tal causación, si ex ante y objetivamente no podía ocurrir, y d) y que ese resultado no se produzca por causa independiente de la voluntad del autor. Subjetivamente se requiere una resolución en el autor referida a la consumación del delito, sin la cual no concurriría el tipo del injusto de la tentativa ( STS 671/2017, de 11 de octubre, por todas).

Para apreciar la tentativa no basta con la representación que se haya hecho el autor sino que debe ir acompañada del inicio de la acción ejecutiva, cuestión no siempre de fácil determinación Es cierto que, en ocasiones, la acción se desarrolla casi completamente y no existe dificultad alguna para afirmar que los actos realizados forman parte de la acción ejecutiva pero, en otras, los actos se sitúan al inicio de la acción y pueden prestarse a distintas interpretaciones. A fin de determinar cuándo empieza la acción ejecutiva, la doctrina ha utilizado criterios como el de la inmediatez con el núcleo de la acción ejecutiva o la proximidad temporal con ese núcleo. Esta Sala viene considerando que habrá de entenderse iniciada la acción cuando se realice cualquier acto que aparezca como componente de la acción ejecutiva de acuerdo con una concepción natural de ésta.

En este caso el autor reconoció en su primera declaración la finalidad sexual de su acción y los hechos que ejecutó se sitúan precisamente en el inicio de las acciones necesarias para consumar su inicial intención, esto es, el empleo de violencia sobre la víctima para vencer su voluntad y poder llevar a cabo la agresión sexual pretendida. La conducta del sujeto no se sitúa en el ámbito de la preparación del delito, sino en el inicio de la acción ejecutiva según el plan natural de la misma que exigía el empleo de violencia para vencer la resistencia de la joven, concurriendo, además, la circunstancia de que el autor no pudo completar su plan por la resistencia de ésta que logró huir del lugar, después de forcejar con el recurrente.

Por otro lado, esa inicial violencia determinó la causación de lesiones "consistentes en múltiples erosiones en cuello, espalda y brazo derecho, eritema en cuello y región torácica anterior, hematoma y erosión en cuarto dedo de la mano izquierda, dolor en quinto dedo de la mano izquierda y erosionen pierna derecha", por lo que ese resultado no puede calificarse de coacciones sino que constituyen unas lesiones, cuya calificación conforme al artículo 147.2 CP es correcta.

El motivo se desestima.

2. Segundo motivo, conforme al artículo 852 de la LECrim por vulneración de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo

2.1En el segundo motivo del recurso se considera vulnerada la presunción de inocencia del condenado y el principio in dubio pro reo alegando que el testimonio de la víctima ha carecido de corroboraciones periféricas.

Se acumulan en esta impugnación dos motivos diferenciados. En relación con la supuesta lesión del principio in dubio pro reo conviene precisar que dicho principio sólo puede invocarse en su faceta normativa, de forma que con arreglo a este principio sólo procede la absolución por vía de recurso cuando el tribunal, una vez practicada la prueba, manifieste la existencia de dudas razonables sobre la culpabilidad y, aun así, condene.

Según se recuerda en la STS 666/ 2010, de 14 de julio, "es reiterada la doctrina de esta Sala que señala que dicho principio únicamente puede estimarse infringido, en su aspecto normativo, cuando reconociendo el tribunal sentenciador la existencia de una duda sobre la concurrencia de alguno de los elementos integradores del tipo o la participación del acusado, opta por la solución más perjudicial para éste, pero no cuando, como sucede en el caso actual, el Tribunal sentenciador no alberga duda alguna. El principio "in dubio pro reo" nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( SSTS. 709/97 de 21.5, 1667/2002 de 16.10, 1060/2003 de 21.7). En este sentido la STS 999/2007 de 26.11con cita de la STS. 939/98 de 13.7, ya recordaba que el principio "in dubio pro reo" no tiene acceso a la casación por suponer una valoración de la prueba que está vedada a las partes con arreglo a lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero esta doctrina quiebra cuando es la propia Sala sentenciadora la que en sus razonamientos nos muestra unas dudas evidentes.

En este caso el tribunal no exterioriza duda alguna lo que conduce a la desestimación de la impugnación.

2.2El segundo gravamen que se invoca en el recurso es la lesión del derecho a la presunción de inocencia del acusado lo que nos obliga a precisar nuestro ámbito de revisión.

Al impugnarse una sentencia de apelación, que ya ha realizado una revisión del juicio probatorio, nuestra función casacional no puede ser la misma que la del tribunal de apelación. Funcionalmente no tendría sentido. La instauración de la segunda instancia previa al recurso de casación ha originado una reformulación del contenido revisor que esta Sala debe realizar cuando se invoca el derecho fundamental a la presunción de inocencia. El recurso se estructura sobre una causa enjuiciada por un tribunal, que con inmediación ha percibido la prueba practicada. En una segunda instancia ha sido revisado, en los términos que las partes han querido invocar, sobre el contenido del derecho fundamental alegado u otros aspectos del enjuiciamiento o de la subsunción. De esta manera el contenido esencial del derecho queda satisfecho a partir de la valoración de la prueba por el tribunal de primera instancia y del tribunal de apelación con las posibilidades de reiteración de prueba que la ley dispone. En casación, ya no es posible la práctica de prueba, no concurre la precisa inmediación en la percepción de la prueba y, por lo tanto, el ámbito de revisión sólo puede realizarse sobre lo que hemos denominado estructura racional de la prueba, que permite a la Sala constatar la existencia de la prueba y la correcta valoración de la prueba en los términos de racionalidad que establece el artículo 741 de la LECrim.

Este límite tiene sentido porque la sentencia de apelación ya da cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior ( SSTS 251/2019, de 4 de julio y 349/2019, de 4 de julio, entre las más recientes) por lo que lo que procede es revisar a través de la casación si el órgano de apelación ha dado una respuesta razonable y acorde con las exigencias legales y jurisprudenciales, tanto en lo que se refiere a la valoración, como a la suficiencia de la prueba.

Desde ese planteamiento la casación actúa como un tercer escalón de revisión que, sin descuidar la protección del núcleo esencial de la presunción de inocencia, no puede subrogarse en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Corresponde realizar esta función, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de una apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. El control casacional queda confinado más a lo normativo que a la conformación del hecho y fiscalización de las valoraciones que han llevado a la proclamación de tal hecho como probado. Nos corresponde verificar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

No es función de un Tribunal de casación, por tanto, revaluar íntegramente las pruebas, incluidas las personales que no hemos presenciado, para preguntarnos si participamos de la convicción reflejada en la sentencia, o, por el contrario, si subsiste alguna duda en nuestro ánimo. El Tribunal de casación ha de autocontenerse para no invadir las competencias de los Tribunales de instancia y apelación subvirtiendo el reparto de espacios funcionales trazado por el legislador y atribuyéndose funciones de íntegra valoración probatoria que legalmente no le corresponden. En principio, sentada la suficiencia en abstracto de la prueba y el ajuste a parámetros de lógica de la forma de deducir y razonar del Tribunal de instancia, el debate sobre la credibilidad mayor o menor de unos medios de prueba frente a otros, la interrelación entre todos ellos, el contraste entre la auto proclamada inocencia del acusado y los elementos de prueba testificales o de otro signo que apuntan en dirección contraria, queda agotado tras la revisión en apelación de lo decidido en la instancia. No puede reproducirse en casación sin traicionar los ámbitos funcionales que nuestro legislador procesal delimita entre los Tribunales de instancia y apelación y el de casación.

2.3Se alega como razón central de esta impugnación que la declaración de la víctima, valorada como prueba de cargo, no ha tenido elementos de corroboración, siendo insuficiente para enervar la presunción de inocencia.

Para dar respuesta a esta queja conviene precisar que en este caso la prueba de cargo no viene constituida únicamente por la declaración de la víctima sino que existen otras pruebas igualmente relevantes que han permitido concluir en el pronunciamiento de condena. En efecto, junto a la declaración de la denunciante se ha valorado la declaración del acusado, que inicialmente reconoció la intención libidinosa de su conducta. Además la propia dinámica de los hechos es sugestiva de la existencia de agresión sexual, ya que el autor entró en el vehículo y la joven le dijo que se llevara lo que quisiera y, pese a ese ofrecimiento, continuó con la agresión, agarrándola fuertemente por el cuello, ahogándola, tapándole la boca y rompiéndole la camiseta lo que permite inferir que la intención no era coger los objetos que pudiera portar la joven sino vencer su resistencia. Además de lo anterior, la sentencia de apelación, refrendando la de instancia, ha valorado otros indicios que corroboran la versión de los hechos declarados por la denunciante:

a) El hallazgo en el vehículo donde tuvo lugar la agresión del teléfono móvil del acusado;

b) Los arañazos que presentaba la víctima en cuello y espalda;

c) La declaración de los agentes policiales que acudieron al lugar y que presenciaron el estado de nerviosismo inmediatamente después de ocurridos los hechos y

d) y la localización del acusado en las inmediaciones del lugar, apenas una hora después de los hechos, al que le ocuparon un cuchillo.

No apreciamos ningún tipo de insuficiencia probatoria en relación con la agresión protagonizada por el acusado y, en cuanto a su intencionalidad sexual, resulta de especial relevancia su declaración en la fase de instrucción donde la reconoció de forma palmaria. Junto a ello la sentencia impugnada destaca un conjunto de indicios cuya valoración conjunta y racional permite inferir la existencia de esa intencionalidad. La sentencia de apelación, excluyendo la hipótesis de un delito de robo, describió esos indicios en los siguientes términos:

"Reseñamos a continuación los argumentos con que el tribunal; en este caso, explicó por qué se estaba ante el intento de agresión sexual y no ante un hipotético robo: 1°) el reiterado testimonio de la víctima según el cual "pese a decirle ella, que ¡cogiera lo que quisiera la abrazó fuertemente del cuello, ahogándola y le tapaba la boda"'; 2°) la propia declaración del hoy apelante prestada ante el Juzgado de Instrucción y acerca de la que se le' preguntó en juicio, declaración según la cual "actuó así por intención Sexual" y "como en el episodio anterior" por el que fue sentenciado por un delito de agresión sexual con penetración; 3°) que el hoy apelante manifestara durante la agresión "cierra la puerta, cierra la puerta, que si no va a ser peor" .lo que, como apunta el tribunal, no es habitual de un robo de un bolso y un ordenador; 4°) que la víctima fuese una joven de 20 años, de sexo femenino, y que la agresión aconteciera pasadas las 20:00 horas, en el mes de octubre, a la, salida del instituto, en un descampado donde se aparca. "El acusado la siguió sin abordarla y se metió dentro del coche cuando ella ya había accedido al interior del mismo [...] El desgarro de la camiseta de la víctima, por la parte de delante, habitualmente es un signo de la intencionalidad sexual".

Estamos ante plurales y entrelazados indicativos que permiten descartar que la conclusión judicial sobre un delito de agresión sexual parta de premisas inexistentes o patentemente erróneas o que resulte de un desarrollo argumental que incurra en quiebras lógicas de tal magnitud que implique que la conclusión alcanzada no puede considerarse basada en ninguna de las razones aducidas. No se olvide tampoco que "la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de su interrelación y combinación. Los indicios concurren y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmenlie en una misma dirección. Esto es, no es adecuado efectuar un análisis aislado de cada uno de los indicios en su particularidad probatoria, que pueden ser, en sí mismos, cada uno de ellos, insuficientes, pero en conjunto arrojar, a juicio de la Sala, sentenciadora, une convicción que se despega del propio análisis de cada uno de ellos en particular, ofreciendo en su totalidad una conclusión probatoria" ( STS núm. 719/2016, de 27 de septiembre )".

Tanto la declaración de quien se sitúa como víctima del hecho, la prueba indiciaria y la propia declaración del acusado en fase de instrucción e incorporada por vía de lectura, son elementos de convicción que pueden enervar la presunción de inocencia de que goza todo acusado durante el juicio y en este caso, en base a las pruebas que hemos descrito, consideramos que no hay vulneración de la invocada presunción de inocencia. La condena tiene su apoyo en prueba de cargo suficiente y sobre cuya valoración no apreciamos falta de racionalidad.

El motivo se desestima.

3. Tercer motivo, por la vía del artículo 849.2 de la LECrim , denunciando error de valoración probatoria basado en prueba documental

El motivo argumenta que la valoración probatoria es incorrecta ya que el informe médico forense acredita la inexistencia de contacto sexual y en esa misma dirección se enmarca la declaración de la denunciante durante el juicio. Las aludidas pruebas justifican la necesidad de corrección del juicio fáctico.

Lo que se censura es la valoración probatoria de la sentencia impugnada en su globalidad y no el poder demostrativo de los documentos a que alude el alegato.

En efecto, según venimos reiterando en numerosas resoluciones ( SSTS 542/2018, 307/2017, de 28 de marzo y 126/2015, de 12 de mayo, por todas), "la finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 LECrim, consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante pruebas auténticamente documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones, el error que se denuncia y siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contrario".

Para la prosperabilidad de este motivo de casación se precisa que el error que se denuncia se funde en una verdadera prueba documental, característica que no concurre en las pruebas personales (declaraciones de acusados, testigos o peritos), por más que estén documentadas en autos. No es lo mismo una prueba genuinamente documental que una prueba personal documentada. También se precisa que esa prueba documental tenga un poder demostrativo directo del error que se denuncia y por tal razón decimos que el documento en cuestión tiene que ser literosuficiente, sin que para acreditar el error deba acudirse al complemento de otras pruebas o a complejas argumentaciones o conjeturas. De esta exigencia se deriva otra, que el documento no esté en contradicción con otras pruebas pues en tal caso no estaríamos ante un problema de error sino ante un problema de valoración probatoria.

Como hemos indicado anteriormente, lo que pretende el motivo es una revaluación de la prueba en tanto que el informe pericial que se señala como prueba acreditativa del error no sirve para afirmar la existencia de esa deficiencia. El informe pericial médico forense, que a estos efectos tiene el valor de prueba documental, no acredita, como se pretende, que las lesiones de la víctima no fueran realizadas con la intención de agredirla sexualmente. Esa última inferencia la establece la sentencia de la valoración conjunta de la prueba por lo que el informe en cuestión no acredita el error de valoración que se invoca.

El motivo se desestima.

4. Cuarto motivo por indebida aplicación de la agravante de reincidencia

En este último apartado del recurso se alega que la reincidencia precisa que la sentencia firme valorada a estos efectos se refiera a una condena por delito de la misma naturaleza que el enjuiciado, con constancia expresa de su firmeza y homogeneidad, exigencias que no se cumplen.

No es cierto. El recurrente ha sido condenado por un delito de agresión sexual en grado de tentativa y tiene antecedentes no susceptibles de cancelación por otro delito de agresión sexual por sentencia firme de 15/07/2009, y que quedó extinguida el 20/10/2023. Se trata de una condena previa por un delito del mismo tipo, lo que colma las exigencias del artículo 22.8 CP para la apreciación de la agravante.

El motivo se desestima.

5. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso de casación.