Sentencia Penal 270/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6741/2022 de 26 de marzo del 2025

PRIMERO.- Recurre en casación la representación procesal de las entidades DENDLESS SOLAR, S.L., KENT MARK SOLAR, S.L. Y PERESBA CONSTRUCCIONES, S.L., en su condición de acusaciones particulares, la sentencia núm. 159/2022 de 13 de junio, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los acusados D. Carlos y Dª Luz contra la sentencia núm. 310/2021 de 24 de junio dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Primera, en donde vienen condenados como autores de un delito de falsedad en documento privado, a la pena de un año y tres meses de prisión.

En síntesis, porque pese a que en el pacto inicial del negocio jurídico privado para la explotación de un huerto solar en Málaga a través de la sociedad KENTMARK SOLAR S.L, del que se derivarían otros desarrollos societarios con el mismo objeto (DENDLESS SOLAR, S.L., y PERESBA CONSTRUCCIONES, S.L., cada una de las tres con licencia para explotar un huerto de 100kw), entre el acusado Don Carlos y D. Dionisio, donde la contribución de cada socio se fija en 225.000 euros, correspondiendo al Sr. Dionisio la aportación de los paneles solares y al Sr. Carlos la aportación del terreno, la obtención de los permisos y la instalación del mencionado sistema fotovoltaico; se especificó que si la propiedad donde se encuentre KentMark Solar S.L pertenece a los socios inversores, estos deberán permitir a la sociedad continuar en dicha ubicación sin recibir una compensación durante un periodo de 25 años, transcurridos los cuales la sociedad tendría opción a renovar el contrato de arrendamiento; los acusados simularon unos contratos de arrendamientos inexistentes, actuando Dª Luz como representante de las tres sociedades referidas y su padre, D. Carlos, como titular de los terrenos, que nunca fueron aprobados por el resto de los socios y que sabían que no iban a ser aprobados por los nuevos administradores, con el objeto de instar en base a dichos contratos una demanda de desahucio para recobrar la posesión de los terrenos, donde estaban instaladas las placas solares de las sociedades, integrando el huerto solar objeto de explotación de esas sociedades. Así mismo, para darle una apariencia de veracidad a los arrendamientos el Sr. Carlos, emite unas facturas correspondientes a rentas del primer semestre de 2014 y se las envía al que hasta ese momento había sido asesor de las sociedades para que las incluya en la declaración fiscal correspondiente al tercer trimestre de 2014 lo que no consigue al ser advertido por el nuevo administrador.

1. El primer motivo lo formulan por vulneración de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos en relación con el artículo 24.1 y 24.2 de la Constitución, por incongruencia "extra petitum" contraria a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Alegan que la condena de instancia, por delito de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa, por los dos condenados en la misma , quienes, en síntesis, en su recurso, cuestionaron el carácter falsario de los documentos, con relación a la valoración de la prueba y, todo ello, con la única finalidad de pretender acreditar que el negocio jurídico no fue simulado. Ninguna alegación se hace con relación al carácter mercantil o privado de los documentos falsos ni, tampoco, se hace ninguna alegación sobre la fundamentación jurídica que hace la Audiencia Provincial para apreciar la existencia de un concurso medial entre el delito de estafa en documentos mercantiles y el delito de estafa procesal en grado de tentativa.

La sentencia de apelación, por su parte, continúan exponiendo los recurrentes en casación, confirma todos los hechos probados, es decir, considera que no hubo un error de apreciación probatoria del Tribunal de instancia, quedando suficientemente acreditada la simulación de los contratos y demás documentos simulados, como las facturas que traen consecuencia de los contratos y que, estos contratos, se hicieran fraudulentamente para intentar novar el pacto de socios fundacional; de manera que tiene por acreditada la suficiencia de la prueba de cargo.

Pero, a continuación, pese a indicar que: "En la rúbrica del único motivo de impugnación, la defensa de los apelantes cita como infringidos los artículos 77 y 8 del Código Penal (se entiende que por aplicación indebida el primero y por inaplicación el segundo), pero luego no desarrolla en el contenido del recurso ninguna línea argumental relacionada con los preceptos invocados", entra a valorar el carácter mercantil o no de los documentos, sosteniendo que la falsedad se produce en documentos privados y no mercantiles.,

Corrección que entienden las recurrentes en casación, les ocasionó indefensión que no pudo, en su escrito de oposición a la apelación, hacer ninguna alegación sobre esta cuestión, vulnerándose los principios de audiencia y contradicción, incurriendo en incongruencia "extra petitum" y vulnerando la imparcialidad judicial .

2. Los límites y ámbito de la incongruencia extra petita, es ampliamente analizada en la STS 892/2022, de 11 de noviembre, que pasamos a reproducir.

Sobre la delicada cuestión de los límites revisores, la doctrina constitucional ofrece una sólida guía que permite identificar, y sortear, los riesgos que pueden derivarse de la apreciación de oficio de nuevos motivos que conduzcan a la revocación o modificación de la sentencia recurrida -vid. SSTC 215/1999, 138/1999 y 30/2001-. Para el Tribunal de Garantías, el exceso revisor puede, en efecto, plantear problemas de congruencia con trascendencia lesiva del derecho a la defensa y a la contradicción. Como se sostiene en la STC 29/1999, fundamento jurídico 2º, "el vicio de incongruencia entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurra la controversia procesal" -vid. además, SSTC 20/1982, 177/1985, 191/1987, 88/1992, 369/1993, 172/1994, 311/1994, 189/1995, 220/1997, 136/1998-.

En consecuencia, el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar "la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-". De manera que con relación a estos últimos elementos " la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión" -por todas, SSTC 136/1998, fundamento jurídico 2º, 29/1999, FJ 2º-.

Ahora bien, para que la incongruencia -y, en particular, la denominada incongruencia "extra petitum"- tenga relevancia constitucional de cara a entender lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva es necesario "que el desajuste entre lo resuelto por el órgano judicial y lo planteado en la demanda o en el recurso sea de tal entidad que pueda constatarse con claridad la existencia de indefensión, y, por ello, la incongruencia requiere que el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema que no esté incluido en las pretensiones procesales, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido" -entre muchas, SSTC 311/1994, 191/1995, 220/1997-.

Por su particular relevancia sobre esta cuestión debe destacarse la STC 215/1999 en la que se analiza el caso en el que el tribunal de apelación absolvió al denunciado recurrente por considerar que las lesiones sufridas por el denunciante no eran constitutivas del resultado previsto y exigido en el tipo de imprudencia. El recurrente, sin embargo, había fundado su pretensión revocatoria en un error de valoración de la prueba que llevó al tribunal de instancia a declarar probados unos hechos de los que dedujo la existencia de incumplimiento de deberes de cuidado viarios. En este caso, el Tribunal Constitucional precisa "que no puede sostenerse que una genérica absolución constituía la pretensión de la apelación pues aquélla es tan sólo el resultado de la pretensión, siendo necesario analizar también los hechos y los fundamentos jurídicos de la misma - SSTC 136/1998, fundamento jurídico 2º, 29/1999, fundamento jurídico 2º- a partir de los términos en los que se plantea en el escrito del recurso de apelación". Añadiendo "que no puede sostenerse, en primer lugar, que al ser la apelación un nuevo juicio el Tribunal carece de límites en la revisión instada, pues en todo caso ésta 'debe encuadrarse dentro de las pretensiones ejercitadas en la segunda instancia' ( STC 19/1992 , fundamento jurídico 2º), ni puede alegarse el principio iura novit curia pues la incongruencia producida no constituye un mero desajuste respecto de las alegaciones o argumentos sobre la aplicación de las normas jurídicas, sino que la decidida es una pretensión distinta de la formulada por el recurrente en apelación, variando así, sin debate contradictorio, el objeto del proceso. En segundo lugar, tampoco se trata de uno de los supuestos en los que el Tribunal puede pronunciarse de oficio".

Para más adelante, afirmar "que de la confrontación entre la pretensión de la apelación y el fundamento de la absolución resulta que la Sentencia de apelación no fue congruente con la pretensión del apelante pues, ciertamente, una absolución fundada en el error en la apreciación de la prueba de la que deriva un determinado hecho probado -conducción sin atender a las normas de la circulación- constituye una pretensión netamente distinta a la absolución fundada en la infracción de precepto penal sustantivo producida al haber subsumido incorrectamente los hechos declarados probados en la falta del art. 586 bis C.P . Si la pretensión del apelante exigía del Tribunal la revisión de la prueba, el fundamento de la absolución en segunda instancia sólo precisaba el análisis de la subsunción de los hechos en la norma. Y si bien es cierto que la frontera que separa ambos tipos de análisis, en ocasiones, no es tan nítida como a priori puede parecer, no lo es menos que en el caso examinado ésta quedó netamente trazada por el diferente facto en el que se proyectaba el análisis. Si la revisión de la prueba se centraba en la impugnación del hecho de la conducción sin detenerse ante el semáforo en rojo, la incorrecta calificación jurídica que fundamentó la absolución se sustentó en la ausencia del elemento típico de que las lesiones producidas hubieran requerido tratamiento médico o quirúrgico. En consecuencia, el fallo absolutorio de la apelación fundado en la errónea calificación jurídica realizada en primera instancia constituye una incongruencia extra petitum, pues concede algo distinto de lo realmente pedido". De tal modo, se determina " que si el Tribunal tuvo dudas sobre la declaración de hechos probados pudo haber acordado la celebración de vista oral - art. 795.6 LECrim - y en ella someter a las partes la cuestión, dando oportunidad, así, a la apelada para sostener la efectiva concurrencia de tratamiento médico -a partir de los informes médicos obrantes en autos- y, por tanto, pudiendo mantener, en su caso, el fallo condenatorio previa rectificación de los hechos probados".

Concluyéndose que " la introducción de un elemento en el debate procesal sobre el que la parte apelada no tuvo oportunidad de alegar (...) ocasionó la indefensión material del recurrente. Todo ello derivó en la causación de efectivos perjuicios para la parte apelada, pues la absolución del condenado penalmente y la anulación de la Sentencia de primera instancia en la que se había declarado la responsabilidad civil directa tanto del acusado como de la entidad aseguradora FIATC, tuvo como consecuencia obligada la revocación de dicho pronunciamiento y la ausencia de una nueva declaración sobre la responsabilidad civil en segunda instancia. Por tanto, la parte apelada, y recurrente en amparo, se vio privada de su derecho a la indemnización que había sido declarado en primera instancia"

3. Desde ese sustrato, la doctrina de la Sala sobre la oportunidad de apreciar gravámenes normativos no expresamente revelados por el recurrente en su recurso, hemos sostenido reiteradamente, que en los motivos por infracción de ley formulados por la persona condenada no se debe desaprovechar la instancia revisora para corregir, en beneficio del reo, los errores legales suficientemente constatados de que adolezca la sentencia recurrida cuando se identifique conexión con los motivos de casación que prestan fundamento al recurso -vid. por todas, SSTS 139/2022, de 20 de enero.

La compatibilidad entre la doctrina de la voluntad impugnativa y el deber de congruencia apelativa en los términos precisados por el Tribunal Constitucional, sigue precisando la STS 892/2022, depende, en buena medida, del alcance que se dé, en el supuesto concreto, a la conexión normativa entre el gravamen y la causa de pedir que funda el recurso y, desde luego, al fundamento decisional utilizado.

Es evidente que tanto el principio de "iura novit curia" como la propia configuración de la función revisora permite que el tribunal de segundo grado se separe de los argumentos o alegaciones sobre los que se sustenta el motivo. Estas no conforman la causa de pedir que viene referida al motivo sobre el que se funda el recurso, por lo que la identificación o no del gravamen puede responder a razones normativas diferentes a las alegadas por la parte. Tampoco cabe negar una relación de tangencia entre gravámenes, aunque alguno de ellos no haya sido identificado por la parte. En estos casos, el nexo que los vincula se deriva precisamente del motivo por infracción de ley sobre el que se funda el recurso.

Cuando se resiste una mala selección de la norma aplicable, cabe decantar que el recurrente también pretende resistir aquellas consecuencias indebidas que pueden derivarse del juicio de subsunción, aunque este, en sentido estricto, pueda reputarse finalmente correcto. La tasa de incompatibilidad, por tanto, se dará cuando el gravamen revelado de oficio carece de toda conexión normativa con el gravamen que funda el motivo sobre el que se sostiene el recurso. De tal manera que la actuación revisora suponga una modificación esencial e imprevisible de los términos en los que se configura el objeto devolutivo sin que se dé, además, oportunidad de intervención contradictoria a las partes. En todo caso, no pueden dejar de tomarse en cuenta las consecuencias que se derivan para modular, con mayor o menor rigor, el deber de congruencia como límite a la aplicación de la voluntad impugnativa tácita. En efecto, no puede exigirse la misma intensidad cuando el tribunal de apelación, en beneficio del reo, corrige errores de derecho que afectan al grado de ejecución, a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal o a la punibilidad, a cuando la apreciación de oficio de gravámenes comporta la extinción de la propia acción penal o pérdida de expectativas resarcitorias de la persona que la ejercita.

Nuestra jurisprudencia ofrece un nutridísimo caudal de supuestos relativos al uso de la fórmula de la voluntad impugnativa tácita, lo que obliga a determinar caso por caso cuándo se ajusta o no a los límites constitucionales de la revisión -vid. a título de ejemplo, entre muchos, STS 556/2015, de 2 de octubre, al hilo del motivo por infracción de ley por error de subsunción se corrige la condena por dos delitos de blanqueo en concurso real y se condena por un solo delito; STS 141/2012, de 8 de marzo, al socaire del motivo por infracción de ley en que se cuestiona la consideración como autoría de la conducta del recurrente, se rechaza el motivo pero se rebaja la pena impuesta por desproporcionada en comparación con las impuestas a otros acusados cuyas actuaciones materiales de tráfico de droga fueron más relevantes; STS 92/2018, al hilo de un motivo por infracción de ley, se revoca la condena por un concurso real entre un delito continuado de abusos sexuales y otro continuado de agresión sexual y se condena por un solo delito de agresión sexual; STS 598/2022, de 15 de junio, conociendo del motivo por error de subsunción de la conducta en el tipo del artículo 368.1º CP, el tribunal, si bien rechaza el motivo, la subsume en el tipo atenuado del artículo 368.2º CP; STS 747/2015, de 19 de noviembre, se modifica, por voluntad impugnativa tácita, el fallo, condenando por un solo delito continuado de robo con fuerza agravado dejando sin efecto la condena por un delito continuado de hurto en concurso real con un delito de robo con fuerza; STS 1242/2011, de 22 de noviembre, con motivo de un recurso por "error iuris", por indebida aplicación del subtipo agravado de abuso sexual, la Sala estima, por voluntad impugnativa, que se ha vulnerado el principio de prohibición del bis in idem por apreciarse la agravante de especial vulnerabilidad-.

Como conclusión, esta STS 892/2022, indica que cuando el tribunal de apelación identifique un error normativo que comporte consecuencias perjudiciales para la persona condenada en la instancia podrá corregirlos de oficio, en los términos antes precisados, si identifica una razonable conexión normativa con el gravamen que sirve de base al motivo o causa de pedir. También cabrá la corrección, aunque para ello el tribunal utilice distintas razones a las invocadas por la parte en apoyo del motivo -sobre esta cuestión, y con relación al recurso de casación, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no vacila en reconocer un muy amplio margen "novatorio" en cuestiones normativas al Tribunal Supremo -vid. SSTC 123/2005, 183/2005-. Por el contrario, si el error normativo que se identifica está desligado absolutamente de la causa de pedir - motivo- sobre la que se sustenta el recurso y de su apreciación puede derivarse la extinción de la acción penal y civil, la regla de compatibilidad con la doctrina constitucional reclamará la audiencia a las partes para que puedan alegar sobre la concurrencia o no del gravamen identificado, "prima facie", por el tribunal revisor.

4. El recurso de apelación formulado por los acusados, incluía un único motivo con este epígrafe: Vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 CE , con infracción de los artículos 248 , 250.1.7 °, 390.1.2 ª, 392 , 77 y 8.1 del Código penal

4.1. En su desarrollo, el planteamiento inicial, modulaba el relato probado en su interés, en aras de sustentar la atipicidad de su conducta:

En la Sentencia condenatoria objeto de éste Recurso, a través del razonamiento esgrimido, se ha puesto de manifiesto que no se estaría ante un supuesto de simulación contractual con la suscripción de los contratos de arrendamiento de 1 de Enero de 2014, sino, en todo caso, ante una supuesta infracción de los derechos del socio de las Entidades mercantiles querellantes y de la eventual responsabilidad particular del administrador (materia acogidas ampliamente en la Ley de Sociedades de Capital) por no someter dicha suscripción al debate previo en Junta General de socios, sino directamente ser confeccionados por él (Dª Luz), recordemos, en su condición de administradora única de las mismas. Así mismo, se plasma continuamente que con la suscripción de los contratos de arrendamiento se estaría "incumpliendo" civilmente aquel acuerdo de inversión de Noviembre de 2005, que supuestamente cedía a título gratuito de uso, por veinticinco años, a las Sociedades querellantes (de su lectura puede observarse claramente que ésa dispensa era únicamente respecto de la mercantil "Kent Mark Solar, SL", no así con relación a las otras dos mercantiles querellantes). El verdadero sustrato de la causa penal, esto es, este supuesto incumplimiento del primario acuerdo civil que la suscripción de los contratos de arrendamiento conllevaría aparejado a criterio de las querellantes, así fue apreciado por el Órgano instructor, mediante AUTO de 24 de Mayo de 2016 del Juzgado de Instrucción 1 de Málaga, el cual acordó el sobreseimiento provisional por éste mismo motivo que seguidamente desarrollamos.

Si bien ciertamente, a continuación, pasa a analizar el resultado de la prueba, tendente a desestimar la existencia de modalidad falsaria objetiva y justificar la efectiva existencia de la causa negocial y de la propia virtualidad del negocio jurídico.

4.2 Precedentes desde los cuales, no puede considerarse que el Tribunal Superior, resolviera en desconexión con el objeto de apelación y de los solicitado.

Cuando el recurrente, afirma en indebida amalgama, junto al quebranto de la presunción de inocencia, infracción de los artículos 248 , 250.1.7 °, 390.1.2 ª, 392 , 77 y 8.1 del Código penal , que efectivamente no desarrolla, necesariamente transciende al contenido del mero alegato y desarrollo conectado con la cuestión fáctica sobre la inexistencia de simulación que conduciría a la absolución; al menos, con la invocación del art. 8.1 CP, que no resulta mencionado en la sentencia de instancia, por lo que la inferencia lógica, es que su queja deriva de su inaplicación, aunque con excesiva elipsis, pero indubitadamente, referida a un concurso de normas.

Por tanto, la conexión entre el motivo del recurso de apelación y resolución del recurso, existe suficientemente plasmada, aunque no se desarrollara. Ciertamente el lazo es débil, pero no radicalmente desligado del motivo; y no conduce a una absolución, sino a una ligera minoración punitiva, con supresión de una pena de multa, reducción de la pena de prisión de un año y seis meses a un año y tres meses, y sin afectación a la responsabilidad civil, de la que no existía pronunciamiento.

5. Igual conclusión obtendríamos, con la doctrina plasmada en la STS 68/2021, de 28 de enero, que desarrolla in extenso, la cuestión de la voluntad impugnativa.

La voluntad impugnativa, concepto de creación jurisprudencial cuyos concretos perfiles no siempre son fáciles de trazar, permite indagar al Tribunal ad quem, sobreponiéndose a eventuales deficiencias de naturaleza técnica en el planteamiento de la cuestión sometida a examen, --ya sea por la errónea elección del motivo de queja aducido o de los efectos que debieron asociarse a la estimación del mismo--, cuál ha sido, en realidad, el verdadero propósito, la sustancia, de la impugnación (por ejemplo, nuestra sentencia número 167/2019, de 28 de marzo , al determinar lo que "verdaderamente se pretende en el desarrollo del motivo"; o la número 484/2017, de 29 de junio, en la que se recuerda que: "Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha realizado una interpretación antiformalista del recurso, atendiendo a la voluntad impugnativa del recurrente y a la necesidad de satisfacer su derecho a la revisión de cualquier sentencia condenatoria por un Tribunal superior, lo que se muestra más marcado en los procesos penales condenatorios que se hayan desarrollado en instancia única, cuyas resoluciones sólo son susceptibles de un recurso extraordinario como el que aquí se suscita. Por ello, si bien el escrito de impugnación casacional no articula una argumentación separada de las cuestiones que trata, con correcta invocación de los respectivos preceptos legales en los que apoya su pretensión revisora, la aspiración casacional debe sobreponerse al defectuoso planteamiento del recurso, más aún cuando se invocan derechos constitucionales reconocidos, y cuando el contenido del alegato permite apreciar con claridad que la discrepancia del recurrente hace referencia a dos cuestiones:...).

Es verdad, empero, que otras veces, al menos en apariencia, los márgenes de este concepto, --la voluntad impugnativa--, han parecido ampliarse no ya al esclarecimiento del verdadero propósito de una impugnación que, aunque no correctamente planteada desde un punto de vista técnico, permite ser reconocido en el desarrollo de la queja, sino a todos cuantos errores en la aplicación del derecho pudieran ser detectados, con tal de que lo fueran en beneficio del reo (entre muchas otras, podrían ser ejemplo de ello, nuestras recientes sentencias números 689/2020, de 14 de diciembre o 589/2020, de 10 de noviembre , señalando esta última que: "la voluntad impugnativa del recurrente permite a esta Sala corregir en beneficio del reo cualquier error de derecho suficientemente constatado ( SSTS 1044/98, de 18-9 ; 401/99, de 10-4 ; 306/2000, de 22-2 ; 268/2001, de 19-2 ; 139/2009, de 24-2 ; 625/2010, de 6-7 ) por cuanto esta Sala casacional, con asunción de su plena jurisdicción, puede entrar en el estudio de una cuestión jurídica de obligado estudio y resolución y que forma parte de la demanda de justicia, inevitablemente unida a la tutela judicial efectiva que, como derecho fundamental, implícitamente está asumido por el acusado al formular la pretensión revocatoria"). En realidad, sin embargo, también en estos casos, lo que el expediente de la voluntad impugnativa permite no es sustituir a la parte en sus eventuales demandas, no es suplir su pasividad o aquiescencia, ni reorientar, trasformando, su línea defensiva, --todo ello inconciliable con la consustancial posición de imparcialidad del Tribunal--, sino, sin limitarse a la pretensión general deducida por la parte, analizar también aquellas consideraciones que, implícitas o embebidas en ésta, formando parte o comprendidas en ella, puedan resultar conducentes a la más completa protección de su derecho fundamental de tutela. Lo explicaba así nuestra sentencia número 155/2017, de 13 de marzo: "esta Sala ha aplicado tradicionalmente la denominada doctrina de la voluntad impugnativa, considerándola implícitamente comprendida en la infracción de ley, al estimar que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede verse mermado por formalismos exacerbados en la interpretación de los motivos de recurso, por lo que el Tribunal Supremo puede aprovechar la instancia casacional para corregir, en beneficio del reo, los errores legales de que adolezca la sentencia recurrida siempre que se encuentren relacionados con los motivos de casación interpuestos.

Son exponentes de esta reiterada doctrina, las Sentencias de 28 de septiembre de 1994 , 18 de septiembre de 1998 , 10 de marzo , 8 , 17 y 29 de junio , 8 y 17 de julio , 10 y 17 de septiembre , 18 y 30 de noviembre y 20 de diciembre de 1999 , 22 de febrero de 2000 , 6 de junio de 2002 , 9 de octubre de 2003 , 28 de octubre de 2005 y 8 de noviembre de 2006 , entre otras muchas, y por referirnos a sentencias más recientes las 625/2010 de 6 de julio , 148/2011, de 9 de marzo , 258/2011, de 28 de marzo , 976/2011, de 8 de noviembre , 141/2012, de 8 de marzo y 65/2016, de 8 de febrero , entre otras.

De este modo, podría entenderse, dentro de ciertos límites, que quien interesa la absolución del delito que se le imputaba, articulando, por hipótesis, su recurso sobre la base de una eventual vulneración del derecho a la presunción de inocencia o de un error sustancial en la valoración de la prueba, o por carecer de alguna condición personal que indebidamente se le atribuye, estaría cuestionando también, siquiera implícitamente, la calificación jurídica de los hechos por los que resultó condenado, permitiendo así su voluntad impugnativa al Tribunal ad quem corregir aquellos errores que, relacionados con sus motivos de queja, pudieran haberse cometido en la resolución impugnada.

Y como la resolución jurisprudencial anterior, establece el límite a esa posibilidad en el mantenimiento de la referida conexión: Huelga añadir que, por extensión, cuando el vínculo entre lo realmente pretendido y lo después resuelto, al socaire de aquella "supuesta" voluntad impugnativa, desaparece por completo, no puede ser ni remotamente identificado, el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes contrarias (en nuestro caso, de las acusaciones) resulta llanamente vulnerado.

En autos, instada por los acusados, en el recurso de apelación su absolución por vulneración de la presunción de inocencia, a la par que se añade, aunque no se desarrolla, con infracción de los artículos 248 , 250.1.7 °, 390.1.2 ª, 392 , 77, los preceptos penales que han servido para subsumir la conclusión condenatoria, pero a su vez, se alega también infracción del art. 8.1 del Código penal , previsto para el concurso de normas, ni siquiera mencionado en la sentencia condenatoria de instancia, posibilita, desde los parámetros jurisprudenciales constitucionales y de esta propia Sala Segunda, pese a su nulo desarrollo en el contenido del recurso, atender a una calificación donde el documento f alsificado se catalogue como privado y entre en concurso de leyes con la estafa.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- El segundo motivo se formula por infracción de Ley, de conformidad con lo prescrito en el artículo 849.1º LECrim, en relación con los artículos 390.1.2º y 392 CP para el delito de falsedad en documento mercantil y con los artículos 248 y 250.1.7 CP para el delito de estafa procesal en grado de tentativa. Igualmente, con infracción del artículo 395 CP, al no considerar el carácter mercantil de los documentos objeto de falsificación.

1. Alega que la falsedad documental se ha producido sobre documentos que tienen el carácter de mercantil. Pues:

i) Se producen como mecanismo para novar el pacto fundacional de socios, en contra de su voluntad, alterando las aportaciones de los socios, por lo que no puede considerarse de forma separada como unos meros contratos de arrendamiento de carácter privado.

ii) Con base a estos contratos falsos se simulan las facturas falsas para intentar el cobro de la renta, cuando el acusado Sr. Carlos, resultaba obligado como parte de su aportación social a ceder los terrenos de forma gratuita durante 25 años y a instalar las placas solares que adquirió el otro socio fundacional, que desembolsó más de 1,2 millones de dólares para su adquisición.

iii) Los contratos de arriendo y sus facturas tienen el carácter de mercantil, por tratar con ellos de novar el acuerdo de joint venture o pacto fundacional de noviembre de 2005. Las facturas igualmente son aceptadas pacíficamente como documentos propios del tráfico mercantil, que tienen su incidencia en la contabilidad de cualquier empresa o profesional, así como en sus obligaciones fiscales y tributarias.

iv) Mediante los contratos falsos aportados al procedimiento de desahucio, sin posibilidad de enervación, pretenden los acusados apropiarse del huerto solar despojando a sus socios de su inversión.

Cita en su apoyo, la STJUE de 9 de julio de 20020, RL sp. Z o.o. (C-199/19 ), caso que cita a su vez en su apartado 29, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec (C-256/15 ), y su primer apartado dispositiva declara: El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que un contrato cuya prestación característica consiste en la cesión remunerada del uso temporal de un bien inmueble, como el contrato de arrendamiento de un local profesional, constituye una operación comercial que da lugar a una prestación de servicios, en el sentido de esa disposición, siempre que se efectúe entre empresas o entre empresas y poderes públicos.

Así como una serie de sentencias de esta Sala, todas ellas anteriores a la sentencia del Pleno de esta Sala Segunda, núm. 232/2022, de 14 de marzo, destinada precisamente a restringir dentro de la categoría de documentos mercantiles, cuáles colmaban la paralela categoría típica de la Sección Primera del Capítulo II del Título XVIII, dedicada a la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación.

Dice la referida sentencia

El notable mayor castigo del delito de falsedad en documento mercantil respecto a otros comportamientos falsarios -sin perjuicio, además, de su relevancia concursal con los delitos defraudatorios con importantes implicaciones en términos de pluspunición- obliga a identificar la razón que, a la postre, lo justifica.

(...) La consideración del bien jurídico, como elemento rector tanto para la interpretación de los elementos del tipo como para la medición de la antijuricidad exigida, justifica reajustar el contorno aplicativo del tipo del artículo 392 CP . Limitando su aplicación a aquellas conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles que, por el grado de confianza que generan para terceros, puedan afectar potencialmente al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil. De tal modo, resultará suficiente la protección penal mediante el tipo del artículo 395 CP frente a la falsedad de otros tipos de documentos que, si bien plasman operaciones mercantiles o han sido confeccionados por empresarios o comerciantes, carecen de dicha especial idoneidad lesiva colectiva -por ejemplo, contratos, presupuestos, tiques, albaranes, recibos y otros justificantes de pago que recaen sobre actos, negocios o relaciones jurídicas sin relevancia para terceros.

(...) entre los documentos cuyo falseamiento sí podría comprometer el bien jurídico protegido por el artículo 392 CP cabe encontrar, con fines meramente enunciativos, los que tienen el carácter legal de título-valor; los que obedezcan al cumplimiento de una obligación normativa de documentación mercantil que funcionalmente les acerca a los documentos emitidos por ciertos funcionarios con capacidad documentadora -por ejemplo, libros y documentos contables, actas de juntas de sociedades de capital, certificaciones con potencial acceso al Registro Mercantil, etc.-; los que documentan contratos-tipo, clausulados generales o particulares en relaciones de consumo -por ejemplo, contratos de seguro, bancarios, de financiación, transporte etc.-; aquellos contratos sometidos a condiciones normativas de forma o de supervisión o a algún tipo de intervención pública -por ejemplo, contratos de gestión financiera, de correduría de seguros, de inversión, etc.- y documentos que, bajo la apariencia de corresponder al giro mercantil de una empresa, tengan como finalidad la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, fraude de subvenciones o la obtención de financiación por entidades bancarias o de crédito, etc.

Tras lo cual, esa resolución de Pleno se plantea la cuestión: ¿Puede afirmarse que la falsificación de un documento en el ámbito de una relación contractual privada en la que una de las partes es un comerciante es susceptible, en todo caso y por sí, de afectar a la seguridad del tráfico mercantil?

Y responde (socráticamente nos respondemos) La repuesta, en el caso que nos ocupa, ha de ser negativa. La simulación del clausulado de un contrato otorgado entre particulares, aunque estos puedan ostentar la condición de comerciantes y fijen una regla negocial de naturaleza mercantil, carece de eficacia más allá de la relación negocial entre aquellos y de potencialidad significativa para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en un sentido colectivo. Por ello, la simulación habida debe reputarse recaída sobre documento privado a los efectos típicos del artículo 395 CP , cuyo elemento subjetivo, la intención de causar perjuicio a tercero, concurre.

Y este es precisamente el caso de autos. Ciertamente, como precisa la sentencia recurrida, en el supuesto de la sentencia de Pleno, se trataba de un contrato de agencia; aquí de arrendamiento, pero en modo alguno resulta del hecho probado que conlleve potencialidad significativa para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en un sentido colectivo, sino que solo resulta afectante a los intereses de las tres sociedades que los acusados pretendían arrendatarias, y al de sus respectivos socios.

En definitiva, no se niega el carácter mercantil de los referidos contratos de arrendamiento y la documentación auxiliar referida a los mismos (recibos, apuntes...), ni que pudiera catalogarse como tal en la legislación sobre morosidad: pero ello no determina, en la media en que no transciende el efectivo interés privado de las partes concernidas, que pueda ser calificado como mercantil equiparado a público y oficial en las conductas típicas de falsedad documental.

El motivo se desestima.

TERCERO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al recurrente.