Sentencia Penal 55/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10412/2025 de 29 de enero del 2026

PRIMERO.-El recurso de casación formulado por la representación procesal del condenado se articula en tres motivos, los dos primeros por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , uno de ellos relativo al delito de asesinato y el otro al de coacciones por los que ha sido condenado, en ambos casos cuestionando la individualización de la pena impuesta por cada uno de ellos, con argumentos que vienen a coincidir con los expuestos con ocasión del previo recurso de apelación, ante lo cual dedicaremos este primer motivo a unas consideraciones de carácter general, de utilidad para la respuesta a cada uno de dichos motivos.

Hay un tercer motivo, por vulneración de derechos fundamentales, al amparo del art. 852 LECrim. en relación con el art. 24 CE, por indebida motivación de la pena impuesta y denegación implícita de atenuación por circunstancias personales, a cuyo respecto se alega que el condenado había tomado alcohol y cannabis y actuó como consecuencia de un arrebato, y, además, reconoció los hechos cuando fue detenido, cuestiones que quedarán respondidas en los fundamentos que abordemos las quejas por falta de motivación en la individualización de las penas impuestas.

1.Entre esas consideraciones de carácter general, decir, en primer lugar, que, al tratarse de puros motivos sustantivo penal, obliga a atenerse hechos tal como se han declarado probados en la sentencia de instancia, sin introducción de matices que puedan hacer alterar su sentido, siendo ajeno a él otro tipo de cuestiones a canalizar por otros motivos.

En este sentido, tomando como referencia lo que decíamos en STS 446/2022, de 5 de mayo de 2022, con cita de otras que la preceden, recordábamos «[...] que el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884.3 LECr ( STS 421/2018, de 20 de septiembre)».

2.En segundo lugar, cuestionándose la individualización de las distintas penas, recordar que es materia sujeta al arbitrio judicial, y así lo recordábamos en STS 1008/2024, de 19 de diciembre de 2024, en que decíamos:

«Así, es doctrina de este Tribunal, la que mantiene que es cuestión sujeta al arbitrio del juez que dicta la sentencia la fijación de la pena concreta, por ser él quien ha podido valorar los factores o variables determinantes en orden a tal individualización en concreto, quien, en todo caso, y a fin de evitar cualquier asomo de arbitrariedad, deberá motivar su decisión, siendo a través del control judicial de esa motivación, como habremos de operar en su revisión, de manera que, considerados razonables los argumentos que han llevado al juzgador a decantarse por la concreta pena que impuso, ningún reproche merecerá su decisión»; sentencia en la que recogíamos el siguiente pasaje de la STS 207/2020, de 21 de mayo2020:

«La individualización penológica encierra un ámbito de discrecionalidad que el legislador ha depositado en principio en manos del Tribunal de instancia. En su más nuclear reducto no es fiscalizable en casación. Se pueden revisar las decisiones arbitrarias. También las inmotivadas. O aquellas que no respetan las reglas o los criterios legales. Pero no es factible neutralizar o privar de eficacia las decisiones razonadas y razonables en esta materia del Tribunal de instancia, aunque puedan existir muchas otras igualmente razonables y legales. En el terreno de la concreción última del quantum penológico no es exigible la expresión imposible de unas reglas que justifiquen de forma apodíctica y con exactitud matemática la extensión elegida (vid., entre otras, STC 28/2007, de 12 de febrero y STS 578/2012, de 26 de junio).

Desborda las atribuciones de un Tribunal de casación la capacidad de redimensionar la pena para ajustarla a sus propias eventuales estimaciones. Nos entrometeríamos en facultades discrecionales que el legislador deposita en la Audiencia Provincial. Solo podemos verificar si la opción penológica está motivada con arreglo a criterios legales y razonables, y no vulnera las reglas de individualización. En el ámbito último de discrecionalidad inherente a la elección de una pena concreta dentro de la horquilla legal, la decisión corresponde, a la Audiencia. No puede ser usurpada o expropiada por el Tribunal de casación».

3.En tercer lugar, en la medida que se ha discutido sobre la proporcionalidad de las penas impuestas, traeremos la doctrina de la Sala que aborda este principio, que tomamos de la STS 716/2014, de 29 de octubre de 2014, en la que decíamos:

«El principio de proporcionalidad no está expresamente proclamado en la Constitución Española aunque constituye una exigencia implícita del art. 25 CE según tempranas declaraciones del Tribunal Constitucional. A partir de diciembre de 2009 un texto normativo de aplicación directa en nuestro ordenamiento lo consagra de manera expresa: el art. 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.

El juicio sobre la proporcionalidad de las penas compete al legislador en una primera instancia ( SS TC 55/1996, 88/1996, de 23 de mayo y 161/1997, de 30 de octubre y STS 466/2012, de 28 de mayo). Al criterio trasladado a la ley han de atenerse en el ejercicio de sus funciones los jueces y tribunales. En el discernimiento sobre qué sanciones son las más ajustadas para cada conducta ilícita goza el legislativo, respaldado por la legitimidad democrática, de un margen de discrecionalidad que debe ser acatado. Esa libertad no es absoluta. La Constitución impone unos mínimos estándares de proporcionalidad que enlazan con los derechos proclamados en su art. 25.1. Esa estimación se ve en la actualidad reforzada por la vigencia del citado art. 49.3 de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Desde este enfoque una ley penal puede ser fiscalizada por el Tribunal Constitucional: tanto por resultar patentemente innecesaria una reacción de tipo penal; como por estimarse excesiva la carga aflictiva de la pena en relación con la entidad del delito.

En este segundo nivel, que es el evocado por el recurrente, nos moveríamos en el territorio de lo que se ha denominado desproporción en sentido estricto ( STC 136/1999, de 20 de julio).

Pero también el Tribunal Constitucional ha de partir del respeto a la potestad del legislador para elegir los bienes dignos de ser penalmente protegidos, y para definir los comportamientos penalmente reprensibles y dosificar tipo y cuantía de las sanciones penales. Esas cautelas le confinan a una posición desde la que solo puede verificar que la norma penal no produce "un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho" ( STC 55/1996, fundamento jurídico 8º). La evaluación de la conveniencia, calidad o perfectibilidad de la norma corresponde al legislador: "... sólo cabrá catalogar la norma penal o la sanción penal que incluye como estrictamente desproporcionada cuando concurra un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa" ( STC 161/1997, de 30 de octubre).

Linderos todavía más angostos encorsetan la capacidad de los órganos de la jurisdicción ordinaria para valorar una norma penal desde esa perspectiva de proporcionalidad ( STS 466/2012, de 28 de mayo). Ese principio no queda al margen de sus funciones. De un lado, dentro de los límites legales, el principio de proporcionalidad ha de presidir la tarea de individualización penológica en cada caso atendiendo a los criterios del Código que remiten a esos cánones de proporcionalidad. De otra parte, en los casos excepcionales en que se detecte ese "derroche inútil" de coacción que podría acarrear la ilegitimidad de la norma, podrán reenviar la cuestión al TC, único órgano con poderes constitucionales de enmienda del legislador. Por fin, y esa prescripción representa un indubitado eco legal del principio de proporcionalidad, pueden los órganos judiciales elevar una memoria al Gobierno exponiendo lo conveniente cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley resulte penada una acción u omisión que a su juicio no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo ( art. 4.3 CP)».

4.Habida cuenta de que hay una queja común por cómo se ha aplicado, en cada delito, la regla de individualización de la pena del art. 66.1.6ª CP, por el juego las circunstancias personales del delincuente y la gravedad del hecho, avanzamos que ha sido correcto el uso que de la misma ha hecho el tribunal sentenciador con las explicaciones que, en cada caso, ha dado.

En efecto, establece dicha regla que los Jueces y Tribunales «cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la Ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la sentencia", y, ello, como viene manteniendo una asentada jurisprudencia de esta Sala, ha de entenderse en el sentido de que "la gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer», y continúa, «la mayor o menor gravedad del hecho dependerá de las circunstancias concurrentes en el mismo, que sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciación como circunstancias atenuantes o agravantes, ya genéricas, ya específicas, modifiquen el desvalor de la acción o el desvalor del resultado de la conducta típica» (por todas, STS 322/2025, de 3 de abril de 2015).

5.Por último, poco más podremos añadir a lo argumentado por la sentencia recurrida para desestimar este recurso de casación, por ser razonables las consideraciones que realiza al desestimar iguales motivos, que cuestionaban, también, la individualización de las penas impuestas en la instancia, avalando las consideraciones realizadas por la Magistrada Presidente en su sentencia, en un correcto uso de su arbitrio mediante las explicaciones dadas al fijar cada una.

SEGUNDO.-En el primer motivo del recurso, por error iuris,se vuelve alegar indebida aplicación del art. 139.2 CP en la individualización judicial de la pena por el delito de asesinato, que, al concurrir dos circunstancias específicas, como la de alevosía y ensañamiento y siendo su arco penológico, por disposición del apdo. 2 del art. 139, de 20 años y 1 día a 25 años de prisión, se impuso en 23 años, solicitando el recurrente que sea reducida a su mínimo legal, porque, en su opinión, no se fundamenta dicha extensión, y el condenado reconoció los hechos y estaba influenciado por sustancias estupefacientes y alcohol, y se añade que en el motivo se dice que se reconoció en los hechos probados.

Los hemos leído y no vemos que así sea; es más, repasada la sentencia de instancia en su integridad, se rechaza la aplicación de las atenuantes de drogadicción y/o embriaguez y de confesión, y en los hechos probados se describe una actuación por parte del condenado especialmente cruel, que va más allá de los medios o elementos que componen las agravantes de alevosía y ensañamiento.

Se trata de una actuación en la que el condenado espera a su víctima con un cubo que había llenado previamente con gasolina y gasoil y cuando se encuentra con él le arroja el contenido por todo su cuerpo, que le empapa de cabeza a pies y le prende fuego simultáneamente con un encendedor, quedando envuelto en llamas su víctima, quien lanza gritos de dolor y auxilio, y que, para apagar las llamas, se dirige a un aljibe próximo, de 3,15 metros, se mete en él, y el acusado no solo cierra la tapa del aljibe, sino que coloca sobre ella la tapa de un horno vieja y la puerta de un coche, consciente de los gritos de dolor que estaba escuchando, para que no pudiese salir, decidido a asegurar su muerte y aumentar todavía más su sufrimiento y agonía, que son elementos los anteriores que, si bien son la base para apreciar la agravante de ensañamiento, no dejan de revestir esa superior crueldad que hace razonable que el tribunal sentenciador se decante por no ir al mínimo de la pena imponible.

Y más acertada consideramos la decisión de la Magistrada-Presidente, si acudimos a otros pasajes de los hechos probados, como el que declara que «el acusado, movido por un sentimiento de odio y resentimiento hacia el Sr. Agustín acumulado desde años atrás, con intención de acabar con su vida de forma cruel, tal como había planeado...»; porque con ello se deja constancia de una persistencia en la idea de matar, que se extiende en el tiempo, y permite hablar de una actuación premeditada, reveladora de un dolo especifico propio, que, si bien ha dejado de tener la consideración de una concreta circunstancia de agravación en el vigente Código Penal, no implica que deba ser ignorado a efectos de individualización de la pena.

Con lo dicho, nos hemos venido refiriendo a esos otros elementos relativos a la «gravedad del hecho», distintos a los de la «gravedad del delito» que definen una agravante, de los que hemos hablado en el apartado 4 del primer fundamento de derecho, a tener en cuenta a efectos de individualización, una vez determinado el arco penológico por el juego de circunstancias modificativas.

En definitiva, la sentencia de instancia contiene una motivación, en lo que a la individualización de la pena concierne, si se quiera breve, pero que, vista la crueldad de la actuación del condenado, poco necesitaba, y nos parece, al igual que le pareció al tribunal de apelación, suficiente y razonable, por lo que ningún reproche merece, cuando, además, la pena impuesta la consideramos proporcionada en atención a los elementos facticos señalados.

Procede, pues, la desestimación del primer motivo de recurso.

TERCERO.-En el segundo motivo, también por error iuris,al amparo del art. 849.1º LECrim. , se solicita que la pena de prisión de un año, impuesta por el delito de coacciones del art. 172.1 CP, pase a ser una multa de 12 meses, dado el carácter, que considera leve, de la coacción.

Vaya por delante que a este Tribunal no le pasa desapercibido que los hechos relativos a la mujer, que desde la instancia vienen calificados como delito de coacciones, mejor hubieran sido considerados como constitutivos de un delito de amenazas del art. 169.2 CP, como era la calificación que proponía el M.F.; sin embargo, no haremos cuestión de ello, habida cuenta de que no se ha planteado debate al respecto e igual pena sería imponible de haber optado por tal calificación.

Asimismo, como una consideración más, decir que, en la medida que los hechos relativos a este delito han sido subsumidos en el art. 172.1 CP, y este juicio de tipicidad no lo ha cuestionado el recurrente, la coacción no puede ser considerada leve, porque ésta se encuentra contemplada en el apdo. 3 del mismo art. 172.

Dicho esto, la pena contemplada para el delito de coacciones del art. 172.1 es una pena que bien puede ser de prisión o de multa, por cuya alternativa ha de optar el tribunal sentenciador, sujeto a los criterios de arbitrio de los que venimos hablando, en función de la gravedad de la coacción o de los medios empleados, y no se puede decir que una coacción en la que se emplea un medio tan peligroso como es un cuchillo de grandes dimensiones, y se agarra del cuello a la víctima a cuyo cuello se le pone el cuchillo, que son los elementos tenidos en cuenta por el tribunal sentenciador, no sea de menor gravedad que si no se emplea, y suficiente para justificar la pena de prisión en lugar de una multa, y, por lo tanto, considerar suficientemente motivada la decisión.

Si a lo anterior se añade que el contexto en que despliega su brutal actuación delictiva el condenado, que primero abrasa al marido y luego la emprende contra la esposa con esa actividad tan agresiva, volvemos a considerar proporcionada la decisión.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

CUARTO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente al pago de las costas ocasionadas con su recurso.