Sentencia Penal 1078/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5492/2022 de 29 de enero del 2026

A.- Recurso de Cristobal, Petromiralles SL y Petromiralles 3 SL y Petromiralles Group SL.

PRIMERO.-Una cuestión previa hay que abordar. Estas partes -no así los restantes recurrentes- reclamaron la celebración de vista.La petición no figuraba en el escrito de formalización. Ha aparecido al impugnar el recurso sustentado por la Abogacía del Estado, trámite que también aprovechan estos recurrentes para adherirse a dos motivos paralelos (dilaciones indebidas solicitadas con la base del art. 849.1º LECrim) de los condenados Romualdo y Adolfo.

No se ha considerado conveniente la celebración de vista. Solo se reputó necesaria por estos recurrentes en relación al recurso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, recurso de motivo único y planteamiento relativamente simple. Está cumplidamente contestado en el escrito de impugnación. Los argumentos de la acusación particular han podido ser rebatidos. El motivo solo afecta a las sociedades declaradas terceras responsables civiles.

En los restantes aspectos objeto de impugnación -de mucha mayor enjundia-, amén de no haber despertado idéntico interés en cuanto a su defensa mediante exposición oral, un necesariamente breve trámite de vista no se revela como instrumento idóneo para añadir algo sustancial a los extensos escritos de formalización y los también extensos correlativos de impugnación. De hecho la petición de celebración de vista por estas partes se hace sin argumentación alguna, de forma casi protocolaria, confiando la decisión al mejor criterio de este Alto Tribunal.

La entidad de las penas no alcanza la duración a partir de la cual se haría obligatoria la vista, si, además, lo reclamasen todas las partes (art. 893 bis a) interpretado tanto por esta Sala como por el Tribunal Constitucional: ATC 588/1995, de 27 de marzo y SSTS 429/2015, de 9 de julio, 734/2015, de 3 de noviembre y 80/2017, de 10 de febrero).

Es obligada esta explicación en este momento al no existir otro trámite legalmente habilitado para ofrecer respuesta razonada a esa petición (vid art. 893 LECrim) que como todas las dirigidas a un Tribunal merece una contestación razonada.

SEGUNDO.-Anclando su petición en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías ( arts. 24 CE y 852 LECrim) solicitan los recurrentes la nulidad, bien de todo el juicio, bien, exclusivamente, de las actuaciones posteriores al momento en que tuvo que informar el letrado que asumía su defensa en tanto se limitó su tiempo de exposición en términos que causaron indefensión. Se le expropió la posibilidad de exponer de forma completa toda su argumentación y de analizar diversos puntos -que enuncia- de indudable interés para la defensa.

Reconstruye el letrado las vicisitudes del trámite de informes. Fiscal y Abogacía del Estado invirtieron 32 y 52 minutos respectivamente. Destaca que no se limitó su tiempo. Adviértase -anotamos- que las acusaciones han de defender sus pretensiones frente a una pluralidad de partes.

Al anunciar el letrado de estas recurrentes que su informe iba a ser extenso, la Sala optó por reordenar la secuencia dando prioridad a las defensas que, por aceptar en buena medida las imputaciones, no precisaban más que exponer algunos concretos puntos de discrepancia.

Las sesiones se reanudaron la mañana siguiente con el informe de esta parte, previa advertencia por la Presidencia de la conveniencia de ajustar la duración a una hora -en el caso de letrados que defendían a más de una parte- y la mitad de tiempo -treinta minutos- las restantes defensas. No contar con antelación con esa indicación para ajustar la preparación a ese tiempo, acarreó la necesidad de intentar acomodarse a esa pauta sobre la marcha.Esa obligada improvisación habría impedido a la dirección técnica de estas partes aflorar muchos argumentos, apremiado, además, por las advertencias que, cuando rebasó la hora de exposición, comenzó a efectuar la Presidencia. A los 72 minutos interrumpió su exposición ante la conminación para concluir.

Seguramente es práctica más aconsejable advertir de esas razonables limitaciones de tiempo con alguna antelación (aunque, no siempre es posible). El letrado podrá así sistematizar sus argumentos acomodándolos al tiempo con el que cuenta.

También, sin duda, estamos ante una causa compleja con muchas derivaciones y muchas pruebas que valorar. Pero tanto la Abogacía del Estado como la Fiscal, cuyo esfuerzo argumentativo había de ser mayor -tanto por su posición acusatoria como por el número de partes frente a las que desplegaban sus pretensiones- supieron desarrollar sus informes en tiempos razonables que marcaban ciertas pautas. La acreditada solvencia del letrado interviniente -lo evidencia, el alto nivel de su escrito de formalización- no nos permite dudar de su capacidad para condensar en algo más de sesenta minutos su alegato defensivo, que, además, alcanzó algunos de sus objetivos. La insistentemente repetida mención de defender a cinco partes frente a cinco delitos, es muy efectista; pero, como arguye el Fiscal, no puede olvidarse la simplicidad de una de las infracciones (tenencia de armas), la similitud de otras tres (defraudación tributaria), la condición de tres de los defendidos, -meros terceros responsables civiles- y la muy equiparable, posición procesal entre los dos acusados, de un lado, y las tres responsables civiles, de otro lado.

Expone el letrado algunos de los puntos de su abortado discurso que quedaron sin desarrollar y se lamenta de la escasa tolerancia de la Sala, máxime cuando, según dice, en modo alguno estaba cayendo ni en reiteraciones, ni en premiosidad.

Se ha esforzado el recurrente en sumergirse en la jurisprudencia menor para localizar algún pronunciamiento de Audiencia que declara la nulidad por la interrupción abrupta del informe que hilvanaba la defensa. Los supuestos no son del todo parificables (tras diez minutos de exposición se le exige acabar en ¡quince segundos!; en otro caso, no se llega a respetar el tiempo previamente asignado).

El tiempo concedido por el Tribunal (una hora), se mueve dentro de lo más que razonable a la vista del invertido por las acusaciones. En prestigiosos Tribunales internacionales están protocolizados tiempos mucho más estrictos: quince minutos. Además, gozó de unos minutos de cortesía (hasta doce), después de la primera advertencia. El letrado podía y debía redoblar su esfuerzo de contención sin confiar en que la hora fijada iba a poder dilatarse indefinidamente a conveniencia propia pese a la inicial indicación del Tribunal. Cuenta ahora, además, con este recurso para explayarse en aquellos puntos que no pudo desarrollar con amplitud.

Se antoja inviable y desproporcionado anular la sentencia para que el letrado pueda concluir su informe (¿quince minutos más? ¿veinte? ¿treinta?). Mayores distorsiones resultarían de la repetición de todo el largo juicio pese a que, en sí, no está aquejado de vicio alguno.

No estorba recordar la conveniencia de cierta flexibilidad que puede combinarse con el rigor. Es buena práctica advertir a las partes con antelación y con cierta permeabilidad frente a las necesidades que expongan, del tiempo aproximado al que deberán ajustar sus alegatos verbales. Eso permite ordenar la exposición y distribuir el tiempo entre los temas que se desea abordar, prescindiendo de lo superfluo o innecesario. Pero dar por finalizado el trámite de informe después de setenta y dos minutos cuando se había advertido (bien es cierto que en el mismo acto) de que el tiempo de exposición habría de ajustarse a una hora, no puede considerarse un supuesto de indefensión constitucionalmente relevante.

Materialmente la indefensión pasará inadvertida, pero será mayor cuando no se pone límite temporal alguno de forma explícita pero el letrado sobrepasa la capacidad de mantener la atención con que cuenta el hombre medio: las palabras siguen resonando en la Sala, pero causan escasa mella en quien las oye pero no las escucha, pese a que ponga en ello todo su empeño. No faltan estudios sobre esto: a partir de un momento, más tiempo de exposición no significa más comunicación; sino, probablemente, menos. Un discurso, muy dilatado en el tiempo dilapida la atención.

TERCERO.-Razones de lógica metódica y economía argumental aconsejan anticipar el examen de una de las vertientes del motivo sexto de este recurso en el que, desde la perspectiva del art. 849.1º (infracción de ley) se cuestiona que se haya asignado a las conductas que se atribuyen a Cristobal los perfiles de un delito de blanqueo de capitales.

Dejamos a un lado lo relativo a la condición de jefe de la organización, o a la temática de la aptitud de los delitos de defraudación tributaria para constituirse en delito antecedente de una conducta de blanqueo (lo que tratará de recuperar otro recurrente a través de una adhesión; pero aquí esa problemática no aparece como en otros precedentes por el mecanismo defraudatorio que incluye la recepción de dinero -IVA repercutido- y no solo el impago, al margen de apoyarse el argumento en lo que ha sido una postura minoritaria de esta Sala).

El tema es previo: en los hechos probados no identificamos conductas definidas con un mínimo de precisión atribuibles a Cristobal que encajen en alguna de las actividades descritas en el art. 301 CP. En parte concurren problemas de prueba que el recurso aborda en motivos previos. Pero, por encima de ellos, se detecta una cuestión de insuficiencia, no ya de prueba, sino de algunos elementos fácticos esenciales que no aparecen entre los hechos acreditados.

El dinero manejado a través de cuentas, residenciadas algunas en el extranjero, no tiene como destino cuentas de Petromiralles o de este acusado. Las beneficiarias son sociedades titularidad de otros acusados. Tan solo se produce un retorno de algo más de un millón de euros (1.169.000 euros) que, al no ofrecerse ningún otro dato en la sentencia, podría estar justificado, según alega la defensa, como devolución de un préstamo, de importe superior, de cuya realidad la causa ofrece muchos datos.

Los destinos de esos otros fondos -de importes mucho más elevados- no aparecen vinculados a Petromiralles. Tampoco consta -ni lo dice el hecho probado- que este recurrente manejase esas cuentas o impartiese instrucciones al respecto. Ningún elemento objetivo corrobora las imputaciones que sobre este punto formula el coimputado.

Respecto del delito de blanqueo de capitales procede la absolución no solo por insuficiencia de la prueba, sino también por lo parco del relato del hecho probado que parece ser un reflejo de esa orfandad probatoria. No basta con conocer que se están cometiendo fraudes, para convertirse en colaborador de un delito de blanqueo por cobrar cantidades realmente adeudadas cuyo origen no necesariamente habrían de ser esas defraudaciones tributarias. Por otra parte, si la deuda es real podría esfumarse la antijuricidad: no es delito de blanqueo dar prioridad a un acreedor real frente a las obligaciones tributarias. Esta aseveración probablemente exigiría un desarrollo mayor que resulta innecesario a los efectos de decidir sobre este recurso.

Se impone la absolución de este recurrente por virtud de la estimación del motivo quinto de su recurso.

Los motivos sexto, séptimo y octavo quedan arrastrados por la estimación del quinto. Vienen todos referidos a diversos aspectos del delito de blanqueo de capitales por el que se le absolverá. Con ello quedan vacíos de contenido estos tres motivos.

De igual forma los motivos segundo y tercero que abordaremos a continuación y que argumentan no solo sobre los delitos de defraudación tributaria, sino también sobre el blanqueo de capitales, desde perspectivas más procesales (probatorias y de motivación supuestamente insuficiente) han ser refutados solo en lo que afectan a las condenas por delitos contra la hacienda Pública. Todas sus referencias a la actividad de blanqueo pierden relevancia.

CUARTO.-Siguiendo la adecuada metodología de la Abogacía del Estado daremos contestación conjunta a los motivos segundo y tercero. Son complementarios. Inciden, desde dos perspectivas diferentes (motivación y suficiencia) en la valoración probatoria efectuada por la Sala de instancia. Esa ligazón es mencionada por el propio recurso.

El motivo segundo denuncia infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por deficiencias motivadoras ( arts, 120.3 y 24.1 CE) : no solo se señalan déficits de motivación sino también ausencia de ponderación de las pruebas de descargo.

El motivo tercero, por su parte, se adentra directamente en la presunción de inocencia: la prueba sería insuficiente.

Los aspectos atinentes al blanqueo de capitales, como se ha dicho, quedan al margen del discurso que sigue.

La prueba de cargo más directa radica en las declaraciones de los coimputados, especialmente de Humberto. Están rodeadas de múltiples elementos corroboradores. La forma en que éste describe los fraudes y la operativa revela los beneficios que de tal mecánica se derivaban para Petromiralles y se ajusta al examen y análisis de toda la documentación y movimientos dinerarios y transacciones comerciales.

Que la deuda de DIRECCION000 se haya incrementado, -argumento aducido por los recurrentes- no significa nada a la vista de los enormes beneficios generados indirectamente para Petromiralles a través de la mecánica defraudatoria.

Las demandas civiles posteriores frente a DIRECCION000 tampoco desvirtúan los elementos probatorios que acreditan la veracidad en lo sustancial de las declaraciones heteroinculpatorias de Humberto avaladas por un robusto cuadro probatorio.

El recurso invoca muchos elementos que no son propiamente exculpatorios, sino neutros; en el sentido de que, no siendo desde luego indicativos de su participación en los hechos objeto de imputación, son compatibles con ellos. Destacan diversos alegatos relativos a las relaciones entre Petromiralles y DIRECCION000. No contradicen las imputaciones.

Con elogiable minuciosidad, en otro orden de cosas, trata el recurso de entresacar discrepancias o contradicciones, aparentes o reales en algún caso, de las declaraciones prestadas por Humberto, Eladio y Romualdo. Pero, pudiendo admitirse la realidad de algunas (lo que es susceptible de muchas explicaciones y entre ellas una tan natural como es la desmemoria), están a años luzde permitir fundar una descalificación absoluta de las manifestaciones de Humberto que encajan en todas sus líneas esenciales con la operativa avalada por los informes periciales basados en la documentación intervenida y analizada.

Que las cesiones de capacidad en un depósito (TEPSA) sean un mecanismo legítimo no enturbia que en este supuesto esas autorizaciones estuviesen motivadas por la planificación conjunta de una mecánica operativa que exigía la creación de unas sociedades instrumentales. Es congruente con el relato de Humberto.

La sentencia descarta la presencia de móviles turbios o espurios en el coimputado. Ciertamente, sin embargo, los beneficios punitivos asociados a esa colaboración procesal en la que destaca la imputación que se dirige a Cristobal alimentan suspicacias: ¿es una estratagema para amortiguar las consecuencias penales de sus actos?

La sospecha se difumina a la vista del enorme acopio de elementos corroboradores que se desprenden de la causa: conversaciones, reuniones, cesión a Fast por parte de Petromiralles de una cuota de depósito para el inicio de sus actividades, y, sobre todo, la mecánica desarrollada en que empresas del grupo Petromiralles suministran y, a continuación, compran a las empresas instrumentales defraudadoras.

Algunas inexactitudes o elementos distorsionados (v.gr.: lo relativo a Servicios Petrolíferos Giralda) no bastan para descalificar lo sustancial de la imputación avalada por informes periciales. Notése, además, que en ese punto (Servicios Giralda) la declaración prestada en juicio por Humberto concuerda con los datos documentales.

La relación de 105 conversaciones telefónicas que invoca en su favor el recurrente tampoco desmiente lo sustancial de la intervención en la ideación de esas sociedades instrumentales con el objetivo de utilizarlas en beneficio propio logrando unos precios más bajos que los del mercado, solo alcanzables gracias a la defraudación de IVA operada por esas sociedades. Las conversaciones pueden transmitir penuria probatoria en cuanto al blanqueo; pero no, desde luego, del aprovechamiento por parte del grupo empresarial del recurrente de esas defraudaciones tributarias prolongadas en el tiempo: que las sociedades instrumentales funcionasen de forma autónoma y el recurrente se desentendiese de la fijación de precios o determinación de las cantidades a declarar por IVA es perfectamente armonizable con su responsabilidad penal por su participación en la ideación, gestación y posterior aprovechamiento de esa actividad defraudatoria.

QUINTO.-La sentencia, en verdad, peca de cierta anorexia argumentativa a la hora de exponer todos esos datos; seguramente porque los informes obrantes en la causa son tremendamente expresivos y basta la remisión a ellos para que aflore un cuadro probatorio difícil de cuestionar. Resaltemos ahora, tan solo, unos párrafos del informe pericial de 15 de febrero de 2016. Destaca por su carácter compilador y por la claridad de su explicación. Está armado a base de elementos documentales no discutidos, ni discutibles (folios 85757 a 8609):

A la consignación de las cuotas defraudadas, sigue una explicación de la mecánica utilizada que también expondrá la sentencia:

"La mecánica para defraudar se basaba en el Régimen Fiscal de los Depósitos fiscales de hidrocarburos, que muy simplificadamente consiste, que en las ventas (a la salida del depósito) se repercute IVA (y las empresas lo cobran de sus clientes) pero en las compras dentro del depósito están exentas. Esto supone que estas empresas debían ingresar en sus liquidaciones por el IVA cuotas muy importantes, ya que apenas tenían IVA soportado, y esto no se producía ya que inventaban IVA soportado a través de facturas de un entramado de empresas que facilitaban el fraude.

En efecto las adquisiciones dentro de los depósitos fiscales de hidrocarburos se producen con exención de IVA y con suspensión de los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos. Por el contrario a la salida de los depósitos, en la venta de los productos se debe repercutir a los adquirentes el IVA correspondiente, y también se devengan los Impuestos Especiales, que son recaudados por los titulares de los depósitos, y estos titulares exigen muchas garantías de pago por lo que el fraude no se produce en Impuestos Especiales y se centra en el IVAque repercuten a los clientes, y que por medio de un entramado de empresas al final NO SE INGRESA EN LAS ARCAS PUBLICAS".

Constata la perito el inicio de la actividad defraudadora FAST PETROL (FAST) bajo el padrinazgo del Grupo PETROMIRALLES.

Se consigue a través de esas vinculaciones un doble beneficio: para la Sociedad instrumental y para Petromiralles que se aprovecha de los bajos precios de adquisición propiciados por el impago del IVA por las instrumentales, lo que le permitirá ganar en competitividad de forma tan desleal como lucrativa:

Producto originario del grupo PETROMIRALLES (PETROMIRALLES 3, SL) situado en el depósito de hidrocarburos TEPSA, pasaba por FAST PETROL, para acabar en estaciones de servicio del grupo PETROMIRALLES. Con este mecanismo de actuación un producto vendido por el grupo PETROMIRALLES a 1.000,00 € (excluidos impuestos) a FAST volvía de nuevo al grupo vendido por FAST a 937,00 €, es decir iba a cobrar 1.000,00 € por algo que había pagado a 937,00 €, obteniendo un beneficio de 63 euros, financiado por el impago de las cuotas de IVA por FAST.

Desde un punto de vista fiscal, la defraudación se materializa falseando las cifras de IVA soportado y concretamente de la documentación que obra en estas diligencias se deduce que la manipulación se producía en el BUFETE ORFISA, dando órdenes Eladio en este sentido a la trabajadora del bufete Adela.

En esa mecánica se sucederán otras sociedades instrumentales Servicios Petrolíferos cruzados o Scout Energy Petrol.

Refiriéndose al GRUPO PETROMIRALLES expone el informe:

"En el inicio del montaje defraudatorio fue decisiva la intervención del Grupo PETROMIRALLES con el "apadrinamiento" de FAST, ya que se firmó con ellos y con TEPSA un contrato de "expedición de producto por cuenta de FAST PETROL COMPANY, S.L.U.", anejo al contrato que PETROMIRALLES tenía con TEPSA, donde PETROMIRALLES autorizaba a FAST a utilizar la capacidad contratada por PETROMIRALLES EN TEPSA.

En diversos correos, se observa como en los momentos iniciales preparatorios de la actividad de FAST PETROL esta sociedad se dirige directamente a Cristobal. En este sentido, en fecha 18 de abril de 2011 le remite la documentación de FAST, añadiendo que si falta algo que les envíe un correo o les llame por teléfono; el 19 de abril de 2011 FAST le envía el acuerdo de inscripción en el registro territorial de FAST PETROL (Oficina gestora de Impuestos Especiales de Huelva, Código de Identificación Minorista CIM); el 29 de abril de 2011 FAST le pide precios para comenzar a operar; el 29 de abril le remite el CIF de FAST; el 5 de mayo le recuerdan a él y a Adelaida que están pendientes aún de recibir precios".

Es indudable que PETROMIRALLES contribuye el establecimiento de Fast Petrol Company.

Detalla el informe otros elementos probatorios significativos de esas relaciones:

" - Alejo, preparaba unas hojas de seguimiento del "ahorro"que tenía PETROMIRALLES operando con FAST y SPA gracias a este montaje. Estas hojas eran enviadas por este empleado a su jefe Cristobal, y también en algún caso a Montserrat, empleada y directora de finanzas de PETROMIRALLES, SL.

- Adelaida envía con cc de Alejo, correo a FAST PETROL indicando que se han equivocado y han enviado una factura a PETROMIRALLES,3 SL y hay que hacerla a PETROMIRALLES,SL. Con esto queda claro que para FAST era lo mismo PETROMIRALLES, 3 SL que PETROMIRALLES SL

- Importante para ver como el grupo MIRALLES estaba al tanto de toda la trama y de la sucesión de empresas defraudadoras, el correo que envía Adelaida a Cristobal, el 13 de Abril de 2012. En el correo se lee lo siguiente:

- "SERVICIOS PETROLÍFEROS AVANZADOS

o ¿Cuando podrán empezar en Tepsa?

o Es conveniente que controlen que los clientes devuelvan la copia 3 de los DAA a la Terminal. Para controlarlo pueden pedir listados a la Terminal de lo que tienen pendiente de recibir o a lo mejor lo pueden consultar por la Web no lo sé.

- SCOUT (Es para tener una idea)

o ¿Previsión de compras de gasolina para el mes de mayo en Decal?

o ¿Previsión de compras de gasóleo A en DECAL para el mes de mayo, considerando que el volumen importante de Petromiralles se hará en TEPSA?

o ¿Previsión de FAME en Tepsa y en Decal?

(...)

La Conclusión del análisis de la documentación está llena de lógica:

a) Precios de Venta de PETROMIRALLES 3 a FAST y SCOUT.

En la documentación se han encontrado correos enviados por una empleados de PETROMIRALLES ( Hortensia y Moises) a Cristobal (dueño de PETROMIRALLES), intercambios de listados entre Adelaida y Alejo( también empleados de PETROMIRALLES).

"Los distintos precios ofertados por PETROMIRALLES a terceros en comparación con los ofertados a FAST y SCOUT, se observa, efectivamente, como los precios de venta a estas últimas sociedades son más caros que los precios normales ofrecidos por PETROMIRALLES (hay una diferencia de entre 7 a 41 euros por cada mil litros de gasóleo A). Además, si observamos el ranking de precios contenido en los informes de venta (donde se encuentran los mejores precios ofertados en el mercado, incluido el de PETROMIRALLES 3), vemos como los precios de venta a FAST y SCOUT son muy caros con respecto a los otros precios ofertados en el mercado; es decir, FAST y SCOUT hubieran podido ahorrarse mucho dinero si hubiera comprado a otros operadores que ofrecían precios mucho más baratos.

b) Precios de venta de FAST, SPA y SPG a sus clientes y comparación con el precio de mercado.

En la web de la Asociación de Operadores Petroliferos se informa del pequeño margen que manejan los operadores. De esta información y de otra información que obra en el procedimiento (correos, listados, conversaciones telefónicas), se puede deducir lo siguiente:

Las diferencias entre los distintos operadores normales y FAST PETROL y SPA son enormes. Entre los operadores normales podemos encontrar diferencias de 1,00€ por metro cúbico, pues bien FAST ha llegado a vender el metro cúbico entre 45 y 60 € más barato, que el mejor operador con el mejor precio del dia.

Es por ello que se deduce que tenían razón la UNIÓN DE PETROLEROS INDEPENDIENTES" (UPI) y la "ASSOCIACIÓ DE DISTRIBUIDOR DE GASOIL DE CATALUNYA" (A.D.G.C.)., que en su denuncia afirman que estas sociedades vendían con "precios anómalamente inferiores a los precios del mercado" yque las diferencias con los competidores eran tales que objetivamente esos diferenciales solo son posibles incumpliendo alguna obligación económica, como el pago del I.V.A.

Tras destacar, en sintonía con lo razonado en el anterior fundamento de derecho, que el GRUPO PETROMIRALLES, no ha sido destinatario (salvo una pequeña cantidad) de movimientos de efectivo, o transferencias, explica cómo su beneficio se producía por otra vía:

La participación en el entramado, en la zona de Cataluña, proporcionó al Grupo PETROMIRALLES pingües beneficios, gracias a la interposición de las sociedades FAST PETROL, SCOUT ENERGY y SERVICIOS PETROLIFEROS AVANZADOS.

A continuación vamos a citar entre otros, que pudieran resultar, los siguientes:

Primero:

La gran mayoría del producto tenía su origen en PETROMIRALLES 3, SL (una de las empresas del Grupo) y el destino final de ese producto son las estaciones que tiene el grupo PETROMIRALLES, SL. Sin embargo no se hace la venta directa, como sería lógico comercialmente sino que se interponen las defraudadores. Y así vendían el producto a un precio más caro de lo normal para luego comprárselo ellos mismos a las defraudadoras a un precio mucho mas bajo de lo normal, porque las defraudadoras no iban a ingresar las cuotas de IVA. La parte del beneficio que le tocaba a PETROMIRALLES DE ESTA DEFRAUDACION es la diferencia de vender caro y comprar barato el mismo producto. Pongamos un ejemplo:

Si se vende por 1.000, (algo que debería venderse normalmente a un precio de mercado por 800)

Y luego compra por 600 (algo que debería comprar a un precio normal de mercado de 750).

Su beneficio sería 200 + 150= 350

Este beneficio se puede llegar a cuantificar en 25 millones de euros en el total de los 3 años de defraudación.

Segundo:

Las cantidades que ya hemos detallado, que se han enviado desde las sociedades defraudadoras a CIAN PLUS, eran en su mayor parte para PETROMIRALLES, que fue socio real de CIAN PLUS hasta 2012, sino también para ir pagando cuotas de leasing y mas deudas que tenía CIAN PLUS y de las que era avalista PETROMIRALLES, y hubiera tenido que pagar de producirse la fallida de la sociedad CIAN PLUS.

De la revisión de la documentación se puede asegurar que como mínimo era acreedora de CIAN PLUS en 2.856.086,00 € y además también resulta que el resultado de la venta de sus participaciones lo pago FAST PETROL y alcanzó el importe de 1.470.000,00 €

Tercero:

Las importantes cantidades que Humberto debía al grupo PETROMIRALLES a través de DIRECCION000, suponía que la mejora financiera de esta persona facilitara el cobro de las deudas.

Y de hecho en declaraciones que hay en el procedimiento, el propio Humberto declara que al sentirse acuciado por estas deudas es por lo que acepta, según él, a participar en la defraudación.

Entre la documentación, se encuentra correo de Alejo (empleado de PETROMIRALLES) que informa a Cristobal y a Montserrat, indicando que la deuda de Humberto es a 12 de diciembre de 2012 de 3.700.000,00 €.

Pero esta cantidad llega a más de 5.000.000,00 €, y la empleada Montserrat advierte a Cristobal, que es un riesgo demasiado elevado y que los auditores no tardaran en preguntarle.

Y se concluye que la ganancia para el grupo PETROMIRALLES, de las operaciones de esta trama asciende aproximadamente a 24.000.000,00 €. ya que PETROMIRALLES 3 SL vendía el producto a las defraudadoras a un precio más alto que el de venta de las defraudadoras a PETROMIRALLES SL, que compraba a precio bajo. De esta manera al poder ofrecer precios más bajos que la competencia incrementaba sus ventas.

Muchos otros elementos obrantes en la causa -además del significativo informe que hemos citado- ponen a las claras que no estamos ante la invención de personas acuciadas por su situación penitenciaria y el horizonte penal que vislumbran. Es la revelación de una forma de operar de la que han quedado profundos rastros y huellas documentales y de otra naturaleza. Son muchos los datos que aparecen en la causa que solo adquieren una explicación mínimamente coherente desde la hipótesis inculpatoria, por más que podamos admitir algunas inexactitudes o elementos huérfanos de corroboración que pudieran obedecer a exageraciones intencionadas o a salvaguardar intereses propios, y que, por tanto, no han de merecer el refrendo de la Sala. Pero en lo que es toda la mecánica de fraude a la Hacienda es patente la activa implicación del recurrente y sus empresas. Eso seguramente explica o, al menos, disculpa, el escaso esfuerzo motivador de la Sala: lo habría considerado innecesario; equivocadamente, pues siempre es necesario. En cualquier caso la remisión a esos elementos documentales y periciales suple sobradamente la carencia que no es absoluta: la mención de informes dotados de total fiabilidad por sus apoyos documentales suponen un estándar motivador de bajo nivel, pero suficiente.

El recurso despliega un ingente esfuerzo analizando las declaraciones de otros coacusados ( Romualdo y Eladio) buscando datos que puedan ensombrecer la imputación realizada por Humberto. Nada concluyente se descubre en ellas, y, con todos los matices y correcciones que se quiera, en algunos puntos secundarios (especialmente los relativos a los conflictos judiciales entre Petromiralles y Humberto) o en otros más relevantes (lo relativo a las cuentas en Hong Kong y las transferencias al exterior en las que la implicación de Cristobal no cuenta con elementos de relieve corroboradores), en lo sustancial la versión aportada por Humberto permite encajar todas las piezas sueltas del puzzle (reuniones, colaboración de Petromiralles para el inicio de la actividad de las sociedades instrumentales, relaciones de estas con el grupo Petromirallles absolutamente inexplicables desde una perspectiva comercial, comunicaciones frecuentes, algunos documentos hallados en la sede de Petromiralles -entre otros, estudio elaborados y ocupados en la oficia de Alejo...-).

El encomiable trabajo defensivo de ir entresacando de diversas pruebas puntos o aspectos que, sin desmentir abiertamente la hipótesis acusatoria, no llegan a avalarla o pudieran interpretarse con otras claves, no consigue ni de lejos cuartear el robusto cuadro probatorio en que la declaración de Humberto es pieza importante, pero no decisiva: solo en la medida en que da coherencia plena tanto a la operativa global como a múltiples datos que desde cualquier otra versión quedarían sin explicación.

SEXTO.-Desde la óptica del art. 849.1º LECrim impugna el motivo cuarto la condena de Cristobal como partícipe de tres delitos de defraudación tributaria (ejercicios de 2011, 2012 y 2013) relativos a deudas tributarias de terceras sociedades ajenas a su gestión empresarial.

La sentencia identifica en su conducta dos roles diferentes, pero compatibles (vid STS 253/2018). Penalmente sus consecuencias son similares: inductor y cooperador necesario. Basta uno para sustentar la condena. El motivo, sin embargo, quiere tapar el título de inductor. De esa forma se sitúa en posición idónea para razonar sobre la insuficiencia descriptiva de la sentencia en relación a la atribuida condición de cooperador necesario.

Hay un salto en el razonamiento: si se logra desvanecer la condición de cooperador necesario, subsistiría lógicamente la responsabilidad como inductor. No obsta a ello la vaga referencia a la jurisprudencia que evoca el recurso (pensando seguramente en la STS 1813/2002, de 31 de octubre) que insinúa que la doble condición invita a considerar prevalente (que no excluyente) la de cooperador necesario, aunque con efectos puramente conceptuales y sin repercusión práctica alguna.

En cualquier caso, ambas vías de exigencia de responsabilidad penal pueden afirmarse. También la de cooperador necesario. Estimándose acreditado en la sentencia que el mecanismo defraudatorio fue puesto en marcha a instancia de este recurrente y que desde sus sociedades se mantenía un elevado nivel de negocio con las empresas defraudadoras, puede identificarse en esas relaciones de suministro de producto previstas y acordadas así como en la inicial autorización para uso de depósito una conducta de cooperación para las defraudaciones llevadas a cabo.

SÉPTIMO.-Reivindica a continuación el recurrente la aplicación de la fórmula atenuatoria prevista en el art. 65.3 CP. Estamos, en efecto, ante un extraneus.Es ajeno al deber de tributar infringido que no correspondía ni a él ni a las empresas que regentaba como administrador ( art. 31 CP) . Su conducta se concreta en impulsar las fórmulas defraudatorias articuladas en otras empresas con las que mantendrá relaciones comerciales de forma tal que llega a beneficiarse de esas defraudaciones al tiempo que las favorece con su actividad de suministro y apoyo.

No hay obstáculo legal para aplicar la degradación del art. 65.3 CP. Ahora bien, es una degradación facultativa sin que el Código marque criterios a tomar en consideración. En todo caso, la decisión de aplicar o no la degradación ha de ser fundada y racional: no sería admisible, sobre todo si es para negar la degradación, un puro decisionismo inmotivado o basado en argumentos no racionales.

La Sala alega, de una parte, que fue el inductor: obviamente eso no es argumento atendible. El art. 65.3 no excluye al inductor de la posible degradación. Por tanto argumentar que es inductor no es razón para negarla.

Pero -y esto sí rezuma razonabilidad- señala que, al mismo tiempo, cooperó con la actividad defraudadora. Ese doble título de participación sí comporta una mayor gravedad que puede justificar la negativa a la atenuación. Es más grave no solo generar en otros la decisión de iniciar unos mecanismos defraudatorios, sino, además, contribuir a su despliegue y, de forma indirecta, obtener unos beneficios económicos ganando en competitividad. No puede decirse que la decisión de la sala adolezca de orfandad motivadora.

No hay infracción de ley. Esa discrecionalidad, motivada racionalmente, en las tareas individualizadoras ha de ser respetada en casación en tanto no se identifica vulneración de un precepto legal ( art. 849.1º LECrim) .

OCTAVO.-El motivo noveno y último combate la condición de terceros responsables civiles atribuida a las sociedades recurrentes. Insistiremos sobre ello al analizar el recurso de una de las acusaciones.

Hay que ratificar esa declaración de responsabilidad civil basada en el art. 120.4º CP. Cristobal, que ha sido declarado responsable penal, desplegó toda su actividad como partícipe -inductor y cooperador- en su calidad de representante y administrador de esas sociedades y pensando en sus intereses sociales. Eso es lo que fundamenta la responsabilidad civil y no, como erróneamente sostendrá la sentencia, la derivación de unos beneficios para estas sociedades a través de la posibilidad de competir con precios más bajos. Por eso resultan irrelevantes a los efectos del art. 120.4 CP los errores en la identificación de las tres empresas diferenciadas pero pertenecientes al mismo grupo (Petromiralles).

Nos detendremos más en esta cuestión al examinar el recurso de la acusación particular que incide también en esta temática.

B.- Recurso de Humberto.

NOVENO.-Utilizando como palanca el derecho a la presunción de inocencia ( arts. 852 LECrim y 24.2 CE) quiere este recurrente rebajar su condena expulsando de la tipicidad la condición de jefe (encargado o administrador) de la organización dedicada a actividades de blanqueo ( art. 302 CP) .

La sentencia sería en este punto vicaria de la valoración policial, lo que sería reprochable. El Tribunal habría abdicado de su papel decisor. No puede limitarse a convalidar las conclusiones de los agentes investigadores; ha de efectuar su propio razonamiento a partir de los datos de hecho que hayan quedado probados. La cualidad que atribuye al recurrente sería no una deducción razonada del Tribunal, sino la asunción, en cierto modo acrítica, de la inferencia obtenida por los agentes investigadores. Es imprescindible e insustituible un juicio autónomo. No basta convalidar la opinión de los agentes de una fuerza que es simplemente investigadora, y carece de la misión de enjuiciar.

Desde ese planteamiento inicial, el recurso va desgranando determinados apartados de la motivación fáctica de la sentencia que asumen sin más las conclusiones de algunos informes policiales (venta de unas participaciones sociales de lo que la UCO concluye la titularidad de una sociedad, por ejemplo).

Critica en esa línea la literalidad con que la sentencia asume las conclusiones que la fuerza actuante deriva del examen de dispositivos electrónicos, discos duros y documentación. Queda así reflejada en la fundamentación jurídica la actuación del recurrente:

"- Participa de forma activa, en unión de Eladio y de Amador, en la gestión de las mercantiles y de las cuentas abiertas en Hong Kong, especialmente las cuentas tituladas por él y la titulada por GLOBAL MARKET. Aparte de alguno de los mensajes anteriormente citados, esto se deduce de las siguientes conversaciones o mensajes: a) Conversación entre Estela y Humberto. A lo largo de todos los mensajes mantenidos a lo largo del tiempo entre ambas personas subrayar los siguientes puntos tratados por los dos: ? Humberto realiza consultas sobre el estado de los fondos en Hong Kong, en particular, Humberto se interesa por los fondos de GLOBAL MARKET ("GM").

? Humberto solicita en varias ocasiones que le tengan preparada una cantidad concreta de dinero, en moneda norteamericana (USD) para sacarla de la cuenta en efectivo cuando está en Hong Kong. Las cantidades solicitadas suelen ser de unos 30.000USD.

? En un momento dado, Humberto se interesa por los costes de montar una oficina de alquiler en HONG KONG, siendo Estela, trabajadora del HSBC la que parece gestionarlo.

? Humberto solicita ayuda a Estela para que esta le guíe en los pasos a seguir por la plataforma de banca online a fin de eliminar los bloqueos de límites de cantidades a remitir por transferencias desde las cuentas de HONG KONG.

? Humberto indica de forma clara que no quiere que entre los datos de la empresa GLOBAL MARKET aparezcan su dirección de España ni su teléfono de España.

b) Conversación entre Adelina y Humberto:

? Humberto comenta con Adelina, a la que le da instrucciones referentes a la venta de unas TABLETS por parte de GLOBAL MARKET a JAYLINE y que esta a su vez las va a vender a SILVER para que esta se las venda a DIRECCION000 a España.

? De la misma forma, tratan el tema de quién se encarga de hacer las facturas que amparen dichos movimientos. Adelina puede hacer las facturas de BARBADOS y de HONG KONG y las manda por mail a donde le indique Humberto.

? En otros mensajes Adelina solicita el teléfono de Eladio para poder contactar con él para que le entreguen una documentación en el hotel, Humberto le pasa el teléfono de China de Eladio.

? Adelina solicita el teléfono de " Eladio" y Humberto le hace llegar el número de Amador. Adelina especifica que lo necesita para gestionar el tema de Hong Kong".

Achaca déficits similares a las consideraciones que aparecen en la sentencia unas páginas antes aludiendo también a este recurrente:

"También es destacable el control y la coordinación que Eladio mantiene junto con Humberto de las retiradas de efectivo que realizaban los testaferros de las mercantiles ( Jesús Manuel de SP GIRALDA y Nuria de SP AVANZADOS y SCOUT ENERGY) en Sevilla y la forma de entregarlo a los responsables en Barcelona.

- Queda acreditada la relación mantenida entre Eladio y Humberto con Cristobal. Los tres mantenían continuas comunicaciones y reuniones coordinadas en la mayoría de los casos a través del empleado de Cristobal, Alejo.

- Todo ello se deduce de las siguientes conversaciones o mensajes hallados en los dispositivos telefónicos intervenidos a este acusado...

Es el Tribunal el llamado a examinar esos correos, conversaciones o mensajes, para extraer sus propias conclusiones. Sin embargo, se arguye, el Tribunal contempla ese material probatorio solo a través del filtro policial. Eso puede condicionar su valoración.

De ahí -concluye- saldrá la aseveración un tanto apodíctica de la sentencia:

Los movimientos de capitales reflejados anteriormente en los hechos probados y fundamentos de esta resolución, en los que participó directamente Humberto, imposibilitan considerarle solamente como cómplice del delito. Su participación fue principal y no meramente accesoria. Y no solamente eso: como se dijo respecto de Eladio, fue uno de los jefes del entramado, lo que obliga a aplicar el tipo agravado del art. 302 del CP

La anorexia argumentativa, propia y no vicaria, denunciada en este motivo se completa en un segundo motivo con una perspectiva ya puramente jurídico penal. Los contestaremos ambos de forma conjunta.

DÉCIMO.-El segundo motivo, en efecto, comparte objetivo -supresión de la agravación del art. 302 CP-, aunque lo hace esta vez por el camino que abre el art. 849.1º LECrim; es decir, acatando el hecho probado tal y como aparece en la sentencia.

Reproducimos los pasajes del factumrelevantes a los efectos de la posición del recurrente en el entramado de blanqueo; que no en los delitos de defraudación tributaria. En estos carece de trascendencia punitiva, y además, no tienen por qué coincidir posiciones jerárquicas o funcionales en las dos actividades organizadas.

Desde el chalet situado en Carrer del Pi G) de la localidad de Cervelló del Vallés (Barcelona), propiedad de DIRECCION000, se controlaba la actividad de las sociedades FAST PETROL COMPANY SL y SCOUT ENERGY PETROL COMPANY SL, SERVICIOS PETROLÍFEROS AVANZADOS SL y SERVICIOS PETROLÍFEROS GIRALDA S.L. Asimismo, desde la nave de la mercantil SOMICAT 2011 SL sita en Carrer del Mig nº 257 de la misma localidad, se desarrollaba la actividad contable y administrativa del entramado empresarial administrado por el acusado Humberto.

Tanto Humberto como el también acusado Amador, quien era su persona de confianza y le sustituía en su ausencia, se encargaron de canalizar las instrucciones a otras empleadas para la gestión administrativa de cada empresa, con preparación de documentación de pagos y pedidos, contratación de productos financieros, contacto con los administradores de derecho para encomendarles retiradas en efectivo de las cuentas corrientes de las sociedades, facilitación diaria a los comerciales de los precios a los que tenían que ofertar el producto y resolver las contingencias que surgieran. Estas empleadas son las también acusadas: (...)

Viene a continuación un listado de las empleadas. Y prosigue más adelante el relato:

"El análisis de las cuentas corrientes abiertas en Hong Kong por los acusados en relación con estos hechos ha permitido extraer los siguientes datos:

a. La sociedad GLOBAL MARKET SERVICES CORP, registrada en Panamá, de la que Humberto es propietario de la totalidad de las acciones, abrió la cuenta NUM015 en el HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED el 26 de octubre de 2012, con intervención de Eladio. En esta cuenta tiene firma autorizada el acusado Cosme, en virtud de otorgamiento efectuado en un notario panameño el 5 de agosto de 2013, fecha posterior a las primeras detenciones efectuadas en este procedimiento, entre ellas la de Humberto. En esta cuenta se hicieron varios depósitos procedentes de cuentas corrientes de SERVICIOS PETROLÍFEROS AVANZADOS y SERVICIOS PETROLEROS GIRALDA, y después de esas detenciones se hicieron las siguientes retiradas de efectivo: En el año 2012, retiradas de efectivo por importe de 160.000 euros por Humberto; el 1 de diciembre retirada de 21.000,00 €, el 17 de diciembre retirada de 139.988,66 €,y el 27 de diciembre retirada de 135.500,00 €, a la cuenta NUM016 del ROYAL BANK OF CANADA en Barbados, titulada por JAYLINE HOLDINGS CORP de Barbados (IBC B) (empresa de Humberto). En el año 2013: el 16 de octubre retirada de 11.000,00€, con firma de Cosme; el 17 de octubre retirada de 2.000.000,00€, a la cuenta NUM017 titulada por INTERNATIONAL BROKER FlNANCE; el 17 de octubre retirada de 522.800,00€ a la cuenta NUM018 de la BANCA PRIVADA D'ANDORRA SA en LES ESCALDES titulada por CLARDEN INTERNATIONAL INC; el 18 de octubre retirada de 200.000,00 HKD, a la cuenta NUM019 titulada por Adolfo, en transferencia con firma de Cosme; el 18 de octubre retirada de 10.000,00€ en efectivo, con firma es de Cosme; el 2 de noviembre retirada de 150.000,00€, el 4 de noviembre retirada de 200.000,00€, el 12 de noviembre retirada de 250.000,00€, el 22 de noviembre retirada de 100.000,00€ y el 27 de noviembre retirada de 100.000,00€, todos ellos a la cuenta NUM020 del RIETUMU BANKA de Riga, titulada por LOTUS PRO SIA de Riga (Letonia), de la que forma parte de su consejo de administración Cosme desde el 23 de mayo de 2013. Asimismo constan numerosas retiradas de dinero transferidas a la cuenta NUM016 del ROYAL BANK OF CANADA en Barbados, titulada por JAYLINE HOLDINGS CORP de Barbados (IBC B) (empresa de Humberto), transferencias a la cuenta NUM021 titulada por POWER LION LIMITED y retiradas en efectivo por Humberto.

Tras referir los datos de otras cuentas de los que podemos prescindir, continua la relación de movimientos:

c. La sociedad SILVER EXPRESS (ASIA) LIMITED, de la que es propietario Humberto en Hong Kong, es titular de la cuenta NUM022 abierta en el HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED el 7 de febrero de 2013, a la que se hicieron transferencias de 325.330,00€ de PRIMA WORLD INVESTMENTS CORP; 197.967,06 € desde DIRECCION000 y 299 981,61 € y 799.963,21 USD de JAYLINE (...)

g. Humberto es titular de la cuenta NUM025 abierta el 24 de noviembre de 2012 en el HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED. En 2016 su saldo era de 164.926,94 USD y 3.137.717,67HKD en inversión

Por otra parte, queda perfilado, como una de las entidades protagonistas, el papel de GLOBAL MARKET SERVICES CORP de la que este recurrente es propietario de todas las acciones como constata el hecho probado. Desde una de sus cuentas corrientes antes identificadas se realizan movimientos de importes muy relevantes a cuentas abiertas en Hong Kong. 300.000 euros retornaron a esa Sociedad (apartado d).

Amador, en quien se apoyaba el recurrente para buena parte de sus gestiones y negocios y que actuaba como catalizador de sus instrucciones y sustituto en caso de ausencias, aparecerá como beneficiario de otra cuenta abierta en Hong Kong en la que se hacen depósitos de la sociedad panameña del recurrente (apartado f), desde la que se realizan ingresos en otras cuentas vinculadas a la trama y de la que aparecen como titulares algunos de los marcados como testaferros (apartado h).

El hecho probado podría ser más expresivo. Pero de esa relación de episodios y movimientos concluir que el papel de este recurrente no era el de un actor secundario dirigido por otros, sino el de un factotumprincipal, aunque no único, también de la operativa de movimientos de fondos, es casi una evidencia. No de otra forma se explica la titularidad de esa sociedad panameña, una de las entidades principales en la dinámica de blanqueo de capitales. Por sus cuentas transitan importantes cantidades vinculadas a las defraudaciones. Pero, además, aparece su rastro no solo en esos movimientos sino también en otras de esas sociedades (Silver Expres Jyaline Holdings...).

Podrá discutirse si fue más relevante o no el rol del coacusado Eladio. Pero, a la vista de ese ramillete de datos, asignar la categoría de jefe, o, al menos, administrador o encargado de la organización al recurrente es la única valoración compatible con el hecho probado. Es obvio que la jefatura, o las funciones directivas pueden estar compartidas y situarse dos personas al mismo nivel. La coordinación de todos los movimientos de esas cuentas, y la toma de decisiones relevantes es imposible que fuese ajena al recurrente. Tanto como lo es considerarle un mero subalterno.

UNDÉCIMO.-Esa conclusión ¿está sostenida por prueba suficiente y razonada de forma aceptable jurídicamente?

Es hábil el planteamiento del recurso tratando de despistar sobre ese extremo apuntado como casi exclusivo soporte probatorio al informe elaborado por la UCO para reprochar al Tribunal de apelación sus delegadas aunque indelegables funciones de valoración probatoria. No es del todo exacto ese planteamiento ni en su formulación puramente teórica, ni, mucho menos, en su proyección a este supuesto.

De una parte porque, junto a un núcleo perfectamente suscribible del argumento (el Tribunal no puede delegar la valoración probatoria en otras personas; ni siquiera en la policía judicial, mediante la asunción acrítica de sus conclusiones), se llega a derivaciones que no son compartibles

Por ejemplo, no hay inconveniente en que un Tribunal, cuando nada ni nadie apunta en una dirección contraria, asuma el resumen de una conversación o de un grupo de conversaciones que le proporcionan los agentes investigadores, junto con su transcripción; o da por buenas algunas deducciones elementales, sin entretenerse en oír directamente las comunicaciones; o en contar el número de entrevistas o reuniones de que informa la documentación confiando en la cifra apuntada por quien confeccionó el atestado. Aunque los jueces sepan sumar, hacer suyos sin más los cálculos que le proporcionan unos peritos y que podrían comprobar ellos mismos -en lo que comportan de sencillas operaciones aritméticas, lo que no es propiamente función pericial-, cuando nadie lo discute, no significa que incurra en dejación de responsabilidades.

Por eso tampoco es anómalo que dé por buena la vinculación de Humberto con Silver Exprees y Jayline Holdings, deducida del hallazgo en su domicilio de una documentación de que se da cuenta, aún en la hipótesis de que no hubiese tenido la cautela -exceso de cautela- de examinar de forma directa esa documentación.

Otra cosa es que el recurrente tenga razón en algunas de las críticas vertidas en el motivo anterior: no pueden asumirse sin más lo que no son datos objetivos y claros, sino afirmaciones que constituyen valoraciones u opiniones extraídas de elementos de los que no se da clara cuenta en el informe (por ejemplo atribuir genéricamente control y coordinación a Eladio y Humberto si no se especificase qué documentos o qué llamadas o mensajes fundan esa deducción; o, si especificándolas, la conclusión no es sometida a una valoración propia en tanto no es evidente; o la conclusión de que Humberto participa de forma activa en la gestión de las mercantiles si tampoco se hiciese a continuación una reseña de conversaciones que permitirán al juez compartir o desacreditar esa deducción). Pero esas opiniones o valoraciones son perfectamente prescindibles para la atribución de la agravación del art. 302 al recurrente como evidencian los pasajes del hecho probado que hemos resaltado.

Tampoco se acompasa con lo que se deriva de la causa la afirmación de que la agravación del art. 302 asignada a este recurrente se sustenta exclusivamente en esas deducciones policiales. Cuenta con una prueba sobrada en el conjunto de actuaciones: posiblemente una prueba tan elocuente e inequívoca que explicaría la penuria justificadora del Tribunal. Salta a la vista que el recurrente ostentaba un papel directivo en esa complicada red de transferencias, extracciones de dinero, remisiones a sociedades en el extranjero para hacerlos más opacos.

Constan sus viajes a Hong Kong junto con Eladio aceptados en su declaración (no se recoge el dato en el hecho probado, pero es utilizable como elemento probatorio para poner de manifiesto el papel directivo y no de mero subalterno de este acusado).

Romualdo actúa siempre siguiendo las directrices del acusado como se desprende de sus declaraciones y de su papel. Cuando acude a reuniones con Eladio y Cristobal, como también aclara, lo hace por indicación y acompañando a este recurrente que le proporciona pautas de actuación. Recibe información de Eladio y Cristobal para transmitirla a Humberto, cuando este está de viaje. Eso nos informa de su papel de subordinado a Humberto que es lo que, por otra parte, sugiere el acompañamiento con Eladio y este recurrente a Hong Kong. Este recurrente tiene subordinados. Por tanto, algún nivel alto en la organización desempeñaría.

También algunas de las conversaciones que detalla la fuerza investigadora y de las que se hace eco la sentencia, en cuanto presentan datos objetivos avalan esa estimación. Aunque no hubiesen sido directamente oídas por el Tribunal o el ponente, pueden ser valoradas a estos efectos. Hay que partir de una cierta presunción de confianza respecto de cuantos operadores intervienen en una causa judicial. Lo que es transmisión de datos objetivos, aunque sean en forma de resumen, puede aceptarse en la confianza de que si se están falseando los datos o manipulando la conversación sería fácilmente contrastable; y también hay que confiar en que las defensas habrían puesto de manifiesto esa falta de coincidencia.

Por eso se puede valorar que en una conversación con Estela y Eladio se presente como abogado de " Humberto". Otra cosa es que se identifique al tal Humberto con el recurrente (para lo cual no es necesaria especial sagacidad en el contexto en que se produce esa conversación -vid conversación posterior entre Eladio y Humberto-), punto en el cual el Magistrado puede asumir la hipótesis sugerida por la policía; o no. En este caso explicar por qué la ha asumido parecería un insulto a la inteligencia del lector.

Tampoco parece que existan elementos que permitan dudar de otras conversaciones entre ambos de las que el informe da breve cuenta. Ninguna es totalmente decisiva, pero todas sugieren unas relaciones singulares. No puede desconfiarse sistemáticamente y por principio de la tarea policial. En lo que son puros elementos objetivos (tema de conversación, establecimiento de la comunicación...) no hay dificultad procesal alguna en asumir esos datos sin necesidad de un cotejo minucioso con la transcripción de las escuchas o, incluso, su audición directa; aunque en lo que tienen de deducciones o de suposiciones que van más lejos de la pura descripción neutra el Juez no pueda asumir sin más a valoración.

El recurso de Humberto ha de ser desestimado

C.- Recurso de Romualdo.

DUODÉCIMO.-En el primer motivo de su recurso reclama que se reconduzca su responsabilidad a la de un cómplice. Lo hace a través del art. 849.1º LECrim vía que nos encadena a la estricta narración del hecho probado. Idéntico esquema contiene el motivo segundo, aunque ahora en relación al blanqueo de capitales. El tercer motivo, por su parte, no contiene más que un argumento de refuerzo de los anteriores basado en el principio de igualdad: si otros dos acusados han sido condenados como cómplices de los delitos de defraudación tributaria, igual calificación debiera proyectarse sobre él.

Despejemos primeramente este último alegato. Carece de consistencia. Una cosa es la participación activa con actuaciones concretas al servicio de defraudaciones tributarias y operaciones para blanquear el efectivo defraudado; y, otra, muy diferente, prestarse a operar como testaferro, asumiendo la condición de administrador, pero desentendiéndose de toda la marcha societaria, aunque admitiendo y consintiendo la posibilidad de que se esté utilizando la sociedad para operaciones delictivas que no llegan a conocerse en sus detalles. En un caso se interviene directamente con aportaciones propias. En el otro solo se presta la identidad. La asimetría es clara. Es correcto catalogar al primero de autor en sentido amplio y a los segundos como cómplices.

DÉCIMO TERCERO.-Las actividades asumidas por este recurrente según el hecho probado suponen moverse en un papel subordinado al de los autores principales, pero no convierte su actuación en complicidad. Hay intervención directa en la actividad delictiva: recoge dinero en efectivo, sustituye a Humberto en su ausencia, canaliza las instrucciones a las empleadas para la gestión administrativa, indica los precios para ofrecer el producto, figura como titular de alguna de las sociedades y cuentas en un banco de Hong Kong. La petición de ser considerado cómplice es muy voluntarista. Está huérfana de fundamento. Ni en los delitos de defraudación tributaria ni en el delito de blanqueo de capitales puede aceptarse.

DÉCIMO CUARTO.-Un último motivo de este recurso se encamina a reivindicar la atenuante cualificada de dilaciones indebidas, pedimento que volveremos a encontrar en boca de otro recurrente. Tendremos en cuenta aquí las alegaciones que hace sobre este punto para un abordaje unitario de la misma cuestión. También tendremos presentes los argumentos complementarios vertidos por el recurrente Cristobal al adherirse a este motivo.

La sentencia marca de forma sintética los hitos temporales relevantes del camino procesal. Los reproducimos.

- El procedimiento se inicia en 2012 en un Juzgado de Instrucción de Barcelona que se inhibió en 2013 en favor del Juzgado Central de Instrucción nº 6. No sobra puntualizar que las detenciones y, por tanto, el inicio del cómputo temporal a efectos de la atenuante (basada en la penosidad que supone estar sujeto a un procedimiento) no llegarían hasta 2013.

- La investigación, obligó al análisis de documentación muy voluminosa. La policía judicial, emitió informes de laboriosa confección (como el presentado en el juzgado el 17 de febrero de 2015). Se libraron comisiones rogatorias a Hong Kong (Tomo 23), que son respondidas en abril de 2016 (Tomos 29, 30 31, 32, 33 y 34); o a Andorra (Tomo 26). La toma de declaración de representantes de las personas jurídicas se llevó a cabo en diciembre de 2016. El 7 de febrero de 2017 se dictó auto de transformación del procedimiento. Una instrucción densa y compleja.

- Los recursos interpuestos contra ese auto, fueron resueltos el 18 de octubre de 2017.

- El 23 de enero y el 18 de febrero de 2019 se formularon escritos de acusación por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

- Se acordó la apertura del juicio oral el 25 de febrero de 2019, aunque tuvo que dictarse otro auto el 21 de marzo de 2019.

- El 17 de mayo de 2019 se acordó remitir las actuaciones a la Sección de enjuiciamiento que el 23 de septiembre de 2019 formó Rollo de Sala y con fecha 30 de julio de 2020 dictó auto de admisión de pruebas.

- El juicio oral empezó el 13 de septiembre de 2021.

Es una causa que presenta notable complejidad. El número muy considerable de acusados, respecto de hechos que exigían escudriñar la actuación de múltiples empresas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, suponen signos claros de esa realidad. Las demoras en la investigación no pueden considerarse a estos efectos. Son razonables.

Solo el tiempo para la formulación de los escritos de acusación, o para el pronunciamiento sobre las pruebas, provocado, al parecer, por un error en la oficina judicial al no trasladar a la aplicación el borrador de auto depositado en la carpeta compartida, pueden tildarse de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.

El motivo va a ser estimado; aunque ya anunciamos que solo en la alternativa subsidiaria: entendemos que procede la atenuante regulada en el art. 21.6 CP pero en su versión simple.

Advirtamos, en todo caso, que, la confluencia con otras atenuantes y las reglas del art. 66 CP, convierten esta decisión en buena medida en poco trascendente. El margen de discrecionalidad para concretar la pena sería el mismo en ambas alternativas (pena inferior en uno o dos grados), sin que la cualificación formal de una de las atenuantes; o el reconocimiento de otra tercera atenuante que ahora hacemos reduzcan ese espacio.

La sentencia se esfuerza por justificar el rechazo de la atenuante basándose en la complejidad. Siendo ello cierto, se detectan otras paralizaciones relevantes.

No es un problema de buscar responsabilidades, sino de constatar tanto los retrasos, como que quien invoca ese derecho no ha contribuido a ellos. En este caso no puede endosarse al recurrente ninguna responsabilidad en la dilación.

El concepto de "dilaciones indebidas" no lleva implícitas culpabilidades o reproches profesionales. Las, conocidas por notorias, deficiencias estructurales de la Administración de Justicia hacen compatible la lesión del derecho a un proceso ágil con el reconocimiento de que no puede atribuirse a nadie en particular de forma fundada la disfunción. Los déficits institucionales no pueden repercutir en el justiciable. Aunque existan datos objetivos que disculpen desde el punto de vista de los intervinientes en el proceso los retrasos, no pueden derivarse sus consecuencias hacía el afectado. Se hace acreedor de la atenuante también cuando las dilaciones obedezcan a situaciones que las explican. Sólo los retrasos imputables a él mismo excluyen la atenuación. Que la lentitud pueda justificarse desde la perspectiva de los agentes intervinientes en el proceso (oficinas judicial y fiscal, partes, ministerio fiscal, integrantes de las diversas Salas de Justicia...) no afecta nada a la cuestión. Eso es lo que conviene ahora destacar. Desde el punto de vista institucional no son justificables y el Poder Público debe ofrecer una respuesta a esa disfunción (vid STS 1033/2024, de 14 de noviembre).

Se apreciará la atenuante en la segunda sentencia. Allí se fijará su eficacia.

DÉCIMO QUINTO.-En su escrito de adhesión a este motivo el recurrente Cristobal (los colitigantes son terceros responsables civiles por lo que no les afecta esta cuestión) añade nuevas razones para buscar la cualificación de la sentencia: incluye el tiempo transcurrido hasta la formalización y contestación de los recursos y hace un pronóstico, que ha resultado muy optimista, sobre el momento de firmeza (lo sitúa en 2023). Habría de cuantificarse también ese largo periodo. Las dilaciones ocasionadas por la interposición de los recursos procedentes por las partes no pueden reprocharse a los impugnantes, salvo circunstancias muy excepcionales.

No podemos acoger ese planteamiento.

La STS 445/2022, de 5 de mayo es muestra reciente de una doctrina de esta Sala que va consolidándose. Sin negar tajantemente la posibilidad, se muestra muy reticente a valorar los retrasos ocasionados en fase de recurso.

La vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas puede derivar tanto del retraso en el enjuiciamiento, como del tiempo invertido en la decisión del recurso. Eso en un plano, el constitucional, de constatación de la vulneración de un derecho fundamental, no se puede negar. Se ha afectado a ese derecho del que es titular no solo el recurrente sino también el acusado absuelto y la víctima (con modulaciones, también la acusación pública, al tratarse de un derecho fundamental procesal).

Plano diferente y diferenciable es el de la legalidad penal. En ese estrato hay que decidir si en relación al acusado, eso ha de traducirse o no en una atenuante y de qué intensidad. Ambos niveles son distinguibles y no necesariamente coincidentes.

Para dar respuesta a la pretensión del recurso adhesivo hemos de plantearnos si la referencia a la "tramitación del procedimiento" ( art. 21.6 CP) abarca también la fase de recurso; es decir, si podemos sumar los lapsos temporales originados por la sustanciación del recurso.

Habría razones materiales para computar los retrasos posteriores a la sentencia a la hora de sopesar la apreciación de la atenuante: no hay una diferencia relevante desde el punto de vista de su fundamento (pena natural). Pero se evidencian muy buenas razones procesales, legales, constitucionales, y hasta de política legislativa, que suponen un óbice para su valoración a estos efectos. Aceptar la relevancia de las dilaciones en fase de recurso invitaría a todo condenado a interponer siempre recurso: aunque no hubiese razones para ello. Abrir un trámite de impugnación supondría siempre, abrir simultáneamente la posibilidad de lograr una atenuación si surgen retrasos que, paradójicamente, serían bienvenidos. Podría en algún caso incluso convertirse en un acicate para recurrir; más en supuestos en que se roce el dintel inferior, bien de la atenuación, bien de su cualificación. Para alcanzarlas bastaría un poco de "suerte" en la impugnación; suerte, que se concretaría en unos deseados -e inconfesadamente perseguidos- retrasos. Idealmente mecanismos para atajar esas estrategias ( art. 11 LOPJ y exclusión del cómputo de los retrasos que sean reprochables al condenado). Pero esos correctivos no siempre son de fácil aplicación. En principio la interposición legítima de un recurso, por bajo que sea el pronóstico de prosperabilidad, no podría considerarse dilación descontable por ser responsabilidad del recurrente. Se limita a ejercer su derecho.

El doble escalón impugnativo -apelación y casación- existente desde 2015 aunque no proyectable a este asunto, multiplica las posibilidades de sumar tiempos para alcanzar los periodos necesarios para la atenuante o para su cualificación; más si se cuenta como involuntaria aliada en ese objetivo con una maltratada administración de justicia cuyos engranajes parecen oxidados por falta de inversión y la penuria de medios materiales y personales.

Si la atenuante tiene por finalidad reparar el padecimiento en un derecho fundamental (pena natural), resulta contradictoria su apreciación con la constatación (clara y evidente; o implícita) de que las dilaciones, lejos de provocar padecimientos o perjuicio, han reportado un beneficio, perseguido directamente o, por lo menos, deseado en lo íntimo, ligado a la postergación del momento de ejecución de la sanción. No siempre la prontitud del castigo y el pasar páginaconstituyen lo querido efectivamente por el infractor que, a veces (lo contrario es solo una presunción), prefiere que transcurra el mayor tiempo posible hasta la ejecución de la pena. Si la ratiode la atenuación radica en compensar un perjuicio, hay que ponderar la intensidad de ese daño o, su posible inexistencia en el caso concreto. De esa forma, además, se estaría indirectamente provocando la lesión del mismo derecho -derecho a la celeridad procesal-, de las partes activas del proceso. Constatar que se ha lesionado el derecho a un proceso en un plazo razonable en abstracto, no necesariamente significa que se han producido perjuicios reales que merecen ser paliados y compensados, con un beneficio legal que se traduce en una reducción penológica.

Junto a estas consideraciones que enlazan con el fundamento de la atenuante y, por tanto, están vinculadas a una interpretación teleológica (aunque sin que podamos mediante ella contrariar la dicción de la ley), se detectan también problemas de estructura procesal, basados en la misma arquitectura del proceso.

Se ha dicho que cierta contradictio in terminisanida en la casación (o, en su caso, revocación) de una sentencia por no apreciar una atenuante basada en hechos (dilaciones) que no se habían producido cuando el Tribunal a quola deliberó y votó; como no sería correcto casar la sentencia por haberse condenado a quien falleció mientras pendía el recurso. Lo procedente en este último caso es una resolución ex novo:declarar extinguida la acción penal; pero no casar la sentencia para absolver por haber sobrevenido una causa de extinción de la responsabilidad penal. El argumento es proyectable a otros supuestos (por ejemplo, prescripción, por referirnos a una situación también ligada al transcurso del tiempo).

Son concebibles atenuantes ex post factocomo demuestran los números 4 y 5 del art. 21 CP (que, en todo caso, tienen como lógico último límite temporal el acto del juicio). De hecho, la presencia de ese tipo de atenuantes en el Código Penal de 1995 fue argumento que alentó el cambio de postura de este Tribunal para la admisibilidad de la atenuante de dilaciones indebidas.

Construir atenuantes post iudicioestesis con un andamiaje jurídico frágil, salvo que sacrifiquemos o modulemos hasta deformarlos algunos principios sustantivos y procesales básicos (contradicción o prohibición de cuestiones nuevas), amén de traicionar la naturaleza revisora del recurso de casación.

Apreciando en casación la atenuante con la base de retrasos posteriores a la sentencia padecerá siempre -mucho o poco o todo- el principio de contradicción. En el momento del enjuiciamiento no se habían producido los hechos determinantes de esa pretendida atenuación. No habrá podido contradecirse la alegación que, solo si es invocada en casación, podrá ser rebatida.

Extremando la cuestión, ¿no producen los mismos presuntos trastornos en principio los retrasos en la ejecución?; ¿qué razones hay para negar la atenuante a quien ve cómo se posterga, sin razón alguna, la ejecución de la sentencia dictada contra él?; ¿No estaríamos ante una posible causal de revisión: hechos sobrevenidos que determinarían una pena inferior ( art. 954 LECrim) ?

La afectación del derecho al plazo razonable del proceso es sustancialmente idéntica tanto si se retrasa la sentencia de instancia, como si lo que se retrasa indebidamente en su firmeza como consecuencia de un recurso lentamente tramitado o una ejecución indebidamente demorada. No existen diferencias ontológicas respecto de los retrasos en el comienzo de la ejecución de penas impuestas: son también dilaciones indebidas. Y en todo caso, es afirmable la violación de ese derecho de rango constitucional y consagrado también a nivel supranacional que obliga a la máxima celeridad en todo el proceso; no solo en la fase declarativa. Otra cosa es la atenuante como mecanismo que no pretende dar solución legal a todos los casos de dilaciones indebidas sino solo a las que operan en un proceso penal en perjuicio del condenado y con ciertos condicionantes. Hay dilaciones compensables por esta vía y otras que no lo son. El diferente tratamiento no es argumento para asimilarlas todas.

En ocasiones se ha dicho que el tope cronológico indubitado e indiscutible de la atenuante ha de ser el momento de alegaciones en fase de recurso. Otras, se alega que finalizado el juicio ("visto para sentencia") ya nada nuevo puede influir en el enjuiciamiento. Más allá de ese momento procesal no sería posible la atenuación al no haber sido introducida tempestivamente en el proceso. Aquí se hace por la vía de la adhesión a un recurso de otra parte.

Siendo controvertida la cuestión entendemos que en los términos que aquí se suscita y con el peso de los argumentos apuntados no es aceptable ponderar a efectos de la atenuante invocada el tiempo invertido en el recurso de casación.

Todas las atenuantes anudadas a hechos posteriores a la conducta delictiva señalan una referencia cronológica que actúa, sin excepción, como obligado límite temporal. La de confesión a las autoridades ha de producirse antes de que el procedimiento judicial se dirija contra el culpable ( art. 21.4 CP) ; la reparación del daño causado a la víctima puede verificarse en cualquier momento del procedimiento, pero con anterioridad a la celebración del juicio oral ( art. 21.5 CP) . Esa exigencia cronológica no es caprichosa. Entronca con la necesidad material de que los presupuestos fácticos de la atenuación -de aquélla y de cualesquiera otras- sean objeto de discusión y debate en el juicio oral. La apreciación de una atenuante, cuyo hecho desencadenante se ha producido después de la formalización del objeto del proceso, superada la fase de conclusiones definitivas ¡y dictada ya sentencia! encierra un entendimiento excesivamente audaz de los límites cognitivos de esta Sala al resolver el recurso de casación.

En el momento del visto para sentenciaparece que debiera quedar clausurada la posibilidad de aportación de elementos fácticos. Lo que suceda después no habría de ser relevante para el enjuiciamiento. Podrá tener incidencia excepcionalmente solo en la apelación el acopio de pruebas novedosas sobre hechos anteriores a la sentencia; pero no el acaecimiento de nuevos hechos. El objeto del proceso penal -el hecho justiciable con todas sus circunstancias- cristaliza definitivamente en el instante en que se pronuncia esa fórmula cuasisacramental ("visto para sentencia").

Esta exégesis restrictiva, nos llevará a rechazar la petición del recurrente adherido de completar el tiempo invertido en el recurso para alcanzar la cualificación.

Apreciamos la atenuante en su versión simple. Dada la indulgente concreción penológica asumida por la Sala de instancia la trascendencia será mínima en uno de los proponentes, y nula en los restantes coacusados a los que les alcanzará técnicamente su efecto extensivo ( art. 903 LECrim)

D.- Recurso de Adolfo.

DÉCIMO SEXTO.-Cuestiona el recurrente en un primer motivo la adecuación a parámetros legales y constitucionales del registro decretado judicialmente en su domicilio mediante auto de 18 de febrero de 2014.

No le falta razón al Fiscal al significar que las consecuencias de decretar la nulidad de tal registro serían magras: sus resultados (folios 7134 a 7138) son prescindibles en buena medida a efectos probatorios. El sustento probatorio de su participación en los hechos y responsabilidad penal se nutre de forma primaria de otras fuentes de prueba ajenas a esa diligencia. No consta la ocupación de efectos de relevancia, a salvo alguna documentación de Gregorio que solo sirve para acreditar las relaciones entre ambos, lo que ya consta en virtud de otros elementos probatorios, aparte de su relación parental.

Su condición de beneficiario de una cuenta en Hong Kong, International Brokes Finances Corporation con fondos por importe de 1.469.989,21 euros unida a su relación con Gregorio, administrador de una de las empresas de la trama, Scout Energy Petrolo Company (sugerida, entre otras cosas, por el uso del mismo domicilio en algunos registros), así como la discordancia entre su actividad empresarial y el importe de esos fondos, representaba un conjunto indiciario más que suficiente para adoptar esa medida: la ciudad en la que se operaba -que surge a raíz de investigaciones por una comisión rogatoria- unida a esas relaciones con Gregorio eran coincidencias muy significativas. No puede olvidarse que la suficiencia del cuadro indiciario ha de evaluarse en un juicio ex ante.Por ello, que luego algunos de esos indicios puedan merecer otra explicación a la supuesta o que se hayan desvanecido no priva de legitimidad a la entrada y registro.

Que su nombre no haya aparecido en las escuchas telefónicas no significa nada. Se trata de valorar los indicios y estos no quedan neutralizados por esa circunstancia. Su eventual participación en los hechos (solo en una ramificación de la muy extensa actividad delictiva desplegada) no quedaba desacreditada por la ausencia de referencias en las escuchas. Se trata de comprobar qué indicios concurrían; no cuáles otros podrían concurrir y no concurrían.

Lo que llama la atención, por otra parte, no es solo la falta de actividad económica (que se aduce que no era tal), sino el desfase entre la cifra depositada en Hong Kong y el pequeño negocio que regentaba.

Por lo demás, no hay por qué dudar de las relaciones que la policía atribuía a este recurrente con Eladio en orden a la facilitación de testaferros.

DÉCIMO SÉPTIMO.-El segundo motivo lo bifurca el recurrente en dos vertientes.

a)De una parte, alega déficits en el derecho a ser informado de la acusación vinculados a los escritos de conclusiones de las dos partes acusadoras. Pecarían de vaguedad.

Pero tanto en el escrito de la Abogacía del Estado como en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal aparecen relatados actos con la suficiente precisión como para conocer sobradamente los hechos que se imputan. El Abogado del Estado habla de liderar un grupo de personas de etnia gitana para ponerlos a disposición de Eladio como testaferros.

El recurrente es beneficiario de una de las cuentas corrientes abiertas en Hong Kong en la que se ingresa por otro de los acusados una muy relevante cantidad de dinero que se vincula a la trama.

En términos parecidos se expresaba el escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal: lo sitúa como beneficiario de cuentas corrientes controladas por la trama (pags 12 y 27) Desde alguna de ellas se mueven fondos a otra empresa vinculada a la operativa de blanqueo radicada en Letonia. Aparte de otros elementos que se apuntan, la titularidad en calidad de testaferro de una cuenta en Hong Kong utilizada para el trasiego de capitales procedentes de las defraudaciones le convierte en partícipe de un delito de blanqueo de capitales.

El relato ha de leerse de forma conjunta; no aislando frases o párrafos. Y es indudable, y así se expresa, que las cantidades referidas se conectan directamente con los importes defraudados.

En cuanto al aspecto subjetivo no es necesaria una mención expresa cuando de la narración fluye naturalmente la inevitable representación de que la utilización del recurrente como testaferro había de obedecer, más que probablemente, a actividades ilícitas y presumiblemente delictivas. Con eso quedan satisfechas las exigencias del dolo eventual.

b)En el aspecto probatorio, no es necesario adentrarse en demasiados detalles sobre el conocimiento preciso de una u otra operación. Lo que aparece con meridiana claridad es que la cuenta International Broker en la que figura como beneficiario este recurrente se utiliza para traspasar cantidades procedentes de las defraudaciones. Desde ella, a su vez, se realizan transferencias a otras entidades del entramado. Tales extremos constan documentalmente, con independencia de que el agente en el momento de la declaración recordase con mayor o menor precisión determinados detalles. Es indiferente que el recurrente interviniese directamente en esas operaciones; basta -y de eso no hay duda- su conocimiento de que está siendo utilizado como testaferro para esos movimientos de capitales, ocultando a los auténticos propietarios. A ese dato esencial se pueden añadir otros que corroboran éste, pero que serían prescindibles: relaciones con Eladio y su bufete. La hipótesis de una utilización a sus espaldas de su identidad no es verosímil a la vista del conjunto probatorio. Y la actuación como testaferro tapando a los auténticos titulares de los fondos es conducta de ocultación que satisface el elemento subjetivo del art. 301 CP.

c)Tampoco son asumibles las quejas sobre la falta de motivación que rellenan el tercer motivo del recurso. La Sala ha razonado la presencia de dolo eventual lo que supone un rechazo implícito y necesario de la hipótesis de una modalidad imprudente; Anteriormente se ha expuesto como está acreditada la relación mercantil que mantenía Adolfo con Cosme y las empresas radicadas en Letonia, LOTUS PRO SIA y FANTI SIA, que éste manejaba para la compraventa de terminales portátiles y otros dispositivos electrónicos; que entre la documentación hallada referente a este acusado en el BUFETE ORFISA estaba la documentación de la constitución de la sociedad "INMOBILIARIA BARNA 2012 SL, que fija su domicilio en la C/ San Eusebi 7 de Barcelona, mismo domicilio que BUFETE ORFISA; que las gestiones de constitución de la empresa de Adolfo, "TEXTIL RYJ SL" las realizó Eladio; y que en el análisis de cuentas corrientes efectuado en estas actuaciones consta que este acusado es propietario de la mercantil INTERNATIONAL BROKER FINANCES CORP, en cuya cuenta abierta en Hong Kong, después de que se llevasen a cabo las detenciones de varios de los encausados, se depositaron, el 17 de octubre de 2013, 2.000.000 de euros procedentes de la cuenta NUM015 de GLOBAL MARKET SERVICE. Posteriormente se transfirieron un total de 230.000 euros a una cuenta corriente en Riga (Letonia) de PRO SIA y 300.000 euros a otra cuenta de GLOBAL MARKET SERVICES. Igualmente es titular de otra cuenta en Hong Kong, donde se ingresaron, procedentes de otra de GLOBAL MARKET SERVICES, 200.000 €.

A pesar de la ignorancia que expresó este acusado en su declaración en el juicio sobre el conocimiento de la apertura de estas cuentas y de los movimientos efectuados con ellas, es evidente que la documentación analizada demuestra que, al menos, se prestó a ser utilizado para la apertura de esas cuentas a su nombre y para la realización de transferencias, lo que solo puede responder en pura lógica a la participación en una ocultación de dinero con procedencia ilícita.

Si el acusado accedió voluntariamente a ser instrumento para esos negocios, con toda seguridad a cambio de una retribución de la que no puede haber constancia, es evidente que se situó conscientemente -no por mera negligencia- en lo que la jurisprudencia denomina "ignorancia deliberada", que no le exime de su responsabilidad como autor del delito de blanqueo de capitales. Participó como autor y no mero cómplice como propone su defensa. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2020, quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saber, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito actuar en que voluntariamente participa.Quien se encuentra en una situación que se conoce como ceguera voluntaria ( willful blindness), no está excluido de responsabilidad criminal por la acción ejecutada ( STS 633/2009).

No hay rechazo tácito como alega el recurrente, sino explícito: concurre el dolo eventual y su aportación desborda la simple complicidad, aunque no perteneciese al grupo criminal.

Con estas consideraciones queda también descartada la propuesta de una condena por imprudencia que contiene el motivo cuarto del recurso; así como la alternativa de una complicidad. Una cosa es no estar encuadrado en una organización de manera estable; y otra distinta que la actividad desplegada por el recurrente pueda degradarse al nivel de una mera complicidad de muy difícil admisibilidad en los delitos de blanqueo dada la amplitud de los verbos rectores (cualquier otro acto)

DÉCIMO OCTAVO.-Sí ha de admitirse la queja vertida en el mismo motivo tercero sobre la cuantificación de la pena de multa asociada al delito de blanqueo de capitales. Desde el momento en que el recurrente ha sido excluido del grupo criminal y, por tanto, se le considera participe solo de algunas operaciones, la multa no puede exceder del triplo del monto de esas específicas operaciones. Por tanto habrá de ser reducida a un total de 2.000.0000 euros, que es la cantidad que consta que circuló por la cuenta en la que figuraba como beneficiario

DÉCIMO NOVENO.-En cuanto a la atenuante de dilaciones indebidas hemos de remitirnos a los fundamentos de derecho que hemos dedicado a esta cuestión.

Por fin, el motivo por quebrantamiento de forma anunciado ha sido desistido en fase de formalización.

E.- Recurso de Nuria.

VIGÉSIMO.-Pretende el primer motivo de este recurso ampararse en la presunción de inocencia ( arts. 852 LECrim y 24.2 CE) para alcanzar un pronunciamiento absolutorio. La aspiración no puede ser atendida.

El alegato gira en torno a la prueba del tipo subjetivo que la sentencia hace pivotar sobre un dolo eventual que enlaza con la teoría de la ignorancia deliberada. El recurrente estima que no hay elementos suficientes para llegar a esa conclusión.

Su participación en los hechos difiere mucho de la de otras empleadas que no han sido condenadas y a las que pretende equipararse. La comparación no es viable: él es administrador de la empresa Fast Petrol, deudora tributaria sobre la que se construyen los dos delitos contra la hacienda publica por los que es condenado en calidad de cómplice. Actuaba como testaferro, con pleno conocimiento de esa condición, y asumiendo y cumpliendo las instrucciones recibidas de uno de los principales autores. Asume ese papel en otras sociedades del entramado, lo que nos habla de su disponibilidad para estar a lo que se le fuese indicando, y corrobora esa actitud de indiferencia, de indolencia, de no importarle cuáles fueran los fines y métodos de esas empresas en las que oficialmente figuraba como administrador o apoderado.

Los cobros en efectivo que le eran encargados constituyen otra muestra.

La STS 619/2021, de 9 de julio que cita la sentencia de instancia con toda pertinencia y de la que se hacen eco tanto la Abogacía del estado como el Ministerio Fiscal al impugnar este recurso, constituye suficiente referencia jurisprudencial para constatar que la inferencia de la Sala de instancia acerca de esa actitud de indolencia de quien figura como administrador, limitándose a cumplir algunos encargos -extracciones de dinero en efectivo- permite deducir una total indiferencia frente a la alta probabilidad de estar convirtiéndose en pieza muy útil de maniobras delictivas. Algunas conversaciones telefónicas en la que interviene este recurrente revelan su implicación en actividades de transferencias monetarias fuera de España. Su cierta inquietud ante algunas preguntas en entidades bancarias es otro indicio no despreciable. La visita de un inspector de hacienda que relata a Eladio nutre igualmente la convicción de la Sala que le permite descartar la hipótesis contraria: una plena confianza en la legalidad de las actividades en que estaba inmerso.

No puede prosperar el motivo.

VIGÉSIMO PRIMERO.-Con la cobertura del art. 849.1º LECrim, el segundo motivo combate las operaciones de individualización penológica. Su condición de cómplice obligaría a degradar las penas de multa y de pérdida de obtención de ayudas ( art. 63 CP) .

Hay un error claro en el planteamiento: el recurrente olvida que se está manejando la redacción del art. 305 bis surgida de la reforma de 2012. La pena de multa establecida va del duplo al séxtuplo; y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y otros beneficios de cuatro a cinco años. Las multas están fijadas exactamente en el tanto defraudado, lo que es el mínimo de la pena inferior en grado a la establecida en la ley. Y la medida complementaria de pérdida de ciertos derechos (sin entrar ahora en la temática de su naturaleza que puede discutirse especialmente bajo la legislación aplicada) se mueve entre cuatro y ocho años. La duración fijada -tres años- implica también que ha sido degradada conforme al art. 63.

Hace notar el Fiscal la discordancia entre la cifra fijada en el hecho probado -11.464.254,15 euros como importe defraudado; y la tomada como referencia para las multas repetida varias veces a lo largo del texto de la sentencia -14.464.333,04. Se intuye que es un error aritmético o de transcripción que podrá ser corregido en su momento por la Sala ( art. 267 LOPJ) .

El motivo tampoco es prosperable.

F.- Recurso de Eladio.

VIGÉSIMO SEGUNDO.-Dos motivos con un escaso contenido integran este recurso cuya inadmisión reclamó la Abogacía del Estado no sin cierta razón a la vista de ciertas deficiencias formales, algunas de fuste (no se identifican documentos a los efectos del art. 849.2º LECrim, v. g.); otras menos trascendentes y susceptibles de cierta indulgencia (falta de consignación del preceptivo breve extracto). Pero a pesar de haber logrado sortear esa primer filtro, el recurso está abocado al fracaso de manera patente.

El primer motivo da vueltas a la presunción de inocencia, pero de una forma genérica, limitándose a afirmar que la prueba es insuficiente y que debiera prevalecer el principio in dubio,.No se intenta ni siquiera refutar el abrumador acervo inculpatorio que obra en las actuaciones y del que da sobrada cuenta la sentencia.

El segundo insiste en esa insuficiencia acudiendo de forma abiertamente desenfocada al art. 849.2º LECrim. precepto que no permite un cuestionamiento de toda la valoración probatoria, sino sencillamente denunciar, con el imprescindible soporte concluyente de una prueba documental, algún concreto error. No se sujeta el recurrente a esa estricta disciplina, limitándose a verter consideraciones generales sobre la valoración probatoria, la posibilidad de motivos espurios que puede desacreditar una prueba testifical, el obligado respeto al principio de tipicidad o la necesidad de que las pruebas se practiquen en el juicio oral. Podemos estar de acuerdo con todas esas consideraciones generales, pero no somos capaces de proyectarlas al supuesto concreto, tarea para la que no presta el recurso ayuda alguna. Se limita a esas vagas reflexiones sin descender a un diálogo con la motivación de la sentencia en los particulares que fundan la condena de este recurrente.

El recurso ha de ser desestimado.

G.- Recurso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

VIGÉSIMO TERCERO.-Se trata de un recurso de único motivo que ha sido apoyado por el Ministerio Fiscal. Versa sobre la responsabilidad civil subsidiaria de PETROMIRALLES que la sentencia, sin mayores explicaciones, limita a los beneficios que, atendiendo a los cálculos efectuados, se han derivado para tal sociedad de la actividad delictiva. Pide la recurrente que se extienda a toda la cantidad defraudada a la Hacienda y no solo al alcance de su beneficio.

La orfandad argumentativa impide identificar cuál es el planteamiento que ha llevado a la Sala a esa conclusión. Quizás le haya despistado el hecho de que las acusaciones reclamaban su condena como responsable civil solidaria y eso, de forma consciente o inconsciente, indujo al Tribunal a evocar el art. 122 CP (tercero responsable civil a título lucrativo, cuya obligación de restituir se ciñe al beneficio obtenido).

No podía ser ese el fundamento de la petición de responsabilidad civil, en tanto los beneficios obtenidos por la empresa en modo alguno constituyen efectosdel delito, sino unas consecuencias lucrativas indirectas no reconducibles al supuesto que contempla el art. 122 CP que, por otra parte, resulta de más que discutible proyección a los delitos contra la Hacienda Pública consistentes en el impago de deuda tributaria (vid. STS 277/2018, de 8 de junio, de la que transcribe el recurso unos largos pasajes a los que nos remitimos).

Ese pronunciamiento - STS 277/2018- supuso una modulación, no totalmente consolidada quizás por los profundos cambios legales en el régimen de exigencia de la deuda tributaria ligada a una conducta delictiva, que ha cambiado la perspectiva en el enfoque de esta cuestión. Si tradicionalmente -y esa es la panorámica dogmática a la que se acoge la sentencia- se manejaban los preceptos del Código Penal sobre responsabilidad civil dimanante de delito (arts. 110 y ss), el referido precedente invitaba a dirigir la mirada más bien a la legislación tributaria que no debía ser desplazada por la penal. Se trataría de una deuda tributaria exigible en el proceso penal, pero que, no por ello, ve alterada su naturaleza jurídica, ni se ve apartada de su régimen legal específico.

Desde ese novedoso enfoque, in casuhabría que estar a los arts. 42 y siguientes de la Ley General Tributaria que podrían justificar la responsabilidad solidaria por el total de Petromiralles ( art. 42.1.a): Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria...;sin perjuicio de lo previsto en la Legislación específica del IVA); o, en su caso, suibsidiaria ( art. 43 LGT).

La sentencia se mueve, sin embargo, en el antiguo paisaje jurisprudencial que remite a los arts. 110 y ss CP. En materia de terceros responsables civiles el precepto que liga a Petromiralles con las indemnizaciones fijadas es el art. 120.4: una responsabilidad subsidiaria cuyo fundamento exclusivo es la vinculación de alguno de los responsables penales con la entidad, con independencia de que haya obtenido o no beneficios. Basta que el agente actuase por cuenta y al servicio de esa entidad.

Eso es cabalmente lo que se nos presenta aquí: Cristobal es condenado como partícipe de los delitos de defraudación tributaria en virtud de una intervención desplegada por cuenta y al servicio de la entidad que ha sido declarada responsable civil subsidiaria ex art. 120.4 CP, sin que ese concepto habilite para reducciones en el monto establecido para el responsable penal que arrastra al tercero responsable civil.

Por tratarse de un tema común, podemos traer a colación aquí lo alegado en el ya contestado motivo noveno del recurso de Cristobal y PETROMIRALLES; contestación que ahora ampliamos.

Como "la compra de carburante no es un delito",no podríamos hablar de responsabilidad civil de Petromiralles. El argumento es muy débil pues parte de un entendimiento equivocado del título de condena. Se le condena porque un directivo, gestionando intereses de PETROMIRALLES, ha participado como inductor en unos delitos fiscales (que benefician a PETROMIRALLES: aunque esto sería prescindible) y, además, ha facilitado su comisión al vender carburante a esas empresas (lo que podría ser reconducido a una cooperación en delitos fiscales, de forma quizás más forzada, pero en todo caso intrascendente a la vista del anterior título de participación). Por tanto, debe entrar en juego el art. 120.4 CP: no se trata de una actuación realizada por Cristobal al margen de su desempeño como administrador, sino precisamente por ello y en desarrollo de una vía de negocio para acrecer los beneficios económicos de la entidad. Esa actuación no está desvinculada de las sociedades y se encuadra en el ejercicio de sus funciones como administrador. Podría apostillarse, aunque esto es ya especulación sin base suficiente, que, probablemente, en la medida en que Cristobal es responsable civil directo del total y debe ser titular en un alto porcentaje de Petromiralles, se difumina algo la relevancia de esta cuestión.

El motivo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha de ser estimado.

Procede, en cambio, como se razonó, la desestimación del motivo noveno de los recursos de Petromiralles y Cristobal. Lo cierto, aducen, es que tanto el Fiscal como AEAT pidieron en conclusiones definitivas responsabilidad solidaria. Lo denuncian, al oponerse al recurso, estas entidades responsables civiles.

No parece que el fundamento de esa solidaridad se pudiese ubicar en el no aludido art. 122 CP. Quizás pudiera guardar alguna relación con el manejo de la legislación tributaria como se ha apuntado. Pero, sea como sea, conforme al art. 218.1.2º LEC - no se olvide que estamos ante la decisión de una cuestión de naturaleza estrictamente civil y por tanto ajena a las exigencias del principio acusatorio- reflejándose en los escritos de conclusiones los hechos determinantes del nacimiento de la responsabilidad civil ex delictoque se reclama, el eventual error en el título jurídico que la fundamenta no impediría al Tribunal acoger la pretensión.

VIGÉSIMO CUARTO.-Las costas de los recursos de la Agencia Española de Administración Tributaria, de Adolfo de Amador y de Cristobal han de declararse de oficio al haber sido estimados sus recursos. Las costas de los restantes recursos habrán de ser abonadas por los respectivos recurrentes dada su desestimación ( art. 901 LECrim) .