Sentencia Penal 905/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2158/2023 de 03 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.1. El Juzgado de lo Penal n.º 26 de Madrid, en su Procedimiento Abreviado n.º 430/2018, dictó sentencia el 30 de septiembre de 2022 en la que condenó a Jose Daniel como autor criminalmente responsable de un delito de apropiación indebida del artículo 252 del Código Penal, en su redacción dada por la LO 15/2003, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal, imponiéndole las penas de prisión por tiempo de 5 meses e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

1.2. Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que fue desestimado por su Sección Sexta en Sentencia 35/2023, de 19 de enero, la cual es objeto de recurso de casación formalizado por un único motivo por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM e indebida aplicación de los artículos 248 y 250.1.3.º y 6.º del Código Penal.

1.3. Los hechos probados establecen, entre otros extremos, que el recurrente, en su condición de administrador único de la entidad MR Oficina Central Consultores SL, con fecha 15 de mayo de 2014 recibió la cantidad de 14.850 euros de sus clientes Juan Francisco y Regina en concepto de provisión de fondos para realizar los trámites de constitución de una sociedad mercantil, habiendo realizado parcialmente los trabajos encargados. El recurso aduce que el acusado nunca tuvo un dolo antecedente de apropiarse del dinero de sus clientes y que su comportamiento únicamente incumplió la obligación contractual que había asumido, por lo que nos encontramos ante una cuestión civil en la que debería concretarse la actividad que llevó finalmente a término y su coste, lo que permitiría determinar la cantidad que debe devolver a sus clientes. Argumenta que el delito de apropiación indebida surgiría si el autor principal hubiese tenido la intención inicial de hacer suyo el dinero pagado como provisión de fondos, sin efectuar ningún trabajo y con la sola pretensión de apropiarse del dinero, pero no si la intención del autor surge después del incumplimiento. Niega que el acusado tuviera intención de apropiarse del dinero y de no devolverlo, habiéndose limitado a solicitar un aplazamiento del pago hasta que liquidaran el coste de sus gestiones, de modo que hasta entonces no puede calificarse como indebida la retención de la provisión de fondos, sino que es el resultado de su derecho de retención hasta que liquide.

1.4. El artículo 252 del Código Penal en su redacción dada por la LO 15/2003, de aplicación a este supuesto, consideraba autores del delito de apropiación indebida los que "en perjuicio de otro, se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido"; teniendo declarado la Jurisprudencia de esta Sala que cuando se trata de dinero, el delito de apropiación indebida requiere como elementos del tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o por cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca la consiguiente obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibido, que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuencia de este acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual normalmente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación. Y como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades de actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada ( SSTS 841/2006, de 17 de julio; 707/2012, de 20 de septiembre o 648/2013, de 18 de julio, entre muchas otras).

1.5. La descripción de estas exigencias refleja la irrelevancia de la alegación del recurrente relativa a no haber albergado ninguna intención previa de incumplir el contrato.

Tal aspecto resultaría sustantivo si la condena fuera por la comisión de un delito de estafa, dado que este tipo penal sanciona a los que con ánimo de lucro utilizaren engaño bastante para producir error en otro y lo induzcan a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, lo que ha llevado a nuestra jurisprudencia a proclamar que el reproche penal por estafa tiene como esencia la existencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que despierte en el sujeto pasivo una convicción equivocada de la realidad existente, de modo que el destinatario de la treta, impulsado precisamente por esa incorrecta e inducida persuasión, realice voluntariamente un acto de disposición patrimonial que no se hubiera abordado de otro modo y que resulta económicamente lesivo para quien lo aborda o para un tercero.

El delito de estafa integra la necesidad de un engaño antecedente que se muestra penalmente intrascendente para el delito de apropiación indebida, al requerir éste únicamente que el sujeto activo, en cualquier momento en el que detente la posesión interina de la cosa y, consecuentemente, después de perfeccionado el contrato que le otorgó la posesión, ejecute conscientemente y a título de dueño un acto ilegítimo de disposición sobre el objeto de tenencia o el dinero recibido. Como destacábamos en la STS 928/2005, de 11 de julio, y en nuestra reciente Sentencia 614/2025, de 2 de julio, mientras que en la estafa la ruptura de la lealtad negocial es anterior al acto de disposición efectuado por la víctima y es precisamente el mecanismo impulsor de la entrega o pérdida patrimonial, en el delito de apropiación indebida la quiebra de la lealtad es posterior al acto de disposición efectuado por el perjudicado, esto es, la apropiación indebida se caracteriza porque el transmitente patrimonial actúa libre, espontáneamente y sin engaño, surgiendo la deslealtad después de la entrega temporal del patrimonio, al apropiarse de la cosa el receptor o por emplearla en un fin o destino distinto de aquel para el que le fue entregada.

1.6. Tampoco resulta viable su invocación del derecho de retención.

Como expresamos en la STS 265/2020, de 29 de mayo (en el mismo sentido las SSTS 2163/2002, de 27 de diciembre o 123/2013, de 18 de febrero), solo la existencia de un derecho de retención con arreglo a las normas civiles puede integrar la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho del artículo 20.7 del Código Penal, lo que no es apreciable para este supuesto en la medida en que el derecho de retención solo se refleja en el Código Civil para el arrendamiento de obra o para el mandato de obra (art. 1600 y art. 1730), quedando excluidos cuando estos contratos se proyectan sobre la prestación de servicios.

1.7. Sin embargo, sí podemos apreciar un elemento configurador del delito de apropiación indebida que presenta relevancia ante el juicio de subsunción realizado por las sentencias de instancia y de apelación.

Como hemos expresado, el delito de apropiación indebida exige que el sujeto activo haya recibido la posesión interina del dinero o de la cosa en virtud de un negocio jurídico que comporte la obligación de devolverlo o de procurarle un destino determinado.

Conforme con ello, cuando el dinero se ha entregado con ocasión de la celebración de un contrato de arrendamiento de servicios, hemos expresado que el título de transmisión no da lugar a la comisión de un delito de apropiación indebida si el profesional recibe el dineral en concepto de provisión de fondos para el exclusivo pago de los honorarios inherentes a su servicio, pues en estos casos las cantidades se entregan como pago anticipado y el perceptor las hace suyas desde la percepción, aunque se produzca después un incumplimiento contractual que pueda dar lugar a una obligación civil de reintegro.

Por el contrario, cuando la provisión de fondos tenga como finalidad atender, exclusivamente o además, los pagos inherentes a gestiones concretas que el perceptor deba afrontar al realizar su misión, se apreciará la existencia del delito de apropiación indebida si el perceptor hace suyas estas sumas en lugar de destinarlas a la finalidad pactada.

1.8. En el presente supuesto el relato de hechos probados proclama que el recurrente, en su condición de administrador único de la entidad MR Oficina Central Consultores SL, con fecha 15 de mayo de 2014 recibió en concepto de provisión de fondos la cantidad de 14.850 euros de sus clientes Juan Francisco y Regina a fin de realizar los trámites de constitución de una sociedad mercantil, habiendo realizado solo parcialmente los trabajos encargados, cuyo detalle no consta. Se añade que el coste del trabajo realizado y los honorarios ascendió a la suma de 2.031,22 euros y que el acusado ha devuelto después la cantidad de 1.500 euros, habiéndose negado a devolver al Sr. Juan Francisco y a la Sra. Regina la cantidad restante que ascendería a la suma de 11.318,78 euros.

Consecuentemente, el factum de la sentencia no describe si la provisión de pagos no consumida y cuya devolución se reclama, estaba destinada a que el acusado pagara la intervención específica y omitida de un tercero, o si la obligación de devolución del dinero surge exclusivamente porque el acusado no culminó su encomienda y no se hizo merecedor del completo cobro de los honorarios inicialmente apalabrados.

La sentencia únicamente refiere que el acusado fue contratado para constituir una sociedad patrimonial que pudiera beneficiar a sus clientes en materia fiscal, habiendo abordado los trámites de constitución hasta el punto de haber acudido los otorgantes a la notaría, pero sin llegar a constituirse la sociedad. Eso supone que la provisión de fondos tenía que alcanzar, entre otras actuaciones, la inscripción de la sociedad en el registro mercantil y que la inscripción no se abordó.

Pero lo cierto es que de la provisión de fondos se gastaron las actuaciones descritas y se devolvieron otros 1.500 euros que bien podían ser los correspondientes a la inscripción registral. Y la sentencia no detalla si el resto del dinero de la provisión de fondos, esto es, la parte de la provisión de fondos no consumida y no retornada, se correspondía con retribuciones al acusado por otras actuaciones constitutivas de la sociedad o por gestiones fiscales con la sociedad que no se abordaron o, por el contrario, englobaba además la necesidad de pagar a un tercero. De modo que el intangible relato fáctico de la sentencia no refleja el elemento apropiatorio que el tipo penal exige y al que hemos hecho referencia.

El motivo debe estimarse.

SEGUNDO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas derivadas de la tramitación del recurso.