Sentencia Penal 1112/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3174/2022 de 03 de diciembre del 2024

A).- Recurso de Isidoro.

PRIMERO.- El primer motivo de este recurso se bifurca en dos líneas argumentales. Exigen un tratamiento separado.

Primeramente se denuncia quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 LECrim: contradicción.

Carece el motivo de todo fundamento, entre otras cosas porque no versa sobre los hechos probados sino sobre los antecedentes y fundamentación jurídica.

Además, en realidad, no existe tal contradicción.

La sentencia reconoce que la acusación particular formuló una pretensión alternativa por delito de administración desleal ( art 252 CP) . Condena, empero, por delito de apropiación indebida ( art. 253 CP) . Probablemente la defensa se confunde al ver citado el art. 252 CP como recipiente del delito que motiva la condena. Pero la referencia de la sentencia es a la legislación inmediatamente anterior; no a la aplicada.

En cualquier caso, la contradicción prevista como vicio casacional en el art. 851.1. LECrim. es la interna de los hechos probados, no otras posibles deficiencias gramaticales o conceptuales que puedan detectarse en los restantes apartados de la sentencia.

SEGUNDO.- Denuncia también el primer motivo violación del principio acusatorio: la acusación por administración desleal no permitiría una condena por delito de apropiación indebida.

Probablemente ello era así en la legislación anterior (con algunas salvedades). Pero la Sala de instancia maneja la legislación emanada de la reforma penal de 2015 en tanto los hechos se prolongan hasta fechas en que ya regía la nueva configuración de los delitos de administración desleal y apropiación indebida ( arts. 252 y 253 CP) . En ese escenario, no solo es que ambas figuras estén más cercanas y próximas en materia de homogeneidad; sino, sobre todo, que han sido parificadas en cuanto a penalidad.

En el caso examinado todos los elementos del delito de administración desleal están descritos en el factum de la sentencia. Si esa infracción fue desplazada es por virtud de las reglas del concurso de normas ( art. 8 CP) .

El principio de alternatividad ha perdido operatividad en el binomio administración desleal/apropiación indebida en cuanto las penas están equiparadas. Por tanto, el acogimiento de la pretensión formulada (descartar la apropiación indebida) solo llevaría a cambiar el título de condena (condenar por administración desleal), pero no la penalidad. Queda patente la inoperancia práctica de una eventual estimación.

TERCERO.- Dice la STS 56/2021, de 27 de enero (que contempla un hecho anterior a la reforma de la LO 1/2015 por lo que alude a los arts. 295 y 252, en vez de 252 y 253 CP) :

"No surge obstáculo alguno para condenar en la segunda sentencia surgida de la casación por tal delito ( art. 295 CP ): Se acusó por delito continuado de apropiación indebida que abarcaba esas conductas. La administración desleal es delito homogéneo con la apropiación indebida. No es esta afirmación siempre reversible (en ocasiones la acusación por el 295 no abría las puertas de una condena por el delito del art. 252).

No se produce mutación sustancial (ni accidental) del hecho; tan solo una distinta valoración jurídica menos gravosa, manteniéndose la identidad del bien jurídico tutelado.

Tres peldaños hay que descender para concluir que el recurrente puede ser condenado en esta sede tras la estimación de su recurso como autor de un delito del anterior art. 295 CP (más beneficioso que el actual art. 252, donde han ido a parar las conductas antes encajables en el art. 295 en una confirmación legislativa - dicho sea de paso- de la homogeneidad entre apropiación indebida y administración desleal):

a) El punto de partida: se dirigió contra él acusación por apropiación indebida.

b) A continuación constatamos que existe homogeneidad entre los tipos del art. 295 y 252 (en la redacción vigente en el momento de los hechos): vid por todas STS 1040/2001, de 29 de mayo .

c) Por fin, hay que comprobar si su conducta es susceptible de ser encajada en el delito de administración desleal. Es eso algo que viene a aceptar el recurso y que ya se ha justificado (Fundamento Sexto)".

La STS 260/2024, de 15 de marzo confirma esta idea en el sentido inverso que es el que aquí interesa: si los hechos eran constitutivos de apropiación indebida, pero se acusó por administración desleal es posible la condena por la segunda figura delictiva cuando concurren todos sus elementos. Aunque estamos propiamente ante una apropiación indebida, será posible condenar por administración desleal si esa fue la calificación sostenida por la parte:

"De manera subsidiaria, interesa la condena por administración desleal, con apoyo de la doctrina de la vuelta a la vida del precepto desplazado, en relación con el concurso de normas, cuando mediando acusación por la norma que determinaba el principio de especialidad, que luego no resulta viable aplicar, posibilita volver a ponderar la norma desplazada, recogida en la STS 1386/2011, de 14 de diciembre.

En el concurso de normas sólo resulta aplicable un delito porque esa norma penal es suficiente para aprehender por completo el desvalor del hecho y que la colisión que supone la existencia de un concurso de normas obliga a una elección en la aplicación, por las reglas del artículo 8º del Código Penal . (...)

Se señala la doctrina de la "vuelta a la vida" del precepto desplazado. En determinadas circunstancias, la imposibilidad de castigo por el hecho principal supondría la recuperación del precepto desplazado y el castigo autónomo del hecho que en principio debía resultar copenado, doctrina a la que se hace expresa referencia en la Sentencia de esta Sala 867/2002, de 29 de julio .

La referida doctrina de la "vuelta a la vida" de la norma en concurso, da respuesta adecuada al caso que ahora se examina.

El hecho de que no se pueda aplicar el delito especial no impide que se pueda sancionar por el delito general cuando concurren en los hechos imputados los elementos que le caracterizan y haya sido objeto de acusación.

2. Como se advierte en el propio escrito de recurso y resulta de la propia jurisprudencia invocada, resultan determinantes para la solución que resulte, los términos en que se formuló la acusación.

El Ministerio Fiscal, en su conclusión primera, describía los hechos punibles en tres apartados, aunque el segundo lo suprimió en sus conclusiones definitivas (que se corresponden con los tres recogidos en el factum de la sentencia, si bien los dos últimos como no probados); y en la conclusión segunda, los calificaba como:

A) Un delito de administración desleal continuado previsto y penado en el artículo 252 y 74 del Código Penal.

B) Un delito de apropiación indebida previsto y penado en el artículo 253 del Código Penal.

Pero dicha calificación venía referida, suprimido ya el párrafo segundo de su relato histórico, de manera distributiva, no concurrente ni conjunta; el delito A), administración desleal para el primer párrafo y el delito B), para el tercer párrafo. De ahí que la calificación fuere por una sola infracción de apropiación indebida, mientras que la administración desleal se afirmaba continuada.

Y así en la sentencia de instancia, el Juzgado de lo Penal, tras concluir que los hechos que contenía en el primer ordinal de su declaración de hechos probados (que se correlacionan con el primer apartado del relato de las conclusiones de la acusación) integraban un delito continuado de administración desleal y los del segundo habían sido suprimidos en conclusiones definitivas), en su fundamento segundo, expresa, en relación al tercer ordinal (que se correlaciona con el tercer apartado del relato de las conclusiones de la acusación):

Los hechos declarados probados no son, sin embargo, constitutivos de un delito de apropiación indebida del art. 253 CP por el que también sigue acusación el Ministerio Fiscal, en relación con una fianza por importe de 1.100 euros que supuestamente el acusado se habría apropiado de la misma al no ingresar en el INCASOL como se debería haber hecho, cuando .se encargaba de la gestión del alquiler de un local propiedad de la Sra. Debora...

De donde resulta que los hechos objeto de condena en la instancia, posteriormente revocada en apelación, nunca fueron calificados por la acusación como apropiación indebida. E incluso en el escrito de oposición al escrito de apelación, el Ministerio Fiscal, interesó la conformación de la sentencia de instancia, "al entender que quedó en el mismo probados los hechos imputados y calificados como un delito de administración desleal continuado de los artículos 252 y 74 del Código Penal y que la fundamentación realizada por el Juzgador es acorde a derecho".

Como explica la STS 799/2022, de 5 de octubre, de manera reiterada ha precisado el Tribunal Constitucional, entre las garantías que incluye el principio acusatorio se encuentra la de que "nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y, por ello, haya podido defenderse". En este contexto por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un "factum", sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae" no sólo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica" -vid. SSTC 145/2011, 223/2015-. En igual sentido, entre otras muchas, con cita de abundantes precedentes, la STS 360/2023, de 16 de mayo.

2. Pero a su vez, la jurisprudencia de esta Sala Segunda y del Tribunal Constitucional ha venido admitiendo que el principio acusatorio queda preservado cuando entre las calificaciones en liza -las alternativas o las subsidiarias introducidas definitivamente por las acusaciones- y la que sustenta la condena quepa trazar una relación de homogeneidad porque el hecho que configura los tipos correspondientes sea sustancialmente el mismo -vid. STC 12/1981, 4/2002- y, además, la nueva calificación no comporte mayores consecuencias penales que las pretendidas y se derivarían, además, de la aplicación del tipo objeto de acusación.

Esta jurisprudencia (por todas STC 75/2003, de 17 de mayo), establece que "el Juez puede condenar por un delito distinto que el sostenido por la acusación o acusaciones siempre y cuando se trate de un delito homogéneo con el que fue objeto de acusación y siempre y cuando no implique una pena de superior gravedad (supuesto en el que sí sería necesaria la actuación judicial conforme al art. 733 LECrim) . Por lo tanto, la condena por delito distinto de aquel o aquellos que se formularon en la pretensión acusatoria sólo es constitucionalmente posible si se dan dos circunstancias: una es la identidad del hecho punible, de forma que el mismo hecho señalado por la acusación, que se debatió en el juicio contradictorio y que se declaró probado en la sentencia de instancia, constituya el supuesto fáctico de la nueva calificación declarada en la sentencia condenatoria. La segunda condición es que ambos delitos, el que sustentó la acusación y el considerado como más correcto por el Tribunal sentenciador en la sentencia sean homogéneos, es decir, tengan la misma naturaleza, porque el hecho que configura los tipos correspondientes sea sustancialmente el mismo o, en palabras de la STC 134/1986, de 29 de octubre (FJ 1), porque exista "identidad del bien o interés protegido en cuanto hay una porción del acaecer concreto o histórico común en la calificación de la acusación y en la de la sentencia" (en este mismo sentido, SSTC 43/1997, de 10 de marzo, FJ 3; 302/2000, de 11 de diciembre, FJ 2; 118/2001, de 21 de mayo, FJ 4; 4/2002, de 14 de enero, FJ 3; y 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 5). En todo caso, como límite infranqueable en el momento de dictar sentencia, al Juez le está vedado calificar los hechos de manera que integren un delito penado más gravemente si este agravamiento no fue sostenido en juicio por la acusación, ni imponer una pena mayor que la que corresponda a la pretensión acusatoria fijada en las conclusiones definitivas, dado que se trata de una pretensión de la que no pudo defenderse el acusado".

3. En relación a las calificaciones en liza en estos autos, se admite de manera pacífica la homogeneidad predicada entre apropiación indebida y administración desleal ( STS 56/2021, de 20 de enero); de modo que, de manera tajante, la STS 10/2024, de 11 de enero, en relación a la duda consistente en calificar los hechos como constitutivos de un delito de administración desleal del art. 252 o un delito de apropiación indebida del art. 253 del CP, señalaba que la reforma operada por LO 1/2015, de 30 de marzo, se presenta "...como un muy poderoso argumento para justificar su homogeneidad y, en consecuencia, concluir que en la legislación anterior a 2015 nada impedía convertir una acusación por apropiación indebida en una condena por administración desleal. Ahora ocurre lo propio" ( SSTS 721/2022, 56/2021, 27 de enero; 14 de julio, 627/2016, de 13 de julio y ATS 6 julio 2023).

Pues ciertamente, tras la regulación otorgada por la reforma de 2015, se establece como criterio diferenciador entre el delito de apropiación indebida y el de administración desleal la disposición de los bienes, incluido el dinero, con carácter definitivo en perjuicio de su titular (caso de la apropiación indebida) y el mero hecho abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular, pero sin pérdida definitiva de los mismos (caso de la administración desleal), por todas STS 631/2023, de 20 de julio.

Criterio que además es recordado en la propia sentencia recurrida, al rememorar la doctrina de esta Sala, sobre la valoración de la redacción de 2015: en realidad, la reforma es coherente con la más reciente doctrina jurisprudencial que establece, como criterio diferenciador entre el delito de apropiación indebida y el de administración desleal, la disposición de los bienes con carácter definitivo en perjuicio de su titular, caso de la apropiación indebida, y el mero hecho abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular pero sin pérdida definitiva de los mismos, caso de la administración desleal.

De donde resulta necesario concluir que en los supuestos donde el administrador distraiga o disponga definitivamente de los bienes, incluido el dinero, en perjuicio del administrado, integra un delito de apropiación indebida, pero inexcusablemente también ha cumplimentado la conducta típica de administración desleal, donde no concurre pérdida definitiva de todo o parte de los bienes administrados.

4. También atendemos con frecuencia, en paralelo con la jurisprudencia constitucional, para la determinación de la homogeneidad delictiva a estos efectos, no solo a criterios formales o sistemáticos sujetos al campo propio de la dogmática técnico-penal, sino que esencialmente al criterio de proscripción de la indefensión; lo relevante es que el hecho que configure los tipos sea sustancialmente el mismo y que el acusado haya tenido ocasión de defenderse de todos los elementos, fácticos y normativos, que integran el tipo delictivo objeto de condena ( STS núm. 472/2017 de 22 junio).

Y en autos, la acusación contenía y se discutió contradictoriamente sobre el abuso y deslealtad en la sucesiva distracción de diversas cantidades de la comunidad que el recurrente administraba y efectivamente, también del carácter definitivo de la distracción; tras lo cual, se concluyó que, mediante las transferencias se consumaron actos depredatorios sobre los fondos de la comunidad administrada, que el acusado se apoderó de los fondos para fines ajenos a sus funciones como administrador.

Queda así claro que no se interpone obstáculo alguno para llegar a una condena por administración desleal.

Sigue diciendo la sentencia:

"Desde los anteriores parámetros, aunque nadie lo hubiera postulado, podría objetarse que dado que no medió acusación por apropiación indebida, en la medida que esta tipología exige un elemento adicional, a la administración desleal, como es la pérdida definitiva de los bienes distraídos; además de la dificultad que conlleva trocar ex novo el título de condena ( STJUE de 9 de noviembre de 2023, BK, C-175/22) efectivamente, no resultaba viable la condena por un delito de apropiación indebida.

Pero la cuestión suscitada en apelación no era si los hechos podían calificarse también como apropiación indebida, sino, si el acusado había incurrido en delito de administración desleal; y sucede que incluso de la propia argumentación de la sentencia recurrida al distinguir ambas calificaciones, resultaba en autos, que la propia calificación de la conducta probada, delito de apropiación indebida, necesariamente implicaba la cumplimentación de todos los requisitos del tipo de la administración desleal, que era el recogido en las conclusiones definitivas de la acusación, era el título de condena en la sentencia de instancia, así como lo cuestionado en apelación; de donde la absolución por ese delito de administración desleal resultaba improcedente, aunque potencialmente de haber sido otra la calificación hubiera podido ser condenado por precepto más especial.

Cobra así plena vigencia el criterio subsidiariamente postulado en el motivo; pues en la conformación actual, el delito de administración desleal se encuentra en relación de especialidad, con el delito de apropiación por distracción (definitiva) de bienes administrados (del mismo modo que el hurto en relación al robo); pues en los supuestos de especialidad el delito principal (administración desleal) y el especial (apropiación indebida por distracción definitiva de los bienes administrados) se comportan como círculos concéntricos en el que el menor o especial está comprendido íntegramente en el círculo mayor o tipo general, de manera que todos los elementos integradores del tipo especial cumplen la hipótesis típica del tipo general, es decir, se encuentran comprendidos en él. Valga recordar que el criterio de especialidad no produce derogación alguna, ya que ambas normas, general y especial se mantienen vigentes, se trata de un supuesto de compatibilización normativa, donde prima la especial, pero sin perjuicio de que la general seguirá aplicándose en los casos no previstos en la ley especial; sólo se desplaza para el caso concreto; de modo que su aplicación resulta de una valoración sobre aplicación preferencial, no una exclusión irreversible del precepto no preferente; de manera que si la norma especial no resulta aplicable, el resultado preferencial es obvio, al persistir únicamente una de las normas que integraba la inicial concurrencia o aparente antinomia: la norma general.

No habría inconveniente en variar el título de condena: 252 en lugar del art. 253. Pero eso carece de toda practicidad. Con esta explicación es suficiente sin necesidad de casar la sentencia. No habría repercusión alguna ni siquiera en orden a una posible reincidencia: ambas figuras delictivas comparten naturaleza. Hay homogeneidad y, lo que en este caso es más importante, identidad punitiva.

CUARTO.- El segundo motivo, invoca el derecho a la presunción de inocencia.

No puede prosperar. Lo evidencia la motivación fáctica de la sentencia. Acreditados documentalmente los movimientos dinerarios entre las cuentas bancarias, no cabe más explicación que el ánimo apropiativo:

"La explicación dada por el propio acusado a ese flujo de dinero, -expresa la Audiencia- quien tan solo contestó a su Letrada, no fue negar que las hiciera suyas sino tan solo alegar que dichas sumas recepcionadas en sus cuentas (así como los ingresos por más de 270.000 euros en la cuenta de NEOMARKET) lo eran en concepto de sueldo, gratificaciones, bonus y comisiones. En concreto señaló que como administrador único tenía "un sueldo de 60.000 euros/brutos, más estos bonus, comisiones y gratificaciones" que la empresa "le liquidaba su trabajo y lo ingresaban en sus cuentas, que no había porcentaje fijo y que no se le hacía en la cuenta de NEOMARKET sino en su cuenta directamente" "que las salidas de dinero desde sus cuentas eran a clientes porque se lo mandaba de palabra, nunca por escrito ni por email".

La elevada cantidad final excluye que pueda considerarse verosímil la primera de las justificaciones dada por el acusado. Ciertamente, no consta prueba alguna de cuál era la remuneración que pactaron el Sr. Teodulfo y el acusado por sus labores de administrador único y Director Comercial (además de socio), ni menos aún la forma de pago; más obviamente la misma no alcanzaría la elevada suma resultante de las cuantías transferidas desde NEOMARKET y las finalmente devueltas, más de 620.000 euros en un periodo de 8 meses. No obstante, ello, a la vista de su manifestación y en una interpretación favor rei, se estima que al menos 80.000 euros (60.000 en concepto de nómina y el resto por comisión) lo eran por tales conceptos, y por ello han de ser detraídas de la suma final. En cuanto a la segunda justificación, la relativa a las transferencias por él ordenadas una vez se encontraban las sumas en sus cuentas iniciales, asentada en el pago a clientes ordenado de palabra, no ha sido corroborado por prueba alguna cual sería la declaración testifical de tales clientes o la documental evidenciadora de tales movimientos, siendo ello carga de la defensa.

Lo incontrovertible es que gran parte de las sumas ingresadas en sus cuentas y que estaban a su exclusiva disposición siguieron por orden suya un itinerario a terceras cuentas bancarias (dos con titularidad de su pareja e hijo y otra de él mismo) y de ahí se efectuaron traspasos a otras de titularidad ignorada o reintegros al contado pero que no consta repercutieran en un actividad relacionada con la empresa y ello causó perjuicio a la misma y por ende a su socio mayoritario y financiador de ésta.

Por tanto, se tiene por acreditado que aún cundo se desconozca el destino final de la suma integra no devuelta a la sociedad por el Sr. Isidoro, el mismo en perjuicio de la sociedad NEOMARKET hizo suya la suma de 547.009,02 euros resultante de detraer de las 627.009,02 transferidas y no devueltas los 80.000 euros por salarios y demás conceptos retributivos.

Así, por el conjunto de la prueba ponderada, la Sala si bien -y como ya hemos argumentado alcanza la convicción de que el acusado obtuviera las sucesivas transferencia monetarias desde la cuenta de NEOMARKET empleado engaño o falseando facturas, estima plenamente evidenciado que, de forma sobrevenida y una vez éstas se iban produciendo, movido por un ánimo de enriquecerse con ellas lejos de destinarlas a una actividad relacionada con la sociedad procedió a hacerlas suyas (mediante trasferencias a otras 3 cuentas por el mismo controladas, en cuanto de una de ellas era el titular y las otras dos de su por entonces pareja y su hijo) o a destinos desconocidos pero en todo caso con perjuicio para la sociedad".

Ante ese panorama probatorio a partir del cual razona la Audiencia, resulta un exceso retórico denunciar falta de probanza.

B).- Recursos de Justino y Joaquina

QUINTO.- El paralelismo e identidad argumental, e incluso en algunos extremos hasta textual, de los dos recursos aconseja su tratamiento conjunto.

La posición procesal de ambos recurrentes es la misma: son condenados como terceros responsables civiles por su participación a título lucrativo de los efectos del delito. El responsable penal realizó en las cuentas corrientes de que eran titulares diversos ingresos. Ahora se les condena a la restitución, conforme a lo dispuesto en el art. 122 CP, de los saldos subsistentes de tales cuentas.

El encabezamiento de los motivos es confuso: se alude a presunción de inocencia, y a infracción de ley en sus dos modalidades ( números 1 y 2 del art. 849 LECrim) . En todo caso, el argumentario es básicamente probatorio. Dicen ambos que desconocían esos ingresos y que no hay prueba que acredite que dispusieran de esos fondos. Uno de los recursos insiste en que la cuenta era manejada por el responsable penal.

No se invocan documentos como exige el art. 849.2º LECrim. Se indica que no existen documentos que acrediten lo que la sentencia deduce: obviamente este tipo de razonamiento nada tiene que ver con el art. 849.2º; amén de que el hecho probado solo recoge lo que está documentalmente acreditado: que se efectuaron unos ingresos en cuentas de las que eran titulares.

Por otra parte, tampoco se observa ninguna específica violación, atendido el hecho probado, de la legalidad penal. Sin contraprestación alguna, eran beneficiarios mediante ingresos en sus respectivas cuentas corrientes de unas cantidades procedentes de delito. Están afirmados todos los elementos necesarios para que se active la disposición del art. 122 CP que no exige por parte del tercero conocimiento. se le reclama sencillamente que restituya lo que recibió gratuitamente, sin que ello implique reproche alguno.

Los dos motivos pivotan sobre una idea: no existe prueba de que fuesen ellos los que dispusiesen de esos fondos ni de que conociesen su origen. Por tanto se habría vulnerado la presunción de inocencia.

Pero es que la presunción de inocencia, como recuerda la fiscal con acertadas referencias jurisprudenciales (Vid SSTS 212/2014, de 13 de marzo ó 302/2017, de 27 de abril), no es aplicable a los temas de responsabilidad civil donde rige otro estándar probatorio (lo más probable). No puede ser revisado en casación, salvo por la vía del derecho a la tutela judicial efectiva (se hace una afirmación disparatada y ajena a toda la prueba practicada, lo que no sucede aquí); o por el cauce del art. 849.2º LECrim cuando la conclusión se haya en abierta contradicción con una prueba documental (lo que tampoco aparece aquí).

La presunción de inocencia no es invocable en este ámbito: esta afirmación tiene naturaleza axiomática. Es una condena en exclusiva a la restitución de lo recibido a título gratuito. Basta con constatar que se ha producido recepción de bienes o dinero y que no respondía a título oneroso, para que proceda la condena a la devolución. Tal consecuencia está preñada de lógica y no implica reproche culpabilístico. Para esa condena a la restitución no es necesaria ni una gota de culpabilidad. Ni siquiera conocimiento. Si a alguien le ingresan en su cuenta corriente, aún sin él saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un ilícito penal, ha de devolverlo. Así de sencillo. Aunque no se hubiese enterado de nada. Incluso -imaginemos- en casos en que hubiera sido engañado haciéndole creer que era un donativo legítimo. No es un problema de que la defensa haya de demostrar su inocencia: son inocentes ambos. La sentencia no dice lo contrario. Nadie ha acreditado que sean culpables. Sencillamente se ha demostrado que han recibido a cambio de nada un dinero que provenía de un hecho ilícito. Por tanto deberán devolverlo al perjudicado.

La condena como partícipe a título lucrativo es compatible con la buena fe y, por supuesto, con la inocencia. Los terceros responsables civiles no son culpables; son solo responsables civiles. Como no es culpable la Compañía de Seguros condenada a asumir la indemnización; o el titular del vehículo que es conducido por otro imprudentemente causando un accidente; o la Administración Pública que responde por los perjuicios ocasionados por un funcionario o autor de un delito en el ejercicio de sus tareas oficiales.

La Sala deduce el beneficio de unos hechos objetivos contrastados: se ingresaron en las cuentas de las que eran titulares unos fondos a título gratuito. Eso no ha sido negado. La alegación de que de esos fondos dispuso en exclusiva el responsable penal limitándose ellos a actuar como testaferros o titulares fiduciarios es una posibilidad asumida por la Sala. Por eso precisamente su responsabilidad civil se reduce a los saldos subsistentes.

SEXTO.- La desestimación de los recursos lleva aparejada la condena al pago de las costas causadas ( art. 901 LECrim) .