Sentencia Penal 602/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 423/2023 de 30 de junio del 2025

1.- La sentencia núm. 14/2022, 17 de enero, dictada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, condenó al acusado Pedro Jesús como autor responsable de un delito continuado de estafa agravada, con la concurrencia de la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, a la pena de 2 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y multa de 8 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas; y como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, a la pena de 1 año, 9 meses y 1 día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y multa de 9 meses y 1 día, con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas.

Contra esta sentencia se interpone recurso de casación por la representación legal del acusado. El Ministerio Fiscal y las partes recurridas impugnan los motivos e interesan la desestimación del recurso.

2.- El primero de los motivos, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim denuncia vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la CE) y la intimidad ( art. 18.1 y 3 de la CE) .

2.1.- A juicio de la defensa, la condena de Pedro Jesús por el delito de estafa que le ha sido imputado se ha razonado omitiendo la flagrante vulneración del derecho a la intimidad del acusado perpetrada durante la instrucción. La denunciante Mónica "...accedió ilegalmente al teléfono móvil del condenado con objeto de conocer sus posibles amoríos con terceras mujeres, utilizando dicha información ilegalmente y en contra del acusado". Esa actuación habría "...contaminado 'ab initio'" el proceso. Se trata de la pareja conviviente del acusado desde 2002 hasta el mes de septiembre de 2011, con la que tuvo un hijo varón reconocido por el acusado y a la que -alega la defensa- le pasa una pensión alimenticia. La denunciante convenció a Paloma, otra de las parejas de Pedro Jesús, con el fin de presentar una denuncia por separado, denuncia que presentaron por escrito en la comisaría. A esas denuncias se les dio curso pasando por alto el atropello legal que había representado ese acceso al teléfono móvil del acusado.

El motivo no es viable.

2.2.- La Audiencia Provincial ha declarado, en línea con lo defendido por la defensa en el plenario, la nulidad de las pruebas obtenidas con vulneración del derecho fundamental a la intimidad del recurrente. Y lo ha hecho en estricto cumplimiento del mandato impuesto por el art. 11 de la LOPJ. Sin embargo, a partir de esa premisa invalidante, ha proclamado la existencia de pruebas que no estarían afectadas por lo que la defensa describe como el efecto contaminante de la nulidad. Y lo ha hecho con plena sujeción a la doctrina constitucional y de esta Sala acerca de la desconexión de antijuridicidad y su significado como regla de exclusión.

2.2.1.- En numerosos precedentes hemos señalado las dificultades inherentes al tratamiento jurisprudencial de la prueba ilícita y, de modo especial, a la formulación de unas reglas de exclusión vinculadas al significado constitucional del proceso penal. Hemos apuntado también la intensa evolución histórica de esta doctrina, desde su formulación por la jurisprudencia norteamericana, hasta nuestros días, con una más que apreciable reducción del ámbito inicial de sus efectos. Nuestro sistema procesal no ha podido permanecer ajeno a este devenir en el que se han ido introduciendo premisas metódicas, algunas de ellas de marcado sabor restrictivo, sin las cuales no es posible entender el actual estado de la cuestión.

Interesa destacar, por tanto, que la respuesta jurisprudencial ante la frecuente alegación de ilicitud probatoria ha de ser siempre la respuesta al caso concreto. Una solución que, claro es, habrá de tomar como punto de partida la doctrina de esta Sala, pero que sólo después de un proceso de adaptación singular al supuesto de hecho, podrá ser correctamente aplicada. En línea con lo afirmado en otros precedentes, es indispensable alejarse de fórmulas estereotipadas con vocación de adaptabilidad a todos y cada uno de los supuestos que puede ofrecer la realidad. En efecto, la fórmula que acoge el art. 11 de la LOPJ "... aconseja huir de interpretaciones rígidas, sujetas a reglas estereotipadas que impidan la indispensable adaptación al caso concreto. Y esa rigidez despliega similar efecto pernicioso, tanto cuando se erige en injustificada regla de exclusión, como cuando se convierte en una tolerante fórmula para incorporar al arsenal probatorio lo que debió haber sido excluido" (cfr. SSTS 875/2021, 15 de noviembre; 311/2018, 11 de junio y 116/2017, 23 de febrero).

Pues bien, la sentencia recurrida ha declarado la nulidad del acceso por parte de Mónica al terminal telefónico de su pareja. Lo hace sin ambages en el FJ 1º, pero al mismo tiempo, desconecta de esa fuente de ilicitud otras diligencias de prueba que sí han sido valoradas y han permitido formular el juicio de autoría:

"... A la vista de todo lo expuesto, entendemos que la injerencia por parte de Mónica en el teléfono móvil del acusado conforme consta en la denuncia obrante al folio 194 y siguientes, presentada por la misma ante la Comisaría de Chamberí el 14 de noviembre de 2011, conforme reconoció en el acto del juicio oral, no invalida el procedimiento, sino la información obtenida a través de esta intrusión en el derecho a la intimidad del acusado por parte de Mónica quien sin autorización del acusado y sin orden judicial revisó el teléfono móvil del acusado, obteniendo información de números de teléfono y mensajes de otras mujeres con las que contactó, dando a conocer a la policía a través de la denuncia los datos obtenidos de Doña Amparo de quien dijo había reclamado al denunciado en el Juzgado de 1ª instancia 37 de Madrid una cantidad aproximada de unos 43.000 €; Doña Apolonia quien había reclamado al denunciado una deuda y denunciado en una ocasión por un presunto delito de violencia de género; Doña Adolfina sobre la presunta estafa de 9000 € en relación con la inversión a realizar en la supuesta finca de la cual era propietario el denunciado; Doña Isidora quien manifestó a la denunciante haber tenido relación con el denunciado, el cual se hacía llamar con ella Sabino quien dijo le había estafado 60.000 €; Doña Paloma quien tras ponerse en contacto con Mónica por aquella vía ilícita denunció a Pedro Jesús, conforme consta al folio 150 y 151, poniendo en conocimiento los hechos que son objeto de acusación en el presente procedimiento al estar personada como Acusación Particular .

Así pues, la documental aportada por Mónica hallada en el domicilio en común puede ser considerada fruto de un hallazgo casual. Sin embargo, la prueba derivada del contenido del teléfono del acusado, consultado por Mónica, es nula, por la injerencia no en el secreto de las comunicaciones sino en el derecho a la intimidad".

Y concluye:

"...Por lo que deberá descartarse del procedimiento toda la información obtenida como consecuencia de tal intrusión por la denunciante, quien debió de poner a disposición judicial el teléfono móvil localizado el que no sólo no puso sino que consultó para obtener aquella información que le permitiría constituir prueba para su causa".

2.2.2.- Por consiguiente, ninguna quiebra detecta la Sala de los derechos constitucionales que el recurrente dice infringidos. El acceso de Mónica al dispositivo electrónico de su expareja ha sido considerado en la instancia como un acto intrusivo generador de ilicitud probatoria.

Cuestión distinta es que, en aplicación de la doctrina constitucional sobre la desconexión de antijuridicidad, esa ilicitud no genere un efecto metastásico respecto de otras fuentes de prueba. A ello nos hemos referido en numerosos precedentes.

En efecto, la transferencia del carácter ilícito de las pruebas originales a las derivadas -decíamos en nuestra STS 370/2008, 19 de junio-, se produce en virtud de la existencia de una conexión de antijuridicidad cuya presencia resulta del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado, tanto desde una perspectiva interna, es decir, en atención a la índole y características de la vulneración del derecho sustantivo, como desde una perspectiva externa, a saber, de las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho ( STC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 166/1999, FJ 4, 171/1999, FJ 4). De manera que es posible que la prohibición de valoración de las pruebas originales no afecte a las derivadas, si entre ambas, en primer lugar, no existe relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad ( SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, de 13 de julio, 49/1999, 166/1999, 171/1999).

Sin embargo, a la luz de esos precedentes, referidos primordialmente a nulidades asociadas a entradas y registros o interceptaciones telefónicas, la propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de introducir importantes matices: "... ello no significa que lo hallado en un registro verificado con vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio haya de tenerse por inexistente en la realidad, ni tampoco que lo hallado no pueda ser incorporado de forma legítima al proceso por otros medios de prueba ( STC 161/1999 , FJ 2). En particular, la declaración del acusado, en la medida en que ni es en sí misma contraria al derecho a la inviolabilidad domiciliaria o al derecho al proceso con todas las garantías, ni es el resultado directo del registro practicado, "es una prueba independiente del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria" ( STC 161/1999 , FJ 4). La independencia jurídica de esta prueba se sustenta, de un lado, en que las propias garantías constitucionales que rodean su práctica --derecho a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, y asistencia letrada-- constituyen "un medio eficaz de protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima"; de otro lado, en que el respeto de dichas garantías permite afirmar la "espontaneidad y voluntariedad de la declaración", de forma que la "libre decisión del acusado de declarar sobre los hechos que se le imputan permite, desde una perspectiva interna, dar por rota, jurídicamente, cualquier conexión causal con el inicial acto ilícito ... [y] desde una perspectiva externa, esta separación entre el acto ilícito y la voluntaria declaración por efecto de la libre decisión del acusado, atenúa, hasta su desaparición, las necesidades de tutela del derecho fundamental material que justificarían su exclusión probatoria, ya que la admisión voluntaria de los hechos no puede ser considerada un aprovechamiento de la lesión del derecho fundamental" ( STC 161/1999, FJ 4).

La sentencia recurrida, en fin, no hace sino situarse en plena sintonía con aquellos pronunciamientos de esta Sala y de la doctrina constitucional que proclaman la desconexión de antijuridicidad respecto de aquellos hechos que, aun habiendo sido conocidos a partir de la intrusión de la intimidad, son luego explicados y ratificados en su existencia por el imputado a quien perjudican. Así lo hemos explicado:

"De tal modo que, siendo cierta la lesión del derecho del acusado a la inviolabilidad del domicilio, no lo es menos que esta afirmación no conduce necesariamente a la anulación de la sentencia impugnada, toda vez que las garantías con que se prestan las declaraciones por el acusado tanto durante la instrucción como en el juicio oral, constituyen un eficaz medio de protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima. Por ello, la libertad de decisión del acusado -que la lógica más primaria indica al corriente de la situación por el asesoramiento de su defensor- de declarar sobre los hechos permiten romper desde una perspectiva interna cualquier conexión causal con el registro ilícito, y desde una perspectiva externa atenúa las necesidades de tutela del derecho sustantivo lesionado que podrían justificar su exclusión probatoria, ya que la admisión voluntaria de los hechos no puede ser considerada un aprovechamiento de la lesión del derecho fundamental" (véanse SSTC. de 27 de septiembre de 1.999 y 17 de enero de 2.000, entre otras. Y SSTS. de 22 de noviembre de 2.000 y 23 de marzo de 2.005, entre muchas).

2.2.3.- Conforme a esta idea, la sentencia que es objeto de recurso analiza en un primer bloque sistemático las razones por las que la prueba del delito de falsedad en documento mercantil se ha desconectado de cualquier fuente de ilicitud:

"... La puesta en conocimiento de los datos obtenidos a través de ese teléfono móvil no determina conexión de antijuricidad con la investigación judicial de los hechos base del delito continuado de falsedad en documento mercantil dado que tanto la investigación de estos hechos como la prueba de los mismos tiene un origen independiente al de la fuente contaminada, al tratarse de línea de investigación diferente a aquella en la que se originó la ilicitud probatoria. Y se consideran válidas las pruebas anteriores a la aparición de la prueba ilícita.

La documental obrante respecto de estas denuncias figura en base a la documentación que la policía adjunta o consecuencia de la investigación policial practicada (folios 10 a 40).

Así pues, la línea de investigación es diferente a aquella en que se originó la ilicitud probatoria, existiendo pues respecto de este de hecho una investigación autónoma que en nada permite entender la contaminación de la prueba lo que justifica la desconexión antijurídica y, en consecuencia, la validez de las pruebas anteriores a la aparición de la citada injerencia en el derecho a la intimidad. De este modo se constata la doctrina de la fuente independiente, esto es la posible existencia en un proceso de pruebas no contaminadas por otras declaradas ilícitas".

No existió contaminación probatoria porque las fuentes de prueba preexistían incluso a la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado.

2.2.4.- La desconexión de la ilicitud respecto de la prueba que ha sustentado la acusación por un delito de estafa también es minuciosamente argumentada por la Audiencia Provincial.

Así, respecto del engaño que dio vida a la estafa de la que fue víctima Mónica, la sentencia de instancia se refiere a la información aportada a raíz de la relación sentimental que aquélla tuvo con el acusado entre el mes de agosto de 2002 hasta septiembre de 2011.

La desconexión de antijuridicidad respecto de las pruebas aportadas por Paloma también se razona conforme a la doctrina jurisprudencial que ha permitido dar validez a pruebas no enlazadas jurídicamente con la fuente de ilicitud. Así, pese a reconocer que la aportación de los correos electrónicos y extractos bancarios que reflejan las circunstancias y negocios de los que el acusado hablaba para pedirle dinero podía estar relacionada con la denuncia presentada a partir de la intrusión por parte de Mónica en el teléfono del acusado, se razona en los siguientes términos:

"... No obstante, el acusado reconoció en el acto del juicio oral haber mantenido una relación sentimental con Paloma e incluso como ésta le dijo que fruto de esta relación tenían una hija en común, aunque dijo no recordar cómo la había conocido, negando que la citada relación fuese tan larga conforme dijo la denunciante. Sin embargo, reconoció solapar ambas relaciones, la de Mónica y la de Paloma y cómo Paloma le prestó dinero, pero manifestó haber devuelto el préstamo. No recordando el acusado las razones por las que solicitó el préstamo, excepto el dinero para una parcela en Bariloche, la que dijo haber vendido y haber invertido el dinero en la venta para pago de impuestos.

Por tanto, aunque la prueba testifical citada aflora en la causa tras la injerencia en el derecho a la intimidad del acusado por Mónica, el hecho de haber reconocido el acusado en el acto del juicio oral la relación mantenida con Paloma, va a permitir el enjuiciamiento del hecho denunciado por Paloma".

Y añade: "...la injerencia telefónica que ha permitido conocer la identidad de la testigo víctima no se ha transmitido al contenido de ahí de la declaración del acusado en el acto del juicio oral, a la vista de la declaración prestada en fase de instrucción tras comisión rogatoria (folios 1503 a 1506) la que se llevó a cabo con todas las garantías y la prestada en el acto del juicio oral en la que reconoció conforme hemos expuesto la relación con la señora de forma solapada a la de Mónica así como el préstamo del dinero reclamado. En definitiva, esa declaración con el tratamiento procesal que acaba de explicarse, aportó elemento de cargo de fuente no contaminada y por ello utilizable en el enjuiciamiento de los hechos sin que ello suponga vulneración del derecho a la intimidad...".

Adolfina fue también víctima del engaño del acusado. Mantuvo con él una relación entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006, esto es, de forma simultánea a la que mantenía con Mónica. También ahora, la Audiencia Provincial reconoce que la inicial aportación documental de los préstamos concedidos y no devueltos por el acusado pudieron aflorar gracias a la investigación iniciada a partir de la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado. Sin embargo, la valoración de pruebas desconectadas de esa fuente contaminante es expuesta por el Tribunal de instancia en términos que esta Sala asume en su integridad:

"...Así pues, la prueba testifical citada aunque aparece en la causa tras la injerencia en el derecho a la intimidad del acusado por Mónica, el hecho de reconocer el acusado en el acto del juicio oral la relación de amistad mantenida con Adolfina y el hecho de haber existido un préstamo entre ambos, aunque dijo haber devuelto el dinero va a permitir el enjuiciamiento del hecho denunciado".

Entre febrero y diciembre de 2006, el acusado mantuvo una relación con Apolonia, en el transcurso de la cual Pedro Jesús logró mediante artimañas la entrega de cantidades de dinero que, desde el primer momento, sabía que no iba a devolver y lo hizo ocultando relaciones simultáneas con otras mujeres a las que también hizo víctimas de sus engaños.

El razonamiento mediante el que la Audiencia Provincial proclama la desconexión de antijuridicidad de las pruebas que han sido valoradas para formular el juicio de autoría resulta impecable:

"... La citada testifical aparece en la causa aparentemente por la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado, constando su primera declaración policial el 11 de enero de 2012 (folios 235 a 245). No obstante, consta al Tomo III y IV, denuncia interpuesta por la misma en fecha 20 de diciembre de 2011 (folios 666 a 671) así como la documental propia que adjuntó a la denuncia interpuesta que dio lugar a la investigación de los hechos por otros juzgados, correspondiendo la inhibición posterior de tales juzgados para conocimiento al Juzgado de Instrucción 54, en el que consta ofrecimiento de acciones a Apolonia (folio 1091) y su personación en la causa (folio 1092), la que después no se mantuvo al no haber formulado escrito de acusación, no obstante fue propuesta como testigo; y compareció y declaró como tal en el acto del juicio oral.

Se plantea el tribunal si esta denuncia tiene su base en la injerencia del derecho a la intimidad por parte de Mónica o si se trata de una denuncia ajena. A la vista pues de la declaración prestada por doña Apolonia la que consta grabada a partir del minuto 1:46:33, no se desprende que la denuncia interpuesta por Apolonia sea como consecuencia de la comunicación mantenida con Mónica, por lo que ni siquiera fue interrogada. Por ello la testifical prestada será objeto de enjuiciamiento al no constar esa relación conexa como prueba testifical propuesta por la Acusación Particular, al aparecer de forma ajena e independiente a la citada injerencia que estamos examinando. Además en el acto del juicio oral el acusado reconoció haber tenido con Apolonia una relación de amistad en su día, así como un pleito por violencia de género el que dijo ganó por tratarse de una denuncia falsa, negando deber dinero a esta señora e incluso dijo desconocer la sentencia cuya copia obra en la causa como documental por reclamación de cantidad ante los juzgados de 1ª Instancia de Madrid (folios 238, 239)".

Respecto de la víctima Isidora, la circunstancia de su falta de presencia en el juicio oral introduce un matiz que la Audiencia Provincial subraya adecuadamente:

"...El hecho denunciado, no fue corroborado con la testifical de Dª Isidora la que ni siquiera fue habida pese a obrar declaración policial de la misma al folio 251 y 252. No obstante, la citada información sobre la Señora Isidora, apareció en la causa a consecuencia de la injerencia en el teléfono móvil según consta al folio 196 de actuaciones. Por lo que la citada información sobre la señora incluso habiendo sido reconocida su relación por el propio acusado en la declaración prestada en el acto del juicio oral, no será tenida en cuenta para el enjuiciamiento del segundo hecho denunciado, toda vez que la testifical no fue ratificada en el acto del juicio oral al haber renunciado la parte a su declaración por hallarse la señora en paradero desconocido. No obstante, tampoco se vería contaminada ante el reconocimiento por parte del acusado de la relación con la señora".

Y por lo que afectó a otra de las mujeres engañadas por el acusado - Amparo- el Tribunal sentenciador expone, con la misma lógica que ha presidido los razonamientos anteriores, que la declaración del acusado generó un efecto sanador en la originaria ilicitud probatoria:

"... Considera la Sala que el reconocimiento de la citada información por la confesión del acusado respecto de las relaciones mantenidas con las mujeres y los préstamos habidos aunque niegue la confección del plan preconcebido, tanto en el acto del plenario como en fase de instrucción a través de la comisión rogatoria según consta al folio 1503 a 1506 de actuaciones concluye un efecto sanador del tema controvertido".

En definitiva, no ha existido la vulneración de los derechos que el recurrente dice haber sufrido. La Audiencia Provincial ha llevado a cabo un ejemplar trabajo de disección para diferenciar la originaria ilicitud probatoria y las pruebas desconectadas de ese efecto invalidante.

El motivo tiene que ser desestimado ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.- El segundo de los motivos, con la misma cita de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, denuncia vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia.

3.1.- Entiende la defensa, con cita de la doctrina de esta Sala sobre el derecho que se dice infringido, que el delito de falsedad no puede sostenerse porque no quedó acreditada que la falsificación de la firma de la suegra del acusado hubiera ocasionado algún perjuicio. Además, se trataría de una falsedad formal, pues contó con el consentimiento de la propia persona cuya firma resultó alterada y, por si fuera poco, ésta aparecía como persona autorizada para retirar fondos. Las firmas eran burdas, a simple vista se apreciaba su falsedad.

Respecto del delito de estafa, aduce la defensa que el impago de los préstamos que fueron concedidos debería haberse ventilado en la jurisdicción civil. El dolo en el delito de estafa tiene que ser antecedente, no sobrevenido.

No tiene razón el recurrente.

3.2.- Hemos dicho en numerosos precedentes -cfr. STS 265/2022, 21 de marzo- que, frente a la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el control casacional se orienta a verificar la validez y suficiencia de la prueba y la racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la ponderación del material probatorio. No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente. Como se decía en la STS 584/2014, 17 de junio, de forma muy sintética, " Solo debemos sopesar si en el iter discursivo a través del cual el Tribunal ha llegado desde el material probatorio a la convicción de culpabilidad existe alguna quiebra lógica o algún déficit no asumible racionalmente, o si el material probatorio no es concluyente".

3.3.- La defensa considera que no existió perjuicio económico para justificar la condena por el delito de falsedad. Sin embargo, como señala la Audiencia, el propio acusado reconoció que había conseguido dinero con las tarjetas y que Mónica manifestó en el juicio que seguían teniendo deudas después del tiempo transcurrido .

Es difícil cuestionar la existencia de pruebas que fundamenten el juicio de tipicidad por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, a la vista del razonamiento que incorpora la sentencia recurrida al dar respuesta a las alegaciones de la defensa hechas valer en la instancia:

"... Al haber abierto del acusado en fecha 23 de diciembre de 2019 mientras mantenía la relación afectiva con Mónica en la sucursal de la entidad bancaria BBVA sita en la calle/ Bravo Murillo 18 de Madrid una cuenta corriente con número NUM000, a nombre de Olga, madre de Mónica, sin su autorización, ni consentimiento y en la que el acusado figuraba como autorizado para disposición del saldo. Asimismo y asociadas a dicha cuenta, el acusado firmó dos contratos de tarjetas de crédito. Uno, de fecha 28 de diciembre de 2009 respecto de la tarjeta NUM001 y en fecha 15 de febrero de 2010 respecto de la tarjeta número NUM002. Para dichos hechos el acusado simuló la firma de Olga en todos los documentos requeridos para su obtención, obteniendo de esta forma diferentes cantidades de dinero. Lo que reconoció en el acto del juicio oral, argumentando en su favor el conocimiento por parte de Mónica, hecho este que no solamente no ha resultado probado sino que conforme hemos expuesto no excluiría la responsabilidad penal del autor de la falsificación de los documentos mercantiles a los que alude el precepto al concurrir todos los requisitos del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.3 del CPE al haber simulado la firma de Olga en todos los documentos referidos".

3.4.- El mismo rechazo merece la alegación referida a la falta de sostén probatorio respecto de la condena del acusado como autor de un delito continuado de estafa.

No es la primera que vez que esta Sala conoce recursos referidos a estafas en las que el engaño consiste en ganar la confianza de la víctima a partir de una relación afectiva que se inicia en una red social y que sirve de simulado marco amoroso para el enriquecimiento.

Existen precedentes en los que el autor, haciéndose pasar por ingeniero de telecomunicaciones, convence a su incauta pareja, a la que ha conocido a través de la página de contactos Meetic, para que le entregue hasta 127.000 euros que iban a ser invertidos en la adquisición de viviendas que saldrían en una subasta judicial (cfr. ATS 402/2020, 12 de marzo). Esa aplicación fue también el escenario de una estafa cometida por quien se atribuyó falsamente la condición de directivo de una multinacional y obtuvo la confiada entrega de 30.000 euros (cfr. ATS 12 septiembre 2024). La misma red social ha servido de estrategia para, bajo un nombre y una imagen física falsa, engañar a varias personas que fueron víctimas de su propia credulidad (cfr. ATS 254/2022, 3 de marzo).

La ilusionada creencia de iniciar una vida en común ha llevado también, en este caso por medio de la red Tinder, a entregar 403.131 euros a quien se hizo pasar por una solvente empresaria en un momento de dificultad financiera (cfr. ATS 626/2021, 8 de julio).

La red Badoo ha sido el instrumento para quien, fingiendo ser médico, consiguió engañar a una confiada víctima para la adquisición de unas medicinas que harían desaparecer todos sus males, obteniendo así la entrega de 10.800 euros (cfr. ATS 434/2019, 14 de marzo). Del mismo modo, el engaño consistente en necesitar dinero para una fianza exigida en un proceso con la anterior esposa llevó a la enamorada víctima a entregar 58.040 euros (cfr. ATS 130/2016, 21 de enero).

En el presente caso, el Tribunal sentenciador ha basado su convicción, de modo preferente, en las declaraciones de las denunciantes y en el reconocimiento por el acusado de la existencia y duración de las relaciones mantenidas con las distintas víctimas, así como de la aceptación de las entregas de dinero. También ha admitido haber retirado fondos con las tarjetas bancarias. El testimonio de las denunciantes está además adverado por la documentación bancaria aportada a la causa.

Como apunta con acierto el Ministerio Fiscal, la conclusión del Tribunal ha sido que la única finalidad del acusado había sido obtener dinero, creando en las víctimas una sensación de realidad que no se correspondía con las circunstancias del caso ni con sus cualidades y condiciones. Una vez creada esa apariencia de relación afectiva, el acusado volvía a inducir a error a las víctimas sobre situaciones ocasionales falsas para obtener dinero.

Al dar respuesta al motivo anterior hemos puesto de manifiesto el pulcro ejercicio de análisis que ha llevado a cabo la Audiencia en el momento de separar las fuentes de prueba con efecto contaminante de aquellas otras que podían ser valoradas. Todo ello ha sido expuesto conforme al canon constitucional de valoración probatoria y, por consiguiente, sin merma del derecho a la presunción de inocencia.

La racionalidad y coherencia en la valoración y suficiencia de las pruebas practicadas se hace visible en el párrafo conclusivo que incorpora el FJ 2º:

"...Con esta forma de actuar, el Señor Pedro Jesús mantenía relaciones de forma paralela con diferentes mujeres, entre ellas, Mónica, Paloma, Adolfina, Amparo y Apolonia. Quienes desconocían la existencia de tales relaciones de unas con las otras y en todas y cada una de ellas consiguió mediante la creación de unos mismos artificios, haciendo pasar por ciertas situaciones que no lo eran, como enfermedad por cáncer de un hijo o de su madre, negocios en Bariloche (Argentina) o en Italia, y haciéndose víctima de amenazas o agresiones de la "mafia", que las mujeres inducidas a error sobre su situación afectiva frente al acusado creían el peligro que aparentaba correr y en base a ello le entregaron el dinero que les reclamaba en concepto de préstamo. De esta forma Mónica reclama la cantidad de 66.000 €. Paloma la de 52.400 €. Adolfina a la de 12.600 €. Apolonia 7325 € y Amparo 42.524,30 €".

Por cuanto antecede, el motivo ha de ser rechazado ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.5.- El tercer motivo sirve de enunciado para abarcar distintas infracciones legales que habrían justificado un tratamiento sistemático diferenciado. Se formaliza al amparo del art. 849.1 de la LECrim y denuncia la indebida aplicación de distintos preceptos.

La Sala ya anticipa que va a prescindir del análisis de algunas consideraciones complementarias que el motivo incluye y que están referidas a cuestiones probatorias que ya han sido analizadas en los anteriores motivos y, sobre todo, que desbordan el cauce casacional que ofrece el art. 849.1 de la LECrim.

3.5.1.- A juicio de la defensa, la Audiencia Provincial habría incurrido en un error legal al no declarar la prescripción de los hechos por los que se ha formulado condena. Sin llegar a cuestionar el cómputo del tiempo que hace la sentencia recurrida, considera el recurrente que la fijación del "dies a quo" a partir del año 2002 no es correcta, ya que en esas fechas la relación con Mónica y Paloma era una relación estable y, por consiguiente, debería estar incursa en la excusa absolutoria del art. 268 del CP.

La queja no es atendible.

De entrada, porque parte de la base de que los hechos imputados en esas fechas y en el marco de esas relaciones están amparados en la excusa absolutoria prevista en el art. 268 del CP, lo que no es admisible conforme argumentamos más adelante.

De otra parte, porque el razonamiento de la Audiencia para excluir la alegada prescripción es impecable. Rechaza su eficacia en aplicación del artículo 132 del CP en la redacción dada por la LO 11/99 de 30 de abril, por ser más favorable al reo: "Y pese a entender de aplicación la norma penal vigente al tiempo de ocurrir los hechos con anterioridad al año 2010, hasta que tuvo lugar la reforma operada por la LO 5/2010 de 22 de junio que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 por ser la norma penal más favorable al reo, teniendo en cuenta las penas con las que se castiga el delito continuado de estafa agravada por el que han sido calificados los hechos. La prescripción ni siquiera afectaría a los hechos ocurridos en el año 2002 y 2003. Dado que la prescripción del citado delito, al superar la pena de prisión a imponer en abstracto los 5 años, de conformidad a lo establecido en el artículo 248 y 250 del código Penal en relación con el artículo 74, el delito citado prescribiría a los 10 años. Y dado que fue denunciado en octubre de 2011, aunque empezáramos a contar la actividad ilícita desde el año 2002 no habría transcurrido el plazo establecido. Sin perjuicio, de entender que los delitos continuados se computan desde el día en que se realizó la última infracción. Por tal razón resulta de improcedente aplicación la prescripción invocada".

3.5.2.- Tampoco es atendible el discurso argumental de la defensa cuando considera infringido el art. 268 del CP, al no haber sido estimada en la instancia la excusa absolutoria que blindaría al acusado frente a la responsabilidad penal declarada en relación con las deudas mantenidas frente a Mónica y Paloma, con las que mantuvo una estable relación afectiva y con quienes llegó a tener un hijo.

3.5.2.1.- La Audiencia Provincial ha descartado la aplicación de la excusa absolutoria con un argumento difícilmente rebatible, al estimar que la exención de responsabilidad no es aplicable a "...relaciones sustentadas en el engaño urdido y en la ficción como base del plan preconcebido por el acusado para obtener el dinero de sus víctimas".

La única finalidad del acusado -se razona- era la de "...obtener dinero y para ello crea una trampa con la que trata de crear en el sujeto pasivo una sensación de realidad que no se corresponde con las circunstancias del caso ni con las cualidades o condiciones personales del sujeto activo. Y es cuando consigue precisamente esa apariencia de relación afectiva entre el acusado y sus víctimas que aparenta conforme relatan todas y cada una de las mujeres a las que ha conocido de la misma forma y manera, resultando todas ellas ajustadas a un similar perfil de mujeres adultas y solteras y con disposición económica, cuando de nuevo las vuelve a inducir a error sobre situaciones ocasionales que invoca, falsas de raíz, a juzgar por las propias manifestaciones de todas las mujeres a las que argumentaba la misma excusa para obtener el dinero. Cuando las señoras con el ánimo de ayudar a su "pareja" en la creencia de ser cierta no sólo la relación sino las diferentes situaciones que decía atravesar el acusado y de su aparente y temporal insolvencia, le entregaban el dinero que reclamaba, lo que ocasionó en todas y cada una de las víctimas una disminución del patrimonio fruto del error sufrido a consecuencia del engaño desplegado para ello".

3.5.2.2.- La Sala entiende que, efectivamente, el fundamento de la exención está vinculado a la necesidad de proteger los lazos familiares frente a la estrepitosa irrupción del derecho penal para lograr una reparación que puede obtenerse por la vía civil.

Forman parte del eco de la historia, aunque siguen teniendo utilidad para entender el fundamento de la excusa absolutoria que ahora prevé el art. 268, las palabras de algunos de los más célebres tratadistas del derecho penal. Así, para entender el sentido del art. 479 del CP de 1848, tras la reforma de 1850, se dijo que la existencia de este precepto se justificaba por "...una idea de moralidad, una idea que se deriva de la buena noción de la familia, de los lazos que la constituyen, de los derechos y los deberes que la forman". Otro reputado comentarista, con ocasión del análisis del art. 580 del CP de 1870, razonaba que la exención "...no podía ser más justa (...). Repugnante sería que por cuestión de intereses pecuniarios fuese lícito descubrir los secretos de familia y provocar con pesquisas imprudentes divisiones y odios allí donde sólo deben campear los más puros y dulces sentimientos (...). Es innecesario, ocioso y hasta ridículo proseguir en un procedimiento que no tiene razón de ser, por falta de base en la que se apoye".

Es evidente que la forma de concebir las relaciones familiares ha evolucionado obligando a la jurisprudencia de esta Sala a extender la aplicación de la excusa absolutoria a relaciones marcadas por el afecto, aunque distantes de la forma tradicional de entender los vínculos familiares. Conforme a esta línea, el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 1 de marzo de 2005 consideró aplicable la exención a las relaciones de pareja estables susceptibles de ser asimiladas al matrimonio. Pero este efecto extensivo no se distancia, desde luego, del fundamento histórico y actual mediante el que la doctrina viene justificando el art. 268 del CP. Incluso la última redacción de este precepto, cuando excluye su aplicación a los cónyuges separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad, vuelve a intensificar las razones del tratamiento singular de esta causa de exclusión de la punibilidad.

En efecto, cuando la relación matrimonial es concebida como el necesario marco estratégico para obtener fraudulentamente importantes cantidades de dinero -así lo describe el hecho probado- y cuando esa relación afectiva o no existe o está subordinada al logro de importantes sumas de dinero, la excusa absolutoria carece de todo sentido y pierde justificación. Y esta conclusión no se ve neutralizada por el hecho de que la relación matrimonial o de pareja haya tenido como efecto natural derivado de la convivencia la procreación de un hijo común.

En la reciente de esta Sala STS 146/2025, 20 de febrero, descartábamos también la aplicación de la excusa absolutoria del art. 268 del CP reivindicada por la defensa y lo hacíamos con el argumento de que "...la relación sentimental solo ha existido para una de las partes, no para el acusado que la ha utilizado, precisamente, para engañar la víctima, iniciando con ella una convivencia de dos meses hasta que ha conseguido su propósito, dando por finalizada la relación".

Con independencia de lo anterior, el carácter continuado del delito de estafa por el que ha sido condenado Pedro Jesús, en atención al plural número de víctimas, no determinaría una rebaja sustancial de la pena para el caso en que fuera estimado el motivo.

Procede la desestimación del motivo ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.5.3.- La defensa considera indebidamente inaplicada la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del CP.

Alega que el Ministerio Fiscal detectó paralizaciones relevantes en la causa y que los acuerdos de la Junta de Jueces de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid deberían llevar a la aplicación de la atenuante como muy cualificada. El proceso acumuló -se aduce- un total de 5 años y 6 meses de paralizaciones.

La queja no es atendible.

La Sala coincide con el razonamiento desplegado por la Audiencia para justificar que la eficacia del tiempo transcurrido en el presente caso hace entendible la apreciación de la atenuante simple, pero no la de carácter cualificado, "... máxime cuando el acusado ha sido el mayor responsable del retraso en el trámite procedimental seguido al haber salido del territorio nacional sin ponerlo en conocimiento del juzgado instructor ni facilitar su domicilio a efectos de notificación habiéndose refugiado en su país de origen. Razón por la que tuvo que ser localizado a través de una orden de busca y captura internacional y con posterioridad realizar todos los trámites a través de comisiones rogatorias a Argentina a través de los distintos tratados de cooperación internacional entre ambos países lo que ha supuesto un retraso importante en el trámite".

Es más que evidente que el acusado que se refugia en su país de origen y ha de ser localizado mediante órdenes internacionales de busca y captura, obligando a activar el mecanismo de las comisiones rogatorias para la práctica de los actos procesales pendientes, no se encuentra en la mejor posición para reivindicar el derecho a un proceso sin dilaciones y, a partir de ahí, para obtener una rebaja de la pena por aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Y, desde luego, para invocar en su apoyo los plazos fijados con carácter general respecto de aquellos acusados que han estado a lo largo del proceso a disposición del Tribunal pero que, por una u otra circunstancia, han visto injustificadamente aplazado su enjuiciamiento.

3.5.4.- El último subapartado del motivo sostiene la falta de proporción de las penas impuestas. Sin embargo, la viabilidad de este motivo está condicionada a la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, petición desestimada en el apartado precedente.

Se impone, por consiguiente, el rechazo del motivo por su falta de fundamento ( art. 885.1 de la LECrim) .

4.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

1.- La sentencia núm. 14/2022, 17 de enero, dictada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, condenó al acusado Pedro Jesús como autor responsable de un delito continuado de estafa agravada, con la concurrencia de la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, a la pena de 2 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y multa de 8 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas; y como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, a la pena de 1 año, 9 meses y 1 día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y multa de 9 meses y 1 día, con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas.

Contra esta sentencia se interpone recurso de casación por la representación legal del acusado. El Ministerio Fiscal y las partes recurridas impugnan los motivos e interesan la desestimación del recurso.

2.- El primero de los motivos, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim denuncia vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la CE) y la intimidad ( art. 18.1 y 3 de la CE) .

2.1.- A juicio de la defensa, la condena de Pedro Jesús por el delito de estafa que le ha sido imputado se ha razonado omitiendo la flagrante vulneración del derecho a la intimidad del acusado perpetrada durante la instrucción. La denunciante Mónica "...accedió ilegalmente al teléfono móvil del condenado con objeto de conocer sus posibles amoríos con terceras mujeres, utilizando dicha información ilegalmente y en contra del acusado". Esa actuación habría "...contaminado 'ab initio'" el proceso. Se trata de la pareja conviviente del acusado desde 2002 hasta el mes de septiembre de 2011, con la que tuvo un hijo varón reconocido por el acusado y a la que -alega la defensa- le pasa una pensión alimenticia. La denunciante convenció a Paloma, otra de las parejas de Pedro Jesús, con el fin de presentar una denuncia por separado, denuncia que presentaron por escrito en la comisaría. A esas denuncias se les dio curso pasando por alto el atropello legal que había representado ese acceso al teléfono móvil del acusado.

El motivo no es viable.

2.2.- La Audiencia Provincial ha declarado, en línea con lo defendido por la defensa en el plenario, la nulidad de las pruebas obtenidas con vulneración del derecho fundamental a la intimidad del recurrente. Y lo ha hecho en estricto cumplimiento del mandato impuesto por el art. 11 de la LOPJ. Sin embargo, a partir de esa premisa invalidante, ha proclamado la existencia de pruebas que no estarían afectadas por lo que la defensa describe como el efecto contaminante de la nulidad. Y lo ha hecho con plena sujeción a la doctrina constitucional y de esta Sala acerca de la desconexión de antijuridicidad y su significado como regla de exclusión.

2.2.1.- En numerosos precedentes hemos señalado las dificultades inherentes al tratamiento jurisprudencial de la prueba ilícita y, de modo especial, a la formulación de unas reglas de exclusión vinculadas al significado constitucional del proceso penal. Hemos apuntado también la intensa evolución histórica de esta doctrina, desde su formulación por la jurisprudencia norteamericana, hasta nuestros días, con una más que apreciable reducción del ámbito inicial de sus efectos. Nuestro sistema procesal no ha podido permanecer ajeno a este devenir en el que se han ido introduciendo premisas metódicas, algunas de ellas de marcado sabor restrictivo, sin las cuales no es posible entender el actual estado de la cuestión.

Interesa destacar, por tanto, que la respuesta jurisprudencial ante la frecuente alegación de ilicitud probatoria ha de ser siempre la respuesta al caso concreto. Una solución que, claro es, habrá de tomar como punto de partida la doctrina de esta Sala, pero que sólo después de un proceso de adaptación singular al supuesto de hecho, podrá ser correctamente aplicada. En línea con lo afirmado en otros precedentes, es indispensable alejarse de fórmulas estereotipadas con vocación de adaptabilidad a todos y cada uno de los supuestos que puede ofrecer la realidad. En efecto, la fórmula que acoge el art. 11 de la LOPJ "... aconseja huir de interpretaciones rígidas, sujetas a reglas estereotipadas que impidan la indispensable adaptación al caso concreto. Y esa rigidez despliega similar efecto pernicioso, tanto cuando se erige en injustificada regla de exclusión, como cuando se convierte en una tolerante fórmula para incorporar al arsenal probatorio lo que debió haber sido excluido" (cfr. SSTS 875/2021, 15 de noviembre; 311/2018, 11 de junio y 116/2017, 23 de febrero).

Pues bien, la sentencia recurrida ha declarado la nulidad del acceso por parte de Mónica al terminal telefónico de su pareja. Lo hace sin ambages en el FJ 1º, pero al mismo tiempo, desconecta de esa fuente de ilicitud otras diligencias de prueba que sí han sido valoradas y han permitido formular el juicio de autoría:

"... A la vista de todo lo expuesto, entendemos que la injerencia por parte de Mónica en el teléfono móvil del acusado conforme consta en la denuncia obrante al folio 194 y siguientes, presentada por la misma ante la Comisaría de Chamberí el 14 de noviembre de 2011, conforme reconoció en el acto del juicio oral, no invalida el procedimiento, sino la información obtenida a través de esta intrusión en el derecho a la intimidad del acusado por parte de Mónica quien sin autorización del acusado y sin orden judicial revisó el teléfono móvil del acusado, obteniendo información de números de teléfono y mensajes de otras mujeres con las que contactó, dando a conocer a la policía a través de la denuncia los datos obtenidos de Doña Amparo de quien dijo había reclamado al denunciado en el Juzgado de 1ª instancia 37 de Madrid una cantidad aproximada de unos 43.000 €; Doña Apolonia quien había reclamado al denunciado una deuda y denunciado en una ocasión por un presunto delito de violencia de género; Doña Adolfina sobre la presunta estafa de 9000 € en relación con la inversión a realizar en la supuesta finca de la cual era propietario el denunciado; Doña Isidora quien manifestó a la denunciante haber tenido relación con el denunciado, el cual se hacía llamar con ella Sabino quien dijo le había estafado 60.000 €; Doña Paloma quien tras ponerse en contacto con Mónica por aquella vía ilícita denunció a Pedro Jesús, conforme consta al folio 150 y 151, poniendo en conocimiento los hechos que son objeto de acusación en el presente procedimiento al estar personada como Acusación Particular .

Así pues, la documental aportada por Mónica hallada en el domicilio en común puede ser considerada fruto de un hallazgo casual. Sin embargo, la prueba derivada del contenido del teléfono del acusado, consultado por Mónica, es nula, por la injerencia no en el secreto de las comunicaciones sino en el derecho a la intimidad".

Y concluye:

"...Por lo que deberá descartarse del procedimiento toda la información obtenida como consecuencia de tal intrusión por la denunciante, quien debió de poner a disposición judicial el teléfono móvil localizado el que no sólo no puso sino que consultó para obtener aquella información que le permitiría constituir prueba para su causa".

2.2.2.- Por consiguiente, ninguna quiebra detecta la Sala de los derechos constitucionales que el recurrente dice infringidos. El acceso de Mónica al dispositivo electrónico de su expareja ha sido considerado en la instancia como un acto intrusivo generador de ilicitud probatoria.

Cuestión distinta es que, en aplicación de la doctrina constitucional sobre la desconexión de antijuridicidad, esa ilicitud no genere un efecto metastásico respecto de otras fuentes de prueba. A ello nos hemos referido en numerosos precedentes.

En efecto, la transferencia del carácter ilícito de las pruebas originales a las derivadas -decíamos en nuestra STS 370/2008, 19 de junio-, se produce en virtud de la existencia de una conexión de antijuridicidad cuya presencia resulta del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado, tanto desde una perspectiva interna, es decir, en atención a la índole y características de la vulneración del derecho sustantivo, como desde una perspectiva externa, a saber, de las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho ( STC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 166/1999, FJ 4, 171/1999, FJ 4). De manera que es posible que la prohibición de valoración de las pruebas originales no afecte a las derivadas, si entre ambas, en primer lugar, no existe relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad ( SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, de 13 de julio, 49/1999, 166/1999, 171/1999).

Sin embargo, a la luz de esos precedentes, referidos primordialmente a nulidades asociadas a entradas y registros o interceptaciones telefónicas, la propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de introducir importantes matices: "... ello no significa que lo hallado en un registro verificado con vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio haya de tenerse por inexistente en la realidad, ni tampoco que lo hallado no pueda ser incorporado de forma legítima al proceso por otros medios de prueba ( STC 161/1999 , FJ 2). En particular, la declaración del acusado, en la medida en que ni es en sí misma contraria al derecho a la inviolabilidad domiciliaria o al derecho al proceso con todas las garantías, ni es el resultado directo del registro practicado, "es una prueba independiente del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria" ( STC 161/1999 , FJ 4). La independencia jurídica de esta prueba se sustenta, de un lado, en que las propias garantías constitucionales que rodean su práctica --derecho a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, y asistencia letrada-- constituyen "un medio eficaz de protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima"; de otro lado, en que el respeto de dichas garantías permite afirmar la "espontaneidad y voluntariedad de la declaración", de forma que la "libre decisión del acusado de declarar sobre los hechos que se le imputan permite, desde una perspectiva interna, dar por rota, jurídicamente, cualquier conexión causal con el inicial acto ilícito ... [y] desde una perspectiva externa, esta separación entre el acto ilícito y la voluntaria declaración por efecto de la libre decisión del acusado, atenúa, hasta su desaparición, las necesidades de tutela del derecho fundamental material que justificarían su exclusión probatoria, ya que la admisión voluntaria de los hechos no puede ser considerada un aprovechamiento de la lesión del derecho fundamental" ( STC 161/1999, FJ 4).

La sentencia recurrida, en fin, no hace sino situarse en plena sintonía con aquellos pronunciamientos de esta Sala y de la doctrina constitucional que proclaman la desconexión de antijuridicidad respecto de aquellos hechos que, aun habiendo sido conocidos a partir de la intrusión de la intimidad, son luego explicados y ratificados en su existencia por el imputado a quien perjudican. Así lo hemos explicado:

"De tal modo que, siendo cierta la lesión del derecho del acusado a la inviolabilidad del domicilio, no lo es menos que esta afirmación no conduce necesariamente a la anulación de la sentencia impugnada, toda vez que las garantías con que se prestan las declaraciones por el acusado tanto durante la instrucción como en el juicio oral, constituyen un eficaz medio de protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima. Por ello, la libertad de decisión del acusado -que la lógica más primaria indica al corriente de la situación por el asesoramiento de su defensor- de declarar sobre los hechos permiten romper desde una perspectiva interna cualquier conexión causal con el registro ilícito, y desde una perspectiva externa atenúa las necesidades de tutela del derecho sustantivo lesionado que podrían justificar su exclusión probatoria, ya que la admisión voluntaria de los hechos no puede ser considerada un aprovechamiento de la lesión del derecho fundamental" (véanse SSTC. de 27 de septiembre de 1.999 y 17 de enero de 2.000, entre otras. Y SSTS. de 22 de noviembre de 2.000 y 23 de marzo de 2.005, entre muchas).

2.2.3.- Conforme a esta idea, la sentencia que es objeto de recurso analiza en un primer bloque sistemático las razones por las que la prueba del delito de falsedad en documento mercantil se ha desconectado de cualquier fuente de ilicitud:

"... La puesta en conocimiento de los datos obtenidos a través de ese teléfono móvil no determina conexión de antijuricidad con la investigación judicial de los hechos base del delito continuado de falsedad en documento mercantil dado que tanto la investigación de estos hechos como la prueba de los mismos tiene un origen independiente al de la fuente contaminada, al tratarse de línea de investigación diferente a aquella en la que se originó la ilicitud probatoria. Y se consideran válidas las pruebas anteriores a la aparición de la prueba ilícita.

La documental obrante respecto de estas denuncias figura en base a la documentación que la policía adjunta o consecuencia de la investigación policial practicada (folios 10 a 40).

Así pues, la línea de investigación es diferente a aquella en que se originó la ilicitud probatoria, existiendo pues respecto de este de hecho una investigación autónoma que en nada permite entender la contaminación de la prueba lo que justifica la desconexión antijurídica y, en consecuencia, la validez de las pruebas anteriores a la aparición de la citada injerencia en el derecho a la intimidad. De este modo se constata la doctrina de la fuente independiente, esto es la posible existencia en un proceso de pruebas no contaminadas por otras declaradas ilícitas".

No existió contaminación probatoria porque las fuentes de prueba preexistían incluso a la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado.

2.2.4.- La desconexión de la ilicitud respecto de la prueba que ha sustentado la acusación por un delito de estafa también es minuciosamente argumentada por la Audiencia Provincial.

Así, respecto del engaño que dio vida a la estafa de la que fue víctima Mónica, la sentencia de instancia se refiere a la información aportada a raíz de la relación sentimental que aquélla tuvo con el acusado entre el mes de agosto de 2002 hasta septiembre de 2011.

La desconexión de antijuridicidad respecto de las pruebas aportadas por Paloma también se razona conforme a la doctrina jurisprudencial que ha permitido dar validez a pruebas no enlazadas jurídicamente con la fuente de ilicitud. Así, pese a reconocer que la aportación de los correos electrónicos y extractos bancarios que reflejan las circunstancias y negocios de los que el acusado hablaba para pedirle dinero podía estar relacionada con la denuncia presentada a partir de la intrusión por parte de Mónica en el teléfono del acusado, se razona en los siguientes términos:

"... No obstante, el acusado reconoció en el acto del juicio oral haber mantenido una relación sentimental con Paloma e incluso como ésta le dijo que fruto de esta relación tenían una hija en común, aunque dijo no recordar cómo la había conocido, negando que la citada relación fuese tan larga conforme dijo la denunciante. Sin embargo, reconoció solapar ambas relaciones, la de Mónica y la de Paloma y cómo Paloma le prestó dinero, pero manifestó haber devuelto el préstamo. No recordando el acusado las razones por las que solicitó el préstamo, excepto el dinero para una parcela en Bariloche, la que dijo haber vendido y haber invertido el dinero en la venta para pago de impuestos.

Por tanto, aunque la prueba testifical citada aflora en la causa tras la injerencia en el derecho a la intimidad del acusado por Mónica, el hecho de haber reconocido el acusado en el acto del juicio oral la relación mantenida con Paloma, va a permitir el enjuiciamiento del hecho denunciado por Paloma".

Y añade: "...la injerencia telefónica que ha permitido conocer la identidad de la testigo víctima no se ha transmitido al contenido de ahí de la declaración del acusado en el acto del juicio oral, a la vista de la declaración prestada en fase de instrucción tras comisión rogatoria (folios 1503 a 1506) la que se llevó a cabo con todas las garantías y la prestada en el acto del juicio oral en la que reconoció conforme hemos expuesto la relación con la señora de forma solapada a la de Mónica así como el préstamo del dinero reclamado. En definitiva, esa declaración con el tratamiento procesal que acaba de explicarse, aportó elemento de cargo de fuente no contaminada y por ello utilizable en el enjuiciamiento de los hechos sin que ello suponga vulneración del derecho a la intimidad...".

Adolfina fue también víctima del engaño del acusado. Mantuvo con él una relación entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006, esto es, de forma simultánea a la que mantenía con Mónica. También ahora, la Audiencia Provincial reconoce que la inicial aportación documental de los préstamos concedidos y no devueltos por el acusado pudieron aflorar gracias a la investigación iniciada a partir de la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado. Sin embargo, la valoración de pruebas desconectadas de esa fuente contaminante es expuesta por el Tribunal de instancia en términos que esta Sala asume en su integridad:

"...Así pues, la prueba testifical citada aunque aparece en la causa tras la injerencia en el derecho a la intimidad del acusado por Mónica, el hecho de reconocer el acusado en el acto del juicio oral la relación de amistad mantenida con Adolfina y el hecho de haber existido un préstamo entre ambos, aunque dijo haber devuelto el dinero va a permitir el enjuiciamiento del hecho denunciado".

Entre febrero y diciembre de 2006, el acusado mantuvo una relación con Apolonia, en el transcurso de la cual Pedro Jesús logró mediante artimañas la entrega de cantidades de dinero que, desde el primer momento, sabía que no iba a devolver y lo hizo ocultando relaciones simultáneas con otras mujeres a las que también hizo víctimas de sus engaños.

El razonamiento mediante el que la Audiencia Provincial proclama la desconexión de antijuridicidad de las pruebas que han sido valoradas para formular el juicio de autoría resulta impecable:

"... La citada testifical aparece en la causa aparentemente por la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado, constando su primera declaración policial el 11 de enero de 2012 (folios 235 a 245). No obstante, consta al Tomo III y IV, denuncia interpuesta por la misma en fecha 20 de diciembre de 2011 (folios 666 a 671) así como la documental propia que adjuntó a la denuncia interpuesta que dio lugar a la investigación de los hechos por otros juzgados, correspondiendo la inhibición posterior de tales juzgados para conocimiento al Juzgado de Instrucción 54, en el que consta ofrecimiento de acciones a Apolonia (folio 1091) y su personación en la causa (folio 1092), la que después no se mantuvo al no haber formulado escrito de acusación, no obstante fue propuesta como testigo; y compareció y declaró como tal en el acto del juicio oral.

Se plantea el tribunal si esta denuncia tiene su base en la injerencia del derecho a la intimidad por parte de Mónica o si se trata de una denuncia ajena. A la vista pues de la declaración prestada por doña Apolonia la que consta grabada a partir del minuto 1:46:33, no se desprende que la denuncia interpuesta por Apolonia sea como consecuencia de la comunicación mantenida con Mónica, por lo que ni siquiera fue interrogada. Por ello la testifical prestada será objeto de enjuiciamiento al no constar esa relación conexa como prueba testifical propuesta por la Acusación Particular, al aparecer de forma ajena e independiente a la citada injerencia que estamos examinando. Además en el acto del juicio oral el acusado reconoció haber tenido con Apolonia una relación de amistad en su día, así como un pleito por violencia de género el que dijo ganó por tratarse de una denuncia falsa, negando deber dinero a esta señora e incluso dijo desconocer la sentencia cuya copia obra en la causa como documental por reclamación de cantidad ante los juzgados de 1ª Instancia de Madrid (folios 238, 239)".

Respecto de la víctima Isidora, la circunstancia de su falta de presencia en el juicio oral introduce un matiz que la Audiencia Provincial subraya adecuadamente:

"...El hecho denunciado, no fue corroborado con la testifical de Dª Isidora la que ni siquiera fue habida pese a obrar declaración policial de la misma al folio 251 y 252. No obstante, la citada información sobre la Señora Isidora, apareció en la causa a consecuencia de la injerencia en el teléfono móvil según consta al folio 196 de actuaciones. Por lo que la citada información sobre la señora incluso habiendo sido reconocida su relación por el propio acusado en la declaración prestada en el acto del juicio oral, no será tenida en cuenta para el enjuiciamiento del segundo hecho denunciado, toda vez que la testifical no fue ratificada en el acto del juicio oral al haber renunciado la parte a su declaración por hallarse la señora en paradero desconocido. No obstante, tampoco se vería contaminada ante el reconocimiento por parte del acusado de la relación con la señora".

Y por lo que afectó a otra de las mujeres engañadas por el acusado - Amparo- el Tribunal sentenciador expone, con la misma lógica que ha presidido los razonamientos anteriores, que la declaración del acusado generó un efecto sanador en la originaria ilicitud probatoria:

"... Considera la Sala que el reconocimiento de la citada información por la confesión del acusado respecto de las relaciones mantenidas con las mujeres y los préstamos habidos aunque niegue la confección del plan preconcebido, tanto en el acto del plenario como en fase de instrucción a través de la comisión rogatoria según consta al folio 1503 a 1506 de actuaciones concluye un efecto sanador del tema controvertido".

En definitiva, no ha existido la vulneración de los derechos que el recurrente dice haber sufrido. La Audiencia Provincial ha llevado a cabo un ejemplar trabajo de disección para diferenciar la originaria ilicitud probatoria y las pruebas desconectadas de ese efecto invalidante.

El motivo tiene que ser desestimado ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.- El segundo de los motivos, con la misma cita de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, denuncia vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia.

3.1.- Entiende la defensa, con cita de la doctrina de esta Sala sobre el derecho que se dice infringido, que el delito de falsedad no puede sostenerse porque no quedó acreditada que la falsificación de la firma de la suegra del acusado hubiera ocasionado algún perjuicio. Además, se trataría de una falsedad formal, pues contó con el consentimiento de la propia persona cuya firma resultó alterada y, por si fuera poco, ésta aparecía como persona autorizada para retirar fondos. Las firmas eran burdas, a simple vista se apreciaba su falsedad.

Respecto del delito de estafa, aduce la defensa que el impago de los préstamos que fueron concedidos debería haberse ventilado en la jurisdicción civil. El dolo en el delito de estafa tiene que ser antecedente, no sobrevenido.

No tiene razón el recurrente.

3.2.- Hemos dicho en numerosos precedentes -cfr. STS 265/2022, 21 de marzo- que, frente a la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el control casacional se orienta a verificar la validez y suficiencia de la prueba y la racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la ponderación del material probatorio. No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente. Como se decía en la STS 584/2014, 17 de junio, de forma muy sintética, " Solo debemos sopesar si en el iter discursivo a través del cual el Tribunal ha llegado desde el material probatorio a la convicción de culpabilidad existe alguna quiebra lógica o algún déficit no asumible racionalmente, o si el material probatorio no es concluyente".

3.3.- La defensa considera que no existió perjuicio económico para justificar la condena por el delito de falsedad. Sin embargo, como señala la Audiencia, el propio acusado reconoció que había conseguido dinero con las tarjetas y que Mónica manifestó en el juicio que seguían teniendo deudas después del tiempo transcurrido .

Es difícil cuestionar la existencia de pruebas que fundamenten el juicio de tipicidad por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, a la vista del razonamiento que incorpora la sentencia recurrida al dar respuesta a las alegaciones de la defensa hechas valer en la instancia:

"... Al haber abierto del acusado en fecha 23 de diciembre de 2019 mientras mantenía la relación afectiva con Mónica en la sucursal de la entidad bancaria BBVA sita en la calle/ Bravo Murillo 18 de Madrid una cuenta corriente con número NUM000, a nombre de Olga, madre de Mónica, sin su autorización, ni consentimiento y en la que el acusado figuraba como autorizado para disposición del saldo. Asimismo y asociadas a dicha cuenta, el acusado firmó dos contratos de tarjetas de crédito. Uno, de fecha 28 de diciembre de 2009 respecto de la tarjeta NUM001 y en fecha 15 de febrero de 2010 respecto de la tarjeta número NUM002. Para dichos hechos el acusado simuló la firma de Olga en todos los documentos requeridos para su obtención, obteniendo de esta forma diferentes cantidades de dinero. Lo que reconoció en el acto del juicio oral, argumentando en su favor el conocimiento por parte de Mónica, hecho este que no solamente no ha resultado probado sino que conforme hemos expuesto no excluiría la responsabilidad penal del autor de la falsificación de los documentos mercantiles a los que alude el precepto al concurrir todos los requisitos del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.3 del CPE al haber simulado la firma de Olga en todos los documentos referidos".

3.4.- El mismo rechazo merece la alegación referida a la falta de sostén probatorio respecto de la condena del acusado como autor de un delito continuado de estafa.

No es la primera que vez que esta Sala conoce recursos referidos a estafas en las que el engaño consiste en ganar la confianza de la víctima a partir de una relación afectiva que se inicia en una red social y que sirve de simulado marco amoroso para el enriquecimiento.

Existen precedentes en los que el autor, haciéndose pasar por ingeniero de telecomunicaciones, convence a su incauta pareja, a la que ha conocido a través de la página de contactos Meetic, para que le entregue hasta 127.000 euros que iban a ser invertidos en la adquisición de viviendas que saldrían en una subasta judicial (cfr. ATS 402/2020, 12 de marzo). Esa aplicación fue también el escenario de una estafa cometida por quien se atribuyó falsamente la condición de directivo de una multinacional y obtuvo la confiada entrega de 30.000 euros (cfr. ATS 12 septiembre 2024). La misma red social ha servido de estrategia para, bajo un nombre y una imagen física falsa, engañar a varias personas que fueron víctimas de su propia credulidad (cfr. ATS 254/2022, 3 de marzo).

La ilusionada creencia de iniciar una vida en común ha llevado también, en este caso por medio de la red Tinder, a entregar 403.131 euros a quien se hizo pasar por una solvente empresaria en un momento de dificultad financiera (cfr. ATS 626/2021, 8 de julio).

La red Badoo ha sido el instrumento para quien, fingiendo ser médico, consiguió engañar a una confiada víctima para la adquisición de unas medicinas que harían desaparecer todos sus males, obteniendo así la entrega de 10.800 euros (cfr. ATS 434/2019, 14 de marzo). Del mismo modo, el engaño consistente en necesitar dinero para una fianza exigida en un proceso con la anterior esposa llevó a la enamorada víctima a entregar 58.040 euros (cfr. ATS 130/2016, 21 de enero).

En el presente caso, el Tribunal sentenciador ha basado su convicción, de modo preferente, en las declaraciones de las denunciantes y en el reconocimiento por el acusado de la existencia y duración de las relaciones mantenidas con las distintas víctimas, así como de la aceptación de las entregas de dinero. También ha admitido haber retirado fondos con las tarjetas bancarias. El testimonio de las denunciantes está además adverado por la documentación bancaria aportada a la causa.

Como apunta con acierto el Ministerio Fiscal, la conclusión del Tribunal ha sido que la única finalidad del acusado había sido obtener dinero, creando en las víctimas una sensación de realidad que no se correspondía con las circunstancias del caso ni con sus cualidades y condiciones. Una vez creada esa apariencia de relación afectiva, el acusado volvía a inducir a error a las víctimas sobre situaciones ocasionales falsas para obtener dinero.

Al dar respuesta al motivo anterior hemos puesto de manifiesto el pulcro ejercicio de análisis que ha llevado a cabo la Audiencia en el momento de separar las fuentes de prueba con efecto contaminante de aquellas otras que podían ser valoradas. Todo ello ha sido expuesto conforme al canon constitucional de valoración probatoria y, por consiguiente, sin merma del derecho a la presunción de inocencia.

La racionalidad y coherencia en la valoración y suficiencia de las pruebas practicadas se hace visible en el párrafo conclusivo que incorpora el FJ 2º:

"...Con esta forma de actuar, el Señor Pedro Jesús mantenía relaciones de forma paralela con diferentes mujeres, entre ellas, Mónica, Paloma, Adolfina, Amparo y Apolonia. Quienes desconocían la existencia de tales relaciones de unas con las otras y en todas y cada una de ellas consiguió mediante la creación de unos mismos artificios, haciendo pasar por ciertas situaciones que no lo eran, como enfermedad por cáncer de un hijo o de su madre, negocios en Bariloche (Argentina) o en Italia, y haciéndose víctima de amenazas o agresiones de la "mafia", que las mujeres inducidas a error sobre su situación afectiva frente al acusado creían el peligro que aparentaba correr y en base a ello le entregaron el dinero que les reclamaba en concepto de préstamo. De esta forma Mónica reclama la cantidad de 66.000 €. Paloma la de 52.400 €. Adolfina a la de 12.600 €. Apolonia 7325 € y Amparo 42.524,30 €".

Por cuanto antecede, el motivo ha de ser rechazado ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.5.- El tercer motivo sirve de enunciado para abarcar distintas infracciones legales que habrían justificado un tratamiento sistemático diferenciado. Se formaliza al amparo del art. 849.1 de la LECrim y denuncia la indebida aplicación de distintos preceptos.

La Sala ya anticipa que va a prescindir del análisis de algunas consideraciones complementarias que el motivo incluye y que están referidas a cuestiones probatorias que ya han sido analizadas en los anteriores motivos y, sobre todo, que desbordan el cauce casacional que ofrece el art. 849.1 de la LECrim.

3.5.1.- A juicio de la defensa, la Audiencia Provincial habría incurrido en un error legal al no declarar la prescripción de los hechos por los que se ha formulado condena. Sin llegar a cuestionar el cómputo del tiempo que hace la sentencia recurrida, considera el recurrente que la fijación del "dies a quo" a partir del año 2002 no es correcta, ya que en esas fechas la relación con Mónica y Paloma era una relación estable y, por consiguiente, debería estar incursa en la excusa absolutoria del art. 268 del CP.

La queja no es atendible.

De entrada, porque parte de la base de que los hechos imputados en esas fechas y en el marco de esas relaciones están amparados en la excusa absolutoria prevista en el art. 268 del CP, lo que no es admisible conforme argumentamos más adelante.

De otra parte, porque el razonamiento de la Audiencia para excluir la alegada prescripción es impecable. Rechaza su eficacia en aplicación del artículo 132 del CP en la redacción dada por la LO 11/99 de 30 de abril, por ser más favorable al reo: "Y pese a entender de aplicación la norma penal vigente al tiempo de ocurrir los hechos con anterioridad al año 2010, hasta que tuvo lugar la reforma operada por la LO 5/2010 de 22 de junio que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 por ser la norma penal más favorable al reo, teniendo en cuenta las penas con las que se castiga el delito continuado de estafa agravada por el que han sido calificados los hechos. La prescripción ni siquiera afectaría a los hechos ocurridos en el año 2002 y 2003. Dado que la prescripción del citado delito, al superar la pena de prisión a imponer en abstracto los 5 años, de conformidad a lo establecido en el artículo 248 y 250 del código Penal en relación con el artículo 74, el delito citado prescribiría a los 10 años. Y dado que fue denunciado en octubre de 2011, aunque empezáramos a contar la actividad ilícita desde el año 2002 no habría transcurrido el plazo establecido. Sin perjuicio, de entender que los delitos continuados se computan desde el día en que se realizó la última infracción. Por tal razón resulta de improcedente aplicación la prescripción invocada".

3.5.2.- Tampoco es atendible el discurso argumental de la defensa cuando considera infringido el art. 268 del CP, al no haber sido estimada en la instancia la excusa absolutoria que blindaría al acusado frente a la responsabilidad penal declarada en relación con las deudas mantenidas frente a Mónica y Paloma, con las que mantuvo una estable relación afectiva y con quienes llegó a tener un hijo.

3.5.2.1.- La Audiencia Provincial ha descartado la aplicación de la excusa absolutoria con un argumento difícilmente rebatible, al estimar que la exención de responsabilidad no es aplicable a "...relaciones sustentadas en el engaño urdido y en la ficción como base del plan preconcebido por el acusado para obtener el dinero de sus víctimas".

La única finalidad del acusado -se razona- era la de "...obtener dinero y para ello crea una trampa con la que trata de crear en el sujeto pasivo una sensación de realidad que no se corresponde con las circunstancias del caso ni con las cualidades o condiciones personales del sujeto activo. Y es cuando consigue precisamente esa apariencia de relación afectiva entre el acusado y sus víctimas que aparenta conforme relatan todas y cada una de las mujeres a las que ha conocido de la misma forma y manera, resultando todas ellas ajustadas a un similar perfil de mujeres adultas y solteras y con disposición económica, cuando de nuevo las vuelve a inducir a error sobre situaciones ocasionales que invoca, falsas de raíz, a juzgar por las propias manifestaciones de todas las mujeres a las que argumentaba la misma excusa para obtener el dinero. Cuando las señoras con el ánimo de ayudar a su "pareja" en la creencia de ser cierta no sólo la relación sino las diferentes situaciones que decía atravesar el acusado y de su aparente y temporal insolvencia, le entregaban el dinero que reclamaba, lo que ocasionó en todas y cada una de las víctimas una disminución del patrimonio fruto del error sufrido a consecuencia del engaño desplegado para ello".

3.5.2.2.- La Sala entiende que, efectivamente, el fundamento de la exención está vinculado a la necesidad de proteger los lazos familiares frente a la estrepitosa irrupción del derecho penal para lograr una reparación que puede obtenerse por la vía civil.

Forman parte del eco de la historia, aunque siguen teniendo utilidad para entender el fundamento de la excusa absolutoria que ahora prevé el art. 268, las palabras de algunos de los más célebres tratadistas del derecho penal. Así, para entender el sentido del art. 479 del CP de 1848, tras la reforma de 1850, se dijo que la existencia de este precepto se justificaba por "...una idea de moralidad, una idea que se deriva de la buena noción de la familia, de los lazos que la constituyen, de los derechos y los deberes que la forman". Otro reputado comentarista, con ocasión del análisis del art. 580 del CP de 1870, razonaba que la exención "...no podía ser más justa (...). Repugnante sería que por cuestión de intereses pecuniarios fuese lícito descubrir los secretos de familia y provocar con pesquisas imprudentes divisiones y odios allí donde sólo deben campear los más puros y dulces sentimientos (...). Es innecesario, ocioso y hasta ridículo proseguir en un procedimiento que no tiene razón de ser, por falta de base en la que se apoye".

Es evidente que la forma de concebir las relaciones familiares ha evolucionado obligando a la jurisprudencia de esta Sala a extender la aplicación de la excusa absolutoria a relaciones marcadas por el afecto, aunque distantes de la forma tradicional de entender los vínculos familiares. Conforme a esta línea, el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 1 de marzo de 2005 consideró aplicable la exención a las relaciones de pareja estables susceptibles de ser asimiladas al matrimonio. Pero este efecto extensivo no se distancia, desde luego, del fundamento histórico y actual mediante el que la doctrina viene justificando el art. 268 del CP. Incluso la última redacción de este precepto, cuando excluye su aplicación a los cónyuges separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad, vuelve a intensificar las razones del tratamiento singular de esta causa de exclusión de la punibilidad.

En efecto, cuando la relación matrimonial es concebida como el necesario marco estratégico para obtener fraudulentamente importantes cantidades de dinero -así lo describe el hecho probado- y cuando esa relación afectiva o no existe o está subordinada al logro de importantes sumas de dinero, la excusa absolutoria carece de todo sentido y pierde justificación. Y esta conclusión no se ve neutralizada por el hecho de que la relación matrimonial o de pareja haya tenido como efecto natural derivado de la convivencia la procreación de un hijo común.

En la reciente de esta Sala STS 146/2025, 20 de febrero, descartábamos también la aplicación de la excusa absolutoria del art. 268 del CP reivindicada por la defensa y lo hacíamos con el argumento de que "...la relación sentimental solo ha existido para una de las partes, no para el acusado que la ha utilizado, precisamente, para engañar la víctima, iniciando con ella una convivencia de dos meses hasta que ha conseguido su propósito, dando por finalizada la relación".

Con independencia de lo anterior, el carácter continuado del delito de estafa por el que ha sido condenado Pedro Jesús, en atención al plural número de víctimas, no determinaría una rebaja sustancial de la pena para el caso en que fuera estimado el motivo.

Procede la desestimación del motivo ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.5.3.- La defensa considera indebidamente inaplicada la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del CP.

Alega que el Ministerio Fiscal detectó paralizaciones relevantes en la causa y que los acuerdos de la Junta de Jueces de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid deberían llevar a la aplicación de la atenuante como muy cualificada. El proceso acumuló -se aduce- un total de 5 años y 6 meses de paralizaciones.

La queja no es atendible.

La Sala coincide con el razonamiento desplegado por la Audiencia para justificar que la eficacia del tiempo transcurrido en el presente caso hace entendible la apreciación de la atenuante simple, pero no la de carácter cualificado, "... máxime cuando el acusado ha sido el mayor responsable del retraso en el trámite procedimental seguido al haber salido del territorio nacional sin ponerlo en conocimiento del juzgado instructor ni facilitar su domicilio a efectos de notificación habiéndose refugiado en su país de origen. Razón por la que tuvo que ser localizado a través de una orden de busca y captura internacional y con posterioridad realizar todos los trámites a través de comisiones rogatorias a Argentina a través de los distintos tratados de cooperación internacional entre ambos países lo que ha supuesto un retraso importante en el trámite".

Es más que evidente que el acusado que se refugia en su país de origen y ha de ser localizado mediante órdenes internacionales de busca y captura, obligando a activar el mecanismo de las comisiones rogatorias para la práctica de los actos procesales pendientes, no se encuentra en la mejor posición para reivindicar el derecho a un proceso sin dilaciones y, a partir de ahí, para obtener una rebaja de la pena por aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Y, desde luego, para invocar en su apoyo los plazos fijados con carácter general respecto de aquellos acusados que han estado a lo largo del proceso a disposición del Tribunal pero que, por una u otra circunstancia, han visto injustificadamente aplazado su enjuiciamiento.

3.5.4.- El último subapartado del motivo sostiene la falta de proporción de las penas impuestas. Sin embargo, la viabilidad de este motivo está condicionada a la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, petición desestimada en el apartado precedente.

Se impone, por consiguiente, el rechazo del motivo por su falta de fundamento ( art. 885.1 de la LECrim) .

4.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

1.- La sentencia núm. 14/2022, 17 de enero, dictada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, condenó al acusado Pedro Jesús como autor responsable de un delito continuado de estafa agravada, con la concurrencia de la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, a la pena de 2 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y multa de 8 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas; y como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, a la pena de 1 año, 9 meses y 1 día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y multa de 9 meses y 1 día, con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas.

Contra esta sentencia se interpone recurso de casación por la representación legal del acusado. El Ministerio Fiscal y las partes recurridas impugnan los motivos e interesan la desestimación del recurso.

2.- El primero de los motivos, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim denuncia vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la CE) y la intimidad ( art. 18.1 y 3 de la CE) .

2.1.- A juicio de la defensa, la condena de Pedro Jesús por el delito de estafa que le ha sido imputado se ha razonado omitiendo la flagrante vulneración del derecho a la intimidad del acusado perpetrada durante la instrucción. La denunciante Mónica "...accedió ilegalmente al teléfono móvil del condenado con objeto de conocer sus posibles amoríos con terceras mujeres, utilizando dicha información ilegalmente y en contra del acusado". Esa actuación habría "...contaminado 'ab initio'" el proceso. Se trata de la pareja conviviente del acusado desde 2002 hasta el mes de septiembre de 2011, con la que tuvo un hijo varón reconocido por el acusado y a la que -alega la defensa- le pasa una pensión alimenticia. La denunciante convenció a Paloma, otra de las parejas de Pedro Jesús, con el fin de presentar una denuncia por separado, denuncia que presentaron por escrito en la comisaría. A esas denuncias se les dio curso pasando por alto el atropello legal que había representado ese acceso al teléfono móvil del acusado.

El motivo no es viable.

2.2.- La Audiencia Provincial ha declarado, en línea con lo defendido por la defensa en el plenario, la nulidad de las pruebas obtenidas con vulneración del derecho fundamental a la intimidad del recurrente. Y lo ha hecho en estricto cumplimiento del mandato impuesto por el art. 11 de la LOPJ. Sin embargo, a partir de esa premisa invalidante, ha proclamado la existencia de pruebas que no estarían afectadas por lo que la defensa describe como el efecto contaminante de la nulidad. Y lo ha hecho con plena sujeción a la doctrina constitucional y de esta Sala acerca de la desconexión de antijuridicidad y su significado como regla de exclusión.

2.2.1.- En numerosos precedentes hemos señalado las dificultades inherentes al tratamiento jurisprudencial de la prueba ilícita y, de modo especial, a la formulación de unas reglas de exclusión vinculadas al significado constitucional del proceso penal. Hemos apuntado también la intensa evolución histórica de esta doctrina, desde su formulación por la jurisprudencia norteamericana, hasta nuestros días, con una más que apreciable reducción del ámbito inicial de sus efectos. Nuestro sistema procesal no ha podido permanecer ajeno a este devenir en el que se han ido introduciendo premisas metódicas, algunas de ellas de marcado sabor restrictivo, sin las cuales no es posible entender el actual estado de la cuestión.

Interesa destacar, por tanto, que la respuesta jurisprudencial ante la frecuente alegación de ilicitud probatoria ha de ser siempre la respuesta al caso concreto. Una solución que, claro es, habrá de tomar como punto de partida la doctrina de esta Sala, pero que sólo después de un proceso de adaptación singular al supuesto de hecho, podrá ser correctamente aplicada. En línea con lo afirmado en otros precedentes, es indispensable alejarse de fórmulas estereotipadas con vocación de adaptabilidad a todos y cada uno de los supuestos que puede ofrecer la realidad. En efecto, la fórmula que acoge el art. 11 de la LOPJ "... aconseja huir de interpretaciones rígidas, sujetas a reglas estereotipadas que impidan la indispensable adaptación al caso concreto. Y esa rigidez despliega similar efecto pernicioso, tanto cuando se erige en injustificada regla de exclusión, como cuando se convierte en una tolerante fórmula para incorporar al arsenal probatorio lo que debió haber sido excluido" (cfr. SSTS 875/2021, 15 de noviembre; 311/2018, 11 de junio y 116/2017, 23 de febrero).

Pues bien, la sentencia recurrida ha declarado la nulidad del acceso por parte de Mónica al terminal telefónico de su pareja. Lo hace sin ambages en el FJ 1º, pero al mismo tiempo, desconecta de esa fuente de ilicitud otras diligencias de prueba que sí han sido valoradas y han permitido formular el juicio de autoría:

"... A la vista de todo lo expuesto, entendemos que la injerencia por parte de Mónica en el teléfono móvil del acusado conforme consta en la denuncia obrante al folio 194 y siguientes, presentada por la misma ante la Comisaría de Chamberí el 14 de noviembre de 2011, conforme reconoció en el acto del juicio oral, no invalida el procedimiento, sino la información obtenida a través de esta intrusión en el derecho a la intimidad del acusado por parte de Mónica quien sin autorización del acusado y sin orden judicial revisó el teléfono móvil del acusado, obteniendo información de números de teléfono y mensajes de otras mujeres con las que contactó, dando a conocer a la policía a través de la denuncia los datos obtenidos de Doña Amparo de quien dijo había reclamado al denunciado en el Juzgado de 1ª instancia 37 de Madrid una cantidad aproximada de unos 43.000 €; Doña Apolonia quien había reclamado al denunciado una deuda y denunciado en una ocasión por un presunto delito de violencia de género; Doña Adolfina sobre la presunta estafa de 9000 € en relación con la inversión a realizar en la supuesta finca de la cual era propietario el denunciado; Doña Isidora quien manifestó a la denunciante haber tenido relación con el denunciado, el cual se hacía llamar con ella Sabino quien dijo le había estafado 60.000 €; Doña Paloma quien tras ponerse en contacto con Mónica por aquella vía ilícita denunció a Pedro Jesús, conforme consta al folio 150 y 151, poniendo en conocimiento los hechos que son objeto de acusación en el presente procedimiento al estar personada como Acusación Particular .

Así pues, la documental aportada por Mónica hallada en el domicilio en común puede ser considerada fruto de un hallazgo casual. Sin embargo, la prueba derivada del contenido del teléfono del acusado, consultado por Mónica, es nula, por la injerencia no en el secreto de las comunicaciones sino en el derecho a la intimidad".

Y concluye:

"...Por lo que deberá descartarse del procedimiento toda la información obtenida como consecuencia de tal intrusión por la denunciante, quien debió de poner a disposición judicial el teléfono móvil localizado el que no sólo no puso sino que consultó para obtener aquella información que le permitiría constituir prueba para su causa".

2.2.2.- Por consiguiente, ninguna quiebra detecta la Sala de los derechos constitucionales que el recurrente dice infringidos. El acceso de Mónica al dispositivo electrónico de su expareja ha sido considerado en la instancia como un acto intrusivo generador de ilicitud probatoria.

Cuestión distinta es que, en aplicación de la doctrina constitucional sobre la desconexión de antijuridicidad, esa ilicitud no genere un efecto metastásico respecto de otras fuentes de prueba. A ello nos hemos referido en numerosos precedentes.

En efecto, la transferencia del carácter ilícito de las pruebas originales a las derivadas -decíamos en nuestra STS 370/2008, 19 de junio-, se produce en virtud de la existencia de una conexión de antijuridicidad cuya presencia resulta del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado, tanto desde una perspectiva interna, es decir, en atención a la índole y características de la vulneración del derecho sustantivo, como desde una perspectiva externa, a saber, de las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho ( STC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 166/1999, FJ 4, 171/1999, FJ 4). De manera que es posible que la prohibición de valoración de las pruebas originales no afecte a las derivadas, si entre ambas, en primer lugar, no existe relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad ( SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, de 13 de julio, 49/1999, 166/1999, 171/1999).

Sin embargo, a la luz de esos precedentes, referidos primordialmente a nulidades asociadas a entradas y registros o interceptaciones telefónicas, la propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de introducir importantes matices: "... ello no significa que lo hallado en un registro verificado con vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio haya de tenerse por inexistente en la realidad, ni tampoco que lo hallado no pueda ser incorporado de forma legítima al proceso por otros medios de prueba ( STC 161/1999 , FJ 2). En particular, la declaración del acusado, en la medida en que ni es en sí misma contraria al derecho a la inviolabilidad domiciliaria o al derecho al proceso con todas las garantías, ni es el resultado directo del registro practicado, "es una prueba independiente del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria" ( STC 161/1999 , FJ 4). La independencia jurídica de esta prueba se sustenta, de un lado, en que las propias garantías constitucionales que rodean su práctica --derecho a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, y asistencia letrada-- constituyen "un medio eficaz de protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima"; de otro lado, en que el respeto de dichas garantías permite afirmar la "espontaneidad y voluntariedad de la declaración", de forma que la "libre decisión del acusado de declarar sobre los hechos que se le imputan permite, desde una perspectiva interna, dar por rota, jurídicamente, cualquier conexión causal con el inicial acto ilícito ... [y] desde una perspectiva externa, esta separación entre el acto ilícito y la voluntaria declaración por efecto de la libre decisión del acusado, atenúa, hasta su desaparición, las necesidades de tutela del derecho fundamental material que justificarían su exclusión probatoria, ya que la admisión voluntaria de los hechos no puede ser considerada un aprovechamiento de la lesión del derecho fundamental" ( STC 161/1999, FJ 4).

La sentencia recurrida, en fin, no hace sino situarse en plena sintonía con aquellos pronunciamientos de esta Sala y de la doctrina constitucional que proclaman la desconexión de antijuridicidad respecto de aquellos hechos que, aun habiendo sido conocidos a partir de la intrusión de la intimidad, son luego explicados y ratificados en su existencia por el imputado a quien perjudican. Así lo hemos explicado:

"De tal modo que, siendo cierta la lesión del derecho del acusado a la inviolabilidad del domicilio, no lo es menos que esta afirmación no conduce necesariamente a la anulación de la sentencia impugnada, toda vez que las garantías con que se prestan las declaraciones por el acusado tanto durante la instrucción como en el juicio oral, constituyen un eficaz medio de protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima. Por ello, la libertad de decisión del acusado -que la lógica más primaria indica al corriente de la situación por el asesoramiento de su defensor- de declarar sobre los hechos permiten romper desde una perspectiva interna cualquier conexión causal con el registro ilícito, y desde una perspectiva externa atenúa las necesidades de tutela del derecho sustantivo lesionado que podrían justificar su exclusión probatoria, ya que la admisión voluntaria de los hechos no puede ser considerada un aprovechamiento de la lesión del derecho fundamental" (véanse SSTC. de 27 de septiembre de 1.999 y 17 de enero de 2.000, entre otras. Y SSTS. de 22 de noviembre de 2.000 y 23 de marzo de 2.005, entre muchas).

2.2.3.- Conforme a esta idea, la sentencia que es objeto de recurso analiza en un primer bloque sistemático las razones por las que la prueba del delito de falsedad en documento mercantil se ha desconectado de cualquier fuente de ilicitud:

"... La puesta en conocimiento de los datos obtenidos a través de ese teléfono móvil no determina conexión de antijuricidad con la investigación judicial de los hechos base del delito continuado de falsedad en documento mercantil dado que tanto la investigación de estos hechos como la prueba de los mismos tiene un origen independiente al de la fuente contaminada, al tratarse de línea de investigación diferente a aquella en la que se originó la ilicitud probatoria. Y se consideran válidas las pruebas anteriores a la aparición de la prueba ilícita.

La documental obrante respecto de estas denuncias figura en base a la documentación que la policía adjunta o consecuencia de la investigación policial practicada (folios 10 a 40).

Así pues, la línea de investigación es diferente a aquella en que se originó la ilicitud probatoria, existiendo pues respecto de este de hecho una investigación autónoma que en nada permite entender la contaminación de la prueba lo que justifica la desconexión antijurídica y, en consecuencia, la validez de las pruebas anteriores a la aparición de la citada injerencia en el derecho a la intimidad. De este modo se constata la doctrina de la fuente independiente, esto es la posible existencia en un proceso de pruebas no contaminadas por otras declaradas ilícitas".

No existió contaminación probatoria porque las fuentes de prueba preexistían incluso a la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado.

2.2.4.- La desconexión de la ilicitud respecto de la prueba que ha sustentado la acusación por un delito de estafa también es minuciosamente argumentada por la Audiencia Provincial.

Así, respecto del engaño que dio vida a la estafa de la que fue víctima Mónica, la sentencia de instancia se refiere a la información aportada a raíz de la relación sentimental que aquélla tuvo con el acusado entre el mes de agosto de 2002 hasta septiembre de 2011.

La desconexión de antijuridicidad respecto de las pruebas aportadas por Paloma también se razona conforme a la doctrina jurisprudencial que ha permitido dar validez a pruebas no enlazadas jurídicamente con la fuente de ilicitud. Así, pese a reconocer que la aportación de los correos electrónicos y extractos bancarios que reflejan las circunstancias y negocios de los que el acusado hablaba para pedirle dinero podía estar relacionada con la denuncia presentada a partir de la intrusión por parte de Mónica en el teléfono del acusado, se razona en los siguientes términos:

"... No obstante, el acusado reconoció en el acto del juicio oral haber mantenido una relación sentimental con Paloma e incluso como ésta le dijo que fruto de esta relación tenían una hija en común, aunque dijo no recordar cómo la había conocido, negando que la citada relación fuese tan larga conforme dijo la denunciante. Sin embargo, reconoció solapar ambas relaciones, la de Mónica y la de Paloma y cómo Paloma le prestó dinero, pero manifestó haber devuelto el préstamo. No recordando el acusado las razones por las que solicitó el préstamo, excepto el dinero para una parcela en Bariloche, la que dijo haber vendido y haber invertido el dinero en la venta para pago de impuestos.

Por tanto, aunque la prueba testifical citada aflora en la causa tras la injerencia en el derecho a la intimidad del acusado por Mónica, el hecho de haber reconocido el acusado en el acto del juicio oral la relación mantenida con Paloma, va a permitir el enjuiciamiento del hecho denunciado por Paloma".

Y añade: "...la injerencia telefónica que ha permitido conocer la identidad de la testigo víctima no se ha transmitido al contenido de ahí de la declaración del acusado en el acto del juicio oral, a la vista de la declaración prestada en fase de instrucción tras comisión rogatoria (folios 1503 a 1506) la que se llevó a cabo con todas las garantías y la prestada en el acto del juicio oral en la que reconoció conforme hemos expuesto la relación con la señora de forma solapada a la de Mónica así como el préstamo del dinero reclamado. En definitiva, esa declaración con el tratamiento procesal que acaba de explicarse, aportó elemento de cargo de fuente no contaminada y por ello utilizable en el enjuiciamiento de los hechos sin que ello suponga vulneración del derecho a la intimidad...".

Adolfina fue también víctima del engaño del acusado. Mantuvo con él una relación entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006, esto es, de forma simultánea a la que mantenía con Mónica. También ahora, la Audiencia Provincial reconoce que la inicial aportación documental de los préstamos concedidos y no devueltos por el acusado pudieron aflorar gracias a la investigación iniciada a partir de la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado. Sin embargo, la valoración de pruebas desconectadas de esa fuente contaminante es expuesta por el Tribunal de instancia en términos que esta Sala asume en su integridad:

"...Así pues, la prueba testifical citada aunque aparece en la causa tras la injerencia en el derecho a la intimidad del acusado por Mónica, el hecho de reconocer el acusado en el acto del juicio oral la relación de amistad mantenida con Adolfina y el hecho de haber existido un préstamo entre ambos, aunque dijo haber devuelto el dinero va a permitir el enjuiciamiento del hecho denunciado".

Entre febrero y diciembre de 2006, el acusado mantuvo una relación con Apolonia, en el transcurso de la cual Pedro Jesús logró mediante artimañas la entrega de cantidades de dinero que, desde el primer momento, sabía que no iba a devolver y lo hizo ocultando relaciones simultáneas con otras mujeres a las que también hizo víctimas de sus engaños.

El razonamiento mediante el que la Audiencia Provincial proclama la desconexión de antijuridicidad de las pruebas que han sido valoradas para formular el juicio de autoría resulta impecable:

"... La citada testifical aparece en la causa aparentemente por la injerencia de Mónica en el teléfono móvil del acusado, constando su primera declaración policial el 11 de enero de 2012 (folios 235 a 245). No obstante, consta al Tomo III y IV, denuncia interpuesta por la misma en fecha 20 de diciembre de 2011 (folios 666 a 671) así como la documental propia que adjuntó a la denuncia interpuesta que dio lugar a la investigación de los hechos por otros juzgados, correspondiendo la inhibición posterior de tales juzgados para conocimiento al Juzgado de Instrucción 54, en el que consta ofrecimiento de acciones a Apolonia (folio 1091) y su personación en la causa (folio 1092), la que después no se mantuvo al no haber formulado escrito de acusación, no obstante fue propuesta como testigo; y compareció y declaró como tal en el acto del juicio oral.

Se plantea el tribunal si esta denuncia tiene su base en la injerencia del derecho a la intimidad por parte de Mónica o si se trata de una denuncia ajena. A la vista pues de la declaración prestada por doña Apolonia la que consta grabada a partir del minuto 1:46:33, no se desprende que la denuncia interpuesta por Apolonia sea como consecuencia de la comunicación mantenida con Mónica, por lo que ni siquiera fue interrogada. Por ello la testifical prestada será objeto de enjuiciamiento al no constar esa relación conexa como prueba testifical propuesta por la Acusación Particular, al aparecer de forma ajena e independiente a la citada injerencia que estamos examinando. Además en el acto del juicio oral el acusado reconoció haber tenido con Apolonia una relación de amistad en su día, así como un pleito por violencia de género el que dijo ganó por tratarse de una denuncia falsa, negando deber dinero a esta señora e incluso dijo desconocer la sentencia cuya copia obra en la causa como documental por reclamación de cantidad ante los juzgados de 1ª Instancia de Madrid (folios 238, 239)".

Respecto de la víctima Isidora, la circunstancia de su falta de presencia en el juicio oral introduce un matiz que la Audiencia Provincial subraya adecuadamente:

"...El hecho denunciado, no fue corroborado con la testifical de Dª Isidora la que ni siquiera fue habida pese a obrar declaración policial de la misma al folio 251 y 252. No obstante, la citada información sobre la Señora Isidora, apareció en la causa a consecuencia de la injerencia en el teléfono móvil según consta al folio 196 de actuaciones. Por lo que la citada información sobre la señora incluso habiendo sido reconocida su relación por el propio acusado en la declaración prestada en el acto del juicio oral, no será tenida en cuenta para el enjuiciamiento del segundo hecho denunciado, toda vez que la testifical no fue ratificada en el acto del juicio oral al haber renunciado la parte a su declaración por hallarse la señora en paradero desconocido. No obstante, tampoco se vería contaminada ante el reconocimiento por parte del acusado de la relación con la señora".

Y por lo que afectó a otra de las mujeres engañadas por el acusado - Amparo- el Tribunal sentenciador expone, con la misma lógica que ha presidido los razonamientos anteriores, que la declaración del acusado generó un efecto sanador en la originaria ilicitud probatoria:

"... Considera la Sala que el reconocimiento de la citada información por la confesión del acusado respecto de las relaciones mantenidas con las mujeres y los préstamos habidos aunque niegue la confección del plan preconcebido, tanto en el acto del plenario como en fase de instrucción a través de la comisión rogatoria según consta al folio 1503 a 1506 de actuaciones concluye un efecto sanador del tema controvertido".

En definitiva, no ha existido la vulneración de los derechos que el recurrente dice haber sufrido. La Audiencia Provincial ha llevado a cabo un ejemplar trabajo de disección para diferenciar la originaria ilicitud probatoria y las pruebas desconectadas de ese efecto invalidante.

El motivo tiene que ser desestimado ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.- El segundo de los motivos, con la misma cita de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, denuncia vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia.

3.1.- Entiende la defensa, con cita de la doctrina de esta Sala sobre el derecho que se dice infringido, que el delito de falsedad no puede sostenerse porque no quedó acreditada que la falsificación de la firma de la suegra del acusado hubiera ocasionado algún perjuicio. Además, se trataría de una falsedad formal, pues contó con el consentimiento de la propia persona cuya firma resultó alterada y, por si fuera poco, ésta aparecía como persona autorizada para retirar fondos. Las firmas eran burdas, a simple vista se apreciaba su falsedad.

Respecto del delito de estafa, aduce la defensa que el impago de los préstamos que fueron concedidos debería haberse ventilado en la jurisdicción civil. El dolo en el delito de estafa tiene que ser antecedente, no sobrevenido.

No tiene razón el recurrente.

3.2.- Hemos dicho en numerosos precedentes -cfr. STS 265/2022, 21 de marzo- que, frente a la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el control casacional se orienta a verificar la validez y suficiencia de la prueba y la racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la ponderación del material probatorio. No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente. Como se decía en la STS 584/2014, 17 de junio, de forma muy sintética, " Solo debemos sopesar si en el iter discursivo a través del cual el Tribunal ha llegado desde el material probatorio a la convicción de culpabilidad existe alguna quiebra lógica o algún déficit no asumible racionalmente, o si el material probatorio no es concluyente".

3.3.- La defensa considera que no existió perjuicio económico para justificar la condena por el delito de falsedad. Sin embargo, como señala la Audiencia, el propio acusado reconoció que había conseguido dinero con las tarjetas y que Mónica manifestó en el juicio que seguían teniendo deudas después del tiempo transcurrido .

Es difícil cuestionar la existencia de pruebas que fundamenten el juicio de tipicidad por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, a la vista del razonamiento que incorpora la sentencia recurrida al dar respuesta a las alegaciones de la defensa hechas valer en la instancia:

"... Al haber abierto del acusado en fecha 23 de diciembre de 2019 mientras mantenía la relación afectiva con Mónica en la sucursal de la entidad bancaria BBVA sita en la calle/ Bravo Murillo 18 de Madrid una cuenta corriente con número NUM000, a nombre de Olga, madre de Mónica, sin su autorización, ni consentimiento y en la que el acusado figuraba como autorizado para disposición del saldo. Asimismo y asociadas a dicha cuenta, el acusado firmó dos contratos de tarjetas de crédito. Uno, de fecha 28 de diciembre de 2009 respecto de la tarjeta NUM001 y en fecha 15 de febrero de 2010 respecto de la tarjeta número NUM002. Para dichos hechos el acusado simuló la firma de Olga en todos los documentos requeridos para su obtención, obteniendo de esta forma diferentes cantidades de dinero. Lo que reconoció en el acto del juicio oral, argumentando en su favor el conocimiento por parte de Mónica, hecho este que no solamente no ha resultado probado sino que conforme hemos expuesto no excluiría la responsabilidad penal del autor de la falsificación de los documentos mercantiles a los que alude el precepto al concurrir todos los requisitos del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.3 del CPE al haber simulado la firma de Olga en todos los documentos referidos".

3.4.- El mismo rechazo merece la alegación referida a la falta de sostén probatorio respecto de la condena del acusado como autor de un delito continuado de estafa.

No es la primera que vez que esta Sala conoce recursos referidos a estafas en las que el engaño consiste en ganar la confianza de la víctima a partir de una relación afectiva que se inicia en una red social y que sirve de simulado marco amoroso para el enriquecimiento.

Existen precedentes en los que el autor, haciéndose pasar por ingeniero de telecomunicaciones, convence a su incauta pareja, a la que ha conocido a través de la página de contactos Meetic, para que le entregue hasta 127.000 euros que iban a ser invertidos en la adquisición de viviendas que saldrían en una subasta judicial (cfr. ATS 402/2020, 12 de marzo). Esa aplicación fue también el escenario de una estafa cometida por quien se atribuyó falsamente la condición de directivo de una multinacional y obtuvo la confiada entrega de 30.000 euros (cfr. ATS 12 septiembre 2024). La misma red social ha servido de estrategia para, bajo un nombre y una imagen física falsa, engañar a varias personas que fueron víctimas de su propia credulidad (cfr. ATS 254/2022, 3 de marzo).

La ilusionada creencia de iniciar una vida en común ha llevado también, en este caso por medio de la red Tinder, a entregar 403.131 euros a quien se hizo pasar por una solvente empresaria en un momento de dificultad financiera (cfr. ATS 626/2021, 8 de julio).

La red Badoo ha sido el instrumento para quien, fingiendo ser médico, consiguió engañar a una confiada víctima para la adquisición de unas medicinas que harían desaparecer todos sus males, obteniendo así la entrega de 10.800 euros (cfr. ATS 434/2019, 14 de marzo). Del mismo modo, el engaño consistente en necesitar dinero para una fianza exigida en un proceso con la anterior esposa llevó a la enamorada víctima a entregar 58.040 euros (cfr. ATS 130/2016, 21 de enero).

En el presente caso, el Tribunal sentenciador ha basado su convicción, de modo preferente, en las declaraciones de las denunciantes y en el reconocimiento por el acusado de la existencia y duración de las relaciones mantenidas con las distintas víctimas, así como de la aceptación de las entregas de dinero. También ha admitido haber retirado fondos con las tarjetas bancarias. El testimonio de las denunciantes está además adverado por la documentación bancaria aportada a la causa.

Como apunta con acierto el Ministerio Fiscal, la conclusión del Tribunal ha sido que la única finalidad del acusado había sido obtener dinero, creando en las víctimas una sensación de realidad que no se correspondía con las circunstancias del caso ni con sus cualidades y condiciones. Una vez creada esa apariencia de relación afectiva, el acusado volvía a inducir a error a las víctimas sobre situaciones ocasionales falsas para obtener dinero.

Al dar respuesta al motivo anterior hemos puesto de manifiesto el pulcro ejercicio de análisis que ha llevado a cabo la Audiencia en el momento de separar las fuentes de prueba con efecto contaminante de aquellas otras que podían ser valoradas. Todo ello ha sido expuesto conforme al canon constitucional de valoración probatoria y, por consiguiente, sin merma del derecho a la presunción de inocencia.

La racionalidad y coherencia en la valoración y suficiencia de las pruebas practicadas se hace visible en el párrafo conclusivo que incorpora el FJ 2º:

"...Con esta forma de actuar, el Señor Pedro Jesús mantenía relaciones de forma paralela con diferentes mujeres, entre ellas, Mónica, Paloma, Adolfina, Amparo y Apolonia. Quienes desconocían la existencia de tales relaciones de unas con las otras y en todas y cada una de ellas consiguió mediante la creación de unos mismos artificios, haciendo pasar por ciertas situaciones que no lo eran, como enfermedad por cáncer de un hijo o de su madre, negocios en Bariloche (Argentina) o en Italia, y haciéndose víctima de amenazas o agresiones de la "mafia", que las mujeres inducidas a error sobre su situación afectiva frente al acusado creían el peligro que aparentaba correr y en base a ello le entregaron el dinero que les reclamaba en concepto de préstamo. De esta forma Mónica reclama la cantidad de 66.000 €. Paloma la de 52.400 €. Adolfina a la de 12.600 €. Apolonia 7325 € y Amparo 42.524,30 €".

Por cuanto antecede, el motivo ha de ser rechazado ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.5.- El tercer motivo sirve de enunciado para abarcar distintas infracciones legales que habrían justificado un tratamiento sistemático diferenciado. Se formaliza al amparo del art. 849.1 de la LECrim y denuncia la indebida aplicación de distintos preceptos.

La Sala ya anticipa que va a prescindir del análisis de algunas consideraciones complementarias que el motivo incluye y que están referidas a cuestiones probatorias que ya han sido analizadas en los anteriores motivos y, sobre todo, que desbordan el cauce casacional que ofrece el art. 849.1 de la LECrim.

3.5.1.- A juicio de la defensa, la Audiencia Provincial habría incurrido en un error legal al no declarar la prescripción de los hechos por los que se ha formulado condena. Sin llegar a cuestionar el cómputo del tiempo que hace la sentencia recurrida, considera el recurrente que la fijación del "dies a quo" a partir del año 2002 no es correcta, ya que en esas fechas la relación con Mónica y Paloma era una relación estable y, por consiguiente, debería estar incursa en la excusa absolutoria del art. 268 del CP.

La queja no es atendible.

De entrada, porque parte de la base de que los hechos imputados en esas fechas y en el marco de esas relaciones están amparados en la excusa absolutoria prevista en el art. 268 del CP, lo que no es admisible conforme argumentamos más adelante.

De otra parte, porque el razonamiento de la Audiencia para excluir la alegada prescripción es impecable. Rechaza su eficacia en aplicación del artículo 132 del CP en la redacción dada por la LO 11/99 de 30 de abril, por ser más favorable al reo: "Y pese a entender de aplicación la norma penal vigente al tiempo de ocurrir los hechos con anterioridad al año 2010, hasta que tuvo lugar la reforma operada por la LO 5/2010 de 22 de junio que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 por ser la norma penal más favorable al reo, teniendo en cuenta las penas con las que se castiga el delito continuado de estafa agravada por el que han sido calificados los hechos. La prescripción ni siquiera afectaría a los hechos ocurridos en el año 2002 y 2003. Dado que la prescripción del citado delito, al superar la pena de prisión a imponer en abstracto los 5 años, de conformidad a lo establecido en el artículo 248 y 250 del código Penal en relación con el artículo 74, el delito citado prescribiría a los 10 años. Y dado que fue denunciado en octubre de 2011, aunque empezáramos a contar la actividad ilícita desde el año 2002 no habría transcurrido el plazo establecido. Sin perjuicio, de entender que los delitos continuados se computan desde el día en que se realizó la última infracción. Por tal razón resulta de improcedente aplicación la prescripción invocada".

3.5.2.- Tampoco es atendible el discurso argumental de la defensa cuando considera infringido el art. 268 del CP, al no haber sido estimada en la instancia la excusa absolutoria que blindaría al acusado frente a la responsabilidad penal declarada en relación con las deudas mantenidas frente a Mónica y Paloma, con las que mantuvo una estable relación afectiva y con quienes llegó a tener un hijo.

3.5.2.1.- La Audiencia Provincial ha descartado la aplicación de la excusa absolutoria con un argumento difícilmente rebatible, al estimar que la exención de responsabilidad no es aplicable a "...relaciones sustentadas en el engaño urdido y en la ficción como base del plan preconcebido por el acusado para obtener el dinero de sus víctimas".

La única finalidad del acusado -se razona- era la de "...obtener dinero y para ello crea una trampa con la que trata de crear en el sujeto pasivo una sensación de realidad que no se corresponde con las circunstancias del caso ni con las cualidades o condiciones personales del sujeto activo. Y es cuando consigue precisamente esa apariencia de relación afectiva entre el acusado y sus víctimas que aparenta conforme relatan todas y cada una de las mujeres a las que ha conocido de la misma forma y manera, resultando todas ellas ajustadas a un similar perfil de mujeres adultas y solteras y con disposición económica, cuando de nuevo las vuelve a inducir a error sobre situaciones ocasionales que invoca, falsas de raíz, a juzgar por las propias manifestaciones de todas las mujeres a las que argumentaba la misma excusa para obtener el dinero. Cuando las señoras con el ánimo de ayudar a su "pareja" en la creencia de ser cierta no sólo la relación sino las diferentes situaciones que decía atravesar el acusado y de su aparente y temporal insolvencia, le entregaban el dinero que reclamaba, lo que ocasionó en todas y cada una de las víctimas una disminución del patrimonio fruto del error sufrido a consecuencia del engaño desplegado para ello".

3.5.2.2.- La Sala entiende que, efectivamente, el fundamento de la exención está vinculado a la necesidad de proteger los lazos familiares frente a la estrepitosa irrupción del derecho penal para lograr una reparación que puede obtenerse por la vía civil.

Forman parte del eco de la historia, aunque siguen teniendo utilidad para entender el fundamento de la excusa absolutoria que ahora prevé el art. 268, las palabras de algunos de los más célebres tratadistas del derecho penal. Así, para entender el sentido del art. 479 del CP de 1848, tras la reforma de 1850, se dijo que la existencia de este precepto se justificaba por "...una idea de moralidad, una idea que se deriva de la buena noción de la familia, de los lazos que la constituyen, de los derechos y los deberes que la forman". Otro reputado comentarista, con ocasión del análisis del art. 580 del CP de 1870, razonaba que la exención "...no podía ser más justa (...). Repugnante sería que por cuestión de intereses pecuniarios fuese lícito descubrir los secretos de familia y provocar con pesquisas imprudentes divisiones y odios allí donde sólo deben campear los más puros y dulces sentimientos (...). Es innecesario, ocioso y hasta ridículo proseguir en un procedimiento que no tiene razón de ser, por falta de base en la que se apoye".

Es evidente que la forma de concebir las relaciones familiares ha evolucionado obligando a la jurisprudencia de esta Sala a extender la aplicación de la excusa absolutoria a relaciones marcadas por el afecto, aunque distantes de la forma tradicional de entender los vínculos familiares. Conforme a esta línea, el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 1 de marzo de 2005 consideró aplicable la exención a las relaciones de pareja estables susceptibles de ser asimiladas al matrimonio. Pero este efecto extensivo no se distancia, desde luego, del fundamento histórico y actual mediante el que la doctrina viene justificando el art. 268 del CP. Incluso la última redacción de este precepto, cuando excluye su aplicación a los cónyuges separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad, vuelve a intensificar las razones del tratamiento singular de esta causa de exclusión de la punibilidad.

En efecto, cuando la relación matrimonial es concebida como el necesario marco estratégico para obtener fraudulentamente importantes cantidades de dinero -así lo describe el hecho probado- y cuando esa relación afectiva o no existe o está subordinada al logro de importantes sumas de dinero, la excusa absolutoria carece de todo sentido y pierde justificación. Y esta conclusión no se ve neutralizada por el hecho de que la relación matrimonial o de pareja haya tenido como efecto natural derivado de la convivencia la procreación de un hijo común.

En la reciente de esta Sala STS 146/2025, 20 de febrero, descartábamos también la aplicación de la excusa absolutoria del art. 268 del CP reivindicada por la defensa y lo hacíamos con el argumento de que "...la relación sentimental solo ha existido para una de las partes, no para el acusado que la ha utilizado, precisamente, para engañar la víctima, iniciando con ella una convivencia de dos meses hasta que ha conseguido su propósito, dando por finalizada la relación".

Con independencia de lo anterior, el carácter continuado del delito de estafa por el que ha sido condenado Pedro Jesús, en atención al plural número de víctimas, no determinaría una rebaja sustancial de la pena para el caso en que fuera estimado el motivo.

Procede la desestimación del motivo ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.5.3.- La defensa considera indebidamente inaplicada la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del CP.

Alega que el Ministerio Fiscal detectó paralizaciones relevantes en la causa y que los acuerdos de la Junta de Jueces de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid deberían llevar a la aplicación de la atenuante como muy cualificada. El proceso acumuló -se aduce- un total de 5 años y 6 meses de paralizaciones.

La queja no es atendible.

La Sala coincide con el razonamiento desplegado por la Audiencia para justificar que la eficacia del tiempo transcurrido en el presente caso hace entendible la apreciación de la atenuante simple, pero no la de carácter cualificado, "... máxime cuando el acusado ha sido el mayor responsable del retraso en el trámite procedimental seguido al haber salido del territorio nacional sin ponerlo en conocimiento del juzgado instructor ni facilitar su domicilio a efectos de notificación habiéndose refugiado en su país de origen. Razón por la que tuvo que ser localizado a través de una orden de busca y captura internacional y con posterioridad realizar todos los trámites a través de comisiones rogatorias a Argentina a través de los distintos tratados de cooperación internacional entre ambos países lo que ha supuesto un retraso importante en el trámite".

Es más que evidente que el acusado que se refugia en su país de origen y ha de ser localizado mediante órdenes internacionales de busca y captura, obligando a activar el mecanismo de las comisiones rogatorias para la práctica de los actos procesales pendientes, no se encuentra en la mejor posición para reivindicar el derecho a un proceso sin dilaciones y, a partir de ahí, para obtener una rebaja de la pena por aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Y, desde luego, para invocar en su apoyo los plazos fijados con carácter general respecto de aquellos acusados que han estado a lo largo del proceso a disposición del Tribunal pero que, por una u otra circunstancia, han visto injustificadamente aplazado su enjuiciamiento.

3.5.4.- El último subapartado del motivo sostiene la falta de proporción de las penas impuestas. Sin embargo, la viabilidad de este motivo está condicionada a la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, petición desestimada en el apartado precedente.

Se impone, por consiguiente, el rechazo del motivo por su falta de fundamento ( art. 885.1 de la LECrim) .

4.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.