Sentencia Penal 79/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2544/2023 de 04 de febrero del 2026

PRIMERO.-Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante interponen recurso los condenados Rodolfo y Isabel. Comenzaremos nuestro análisis por el formulado por esta última.

1.Formaliza un primer motivo que invoca el artículo 852 LECRIM y 5.4 LOPJ para denunciar infracción de la garantía de presunción de inocencia. Y un segundo motivo que enuncia a través del artículo 849.2 LECRIM por error en la valoración de la prueba, pero que incide en cuestiones también propias de un motivo de presunción de inocencia, por lo que abordaremos los dos motivos conjuntamente.

En síntesis sostiene el recurso lo que ya defendió la parte en el acto del juicio oral, que Isabel no tuvo ninguna intervención en los hechos. Que la gestión de la sociedad la asumía exclusivamente su esposo, y que ella figuraba con administradora a efectos meramente formales, sin intervención en los negocios ni en la toma de decisiones, tampoco en las concernientes al destino que hubiera de darse a los fondos. Añade que carece de específica formación y que se dedicaba a las tareas propias del hogar sin desempeñar actividad alguna en el entorno societario.

2.De manera reiterada hemos señalado que la invocación de la garantía constitucional de presunción de inocencia permite a este Tribunal de casación constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas; c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba; y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iterdiscursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( artículo 14 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

El juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

Salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración que hizo el Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales. Tampoco a realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración de aquel por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

3.No le falta razón a la recurrente cuando señala que toda la valoración probatoria en relación a los distintos hitos que condensa el relato de hechos habla exclusivamente en singular y en referencia a Rodolfo. Se alude solo a él cuando se analiza la negociación de las condiciones de los contratos que describe, las decisiones en torno a la reclamación o no a los querellantes del importe de las letras que no abonaron, y también las gestiones bancarias para intentar conseguir un préstamo con el cual financiar la operación.

Lo mismo ocurre con el propio relato de hechos probados. Este exclusivamente identifica la intervención de Isabel para describir que la misma era en el año 2008 administradora de derecho de la sociedad DESARROLLOS INMOBILIARIOS ASPIRILLAS 20 S.L, y en los dos momentos puntuales de firma de los correspondientes contratos, el suscrito con los querellantes el 26 de junio de 2008 y el que algo más de un mes antes, el 9 de mayo de 2008, lo fue para la adquisición de la finca sobre la que la sociedad pretendía construir, entre otros, la vivienda y la plaza de garaje comprometidas con los querellantes. Intervención, de otro lado, necesaria dada su condición formal de administradora. Pero también especifica el relato de hechos probados que, pese a esa posición como administradora de derecho ocupada por Isabel, quien venía desempeñando la administración de hecho, lo que conlleva la gestión, era el otro acusado.

Desde esta perspectiva alcanzan verosimilitud las manifestaciones de la recurrente cuando afirma desconocer el alcance de las operaciones realizadas por su marido. Pero sobre todo se diluyen los pilares de la inferencia que le atribuye el dominio del hecho inherente a la coautoría que se declara, proyectado sobre la toma de decisiones en el ámbito societario en relación a la apropiación definitiva de los fondos.

Puede que tuviera conocimiento de lo que su marido actuaba, lo que por sí solo sería insuficiente para sustentar una autoría, pero los elementos para afirmar que tuviera alguna intervención en la toma de esas decisiones no afloran, ni del relato de hechos, ni de la fundamentación jurídica de la sentencia.

4.Cuando la sentencia recurrida valora la intervención de la recurrente, analiza su declaración, confrontándola con la que prestó en instrucción, y aun admitiendo que fuera su marido el responsable de la toma de decisiones, fundamenta su condena de la siguiente manera: «Conoce los hechos principales y da razón de los mismos reconociendo incluso que los vendedores del solar tenían previamente que adquirirlo porque venía de una herencia, como dijo en su declaración en sede de instrucción. Que esta información la sepa por su marido, que haya sido ama de casa su labor fundamental y que sus estudios sean solo hasta la EGB y que las cuestiones de negociación con las partes y los bancos y las letras de cambio la haya llevado su marido no le exime de responsabilidad penal por cuanto aceptó de forma consciente ser la administradora de derecho de la sociedad, como ella misma manifestó en el acto del juicio, "por ayudar a mi marido" y en esa condición, de forma consciente, actuó y firmó los contratos y se obligó por tanto a destinar las cantidades entregadas por los querellantes a la construcción de la vivienda y plaza de garaje. No cabe duda de que como administradora de derecho firmó el contrato de fecha 25-6-2008 con los querellantes por medio del' cual se obligaba mercantil Desarrollos Inmobiliarios Aspirillas 20 S.L. y a ella como administradora de derecho a destinar las letras de cambio de los querellantes a la construcción de su vivienda y plaza de garaje. Y en las letras de cambio pagadas por los querellantes aparece como librador la entidad de la que ella fue administradora de derecho. La acusada consta en este cargo al menos hasta la fecha 13-7-2009 porque consta que el acusado Rodolfo fue administrador de la entidad desde la fecha 13-7-2009, como se desprende de la información del Registro Mercantil que obra a los folios 15 y 16 de autos. Hasta esa fecha, los querellantes habían abonado ya varias letras de cambio, Letras de cambio en las que aparece como librador Desarrollos Inmobiliarios Aspirillas 20 S.L, siendo la acusada su administradora de derecho hasta el 13-72009, fecha que los querellantes llevaban meses abonando letras de cambio...

... Si la acusada se prestó voluntariamente a ser instrumento para esos negocios, es evidente que se situó conscientemente en lo que la jurisprudencia denomina "ignorancia deliberada", que no le exime de su responsabilidad como autor del delito en el que de este modo participó como autor. Así, como hemos expuesto, manifestó que ella aceptó ser la administradora de derecho para ayudar a su marido.»

Dijimos en la STS 769/2024, condensando doctrina anterior, «Es cierto, que este Tribunal Supremo en alguna de nuestras resoluciones se ha mostrado refractario a la aplicación de la denominada doctrina de la " ignorancia deliberada". Ejemplo de ello lo constituye, entre otras, la STS 830/2016, de 3 de noviembre . Rechazo basado en razones semánticas, y, lo que resulta más relevante, por el peligro que el empleo indiscriminado de esta figura pudiera proyectar sobre el derecho a la presunción de inocencia en cuanto pueda ser utilizada para eludir la prueba del conocimiento en el que se basa la aplicación de la figura del dolo eventual, o, para invertir la carga de la prueba sobre este extremo. Las SSTS 849/2023, de 20 de noviembre , y 833/2023, de 24 de noviembre , dan buena cuenta de ello.

Ahora bien, en muchos casos, como dijo la STS 239/2023, de 30 de marzo , "La doctrina de la ignorancia deliberada no se invoca, pese a lo equívoco de la expresión, para eludir la prueba del conocimiento en el que se basa la aplicación de la figura del dolo eventual, o, para invertir la carga de la prueba sobre este extremo ( STS 374/2017, de 24 de mayo ), sino porque existen suficientes y concomitantes indicios que permiten concluir en racional e inductiva inferencia, la aceptación por los recurrentes -cuando menos eventual- de su participación en una trama defraudatoria».

La alusión a una hipotética ignorancia deliberada con la que concluye la argumentación la recurrida, como hemos visto, tiende a proyectarse por la doctrina de esta Sala sobre el dolo eventual como tipicidad subjetiva, lo que carece de desarrollo fáctico y argumental en la sentencia.

En cualquier caso, la fundamentación transcrita pone de relieve un dato que abre un significativo espacio de duda acerca de la concurrencia de los elementos que demanda su consideración como autora de un delito de apropiación indebida.

Especifica el relato de hechos probados que la señora Isabel era administradora de la sociedad en el año 2008. No consta desde cuándo, pero lo que sí se especifica, es que finalizó su cometido como tal el 13 de julio de 2009, fecha en la que fue sustituida en el puesto por el otro acusado.

Si conectamos estas fechas con algunos datos incorporados en los hechos y sobre todo desarrollados en la fundamentación jurídica, no resulta claro que el elemento sobre el que se ancla su condena, su actuación como administradora única de la sociedad, permaneciera cuando se consumó la apropiación indebida.

En palabras que tomamos de la STS 18/2016, de 26 de enero, y citada por muchas posteriores «La admisión de la apropiación indebida de dinero siempre ha suscitado problemas doctrinales y jurisprudenciales, por su naturaleza fungible, pero sin entrar ahora en debates más complejos es necesario constatar que el Legislador ha zanjado la cuestión en la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, al mantener específicamente el dinero como objeto susceptible de apropiación indebida en el nuevo art 253 CP .

Lo que exige la doctrina jurisprudencial para apreciar el delito de apropiación indebida de dinero es que se haya superado lo que se denomina el "punto sin retorno", es decir que se constate que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o devolverlo o la imposibilidad de entrega o devolución. ( STS 513/2007 de 19 de junio , STS 938/98, de 8 de julio , STS 374/2008, de 24 de junio , STS 228/2012, de 28 de marzo )».

5.Según se refleja en el relato de hechos y se desarrolla con mayor amplitud en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en los apartados que dedica a la valoración probatoria y su proyección sobre el juicio de subsunción que aboca hacia la apropiación indebida en detrimento de la estafa ,calificación que había reivindicado la acusación particular, la Sala sentenciadora estructura su discurso a partir de la premisa de dar credibilidad al acusado cuando el mismo explica que inicialmente tenía intención de acometer el proyecto, que quedó frustrado al denegársele la financiación bancaria a la que aspiraba. A partir de esa argumentación es razonable centrar en ese momento su voluntad apropiatoria, toda vez que es entonces cuando se desvanece toda posibilidad de comenzar la obra.

No sabemos exactamente en qué momento exacto la financiación esperada por el esposo de la recurrente quedó definitivamente frustrada. Admite la sentencia que aproximadamente un año después de que se firmara el contrato con quienes habían adquirido por herencia el edificio sobre cuyo solar se pretendía construir, lo que nos coloca en torno al mes de mayo o julio de 2009, según contemos desde la fecha del contrato privado o la fecha prevista para su elevación a público. El cese de la recurrente como administradora de DESARROLLOS INMOBILIARIOS ASPIRILLAS 20 S.L, tuvo lugar el 13 de julio de 2009, lo que plantea como alternativa más que razonable, que fuera anterior a la consumación, extremo que la sentencia recurrida no contempla.

6.De esta manera, el juicio deductivo que hace la Audiencia, aunque dotado de ciertas dosis de racionalidad y plausibilidad sobre la certeza de la hipótesis fáctica acusatoria, deja sin embargo abierto en lo que a la recurrente se refiere un espectro de posibilidades que fisura la contundencia del razonamiento inferencial que lo sustenta. Se generan márgenes de incertidumbre que no permiten dar el paso firme desde los hechos hasta la autoría que se le atribuye.

En vista de los razonamientos precedentes, ha de concluirse que se está ante una prueba de cargo que no puede considerarse concluyente y suficiente para poder declarar probado, en lo que afecta a Isabel, el sustrato fáctico y normativo del delito de apropiación indebida por el que fue condenada, lo que conlleva la estimación del recurso.

Recurso de Recurso de Rodolfo

SEGUNDO.-Formaliza un único motivo de recurso por el cauce de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM, para denunciar infracción por inaplicación del artículo 66.2 CP, al rechazar la sentencia recurrida la rebaja en doble grado de la pena a consecuencia de la atenuante de dilaciones indebidas que se aprecia como cualificada.

Considera un plazo excesivo el transcurso de 11 años desde que ocurrieron los hechos hasta el enjuiciamiento.

1.La sentencia dedica el fundamento sexto a analizar la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, con cita de la jurisprudencia de esta Sala. Y concluye en apreciar la misma como muy cualificada, al entender la duración de la causa y sus incidencias como extraordinarias, y anuda a la misma la rebaja en un grado de la pena. No se suministran ahora datos que justifiquen una mayor reducción en el juego de ponderación que demanda el artículo 66.1.2ª CP.

La intensidad de la degradación penológica la calibró la Audiencia teniendo en cuenta la duración de la causa, en la que se remarcan los hitos más relevantes, sin que se aporten elementos que permitan hablar de paralizaciones especial y muy extraordinariamente significativas, ni la razón que pudo motivarlas. No se nos facilitan elementos de juicio que dibujen como arbitraria la opción por la que se decantó el Tribunal sentenciador.

Es cierto que la duración es excesiva y justifica la cualificación, si bien, como explica la sentencia recurrida, no son computables a estos efectos los once años de los que habla el recurso, sino nueve, pues esos son los transcurridos desde que los acusados declararon como investigados.

Apreciación congruente con la jurisprudencia de esta Sala, según la cual el cómputo a efectos de dilaciones atenuatorias se inicia no en el momento de comisión del delito, ni en el de incoación de las diligencias, sino cuando se adquiere la condición de imputado, o, si se quiere, cuando se conoce la pendencia de un proceso dirigido contra quien invoca la atenuante (entre otras SSTS 841/2015, de 30 de diciembre; 132/2021, de 15 de febrero; 191/2022, de 1 de marzo: o 917/2022, de 23 de noviembre; o 769/2024, de 6 de septiembre, entre otras muchas).

De manera reiterada ha señalado la jurisprudencia de esta Sala que la función final de individualización de la pena no corresponde a este Tribunal de casación sino al sentenciador, por lo que en esta sede únicamente procederá controlar si el órgano de instancia ha realizado esta función dentro de los parámetros legales y sobre la base de una motivación razonable. Y la que contiene la sentencia recurrida supera ese cribado.

El doble grado de degradación se reserva para supuesto de intensidad absolutamente excepcional, y el recurso no aporta razones para considerar que este sea el caso.

El recurso se desestima.

TERCERO.-Se declaran de oficio las costas derivadas del recurso que se estima, imponiendo a Rodolfo las que surjan del suyo ( artículo 901 LECRIM) .